El representante de la empresa Opertur, encargada de los recorridos a pasajeros de cruceros, David Abarca, dijo que el 70 por ciento de los cruceristas pre contratan recorridos por la ciudad y tienen un efectivo cerco de seguridad.
Señaló que debido a que el MS Europa tuvo un retraso de hora y media, el bloqueo de estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física en la glorieta de La Diana Cazadora no afectó los recorridos ni el traslado de los visitantes.
Sin embargo han pedido a las autoridades estatales como municipales su apoyo para que las otras navieras regresen.
Comentó que las modalidades de embarque y desembarque generan una mayor derrama económica, pues requieren servicios como el transporte terrestre, aéreo y un mayor número de empleados.
“Vamos a tener certeza de que las navieras volverán evitando bloqueos que incrementarán el tráfico y que reducen el tiempo de estancia y de diversión de los cruceristas”, señaló respecto al bloqueo de 2 horas en la glorieta de La Diana.
Explicó que los recorridos por la ciudad son contratados cuando se pide el servicio de paseo del barco, e incluso cuando descienden los pasajeros utilizan transporte pre contratado para llegar al aeropuerto.
Mencionó que a bordo del barco hay un área donde ofrece a sus clientes asesoría como si fuera una agencia de viajes, y es allí donde ofrecen los recorridos por las ciudades a donde llegan.
Aclaró que todos los visitantes tienen la libertad de contratar o no los servicios o descender del barco y contratar alguno externo.
Añadió que con la pernocta del barco, la tripulación debe surtir de víveres combustible y otros servicios para las travesías.
La tripulación le llama avituallamiento a la adquisición de perecederos, combustible y otras cosas, “que no es más que surtir también agua y lo que requieren a bordo del barco, eso representa un gran apoyo al municipio, pues adquieren aquí lo que necesitan”, explicó.
Se le preguntó si el acuerdo de mantener seguridad en las zonas donde se realizan los recorridos de los cruceristas ha sido respetado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno y lo afirmó, dijo que incluso ha mejorado.
“Tenemos que reconocer que hemos recibido mucho apoyo y estos cercos de seguridad para que los turistas se sientan protegidos son una muestra, afortunadamente no ha pasado ningún incidente con los turistas y mantenemos en cero las incidencias, pero las noticias negativas siguen generando una mala imagen en el destino”, indicó.
Abundó que el Comité local de crucero ha hecho un buen trabajo y ha funcionado en la logística.
Detalló que el barco MS Europa tiene una gran cantidad de cruceristas alemanes, aunque también hay estadounidenses.
“Ojalá sigamos teniendo el apoyo de las autoridades para poder dar un buen servicio con una buena imagen y que los cruceros regresen porque faltan los de Holland, Carnival, Celebrity, los Princess, que son los que venían y llegaron hasta sumar 149 barcos”, concluyó.

 

Integrantes del Foro Permanente de Organizaciones Sociales (FPOS) denunciaron que la política de desarrollo rural es insuficiente y pone en riesgo al campo, porque no tiene un impacto adecuado ni hay el desarrollo necesario.
En conferencia de prensa integrantes del FPOS dieron a conocer los acuerdos y avances de la reunión con el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Eugenio Treviño García, y el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado, Juan José Castro Justo.
El representante de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Carlos Toledo Manzur dijo que tras la reunión los integrantes del foro tienen la percepción de que la política de desarrollo rural es insuficiente y está desarticulada.
“No tiene rumbo ni coordinación institucional y se presenta desintegrada con acciones que no están siendo vistas desde una visión integral una política así no tendrá un impacto en el campo”, consideró.
El perredista subrayó que se han percatado que las instituciones no acatan las “directrices” de la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable, ni la Ley Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.
Subrayó que los funcionarios de las dos dependencias no acatan la directrices de la ley, por lo que las organizaciones han tenido que presionarlos para que se reúna al Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable e integren la comisión intersecretarial.
Toledo Manzur señaló que la queja de las organizaciones es que las instituciones federales y estatales, a pesar del diálogo, no cumplen los acuerdos, no atienden a los dirigentes, no responden llamadas y no hay un trato digno para las organizaciones.
