Las familias desplazadas de las comunidades de Ahuihuiyuco, Tepozcuautla, Tetitlán y Lodo Grande, municipio de Chilapa, que regresaron a sus casas la semana pasada, no recibieron apoyo del gobierno y regresaron por la necesidad de sembrar sus tierras, no porque ya no estén en riesgo, informó el presidente del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
El defensor de derechos humanos informó que quienes regresaron son un grupo minoritario pues son unas 80 familias, de un total de aproximadamente 800 que salieron en los últimos meses de esas cuatro localidades.
Dijo que las familias desplazadas no confían en las autoridades de los tres niveles de gobierno, y no ven que haya condiciones para regresar a sus comunidades, “si algunos han regresado ha sido por la desesperación, todos son campesinos y su sobrevivencia depende de la producción del maíz, muchos dejaron su parcela y sus animales, por eso han tenido que ir regresando alentados por los gobiernos municipal y estatal.
Reconoció que en las comunidades hay vigilancia militar y policiaca pero que la había desde antes de que los desplazaran, “y sin embargo hay una gran cantidad de desaparecidos y asesinados, por eso consideramos quela presencia militar y policiaca no garantiza la vida y la tranquilidad de las familias”.
Informó que en los últimos tres meses han sido desplazadas unas 800 familias de las comunidades de Ahuihuiyuco, Tepozcuahutla, Tititlán y Lodo Grande, a donde han regresado unas 80 familias en condiciones no de plena seguridad.
“La mayoría regresó para sembrar sus tierras, porque no encontraron apoyo de las autoridades y ante la falta de una estrategia clara del gobierno para atender el problema del desplazamiento forzado”, agregó.
Denunció que la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en Guerrero es general y que no está reglamentado, “por lo tanto no hay una instancia que atienda a estas familias”.
Insistió en que mucha gente no quiere regresar, pero si no encuentra apoyo para una reubicación, empleo, salud, educación y acceso a los diferentes programas gubernamentales, se preocupa y decide regresar a sus casas para sembrar porque es la única forma que tiene para “medio alivianar su pobreza”.
Explicó que las familias de esas comunidades no están juntas porque al salir de sus comunidades se dispersaron e individualmente se fueron a vivir con familiares o con amigos de Chilapa, Chilpancingo, y a otros estados, “algunos se fueron incluso de jornaleros a Sinaloa y a otros estados”.
Reconoció que faltó organización de la población para retirarse de manera organizada y exigirle al gobierno que los atienda en su condición de víctimas de desplazamiento forzado.
Olivares Hernández dijo que de hecho el problema del desplazamiento en esas comunidades comenzó desde el 2007, pero que se agudizó en el 2015 y 2016 “y hoy el problema se encuentra en su máxima expresión, hay mucho temor, mucho terror en la gente y cuando ven que dos o tres familias se están desplazando las otras inmediatamente entran en pánico y también se van”.

 

El taxista Jesús Pastor Román de 59 años desapareció hace nueve días de la base de taxis de la central de autobuses Estrella Blanca en Cuernavaca, Morelos, al trasladarse a dejar pasaje al poblado de El Ocotito y Chilpancingo.
La Fiscalía General del Estado de Morelos informó en su portal de Facebook que las señas particulares del taxista son complexión delgada, moreno claro, ojos pequeños, cabello lacio, corto, además tiene la amputación a la mitad del dedo anular y dedo índice en mano izquierda.
Pastor Román cuando desapareció vestía camisa de manga corta cuadrada de colores, pantalón de mezclilla y zapatos negros.
La institución puso a disposición los teléfonos 01 777 32915, 01 777 372 2592 y 01 777 329 15 72 para dar información de su paradero.

El alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena insistió en que el problema de la inseguridad en la ciudad es porque hacen falta policías, y los aspirantes no pasan los exámenes de control de confianza.
Además dijo que en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla habrá una operación “especial”, y se construirá una base de vigilancia para evitar que continúen los hechos de violencia.
Consultado al finalizar la firma de acuerdos con el líder sindical de la sección 28, José Natividad Adame Salinas en el Ayuntamiento capitalino, Leyva Mena indicó que los policías municipales tienen operaciones con el Ejército y han hecho más de 35.
El viernes el comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle reconoció que para mejorar la atención de seguridad en la capital del estado ante el incremento de hechos delictivos se requiere más apoyo de la Policía Municipal.
A pregunta expresa sobre si la falta de agentes municipales disminuye la eficacia de las operaciones respondió que sí, pero a pesar de ello se esfuerzan para atender las zonas identificadas como de alto peligro.
Este lunes Leyva Mena explicó que la falta de contratación de policías es porque los aspirantes no cumplen con la normatividad, es decir que no pasan los exámenes de control de confianza, “la contratación se hace después que se pasan los exámenes que hace la federación”.
Además la Policía Municipal en determinados periodos hace exámenes, y si esos agentes que no pasan se les da de baja, ese es otro motivo por el cual no hay suficientes. Recordó que el año pasado hubo 125 aspirantes y sólo 15 pasaron el examen.
“A mí me parece espléndido que el gobernador recupere el tema del Mando Único, porque es una buena medida, es más les puedo decir que en el Cabildo ya tenemos aprobado el Mando Único”, indicó Leyva Mena.
En cuanto a los policías aseveró que sí hay pero no son los suficientes, en la capital hacen falta 400 agentes y sólo hay 105.
Dijo que el problema de la inseguridad que hay en el mercado lo ha hablado con el gobernador y con los comerciantes para que los hechos de violencia no sigan ocurriendo.
El domingo, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Víctor Manuel Ortega Corona informó que en la reunión que sostuvieron con Héctor Astudillo Flores les dijo que se comprometía intervenir ante el presidente municipal Leyva Mena, para que también haga lo que le corresponde y atender el problema de la inseguridad en la capital, “porque se trata de una situación que en su mayoría compete al ámbito municipal”.

Policías de la Tecampanera de Teloloapan negaron haber amenazado al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, o impedirle el paso por ese lugar, afirmaron que no se niegan el paso a ninguna persona ni empresa.
Integrantes de la autodefensa informaron que familias desplazadas por la violencia y la inseguridad de Arcelia se refugian en Teloloapan.
El domingo se dio a conocer que el alcalde de Arcelia denunció ante reporteros que no pasaba por Teloloapan porque fue amenazado por los policías comunitarios de la Tecampanera, y que tarda unas 8 horas en una vía alterna para llegar a Chilpancingo.
En declaraciones vía telefónica uno de los coordinadores de la Tecampanera desmintió que hayan amenazado el alcalde priista o que le nieguen el paso por Teloloapan, en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano donde tienen sus retenes de vigilancia y revisión, “es mentira que lo hayamos amenazado, él sabe lo que ha hecho y si no pasa por acá es porque no quiere”.
Indicó que el único señalamiento que han hecho en contra del alcalde es que protege al grupo criminal La Familia Michoacana, asentado en el municipio que gobierna, y dijo que el señalamiento del alcalde es parte de una “guerra sucia” para intentar desarmar a los comunitarios de Teloloapan.
El coordinador de quien se omite su nombre, afirmó que “en Teloloapan toda la gente tiene las puertas abiertas, siempre y cuando tengan la intención de vivir tranquilos, en paz y sin hacer cosas ilícitas”.
Informó que a la cabecera municipal de Teloloapan han llegando a vivir familias desplazadas por la violencia y la inseguridad que ocurre en Arcelia, “gente de Arcelia nos vino a ver para preguntarnos si no había problema de venirse a vivir aquí a nuestro pueblo, y por su puesto que son bienvenidos”.

El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) encarcelado en Ayutla, Arturo Campos Herrera denunció que fue notificado por la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) del desistimiento de una queja que presentó, pero que jamás solicitó su cancelación.
En una llamada a la redacción el coordinador regional de la Casa de Justicia de El Paraíso en 2013, dijo que personal de la Codehum de Ometepec llegó a la cárcel ayer y entregó dos resoluciones, una por la queja por falta de atención médica que hizo con seis de sus compañeros liberados el 12 de mayo de 2016.
La otra fue contra agentes de la Fiscalía General del Estado que catearon la cárcel el 23 de septiembre de 2016, llevándose aparatos electrónicos como televisores, ventiladores y radios.
Según el escrito los presos identificados por las autoridades como I1 e I6, “no tenían el interés de recoger el ventilador y la televisión que les fueron asegurados, además de que no contaban con la autorización correspondiente para poseerlos en su celda”.
En el oficio que entregó al Codehum a un compañero de Campos Herrera y no a él, se lee que “se emite acuerdo por desistimiento durante el procedimiento, por lo que se envía a archivo el expediente como asunto totalmente concluido”, y firma el presidente Ramón Navarrete Magdaleno.
Uno de los referidos es Arturo Campos quien declaró por teléfono que obtuvo el permiso el 30 de noviembre de 2015, del ex director de la cárcel Eduardo Patricio Hernández para poder tener un ventilador y un televisor, y negó que haya rechazado ir a recoger sus pertenencias.
Además jamás se desistió de la queja, por lo que urgió al organismo a revisar el caso o estaría avalando un hostigamiento del Estado.

