Desde hace más de una década, en el Departamento de Estado llaman a Honduras “el hoyo negro”, porque esa pequeña nación centroamericana es una exportadora masiva de criminales, con redes en México a través de Los Zetas, y las tríadas chinas, que manejan parte de la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos. Honduras siguió el camino que trazó la Mara Salvatrucha, la pandilla creada en los 80’s en Los Angeles con salvadoreños que huyeron de la guerra civil financiada por Estados Unidos. Con esas dos naciones penetradas por delincuentes, Guatemala, la primera puerta de entrada a Norteamérica, quedó infectada y se sumó, en la Mesoamérica, a los cárteles mexicanos con los que expandieron el crimen trasnacional.
Este fenómeno –abreviado en extremo–, explica la vieja preocupación de los gobiernos en Washington y la Ciudad de México para establecer un freno en el Suchiate mediante la construcción de una barrera de contención, equivalente a un buffer state. Las desconfianzas mutuas llevaron a que durante muchos años la cooperación regional entre los dos países estuviera limitada. Pero en la última parte del gobierno de Barack Obama, el entonces jefe de la Casa Blanca se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y dieron las primeras pinceladas para un acuerdo marco, que ha tenido como su primera expresión la Alianza para la Prosperidad, impulsada por los países del Triángulo del Norte, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras.
La primera gran reunión de la Alianza para la Prosperidad en el gobierno del presidente Donald Trump comenzó este jueves en Miami, convocada por Estados Unidos y México, que están trabajando para establecer controles a la migración, utilizada por los cárteles de la droga mexicanos. Pero si bien el tema de la seguridad es dominante y lo que más atención genera en la opinión pública, el énfasis en el cual se están centrando los dos gobiernos, como una forma para enfrentarla bajo otros ángulos y estimular el desarrollo económico, es la parte fiscal.
Como nunca antes en el esquema de seguridad regional, hay un desdoblamiento en la estrategia para combatir el crimen trasnacional, como se vio en la sesión de este jueves con los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Hacienda, José Antonio Meade, que sacaron a las reformas fiscales del ángulo ciego en que se encontraban. Andrew Wainer, director de Investigación de Save the Children en Estados Unidos, sostiene que el impacto de la evasión de impuestos es particularmente alarmante en el Triángulo del Norte, donde se mezcla con la ausencia de un Estado de Derecho. De acuerdo con el Global Financial Integrity, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, los flujos financieros ilegales costaron mil billones de dólares en 2013 a las naciones en desarrollo, que “tienen un terrible impacto subversivo sobre los gobiernos, las víctimas de los crímenes y la sociedad”.
En su último reporte en marzo sobre este tema, el presidente de esta organización, Raymond Baker, afirmó: “La comunidad internacional ha puesto muy poca atención al combate del dinero en el crimen trasnacional, prefiriendo enfocarse sobre lo material o las manifestaciones de los crímenes. La lucha debe ser redirigida a combatir el dinero que el crimen genera. Esto significa cerrar el oscuro sistema financiero que facilita el movimiento del dinero y la secrecía de los recursos que se generan ilegalmente. Nada de esto es técnicamente difícil. Es un asunto de voluntad política”.
Este es el gran giro que se está viendo en Miami. “América Latina es la región más inequitativa en el mundo, y el Triángulo del Norte es notoriamente pobre en recaudación de impuestos y equidad en el gasto”, dice Wainer. “Mientras que algunas naciones latinoamericanas emplearon una tasa impositiva progresiva para reducir la desigualdad en el ingreso, la política fiscal regresiva en Centroamérica exacerbó su de por sí severa desigualdad. En los últimos años, Guatemala tuvo el radio más bajo de impuestos comparado con el Producto Interno Bruto, con 12 por ciento, en comparación con Brasil donde la tasa fue de 36 por ciento o Dinamarca, donde fue de 48 por ciento”.
Wainer explica que junto con las estructuras fiscales regresivas, América Central está plagada por algunas de las tasas criminales más altas del mundo, como la extorsión, que la organización privada InSight Crime ubica como “el epicentro” global al Triángulo del Norte. Los salvadoreños pagan 400 millones de dólares anuales en extorsión, mientras los hondureños pagan 200 millones y los guatemaltecos 61, de acuerdo con la prensa local. “Los centroamericanos pobres están atrapados en medio de las estructuras fiscales formales y legales que privilegian a los ricos y a las prácticas ilegales que afectan a los pobres”, dice.
La intención de México y Estados Unidos es que reorienten su sistema fiscal para hacerlas menos vulnerables al crimen. No es una ruta fácil y está llena de contradicciones. Peña Nieto sigue pagando en las encuestas de aprobación la reforma fiscal de 2013, que fue progresiva y le generó derrotas electorales en el norte del país, mientras que la idea de Trump, reducir impuestos, se contrapone a lo que Mnuchin pide para Centroaérica, cuyos gobiernos siguen teniendo respaldo sólido de los grupos empresariales, que serían los más afectados por una reforma fiscal. Pero la disyuntiva es clara: ceder para ganar. Es decir, reducir utilidades a cambio de hacer viables esas naciones para inversión, desarrollo y mercado de consumidores, o dejar que sea el crimen trasnacional el que determine el futuro de la región.

