José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), Felipe de la Mata Pizaña, el académico internacional en materia de democracia, Rubén Miranda Goncalves, y el activista por los derechos humanos y político-electorales, Antonio Sorela Castillo, se pronunciaron a favor de la elección de las personas juzgadores que se realizará el próximo 1 de junio.
Durante el conversatorio Diálogo Internacional por los Derechos Políticos Electorales, organizado por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), en el marco de la promulgación de la Constitución de 1917, los tres ponentes dieron su opinión acerca de la reforma judicial que implica para el 1 de junio la elección de los jueces, magistrados y ministros que integran el Poder Judicial de la Federación.
Aunque cada ponente abordó un tema en específico, Miranda Goncalves y Sorela Castilloemitieron su opiniób sobre la reforma judicial e incluso realizaron recomendaciones desde su experiencia y perfil.
El que habló de fondo sobre el tema de la reforma, y en específico de la elección del 1 de junio, fue el magistrado De la Mata Pizaña, quien llamó a los ciudadanos a votar y participar en la primer proceso electoral judicial, el cual consideró, amplia los derechos políticos y electorales de toda la población.
Defendió la elección del próximo 1 de junio, y calificó de “agoreros del pesimismo y aves negras” a todos los que desean que no tenga éxito y que desde antes aseguren que no se hará de manera adecuada el proceso electoral judicial.
“Este es un tiempo para el optimismo, es un tiempo en el que México está cambiando, donde hay más derechos electorales para la ciudadanía. Está cambiando México y se volverá un país más democrático, va haber más derechos y más elecciones, y eso debería de ponernos de muy buen humor, pero a ratos oigo una serie de agoreros del pesimismo, aves negras que desean que no funcionen los derechos políticos de las personas y que no pueda llevarse a cabo de manera adecuada la elección del 1 de junio y que se desea que sea un fracaso”.
Agregó que “pareciera” que existe una campaña de desprestigio en contra de la elección para desanimar a los ciudadanos a votar, con comentarios y publicaciones en medios de comunicación en los que se hace énfasis en lo complicado que será la boleta y la desorganización que pudiera haber el día de la elección.
Ante dichos comentarios, que escucha y son recurrentes en las discusiones públicas sobre la elección judicial, De la Mata Paseguró que todas las instituciones electorales harán cumplir la ley y darán certeza al proceso electoral.
“México tiene grandes autoridades electorales, tiene un Instituto electoral extraordinariamente fuerte, tiene un Tribunal Electoral que ha dado certeza, y que ha permitido la transición democrática de todos los partidos en prácticamente todos los estado del país, y también a nivel federal. Si el INE y el Tribunal Electoral que organizó y llevó a buen puerto la elección del 2024, que fue aceptada por todas las partes que participaron en ella, son los que estamos organizando la elección judicial, y va a salir igual de bien y todos estaremos contentos porque vamos a elegir por primera vez a los jueces magistrados y ministros”.
Reconoció que por el poco tiempo que hubo entre la aprobación de la reforma y la realización de la elección judicial, hay aspectos que pueden ser perfectibles, y propuso que para las elecciones del 2027, en donde se elegirá al otro 50 por ciento del Poder Judicial federal, se incluyan en las candidaturas acciones afirmativas como la indígena y de la diversidad sexual.
“Seremos ejemplo para el mundo, y no es momento para el pesimismo, sino para la confianza en las instituciones electorales, todo va a salir bien, aunque pareciera que a ratos, hay mucha gente a la que le pesa”.
La ponencia del académico de la Universidad de La Rioja, España, Rubén Miranda Goncalvez, trató sobre la desinformación en procesos electorales, y cómo eso afecta los derechos político-electorales.
Miranda Goncalvez habló sobre cómo la desinformación manipula e impide a los ciudadanos votar correctamente, y vulnera el derecho a recibir información verdadera para emitir un juicio personal.
Al finalizar su participación, habló sobre la reforma judicial y llamó a que las autoridades electorales, tanto administrativas como judiciales, vigilen todo el proceso, desde la organización, la realización de la jornada electoral y lo que pase después de los resultados, porque será un hecho inédito en los democracias modernas, del que en el futuro más países puedan retomar como ejemplo.
Para este tema también llamó a fortalecer la figura de los observadores electorales para que no haya dudas sobre cómo se desarrolló la elección, sobre todo porque al no haber un conteo rápido para conocer en menos de 24 horas a los ganadores, serán las mencionadas figuras las que puedan contar como fue el proceso.
“Aprovechemos esta nueva etapa que México va a vivir ahora con la elección de sus jueces y magistrados para incrementar esa observación electoral, mayor presencia de organismos tanto nacionales como internacionales, e incluso sociedad civil, para la supervisión del proceso electoral, no solo el día de la elección, también el periodo preelectoral y postelectoral. Porque después viene lo que pasará con el recuento de votos”.
“Los resultados no van a salir el mismo día, y eso a mí me preocupa, cómo va a ser la custodia de los votos, quién nos dice a nosotros que no puedan meter papeletas de gente que no haya ido a votar y salga números que no cuadran, por eso es importante la observación electoral”.
El activista de derechos humanos y también académico Antonio Sorela Castillo consideró que cualquier ley y reforma es perfectible, “pero yo espero que después del 1 de junio que nos deje algo positivo, porque así va a pasar, pero por supuesto todos tenemos que participar, y no quedarnos solamente como observadores sino como partícipes”.
En una última participación de la magistrada presidenta del TEE, Alma Delia Eugenio Alcaraz aprovechó también para calificar como “acertado” que la elección judicial en lo local se realice en el 2027 y no este año, porque así se evitan errores y se pueden tomar ejemplos de la organización en los estados que se realicen dichos proceso.

