Cuatro hombres fueron asesinados ayer a balazos, uno en la colonia Progreso, otro en el poblado de San Pedro Las Playas y los dos último en el barrio de Petaquillas y en la Nueva Era, rumbo a Pie de la Cuesta. A dos de las víctimas les dejaron un narcomensaje.
Los crímenes ocurren a pesar del compromisos de los gobiernos federal, estatal y municipal de redoblar la vigilancia en la ciudad, que ha sido reportada por diversas organizaciones como una de las más violentas del continente.

La Progreso

Uno de asesinatos ocurrió al medio día en la colonia Progreso, donde un hombre que vestía ropa de mujer fue ejecutado a balazos y los agresores le dejaron un narcomensaje.
Policías del estado y federales llegaron a la calle Sonora y esquina con Bernal Díaz del Castillo, donde encontraron a un hombre tirado, amarrado de las manos y con dos disparos, uno de ellos en el rostro.
La víctima fue identificada como Marcial N., de unos 25 años, quien fue hallado a un costado de la banqueta, tirado en la vía y cerca de un vehículo estacionado. Vestía una playera roja con un short corto de mezclilla, y debajo un mallón negro con sandalias blanco y rosa.
Sobre el rostro de la víctima, los presuntos agresores le dejaron una cartulina blanca con un narcomensaje, que fue retirada por los agentes luego de acordonar la zona, sin que se diera a conocer su contenido.
Durante las diligencias realizadas por el agente del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía del estado, se localizaron dos casquillos percutidos calibre .9 milímetros.

San Pedro Las Playas

Minutos antes, un hombre fue asesinado a balazos en el poblado de San Pedro Las Playas.
La ejecución, según las autoridades, ocurrió al medio día en la carretera federal Acapulco-Pinotepa y frente a una parada de vehículos.
Vecinos del poblado alertaron a las autoridades de que había disparos en la zona y una persona lesionada.
Al lugar llegaron policías estatales acreditables que acordonaron la zona. Encontraron el cuerpo de la víctima tirado a un costado de la vía, frente a una vivienda. Vestía una playera naranja, un pantalón azul y tenis gris.
En el lugar del crimen los agentes encontraron ocho casquillos percutidos calibre .9 milímetros.

Petaquillas

A las 5 de la tarde, otro hombre fue ejecutado en el barrio de Petaquillas, a unos metros de la vigilada Costera.
Policías municipales llegaron al andador Chavela y encontraron a un hombre tirado frente a unas escaleras, con disparos en la cabeza.
La víctima vestía una playera amarilla con rayas negras, pantalón de mezclilla negro y botas café.
Sobre la cabeza de la víctima, los agentes encontraron una cartulina verde con un narcomensaje, cuyo contenido no fue dado a conocer por las autoridades.
En las diligencias los agentes del Ministerio Público encontró cerca del cuerpo dos casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
En los homicidios, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Nueva Era

Y un hombre más fue asesinado a balazos en la colonia Nueva Era, rumbo a Pie de la Cuesta.
El homicidio fue reportado a las 10 de la noche en la calle Pez Vela y esquina con Tiburón, frente a la ferretería Ex Campo de Tiro, según el reporte de la policía del estado.
En lo que va del año en Acapulco, suman ya 468 asesinatos, en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada de acuerdo con un recuento de lo publicado en El Sur.

Identificado

Ayer fue reclamado el hombre hallado lapidado el lunes en la colonia Navidad de Llano Largo.
Según la información proporcionada por el Ministerio Público, la víctima se llamó Carmelo N., de 35 años.

