La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa de 9 millones de pesos para dar con los responsables de los asesinatos de cinco periodistas, entre ellos el de Cecilio Pineda Birto, ocurrido el 2 de marzo en Ciudad Altamirano, y de la tentativa de homicidio contra una periodista.
La PGR señaló que el monto será para la persona que proporcione información con la “veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad” para dar con el paradero del o los responsables de los asesinos de cada uno de los cinco periodistas, y la tentativa de homicidio contra otra periodista y recibirá la cantidad de un millón 500 mil pesos.
Además del de Pineda Birto, director de La Voz de la Tierra Caliente y colaborador de El Universal,
los casos por los que se ofrece la recompensa son el del periodista independiente Ignacio Miranda Muñoz, asesinado en Zapopan, Jalisco en 2016.
El 23 de marzo fue asesinada la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach Velducea, en Chihuahua. El 14 de abril fue asesinado el reportero de la sección de policiaca del Blog Colectivo Pericú, Maximino Rodríguez Palacios, en La Paz, Baja California Sur.
El 14 de mayo fue asesinado el corresponsal de La Jornada y editor del semanario Ríodoce, Javier Arturo Valdez Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa. Mientras que la subdirectora comercial del semanario El Costeño de Autlán, Sonia Córdoba Oceguera, fue herida de bala en Jalisco cuando viajaba con su hijo quien falleció en el ataque.
La Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) consideró conveniente ofrecer dichas recompensas y presentó la propuesta ante el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, en los términos dispuestos por la ley.
Asimismo, la dependencia indicó que será designado un servidor público, quien recibirá la información que envíe la persona para dar con los responsables de los asesinatos y la tentativa de homicidio en el domicilio ubicado en la calle de López número 12, primer piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, CP 06050, Ciudad de México, o al correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx o en los números telefónicos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 504748 en la Ciudad de México, y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país.
Precisa que la entrega de la recompensa no será aplicable a los servidores públicos en funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.
La PRG no menciona el caso del periodista Francisco Pacheco, asesinado el pasado 25 de abril de 2016 en Taxco de Alarcón. Así mismo se excluye de la lista de recompensas el asesinato del colaborador de El Sol de Córdoba, Veracruz Ricardo Monlui, ocurrido el pasado 14 de marzo de quien hay dos presuntos agresores detenidos.

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que se debe de insistir a los pobladores desplazados por la violencia de las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyulco, municipio de Chilapa, que regresen porque “no habrá problemas”.
“Yo creo que hay que insistirles en que pueden estar en sus pueblos y en sus casas y que no habrá problema, eso es lo que se está insistiendo desde hace varios días”, agregó.
Este martes en la mañana el gobernador asistió a la misa de celebración de San Antonio de Padua en el barrio que lleva su nombre, donde los vecinos cantan las mañanitas y comen pozole en su plaza.
El gobernador llegó 15 minutos antes de que concluyera la eucaristía, en la que el párroco Pedro García Delgado pidió una oración para encontrar la paz y el orden que necesita Guerrero.
Este sábado se dio conocer que en tres días los vecinos de dos pueblos de Chilapa fueron desplazados por la violencia, tras ser advertidos de que se registraría un ataque armado. Las familias desplazadas exigieron por seguridad pública, además de pedir que la policía no sea corrupta para que la gente pueda regresar.
Con música de banda de viento de fondo, Astudillo Flores fue consultado sobre las familias desplazadas por la violencia de las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyulco, a lo que respondió que era una situación delicada.
“Hemos estado en diálogo permanente con el presidente municipal (Jesús Parra García) y con la Secretaría de la Defensa Nacional, a efecto de poder reforzar”, señaló.
A su salida de la iglesia que corona el barrio de San Antonio, el gobernador recordó que en Chilapa existe una operación, inclusive una base de operaciones mixtas que se ha colocado en la zona por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A pesar de este despliegue de seguridad en la zona, el gobernador reconoció que existe temor por parte de las familias de regresar a sus casas.
Reiteró que la seguridad se está dando en la zona y que la insistencia es que regresen las familias.