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Esta semana autoridades tradicionales wixárikas y nayeris dieron una conferencia de prensa para manifestar, una vez más, que no están dispuestos a permitir la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces en el estado de Nayarit. Esta obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afectará no solamente el territorio de 33 comunidades, una de las cuales quedará bajo el agua, sino varios sitios sagrados, entre ellos un centro ceremonial.
Los pueblos afectados llevan ya varios años luchando en contra de la realización de esta obra pero no han sido tomados en cuenta. Según la CFE, se realizó una consulta entre las comunidades y aprobaron la obra, sin embargo, la consulta no se llevó a cabo de la manera adecuada; no se tomó en cuenta a los pueblos para organizarla, no se les presentó previamente toda la información requerida para tomar una decisión y solamente participó poco más del 30 por ciento de la población. En síntesis, la consulta fue una simulación.
Hace un par de años, me encontré con un antropólogo que trabajaba para la CFE y me explicó cómo hacía las consultas, palabras más, palabras menos, lo que me dijo fue: “te haces amigo del comisario de la comunidad, lo invitas a beber, lo convences de que la obra les conviene y como a la tercera borrachera lo haces que firme. Ya después reúne a algunos de sus compadres o vecinos y sacan una acta de asamblea”.
No sé si esta persona fue quien hizo esta consulta en particular, ni me consta que así se haya hecho, pues me lo dijo sólo en una plática de café, pero probablemente así funcionan las supuestas consultas de la CFE. Tal vez los altos funcionarios de esta empresa, al desconocer el tema, confíen en la gente que contratan y piensen que las consultas están bien hechas, pero evidentemente no es el caso.
Dejando de lado lo anterior, simplemente el hecho de que participe menos del 50 por ciento de la población en una consulta es razón suficiente para que no se considere válida, y la misma CFE reconoce que la participación fue menor.
Este es un caso más de los cientos que hay en el país en los que se realizan obras que perjudican a los pueblos indígenas, sin que se realice la consulta previa, libre e informada como está establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, signado por México, que además decreta que son los gobiernos los que deben realizar las consultas, no las empresas interesadas.
La construcción de la presa Las Cruces es sin duda una violación a los derechos de los pueblos indígenas, es un proyecto que los despoja de su territorio y de sus lugares sagrados, y atenta contra su identidad y su vida. Es también una violación al Convenio mencionado, un caso más de los que el Congreso Nacional Indígena ha denunciado y pretende difundir ampliamente a través de su candidata.

Una tosca sociología, que desde hace mucho tiempo domina las opiniones circulantes, tergiversa estos conceptos de masa y minoría selecta, entendiendo por aquélla el conjunto de clases económicamente inferiores, la plebe, y por ésta las clases más elevadas socialmente. Mientras no corrijamos este quid pro quo no adelantaremos un paso en la inteligencia de lo social.
Ortega y Gasset