 

 

Karina Contreras

El secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Luis Ángel Reyes, afirmó que no quitarán el dedo del renglón respecto a la denuncia que interpusieron contra militantes de Morena por actos anticipados de precampaña y campaña.
Sostuvo que los panistas hicieron la denuncia ante el IEPC, de la cual informó El Sur, porque “hemos venido viendo su actuar y para el PAN es campaña anticipada”.
En una conferencia de prensa en Acapulco, dijo que los morenistas deberían estar preocupados por mejorar la situación de seguridad, de trabajo y de servicios públicos que necesita la sociedad, “en lugar de estarse candidateando”.
Luis Ángel Reyes acusó que el dirigente de Morena, Jacinto González Varona, se escuda en un proceso de afiliación de su partido para candidatearse.
“El que haga campaña anticipada, del partido que sea, nosotros lo vamos a denunciar. No vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a estar encima de esos hechos que no dan el piso parejo para todos”.
Subrayó que los funcionarios morenistas se desentienden de sus actividades por estar en campañas anticipadas.

Realizarán campaña de afiliación

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Rocío Morales Morales, reconoció que al ser un partido de oposición no tienen un escenario fácil y para ello trabajarán en la campaña de afiliación.
Señaló que actualmente tienen 6 mil militantes en el padrón en Guerrero, por lo que “vamos a una campaña de afiliación para incrementar nuestros números”.
Indicó que han mantenido su porcentaje de votación, “tenemos nuestro voto duro asegurado y vamos a ir por aumentar ese porcentaje que actualmente es del 4.2 por ciento, vamos a luchar porque se aumente lo más posible”.
Señaló que el escenario de cada municipio es distinto, “nos vamos a trazar las metas ya conformando nuestros trabajos internos con las áreas de afiliación y electoral, quienes van a poner los parámetros que vamos a estar trabajando”.
Morales Morales agregó que en su municipio han crecido un 30 por ciento y confían en que sucederá en los demás.
Contó que empezaron los trabajos del nuevo comité para ampliar el padrón electoral y saben la problemática que tienen de manera interna y externa, pero “hemos asumido trabajar por el bien del partido y que éste progrese”.
Señaló que trabajarán en la conciliación “con todos los que no hayan sido favorecidos, nos referimos a la otra planilla, y también vamos a estar en una etapa de reorganización interna y buscando a todas nuestra infraestructura”.