El fiscal le dijo que es necesaria la necropsia a Eduardo Catarino

Después de desayunar pozole blanco bajo una carpa, Astudillo Flores ofreció más declaraciones en las que habló del bloqueo de las entradas a Tixtla, que duraron siete horas, para exigir seguridad. El gobernador señaló que el fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, le comentó que para continuar con el caso es necesario “saber cosas que sólo se pueden saber con la necropsia” al cuerpo del líder de Morena, Eduardo Catarino Dircio.
“Es muy importante recibir la aportación de algunas cosas por la vía de la Fiscalía, para lograr que la investigación sea más concreta, y precisa, que se pueda tener mejores elementos para conclusión”, comentó.
Agregó que los policías estatales que participaron en el enfrentamiento declararon ante la Fiscalía, y que sus declaraciones fueron incorporadas a la carpeta de investigación que armó la FGE.
De la intervención del gobierno del estado ante la demanda de seguridad de los pobladores de Tixtla, dijo que se deben de conducir de “la manera correcta”.
Dijo que su gobierno ha actuado de manera correcta y que la FGE ha trabajado en su investigación sobre los hechos donde fue asesinado el abogado Catarino Dircio.
“Yo creo que hay que entrar en contacto con la familia y hacerlo con el propósito de atenderles, escucharlos y orientarles en todo lo que nos corresponda, ayer fue una comisión a Tixtla y por supuesto, lo que le interesa al gobernador es que en este estado las cosas se dejen claras y definidas”, agregó.

Lo más conveniente es desarmar a las policías como la UPOEG

En Acapulco, en declaraciones después de una reunión privada con productores agropecuarios y acuícolas, el gobernador señaló que “no concuerda” con la petición de seguridad de los vecinos de Tixtla, de que salga el Ejercito de ese municipio.
El gobernador reconoció que la inconformidad de los vecinos es producto del asesinato del abogado Eduardo Catarino.
“Lo que yo no acabo de entender es que alguien pida que el Ejército no entre o la policía del estado no entre, estoy convencido que es un tema que no concuerda frente a un acontecimiento muy lamentable, muy reprobable, el cual tiene que ser investigado”.
Catarino Dircio fue asesinado el 4 de junio por un policía estatal que irrumpió en su casa tras un enfrentamiento con sicarios.
Astudillo Flores indicó que ya tiene avances de la Fiscalía General del Estado sobre el homicidio, pero no puede darlos a conocer. “Lo importante es terminar la investigación y parte de la investigación es saber bajo qué condiciones y bajo qué arma, qué tipo de armamento o de bala le quitó la vida al licenciado (Eduardo Catarino) es algo elemental, que mientras no se tenga va a ser muy complicado que se tenga un avance concreto”.
El gobernador aseguró que es sensible y comparte la indignación por el homicidio y tiene toda la disposición para que el caso sea esclarecido.
En otro tema, Astudillo Flores insistió en que “lo más conveniente” es desarmar a las policías como la de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), porque “son puros problemas los que generan, no soluciones”.
El viernes policías de la UPOEG atacaron cuatro casas en el poblado de San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco, lo que dejó siete muertos y dos heridos, por esa acción el gobernador dijo el sábado que se les debe poner “un hasta aquí” a esas policías, lo que fue respaldado por el gobierno municipal.
Astudillo Flores dijo que esas organizaciones que se han autoproclamado policías comunitarias “no son policías, son grupos armados, y a lo único que se dedican es a defender intereses que todavía no se acaban de aclarar”.
Abundó que no deben operar porque la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, “es muy clara: zonas indígenas”.
“Lo que ha sucedido es que este tipo de grupos se han armado para meterse en lugares donde no hay explicación”.
Sobre si habrá desarme a las policías como la de la UPOEG, el gobernador respondió “en eso se está”.
Indicó que la Fiscalía lleva la investigación del caso para conocer cuál fue la participación de cada uno de los responsables de “esta aberración que sucedió y que es muy reprobable y que al final de cuentas lo único que se requiere es que haya justicia”.
Agregó que ese crimen tiene que ser castigado.