Las policías comunitarias en Guerrero surgieron en la década de los noventa de la populista y torpe decisión del gobierno de ceder a los ciudadanos responsabilidades y atribuciones exclusivas del Estado, es decir, de brindar seguridad con la fuerza pública, cediendo uno de los monopolios del Estado que es el del uso de la violencia contra los particulares que atenten con el uso de la fuerza las instituciones, el patrimonio, la paz pública y vida de las personas.
Lo anterior con el argumento de que las comunidades se defendieran de la delincuencia que las empezó a azotar incluso reconociendo tácitamente en complicidad o con la participación directa de las policías estatales y ministeriales, es decir, reconociendo la incapacidad del Estado para brindar seguridad y proteger a las personas y la existencia de elementos policiales que a la vez se dedicaban a delinquir y ultrajar a la población indígena y rural.
Torpe decisión porque no se puede entregar a un grupo de individuos, por muy electos que sean en sus comunidades, por muy justificada que sea la inseguridad y presencia de la delincuencia y de delincuentes con charola de policías, la facultad de armarse y abrogarse la facultad de dar seguridad y menos de impartir justicia de manera autónoma y sin la regulación, vigilancia, supervisión de las instituciones, lo que ha dado pie, y en los hechos se ha confirmado, a que su propósito primordial no sea la seguridad de las comunidades, sino mantener el control de las zonas donde operan en beneficio de grupos delincuenciales, además de estar integrados por individuos que también provienen de la delincuencia, situación que ha generado codicia entre sus dirigentes peleando internamente el liderazgo para recibir prebendas y privilegios, así como una competencia con las demás policías comunitarias enfrentándose a muerte por el control territorial y político de las comunidades, saliéndose totalmente de la ley hasta llegar a convertirse en grupos altamente peligrosos para la sociedad.
El gobierno cedió una parte del poder a esos grupos, se los compartió y por ello es que hoy se pasean delinquiendo y asesinando con impunidad, la pregunta es quién va a rectificar esta situación y cómo, porque no fueron los gobiernos municipales los que los alentaron, fue el gobierno del estado, en las anteriores administraciones el que les dio alas, el Congreso del Estado al aprobar una ley de las que estos grupos se agarran para justificar falsamente su creación y operación. El actual gobierno estatal es al que le está explotando el problema de la ambición de poder e intereses económicos de estos grupos, y su incapacidad para coexistir, lo que está ya afectando no sólo en la seguridad y paz, sino en vidas a la sociedad.
No se tenía porqué llegar hasta esta situación si desde un principio el gobierno hubiera implementado un permanente diálogo para gradualmente encauzar, vigilar y regular las actividades de estos grupos, se les dejó hacer y deshacer. Ahora ante las atrocidades que están cometiendo, como la de matar a niños, se habla de un hasta aquí, de un desarme seguramente no unilateral porque si fuera el caso obviamente que esos grupos armados no se van a dejar llámese Fusdeg, Upoeg, Tecampanera, Por la Paz y la Justicia, Crac original o institucional, Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan o Policía Ciudadana Adrián Castrejón, porque además todas estas policías representan diferentes problemáticas e intereses, se requerirá de un tratamiento muy bien medido para hacer la rectificación, pero urge, estos grupos no pueden seguir operando como hasta ahora, pero tampoco el gobierno cediendo espacios de poder por inacción, omisión o irresponsabilidad.
Vuela vuela palomita y ve y dile: A quien lo tenga que decir, a los funcionarios, alcaldes y diputados, que en Guerrero hay mucho trabajo y problemas que atender, que dejen de andar calentándose antes de tiempo y que se pongan a trabajar, en lugar de andar buscando una candidatura a destiempo.

