El delegado del IMSS en Guerrero, Reyes Betancourt Linares informó que de enero a junio se han incorporado 700 nuevos empleados por mes como beneficiarios, a pesar de los problemas sociales que se viven en el estado.
Las zonas donde se han incrementado el número de trabajadores son Acapulco en el área de servicios y en la zona Centro y Tierra Caliente por las mineras.
El funcionario federal indicó que este año se plantea aumentar el número de derechohabientes de ese instituto incorporando a quienes trabajan en la informalidad.
De las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el delegado aseguró que este año solamente han tenido una, la cual atendieron, que se le dio atención a la paciente, a la cual no han podido contactar porque vive fuera de Guerrero.
En conferencia de prensa para anunciar las actividades por el 60 aniversario de la delegación Guerrero del IMSS, acompañado de la jefa de Prestaciones Médicas María de Lourdes Carranza Bernal y el jefe de Salud en el Trabajo, José Armando García Larumbe, Reyes Betancourt celebró que este año no han registrado pérdidas de empleos, sino que se han generado por mes entre 600 y 700 empleos en el estado, “que son permanentes, “a apesar de la problematica social que tenemos se siguen generando empleos, si son muchos o pocos no lo sé, pero sí viene a contribuir a la economía”.
Indicó que en Acapulco los nuevos empleos son el sector de servicios y en el Centro y la Tierra Caliente en la extracción minera, por eso se tiene prevista la construcción de una unidad médica en Mexcala, para atender a los mineros.
Según sus cifras en promedio el IMSS Guerrero tiene un incremento en derechohabientes en los últimos dos años del 12 por ciento.
Betancourt Linares informó que este año buscan formalizar a la economía informal, consideró que cuando sepan de los beneficios que tiene el Instituto, que puede estar protegido el patrón y trabajadores, se tendrá un mayor número de derechohabientes.
Aseguró que se tiene la capacidad para atender, incluso expuso que se proyecta a seis meses la construcción de nuevas unidades cuando así se proyecte ante el aumento de inscritos.
Agregó que tiene presencia en 79 de los 81 municipios, solamente falta en Ixcapuzalco (Pedro Ascencio Alquisiras) y Acapetlahuaya, y con el programa de formalizar a más trabajadores esperan se tengan instalaciones en todo el estado.
El delegado indicó que actualmente son 900 mil derechohabientes los que tienen, de los cuales 700 son del sistema ordinario y 200 de IMSS Prospera. En el IMSS se atiende el 24 por ciento de la población de Guerrero.
Aseguró que el porcentaje de abasto es del 99 por ciento en medicamentos y el caso de las consultas en especialidades que se da después de meses, el delegado justificó que no es con todos los especialistas, sino con los que tienen más demanda y pocos médicos como oftalmología. De los 5 mil trabajadores del IMSS el 20 por ciento son médicos.
Resaltó que tiene la mejor infraestructura y el personal más capacitado, incluso se trabaja para que los derechohabientes perciban que se está dando un mejor servicio, con una mejor actitud de los trabajadores para tratar a los usuarios.
Celebró que se tenga un 89 por ciento de satisfacción de los usuarios en el servicio y la delegación IMSS Guerrero esté en el número 9 nacional.
De las recomendaciones de la CNDH que tiene el IMSS el delegado indicó que a nivel nacional tiene el mayor número en comparación con otras instituciones, porque es el de más derechohabientes.
“Hay una proporción directa, no es justificable que tengamos un mayor número pero bueno la gente cada día esta más educada y tiene más interes en reclamar las cosas, y nosotros en atenderlas también” dijo.
Agregó que este año solo han recibido una, que es de un caso del 2013 en el que se trató a una mujer por cáncer en el seno y no tenía el padecimiento.