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y vecinos de Aguacaliente opositores a esa agrupación, retiraron ayer los retenes que instalaron el domingo.
Uno de los retenes se ubicaba en Aguacaliente y era de vecinos que impidieron el paso a la Policía Comunitaria del Cecop, y el otro, de los opositores a la presa, en el entronque de la carretera que va a la comunidad de Salsipuedes, y que se intentó desalojar a balazos, según acusaron.
Los retenes fueron colocados por el conflicto que causa la operación de policías comunitarios por parte del Cecop.
Ayer, grupos de unas 15 personas del Cecop y de Aguacaliente se reunieron en una salón del Seminario de la Diócesis de Acapulco, donde el arzobispo Carlos Garfias Merlos fungió como intermediario.
Al encuentro, que fue privado, asistió el asesor y operador político del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado.
Luego de la reunión, que inició a las 10 de la mañana y terminó a las 11:30, ambos grupos se retiraron del lugar. Se informó que entre las 1 y 2 de la tarde los bloqueos fueron retirados.
El comisario de Aguacaliente y los vecinos de otras comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que lo acompañaron no quisieron dar declaraciones.
En el encuentro fue en un salón de puertas de vidrio y se pudo observar una acalorada discusión entre el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz y los habitantes de Aguacaliente, quienes llegaron a los gritos y se levantaron de sus sillas en varias ocasiones para tratar de agredirse, pero los párrocos que estuvieron en la reunión calmaron los ánimos.
Hubo molestia de los integrantes del Cecop porque a la reunión no sólo acudieron vecinos de Aguacaliente sino de otras comunidades, a plantear otros temas que no eran en referencia a la conformación de la Policía Comunitaria de Aguacaliente y la actuación de los policías que conforman los comuneros integrantes del Cecop.
En la reunión se alcanzó a oír que Suástegui Muñoz exigió al abogado Gustavo Téliz que saliera del encuentro porque no tenía nada que hacer ahí.
A Gustavo Télíz, quien fue su abogado durante los dos años que estuvo detenido por los delitos de secuestro y lesiones, se le observó antes y después de la reunión dando consejos y recomendaciones a los contrarios al Cecop.
En declaraciones, Flores Maldonado informó que en la reunión se acordó retirar los retenes y que se volverán a reunir el 21 de julio, una vez que se haga el cambio del comisario de la comunidad de Aguacaliente y “seguir el proceso de reconciliación y de paz”.
Además se dará seguimiento a los problemas “añejos” entre la población de las comunidades opositoras a la hidroeléctrica y quienes están a favor.
Indicó que la plática principal en la reunión fue del actuar de la Policía Comunitaria que integran los comuneros del Cecop y la creación de la misma de Aguacaliente. “La mayor dificultad la tuvimos con el comisario Baltazar Ramírez es que no está muy convencido de que se tiene que llegar a un arreglo”.
El sábado, en una reunión con representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), los vecinos de Aguacaliente denunciaron arbitrariedades y abusos de la Policía Comunitaria que tienen los integrantes del Cecop.
Flores Maldonado dijo que en el encuentro hubo acusaciones mutuas entre los comuneros, quienes acusaron que el arzobispo protege a Suástegui Muñoz y que Flores Maldonado lo hace con los comuneros que están a favor de la presa, proyecto que según el vocero del Cecop “está enterrado”.
El funcionario aceptó que tiene un “pequeño” terreno de dos hectáreas y medio, como lo denunció ahí Suástegui Muñoz, pero que no le ve mayor problema.
Por su parte, Garfias Merlos en declaraciones se congratuló en que se llegara al acuerdo de retirar los bloqueos y que habría un libre tránsito.
Explicó que uno de los acuerdos fue que los policías comunitarios podrán transitar en los pueblos donde tienen reconocimiento y lo harán con respeto cuando pasen por la Aguacaliente “con las armas abajo”.
El arzobispo agregó que la acusación de que él protege a Suástegui Muñoz viene porque “supuestamente” los vecinos que están a favor de la hidroeléctrica lo han buscado sin que él los atienda.
Consultado por teléfono, Suástegui Muñoz dijo que los integrantes del Cecop tienen la disposición de cumplir los acuerdos, entre ellos que los policías comunitarios no actuarán ni acudirán en apoyo en comunidades donde no existan ni estén avalados por los habitantes.
En el caso de Aguacaliente, indicó que por ser el paso principal pasarán con respeto, “la Policía Comunitaria no interviene más en los asuntos de Aguacaliente, así se estén matando.
“Vamos a poder transitar pero no vamos a hacer detenciones ni a investigar en ese pueblo”, abundó el vocero.