El gobierno de la República trabaja para generar las condiciones necesarias para un ejercicio pleno del periodismo profesional y riguroso, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
Al tomar protesta al nuevo presidente del Consejo de la Comunicación, Federico López, el gobernante insistió en que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática.
“Por ello, este gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación”, afirmó.
Cuando el mexiquense terminaba esa frase, el periodista Álvaro Delgado, de la revista Proceso, se levantó de su lugar con una manta que decía “Basta de Sangre. Rectifique, Presidente. #Ni uno más”.
El reclamo ocurre a un mes del asesinato del reportero de La Jornada, Javier Valdez, en Sinaloa.
Efectivos del Estado Mayor Presidencial inmediatamente intentaron sacarlo del salón Adolfo López Mateos, en Los Pinos, pero el presidente les pidió dejarlo para que mostrara su manta.
“Señores, amigos del Estado Mayor, déjenlo que exponga su manta. Estamos hablando de espacios plurales y libertad de expresión”, dijo Peña Nieto, lo que le ganó el aplauso de empresarios y conductores de medios de comunicación electrónicos.
Insistió a los comunicadores que su compromiso es generar condiciones para que realizan su trabajo de manera libre.
En el evento, el presidente pidió a los mexicanos comprometerse con México.
“Aquí lo importe es no esperar que alguien y, menos, que solo un gobierno venga a hacer estas transformaciones.
“En estoy últimos años este gobierno ha impulsado, promovido, las importantes transformaciones que, convencidos estábamos, México necesitaba para poder tener un asidero de donde tomarse y poder tener un horizonte de mayor desarrollo y prosperidad para su sociedad”, agregó.
Peña Nieto dijo estar consciente de los retos que aún tiene por delante, pero dijo, esos cambios están en la etapa de instrumentación.
“Pero también reconocemos que todavía nos falta avanzar, repito, no puede ser solo de un Gobierno, solo de un hombre, lo es de todos”.
El gobernante consideró que deben valorarse los cambios que el País tiene. Por ejemplo, expuso, el México analfabeta de hace 90 años ya no existe.
“A veces dejamos de lado lo que hemos logrado. Admitir las fallas, los errores y los desaciertos, pero también apreciar los pasos que sí hemos dado”, pidió.
Además, reconoció que es necesario reforzar la cultura de la legalidad, por lo que aseguró que en la campaña que lanzará el Consejo de la Comunicación al respecto, su gobierno ayudará.
“La formación de ciudadanos, y lo quiero subrayar, de ciudadanos de bien y comprometidos con México, es responsabilidad de todos.
“Los valores y principios que inculcamos a las nuevas generaciones en la casa, en la escuela y en las áreas de convivencia definirán el rumbo de nuestro país, indicó.

 

Ulises Díaz / Agencia Reforma

Ciudad de México

El futuro de la regulación comercial y de negocios entre México y Reino Unido depende de cómo se resuelva el Brexit, explicó Beatriz Araujo, socia de Baker McKenzie en Londres.
El próximo lunes iniciarán las negociaciones entre los británicos y los europeos para acordar los términos de cómo se hará la separación.
En general se proyectan dos posibilidades, un hard exit (salida dura), que implicaría cortar todas las relaciones y que no queden ni derechos ni obligaciones para ninguna de las partes o un soft exit (salida suave), que significaría que se darían algunas concesiones, como acceso al mercado o el libre tránsito de personas.
“Dependerá de México y Reino Unido, de las prioridades de cada país, pero hasta que no se sepa el tipo de Brexit y si RU saldrá completamente del mercado común o si va a intentar negociar alguno de los privilegios que tiene, como el acceso a los tratados de libre comercio que de momento existen entre el mercado común y 56 países, entre ellos México”, explicó en entrevista.
Araujo detalló que en el tema comercial, Reino Unido tiene ciertas aspiraciones muy concretas que no puede lograr mientras forme parte del mercado europeo, como poder negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos o India.
Sin embargo, la salida de la UE implicaría perder esta red de 30 tratados que le permiten acceder con beneficios una gran cantidad de países y que se tendrían que renegociar.
“Legalmente, las relaciones comerciales con México siguen igual que hoy, y así lo será hasta que RU deje el mercado común”, dijo.

José Díaz Briseño / Agencia Reforma

Washington

Las grandes automotrices entraron también en defensa del TLC.
Las japonesas Toyota, Nissan, Honda, Suzuki e Isuzu, la surcoreana Hyundai, las británicas Aston Martin y McLaren, y las italianas Ferrari y Maserati, exigieron a la Administración Trump mantener el diseño trilateral del acuerdo y no modificar las reglas de origen de la industria en la próxima renegociación.
“El actual sistema del TLC ha funcionado muy bien y es importante evitar hacer cambios que trastoquen este balance y hagan a Estados Unidos menos competitivo en el mercado automotriz global”, afirmó el grupo en sus comentarios oficiales entregados al Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer.
En el grupo están incluidas cinco gigantes de las autopartes, como la alemana Bosch, la japonesa Denso, la estadounidense Delphi, la holandesa NXP y la canadiense SiriusXM.
“Urgimos al (Representante Comercial de EU) no negociar dos acuerdos bilaterales con los dos países del TLC (México y Canadá)”, indica el documento de siete páginas.
Casi 230 mil millones de dólares, del más de un billón de dólares que representa el comercio trilateral, están ligados a la industria automotriz.
Las compañías extranjeras de automotores aumentaron sus puestos de trabajo en Estados Unidos de 60 mil, en 1993, a 130 mil, en 2017, gracias al Tratado de Libre Comercio.
El grupo sólo hizo tres recomendaciones para optimizar el acuerdo comercial entre los tres países: actualizar los procesos aduaneros, modernizar las provisiones de protección intelectual y crear un nuevo capítulo sobre comercio electrónico.

