La tarde de este viernes hombres armados ejecutaron a un hojalatero en su negocio en la colonia Vicente Guerrero de Ciudad Altamirano, en Pungarabato.
Los hechos fueron a las 7 de la noche en la calle Plutarco Elías Calles en las faldas del cerro de San Juan.
El hombre fue identificado como Saúl Hernández Macedonio de 36 años.
Minutos después del ataque llegaron policías estatales y ministeriales además de soldados del Ejército. Sin embargo las autoridades se negaron a dar información
El cuerpo fue entregado a sus familiares a petición de ellos luego de la intervención de los peritos y el Ministerio Público en el lugar de los hechos. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).

Agentes de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado pidieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores y el secretario de la dependencia, Pedro Almazán Cervantes la reinstalación de los 176 despedidos luego de que pararon labores el lunes 29 de mayo para exigir respeto a su jornada laboral y un bono de riesgo.
Consultado vía telefónica un policía estatal que se reservó su nombre dijo que esperan la llamada de los funcionarios de gobierno para llevar a cabo la segunda mesa de diálogo, y atender la situación laboral de los agentes despedidos.
Comentó que los 176 policías estatales despedidos no cometieron ningún delito al exigir sus derechos, que están interesados en ser reinstalados en la corporación y continuar en servicio.
Consultados ayer los agentes en Chilpancingo, una policía estatal despedida, Marisela contó que ha laborado 10 años en la corporación y no ha tenido faltas ni actas administrativas en su contra.
“Es injusto lo que nos hicieron, no tengo faltas, he cumplido mis deberes donde me manda a trabajar, nos manda a servicio en las condiciones que sea, donde no hay agua, comida ni baño”, declaró.
Aseguró que es madre soltera y sustento de su familia, detalló que a una de sus hijas la iba a inscribir en la escuela privada Instituto Monserrat en Chilpancingo, porque es la educación que puede pagar con su salario, “ojalá las autoridades intervengan en nuestra situación”.
Otro agente despedido, Germán quien tiene 33 años de servicio en la corporación reprochó que tras el despido de los 176 policías las autoridades con qué agentes van a combatir la delincuencia que hay en la capital, “con esto se queda la ciudad sin vigilancia por culpa de este señor (Pedro Almazán)”.
Aseguró que el secretario de la SSP tiene la obligación de verificar lo que hacen los policías estatales en el cuartel y dar el servicio a la ciudadanía, lo que no hace, además dijo que “despidió a los uniformados que verdaderamente trabajan”.
Otro policía que se negó a dar su nombre y que lleva 14 años en la corporación declaró la SSP no lo apoyó hace dos años cuando en el penal de Las Cruces, en Acapulco, se incrustó un alambre en uno de sus dedos de un pie, y como padece diabetes se lo cortaron.
Comentó que ante su despido seguirá luchando para el sustento de su familia, “esto no acaba el mundo, tengo pies y manos para salir adelante”.
El miércoles 31 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó eque separó del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías estatales, porque incurrieron en una conducta violatoria de ley.
Después del anuncio de los despidos unos 200 policías estatales marcharon hacia la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) donde presentaron una queja en contra de la SSP.
El lunes los 600 policías estatales de la región Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel central para exigir una jornada laboral de tres días de descanso por cada tres de trabajo y el pago de un bono de riesgo de 3 mil 500 pesos a 12 mil. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Beatriz García

Chilpancingo

El consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) preso en Ayutla, Arturo Campos Herrera señaló que los gobiernos federal y estatal utilizan el Sistema de Seguridad y Procuración de Justicia para criminalizar a esa organización, porque pese a que ha presentado pruebas de que no es culpable de ningún delito sigue preso.
Desde el penal elaboró dos cartas que envió al Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en la segunda dice que si la iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución estatal que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores, que no incluye los términos Policía Rural y Policía Comunitaria se hace efectiva, la CRAC-PC se basará en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales para seguir funcionando.
Luego de tres careos en los que quienes lo acusan de secuestro negaron conocerlo o que les haya pedido dinero para liberarlos, Arturo Campos manifestó que el gobierno criminaliza a la CRAC-PC, pues en su caso con pruebas fabricadas y contradictorias lo tienen preso.
“Con tres años y cinco meses he logrado junto con mis abogados y organizaciones sociales demostrar con pruebas contundentes que soy inocente en tres procesos. Delincuencia organizada, robo y secuestro”, relata en el documento.
Manifiesta que sólo está preso por secuestro y que no hay pruebas para que siga recluido.
El consejero indicó que se ha careado con más de 30 “supuestas víctimas”, de 43 que integran “supuestamente ese expediente”, y que nadie lo señala de secuestro ni lo menciona en el proceso.
“Ahora que hemos demostrado con pruebas que no cometí el delito de secuestro, no dudo ya están con sus mentes maquiavélicas tratando de fabricar más delitos en mi contra”, expuso.
Refirió que está claro que el “sistema corrupto” trata como criminales a los luchadores sociales, y que los verdaderos criminales están libres y paseándose, o que están como diputados o gobernadores y hasta como presidente de la República.
Puntualizó que los luchadores sociales estarán libres cuando el gobierno deje de criminalizar al Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria.
El jueves fue el tercer careo del consejero con uno de sus denunciantes, quien aseguró no conocerlo.
En una segunda carta el preso político hace referencia a la iniciativa de reforma que envió el gobernador al Congreso local.
Señaló en el escrito que esta iniciativa viola el artículo 2 del apartado A, fracción 3 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la libre determinación y autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas, también la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas
“Si desaparece esta figura dentro de la carta magna del estado de Guerrero nosotros como pueblos indígenas nos sujetaríamos a la Constitución federal y los demás tratados internacionales para seguir funcionando como CRAC- PC”, advirtió.
Además dijo que es necesario porque ha sido y sigue siendo un Sistema de Seguridad y Procuración de Justicia con resultados al combate de la inseguridad, en los territorios indígenas y afromexicanos.