“En los últimos años ha existido un proceso muy intenso de centralización de la política de desarrollo rural, la mayor parte de los programas se deciden en México, lo que antes existía que era una concurrencia entre el gobierno del estado y la federación a través del fideicomiso de desarrollo rural a desparecido por completo, la mayor parte de los programas están centralizados”, señaló.
Por su parte Servando Oyorzabal subrayó que en dos años de esta administración sólo se han realizado dos sesiones del Consejo Guerrerense de Desarrollo Rural Sustentable cuando deberían de haber sido ocho, cuatro cada año.
Dijo que en la última reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores a raíz del aumento al precio de las gasolinas el pasado 17 de abril, ordenó que la comisión intersecretarial para operar el consejo se formara a en 15 días pero no ha pasado.
“Anoche fue la solicitud principal, que se conforme la comisión, fue el objetivo de la reunión”, agregó.
Dijo que el foro presentó una propuesta de la conformación de la comisión, para que se instale, pero no hay nada, y determinaron dar a conocer los avances para que se sepa qué debe de hacer el gobierno y no ha cumplido.
“La convulsión que vive el país y el estado de Guerrero es por la falta de aplicación de las leyes, no se están aplicando”, señaló.
Dijo que además las dependencias incurren en subejercicios, aunque no quiso entrar en detalles sobre cuáles y cómo.

La delegación estatal del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) negó recursos aprobados por la federación para productores de mezcal en las regiones Centro y Montaña baja, por presunta duplicidad en los proyectos que presentaron.
En una llamada a la Redacción, el coordinador de producción de mezcal en esas regiones, Franco Eduardo Hernández Cuevas denunció que la delegación estatal del Inaes que dirige Abel Echeverría Pineda, quien fue diputado federal y local por el PRI, retuvo los recursos que se aprobaron para los Productores de Mezcal El Dragón y Espina de Maguey, porque fueron comparados con proyectos de 2013 y se determinó que son duplicados.
A cada uno los proyectos les correspondían 300 mil pesos, con los que se generarían cerca de 100 empleos durante ocho meses, lo que dura la jornada de producción de mezcal en las comunidades Tepozcuautla, municipio de Chilapa, y Viramontes municipio de Zitlala, donde se encuentran las fábricas.
Según Hernández Cuevas “el conflicto de inseguridad” reduce las oportunidades de trabajo de los habitantes.
Explicó que los recursos los obtuvieron mediante la convocatoria 03 del Inaes, que se publicó en febrero y aunque ya habían sido aprobados por la federación, ayer se le notificó a los productores que no obtendrían el dinero porque solicitaron alambiques que ya se habían pedido en 2013 para las comunidades.
Señaló que los recursos debieron entregarse hace 15 días, pero de acuerdo con la delegación estatal del Inaes serán devueltos a la federación.
Dijo que los productores de mezcal “sabemos” que Echeverría Pineda pretende volver a ser diputado local, “nosotros la verdad quisiéramos que los recursos en lugar de parar en campañas políticas se inviertan en los campos para los campesinos, está delicada la situación”.
Exigió que el gobernador Héctor Astudillo Flores intervenga ante la directora general del Inaes, Narcedalia Ramírez Pineda, para que se entreguen los recursos correspondientes a los dos proyectos.

Etiquetas: México, Guerrero, Mezcal, Instituto Nacional de la Economía Social, Inaes, mezcal, Franco Eduardo Hernández Cuevas, Abel Echeverría Pineda, Productores de Mezcal, El Dragón, Espina de Maguey

Relaté en esta página los pormenores de los salarios en el sector hotelero de Puerto Vallarta e intenté mostrar cómo, a pesar de tratarse de un sector de éxito de la economía mexicana, seguían siendo increíblemente bajos los ingresos de los trabajadores de la industria turística. Algunos amigos objetaron que Puerto Vallarta no es un destino de punta y por lo tanto no es representativo. Ahora tuve la oportunidad de investigar anecdóticamente la situación en Riviera Maya.