En un accidente automovilístico ocurrido la tarde de ayer en el libramiento de la cabecera municipal de Taxco, tres integrantes de una familia, entre ellos dos mujeres, murieron al ser impactados por el conductor de un vehículo particular quien resultó lesionado y fue trasladado al hospital general de esa ciudad.
De acuerdo con reportes de fuentes policiacas de seguridad pública del estado, cerca de la 1:20 de la tarde de ayer fueron informados por policías municipales del accidente en el libramiento de Taxco, que es la vía alterna a la carretera Federal México-Acapulco para evitar pasar por la ciudad.
Cerca del rastro municipal fueron localizados dos vehículos particulares chocados de frente, un Seat Ibiza blanco con placas de Guerrero, del que resultó lesionado su conductor de 44 años y que fue trasladado por paramédicos de Protección Civil municipal al hospital general Adolfo Prieto de esa ciudad.
En el otro vehículo, un Volkswagen Sedán color arena con placas del Estado de México fueron localizados muertos sus tres tripulantes integrantes de una misma familia, entre ellos el conductor de 36 años, una mujer que iba en el asiento del copiloto de unos 35 años y otra señora de 60 años que viajaba en el asiento de atrás, los tres vecinos del barrio Tajos de esa cabecera municipal.
La zona fue acordonada y asegurada por policías y militares, y por las diligencias realizadas por peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del estado, la vía alterna fue cerrada durante unas dos horas.
A las 2:30 de la tarde los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo de esta ciudad de Iguala.
Los primeros reportes indican que la causa del accidente fue exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol del chofer del vehículo blanco, quien quedó detenido para deslindar responsabilidades.

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que en lo que va del año ha atendido a cuatro familias afectadas en sus parcelas de maíz, garbanzo y hortalizas en Zapotitlán Tablas y Atlixtac, porque militares del Ejército junto con agentes de la Marina fumigaron químicos de forma aérea para combatir la siembra de amapola.
Consultado vía telefónica, Barrera Hernández dijo: “En este primer semestre del año, de enero a la fecha se iniciaron los vuelos en helicóptero aquí por parte del Ejército con apoyo de la Marina para hacer las fumigaciones, y entendemos que esto ha sido una práctica que ha causado muchos daños al medio ambiente a efecto de combatir la siembra de amapola”.
Manifestó su preocupación porque a la organización han acudido cuatro familias indígenas con casos de terrenos afectados por el rocío de químicos, tres casos son en Zapotitlán Tablas y otro en Atlixtac, en sus siembras de maíz, garbanzo y hortalizas, principalmente.
Contó que la organización ha visitado los lugares donde hicieron las denuncias de daños de parcelas para corroborar, documentar y hacer la queja correspondiente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) y pedir que se lleve a cabo un peritaje para que las fuerzas militares reparen el daño.
Comentó que interpusieron ante la Procuraduría General de la República (PGR) dos denuncias para que se investigue los casos y se deslinden responsabilidades.
Declaró que no lo han hecho las cuatro familias porque tienen que viajar a Chilpancingo, y no todos tienen la posibilidad económica para hacerlo, pues les sale más caro denunciar que reparar el daño, ya que son pequeñas las parcelas afectadas.
Dijo que además hay desconfianza de interponer la denuncia porque temen que los acusen de cultivar plantas ilícitas.
Abel Barrera manifestó que es preocupante las acciones del Ejército porque los químicos que rocían, queman totalmente la planta y afectan la fertilidad de la tierra.
Consideró que no se dimensiona el daño que se ocasiona a las familias pobres, porque sus cultivos son el único patrimonio y forma de vida.
“Con la fumigación aérea, yo creo que aquí el costo es alto, no solamente por los vuelos que realizan (los militares) sino también por los daños que está ocasionando a la población, porque a pesar de que ya llevan las coordenadas y supuestamente tiene ya aparatos muy precisos para hacer la fumigaciones, lamentablemente existen estas fallas”, afirmó Barrera Hernández.
Sostuvo que los militares se escudan al acusar que en los lugares afectados por los químicos hay sembradíos de amapola, pero al margen de que exista esa planta se dañan las siembras de alimento de la población, y se tiene que evaluar el impacto ambiental y daños materiales que se provocan.
Denunció que con la fumigación se criminaliza el trabajo de los campesinos y de las familias indígenas afectadas en sus terrenos, porque luego se confunde y señalan que las familias denuncian al Ejército para evitar que se siga fumigando plantíos de amapola.