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no tiene ningún inconveniente en atender a los comerciantes de Chilpancingo que han denunciado una escalada de extorsiones en la capital del estado, y dijo que tienen derecho a estar armados dentro de sus negocios.
El domingo, afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) denunciaron que son extorsionados por un grupo delictivo que les pide cobro de piso y anunciaron diversas medidas de seguridad, como tener armas en sus negocios, cerrar a las 8 de la noche, colocar cámaras de seguridad y el lunes anunciaron que buscarían una audiencia con el gobernador.
El lunes, al término de la entrega de recursos para proyectos productivos a mujeres indígenas, se le preguntó al gobernador si tenía alguna reacción ante lo señalado por el dirigente de la Canaco, Víctor Ortega Corona, y no respondió a la reportera.
Y ayer, antes de retirarse del barrio de San Antonio, se le preguntó al gobernador sobre la denuncia de los coemrciantes capitalinos, quienes señalaron que se vive un “terror generalizado” por las amenazas de un grupo del crimen organizado, pero sólo se despidió sin dar declaraciones.
Más tarde, en Acapulco, se le insistió en la pregunta y aunque primero no contestó, en declaraciones después de una reunión privada con productores agropecuarios y acuícolas, el gobernador informó que atenderá en audiencia a los integrantes de la Canaco Chilpancingo.
Astudillo Flores informó que recibirá “con mucho gusto” en audiencia a los socios de la Canaco Chilpancingo, a quienes se refirió como sus “amigos”, para escucharlos y ver de que forma puede ayudarlos.
De la advertencia que el domingo hicieron, de que tendrán armas en sus comercios para hacer frente a la inseguridad, el gobernador respondió que pueden hacerlo, pues es un derecho tener armas dentro de su propiedad.
“Ellos están facultados para hacerlo (tener armas) en los términos de la propia ley en su domicilio especialmente”.
“No tengo ningún inconveniente en reunirme con Canaco, todos ellos son mis amigos y los voy a escuchar y por supuesto que en todo lo que yo pueda tendré la mejor respuesta para tratar de que se cuiden y cuiden a sus familias y su actividad que desarrollan todos los días”, dijo el gobernador.

 

 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, dijo que aún no hay fecha para la comparecencia del fiscal general Javier Olea Peláez, y que este jueves habrá una reunión en la que se presentará el dictamen correspondiente para citarlo.
En declaraciones en el Congreso local, donde se llevó a cabo el 11 Parlamento Estudiantil, se le preguntó a Añorve Ocampo cuándo comparecerá Olea Peláez, luego del punto de acuerdo que hicieron el PRD y el PT para llamarlo ante el legislativo, y dijo que la Junta de Coordinación Política no ha emitido el dictamen correspondiente.
Señaló que mañana la junta se instalará para discutir el tema y tomar una decisión al respecto de la fecha en que se citará a Olea Peláez.
Se le preguntó si hay una fecha aproximada, debido a que el PRD y el PT propusieron que la comparecencia se llevara a cabo mañana, y dijo que no la hay, ya que los representantes de los partidos deben llegar a un acuerdo, aunque es un hecho que el Congreso local se está preparando para recibir al fiscal, que será mediante las comisiones y no ante el pleno.
Sobre si la junta ha considerado llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, Añorve Ocampo dijo que no, pero podría considerarse “si alguien lo pone en la mesa”.
El PRD y el PT solicitaron que Olea Peláez fuera llamado a comparecer para que informe sobre las políticas públicas, acciones y estrategias que ha implementado al frente de la institución y los resultados de éstas; así como que explique sus afirmaciones acerca del diputado con licencia, Saúl Beltrán Orozco, a quien en un video señala como “el Tequilero número uno”.
En cuanto a los grupos de autodefensa en el estado y si el Congreso local puede regularlos, dijo que “por supuesto que nosotros podemos regularlos, es un asunto del estado y a través de las leyes estatales nosotros tenemos que deslindar cuáles son las facultades de unos y de otros y esa es nuestra función”.
Se le preguntó si se deben desarmar a las autodefensas, y contestó que coincide con la postura del gobernador Héctor Astudillo Flores, “sí es importante, porque finalmente tienen una función que seguramente dentro de la comunidad son importantes, pero también en muchas de las ocasiones propicia que haya enfrentamientos entre ellos”, en referencia al conflicto entre el FUSDEG y la UPOEG.

 