Cuatro lesionados deja un choque entre una Urvan y una camioneta en la colonia la Máquina

Cuatro lesionados dejó un choque entre una Urvan y una camioneta ayer en la colonia La Máquina.
De acuerdo con el informe policiaco, el choque ocurrió en la avenida Lázaro Cárdenas, donde el chofer de la Urvan perdió el control y se impactó contra una camioneta Explorer.
En el accidente resultaron cuatro personas lesionadas, tres de ellas pasajeros de la Urvan, y fueron trasladadas a un hospital.

Hallan una Urvan robada en el bulevar Vicente Guerrero

Una urvan con reporte de robo fue asegurada por policías ministeriales en el bulevar Vicente Guerrero.
Según el reporte ministerial, la Urvan de la ruta Vacacional-Aeropuerto, con placas de Guerrero, fue hallada en el bulevar y esquina con la calle Gervancio Artigas, de la colonia Emiliano Zapata, cerca de la clínica del IMSS.
Se informó que el vehículo tenía reporte de robo desde el viernes y ayer fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Fallece un reo en su celda del penal de Las Cruces

Un interno del penal de Las Cruces fue hallado muerto en su celda.
El interno fue identificado como José N., de 30 años, quien al parecer murió de causas naturales.
A las 11 de la mañana se reportó el fallecimiento a las autoridades penitenciarias.
El cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Se incendia un automóvil en la Alianza Popular

Un vehículo se incendió ayer por la madrugada en la colonia Alianza Popular, y se desconocen las causas del siniestro.
Según el reporte de las autoridades, el siniestro fue reportado a las 2 de la madrugada en dicha colonia, frente a la funeraria Gayosso, a donde llegaron bomberos y sofocaron el fuego de un Pointer.
El incendio consumió en su totalidad el vehículo.

El juez sexto de Primera Instancia Penal, Gonzalo Santos Salazar, dejó en libertad al presunto agresor sexual de una niña de 12 años, Hermenegildo Damián Perales, pese a que hay exámenes psicológicos y ginecólogicos a los que fue sometida la menor y que acreditaron el delito.
La mama de la agraviada, Laureana Morales Nava, denunció que recibió amenazas del agresor y teme por su vida y la de sus hijos.
En una visita a la Redacción de El Sur, acompañada por la abogada Silvia Galeana Valente, representante de Fundación Bloque de Mujeres al Poder y María de Jesús Martínez de la asociación Mujeres y Hombres Avanzando Juntos, criticaron que mientras la mujeres denuncian y el Ministerio Público hace las averiguaciones, en el Poder Judicial los jueces dejan libres a los agresores.
Morales Nava contó que Hermenegildo Damián fue su esposo, que procrearon tres hijos y vivieron juntos 12 años, y que su hija mayor la tuvo ella antes de casarse con él.
Recordó que se enteró de las agresiones sexuales contra su hija el año pasado, y que el 8 de enero de 2015 presentó la denuncia pero tenía miedo porque había recibido amenazas.
Indicó que su hija le contó que desde los 12 años su padrastro abusaba de ella y la amenazaba con que mataría a su madre y se la llevaría lejos junto con sus hermanos, que por eso le dijo hasta que cumplió 14 años.
Señaló que el agresor abusaba de su hija cuando ella se iba a trabajar, y que después de que presentó la denuncia a la menor le hicieron pruebas ginecológicas y exámenes psicológicos.
Hermenegildo Damián fue detenido el 3 de abril y el 17 de junio salió en libertad porque, de acuerdo con el juez, no hubo suficientes pruebas para sentenciarlo “y que el testimonio de mi hija no era suficiente”.
Morales Nava señaló que después de que Hermenegildo Damián fue aprehendido la amenazó: “me dijo que de todas maneras iba a salir y se la iba a pagar muy caro, que yo y mi hija lo íbamos a pagar, que hiciera lo que hiciera iba a salir y que lo esperara porque tarde o temprano iba a acabar conmigo”.
Agregó que su hija acudía a recibir terapia pero la suspendió porque le llamaban a su celular para amenazarla de que no siguiera la demanda.
También Eleazar Damián, hermano del agresor, le llamó para ofrecerle dinero a cambio de que desistiera de la demanda.
Contó que el juez le dijo que el agresor también tenía derechos “aunque haya cometido un delito”, y ella le reclamó al juez y dejó absuelto al agresor.
La abogada Silvia Galeana reprochó que el juez no haya tomado en cuenta la declaración de la menor ni las pruebas médicas que se le hicieron, tampoco el protocolo de actuación a favor de niños y adolescentes y la violación al interés superior de la infancia.
“La niña debía ser atendida de manera integral y el agresor ser sancionado”, dijo.
Denunció que es contradictorio que el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado (Cecofam) atienda a la víctima de violación y por otro lado el juez libere al agresor, “es incongruencia del Poder Judicial que por un lado atiende a la víctima y por otro no sanciona al agresor”.
María de Jesús Martínez, de la asociación Mujeres y Hombres Avanzando Juntos, exigió justicia para la menor y “que se profesionalice el sistema judicial en perspectiva de género y que se cubra el vacío que hay en la aplicación de la justicia”.
Agregó que la impunidad es lo que inhibe a las mujeres para denunciar agresiones, por eso es necesario que el sistema de justicia actúe con perspectiva de género.