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La reforma contra la reelección y el nepotismo que aprobó el Senado es un asunto de principios y de valores democráticos, que no son privativos de una sola persona ni benefician ni perjudican a nadie, afirmó la senadora morenista Beatriz Mojica Morga.
En consulta telefónica sobre el aplazamiento para su aplicación, que el senado llevó a 2030 y que legalmente permitiría a su compañero de bancada, Félix Salgado Macedonio, competir por la gubernatura en 2027, donde también ella es aspirante, argumentó que se aprobó en esos términos para que saliera por unanimidad, aunque la reserva que propuso llevar la reforma a 2030 tuvo 26 votos en contra.
Lo consideró un logro para el país, “un importante avance para restablecer la democracia, el sufragio efectivo”, una petición frecuente en la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Precisó que el proceso legislativo todavía no concluye y la ley debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, donde estimó que no habrá oposición, y después por los congresos de los estados.
“La verdad es que ha habido especulaciones, (pero) ya todo va al 2030, cada partido tomará sus decisiones internas (en las elecciones federales intermedias y estatales de 2027)”.
Cuestionada sobre la ventana que abre la modificación de la iniciativa de la presidenta a una candidatura de Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la senadora insistió en que la reforma no tiene dedicatorias personales.
“Es un tema de principios, de valores que tienen los que nos dedicamos a la política, y el combate a reelecciones son valores democráticos, no son privativos de una persona, no benefician ni perjudican a nadie, en lo general tienden a fortalecer la democracia, es una reforma presidencial, que se colocó como prioridad de la agenda”.
Confió en que los partidos políticos pueden decidir internamente en sus convocatorias sobre la reelección y el nepotismo, “y no tienen que ver con la reformas”.
Dijo que así ocurrió con la paridad de las candidaturas, primero se incluyeron en los estatutos políticos de los partidos; para hacerlos efectivos los organismos electorales los llevaron a lineamientos y ahora son ley.
De las quejas en su contra del PT por presunto uso de recursos públicos y del PAN por actos anticipados de campaña, señaló que la primera se desechó por falta de elementos. Estimó que lo mismo pasará con la queja de los panistas “porque en ningún lado dice que está prohibido llamar a la afiliación, no estamos en temporada electoral, no hay actos anticipados de campañas”.

La diputada local y presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes del Congreso del Estado, la morenista Glafira Meraza Prudente, informó que promoverán pláticas de concientización dirigida a infancias y dotarán de más facultades jurídicas a las procuradurías municipales de protección a la niñez, para contribuir a la erradicación de los matrimonios forzados.
Las propuesta de Meraza Prudente son después de que el domingo, se difundiera la celebración de un matrimonio en el municipio de Acapulco, entre dos menores de edad, el cual la alcaldesa, Abelina López Rodríguez aseguró se trató de un tema de usos y costumbres.
La diputada mencionó que para el caso específico que se dio a conocer el domingo se deben fincar responsabilidades a los adultos que lo permitieron, porque incurrieron en un delito en contra del bienestar de las infancias.
“Es un tema que se tiene que erradicar definitivamente de raíz y también fincar responsabilidades a quien las tenga, porque eso es un delito en contra del bienestar de nuestra niñez”.
También calificó como “lamentable y preocupante” que continúen ese tipo de hechos, por lo que se trabaja en reformas para dotar de más facultades jurídicas a las procuradurías municipales de protección a la niñez, ya que en dichos casos suelen ser los primeros respondientes.
“Estamos analizando de darle una figura jurídica a los procuradores del menor, porque únicamente la figura jurídica la tienen los procuradores regionales, no los municipales, y ya estamos trabajando en ello, estamos arrastrando el lápiz, estamos en el análisis, tenemos el apoyo de SIPINNA (Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes) para llevar a cabo esta reforma y reforzar el acompañamiento en territorio, porque es ahí donde debemos visibilizar que pueden ser causales de alguna sanción los que realicen dichas prácticas”.
Agregó que también propondrán capacitar a las autoridades municipales para que no minimicen los casos de matrimonios infantiles y puedan atenderlos y proceder como lo marca la ley.
“Estamos trabajando un tema de capacitación, pero más de capacitación a las procuradurías del menor, que son las instancias más cercanas a la población. También queremos que las tomen síndicos, regidores, alcaldes y alcaldesas para que no hagan caso omiso a estos casos, porque son los primeros respondientes, necesitamos reforzar este tema y regionalizarlo en zonas como la Montaña o en la Sierra donde hay mucha información, tenemos que ver de qué manera acercarnos lo más que se pueda”.
Dijo que ofrecerán pláticas a los menores para que sepan cuáles son sus derechos y puedan denunciar casos en los que se sientan vulnerados. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

