La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no compareció en la audiencia en el Tribunal Unitario Agrario número 52, con sede en Zihuatanejo, donde la paraestatal ratificaría su escrito de queja contra del núcleo agrario Las Minitas, del municipio de Coahuayutla, ejido al que se niega a reconocerle la afectación a sus tierras tras la inundación provocada por la presa El Infiernillo en 1963.
El presidente del comisariado ejidal, Catalino España Bustos dijo que, ante la no comparecencia de los abogados de la CFE a la audiencia, el Tribunal multó a la empresa con 10 salarios mínimos para que comparezca en la próxima fecha, en agosto, “si no se presentan se les volverá a multar, y en una tercera audiencia se les traerá con la fuerza pública”.
Los 80 campesinos que conforman el ejido Las Minitas mantienen un juicio desde hace más de 15 años contra la CFE, del cual ya hay un fallo a su favor emitido por el Tribunal Superior Agrario; sin embargo, los abogados de la paraestatal se han valido de recursos legales para no pagarles la indemnización.
Aunque el fallo del juicio fue a favor de los ejidatarios de Las Minitas, los abogados de la CFE apelaron y recurrieron a un amparo que no les fue concedido; sin embargo, presentaron un recurso de queja, con el que detuvieron el juicio en el tribunal de Zihuatanejo.
Los campesinos tuvieron que recurrir en febrero de este año al Juzgado de Distrito con sede en Acapulco para que les entregara el expediente de su caso, el 221/2011; derivado de ello, ayer lunes se llevó a cabo la audiencia en la que los abogados de la CFE presentarían su escrito de queja contra la resolución a favor de los ejidatarios de Las Minitas, pero no se presentaron, por lo que, de acuerdo con el abogado agrario adscrito al TUA 52, Felipe Martínez Paniagua, a la paraestatal el tribunal le impuso una multa de 10 salarios mínimos por faltar a la audiencia.
Por su parte, el presidente del comisariado ejidal de Las Minitas, Catalino España Bustos lamentó que una vez más, la CFE “se haya burlado de nosotros, está haciendo todo lo posible para no reconocer que nos afectó nuestras tierras y no quieren pagarnos la indemnización”
Llamó al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a mediar ante la CFE, “ante el presidente Enrique Peña Nieto, para que nos atienda y se nos haga justicia, tenemos 54 años esperando que nos paguen nuestras tierras que se inundaron a causa de esa obra, y no es justo que tengamos más de 15 años en un juicio que ya ganamos, pero que no hay ley que obligue a la Comisión a pagarnos el daño”, lamentó.

El comunero de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, José Vázquez Rosendo denunció que el delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Ezequiel Zúñiga Galeana incumplió el plazo de 60 días que les propuso a los pobladores para revisar las elecciones, porque aseguró dio el nombramiento oficial al comisariado, Obdulio Casimiro Vázquez, a quien rechazan porque acusan que se impuso y no los tomó en cuenta.
El 24 de mayo los pobladores que se inconformaron por las elecciones de comisariado acudieron a la Procuraduría Agraria en Tlapa, para reunirse con el delegado y el grupo del comisariado Casimiro Vázquez, afín al PRI y a Antorcha Campesina.
Al término del encuentro, el abogado de los comuneros, Pánfilo Sánchez Almazán informó que fue claro que el delegado apoya al grupo del comisariado.
Ayer vía telefónica, Vázquez Rosendo explicó que Zúñiga Galeana les propuso un plazo para revisar las elecciones, pero incumplió porque junto con sus compañeros se enteraron que ya dio el nombramiento oficial al comisariado.
Contó que a pesar de que muchos de sus compañeros no reconocen al comisariado, algunos tienen que ir con él para hacer trámites.
Reprochó que la PA en lugar de abonar al conflicto debería solucionarlo, agregó que han sido tolerantes y que no ha habido conflictos violentos en la comunidad debido al problema de las elecciones.
En tanto, contactado vía telefónica el abogado de los comuneros, Pánfilo Sánchez Almazán confirmó que está preparando la impugnación de las elecciones ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA).