 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó y exigió el pronto esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán y Hacienda Blanca, el pasado domingo 19, que dejaron nueve muertos y 108 heridos.
De igual forma, el organismo de la ONU envió una comisión de observación a la entidad y repudió el asesinato del periodista Elpidio Ramos Zárate, cometido en el crucero de Juchitán a Ixtepec, cuando cubría el saqueo de tiendas en esa localidad.
Este martes arribó a esa localidad una comisión de observación de la ONU-DH. “Estamos en #Oaxaca en misión de observación, documentando los hechos de la tarde y noche del domingo 19”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter.
Antes, el representante en México del Alto Comisionado de las ONU-DH, Jan Jarab, lamentó “la pérdida de vidas y la afectación a la integridad de las personas lesionadas. En estos difíciles momentos, expreso mis condolencias a los familiares que perdieron un ser querido”, puntualizó.
Igualmente hizo un llamado para que se evite la violencia y las partes involucradas privilegien el diálogo sobre la confrontación, con el fin de prevenir la repetición de situaciones como las ocurridas en Asunción Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca.
En un comunicado, la ONU-DH también llamó a las autoridades a investigar de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial los hechos suscitados, deslindar las responsabilidades y atender y reparar adecuadamente a las víctimas.
Y ante las denuncias que hizo la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, que por órdenes de gobierno solo se atendiera a lesionados de las policías federal y estatal, exhortó a las autoridades a garantizar el pleno acceso a la asistencia médica requerida por todas las personas heridas.
La ONU-DH destacó que cuando en una acción de protesta se presentan situaciones de violencia que ameritan recurrir, como último recurso, al uso de la fuerza, “las autoridades deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física. Asimismo, toda privación de la libertad debe respetar el derecho al debido proceso”, puntualizó.
Adelantó que esa Oficina dará puntual seguimiento a lo ocurrido en Oaxaca y sostendrá reuniones con las autoridades, tanto federales como estatales, las víctimas y otros actores relevantes, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con quien ha estado en contacto sobre lo sucedido.