 

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE), regresó por segunda ocasión a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), de Morena, el caso de la expulsión de su partido de la ex alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, por considerar que hubo una “indebida fundamentación”.
En sesión del TEE, celebrada la tarde de ayer martes, se resolvió el Juicio Electoral Ciudadano TEE/JEC/252/2024, por el que la ex alcaldesa de Chilpancingo impugnó la resolución de la CNHJ que determinó, en dos ocasiones, su expulsión de Morena.
El pasado 7 de septiembre, la CNHJ expulsó a Hernández Martínez de Morena, después de que la denunciaron por los videos que circularon en redes sociales en 2023, donde apareció reunida supuestamente con el presunto líder de un grupo criminal.
Por su expulsión, que se concretó en 2024, días antes de que dejará el cargo de alcaldesa. Hernández Martínez impugnó ante el TEE, y dicho órgano judicial remitió el caso a la CNHJ por primera vez.
En esa primera ocasión, la CNHJ ratificó la expulsión de Hernández Martínez y ésta nuevamente impugnó la determinación. Dicha impugnación fue la que desahogó hoy el TEE, la cual por segunda ocasión se envía a la Comisión intrapartidista de Morena para que determine la situación de la ex edil.
De acuerdo con el proyecto aprobado por unanimidad, el TEE determinó que la CNHJ hizo un estudio indebido del caso, por lo que le mandató emitir una nueva determinación.
En la resolución se afirma que la CNHJ “aplicó un uso incorrecto en la causal de improcedencia y detectó que hubo una indebida fundamentación en la causal del procedimiento sancionador contra la exalcaldesa de Chilpancingo”.
Es decir, que no existen pruebas técnicas que acrediten los hechos denunciados contra Hernández Martínez, indicando que notas periodísticas y videos mostrados contra la ella son técnicas que tienen un carácter de imperfectos porque se pueden confeccionar y modificar sin dificultad.
Con la nueva sentencia que emita la CNHJ, sería ya la tercera vez que se pronuncia sobre el mismo tema de la ex alcaldesa y con la determinación del TEE, es la segunda ocasión que dicho órgano se la regresa a la Comisión.

El Congreso incurrió en indebida integración de la Permanente

En la sesión de esta tarde, también se desahogó el juicio electoral ciudadano TEE/JEC/006/2025, por el que la diputada del PAN, Irene Montiel Servín, denunció que no fue integrada a la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la cual se instaló el 16 de enero pasado.
Montiel aseguró que Morena, al ser el Grupo Parlamentario con la mayoría, la excluyeron de la Comisión Permanente, desacatando el principio de pluralidad que marca la Ley Orgánica del Congreso, lo que incluso, aseguró, se podía interpretar como violencia política en razón de género.
Sobre la impugnación, el TEE dio entrada parcialmente a la impugnación presentada por Montiel Servín, al asegurar que de acuerdo con la legislación local, la Comisión Permanente debía estar integrada por las fuerzas minoritarias para garantizar su representación.
El Tribunal indicó que no era posible ordenar la incorporación de Montiel Servín a la Comisión Permanente, debido al procedimiento legislativo ya que sus funciones de dicha Comisión están por culminar.
Lo que sí mandato al Congreso es que en la próxima integración de la Comisión Permanente se tome en cuenta a todas las fracciones y representaciones parlamentarias.