Con algunos universitarios, dos asociaciones civiles, dos feministas, un sindicalista, cuatro representantes de partido, dos del PRI, funcionarios electorales, de derechos humanos y un reclamo por la ausencia de diputados, se realizó la primera mesa de Diálogos para una Cultura Cívica del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en Chilpancingo.
El vocal de la junta local del INE Guerrero, Dagoberto Santos Trigo, reconoció que hicieron invitaciones personalizadas a un universo más amplio de personas, no precisó cuántos, y sólo llegaron los que estaban en la sala de Rectoría en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
En consulta, informó que se convocó a la sociedad a un diálogo abierto para definir porqué la ciudadanía sólo participa en procesos electorales, y los partidos “cuando llegan al poder se olvidan de los compromisos de campaña, porque no hay una sociedad que reclame”.
En este sentido, dijo que impulsan la exigencia a los partidos políticos, a sus gobiernos y quienes tienen el poder de reformar la ley, “para que haya consecuencias si no se cumple con las promesas de campaña, no sólo a nivel federal sino local”.
De la representatividad de la primera mesa que se llevará en las regiones, dijo que “invitamos a aquellos que tienen opinión. La verdad de las cosas sería un tanto complicado tener una mesa mucho más amplia, la idea es sentar las bases e invitamos a quienes son de organizaciones no gubernamentales para que expongan qué creen que pueda ayudar a tener una ciudadanía más participativa”.
Por separado, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Maricela Reyes Reyes, opinó que los diálogos del INE pretenden generar confianza, ya que “las instituciones tienen poca credibilidad”.
De la falta de la mayoría de representantes de partidos, pues sólo hubo del PRI, PAN y Morena, indicó que las instituciones democráticas, como los partidos, no significan prácticas democráticas, y tampoco es fácil establecer mecanismos de participación, y los ciudadanos “debemos (también) ponernos en ese dilema”.
En la mesa, el representante del PRI, Heriberto Huicochea, dijo que la débil cultura democrática en Guerrero es multisectorial, “no obedece a un factor mayoritariamente”, que la desconfianza en las instituciones, la poca credibilidad en el resultado de las elecciones por parte de la sociedad “obliga a replantear las estrategias de participación ciudadana”, y que la tarea de concientizar a la ciudadanía recae en los órganos electorales.
El representante del PAN, Carlos Millán, señaló que los 70 años continuos del PRI en el poder responden a la pregunta de la escasa cultura democrática, y “básicamente” la solución es mayor transparencia, cultura cívica y acabar con la impunidad.
El enviado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alberto Sierra, señaló que no se debe entender al poder fuera de la ética.
La feminista María Luisa Garfias Marín cuestionó la ausencia de diputados en la reunión y estimó que hay falta de interés para legislar en la materia, y criticó que el Congreso local no haya dado curso siquiera a la iniciativa de ley para regular la violencia política de género en el proceso electoral que se aproxima.
El representante del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, recordó que la elección por urnas en México en la historia, no ha representado paz, sino fraudes constantes en México, y que la alternancia en el 2000 con el PAN, tampoco acarreó democracia, “sino la profundización del neoliberalismo, al que el PRI abrió la puerta con Miguel de la Madrid desde 1982, y Carlos Salinas de Gortari”.
Reconoció que pueblos y organizaciones han usado las elecciones como mecanismo de lucha, en relación a la propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI), que nombró a una vocera para impulsarla como candidata independiente a la Presidencia de la República en 2018.
Señaló que si los órganos electorales pretenden aplicar modelos que motiven la participación deben considerar la historia de los pueblos, basados en usos y costumbres, incluir a mujeres, jóvenes y a víctimas de la violencia social, en particular de aquellos que sufren la desaparición forzada y asesinatos “que no son de interés para los partidos políticos”.

 

 

Un total de 13 mil 621 habitantes de Ayutla participaron en la consulta para elegir el modelo que utilizarán para elegir a sus autoridades municipales. 7 mil 178 votaron por el modelo A de asambleas, y 5 mil 965 eligieron la de planillas, mientras que 478 no se identificaron con ninguna de las dos propuestas y anularon su voto o se abstuvieron.
De acuerdo con la actas de las 140 colonias y comunidades que tiene el municipio de Ayutla, disponibles en el portal electrónico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), el 52.7 por ciento eligió el modelo de asambleas para escoger a sus próximas autoridades municipales, modelo que apoyó e impulsó la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), así como los pueblos integrados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Mientras que el 43.8 por ciento eligió el modelo de planillas, que es la que se asemeja más a la elección por partidos políticos, y fue apoyada por los simpatizantes y militantes del PRD, PAN, PRI, PVEM, además de la propia alcaldesa Hortencia Aldaco Quintana, que fue postulada por el último partido en colación con el PRI.
El 3.5 por ciento de la población que asistió a las asambleas anuló su voto o se abstuvo. La diferencia de votos fue de mil 213 votos.
La fuerza del modelo B fue en las colonias de la cabecera municipal, donde obtuvo en las 30 colonias un total de mil 968 votos, mientras el modelo A obtuvo mil 153 votos. Contrario a lo ocurrido en las comunidades, donde el modelo B obtuvo, 3 mil 997 votos y el modelo A, 6 mil 25 votos.
El sábado y domingo participaron más ciudadanos en las asambleas de la consulta que en la realizada en octubre de 2015 para definir el sistema de elección en Ayutla. De los 11 mil 984 ciudadanos que asistieron a las asambleas, 5 mil 987 votaron por el sistema normativo de usos y costumbres, y 5 mil 521 votaron a favor del sistema de partidos y 476 ciudadanos se abstuvieron.
Comparando los datos con las que fueron las últimas elecciones por partidos políticos en 2015 para presidente municipal, se registró una asistencia de 24 mil 725 votantes, un 64.26 por ciento del total del padrón electoral. La actual alcaldesa postulada en coalición PVEM-PRI ganó con 8 mil 972 votos, seguido del candidato del PRD, Jorge David Villanueva, que obtuvo 8 mil 687 votos.