 

Activistas mexicanos y europeos se reunieron ayer con tres eurodiputados –el catalán Josep María Terricabras, la alemana Ska Keller y Estefanía Torres Martínez– en Bruselas, Bélgica, para exponerles la situación de crisis de derechos humanos que atraviesa México.
A su vez, éstos condenaron el asesinato de ocho civiles durante el violento desalojo del bloqueo carretero de Nochixtlán, Oaxaca, el pasado domingo, así como la campaña de desprestigio que sufren los movimientos sociales en el país, informó Miguel Martin Zumalacarregui, director de la oficina de la Organización Mundial contra la Tortura en la capital belga.
Quince representantes de organizaciones de la sociedad civil mexicana se encuentran desde ayer en Bruselas para encontrarse con homólogos europeos y establecer una serie de recomendaciones a las autoridades de México y de la Unión Europea (UE), funcionarios que se encuentran en proceso de “actualización” del Acuerdo Económico Global.
Las organizaciones de la sociedad civil buscan, entre otros objetivos, evitar que las negociaciones “fragmenten” los distintos temas de la relación entre México y la UE, y en particular que releguen los derechos humanos en un segundo plano frente al acuerdo comercial.
El acuerdo de libre comercio actualizado entre México y la Unión Europea despierta preocupaciones en la sociedad civil, sobre todo por el amplio poder que otorgaría a las empresas y los inversionistas contra los Estados –México en particular–, y la ausencia de un capítulo que establezca directrices claras en materia de derechos humanos.
Las organizaciones señalaron que a la hora de operar megaproyectos en México, muchas empresas –nacionales y extranjeras— pisotean los derechos humanos y ambientales de las comunidades, por lo que urgieron a México y a la Unión Europea comprometerse a adoptar un tratado de derechos humanos para regular a las corporaciones transnacionales.
Las organizaciones civiles recomendaron a la UE y México apoyar de manera pública las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al gobierno mexicano le urgieron a respetar los “más altos estándares internacionales” en materia de uso de la fuerza pública, así como a “implementar un plan de desmilitarización en operaciones de seguridad pública”.
Las organizaciones también emitieron recomendaciones para garantizar los derechos humanos de los migrantes durante su tránsito por México, sector se volvió más vulnerable a raíz del endurecimiento de las políticas migratorias que implementó la administración actual en el verano de 2014 a través del Programa Frontera Sur.

 