 

 

Fuentes de la Secretaría de Protección Civil estatal informaron que 10 casas inundadas y 12 arboles caídos en Coyuca de Benítez, además se colapsó un puente provisional en San Marcos, fueron las afectaciones de las lluvias de la noche del domingo y madrugada de ayer en el estado.
Las fuentes dijeron que en Coyuca de Benítez en la comunidad de El Papayo se inundaron diez casas y se cayeron nueve árboles, otros tres cayeron en la comunidad El Cayaco, ubicada en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
También dieron a conocer que en el municipio de San Marcos se colapsó el puente provisional de la carretera San Marcos-Las Mesas, y que la dependencia continúa con los trabajos para reparar el puente.
Las Secretaría de Protección Civil estatal informó que la noche del domingo y la madrugada de ayer ocurrieron tormentas locales de fuertes a muy fuertes en las regiones de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Norte y Sierra, y lluvias moderadas en la región de la Tierra Caliente.

El ex guerrillero integrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Jacobo Silva Nogales dijo que comparando al Estado de las décadas de 1980 y 1990 con el de ahora, actualmente resalta su carácter criminal y que ha delegado gran parte de esa criminalidad al narcotráfico, convirtiéndose en un “paraestado” como en Colombia.
Añadió que a través de estos grupos del crimen es como el Estado ejerce gran parte de la represión hacia la población, “y el Estado así dificulta la lucha social contra él y contra la impunidad”.
En su libro: Los rasgos esenciales del Estado, el ex guerrillero y ahora escritor y luchador social Silva Nogales no habla de cómo enfrentar al Estado, explica cómo es para que los luchadores sociales puedan enfrentarlo y cambiarlo con éxito, explicó el autor al presentar la obra este lunes.
El ex preso (pasó 10 años en distintos penales de alta seguridad) presentó su libro en las instalaciones de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP).
Comentó que las ideas las concibió en la cárcel y las escribió ya fuera, porque hasta entonces pudo consultar una vasta bibliografía que no había en el penal donde estuvo preso. Dijo que esta, su más reciente obra, está dirigida a la gente que está en la lucha social.
El presidente del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández manifestó que el de Silva Nogales no es un libro para leer, sino para que se estudie, se analice y se apliquen las ideas a la realidad.
El presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada dijo que es una obra de mucha utilidad para la lucha social que se enfrenta a un Estado como con “Sansón a las patadas”, o algo similar a “David contra Goliat”.
En la presentación del libro estuvo también Hoguer Morales Miranda, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) que fundó el luchador social fallecido Bertoldo Martínez Cruz.
Silva Nogales explicó que el Estado tiene mucho poder, “va cambiando, se va adaptando”. Dijo que por ejemplo, si se compara al Estado de los ochentas o noventas con el de ahora, lo que resalta enormemente ahora es su carácter criminal.
Aclaró que antes era criminal, pero que actuaba directamente, “ahora ha delegado una gran parte de esa criminalidad a su parte secreta, a la parte que no se ve, que no es evidente porque no fue nombrado por la sociedad para desempeñar alguna función, en este caso esa parte secreta es el narcotráfico”.
Añadió que a través de estos grupos del crimen es como el Estado ejerce gran parte de la represión hacia la población, “y el Estado, así, dificulta la lucha social contra él y contra la impunidad”.
Agregó que antes para detener esto bastaba con hacer movilizaciones y una gran protesta social, pero que ahora, al usar a los grupos de la delincuencia para ejercer la represión ya no se les puede detener igual que antes”.
Silva Nogales dijo que ahora si el Estado se adaptó “tenemos que adaptarnos nosotros, no se puede hacer la lucha como se hacía antes”.
Explicó que en las investigaciones que realizó para escribir este libro encontró que esta etapa que ya se vive en México, en Colombia se le conoció como el “paraestado”, porque el Estado actúa de manera no tan abierta y lanza una advertencia: “aceptas esto o actúa la parte que está detrás de mí, la parte criminal”.
