Redacción y Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026 relacionada con los ataques ocurridos la noche del 26 de septiembre del 2014 a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, y la desaparición de 43 de ellos, en la que propone prioritariamente, la reparación integral del daño.
Entre los aspectos más notables en el texto de 800 páginas están la exoneración del Ejército de la desaparición de los 43 normalistas y los hechos de violencia contra otros más, y las críticas y descalificación del trabajo del Grupo Interdisciplinrio de Expertos Indepenientes (GIEI).
En esta segunda recomendación, la CNDH determinó “violaciones graves a los derechos humanos”, como el derecho a la libertad, a la integridad física, y a la vida, y da un vuelco a los informes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y del GIEI, en los que, según la nueva opinión del organismo, se promovió una “antiverdad” para alimentar “el sensacionalismo” y generar la idea de que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas fue el Ejército.
La CNDH envía la nueva Recomendación a siete dependencias y organismos del gobierno federal, incluyendo a la Fiscalía General de la República, la Secretaria de Gobernación y la de Educacoión Pública, pero en ningún momento señala como responsable al Ejéricto.
También considera como responsables a cuatro instancias estatales, como el gobierno de Guerrero, y a seis municipales.
Sobre el Ejército, los padres de los 43 han insistido en que se investigue su implicación en la desaparición de los normalistas, a partir de indicios y pruebas, e insisten en que el Ejército entregue más de 800 folios que tiene en su poder y la institución armada se ha negado. Al respecto, en la nueva recomendación, la CNDH dice que sí hubo presencia de efectivos del Ejército en las calles de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, como en el Hospital Cristina, pero sostiene que “no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de contrainsurgencia”.
Sólo reconoce que habría omisiones o conductas individuales de miembros del Ejército, por lo que habría 20 militares bajo proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
En las críticas al GIEI, la nueva recomendación de la CNDH consideara que las aportaciones del grupo de expertos en la búsqueda de los estudiantes fueron prácticamente nulas, que utilizó una narrativa “sensacionalista” sobre la participación de autoridades de diferentes niveles, y miembros del Ejército, marinos, policías, autoridades locales y estatales, órganos de inteligencia.
La CNDH consideró que el GIEI se empeñó en la existencia de una “conspiración militar” que vigiló minuto a minuto los pasos de los normalistas y de que la Sedena se dedicó a obstruir la información, y la Comisión Nacional descalifica esta versión.
Según la CNDH el GIEI se dedicó a crear “narrativas”, comunicados y conferencias de prensa, en los que “se empeñó en demostrar la responsabilidad del Ejército”, lo cual según el organismo nacional, no pudo lograr.
La nueva Recomendación “reivindicatoria de la lucha de las víctimas directas e indirectas del caso Iguala, y de las deficientes investigaciones”, emitida el 2 de julio, va dirigida a diversas autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipales, a las que exige una “justicia integral”.
La CNDH indica en un comunicado emitido ayer, que la elaboración de una nueva Recomendación, fue un acuerdo del 27 de enero del 2020 en un encuentro de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, con integrantes del Comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Se revisó la primera Recomendación, 15VG/2018, que se emitió en la anterior administración, porque tenía conclusiones contradictorias, revictimizaba a los estudiantes, y confirmaban la cuestionada ‘verdad histórica’ fabricada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Los 800 folios del Ejército

Según el organismo, se incorpora en el nuevo documento la información de los 800 folios que los padres de los 43 están reclamando a la Sedena.
Sin embargo, aclara que únicamente existen 10 archivos correspondientes al Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, que son los que contienen “única y exclusivamente información relacionada con el caso Ayotzinapa”.
La CNDH explica que la respuesta de la Sedena implica que los más de 800 números de folio incluidos en la solicitud no corresponden a documentos del CRFI, “sino a una numeración consecutiva de registros de la mesa de control del 27 Batallón de Infantería, y argumenta que, en ese periodo, el CRFI aún no contaba con un sistema de registro propio.