A dos días de los hechos violentos en Nochixtlán, Oaxaca, personal de la CNDH recabó 25 quejas, de las que 24 corresponden a capturados en la refriega del domingo 19, que aseguraron haber sido víctimas de detenciones arbitraria, y una más sobre una persona herida de bala, en tanto que brindó contención psicológica a familias de cuatro asesinados.
En un primer reporte de actividades en la entidad, la CNDH informó que su personal desplegado obtuvo copias de certificados médicos de once policías municipales “que se encontraban retenidos y que fueron liberados esta madrugada en San Pedro y San Pablo Teposcolula”.
Luego de exhortar al diálogo “para encontrar la solución de los problemas”, la CNDH aseguró en un comunicado que habitantes de Nochixtlán y maestros de la CNTE han acompañado a los peritos en medicina forense, criminalística y psicología, encabezados por el segundo visitador general.
De acuerdo con el reporte, hasta ahora los investigadores de la CNDH han participado como “observadores en las diligencias de las necropsias de seis cadáveres”; entrevistaron a 24 personas puestas a disposición de la autoridad ministerial, “quienes manifestaron haber sido detenidos arbitrariamente, y se les hizo valoración médica”, y de ellos tres mujeres fueron liberadas este martes.
El personal de la CNDH “proporcionó atención y contención psicológica a familiares de cuatro personas fallecidas”.
Los visitadores recabaron una queja de un familiar de una persona herida de bala, y otros dos testimonios sobre estos hechos, así como 15 entrevistas de testigos de los hechos, en tanto que el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción dio acceso a los investigadores del organismo a obtener la versiones de dos personas que se encuentran resguardadas en ese sitio, donde se les brindó asistencia médica y alimenticia.
La CNDH apuntó que su personal “efectuó la inspección ocular del lugar, donde se recabaron evidencias, testimonios e indicios de tipo balístico, los cuales se fijaron fotográficamente y se georreferenciaron.
De la misma manera se acudió al Centro de Salud y al Hospital Básico Comunitario, que fue inspeccionado para “obtener evidencias” y donde se confirmó que fueron 36 las personas atendidas tras la jornada violenta.
De acuerdo con el organismo, al término de las diligencias los representantes de la CNDH dieron cuenta de sus actividades a “dirigentes, profesores y pobladores reunidos en la plaza de Nochixtlán (…), quienes mostraron su conformidad con el trabajo referido”.
Tras reiterar su compromiso con la investigación, el organismo señaló que en cuanto a los testimonios recabados en el lugar, “personal especializado de la CNDH efectúa las valoraciones médicas y psicológicas, así como la situación jurídica correspondientes”.
En tanto, Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), se manifestó en contra de la represión del movimiento magisterial al tiempo que exhortó a las partes a poner por encima el derecho superior de niñas, niños y adolescentes para “alcanzar una salida pacífica en este conflicto”.
Al manifestar su preocupación por “lo que parece una campaña de criminalización en contra la protesta social y en contra de la manifestación pública”, al referirse a los actos represivos, la Redim recordó que “el uso abusivo de la fuerza policial es contrario a los derechos humanos, a la democracia y al estado de derecho, y evidencia la fragilidad del Estado para prevenir que sus funcionarios usen la violencia como recurso personal”.
Al insistir en la exigencia del cese a la represión contra el movimiento magisterial, la Redim demandó que el diálogo “se concentre en informar en qué consiste la reforma educativa; tanto a las y los profesores implicados como a ciudadanos y ciudadanas, con especial prioridad a los 28 millones de niñas, niños y adolescentes que gozarán o padecerán los cambios administrativos en el sistema educativo nacional”.

La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, anunció ayer que el gobierno dará un millón de dólares al estado de Florida para ayudar en la investigación del tiroteo del pasado 12 de junio en una discoteca de la ciudad de Orlando, donde murieron 50 personas (incluido el atacante).
“El Departamento de Justicia dará un millón de dólares en fondos de emergencia al Departamento de policía de Florida”, anunció ayer la procuradora en una rueda de prensa en Orlando.
Los fondos del Departamento de Justicia irán “tan pronto como sea posible” al estado de Florida, que podrá ponerlos a disposición del Departamento de policía de Orlando y de otras circunscripciones para ayudar en la investigación del tiroteo de la discoteca Pulse de Orlando, un local frecuentado por homosexuales.
“Sé que la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) ha sido sacudida especialmente por esta tragedia. Es una cruel ironía que una comunidad que se define casi exclusivamente por su amor sea tan a menudo un objetivo de odio”, lamentó Lynch.
La procuradora visitó ayer Orlando para reunirse con las víctimas del tiroteo, considerado el mayor de la historia de Estados Unidos.
También se reunió con el fiscal del distrito medio de Florida, Lee Bentley III, para recibir las últimas novedades de la investigación de la masacre, perpetrada por Omar Seddique Mateen, un estadunidense con raíces afganas que irrumpió en el club nocturno con un fusil de asalto y una pistola.
La cadena CNN informó ayer que Mateen visitó la discoteca Pulse unas horas antes de la matanza con el objetivo supuestamente de comprobar los sistemas de seguridad.
El medio de comunicación, que cita funcionarios de las fuerzas del orden, aseguró que el FBI ha examinado los videos de vigilancia del local y ha entrevistado a varios testigos para saber cuáles fueron los movimientos de Mateen la noche del tiroteo.
Los investigadores todavía trabajan para determinar qué estaba haciendo el estadunidense en el intervalo de dos horas que discurre entre el momento en el que visitó el club nocturno por primera vez y su segunda visita, cuando abrió fuego contra el público del local.
Este lunes, el FBI reveló las transcripciones de las conversaciones telefónicas que mantuvo la Policía con Mateen la noche de la matanza.
Según las transcripciones, el atacante se llamó a sí mismo “soldado islámico” y amenazó con poner “cuatro chalecos con bombas” a los rehenes retenidos en el club nocturno.
Desde dentro de la discoteca, Mateen exigió a Estados Unidos que detuviera el bombardeo sobre Siria e Irak y aseguró que esa era la razón por la que estaba allí en ese momento.
Por su parte, el presidente de EU, Barack Obama, afirmó ayer que el Senado “le ha fallado al pueblo estadunidense” con su rechazo a cuatro medidas encaminadas a lograr mayor control de las armas de fuego en el país, calificado, por otro lado, por la Casa Blanca como una “vergonzosa exhibición de cobardía”.