Hay algunos rubros en los que México destaca y compite por los primeros lugares. Se mantiene en las primeras posiciones casi sin despeinarse, lo que no ocurre frecuentemente en los deportes, la ciencia o el desarrollo.
En todo el mundo, nuestro país no obtiene las mejores calificaciones cuando de transparencia y combate a la corrupción se trata; son asignaturas que a los mexicanos les cuestan mucho trabajo.
Muy pocos son capaces de convertir sus debilidades en fortalezas y el país no escapa a esta premisa. Da pena ser muy competitivos en corrupción, opacidad en el desempeño público o que la mentira forme parte de los rasgos de personalidad en el país, cuando que en otras naciones decir la verdad se convierte en característica indispensable.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha recibido constantes críticas por afirmar que la corrupción es un problema cultural.
Los medios de comunicación han documentado la evidencia: como en ninguna otra época varios ex gobernadores están indiciados por delitos de corrupción durante su administración, unos en la cárcel, otros detenidos en el extranjero en proceso de extradición, otros más simplemente prófugos o amparados.
Unos lo ven como muestra del desastre en que vivimos, otros intentan presentarlo como un avance, pues corrupción y delitos desde el poder siempre ha habido, pero antes de plano no tenían ninguna consecuencia.
En esa tesitura parece vivir todavía el estado de Guerrero, pues a los ojos de todos, la mayoría de los ex gobernadores han amasado enormes riquezas durante sus mandatos, pero sin excepción conocida aprovechan su retiro para el disfrute de lo obtenido sin que sufran ninguna sanción o algún intento de juicio, ni siquiera se habla del tema en los medios.
Así que en ese sentido Guerrero está por atrás de Veracruz, Quintana Roo, Sonora o Coahuila, por citar a alguna de las entidades que en estos asuntos han dado noticias en los meses y años pasados. Algunos de sus ex mandatarios sufren si no la persecución por lo menos el escarnio y la crítica por los abusos cometidos durante sus administraciones de gobierno. La sensación ciudadana es de que la impunidad campea e impera y la nula responsabilidad por abusos o abiertos despojos no cuentan.
En los días recientes datos dados a conocer por la consultoría ARegional nos muestran que Guerrero ocupa la peor posición en el índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal, compuesto a partir del análisis que cada gobierno estatal pone a disposición de la ciudadanía en sus páginas de internet.
En una escala de 100 puntos, Guerrero se ubica en el último lugar con un puntaje de 36.45, muy lejos de la siguiente posición que ocupa Zacatecas con 44.86, y de los 51.66 que suma Veracruz, todos ellos muy por debajo de la media nacional de casi 78 puntos.
La opacidad se convierte en un escenario ideal para que todo tipo de trapacerías florezcan; mientras no se logre transparentar la información de gobierno y hacerla accesible para todos, abatir la corrupción y la impunidad será imposible.
Tienen razón los analistas de ARegional cuando advierten que la transparencia no equivale a la eliminación de la corrupción, pero sí es evidente que alcanzar la primera es un paso indispensable, una condición necesaria aunque no suficiente.
En los tiempos actuales de acceso universal a los medios cibernéticos y de información y comunicación que fluye prácticamente sin trabas técnicas por todo el planeta, es inadmisible que un gobierno estatal no se aplique a publicar toda la información de su actuación, salvo en aquellas muy específicas áreas en que deba mantenerse secrecía por motivos de seguridad o razones similares.
La idea de gobiernos abiertos y completamente transparentes se hizo viable en el planeta con el avance y generalización de los medios computacionales desde fines del siglo pasado. Ya ni siquiera se precisa la inversión de recursos cuantiosos en la materia. Es un problema de voluntad política y de real intención de gobernar con honestidad y para el beneficio de la gente.
El gobernador Héctor Astudillo podría convertir este problema en un área de oportunidad con muy amplias ventajas en términos de transparencia y rendición de cuentas, y brillaría en medio de la opacidad imperante en municipios y en la administración estatal. Podrá afirmarse que se ha avanzado mucho en esta materia, como antes no se había hecho, lo que es común de todo gobierno, rechazar la realidad o tratar de maquillarla de acuerdo con las conveniencias de coyuntura o de interés del grupo a cargo del gobierno.
Pero lo que prevalece en Guerrero y en otros estados del país donde no se avanza en el acceso a la información y la transparencia, son los intereses de quienes lucran y mantienen cotos de poder y de beneficio económico a los que no renunciarán fácilmente.
Lo cierto es que el mundo cambia a una gran velocidad y no queda mucho tiempo para intentar seguir en lo oscurito. La nación entera está viendo…. y el mundo también.