Dijo que ese “paraestado” en Colombia asesinó a miles de sindicalistas y que eso ya está pasando en México, “ya para cualquier negociación con el Estado o contraposición al Estado debemos tomar en cuenta que está su parte ilegal, y que vamos a estar en la mira, así que los asesinatos y las amenazas contra periodistas y contra cualquier sector ya no tiene que hacerlas el Estado, para eso está esta parte criminal”.
Añadió que un ejemplo es el caso que vivieron los siete periodistas en mayo pasado en Tierra Caliente, cuando fueron privados de su libertad, robados y amenazados por un grupo criminal, “con este ejemplo se muestra cómo puede causarse temor o terror a través de esa parte ilegal”.
Frente a esto insistió en que se tienen que cambiar las formas de lucha y que el pueblo va encontrando esas maneras, por ejemplo en Guerrero descubrió que para acabar con la delincuencia y esas agresiones del Estado, lo mejor es la autodefensa, “pero no una autodefensa como la de Michoacán, sino por medio de la Policía Comunitaria que es una organización defensiva que responde a toda la comunidad y los integrantes son nombrados por toda la comunidad”.
Expuso que este tipo de organización ciudadana es lo que permite combatir de una mejor manera a la delincuencia y al Estado o en este caso a la unión de los dos.
Un reportero le preguntó si también es viable la vía armada y dijo que “como forma de lucha para conseguir el triunfo y acabar con el Estado, si se hace sola no va a bastar, si se hace a la manera vieja va a reproducir los mismos vicios y peor todavía, con una gran arbitrariedad peor que como está ahorita”.
Sin embargo dijo que si se puede usar la vía armada pero combinada con otras formas, “no como se hacía antes, la pura lucha armada, sino que tiene que apoyarse con la lucha social que sería lo más viable” y que la lucha armada sería sólo en los casos extremos, “cuando haya intentos de asesinato y ya no se pueda vivir, entonces sí, a remontarse y esconderse como uno pueda”.
Silva Nogales dijo que en su caso si no lo hubieran detenido seguiría en la guerrilla, porque esa forma de luchar le parece legítima, “la gente tiene derecho a defenderse, y si se puede defender de forma legal puede hacerlo, pero cuando no es posible yo creo que es válido”.
Agregó que no cree en un cambio como el que propone el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador porque el Estado ha controlado su capacidad de movilización y ha evitado que se salga del cauce. Adelantó que eso es lo mismos que va a pasar en el 2018.
Recordó que López Obrador tiene tratos con los grandes empresarios y que, por tanto, “sería un milagro si llegara a operar un cambio, porque existe la capacidad del Estado para poder frenarlo y controlarlo”.
De su libro explicó que lo pensó en la cárcel y que la investigación le tomó por lo menos 2 años. Aclaró que no es un texto para académicos, sino para la gente que está en la lucha social, “porque si se va uno a enfrentar al adversario el primero que debe conocerlo es el que se va a enfrentar. Si voy a pelear contra un tigre y no sé que tiene garras, unos colmillones enormes y una fuerza descomunal voy a estar indefenso”.
Mencionó que lo que pretende ser este libro es una especie de guía u orientación para alguien que quiere enfrentar al Estado, “no planteo cómo se debe enfrentar, eso no es posible, planteo cómo es para que se le pueda reconocer”.
“Mucha gente ha luchado contra el Estado y quiere destruirlo, o cuando menos quiere cambiarlo y cuando menos se da cuenta él ya es Estado. Ese que quería combatir al Estado ya es Estado”, advirtió.
“Para no ir muy lejos”, puso un ejemplo: “aquí recientemente tuvieron a un gobernador que había sido guerrillero. Yo lo conocí en su tiempo de guerrillero y quién se iba a imaginar que iba a ser gobernador y parte de ese Estado”, dijo en referencia a Rogelio Ortega Martínez.
Siguió: “el Estado transforma a la gente, es un monstruo que uno lo puede perseguir y cuando uno cree que ya lo tiene dominado, o que ya se acerca el tiempo de poderlo dominar resulta que ya está dentro de uno”.
Explicó que su libro lo escribió pensando en ese Estado tal como es, para que a partir de allí hacer conceptos, “estudiando al Estado como es”. Expuso que encontró 25 rasgos del Estado.