 

 

 

El director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Ulises Sandoval Catalán, informó que en la consulta por usos y costumbres del modelo de elección del gobierno municipal en Ayutla, hubo incidentes menores que no pusieron en riesgo las asambleas que se celebraron el sábado y domingo.
Del proceso de ayuntamientos, diputados y gobernador de 2015, dijo que de 225 averiguaciones previas abiertas por la Fiscalía, sólo ocho casos se consignaron como delitos electorales, los jueces les otorgaron cinco órdenes de aprehensión y a la fecha los procesos están abiertos en segunda instancia.
En una reunión del Instituto Nacional Electoral (INE) en Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se le consultó sobre las denuncias que trascendieron durante la consulta de Ayutla el sábado y domingo, en 140 colonias y localidades.
Señaló que la Fepade acudió a la mayoría de las asambleas de la cabecera municipal, delegaciones y comunidades, y confirmó que las asambleas se desarrollaron de forma pacífica.
Precisó que donde hubo inconformidades, integrantes de la Fepade resolvieron dudas y brindaron asesorías a las autoridades comunitarias. De las denuncias, aclaró que fueron rumores de situaciones en el momento “nada concreto”, y hasta ayer no había ninguna denuncia formal ante la fiscalía.
Indicó que sólo se formuló una queja que será turnada al Instituto Electora y de Participación Ciudadana (IPEC), para que valore si procede o no.
Por separado, la presidenta del IEPC, Maricela Reyes Reyes, informó que hubo una denuncia específica de policías comunitarios armados que tendrá que valorar el órgano electoral.
De los incidentes, Sandoval Catalán informó que hubo señalamiento de que no se permitía votar en las asambleas a personas que no pertenecen a la localidad, y que tampoco se permitió la asistencia de observadores en determinadas asambleas, porque no pertenecían al área en cuestión. En cuanto a los rumores, aclaró que la fiscalía los investigó.
Además, indicó que se cuestionó la intervención de “organizaciones de aquella región” en la consulta, y aclaró que aunque sean militantes de una organización o partido, también son ciudadanos con derechos que no les pueden restringir.
Destacó que las asambleas estuvieron a cargo de las autoridades comunitarias, que ahí la población determinó quienes iban a participar y la forma en que iban a regir la elección por usos y costumbres.
Luego habló de las denuncias en el proceso ordinario y extraordinario de 2014-2015. Dijo que fiscalía concluyó 98 por ciento de los casos.
Detalló que de 225 averiguaciones previas, sólo ocho fueron consignadas, los jueces otorgaron cinco órdenes de aprehensión, pero el ejercicio de la acción penal sigue en segunda instancia.
Después de aquel proceso electoral, indicó que recibieron 35 denuncias, tres en 2017 y las últimas se integraron en carpetas de investigación en el nuevo sistema penal acusatorio. Consideró que sin proceso electoral, los denunciantes pierden interés y dificulta la investigación que la fiscalía está obligada a agotar.

 

