Abogados y arquitectos coincidieron en que los Directores Responsables de Obra deben de actuar acatando las leyes, porque son los que deben cuidar que se respeten en el tema de construcción principalmente en ciudades como Acapulco, que es la cuarta zona con mayor riesgo sísmico.
En el Congreso Nacional de DRO Unificando criterios, se resaltó el trabajar para que en las leyes quede indicada la responsabilidad de los responsables de obra y no solamente se les considere en los reglamentos.
El congreso, que se realiza en el hotel Holiday Inn en Acapulco, congrega a DRO de diferentes estados de la república, y uno de los ponentes, el licenciado en Derecho, Pablo Aguilar, enfatizó la importancia de que se cumplan las leyes y reglamentos.
Dijo a los asistentes que en la Ciudad de México ya se tiran construcciones que no cumplen con las leyes, y recalcó que por arriba de los reglamentos municipales, leyes estatales o federales, están los tratados internacionales que México ha firmado, “se tiene que resperar el derecho internacional” .
Recalcó que el valor de los dictámenes periciales que hacen los DRO es la verdad, y les recordó a los asistentes que actualmente cualquier mentira o falla los sigue jurídicamente.
“El espíritu jurídico siempre está presente en el Director Responsable de Obra”. comentó el abogado, quien recordó que después de Chile, Japón y California, Acapulco es una de las zonas con más riesgo por sismos.
También expuso que en Guerrero la figura del DRO es secundaria, cuando “por los problemas en el estado debería ser principal”.
Consultado, el presidente de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, Enrique Estrada Villalvazo, dijo que es importante en estados como Guerrero, donde hay muchos fenómenos naturales, que los DRO estén actualizados porque inciden en la vulnerabilidad de las construcciones.
Puntualizó que los DRO tienen la responsabilidad de vigilar que las construcciones sean seguras ante factores naturales como sismos, viento y lluvia.
Consideró un error que la figura aparezca en el reglamento pero no así en las leyes que regulan las construcciones, como las de Desarrollo Urbano y Obra Pública.
“Es un error que los colegios de ingenieros, arquitectos, asociaciones e universidaes incidir en que las leyes que tiene que ver con nuenstro ejercicio profesinal reconozcan la figura y le den el peso que requiere a los DRO”, dijo.
Estrada Villalvazo consideró “bueno e importante” que los DRO vigilen también el desarrollo de la obra pública, “en algunos estados, como Puebla, ya está esa obligatoriedad para que todas las obras sean revisadas por un especialista y avale que cumplan con la normatividad, porque se hacen con dinero de los ciudadanos”.
En otra de las presentaciones, el director de Asuntos Jurídicos de la SDUOP del estado, Ambrosio Hernández Velazco, expuso qué se hace para que las leyes estatales armonicen con la nueva Ley de Asentamientos.
Al concluir su exposición, indicó que mientras no se ajusten los temas de planes de Desarrollo Urbano no servirá de nada la actualización de las leyes.

 

El representante de la empresa Opertur, encargada de los recorridos a pasajeros de cruceros, David Abarca, dijo que el 70 por ciento de los cruceristas pre contratan recorridos por la ciudad y tienen un efectivo cerco de seguridad.
Señaló que debido a que el MS Europa tuvo un retraso de hora y media, el bloqueo de estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física en la glorieta de La Diana Cazadora no afectó los recorridos ni el traslado de los visitantes.
Sin embargo han pedido a las autoridades estatales como municipales su apoyo para que las otras navieras regresen.
Comentó que las modalidades de embarque y desembarque generan una mayor derrama económica, pues requieren servicios como el transporte terrestre, aéreo y un mayor número de empleados.
“Vamos a tener certeza de que las navieras volverán evitando bloqueos que incrementarán el tráfico y que reducen el tiempo de estancia y de diversión de los cruceristas”, señaló respecto al bloqueo de 2 horas en la glorieta de La Diana.
Explicó que los recorridos por la ciudad son contratados cuando se pide el servicio de paseo del barco, e incluso cuando descienden los pasajeros utilizan transporte pre contratado para llegar al aeropuerto.
Mencionó que a bordo del barco hay un área donde ofrece a sus clientes asesoría como si fuera una agencia de viajes, y es allí donde ofrecen los recorridos por las ciudades a donde llegan.
Aclaró que todos los visitantes tienen la libertad de contratar o no los servicios o descender del barco y contratar alguno externo.
Añadió que con la pernocta del barco, la tripulación debe surtir de víveres combustible y otros servicios para las travesías.
La tripulación le llama avituallamiento a la adquisición de perecederos, combustible y otras cosas, “que no es más que surtir también agua y lo que requieren a bordo del barco, eso representa un gran apoyo al municipio, pues adquieren aquí lo que necesitan”, explicó.
Se le preguntó si el acuerdo de mantener seguridad en las zonas donde se realizan los recorridos de los cruceristas ha sido respetado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno y lo afirmó, dijo que incluso ha mejorado.
“Tenemos que reconocer que hemos recibido mucho apoyo y estos cercos de seguridad para que los turistas se sientan protegidos son una muestra, afortunadamente no ha pasado ningún incidente con los turistas y mantenemos en cero las incidencias, pero las noticias negativas siguen generando una mala imagen en el destino”, indicó.
Abundó que el Comité local de crucero ha hecho un buen trabajo y ha funcionado en la logística.
Detalló que el barco MS Europa tiene una gran cantidad de cruceristas alemanes, aunque también hay estadounidenses.
“Ojalá sigamos teniendo el apoyo de las autoridades para poder dar un buen servicio con una buena imagen y que los cruceros regresen porque faltan los de Holland, Carnival, Celebrity, los Princess, que son los que venían y llegaron hasta sumar 149 barcos”, concluyó.