La semana pasada di una conferencia a un grupo de médicos, invitados por una empresa farmacéutica y de alimentos infantiles, en un hotel todo incluido al sur de Playa del Carmen. No es de los más lujosos de esa zona, pero tampoco era, ni mucho menos, de tres estrellas. Al cenar en uno de los múltiples restaurantes del hotel, que puede llegar a albergar hasta 5000 personas con aproximadamente 2000 habitaciones, conversé con una joven habitante del municipio Solidaridad que trabajaba en uno de ellos. Ocupaba un cargo digamos a medio camino entre mesera y capitán. Me explicó cómo, de sueldo base, recibía mil 400 pesos por quincena, pero que había un reparto de propinas que el hotel entregaba al sindicato de trabajadores hoteleros (de la CROC o de la CROM, no recuerdo bien) y con esa suma, más lo que obtenía de propinas en efectivo en la mesa, es decir, directamente para ella, podía alcanzar un ingreso de aproximadamente 10 mil pesos al mes. Le dije que no me parecía tan mal, que me sorprendía que fuera tanto, en comparación con lo que había yo podido comprobar en el Pacífico.
Seguimos conversando y le dije: “Bueno, entonces en promedio cada mes no te va tan mal”. Me dijo que en efecto así era pero que los promedios no eran constantes, ya que al depender tanto de la propina el ingreso, éste dependía también de la ocupación. Durante los meses de baja ocupación, podía bajar el ingreso a 8 mil o 9 mil pesos. Contesté que lo entendía, pero que aun así se encontraba en una situación preferible a la de sus colegas en otras partes de la República. Y luego, para mi sorpresa, me dijo: “¡Claro! Hay meses de baja ocupación, pero también hay meses –tres o cuatro al año– cuando cierra el hotel”. Sorprendido, le respondía que cómo podía suceder eso. Replicó que los meses de muy baja ocupación como septiembre, octubre, noviembre y quizás alguno de primavera que no fuera Semana Santa, el hotel sencillamente cerraba y punto. Pregunté qué sucedía con los trabajadores y con ella en particular y me contestó que los mandaban a su casa y los volvían a contratar cuando abriera de nuevo el hotel. Traté de entender cómo funcionaba el sistema y en particular si ella tenía alguna posibilidad de conseguir otro empleo durante los meses de cierre del hotel. Respondió que no.
Concluí entonces que sus 10 mil pesos al mes, en efecto, son tales, pero por ocho a nueve meses al año. Si prorrateamos esos 80 mil entre 12, nos encontramos de nuevo en los 6 mil 500 a 7 mil pesos al mes de Puerto Vallarta. Es decir, nuevamente, en un sector de éxito de la economía nacional, y en una región de punta de ese sector de éxito, el ingreso promedio, no de los trabajadores menos bien pagados, –que son recamareras, lavatrastes, jardineros– sino el segmento inmediatamente superior, eso es lo que gana una joven mexicana de 25 años en la Rivera Maya. Y luego nos preguntamos por qué la gente está enojada.

Desde hace más de una década, en el Departamento de Estado llaman a Honduras “el hoyo negro”, porque esa pequeña nación centroamericana es una exportadora masiva de criminales, con redes en México a través de Los Zetas, y las tríadas chinas, que manejan parte de la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos. Honduras siguió el camino que trazó la Mara Salvatrucha, la pandilla creada en los 80’s en Los Angeles con salvadoreños que huyeron de la guerra civil financiada por Estados Unidos. Con esas dos naciones penetradas por delincuentes, Guatemala, la primera puerta de entrada a Norteamérica, quedó infectada y se sumó, en la Mesoamérica, a los cárteles mexicanos con los que expandieron el crimen trasnacional.
Este fenómeno –abreviado en extremo–, explica la vieja preocupación de los gobiernos en Washington y la Ciudad de México para establecer un freno en el Suchiate mediante la construcción de una barrera de contención, equivalente a un buffer state. Las desconfianzas mutuas llevaron a que durante muchos años la cooperación regional entre los dos países estuviera limitada. Pero en la última parte del gobierno de Barack Obama, el entonces jefe de la Casa Blanca se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y dieron las primeras pinceladas para un acuerdo marco, que ha tenido como su primera expresión la Alianza para la Prosperidad, impulsada por los países del Triángulo del Norte, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras.
La primera gran reunión de la Alianza para la Prosperidad en el gobierno del presidente Donald Trump comenzó este jueves en Miami, convocada por Estados Unidos y México, que están trabajando para establecer controles a la migración, utilizada por los cárteles de la droga mexicanos. Pero si bien el tema de la seguridad es dominante y lo que más atención genera en la opinión pública, el énfasis en el cual se están centrando los dos gobiernos, como una forma para enfrentarla bajo otros ángulos y estimular el desarrollo económico, es la parte fiscal.