Argenis Salmerón

Estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa realizaron un mitin en el Antimonumento a los 43, donde reprocharon que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch se mantenga en el gobierno, a pesar de que es señalado como partícipe en la creación de la llamada “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa.
Minutos antes del mediodía, los jóvenes estudiantes llegaron en dos autobuses en la transitada avenida Costera y cerraron el carril que va de Caleta a la Base Naval.
Un joven reprochó que Omar García Harfuch, comisario de la Gendarmería Nacional durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, siga trabajando con la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, ahora como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Demandó que los documentos militares pendientes de desclasificar sean entregados, los cuales representan más de 800 folios, para conocer la verdad de lo ocurrido, al señalar que durante la noche de Iguala había mil 200 agentes distribuidos en dos campos del Ejército.
“No puede ser posible que (la desaparición de los 43) sea ocasionad por el Estado. El grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes entrevistó a un testigo protegido, este mismo dijo que tenía el poder del Estado y la organización el Estado, es decir que cada uno de los funcionarios estaban coludidos con el narcotráfico”, mencionó.
Añadió que los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron una “represión política de lesa humanidad, porque José Luis Abarca ya había cometido crimenes”.
Expuso que la represión ya existía en Iguala, pues un año antes de la desaparición de los 43 normalistas, fue el asesinato del activista Arturo Hernández Cardona.
Dijo que en el lapso del 26 y 27 de septiembre del 2014 hubo un “apagón informativo”, porque de las 24 cámaras del C-4 en Iguala, solamente entregaron cuatro.
“Ahí se ve como están coludidos los funcionarios, los policías, el Ejército, es por eso que vamos a seguir”, advirtió.
Pidió castigo a los funcionarios que se encontraban en activo durante la desaparición de sus compañeros.
Afirmó que la lucha seguirá hasta encontrar verdad y justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Otro estudiante advirtió al gobierno federal, que seguirá en pie de lucha para exigir la presentación con vida de los 43 normalista de Ayotzinapa.
“Ayotzinapa no perdona, Ayotzinapa no olvida y cabe mencionar que estamos cerca de recordar la muerte del compañero Yanki Kothan”, manifestó.
Los estudiantes realizaron consignas exigendo la presentación con vida de los 43 normalistas y esclarecimiento de la muerte de su compañero Yanki Kothan Gómez Peralta, cuyo aniversario de su muerte será el próximo 7 de marzo.
Al final los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa dejaron una corona de flores en el antimonumento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el viernes pasado fueron detenidos en el municipio de Alcozauca cuatro hombres y que se decomisaron siete armas de fuego, 39 kilogramos de droga, vehículos y dinero en efectivo.
El resultado fue debido a una orden de cateo en un inmueble en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, informa.
En un boletín de prensa este martes la FGE detalló que en la operación fueron decomisadas cuatro armas largas, tres armas cortas, así como 21 bolsas de plástico, “que contenían una sustancia con características similares al cristal”, con un peso aproximado de 20 kilogramos.
Además 19 bolsas con un peso aproximado de 9 kilogramos que contenían “una sustancia con características similares a la goma de opio”, nueve paquetes que contenían “una hierba verde seca con características propias de la marihuana”, con un peso aproximado de nueve kilogramos, y una bolsa de aproximadamente 1 kilogramo con hierba verde seca “similar a la mariguana”.
El organismo agregó que también se encontraron cuatro vehículos, entre los cuales se incluyen tres camionetas (dos tipo Pick-up y una tipo estaquitas) y una motocicleta.
Se informó que la “intervención oportuna” de las corporaciones fue en respuesta a una denuncia ciudadana recibida a través de la aplicación Ponte Buso de la FGE Guerrero, en la que se señalaba que un domicilio ubicado en el poblado de Chimaltepec, era utilizado para el almacenamiento y distribución de narcóticos.
“En seguimiento a esta información, personal de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), adscrito a la Unidad Antiextorsión, realizó diversas investigaciones de campo, las cuales proporcionaron los elementos necesarios para que un juez de control librara la orden de cateo”, informó la FGE.
Agregó que tras obtener el mandato judicial, se implementó el operativo interinstitucional para llevar a cabo la inspección en el mencionado domicilio.
Detalló que en la operación fueron detenidos Oliver “N”, Gonzalo “N”, Eliel “N” y Jenry “N”.
Se informó que los detenidos y lo que fue decomisado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. (Redacción / Chilpancingo).