Las nuevas recomendaciones

La Recomendación 208VG/2026 está dirigida a la Covaj; a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR); a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Además, a la Fiscalía General del Estado (FGE); a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP); a la Secretaría de Seguridad Pública estatal; así como a los ayuntamientos de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan, y Tepecoacuilco, y no se incluye a la Sedena, a la que los padres han exigido insistentemente la información de los 800 folios.
“Este nuevo instrumento recomendatorio plantea la necesidad de fortalecer una atención nacional y soberana del caso, que convoque a las autoridades, a todas, de la mano con las víctimas, a formar un frente común para brindar una respuesta conjunta e institucionalmente articulada frente a la gravedad, complejidad y dimensión humana del caso”, plantea el documento.
En su primera recomendación pide a la Covaj que, en coadyuvancia con la UEILCA y el Gobierno de Guerrero verifiquen con la CEAV la inscripción en el Registro Nacional de Victimas (RENAVI) de todas las personas víctimas directas e indirectas derivadas de los hechos de la presente recomendación, y de aquellas que no lo estén, hacerlo de manera inmediata; “lo que incluye, previo consentimiento, el acceso a las medidas de reparación integral adecuadas, que incluyan la atención médica, psicológica y/o tanatológica, por personal profesional especializado, acorde con su condición de salud, atendiendo a su edad, usos y costumbres y especificidades de género, de forma continua hasta que alcancen la sanación física, psíquica y emocional”.
Pide que la atención sea gratuita, “de forma inmediata y en un lugar accesible, a través de información previa, clara y suficiente”.
La segunda Recomendación a la Covaj, es apoyar y supervisar el cumplimiento de las medidas de reparación integral que sean realizadas por la CEAV para todas las víctimas, sin excepción, así como la asesoría técnico jurídica especializada conforme a la Ley General de Víctimas, para que éstas tengan las herramientas adecuadas para acceder a las medidas de compensación idóneas, que les permitan construir y/o reconstruir un proyecto de vida.
La tercera Recomendación es para la misma Covaj, pero también para la UEILCA, la FGR, la CNB y para la CEBP de Guerrero a fin de que informen a la CNDH las mejoras de las políticas públicas para la atención a las víctimas de desaparición forzada, así como los avances en específico en el plan de búsqueda de los 40 normalistas desaparecidos (las madres y padres siguen considerando a 43), “que incluyan agotar de manera integral, ordenada y sistemática todas las búsquedas posibles, con los más altos estándares de derechos humanos”.
La cuarta petición a la Covaj, es que coadyuve con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que se concrete un plan general de rescate y fortalecimiento de las escuelas normales rurales del país, “sin condicionantes limitativas y respetando su autonomía y modelo educativo, garantizándoles un presupuesto progresivo y suficiente para cubrir las necesidades de habilitación, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, acordes a su organización interna y al sistema de internado”.
En la quinta recomendación, pide a la Covaj que contribuya en el futuro a la debida gestión de una iniciativa ante el Congreso de la Unión para mejorar la Ley General de Archivos, que garantice el manejo y preservación de los documentos relacionados con temas de derechos humanos.
En la sexta, pide a la Covaj y a la UEILCA, en coadyuvancia con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR reactivar el trámite para la extradición de AR-1 y AR-7 en el diálogo bilateral con las autoridades Estados Unidos.
En la séptima recomendación pide a la UEILCA generar un plan de investigación que agote, a la brevedad, todas las líneas posibles, pendientes, abandonadas y/o no abordadas a la fecha, como la posible colusión de autoridades y elementos policiacos de Guerrero, y de los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan, Tepecoacuilco y Coacoyula, con miembros de la delincuencia organizada, y el consecuente tráfico de drogas en la región, así como el trasiego a través de autobuses hacia los Estados Unidos, “línea de investigación de circunstancias que pudieron haber influido de manera determinante en el desencadenamiento de los hechos y su posterior encubrimiento”.
En la octava recomendación a la Covaj, recomienda retirar de las redes sociales y medios de comunicación “los señalamientos incriminatorios y las narrativas infamantes e imágenes explícitas post mortem del estudiante normalista V44, lo cual vulnera su dignidad y lo revictimiza al igual que a sus familiares directos”.