Como nunca antes en el esquema de seguridad regional, hay un desdoblamiento en la estrategia para combatir el crimen trasnacional, como se vio en la sesión de este jueves con los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Hacienda, José Antonio Meade, que sacaron a las reformas fiscales del ángulo ciego en que se encontraban. Andrew Wainer, director de Investigación de Save the Children en Estados Unidos, sostiene que el impacto de la evasión de impuestos es particularmente alarmante en el Triángulo del Norte, donde se mezcla con la ausencia de un Estado de Derecho. De acuerdo con el Global Financial Integrity, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, los flujos financieros ilegales costaron mil billones de dólares en 2013 a las naciones en desarrollo, que “tienen un terrible impacto subversivo sobre los gobiernos, las víctimas de los crímenes y la sociedad”.
En su último reporte en marzo sobre este tema, el presidente de esta organización, Raymond Baker, afirmó: “La comunidad internacional ha puesto muy poca atención al combate del dinero en el crimen trasnacional, prefiriendo enfocarse sobre lo material o las manifestaciones de los crímenes. La lucha debe ser redirigida a combatir el dinero que el crimen genera. Esto significa cerrar el oscuro sistema financiero que facilita el movimiento del dinero y la secrecía de los recursos que se generan ilegalmente. Nada de esto es técnicamente difícil. Es un asunto de voluntad política”.
Este es el gran giro que se está viendo en Miami. “América Latina es la región más inequitativa en el mundo, y el Triángulo del Norte es notoriamente pobre en recaudación de impuestos y equidad en el gasto”, dice Wainer. “Mientras que algunas naciones latinoamericanas emplearon una tasa impositiva progresiva para reducir la desigualdad en el ingreso, la política fiscal regresiva en Centroamérica exacerbó su de por sí severa desigualdad. En los últimos años, Guatemala tuvo el radio más bajo de impuestos comparado con el Producto Interno Bruto, con 12 por ciento, en comparación con Brasil donde la tasa fue de 36 por ciento o Dinamarca, donde fue de 48 por ciento”.
Wainer explica que junto con las estructuras fiscales regresivas, América Central está plagada por algunas de las tasas criminales más altas del mundo, como la extorsión, que la organización privada InSight Crime ubica como “el epicentro” global al Triángulo del Norte. Los salvadoreños pagan 400 millones de dólares anuales en extorsión, mientras los hondureños pagan 200 millones y los guatemaltecos 61, de acuerdo con la prensa local. “Los centroamericanos pobres están atrapados en medio de las estructuras fiscales formales y legales que privilegian a los ricos y a las prácticas ilegales que afectan a los pobres”, dice.
La intención de México y Estados Unidos es que reorienten su sistema fiscal para hacerlas menos vulnerables al crimen. No es una ruta fácil y está llena de contradicciones. Peña Nieto sigue pagando en las encuestas de aprobación la reforma fiscal de 2013, que fue progresiva y le generó derrotas electorales en el norte del país, mientras que la idea de Trump, reducir impuestos, se contrapone a lo que Mnuchin pide para Centroaérica, cuyos gobiernos siguen teniendo respaldo sólido de los grupos empresariales, que serían los más afectados por una reforma fiscal. Pero la disyuntiva es clara: ceder para ganar. Es decir, reducir utilidades a cambio de hacer viables esas naciones para inversión, desarrollo y mercado de consumidores, o dejar que sea el crimen trasnacional el que determine el futuro de la región.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Esta semana autoridades tradicionales wixárikas y nayeris dieron una conferencia de prensa para manifestar, una vez más, que no están dispuestos a permitir la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces en el estado de Nayarit. Esta obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afectará no solamente el territorio de 33 comunidades, una de las cuales quedará bajo el agua, sino varios sitios sagrados, entre ellos un centro ceremonial.
Los pueblos afectados llevan ya varios años luchando en contra de la realización de esta obra pero no han sido tomados en cuenta. Según la CFE, se realizó una consulta entre las comunidades y aprobaron la obra, sin embargo, la consulta no se llevó a cabo de la manera adecuada; no se tomó en cuenta a los pueblos para organizarla, no se les presentó previamente toda la información requerida para tomar una decisión y solamente participó poco más del 30 por ciento de la población. En síntesis, la consulta fue una simulación.