Redacción / Carmen González Benicio

Chilpancingo / Tlapa

Al mediodía un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida a balazos en las oficinas administrativas del mercado de la colonia del PRI en Chilpancingo, y en la comunidad de Garrapatas, municipio de Juan R. Escudero, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en bolsas negras.
El joven que fue baleado el lunes, Juan Carlos, murió ayer en el Hospital General de Chilpancingo a causa de las graves heridas, y en la colonia El Tepeyac de Tlapa fue asesinado a balazos Isaías Flores, de 50 años de edad, concesionario de una Urvan del servicio público de transporte.
El hombre ejecutado recibió más de 10 balazos y quedó tirado en la calle Zaragoza, y su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo luego de las diligencias de ley.
A las 11:30 del día en la capital se reportó el ataque con armas de fuego en las oficinas de la administración del tradicional mercado de la colonia del PRI, al poniente de la capital.
De acuerdo con reportes de la policía, al menos dos hombres entraron hasta las oficinas ubicadas en una lateral del mercado y dispararon a mansalva en contra de una pareja.
Tras el ataque murió Miguel Ángel Cuenca Tellez de 42 años y resultó con heridas en el brazo su esposa Berta Alicia, administradora de ese mercado.
Trascendió que Miguel Ángel trabajó en la anterior administración municipal en el área de reglamentos de la Dirección de Gobernación.
Casi una horas después del ataque la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que inició una investigación para esclarecer los hechos al interior del mercado de la colonia del PRI, en los que un hombre perdió la vida y una mujer resultó lesionada, en el municipio de Chilpancingo.
Minutos más tarde, autoridades reportaron el hallazgo de los restos del cuerpo de un hombre dejados en bolsas negras de plástico en el camino de acceso a la localidad de Garrapatas, municipio de Juan R. Escudero en la región Centro.
El hallazgo se dio alrededor de las 11 de la mañana en la entrada a la población cerca de la carretera federal en el tramo Tierra Colorada–Ocotito.
En la escena fue hallada una cartulina donde se señala que la víctima se dedicaba a la extorsión.
El pasado 22 de enero también en Garrapatas fueron dejados los cuerpos cercenados de dos hombres en bolsas negras.
Por separado, se informó que el joven baleado el lunes, Juan Carlos de 30 años y vecino de la colonia Centro, murió la mañana de ayer martes en el Hospital General de Chilpancingo, Raymundo Abarca Alarcón.
La víctima fue atacada a balazos alrededor de las 5 de la madrugada del lunes cuando circulaba a bordo de una motoneta por el bulevar Vicente Guerrero, frente a la entrada de la 35 Zona Militar, en el carril lateral de sur a norte.
El joven agonizó poco más de 24 horas y murió a las 7 de la mañana en el hospital Raymundo Abarca Alarcón.

Teloloapan: reportan presuntos enfrentamientos de civiles armados

Una denuncia de la incursión de civiles armados y un reporte de presuntos enfrentamientos la tarde de este martes cerca del poblado de Ojo de Agua del municipio de Teloloapan, generó una movilización de efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal, sin que hasta la tarde se hayan reportado víctimas o personas detenidas.
Pobladores informaron que a la una de la tarde se reportó la incursión de civiles armados en un paraje entre las localidades de Ojo de Agua y Puente Caído, cerca de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en la salida para Arcelia.
Una versión que se dio a conocer es que hubo ráfagas de un posible enfrentamiento entre civiles armados, presuntos miembros de grupos antagónicos del crimen organizado que desde julio mantienen una pelea por el control del territorio.
Fuentes policiacas confirmaron que hubo una fuerte movilización policiaca y militar de efectivos que tienen bajo su mando la vigilancia y seguridad en este municipio desde el 30 de julio que desplazaron a la Policía Comunitaria Tecampanera.