Ejidatarios de la Sabana y productores de diferentes municipios de Costa Grande protestaron durante el arranque nacional del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (Pesa), a cargo del titular de la Sagarpa, José Eduardo Calzada Rovirosa, los primeros para exigir una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que se aclare el pago de la indemnización del derecho de piso del viaducto diamante.
Los segundos para pedir que se entregue el nombramiento de la Junta Local de Sanidad Vegetal en Atoyac, la cual indicaron la delegación de Sagarpa quiere desaparecer.
Los ejidatarios de la Sabana mostraron una manta frente al presidium, mientras estaba la ceremonia oficial del arranque del programa federal, en la que le pedían al gobernador justicia, que les esclarecieran como se realizó el pago de indemnización del tramo carretero de La Venta a Punta Diamante.
Un escolta les solicitó que se retiraran y los ejidatarios guardaron la manta, pero cuando le tocó el turno de hablar a Astudillo Flores nuevamente la extendieron, pero ya no enfrente del templete sino aun lado.
El presidente del Consejo de Vigilancia del ejido, Mariano Molina Salinas, indicó que el lunes les informaron que “alguien de una dependencia metió mano” y se detuvo la investigación de la denuncia que hicieron en el Ministerio Público para exigir que se esclarezca cuanto se le pagó al comisariado y si corresponde con lo que le entregó a los ejidatarios. Por eso solicitaron una audiencia con el gobernador.
Después de la ceremonia, un grupo de productores de la Costa Grande expusieron dos mantas, en una se leía: “exigimos auditoría de los 30 millones de pesos que supuestamente se aplicaron en el combate a la roya del café” y la otra expusieron que “no permitiremos la desaparición de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Atoyac, exigimos la destitución de Eugenio Treviño, Luis Martín y Abel Nego Castro por corruptos”.
Nelson Neri Benítez explicó que en enero el ganó la elección para presidente de la Junta Local de Sanidad y como obtuvo más votos que el candidato apoyado por los funcionarios federales se han negado a darle el nombramiento por parte de la Sagarpa, e incluso les han dicho que dicha junta ya desapareció desde el año pasado.
Expuso que no se están aplicando el presupuesto de 30 millones de pesos del año pasado para el combate a la roya y no les han dicho como se aplicaran las de este año.
Aseguró que están siendo afectados más de 40 mil productores de Atoyac, Coyuca de Benítez y San Jerónimo porque no se está aplicando el presupuesto y la junta solamente es para vigilar que se apliquen los programas.
Los productores de Atoyac, esperaron el paso del secretario de la Sagarpa, José Eduardo Calzada Rovirosa, a quien expusieron su problema y el funcionario federal les dijo que daría seguimiento a su queja el coordinador de las delegaciones.
“La mafia que hay en Sagarpa no nos permite sacar los acuerdos, la delegación no nos resuelve, no la pueden desaparecer son los municipios más productivos”, dijo Neri Benítez al funcionario federal. Mientras que Calzada Rovirosa indicó que se revisará el caso y que ellos quieren que los representantes sean los que la gente elija.
Antes, se acercó a ellos el secretario Sagadegro, Juan José Castro Justo, a quien los productores le reprocharon que como no había ganado su candidato la elección no los estaban avalando y el funcionario estatal les pidió que no le hablaran así, “yo no tengo ningún tipo de intereses ahí”.

 

 

 

Al cierre de la convocatoria para nombrar a seis consejeros propietarios de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y seis suplentes, se registraron 65 aspirantes, informó el vocal secretario del organismo, Gregorio Aranda Acuña.
Indicó que entre el 28 de marzo y el 12 de junio se inscribieron 35 hombres y 30 mujeres, y destacó que en el proceso se tomará en cuenta el principio de paridad, para asignar seis mujeres propietarios y suplentes, igual número de hombres propietarios y suplentes.
El nuevo Consejo Local del INE en Guerrero se instalará en octubre, para el proceso electoral federal que comienza en septiembre, precisó.
Luego explicó que el procedimiento de selección se realiza a partir de una valoración curricular, donde no hay exámenes ni entrevistas. El viernes los expedientes digitalizados se enviarán a las oficinas centrales del INE en la Ciudad de México, y en un periodo aproximado de 15 días se darán a conocer los resultados por una comisión específica que analizará los perfiles.
Detalló que las solicitudes no se limitan a los nacidos en Guerrero, pues los interesados pueden ser originarios de otras entidades y demostrar una residencia mínima aquí. Se va a tomar en cuenta experiencia laboral y trayectoria, preferentemente en materia político electoral, es decir, que haya sido consejero en el ámbito federal o local.
Aranda Acuña aclaró que los que hayan sido consejeros propietarios en un mínimo de tres ocasiones ya no serán tomados en cuenta en la selección.
Para evitar la intervención de los partidos políticos, dijo que el INE difundió las listas de militantes de todos los partidos, para que en caso de que alguno haya sido incluido contra su voluntad, ejerza su derecho de desafiliación. Los consejeros escogidos no deben haber sido dirigente partidista, ni candidato a algún cargo de representación popular. Los propios partidos, indicó, van a hacer el señalamiento si identifican entre los consejeros a algún militante de otro partido.