Alejandro Guerrero

Iguala

A cuatro años de la desaparición forzada de siete activistas de la Unidad Popular (UP) y la ejecución de tres de ellos, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad denunció que es innegable que el Estado mexicano ha contribuido a la falta de justicia en este caso, y la permanencia de la impunidad en contra de los responsables de este crimen.
Señala también el incumplimiento y omisión de las medidas cautelares 185/2013 que le fueron retiradas al sobreviviente y testigo de los hechos, Nicolás Mendoza Villa, y a la familia del activista social Arturo Hernández Cardona, lo que pone en riesgo sus vidas.
A cuatro años de los hechos el Estado mexicano es omiso en este caso que se mantiene en la impunidad, señala el organismo de defensa de derechos humanos.
Arturo Hernández Cardona fue desaparecido el 30 de mayo de 2013 junto a otros siete integrantes de Unidad Popular, entre ellos Nicolás Mendoza Villa. El 3 de junio fueron encontrados los cuerpos de Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Bandera Román con evidentes huellas de tortura, los demás activistas desaparecidos lograron escapar de sus captores el 3 de junio.
En un comunicado la Red Solidaria indica que la desaparición y ejecución se dieron en un contexto de hostigamiento y amenazas del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, amenazas que se hicieron públicas el 29 de mayo de 2013 en una audiencia en el Ayuntamiento de Iguala, frente a todo el Cabildo.
Arturo Hernández y otros dirigentes de Unidad Popular interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público, por amenazas de muerte del alcalde y su esposa, y un día después fueron desaparecidos.
El 25 de noviembre de 2013 la Red Solidaria Década Contra la Impunidad dio a conocer el testimonio notariado del sobreviviente Nicolás Mendoza, quien señaló de forma directa al alcalde José Luis Abarca como quien ejecutó personalmente a Arturo Hernández.
El 11 de marzo de 2014 rindió su declaración ministerial ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE ahora Fiscalía General del Estado) de Guerrero, como testigo ocular y sobreviviente de la ejecución de Hernández Cardona, Ángel Román y Félix Rafael Balderas.
A pesar de la múltiples peticiones de los familiares de las víctimas y sus representantes de que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso de manera inmediata, fue hasta octubre de 2014 –después de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa- que lo hizo, y el 4 de noviembre de 2014 fueron detenidos José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, bajo la causa penal 100/2014 radicada en el Juzgado Primero Penal Federal de Distrito de Matamoros, Tamaulipas.
El testigo Nicolás Mendoza es uno de los beneficiarios de las medidas cautelares 185/2013 ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismas que le fueron retiradas de facto en julio de 2016 por el Estado mexicano.
El documento lo firman los defensores de derechos humanos Ericka Zamora Pardo, Ma. Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez Cabrera y Efrén Cortés Chávez.
Denuncian que en enero de 2017 ante la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, solicitaron que le fueran reintegradas las medidas cautelares a Mendoza Villa, por ser indispensables para salvaguardar su vida y poder presentar su testimonio en la causa penal 100/2014, sin embargo la Junta de Gobierno se negó a devolverlas bajo el argumento que su vida ya no corre peligro, por lo que ya no se pudo aportar su testimonial.

Una adolescente de 15 años que fue secuestrada el martes afuera del CBTIS de la cabecera municipal de Huitzuco logró escapar de sus plagiarios la tarde del jueves en la Ciudad de México, después fue rescatada por sus familiares.
Según información de fuentes policiacas de Seguridad Pública del estado, ayer se denunció el hecho ante el Ministerio Público (MP) y se confirmó que la joven ya estaba a salvo después de dos días de haber sido privada de la libertad.
Se dio a conocer que fue secuestrada por dos hombres y una mujer que la interceptaron la mañana del martes cuando iba hacia al CBTIS, al sur de Huitzuco en la carretera hacia Iguala.
Según la información, cerca de las 6 de la tarde del jueves la adolescente se logró comunicar con sus familiares y les informó que había sido raptada por hombres armados cuando iba hacia la escuela, y que había escapado. Al comunicarse con sus familiares indicó que la habían llevado a la Ciudad de México y les dio las indicaciones de dónde estaba para que la rescataran. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Beatriz García