Hace un par de años, me encontré con un antropólogo que trabajaba para la CFE y me explicó cómo hacía las consultas, palabras más, palabras menos, lo que me dijo fue: “te haces amigo del comisario de la comunidad, lo invitas a beber, lo convences de que la obra les conviene y como a la tercera borrachera lo haces que firme. Ya después reúne a algunos de sus compadres o vecinos y sacan una acta de asamblea”.
No sé si esta persona fue quien hizo esta consulta en particular, ni me consta que así se haya hecho, pues me lo dijo sólo en una plática de café, pero probablemente así funcionan las supuestas consultas de la CFE. Tal vez los altos funcionarios de esta empresa, al desconocer el tema, confíen en la gente que contratan y piensen que las consultas están bien hechas, pero evidentemente no es el caso.
Dejando de lado lo anterior, simplemente el hecho de que participe menos del 50 por ciento de la población en una consulta es razón suficiente para que no se considere válida, y la misma CFE reconoce que la participación fue menor.
Este es un caso más de los cientos que hay en el país en los que se realizan obras que perjudican a los pueblos indígenas, sin que se realice la consulta previa, libre e informada como está establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, signado por México, que además decreta que son los gobiernos los que deben realizar las consultas, no las empresas interesadas.
La construcción de la presa Las Cruces es sin duda una violación a los derechos de los pueblos indígenas, es un proyecto que los despoja de su territorio y de sus lugares sagrados, y atenta contra su identidad y su vida. Es también una violación al Convenio mencionado, un caso más de los que el Congreso Nacional Indígena ha denunciado y pretende difundir ampliamente a través de su candidata.

Una tosca sociología, que desde hace mucho tiempo domina las opiniones circulantes, tergiversa estos conceptos de masa y minoría selecta, entendiendo por aquélla el conjunto de clases económicamente inferiores, la plebe, y por ésta las clases más elevadas socialmente. Mientras no corrijamos este quid pro quo no adelantaremos un paso en la inteligencia de lo social.
Ortega y Gasset

Las policías comunitarias en Guerrero surgieron en la década de los noventa de la populista y torpe decisión del gobierno de ceder a los ciudadanos responsabilidades y atribuciones exclusivas del Estado, es decir, de brindar seguridad con la fuerza pública, cediendo uno de los monopolios del Estado que es el del uso de la violencia contra los particulares que atenten con el uso de la fuerza las instituciones, el patrimonio, la paz pública y vida de las personas.
Lo anterior con el argumento de que las comunidades se defendieran de la delincuencia que las empezó a azotar incluso reconociendo tácitamente en complicidad o con la participación directa de las policías estatales y ministeriales, es decir, reconociendo la incapacidad del Estado para brindar seguridad y proteger a las personas y la existencia de elementos policiales que a la vez se dedicaban a delinquir y ultrajar a la población indígena y rural.
Torpe decisión porque no se puede entregar a un grupo de individuos, por muy electos que sean en sus comunidades, por muy justificada que sea la inseguridad y presencia de la delincuencia y de delincuentes con charola de policías, la facultad de armarse y abrogarse la facultad de dar seguridad y menos de impartir justicia de manera autónoma y sin la regulación, vigilancia, supervisión de las instituciones, lo que ha dado pie, y en los hechos se ha confirmado, a que su propósito primordial no sea la seguridad de las comunidades, sino mantener el control de las zonas donde operan en beneficio de grupos delincuenciales, además de estar integrados por individuos que también provienen de la delincuencia, situación que ha generado codicia entre sus dirigentes peleando internamente el liderazgo para recibir prebendas y privilegios, así como una competencia con las demás policías comunitarias enfrentándose a muerte por el control territorial y político de las comunidades, saliéndose totalmente de la ley hasta llegar a convertirse en grupos altamente peligrosos para la sociedad.
El gobierno cedió una parte del poder a esos grupos, se los compartió y por ello es que hoy se pasean delinquiendo y asesinando con impunidad, la pregunta es quién va a rectificar esta situación y cómo, porque no fueron los gobiernos municipales los que los alentaron, fue el gobierno del estado, en las anteriores administraciones el que les dio alas, el Congreso del Estado al aprobar una ley de las que estos grupos se agarran para justificar falsamente su creación y operación. El actual gobierno estatal es al que le está explotando el problema de la ambición de poder e intereses económicos de estos grupos, y su incapacidad para coexistir, lo que está ya afectando no sólo en la seguridad y paz, sino en vidas a la sociedad.