Defiende la IP texana el TLC

Destacados líderes empresariales del sector privado de Texas presentaron la formación de una coalición diseñada para defender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), con el objetivo de desarrollar, promover y aumentar las oportunidades de comercio entre ese estado y México.
La Coalición de Comercio Texas-México es la unión de la Asociación de Negocios de Texas, el Concilio de Liderazgo Empresarial de Texas, la Alianza Borderplex, así como socios y miembros al norte y al sur de la frontera.
“Texas y México comparten mucho por la historia y la cultura que les unen, pero lo más importante es que comparten un futuro económico conjunto y nosotros queremos ser un actor agitador de esta fructuosa relación”, apuntó en conferencia de prensa en el Capitolio estatal el consejero delegado de la Asociación de Negocios de Texas, Jeff Moseley.
La decisión de lanzar la Coalición de Comercio Texas-México se produce cuando los legisladores estatales y federales debaten los méritos del TLC y la Administración del Presidente Donald Trump avanza con planes para renegociar este importante acuerdo comercial.
Señaló que el principal objetivo de la coalición es asegurarse de que su voz es escuchada en cualquier conversación que pueda tener impacto en esa relación y proporcionar datos reales de las empresas de Texas y México para guiar las discusiones “en todos los niveles del Gobierno”.
Esta semana, Moseley se reunió con el secretario de Comercio Wilbur Ross, el senador John Cornyn y el vicepresidente Mike Pence, para trasladarles el mensaje de que el TLCAN es “importante para las empresas de Texas y crítico para la economía nacional”.

Busca la industria del vestido la integración

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en cuanto a la industria textil y vestido debe enfocarse en integrar más las cadenas productivas de México, Estados Unidos y Canadá.
“El comercio intrarregional entre los tres países y particularmente esta cadena productiva ya está muy estrecho, y tratar de ir para atrás es un suicidio”, indicó José Manuel Martínez Cabrera, director general de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive).

Rolando Herrera y Jorge Ricardo / Agencia Reforma

Ciudad de México
A un mes del asesinato del reportero Javier Valdez, periodistas y activista exigieron ayer el esclarecimiento de su crimen y que el gobierno Federal y el de Sinaloa definan qué fiscalía es la responsable de la investigación.
En el municipio sinaloense de Guamúchil, periodistas salieron a las calles para exigir justicia como respuesta a la convocatoria que lanzó hace unos días el semanario Ríodoce, con el fin de que este día la sociedad protestara contra la violencia y reclamara el esclarecimiento del crimen de Javier Valdez.
Por ello, ayer por la mañana más de una docena de comunicadores recorrieron las principales calles de la ciudad de Guamúchil, con carteles del rostro de Javier Valdez, y cartulinas con las leyendas “Justicia para el bato”, y “Ni uno más”.
A la par, se realizaron marchas en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, también convocadas por Ríodoce, medio del cual fue fundador Valdez Cárdenas.
Ismael Bojórquez Perea, director del semanario Ríodoce, comentó en entrevista que, ante la desconfianza que tienen por la secrecía en las investigaciones sobre el crimen de Javier Valdez, la próxima semana solicitaran ante la Feadle y la Fiscalía local coadyuvar en las indagatorias.
En Mérida, estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán rindieron un homenaje al periodista sinaloense con un mural en el que se observa a Valdez remando a contracorriente con su bolígrafo sobre un mar de sangre, a bordo de un barco de papel periódico, con su infaltable sombrero, sus gafas y una gran sonrisa.