Chilpancingo

El representante legal de los comuneros de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, Pánfilo Sánchez Almazán pidió al Congreso local y a las autoridades en materia agraria que anulen las elecciones de comisariado, en las que según los afectados no fueron tomados en cuenta y eso viola la norma para elegir a sus representantes.
Responsabilizó al delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Ezequiel Zúñiga Galeana, de alguna situación de violencia que se presente entre sus representados y el grupo opositor, pues dijo que es claro que el funcionario apoya al grupo del comisariado impuesto en las elecciones, según lo vio en la última reunión que tuvieron.
El 26 de abril en Temalacatzingo se llevaron a cabo las elecciones para presidente del comisariado ejidal, sin embargo un grupo opositor no tomó en cuenta a los comuneros, tres días antes supieron de la convocatoria y fue impuesto el grupo de Obdulio Casimiro Vázquez, afín al PRI y a Antorcha Campesina.
El 24 de mayo en la PA en Tlapa se reunieron los dos grupos en conflicto con el delegado, y al término expusieron que el funcionario favoreció a los comuneros que impusieron la elección.
En consulta telefónica el representante legal expuso que la idea de reunirse con el delegado el 24 de mayo era que fuera mediador y conciliador, pero los decepcionó porque se inclinó hacia la otra parte, porque aseguró que las elecciones se dieron con base en la Ley Agraria.
Sin embargo les dijo que esperaran lo que dictamine el Registro Agrario Nacional (RAN), y que si detecta una irregularidad la va a inscribir.
“Yo soy abogado, el RAN no es ninguna autoridad calificadora, lo único que hace es inscribirla mientras no haya un recurso de impugnación y el tribunal no le ordene otra cosa, él lo único que va a hacer es registrarla, es su única función”, explicó.
Agregó que los comuneros van a impugnar las elecciones en el Tribunal Agrario.
Explicó que “aquí hay una situación que a nosotros nos queda claro, el asunto es que en el núcleo de Temalacatzingo hay un conflicto de años, añejo, porque de entrada no había comuneros en el núcleo, los que había registrados son generaciones que ya no viven, entonces varias rutas se habían analizado entre ellas Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales), Fanar (Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios), lo que los comuneros siempre rechazaron”.
Dijo que esos programas del gobierno federal son para regularizar a los comuneros, pero optaron por el reconocimiento de 80 comuneros mediante el Tribunal Agrario. Resaltó que debido a la división en la localidad se reconocieron a 40 de un grupo y a 40 de otro.
Además el acuerdo fue que esos 80 harían el trámite de reconocimiento para el resto de los comuneros, que son cerca de 2 mil, pero nunca lo hicieron, pues dos compañeros del grupo de sus representados se pasaron al grupo opositor, favoreciéndolos porque son mayoría, y eso los ha beneficiado para elegir a los representantes de la comunidad que siempre queda gente de ellos.

La noche del jueves siete policías municipales de Tlapa resultaron lesionados tras volcarse una patrulla en la que viajaban en la comunidad de El Limón, municipio de Chilapa.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a las 9:06 de la noche recibieron un reporte de que una patrulla de la Policía Municipal de Tlapa había volcado en la carretera federal Chilpancingo-Tlapa.
En el accidente automovilístico resultaron lesionados los agentes Javier de 72 años, Mario de 41, Crisóforo de 29, Martín de 23, Tiburcio de 29, Luciano de 38, y Paúl de 25, paramédicos de la Secretaría de Protección Civil estatal y la Cruz Roja los atendieron y trasladaron al hospital general de Chilapa. (Luis Blancas / Chilpancingo).

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

Vecinos de la colonia Cuauhtémoc Norte bloquearon la calle Moisés Guevara para exigir el servicio de agua, porque desde hace cuatro meses la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) no los abastece.
A las 12 del día unos 15 manifestantes bloquearon la calle con cuerdas y pancartas en las que expusieron su exigencia.
Consultada durante el bloqueo, la vicepresidenta de la colonia, Cinthia Sánchez dijo que unas 50 familias desde hace cuatro meses no tienen agua potable, y tienen que comprar el servicio a pipas del sector privado, que cuestan hasta 500 pesos cada una.
Reprochó que a pesar de la falta del servicio los recibos de cobro de la Capach les llegan de 500 pesos mensuales, “y si no lo pagas el próximo mes te llega con recargo y terminas pagando más de mil pesos”.
Manifestó que ante la falta del servicio y cansados de pagar al sector privado bloquearon la calle porque las autoridades no les dejaron otra opción.
Agregó que las familias tienen que reciclar el agua con la que lavan los trastes, la recolectan y la utilizan para el baño.
Los colonos exigieron que la paramunicipal les descuente en los recibos de agua, aseguraron que no pagarán por un servicio que no les proporcionan.
Al bloqueo acudieron funcionarios de la Capach, quienes dialogaron con los manifestantes y les aseguraron que horas más tarde tendrían agua en sus viviendas. A las 3:30 de la tarde los vecinos se retiraron tras verificar que les suministraron el servicio.