 

Integrantes del Foro Permanente de Organizaciones Sociales (FPOS) denunciaron que la política de desarrollo rural es insuficiente y pone en riesgo al campo, porque no tiene un impacto adecuado ni hay el desarrollo necesario.
En conferencia de prensa integrantes del FPOS dieron a conocer los acuerdos y avances de la reunión con el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Eugenio Treviño García, y el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado, Juan José Castro Justo.
El representante de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Carlos Toledo Manzur dijo que tras la reunión los integrantes del foro tienen la percepción de que la política de desarrollo rural es insuficiente y está desarticulada.
“No tiene rumbo ni coordinación institucional y se presenta desintegrada con acciones que no están siendo vistas desde una visión integral una política así no tendrá un impacto en el campo”, consideró.
El perredista subrayó que se han percatado que las instituciones no acatan las “directrices” de la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable, ni la Ley Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.
Subrayó que los funcionarios de las dos dependencias no acatan la directrices de la ley, por lo que las organizaciones han tenido que presionarlos para que se reúna al Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable e integren la comisión intersecretarial.
Toledo Manzur señaló que la queja de las organizaciones es que las instituciones federales y estatales, a pesar del diálogo, no cumplen los acuerdos, no atienden a los dirigentes, no responden llamadas y no hay un trato digno para las organizaciones.
“En los últimos años ha existido un proceso muy intenso de centralización de la política de desarrollo rural, la mayor parte de los programas se deciden en México, lo que antes existía que era una concurrencia entre el gobierno del estado y la federación a través del fideicomiso de desarrollo rural a desparecido por completo, la mayor parte de los programas están centralizados”, señaló.
Por su parte Servando Oyorzabal subrayó que en dos años de esta administración sólo se han realizado dos sesiones del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable cuando deberían de haber sido ocho, cuatro cada año.
Dijo que en la última reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores a raíz del aumento al precio de las gasolinas el pasado 17 de abril, ordenó que la comisión intersecretarial para operar el consejo se formara a en 15 días pero no ha pasado.
“Anoche fue la solicitud principal, que se conforme la comisión, fue el objetivo de la reunión”, agregó.
Dijo que el foro presentó una propuesta de la conformación de la comisión, para que se instale, pero no hay nada, y determinaron dar a conocer los avances para que se sepa qué debe de hacer el gobierno y no ha cumplido.
“La convulsión que vive el país y el estado de Guerrero es por la falta de aplicación de las leyes, no se están aplicando”, señaló.
Dijo que además las dependencias incurren en subejercicios, aunque no quiso entrar en detalles sobre cuáles y cómo.

La delegación estatal del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) negó recursos aprobados por la federación para productores de mezcal en las regiones Centro y Montaña baja, por presunta duplicidad en los proyectos que presentaron.
En una llamada a la Redacción, el coordinador de producción de mezcal en esas regiones, Franco Eduardo Hernández Cuevas denunció que la delegación estatal del Inaes que dirige Abel Echeverría Pineda, quien fue diputado federal y local por el PRI, retuvo los recursos que se aprobaron para los Productores de Mezcal El Dragón y Espina de Maguey, porque fueron comparados con proyectos de 2013 y se determinó que son duplicados.
A cada uno los proyectos les correspondían 300 mil pesos, con los que se generarían cerca de 100 empleos durante ocho meses, lo que dura la jornada de producción de mezcal en las comunidades Tepozcuautla, municipio de Chilapa, y Viramontes municipio de Zitlala, donde se encuentran las fábricas.
Según Hernández Cuevas “el conflicto de inseguridad” reduce las oportunidades de trabajo de los habitantes.
Explicó que los recursos los obtuvieron mediante la convocatoria 03 del Inaes, que se publicó en febrero y aunque ya habían sido aprobados por la federación, ayer se le notificó a los productores que no obtendrían el dinero porque solicitaron alambiques que ya se habían pedido en 2013 para las comunidades.
Señaló que los recursos debieron entregarse hace 15 días, pero de acuerdo con la delegación estatal del Inaes serán devueltos a la federación.
Dijo que los productores de mezcal “sabemos” que Echeverría Pineda pretende volver a ser diputado local, “nosotros la verdad quisiéramos que los recursos en lugar de parar en campañas políticas se inviertan en los campos para los campesinos, está delicada la situación”.
Exigió que el gobernador Héctor Astudillo Flores intervenga ante la directora general del Inaes, Narcedalia Ramírez Pineda, para que se entreguen los recursos correspondientes a los dos proyectos.