Un amplio reportaje en The New York Times este lunes da cuenta del espionaje político en México. “Los más prominentes abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anti corrupción han sido objetivo de un spyware sofisticado que se vendió al gobierno de México con la condición de que sólo se utilizara para investigar criminales y terroristas”, comienza el texto. “Los objetivos incluyen abogados involucrados con la desaparición masiva de 43 estudiantes, un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadunidense que representa víctimas de abuso sexual por parte de la policía”.
El Times llegó a esta historia del México contemporáneo muy tarde, pero al ser el diario de mayor influencia en el mundo y que suele asustar a los funcionarios mexicanos con bastante facilidad, su interés por el tema debe ser agradecido por la posibilidad de que finalmente provoque una reacción en el presidente Enrique Peña Nieto, que al soslayar lo que durante su gobierno se ha publicado sobre el espionaje político, no sólo avaló lo que sus servicios de inteligencia hacían, sino que, en la negligencia de obligarlos a que se mantuvieran dentro de los márgenes de la ley, llevará la penitencia de que ahora, la responsabilidad de las ilegalidades se le carguen a su gestión.
En octubre de 2015 se dio a conocer en este espacio la existencia del programa mediante el cual el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –el reportaje del Times no identifica a las instituciones que utilizaron el spyware– realizaba espionaje político. En la segunda de tres entregas sobre “¿Para qué sirve el Cisen?”, se mencionó directamente dos listas de teléfonos que habían sido infectadas por el programa. “No se sabe cuántos teléfonos de actores políticos y sociales, de agentes económicos o periodistas, tiene interceptado el Cisen, pero la sábana con los números, que corresponde a un periodo específico este verano, muestra un enorme abanico de intervenciones”, se apuntó en ese entonces.
“De acuerdo con el documento, hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una decena de personas espiadas aparece con números adicionales. Hay una serie de nombres de personas que no son públicas o empresas de seguridad, comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Pero también, sin saberse el nombre pero sí en dónde se contrató la línea, un teléfono registrado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cuestión de nombres, hay varias líneas intervenidas que fueron contratadas por Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, y los teléfonos celulares de la afamada conductora de radio Carmen Aristegui, y de quien esto escribe.
“La forma como buscaron entrar en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un software malware, que es un código maligno que se infiltra en los dispositivos mediante el cual se pueden emitir mensajes de texto. Un modelo clásico de estos mensajes puede decir, con un lenguaje que parecería el de una persona con quien se tiene amistad, que “unas personas extrañas se presentaron en su casa”, por lo que le envían un enlace para ver la fotografía. Lo que permite ese enlace, que nunca abre, es que el virus se meta al teléfono y permita dos objetivos: la escucha y el análisis de la red de vínculos que se encuentra en el aparato, a fin de poder determinar su abanico de amigos y conocidos que permitan construir sus relaciones”.
El Times reiteró que el programa se llama “Pegaso”, del Grupo NSO, un fabricante israelí de armas cibernéticas al cual, desde 2011, cuando menos tres dependencias federales mexicanas le han comprado software por 80 millones de dólares. La existencia de estos programas surgió en noviembre de 2011 durante una entrevista con David Vincenzetti, socio fundador de Hacking Team, una empresa italiana fundada en 2003, con el periódico inglés The Guardian, quien reveló que habían vendido sus dispositivos en 30 países en cinco continentes. Su principal producto era un programa llamado Da Vinci, dentro de su Sistema de Control Remoto, bautizado como Galileo.
En este espacio, bajo el título de “Espionaje a Mexicanos”, publicado a mediados de 2015, se señaló: “El Ejército, la Marina, la Policía Federal, el Cisen y 11 gobiernos estatales, han espiado masivamente a mexicanos, a través de un sistema que interviene a control remoto dispositivos móviles, copia mensajes de texto, conversaciones de Google, Yahoo, MSN y Skype, y extrae todos los datos y el historial de las computadoras, sus audios e imágenes de la webcam, que les permiten, además, grabarlos mientras trabajan. Esta es la más grande revelación que se haya dado de cómo en México los gobiernos espían a sus gobernados, y el mayor descubrimiento de cómo la vida privada en este país, es inexistente”. A la fecha, varios de esos contratos ya expiraron.