Al Gobierno de Guerrero y a los presidentes municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan, y Tepecoacuilco, así como a sus respectivas secretarías de Seguridad Pública, les pide en su recomendación novena, implementen, dentro del término de tres meses contados a partir de la aceptación de la recomendación, un programa amplio de formación continua y de profesionalización en materia de derechos humanos y cultura de la paz.
En la décima recomienda a las mismas autoridades que designen a la persona servidora pública de alto nivel de decisión que se desempeñe como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento oportuno de la Recomendación.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitó al Congreso local revisar y armonizar la legislación del estado en materia de “capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, ante la próxima entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prevista para abril de 2027.
La llamada “capacidad jurídica” otorgada a las personas con discapacidad, que entrará en vigor el siguiente año, significa el reconocimiento legal de su autonomía, permitiéndoles tomar sus propias decisiones sobre su vida, bienes y cuidados.
En un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, el diputado Alejandro Carabias Icaza, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, informó que, tras una revisión al Código Civil de Guerrero, se identificó la necesidad de adecuar sus leyes locales para garantizar el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
La petición fue realizada a través del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instancia que tiene entre sus atribuciones supervisar la aplicación de ese tratado internacional por parte del Estado mexicano.
En el documento, la CNDH pidió al Poder Legislativo tomar en cuenta el Reporte ejecutivo sobre el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en la legislación de la entidad, con el objetivo de que se impulsen las modificaciones correspondientes.
El organismo nacional señaló que estas adecuaciones buscan avanzar en la garantía efectiva del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución mexicana y la propia Ley de la CNDH.
El Código Civil del Estado de Guerrero, emitido originalmente en 1993, conserva entre sus artículos figuras tradicionales de interdicción y tutela obligatoria, lo que de acuerdo con la CNDH contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada por la ONU.

Daniel Velázquez

La senadora con licencia, Beatriz Mojica Morga, afirmó que el acompañamiento que realizará la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Ariadna Montiel Reyes, este sábado a la asamblea de Félix Salgado Macedonio en Taxco, no tiene relación con alguna aspiración del senador con licencia.
“Ella ya ha dicho por qué acompañará al senador y por qué no puede acompañar a quienes están en el proceso interno y todos deben ser respetuosos de eso”, explicó en relación a que Salgado Macedonio no se registró como aspirante a la coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional,.
Agregó, en conferencia de prensa, que en caso de que venga la presidenta Claudia Sheinbaum al estado, los aspirantes tampoco podrán acompañarla porque están en un proceso interno y donde tienen claras las tareas que deben realizar.
Recordó que ella ha estado en varias causas por la democracia, en la lucha contra el fraude de 2006 y en el éxodo por la democracia en 1999: “venimos de una historia de izquierda que no se nos debe olvidar”.
“No podemos olvidar de dónde venimos tampoco podemos entrar en descalificaciones de nadie, todas y todos le hemos aportado a esta lucha, al senador Félix todo mi reconocimiento porque él abrió brecha cuando pocos se atrevían”.
Se suman ex alcalde, ex dirigente del PRD y ex funcionarios estatales

Este jueves, en conferencia de prensa en Acapulco, Mojica Morga presentó a seis liderazgos que se suman a su trabajo de realizar asambleas de promoción de los logros de la 4T y de defensa de la soberanía nacional.
Quienes que se sumaron a su equipo son la ex secretaria general del PRD Ivet Díaz Bahena, el ex alcalde de Coyuca Merced Valdovino Diego, los ex funcionarios de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el ex secretario de Turismo Santos Ramírez Cuevas y Gema Téllez Castillo, el activista Mario Radilla y el promotor del deporte, Wenceslao Peláez.
En la conferencia, cada uno de los adherentes dio las razones del porqué se integran a los trabajos que encabeza Beatriz Mojica, y firmaron una carta de adhesión en la que “expresamos nuestra adhesión decidida en defensa de la soberanía nacional a través de nuestra compañera Beatriz Mojica Morga”, a quien definen como la mejor opción para liderar la coordinación estatal.
Mojica Morga agradeció a los liderazgos que se sumaron al trabajo que ella encabeza.