No se tenía porqué llegar hasta esta situación si desde un principio el gobierno hubiera implementado un permanente diálogo para gradualmente encauzar, vigilar y regular las actividades de estos grupos, se les dejó hacer y deshacer. Ahora ante las atrocidades que están cometiendo, como la de matar a niños, se habla de un hasta aquí, de un desarme seguramente no unilateral porque si fuera el caso obviamente que esos grupos armados no se van a dejar llámese Fusdeg, Upoeg, Tecampanera, Por la Paz y la Justicia, Crac original o institucional, Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan o Policía Ciudadana Adrián Castrejón, porque además todas estas policías representan diferentes problemáticas e intereses, se requerirá de un tratamiento muy bien medido para hacer la rectificación, pero urge, estos grupos no pueden seguir operando como hasta ahora, pero tampoco el gobierno cediendo espacios de poder por inacción, omisión o irresponsabilidad.
Vuela vuela palomita y ve y dile: A quien lo tenga que decir, a los funcionarios, alcaldes y diputados, que en Guerrero hay mucho trabajo y problemas que atender, que dejen de andar calentándose antes de tiempo y que se pongan a trabajar, en lugar de andar buscando una candidatura a destiempo.

El gobierno de la República trabaja para generar las condiciones necesarias para un ejercicio pleno del periodismo profesional y riguroso, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
Al tomar protesta al nuevo presidente del Consejo de la Comunicación, Federico López, el gobernante insistió en que el ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática.
“Por ello, este gobierno es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación”, afirmó.
Cuando el mexiquense terminaba esa frase, el periodista Álvaro Delgado, de la revista Proceso, se levantó de su lugar con una manta que decía “Basta de Sangre. Rectifique, Presidente. #Ni uno más”.
El reclamo ocurre a un mes del asesinato del reportero de La Jornada, Javier Valdez, en Sinaloa.
Efectivos del Estado Mayor Presidencial inmediatamente intentaron sacarlo del salón Adolfo López Mateos, en Los Pinos, pero el presidente les pidió dejarlo para que mostrara su manta.
“Señores, amigos del Estado Mayor, déjenlo que exponga su manta. Estamos hablando de espacios plurales y libertad de expresión”, dijo Peña Nieto, lo que le ganó el aplauso de empresarios y conductores de medios de comunicación electrónicos.
Insistió a los comunicadores que su compromiso es generar condiciones para que realizan su trabajo de manera libre.
En el evento, el presidente pidió a los mexicanos comprometerse con México.
“Aquí lo importe es no esperar que alguien y, menos, que solo un gobierno venga a hacer estas transformaciones.
“En estoy últimos años este gobierno ha impulsado, promovido, las importantes transformaciones que, convencidos estábamos, México necesitaba para poder tener un asidero de donde tomarse y poder tener un horizonte de mayor desarrollo y prosperidad para su sociedad”, agregó.
Peña Nieto dijo estar consciente de los retos que aún tiene por delante, pero dijo, esos cambios están en la etapa de instrumentación.
“Pero también reconocemos que todavía nos falta avanzar, repito, no puede ser solo de un Gobierno, solo de un hombre, lo es de todos”.
El gobernante consideró que deben valorarse los cambios que el País tiene. Por ejemplo, expuso, el México analfabeta de hace 90 años ya no existe.
“A veces dejamos de lado lo que hemos logrado. Admitir las fallas, los errores y los desaciertos, pero también apreciar los pasos que sí hemos dado”, pidió.
Además, reconoció que es necesario reforzar la cultura de la legalidad, por lo que aseguró que en la campaña que lanzará el Consejo de la Comunicación al respecto, su gobierno ayudará.
“La formación de ciudadanos, y lo quiero subrayar, de ciudadanos de bien y comprometidos con México, es responsabilidad de todos.
“Los valores y principios que inculcamos a las nuevas generaciones en la casa, en la escuela y en las áreas de convivencia definirán el rumbo de nuestro país, indicó.