Cuando todo esto emergió a la opinión pública en 2015, nada pasó. Cuando se revelaron detalles del spyware contra personas que tenían discrepancias con las políticas del gobierno, tampoco. Desde hace 15 años, el espionaje político como herramienta de la política, es el mejor vehículo para alcanzar objetivos políticos. El reportaje del Times, aunque tardío, es vital por la colonización de ese periódico sobre la vida pública mexicana. Si ahora que ventila estas violaciones ayuda a que se pongan fin a las ilegalidades, habrá que celebrarlo. Lo más importante es llegar a un fin a estos abusos y que quienes los cometieron, paguen por sus delitos.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Destacados abogados de derechos humanos de México, además de periodistas y activistas anticorrupción, fueron blanco de espionaje llevado a cabo con un software avanzado vendido al gobierno mexicano, reveló ayer The New York Times.
Entre ellos se encuentran los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o académicos que han colaborado en la redacción de legislación para luchar contra la corrupción.
También han sido víctimas de espionaje, según el medio, dos de los periodistas mexicanos más influyentes, y un estadunidense que representa un caso de abuso sexual por parte de la policía, todo ello llevado a cabo con programas vendidos bajo la premisa de que serían utilizados sólo para investigar a criminales y terroristas.
Al menos tres agencias federales mexicanas han invertido 80 millones de dólares desde 2011 en el software espía Pegasus, un producto de una compañía israelí que se infiltra en los teléfonos móviles para seguir todas sus actividades y utiliza incluso su cámara y micrófono para vigilar al propietario del dispositivo.
Según la empresa que fabrica el spyware, NSO Group, la herramienta se vende sólo a gobiernos, que se comprometen a utilizarlo únicamente en la lucha contra el terrorismo o grupos criminales, que en el caso de México han secuestrado y asesinado a ciudadanos durante años.
Sin embargo, según docenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas independientes, el software ha sido utilizado contra algunos de los críticos del gobierno mexicano más destacados y sus familias, en lo que ha sido calificado por expertos como un “intento sin precedentes de impedir la lucha contra la corrupción”.
“Somos los nuevos enemigos del estado”, afirmó el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, víctima de este espionaje.
Según la ley, sólo un juez federal puede autorizar el seguimiento de comunicaciones privadas cuando se demuestra una base sólida para su petición.
Por lo tanto, es “muy poco probable” que el gobierno haya recibido aprobación judicial para acceder a los teléfonos móviles, según apuntaron al diario varios antiguos miembros de agencias de inteligencia mexicanas.
“Las agencias de seguridad de México no pedirían autorización porque no se la darían. ¿Cómo va a autorizar un juez seguimiento de alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”, afirmó Eduardo Guerrero, antiguo analista del Centro para la Investigación y Seguridad Nacional del país.
“No hay ninguna base para esa intervención, pero eso da lo mismo. Nadie en México pide permiso para hacerlo”, agregó.
The New York Times describió cómo varias de las víctimas recibieron correos falsos, con advertencias, por ejemplo, de la presencia de vehículos repletos de hombres armados delante de sus residencias, para llevarles a pinchar en enlaces que permiten el acceso del software de espionaje a los móviles.
Según el diario, el gobierno mexicano admitió llevar a cabo actividades de espionaje contra sospechosos legítimos de acuerdo con la legislación del país, pero negó “categóricamente” que se haga contra defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción o periodistas “sin autorización judicial previa”.
Pese a los argumentos del diario neoyorquino, el medio señala que no hay pruebas firmes de que el gobierno mexicano sea el que ha utilizado el software para espiar a sus críticos, puesto que el programa está diseñado para que no se pueda identificar al autor del hackeo.
Sin embargo, el fabricante subraya que es muy poco probable que el programa haya llegado a las manos de criminales y esté siendo utilizado por ellos, ya que sólo puede ser usado por agencias del gobierno en las que haya sido instalado.