Dijo que confía en el respaldo de los ciudadanos en la encuesta que realizará Morena para definir al coordinador: “mi confianza está plenamente en el pueblo de Guerrero, porque Guerrero no se hereda, no se compra y no se impone, Guerrero se camina, se escucha y se dan resultados”.
Agregó que su proyecto sigue creciendo porque está del lado de la gente y que las nueva adhesiones son para que hagan asambleas en territorio y se pueda llegar a todos los rincones del estado.
Agregó que en diferentes regiones ha recibido el respaldo de varios liderazgos como en Tierra Caliente e Iguala donde se sumaron Óscar Díaz y Juan Adán Tabares: “venimos sumando al proyecto que va mas allá de un proyecto personal”.

El Congreso local aún tiene pendiente aprobar el aplazar la elección del poder Judicial local para el 2028, a pesar de que se aprobó la minuta federal.
Aunque el pasado 2 de junio, en una de las últimas sesiones del periodo ordinario, los diputados locales aprobaron una serie de reformas electorales entre ellas varias del llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, para, entre otras cosas disminuir regidurías, sindicaturas, y presupuesto a los Congresos estatales, todavía quedó pendiente aprobar que la elección Judicial se aplace al 2028, y no en 2027 como estaba prevista.
Fuentes legislativas informaron que aunque la gobernadora emitió una primera propuesta de reforma a leyes secundarias en materia de poder Judicial, para adecuar la elección de jueces y magistrados, a los pocos días llegó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aplazar las elecciones judiciales locales, tanto federales como en los estados.
Fue por ese motivo que no concluyeron el análisis de la iniciativa del Ejecutivo estatal y comenzaron de nuevo tomando en cuenta la reforma presidencial para cambiar las fechas del proceso electoral judicial.
De acuerdo con esta fuente, se espera que sea a través de un periodo extraordinario de sesiones, donde el pleno apruebe oficialmente aplazar la elección judicial para el 2028.
Aunque la fecha límite de los congresos estatales para aprobar reformas a la Constitución y modificar sus leyes en materia electoral era el 5 de junio, es decir 90 días antes del proceso electoral, en el Congreso local argumentan que al tratarse de una elección que se hará en 2028, ese plazo de los 90 días no aplicará.
Otro punto que desde el Congreso argumentan es que al ya validarse y aprobarse una reforma a la Constitución las disposiciones emanadas de ellas ya son aplicables, por lo que aplazar la elección judicial al 2028 ya es un hecho firme.
La reforma a la Ley Electoral local aprobada el pasado 2 de junio, solo incluyó la no reelección y el nepotismo; 3 de 3 contra la violencia; representación indígena y afromexicana en el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC); reducción de sindicaturas y regidurías; igualdad sustantiva; paridad efectiva; y reducir remuneraciones de los consejeros y magistrados electorales. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes del colectivo Guerrero no más Desaparecidos tapizaron ayer en la colonia del PRD una lona de la propaganda de la aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga, en protesta porque encontraron propaganda de su precampaña colocada sobre las fichas de sus desaparecidos.
La actividad que realizaron ayer las integrantes de ese colectivo que encabeza la madre buscadora Francisca Mayo Ramírez, fue al cumplirse cuatro años de la desaparición del joven de 24 años de edad César Alberto Castro Hernández.
Castro Hernández fue privado de su libertad y desaparecido el 9 de mayo del 2022 en la parte alta de la colonia del PRD, ubicada al poniente de la capital.
Desde el miércoles los integrantes del colectivo Guerrero no más Desaparecidos, al que pertenece la madre de César Alberto, Blanca Mónica Hernández, colocaron fichas en las colonias Zapata, Vista Hermosa y Omiltemi, también ubicadas al poniente de la capital.
En tanto que ayer jueves visitaron el penal de la capital y posteriormente colocaron fichas afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial, al sur de la ciudad y posteriormente se trasladaron a la colonia del PRD, así como a la colonia La Terraza.
En la colonia del PRD se encontraron primero con una ficha tapada con la propaganda de la morenista Mojica Morga y condenaron el hecho e hicieron el llamado a que respeten las fichas con las que visibilizan a las víctimas de desapariciones.