 

El líder de los trabajadores sindizalizados aglutinados en la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), José Natividad Adame Salinas y el alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena informaron el acuerdo de incremento de 10 por ciento salarial y en los bonos del Día del Padre, del Servidor Público y del Día de la Madre, luego de que los empleados cerraron cuatro días el Ayuntamiento, dos secretarías municipales y bloquearon calles y avenidas.
Ayer, afuera de la Secretaría General en el Ayuntamiento, Adame dijo que en la reunión del pasado viernes con funcionarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Guerrero, y del gobierno municipal se acordó el aumento de 10 por ciento en el salario y no el 15 que exigían.
Contó que el próximo año por primera vez se les dará el bono del Día del Padre que será de 500 pesos, también se incrementará 300 pesos al bono del Día de la Madres y 250 al Día del Servidor Público, “fue lo que se obtuvo en el fallo con los del Tribunal y del personal del Ayuntamiento”.
De la inconformidad de los trabajadores porque no les informó el viernes el porcentaje del aumento manifestó que, “se supone que los trabajadores me dieron un voto de confianza para que solucionara los problemas (…), pero hay inconformidades. El día que estuve en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje los trabajadores estaban conscientes de que sería un ocho por ciento en el salario y 10 en prestaciones, y se logró más”.
El líder sindical contó que lograron acuerdos favorables para la base trabajadora, y que después de la firma de la minuta acudiría a todas las áreas de los trabajadores del SUSPEG para darles a conocer los acuerdos.
“Los conozco y va a ver algunos que no estarán de acuerdo, principalmente los que quieren participar políticamente para cuando termine mi administración, eso lo van a querer utilizar para votos a su favor, pero lo importante es que se logran acuerdos importantes”, dijo Adame.
A la una de la tarde, en una de las salas de juntas del Ayuntamiento, el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, funcionarios municipales, una comisión de sindicalizados de la sección 28 del SUSPEG y el líder sindical dieron a conocer los acuerdos laborales.
Leyva Mena declaró: “Yo creo que están arriba del aumento del que se les dio a los (trabajadores de los) ayuntamientos de Acapulco, Taxco, Iguala y de muchos municipios, ya quisieran tener este aumento que a ustedes se les dio”.
Dijo que los trabajadores sindicalizados también avanzaron con algunas luchas sindicales, como el bono del Día del Padre, “del cual me negaba de manera rotunda otórgaselos”.
Manifestó que en la medida en que el Ayuntamiento pueda tener mayores ingresos darán más beneficios a los trabajadores.
El líder sindical le dijo al alcalde que no se logró lo que querían los trabajadores, es decir, aumento de 15 por ciento al salario y 30 en prestaciones, y que pararon labores no para completar y comprar un carro sino porque debido al aumento al precio de la gasolina los productos de la canasta básica incrementaron, “es para llevar el alimento a nuestros hijos”.
Adame Salinas consideró que no se quedan satisfechos, porque si hace un año el gobierno capitalino tuvo para incrementar 15 por ciento en salario y 30 en prestaciones por qué este año no, “espero que como tú dices, en cuanto haya posibilidades arregles algunas cosas pendientes que se tienen”.
Agregó que le preocupa la muerte de dos compañeros sindicalizados, porque el dinero que se les descuenta a los trabajadores para gastos funerarios, el sindicato les da 6 mil pesos, pero el Ayuntamiento no se los ha otorgado, por ello le solicitó el dinero.
Al respecto el alcalde aseveró que este miércoles les otorgaría el dinero para que se lo den a los familiares de los trabajadores muertos.