 

Héctor Gutiérrez / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó ayer que investigará los desvíos millonarios que autorizaron al menos tres gobernadores hacia las campañas de candidatos del PRI.
Reforma reveló que los ex mandatarios Javier Duarte, de Veracruz, Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua destinaron recursos del erario a las campañas de los abanderados del tricolor en las elecciones de 2016 en sus respectivos estados.
De acuerdo con la información publicada, Javier Duarte desvió mil 300 millones de pesos a la campaña de Héctor Yunes Landa; Borge desvió 200 millones al gasto electoral de Mauricio Góngora, y César Duarte, 246 millones a la de Enrique Serrano.
“Respecto a la nota de @Reforma sobre el presunto desvío de recursos de Duarte a la campaña del PRI Veracruz, se ha iniciado investigación”, tuiteó Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade.
El consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que el INE abrirá expedientes para investigar estos casos.
En entrevista, Andrade detalló que el Instituto no registró estos movimientos financieros cuando presentó los informes de fiscalización de las campañas de 2016.
Sin embargo, explicó, en septiembre próximo comenzará la integración de los dictámenes de todos los gastos e ingresos que los partidos tuvieron a lo largo del año pasado.
Esto porque, tras la reforma electoral de 2014, el INE tiene, entre sus facultades, conocer secretos bancarios, fiduciarios y fiscales para investigar el manejo de recursos de los partidos.
“Empezaremos a revisar las cuentas de gasto ordinario 2016, lo que ha estado saliendo se refiere a este año, 2016, vamos a estar revisando estas cuestiones.
“No lo teníamos registrado como un gasto de campaña (en 2016). Sería cuestión de ver qué es lo que se presenta y cuáles son las cuestiones que se están diciendo, por lo pronto es una situación que se tiene que ver si realmente cayó en el partido político y si el partido ejerció este recurso”, expuso.
Dentro de las facultades del INE, explicó, está sancionar económicamente a los partidos, mientras que la Fepade es la encargada de aplicar sanciones penales.
“Tendría que verse el gasto también de los gobiernos de los estados correspondientes, esto le toca a otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación, y a nosotros nos tocaría la revisión del gasto; si hubiera un delito electoral le corresponde a la Fepade también”, puntualizó.

Silvia Garduño / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Conferencia para la Prosperidad y Seguridad de Centroamérica se convirtió en un espacio para que Estados Unidos impulse su agenda de seguridad en el Continente Americano.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, afirmó que el encuentro organizado con México, marca el ejemplo sobre cómo la administración de Donald Trump quiere lidiar con los retos de política exterior desde una perspectiva regional.
“La prioridad de esta administración en materia de seguridad en el hemisferio occidental es frenar al crimen organizado transnacional para que deje de dañar a nuestras comunidades a través del narcotráfico y la violencia”, resaltó.
Así como admitió que EU debe hacer su parte para reducir el consumo de drogas, llamó a México y a los países centroamericanos a rechazar la intimidación, fortalecer los derechos humanos e incrementar la lucha contra las organizaciones criminales al interior de sus fronteras.
El funcionario agregó que lo que ocurre en los países del Triángulo Norte –Guatemala, El Salvador y Honduras–, afecta directamente la seguridad y los intereses económicos de EU.
Sin arreglos efectivos en materia de seguridad, dijo, será muy difícil crear la estabilidad y las condiciones necesarias para generar inversiones.
Mike Pence, Vicepresidente de EU, subrayó que el gobierno de su país debe trabajar con México para paralizar a los narcotraficantes y bloquear a las organizaciones criminales que buscan llegar al norte.
Con la administración de Donald Trump, expuso, las fronteras serán fuertes.
“Bajo el Presidente Trump, las fronteras de Estados Unidos serán fuertes, pero siempre estarán abiertas a los inmigrantes legales y al flujo legal de comercio.
“Sin embargo, nos aseguraremos de que las fronteras permanezcan cerradas a los que nos hacen daño y serán intransitables para las drogas que están acosando a nuestras familias y comunidades”, aseguró.
La prioridad de Trump, recordó, es mantener seguro a EU, lo que pasa pasa por mejorar la seguridad y la prosperidad de Centroamérica, directamente conectada a la seguridad y la prosperidad de la Unión Americana.
Pence destacó que en el Triángulo Norte operan pandillas y organizaciones criminales que lucran con la migración ilegal y el tráfico de drogas hacia EU, al tiempo que llevan miseria, corrupción y violencia hacia sus comunidades.
Señaló que Trump ha tomado acciones decisivas contra la migración ilegal, lo que ha derivado en una reducción de 70 por ciento de los cruces de migrantes en la frontera.
“Estamos agradecidos con nuestros socios en México y en el Triángulo Norte, que han contribuido al progreso en estas áreas”, indicó.
Sin embargo, dijo Pence, eso no es suficiente, pues se tienen que atacar las causas de la migración ilegal.