Etiquetas: México, Guerrero, Mezcal, Instituto Nacional de la Economía Social, Inaes, mezcal, Franco Eduardo Hernández Cuevas, Abel Echeverría Pineda, Productores de Mezcal, El Dragón, Espina de Maguey

Relaté en esta página los pormenores de los salarios en el sector hotelero de Puerto Vallarta e intenté mostrar cómo, a pesar de tratarse de un sector de éxito de la economía mexicana, seguían siendo increíblemente bajos los ingresos de los trabajadores de la industria turística. Algunos amigos objetaron que Puerto Vallarta no es un destino de punta y por lo tanto no es representativo. Ahora tuve la oportunidad de investigar anecdóticamente la situación en Riviera Maya.
La semana pasada di una conferencia a un grupo de médicos, invitados por una empresa farmacéutica y de alimentos infantiles, en un hotel todo incluido al sur de Playa del Carmen. No es de los más lujosos de esa zona, pero tampoco era, ni mucho menos, de tres estrellas. Al cenar en uno de los múltiples restaurantes del hotel, que puede llegar a albergar hasta 5000 personas con aproximadamente 2000 habitaciones, conversé con una joven habitante del municipio Solidaridad que trabajaba en uno de ellos. Ocupaba un cargo digamos a medio camino entre mesera y capitán. Me explicó cómo, de sueldo base, recibía mil 400 pesos por quincena, pero que había un reparto de propinas que el hotel entregaba al sindicato de trabajadores hoteleros (de la CROC o de la CROM, no recuerdo bien) y con esa suma, más lo que obtenía de propinas en efectivo en la mesa, es decir, directamente para ella, podía alcanzar un ingreso de aproximadamente 10 mil pesos al mes. Le dije que no me parecía tan mal, que me sorprendía que fuera tanto, en comparación con lo que había yo podido comprobar en el Pacífico.
Seguimos conversando y le dije: “Bueno, entonces en promedio cada mes no te va tan mal”. Me dijo que en efecto así era pero que los promedios no eran constantes, ya que al depender tanto de la propina el ingreso, éste dependía también de la ocupación. Durante los meses de baja ocupación, podía bajar el ingreso a 8 mil o 9 mil pesos. Contesté que lo entendía, pero que aun así se encontraba en una situación preferible a la de sus colegas en otras partes de la República. Y luego, para mi sorpresa, me dijo: “¡Claro! Hay meses de baja ocupación, pero también hay meses –tres o cuatro al año– cuando cierra el hotel”. Sorprendido, le respondía que cómo podía suceder eso. Replicó que los meses de muy baja ocupación como septiembre, octubre, noviembre y quizás alguno de primavera que no fuera Semana Santa, el hotel sencillamente cerraba y punto. Pregunté qué sucedía con los trabajadores y con ella en particular y me contestó que los mandaban a su casa y los volvían a contratar cuando abriera de nuevo el hotel. Traté de entender cómo funcionaba el sistema y en particular si ella tenía alguna posibilidad de conseguir otro empleo durante los meses de cierre del hotel. Respondió que no.
Concluí entonces que sus 10 mil pesos al mes, en efecto, son tales, pero por ocho a nueve meses al año. Si prorrateamos esos 80 mil entre 12, nos encontramos de nuevo en los 6 mil 500 a 7 mil pesos al mes de Puerto Vallarta. Es decir, nuevamente, en un sector de éxito de la economía nacional, y en una región de punta de ese sector de éxito, el ingreso promedio, no de los trabajadores menos bien pagados, –que son recamareras, lavatrastes, jardineros– sino el segmento inmediatamente superior, eso es lo que gana una joven mexicana de 25 años en la Rivera Maya. Y luego nos preguntamos por qué la gente está enojada.