Después encontraron otra calcomanía de la aspirante morenista que decía: “aquí se defiende la Soberanía” y al centro el nombre de Beatriz Mojica Morga. La propaganda cubría exactamente la cara de la fotografía del desaparecido Sergio Nájera García. La ficha estaba colocada en un poste de la CFE, y apenas la semana pasada había sido colocada, contó Mayo Ramírez.
“Esto sí ya fue indignante, es una burla para los familiares de nuestros desaparecidos”, dijo la activista, y cerca de ahí se encontraron una lona de aproximadamente dos metros de la propaganda de la misma aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que decía: “Beatriz Mojica en Defensa de la Soberanía Nacional”, a un lado de su fotografía, misma que las madres buscadoras tapizaron con las fichas de sus desaparecidos.
Mayo Ramírez contó después que la ficha de Sergio Nájera García apenas había sido colocada hace una semana y ayer se encontraron que sobre el rostro de la víctima se había colocado la calcomanía de la aspirante a gobernar Guerrero.
“La verdad ahí sí ya, como toda madre nos indignamos y explotamos y decidimos tapizar con las fichas de nuestros desaparecidos la lona de su precampaña que estaba cerca de ahí, porque creo que es más importante visibilizar a nuestros desaparecidos que tenemos en el estado. Imagínese quiere gobernar y así iniciamos, pues no”.
La activista aclaró: “No nos mandó ningún partido o aspirante, lo aclaramos porque posiblemente eso digan para deslegitimar nuestro movimiento, pero no, no nos mandó ningún partido, estamos visibilizando a nuestros desaparecidos y lo hacemos siempre que cumple años alguno de ellos”.
Insistió: “Es lamentable que nos hagan esto nuestros futuros gobernantes, si eso hacen ahora que apenas andan en campaña, imagínese ya que estén gobernando”.
Informó que entre el miércoles y ayer jueves colocaron en los sitios que recorrieron dos mil 30 fichas, y solicitó a la población llamar al número 74 71 60 10 25 del colectivo para cualquier información relacionada con casos similares o para proporcionar información para la localización de sus desaparecidos.

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) difundió la ficha de búsqueda de la Alerta Amber por la desaparición de un joven de 17 años ocurrida el martes en Iguala.
Según la ficha de búsqueda 104/2026, Jesús Santiago Hernández Balderrama está desaparecido desde el martes de esta semana y fue al día siguiente que sus familiares presentaron la denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía estatal.
El muchacho es de tez morena clara, delgado, de cabello lacio negro, cejas semi pobladas, ojos cafés oscuro, nariz recta y labios delgados. Como señas particulares, se indica que tiene una cicatriz en la rodilla derecha y marcas de acné en el rostro.
Hasta el cierre de esta edición, la ficha de búsqueda se mantenía vigente en la que se pide a la población aportar información para su localización a los números de emergencias 911 y 089, así como al 800 8327692. Se advierte que se desconoce su paradero y se teme que pueda ser víctima de un delito.
Un día antes la misma Fiscalía estatal difundió también las fichas de búsqueda de los hermanos Melany Aidé y Ricardo Ramírez Jaimes, de 6 y 11 años, desaparecidos desde el lunes, de los que también se desconoce su paradero. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Personal del Centro Comunitario Gúwa Kúma: Casa de los Saberes de Ayutla de los Libres denunció que desde abril los gobierno del estado y federal deben los honorarios de las profesionistas que proporciona servicios gratuitos de salud, asistencia jurídica y apoyo psicológico a mujeres indígenas.
En un comunicado la institución resaltó el trabajo que realizan las profesionistas para disminuir la violencia contra las mujeres indígenas, de atención integral y acompañamiento.
“Las autoridades nos quieren castigar dejándonos sin nuestros honorarios, dejando desprotegidas principalmente a las mujeres de las comunidades que viven la violencia patriarcal todos los días”.
Consideraron preocupante que las autoridades no tengan un fondo para operar el Centro Comunitario, a pesar de que se trata de una medida de reparación comunitaria de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que condena al Estado mexicano por tortura sexual contra Inés Fernández Ortega, perpetrada por soldados del Ejército mexicano en 2002.