Apuestan EU y México a inversiones para los países de la región

En la Conferencia de Miami, los gobiernos de México y Estados Unidos no hicieron ayer ningún compromiso en términos de recursos para asistir a Centroamérica, pero celebraron la posibilidad de mejorar el clima para las inversiones privadas.
“La ayuda directa no estuvo mucho en nuestras conversaciones hoy.
“Nuestras discusiones estuvieron más orientadas hacia las acciones que pudieran tomar, tales como (la manera de) crear un clima de negocios más atractivo a la inversión, cómo fortalecer la capacidad institucional para impulsar reformas que se necesitan, ya sean fiscales, regulatorias, en derechos humanos o de seguridad”, indicó Rex Tillerson, Secretario de Estado de EU.
Sin embargo, precisó que la región sigue siendo de gran importancia para EU, por lo que se continuará apoyando la Alianza para la Prosperidad en Centroamérica, con los fondos que apruebe el Congreso para ese fin.
El Canciller Luis Videgaray resaltó que la Conferencia de Miami representa el compromiso de México para promover el desarrollo en Centroamérica.
“Nuestro compromiso es contribuir a la construcción de capacidades institucionales, integración económica, competitividad y desarrollo inclusivo”, aseguró.
Resaltó que los temas de desarrollo económico, estabilidad, inmigración y seguridad deben ser vistos desde la óptica de la responsabilidad compartida, aunque cuidando la soberanía nacional.
El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, advirtió que la migración irregular crea riesgos para todos y que es algo que ningún país busca.

Agencia Proceso

Ciudad de México

Este jueves la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aseguró que la segunda etapa de liberación de precios de gasolina y diesel en el noreste del país arranca con un precedente de estabilidad en éstos y con expectativas de inversión por parte de empresas con presencia en los mercados internacionales.
Esta fase iniciada este día, destacó en un comunicado, incluye los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y el municipio de Gómez Palacio, en Durango.
El órgano regulador también expuso que, con la flexibilización del mercado, el precio de las gasolinas y el diésel estará determinado por el precio del petróleo, los costos de refinación, transporte y almacenamiento; el margen comercial de venta, los impuestos y el tipo de cambio vigentes.
Igual recordó que el cronograma de flexibilización empezó en los estados fronterizos del norte del país –Baja California y Sonora—, por ser la región con mayor conectividad a diversas fuentes de suministro de combustibles.
Luego puntualizó que el sistema norte, donde hoy inicia la segunda etapa de flexibilización, está conformado por una infraestructura de un sistema de transporte por ducto y 14 terminales de almacenamiento.
Asimismo, se tiene el registro de 64 distribuidores y 2 mil 210 estaciones de servicio distribuidas en toda la zona.
Además, subrayó que en la primera etapa de apertura puso a disposición del público una aplicación tecnológica denominada Gasoapp para México y Estados Unidos, en la que se publican los precios reportados por los permisionarios en tiempo real.
Esta aplicación, acotó, permite al ciudadano consultar y comparar precios entre una estación de servicio y otra, ubicadas en el territorio nacional.
Asimismo, califica el servicio y permite realizar reportes ciudadanos acerca de si no se despachan litros completos; si se niega producto, o si el precio al que se vende no es igual al que aparece en la aplicación.
Para evitar abusos, la CRE monitorea los precios al público y los volúmenes de venta, información que comparte con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mediante un convenio de colaboración, “y así lo seguirá haciendo en esta segunda etapa”, advirtió.
En los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la Profeco reforzó sus acciones de verificación en gasolineras, e incluye a las nuevas empresas, participantes en el mercado de combustibles, para asegurar que despachen litros completos.
En tanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) verificará el cumplimiento de las obligaciones de contribuyentes que realicen actividades en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos para combatir la evasión fiscal.
Más aún, continuará atendiendo las solicitudes de devolución del estímulo fiscal en la frontera norte.