 

Las encuestas publicadas ayer sobre el referéndum que celebrará el jueves en Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea (UE) siguen arrojando resultados muy ajustados y en diferentes sentidos.
Según un estudio del Institudo ORB para “Daily Telegraph”, el 53 por ciento de los votantes estaría a favor de seguir en la UE, mientras que el 46 por ciento querría la salida del bloque (“Brexit”). La encuesta se llevó a cabo entre el 14 y el 19 de junio entre 900 electores que se mostraron decididos a votar en la consulta.
En la consulta realizada entre el 8 y el 12 de junio, el 49 por ciento estaba a favor del “Brexit” y el 48 por ciento defendía la permanencia en la UE. Dicha encuesta fue realizada antes de que el 15 de junio muriese asesinada la diputada laborista Jo Cox, contraria al “Brexit”.
El primer ministro británico, David Cameron, alertó ayer a los británicos de la decisión “irreversible” que tomarán el próximo jueves en el referéndum sobre la permanencia o marcha del país de UE.

 

Los candidatos a las legislativas españolas del domingo se centran en esta última semana de campaña en una docena de provincias donde los escaños se juegan en un puñado de votos, debido a la particularidad del sistema electoral español, basado en un modelo proporcional por el que un diputado “cuesta” más a algunos partidos que a otros.
Las encuestas de los últimos días apuntan a un triunfo corto del PP (centroderecha), por delante de la izquierda Unidos Podemos, los socialistas del PSOE y los liberales de Ciudadanos.
Esos sondeos también sugieren que los comicios se van a decidir en apenas una docena de circunscripciones en las que hay escaños que pueden cambiar de manos por apenas unos votos.
La circunscripción en España es la provincia, con un modelo proporcional, y el método de asignación de escaños es la llamada Ley D’Hont, que en general beneficia a los partidos más votados, en especial en los lugares donde hay menos diputados en juego.
Por eso los candidatos centran sus esfuerzos en lugares como Toledo, Cáceres, Vitoria, Ciudad Real o Cantabria.
Ciudad Real, una provincia de medio millón de habitantes, es un buen ejemplo de esa lucha de los partidos por el llamado “voto útil” que refuerce a las formaciones con más posibilidades.
En ese lugar el candidato del PP, Mariano Rajoy, ha hecho un llamamiento a los que en diciembre pasado votaron a Ciudadanos, 12 mil personas que no aportaron escaño alguno a los liberales pero que podrían beneficiar a los populares.
La regla electoral hace perder muchos votos a partidos como Izquierda Unida, que hace unos meses logró dos escaños a pesar de tener 923 mil 133 votos, mientras Democracia y Libertad, que sólo se presentó en Cataluña, obtuvo ocho con 565 mil 501 sufragios.
Por eso todos los partidos pueden sufrir en sus propias carnes la coalición entre Podemos e IU, que al sumar sus votos pone en cuestión el reparto del último escaño en varias provincias, con la particularidad de que podría llevarse varios de ellos, en detrimento sobre todo del PP y del PSOE.