Recordaron que Inés, embajadora del Centro Comunitario, pidió como medida de reparación un espacio donde las mujeres fueran protegidas y se les ayudara a defender sus derechos.
“No quería que la historia que vivió se repitiera, pero se complica atender a las mujeres indígenas cuando las autoridades no nos pagan nuestros salarios de manera sistemática, mientras la violencia machista aumenta en las comunidades. Las mujeres indígenas de la Montaña y la Costa Chica también tenemos derechos”.
En noviembre pasado, el Centro Comunitario Gúwa Kúma y el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlapa pararon labores también contra la falta de pago.
Hoy volvieron a exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Secretario de Finanzas, Raymundo Segura Estrada, el pago de sus honorarios de abril a julio a la brevedad para atender a las mujeres indígenas, que sobreviven a la violencia en los filos montañosos, entre la pobreza y una profunda desigualdad.
Denunciaron que la violencia contra las mujeres me’phaa y na’ savi ha aumentado en las comunidades de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Explicaron que las mujeres indígenas cargan en sus espaldas el peso de las tareas domésticas, el cuidado, educación y salud de los hijos y el trabajo en el campo en la siembra de maíz, frijol y calabaza.
Desde niñas tienen que soportar violencia intrafamiliar, gritos y golpes. El infierno no termina en la esfera familiar, más bien, continúa en los espacios comunitarios y en las instituciones del Estado cuando les niegan sus derechos.
Informó que sólo de enero a julio de 2026, brindaron atención con pertinencia cultural, interseccionalidad y enfoque de género a 218 mujeres indígenas de los municipios de Ayutla, Ñuu Savi y Acatepec.
“Fueron 196 por violencia familiar, principalmente porque sus esposos las golpean. Llegaron 15 mujeres porque las autoridades comunitarias les quitan las tierras, las dejan desprotegidas y cuando sufren violencia física resuelven a favor del agresor. Tienen esperanza en que las instituciones gubernamentales las apoyen, pero no creen en su palabra y no las atienden”.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Un convoy de militares y policías estatales llegó ayer a las comunidades del Ejido Guajes de Ayala, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, luego del ataque armado y con explosivos que sufrieron el miércoles, informaron vecinos de las comunidades atacadas.
En tanto que el Gobierno del estado emitió dos boletines de prensa, en el primero informó que autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo de verificación y que “no encontraron evidencias ni indicios de enfrentamientos con armas de fuego”, en tanto que, en el segundo, señala que constataron que “no había heridos, ni personas lesionadas”.
Sin embargo, en un video que enviaron en la tarde los vecinos de las comunidades se observa el recorrido de militares por las casas dañadas en los techos por las explosiones, cartuchos percutidos en patios y en el interior de las viviendas, también se escucha a las mujeres que les dicen a los soldados: “ya están viendo las evidencias y todavía dicen que es mentira, ¿qué más quieren?”.
En la mañana el secretario del núcleo agrario, Javier Hernández Peñaloza, en declaraciones por teléfono reconoció que a pesar del ataque con armas y drones que lanzó sobre las casas habitadas el grupo armado durante el miércoles, no se reportaron víctimas.
Aseguró que el grupo armado lanzó por lo menos 100 “bombas” pero que éstas sólo provocaron daños en los techos de algunas casas y en la escuela de Hacienda de Dolores.
El dirigente agrario agregó que a pesar de los ataques, “aquí seguimos; nuestra lucha es por el territorio, para no dejarlo a esta bola de bandidos, por eso esa es la guerra, no hay otro motivo. No somos delincuentes, es el Gobierno el que nos ha orillado a tomar las armas, porque ellos no lo hacen”, reprochó.
Informó que la situación sigue siendo “bastante crítica”, y que los ataques cesaron hasta ya cerca de las 8 de la noche del miércoles.
Vecinos de los pueblos confirmaron con fotografías y videos que a las 7 de la mañana de este jueves arribó a esos poblados un convoy de militares y policías estatales para restablecer la tranquilidad.