Presidencia dice que “no
hay pruebas”

La Presidencia de la República rechazó espiar a activistas y periodistas con el argumento de que no hay pruebas de que agencias gubernamentales estén involucradas, contra la informado ayer por el New York Times y diferentes organizaciones de la sociedad civil en México.
La comunicación difundida poco después de las seis de la tarde por el vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández está firmada por Daniel Millán Valencia, director de Medios Internacionales de la Presidencia.
“Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”, expone al inicio.
Aunque está documentado que el software malicioso sólo puede ser adquirido por agencias gubernamentales y que el informe mencionado apunta al gobierno de Peña Nieto, la Presidencia de la República rechazó ser el espía y afirmó:
“Para el gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y estado de derecho. Por lo tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.
Breve, de apenas tres párrafos, la Presidencia llamó a los afectados a presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que esa dependencia inicie las investigaciones correspondientes.

Agencia Proceso

Ciudad de México

La periodista Carmen Aristegui increpó ayer al presidente Enrique Peña Nieto acerca de que las tentativas de espionaje gubernamental contra activistas y periodistas realizadas entre 2015 y 2016 alcanzaron a su propio hijo, entonces menor de edad: “¿Para qué quería la información de un adolescente?”, preguntó al mandatario, al añadir “¿de qué más es capaz, presidente siniestro?”.
La mañana de este lunes, después de la revelación de 12 nuevos casos de activistas y periodistas que recibieron mensajes de texto infectados con el programa espía Pegasus, organizaciones defensoras de los derechos humanos interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de que esta dependencia investigue “a profundidad” el uso que el gobierno federal hace de estos programas malignos.
En una conferencia de prensa, urgieron que llegue a México un grupo de expertos para dar seguimiento a la investigación, al estilo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI coadyuvó en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y evitó que el gobierno federal cerrara el caso con su llamada “verdad histórica”.
Las víctimas reiteraron el llamado de la sociedad civil a que el gobierno federal haga públicos los contratos que distintas dependencias celebraron con empresas desarrolladoras de programas espías, con el fin de conocer a detalle el sistema de espionaje gubernamental que opera en México.
John Scott Railton, integrante del Citizen Lab, una institución académica adscrita a la Universidad de Toronto, Canadá, que rastrea y exhibe los programas espías desde hace años, insistió en que por lo general los gobiernos que emplean estos malwares son “autocráticos” e incluso “casi dictatoriales”.
Tomó el ejemplo de Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos o países del Medio Oriente, pero recordó que México era en 2015 el cliente más importante de la empresa israelí NSO Group, la cual creó el programa Pegasus.
“La ausencia de un sistema de control fuerte y de una adecuada rendición de cuentas abre la puerta a los abusos”, añadió el canadiense.
Sin embargo, el informe que publicó ayer la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) demuestra que instancias del gobierno federal estuvieron detrás de las tentativas de espionaje.
El informe plantea que, entre 2015 y 2016, tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), los periodistas Carmen Aristegui –y su hijo Emilio–, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, así como los activistas Alexandra Zapata y Juan Pardiñas –integrantes del Instituto Mexicano por la Competitividad (Imco)–, recibieron mensajes de texto que contenían un enlace hacia un servidor de NSO Group.
Al dar clic en el enlace, el programa Pegasus se instala de manera indetectable en los dispositivos móviles de las víctimas, y toma el control de los aparatos. El celular se convierte, prácticamente, en un dispositivo espía.
Durante la conferencia de prensa, Luis Fernando García, director de la R3D, recordó que NSO Group sólo vende sus productos a agencias gubernamentales, e insistió en que las fechas de recepción de los mensajes coinciden con tiempos en los que los activistas y periodistas “molestaban” al gobierno federal. Las múltiples tentativas de infección del equipo de Aristegui se llevaron a cabo en fechas cercanas a la publicación de ciertos reportajes, entre ellos la revelación de la Casa Blanca de la pareja presidencial, así como trabajos periodísticos realizados en colaboración con Proceso, entre ellos sobre las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán o los Panama Papers.
Los mensajes malignos que recibió Loret de Mola coincidieron con sus reportajes sobre la ejecución extrajudicial en Tanhuato, Michoacán, mientras las de los integrantes del Imco llegaron a la par de su cabildeo para reforzar la legislación anticorrupción y aprobar la ley “3de3”.
“No podemos tolerar el espionaje ilegal”, insistió Mario Patrón, director del Centro Pro, que asume el seguimiento de los 43 de Ayotzinapa y logró que el GIEI llegara a México, y también representa a una víctima de la masacre de Tlatlaya.
El mismo centro llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanas el caso de las violaciones de 11 mujeres de San Salvador Atenco, las cuales fueron perpetradas durante la represión de las manifestaciones contra el proyecto de nuevo aeropuerto desatada por el gobierno de Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México.
Ante la instancia interamericana, “el gobierno (federal) de Peña Nieto tendrá que determinar si el mismo Peña Nieto actuó en violación a los derechos humanos”, recordó el activista.
En todos estos casos, aseveró Patrón, el principal interesado era el gobierno federal, y los mensajes con vínculos infecciosos que los integrantes del Centro ProDH recibieron coincidieron precisamente con avances o nuevos acontecimientos en estos casos.
Patrón añadió que el centro sufrió ataques de la “vieja” y de la “nueva” escuela: sus integrantes recibieron amenazas de muerte por redes sociales, a la par de que personas desconocidas les han seguido y tomado fotografías.
Los periodistas Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, por su parte, insistieron en el peligro que representa el espionaje para la protección de las fuentes, la cual es esencial para la labor periodística.
“No somos los únicos”, subrayó Camarena y, dirigiéndose a la audiencia –conformada por periodistas, activistas e integrantes de instancias internacionales—, añadió: “Más de uno de ustedes recordará haber recibido un SMS como estos (…) ojalá y más se sumen a quienes realizaron el informe”.