Trabajadores supernumerarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) pararon labores, cerraron sus oficinas e impidieron la entrada al resto de sus compañeros para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores y al fiscal Javier Olea Peláez la nivelación del bono del Día del Padre a 3 mil pesos.
A las 8 de la mañana unos 50 trabajadores de la Fiscalía cerraron las puertas de sus oficinas, aunque las oficinas de los peritos y policías ministeriales laboraron con normalidad, además colocaron pancartas que se leía, “ Exigimos el bono del día del padre parejo”, “Igualdad bono del día del padre, todos somos padres no nos hagan menos”, “Señor gobernador los supernumerarios exigimos igualdad”.
Un trabajador quien se reservó su nombre informó que les depositaron 2 mil 250 pesos pero que a los empleados de confianza y sindicalizados les dieron 3 mil.
Además recordaron que el bono del Día de las Madres es de 8 mil pesos para las trabajadoras del gobierno del estado y de la FGE, y pidieron la homologación de los bonos para que sean igualitarios.
“Estamos exigiendo el bono del Día del Padre igual que los de base, no están discriminando por ser supernumerarios, nos depositaron 2 mil 250 pesos y a los de base se les depositó 3 mil pesos, en el caso del Día de la Madre les entregan a las trabajadoras ocho mil pesos, hay discriminación, no sabemos por qué el gobernador Héctor Astudillo Flores nos está discriminando por ser trabajadores supernumerarios”, declaró.
Recordó que en la administración del perredista Zeferino Torreblanca Galindo quien inició la entrega de este beneficio a los trabajadores del gobierno fue de 500 pesos y cada año fue aumentando, “se nos hace injusto que a las mujeres les pagan 8 mil pesos, lo que pedimos es que sea igualitario el apoyo”.
El trabajador de la Fiscalía señaló que hace 12 días entregaron un documento a Astudillo Flores y a la Secretaría de Finanzas para solicitar la nivelación de pago del beneficio, pero no tuvieron respuesta a sus peticiones.
A las 10 de la mañana algunos trabajadores se trasladaron a Palacio de Gobierno para ser recibido por el director general de Administración y Desarrollo de Personal del gobierno del estado, Jaime Ramírez Solís y funcionarios de la Fiscalía.
Consultado por telefono, un trabajador informó que no hubo acuerdos con los funcionarios del gobierno estatal porque no hay presupuesto para la nivelación del nono del Día del Padre.
Agregó que Ramírez Solís gestionará recursos para atender la demanda de los trabajadores supernumerarios de la Fiscalía, sin embargo no hubo plazo para darles una respuesta.
A la 1:30 de la tarde los trabajadores supernumerarios reanudaron sus labores y abrieron las puertas de sus oficinas.

Ante las lluvias que han caído en Chilpancingo en lo que va de la temporada, en un recorrido en el encauzamiento del río Huacapa se observó que hay encharcamientos de aguas residuales y cúmulos de basura que ocasionan malos olores y la proliferación de mosquitos.
En un recorrido desde el parque Zoochilpan hasta el monumento a Alejandro Cervantes Delgado, se pudieron observar montones de bolsas y botes de plástico, ropa vieja, alambres y algunos animales muertos.
Además, en algunas zonas del río había encharcamientos de agua residuales y hoyos en el pavimento del encauzamiento, que el Ayuntamiento capitalino no ha saneado.
Una vecina de la calle Galo Soberón y Parra, de la colonia Quintana Roo, Matilde Lozano Flores dijo que los colonos han solicitado a Protección Civil municipal que limpie el encauzamiento, pero no lo han hecho.
Manifestó que desde que iniciaron las lluvias, a principios de junio, “la basura que tiran las personas al río se acumuló, además los encharcamientos de aguas residuales ocasiona que haya malos olores”.
Pidió que la Secretaría de Salud municipal también intervenga, porque los encharcamientos han convertido la zona del río del Huacapa en “un criadero de mosquitos”.

El representante del Frente de Grupos Vulnerables y Discapacitados, Silvestre Rodríguez Fernández se quejó de que el gobierno del estado no hizo pública la convocatoria para los trámites de renovación de la tarjeta del programa Guerrero para Todos, aseguró que los integrantes de su organización no se enteraron y ayer inició la entrega de las nuevas tarjetas.
Este lunes en conferencia de prensa en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG), Rodríguez Fernández explicó que el viernes acudió al Palacio de Gobierno, y ahí se enteró que se habían renovado las tarjetas y que ayer se entregarían las nuevas.
Dijo que los 45 integrantes de su organización no hicieron el trámite porque no se enteraron.
Contó que ayer el líder de la organización junto con sus agremiados reunieron los documentos, acudieron al Ayuntamiento capitalino para pedir una constancia de pobreza y al CRIG por una constancia médica.
Reprochó que una de sus agremiadas tiene dos hijos discapacitados que no se pueden mover, y a pesar de que llevaba fotografías los médicos del CRIG le exigieron que debe llevar a sus hijos para constatar que tienen alguna discapacidad.
Detalló que la mujer gasta unos 400 pesos para pagar taxis y trasladar a sus hijos.
Pidió a la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo que tenga sensibilidad con ellos, pues como no se enteraron de los trámites para renovar las tarjetas del progama, que al menos les faciliten la recaudación de los documentos.
Silvestre Rodríguez aseguró que el programa Guerrero para Todos es un desastre, porque cada año tienen que hacer trámites y tienen que tener su acta de nacimiento original actualizada, que les cuesta 85 pesos.
Exigió a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que el trámite de renovación del programa lo haga público en los medios de comunicación.
Además, pidió que aumenten el apoyo de 500 a 800 o mil pesos que les dan con la tarjeta, porque afirmó que no les alcanza ante el incremento de precios de los productos de la canasta básica.