Acompaña un helicóptero la operación de militares y policías

El Gobierno del estado, informó por su parte, que autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo de verificación en el ejido de Los Guajes de Ayala, “tras los reportes sobre presuntas agresiones armadas ocurridas en días recientes”.
“Como parte de las acciones de verificación, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado efectuó sobrevuelos en la zona, mientras que personal operativo realizó recorridos terrestres por la comunidad y sus alrededores”, se informó.
Agregó el informe que derivado de estas acciones, “las autoridades confirmaron que los reportes sobre presuntas agresiones resultaron falsos, ya que no se encontraron evidencias ni indicios de enfrentamientos con armas de fuego”.
El Gobierno estatal agregó que “se constató que no existen personas lesionadas ni fallecidas, y que los habitantes realizan sus actividades cotidianas con normalidad”.
En un segundo boletín, se informó que el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Daniel Antonio Ledesma Osuna y mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron una visita a las comunidades de Coyuca de Catalán.
Se precisó en el comunicado oficial que acudieron a El Pescado, donde se reunieron con el comisario Jesús Domínguez Díaz, “para dialogar y reafirmar el compromiso de mantener acciones coordinadas de seguridad”.
Agregó: “En el recorrido, realizado junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Comisario y pobladores les manifestaron que no había heridos, ni personas lesionadas”.
En un video, aparece el subsecretario Rodríguez Cisneros, quien en tono autoritario le pide a una vecina que toma el video que no grabe hasta después de la reunión. “A ver, ni siquiera los militares nos prohibieron grabar”, le contestó la mujer.
“¡Véngase, vengase para acá!”, le ordenó el funcionario, “¿cómo se llama usted?”, le preguntó el subsecretario. “Yo me llamo María Luz Solorio”, le contestó la campesina.
“Véngase”, insistió Rodríguez Cisneros. “Aquí estoy”, dijo la mujer colocándose casi junto al subsecretario, sin apanicarse.
El funcionario dijo entonces que estaban atendiendo el principal planteamiento de los vecinos que es el de seguridad, “ya estamos aquí, están establecidos (los militares y policías) y le pidió al comisario que como primera autoridad se haga responsable de que las actuaciones no sean obstruidas por los mismos pobladores.
También les anunció que después se va a generar un protocolo de atención en materia social, que van a garantizar maestros y médicos, pero los vecinos le respondieron que lo principal, ahorita, es la seguridad, “lo demás, mientras no haya seguridad no suben ni doctores ni maestros, no les conviene venir a arriesgarse”, le dijo uno de los vecinos.
En el día de ayer los pobladores difundieron varios videos y fotografías a manera de evidencias de que sí hubo enfrentamientos y que los explosivos que les lanzó el grupo delictivo desde drones provocaron daños en los techos de las casas.

Manda el Ejército helicópteros a Guajes de Ayala; no hay paso por tierra desde Altamirano

Ayer helicópteros partieron del 34 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de Ciudad Altamirano a la sierra de Coyuca de Catalán, para sumarse a las actividades del grupo que acudió al Ejido Guajes de Ayala, tras reportes de violencia del crimen organizado.
Por tierra los militares no pudieron acudir debido a los cortes de caminos que hay cerca del poblado El Coyol y las afectaciones por las lluvias debido a la falta de mantenimiento de esa ruta.
Los militares viajaron muy de mañana y realizaron recorridos al mediodía en helicópteros, que se sumaron al grupo que entró por la ruta de la costa, considerando que desde la Tierra Caliente los caminos están averiados.
Se trata de una ruta donde han denunciado constantemente las afectaciones por las lluvias de los últimos dos años, pero también por cortes a propósito de las confrontaciones entre los dos grupos que operan en la sierra de Coyuca de Catalán.
De igual forma, la Policía del Estado que le corresponde atender a la Tierra Caliente, a pesar de tener la base en Coyuca de Catalán, parten desde otros caminos y no desde esta región, por lo complicado de los accesos que se han deteriorado tanto por la falta de mantenimiento en temporada de lluvias, como por los conflictos entre grupos delictivos. (Israel Flores / Ciudad Altami-rano).