 

Silvia Garduño / Agencia Reforma

Cancún

El espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos es injustificable, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
“La información publicada por el New York Times (NYT) es de la mayor gravedad porque constituye obviamente una invasión en la privacidad de defensores de derechos humanos y periodistas”, sostuvo.
“Un hecho de esta naturaleza es especialmente grave porque no es posible justificarlo. Con una orden judicial se puede, en cualquier parte del mundo, autorizar la intervención de las comunicaciones de alguien que esté sujeto a una investigación penal, siempre con la autorización de un juez. Acá estamos ante una situación absolutamente irregular y que ojalá se logre esclarecer a la brevedad posible”.
En entrevista con Grupo Reforma, Vivanco, quien participa en la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que es de la mayor importancia que a raíz de la denuncia del NYT se haga una investigación lo más rigurosa posible, para determinar el origen del espionaje telefónico.
De probarse que el gobierno mexicano es responsable del espionaje, dijo, constituiría un grave abuso contra aquellos que ejercen el periodismo independiente y de investigación en México y contra quienes defienden derechos fundamentales.

 

Jenaro Villamil / Agencia Proceso

Ciudad de México

Legisladores del Movimiento Ciudadano (MC) proponen la creación de una comisión especial para investigar las “violaciones graves a derechos humanos” cometidos por el gobierno federal en contra de activistas y periodistas, a través de un sistema de espionaje.
El punto de acuerdo que se presentará en la Comisión Permanente, firmado por los diputados Jorge Álvarez Maynez, José Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, María Candelaria Ochoa y Macedonio Tamez, es la primera reacción de legisladores ante el escándalo detonado por la publicación de un informe elaborado por Artículo 19, R3D, y Social Tic, con asistencia de la canadiense Citizen Lab, donde se da cuenta del espionaje puesto en marcha entre 2015 y 2016.
El punto de acuerdo recuerda la tesis de 2011 de la Suprema Corte de Justicia sobre la “inviolabilidad de las comunicaciones privadas y sus diferencias con el derecho a la intimidad”, al tiempo que destaca como delito grave la violación al artículo 177 del Código Penal Federal, que prevé una pena de seis a 12 años para quienes intervengan comunicaciones privadas sin mandato de una autoridad judicial competente.
También destaca que el espionaje al hijo de Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, violentó lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que subraya que los menores de edad “no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia”.
El gobierno federal desatendió también otra tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que ordena el deber de todas las autoridades a vigilar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El punto de acuerdo propone la creación de una comisión especial integrada por especialistas, instancia que indagará las dimensiones de este operativo de espionaje, así como rendir un informe trimestral sobre su trabajo.
Igual exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa para “transparentar todo lo relativo a la compra del equipo” de software a una empresa israelí.

 

Agencia Proceso

Colima

A casi seis meses del asesinato del comunicador independiente Ignacio Miranda Muñoz, la Procuraduría General de la República (PGR) todavía no ha logrado la identificación de los presuntos implicados en ese delito.
Por lo tanto, ofreció una recompensa de un millón y medio de pesos a quien proporcione información “veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente” para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables.
El anuncio se dio a conocer a través del acuerdo específico A/057/17 expedido por el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Miranda Muñoz, quien radicaba en el puerto colimense de Manzanillo fue asesinado a finales de diciembre de 2016 en Zapopan, Jalisco, y hasta la fecha, de acuerdo con el documento de la PGR, “aún no se ha logrado la identificación y ubicación de los probables responsables, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización”.
El acuerdo establece que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) consideró conveniente ofrecer una recompensa y presentó la propuesta ante el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, lo que fue aprobado por esta instancia y sometido a la autorización del procurador.
Ignacio Miranda, quien a través de su muro de Facebook realizaba denuncias sobre diversas problemáticas sociales, se asumía como “comunicador independiente”
A raíz del asesinato de Miranda, Juan Ramón Negrete Jiménez, miembro del comité nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), declaró al portal Quadratín Colima que, de acuerdo con la información que poseía, incluso de los propios comunicadores del puerto, la víctima era un exagente de vialidad del ayuntamiento de Manzanillo.
El representante de la Fapermex añadió que a pesar de que Ignacio Miranda realizaba algunas publicaciones a través de las redes sociales, nunca estuvo ligado a ningún medio de comunicación impreso, electrónico ni digital, por lo que negó que ejerciera el periodismo.