Taxistas del municipio de Taxco protestaron en la puerta dos de Casa Guerrero en Chilpancingo, para exigir concesiones, depuración del padrón de transportistas y respeto al Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del estado de Guerrero.
Ayer a mediodía, más de 20 transportistas protestaron durante 15 minutos en la puerta dos de Casa Guerrero, y agentes de la Policía Estatal cerraron el acceso vehicular con vallas metálicas para evitar que se acercaran a la residencia oficial del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Algunos de los inconformes portaron cartulinas en las que se leyó: “Señor Gobernador, escucha al transporte”, “Justicia para los verdaderos trabajadores del transporte” y “Concesiones para los trabajadores”.
Ante la protesta los atendió la delegada de la Secretaría General de Gobierno estatal, Norma Yolanda Armenta Domínguez, quien organizó una reunión con el director de la Comisión de Transporte y Vialidad del estado, Miguel Ángel Piña Garibay.
Consultado durante la protesta, el dirigente de los inconformes, Guillermo Figueroa explicó que se manifestaron ante la falta de entrega de concesiones a transportistas que tienen más de 25 años laborando.
Detalló que desde hace nueve años no se han otorgado las concesiones a pesar de que han solicitado el estudio socioeconómico para que se depure el padrón de transportistas, y se asigne las concesiones conforme a derecho.
Contó que hacen falta rutas de taxis para que cubran algunas partes del municipio de Taxco, aunque no especificó.
En la manifestación participaron representantes de las ocho organizaciones de transportistas de Taxco, entre ellas, Taxco Pueblo Mágico y Unión de Auto Transportes de Alarcón (UATA).
Una hora después de iniciada la protesta, una comisión de 15 transportistas se reunió en privado con Piña Garibay en las oficinas de la Dirección General de Transporte, ubicada a un costado de Palacio de Gobierno.
En el encuentro en el que también participó la delegada Armenta Domínguez se informó que acordaron una reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, aunque no se dio a conocer la fecha.
Guillermo Figueroa informó que en la reunión Piña Garibay les dijo que los documentos para las concesiones ya se entregaron, y sólo espera que el Consejo de Autotransporte del Estado de Guerrero les responda.

El secretario de Educación estatal, José Luis González de Vega Otero dijo que escuelas de la región Tierra Caliente y Chilapa podrían adelantar sus clausuras ante la inseguridad, pese a que están programadas para mediados de julio; sin embargo, dijo que aún no hay solicitudes de adelantarlas en algunas zonas escolares, aunque no descartó recibir “casos aislados”.
En declaraciones al concluir ayer el acto inaugural del Foro a favor de la paz, con legalidad y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, González de la Vega indicó que no habrá sanciones para las escuelas que tengan registro de ataques a su comunidad, pero se apercibirán si sólo deciden adelantar sus vacaciones.
“No tenemos una solicitud formal, y si la hubiera, serán casos realmente aislados. Tenemos un calendario de 200 días, y así seguirá el siguiente ciclo escolar. Salvo que sea una situación realmente delicada, en donde haya sucedido un acto de violencia contra la comunidad estudiantil, sin duda no los sancionamos”, expuso.
Descartó que haya habido suspensiones ante las fuertes lluvias en Acapulco, y explicó que hay estrecha comunicación con la Secretaría de Protección Civil estatal, que les indica cuáles son las colonias afectadas.
Insistió en que, “sólo que las escuelas sean de alto riesgo, donde pueda haber deslave y cercanía con algún río, con su criterio suspendan clases”.
De la suspensión de clases a causa de la violencia, dijo que en Tierra Caliente y en Chilapa podrían adelantar las clausuras, pero descartó Acapulco, donde las escuelas están resguardadas por soldados y marinos.
“Tenemos las clausuras programadas para mediados de julio, no hay mayor situación de que alguna zona escolar nos solicite que cierre el ciclo escolar antes. El propio subsecretario Emiliano Díaz estuvo en Arcelia, San Miguel Totolapan, nosotros vamos a ir la semana que entra para hablar con ellos”, dijo.