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

Omar Cuenca Marino, El Niño Popis o La Fresa, uno de los fundadores del grupo delictivo Los Rojos que operaba en Guerrero, fue extraditado por el gobierno mexicano a los Estados Unidos (EU) por delitos contra la salud y lavado de dinero.
En un comunicado del Departamento de Justicia de EU, informó que Cuenca Marino de 41 años, originario de Corral de Piedra, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), fue procesado ante el magistrado federal Russell G. Vineyard por “cargos federales de conspiración para poseer con la intención de distribuir e importar ilegalmente metanfetamina, cocaína y heroína a los Estados Unidos, y conspirar para cometer lavado de dinero”.
Omar Cuenca es fundador del grupo de Los Rojos, estuvo a cargo luego de la muerte de su primo Jesús Nava Romero, El Rojo, ocurrida en diciembre del 2009 en el edificio Altitud de Cuernavaca donde la Marina implementó un operativo para detener a Arturo Beltrán Leyva, El Botas Blancas, que terminó con la muerte de los capos.
Después de la muerte de Beltrán, Cuenca Marino se enfrascó en una guerra por el control del corredor de Acapulco, Iguala y Morelos contra Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y los hermanos Casarrubias que fundaron Guerrero Unidos.
Fuentes consultadas por El Sur mencionaron que los hermanos Casarrubias traicionaron a uno de los sobrinos de El Rojo llamado José Ángel Nava, quien fue encontrado asesinado en el basurero de Tepecoacuilco en octubre del 2010.
La versión de los familiares es que el sobrino fue entregado por los hermanos Casarrubias en Iguala al Ejército, “quien lo torturó y lo dejó sin vida en el basurero de Tepecoacuilco”.
En venganza, Cuenca Marino intentó recuperar el corredor de Iguala a Cuernavaca y fundó el Cártel de la Sierra, en enero del 2019 fue detenido y enviado al penal de Puente Grande en Jalisco.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó ayer sobre su extradición a Georgia, como parte de una “sólida colaboración entre las fuerzas del orden y una determinación firme para eliminar a los cárteles que importan drogas letales a nuestras comunidades” dijo el fiscal federal interino Richard S. Moultrie.
“Este proceso envía un mensaje contundente a los cárteles y a sus líderes, sin importar dónde residan: se enfrentarán a la justicia”.
“El arresto y la extradición de Omar Cuenca Marino, el supuesto líder del cártel de Los Rojos, marca un éxito significativo para los esfuerzos en curso de Estados Unidos por desmantelar los cárteles del narcotráfico y asegurar nuestras fronteras”, dijo Steven N. Schrank, agente especial a cargo de HSI Atlanta, que cubre Georgia y Alabama, según el comunicado difundido en la página de internet del Departamento de Justicia.
“Como parte de nuestro compromiso de combatir la crisis de opioides y el crimen transnacional, estamos aprovechando todos los recursos disponibles para desbaratar las operaciones criminales transfronterizas. Este caso envía un mensaje claro de que nosotros, junto con nuestros socios en la aplicación de la ley, no toleraremos a quienes buscan beneficiarse de la distribución de narcóticos peligrosos”.
En el comunicado se señala que los cárteles de la droga mexicanos han causado la muerte de muchas personas en los Estados Unidos a través de la violencia y la distribución de drogas ilegales.
La investigación de las autoridades estadounidenses dicen que el grupo de Los Rojos entre 2013 y 2016 fueron responsables de mover grandes cantidades de heroína, metanfetamina y cocaína para su distribución desde México a los Estados Unidos.
La investigación identifica a Cuenca Marino como el presunto líder del cártel con sede en México, “que supervisó la preparación de miles de kilogramos de cocaína, metanfetamina y heroína en México, y organizó el contrabando de las drogas a los Estados Unidos utilizando autobuses y tractocamiones”.
Además, presuntamente dirigió la “recaudación de millones de dólares de las ganancias de la droga para su transporte desde los Estados Unidos de regreso a México”.
El 11 de octubre de 2013, una operación policial en Vinings y Hiram, Georgia, condujo a la incautación de aproximadamente 75 kilogramos de metanfetamina, 23 kilogramos de heroína y 47 kilogramos de cocaína.
Cuenca Marino presuntamente dirigía el contrabando de estas drogas hacia los Estados Unidos para su distribución en el área metropolitana de Atlanta.
El 20 de noviembre de 2015 las fuerzas del orden incautaron 76 paquetes de cocaína de un vehículo en un estacionamiento de Duluth, Georgia.
La investigación reveló que Cuenca Marino había transmitido el número de teléfono del traficante con sede en Atlanta que estaba a punto de tomar posesión de las drogas.
El 9 de febrero de 2016, las fuerzas del orden detuvieron un vehículo que circulaba por la carretera interestatal 44 en el condado de Phelps, Missouri, y encontraron 425.900 dólares en ganancias de la droga.
El conductor, que se dirigía a México, supuestamente se puso en contacto con Cuenca Marino al día siguiente para informarle que el vehículo había sufrido un “accidente”.
La extradición de Omar Cuenca Marino se da en medio del mes que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al presidente Donald Trump que no se implementara el 25% de aranceles, amenaza debido al tráfico de fentanilo que ha matado a miles de estaduunidenses.