La ex consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta, dijo que se reunirá con el resto de los aspirantes a la gubernatura y que ella ha extendido invitaciones a todos, pero evitó decir con quienes se ha reunido, porque sostuvo que esas conversaciones se quedan en el ámbito privado.
La mañana del domingo, Damián Peralta participó en la competencia atlética convocada por el Tecnológico de Acapulco EncarreraTecNM 2026, como parte de los festejos por su 51 aniversario, que se realizó en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, en unas distancias de 5 y 10 kilómetros.
Damián, quien corrió la de 5 kilómetros, del acceso del Macro-túnel a las instalaciones del Tecnológico, indicó que desde hace año y medio que no participaba en carreras, narró que llegó en el minuto 39, “a la siguiente te aseguro que voy a mejorar mi tiempo”.
Después la carrera, dijo que está en espera del 22 de junio para registrarse en el proceso interno de Morena y ser favorecida en la encuesta, “ese es el primer sueño, luego hablamos de lo demás”.
A pregunta de un reportero, Esthela Damián respondió que ella no está en competencia, que convoca a la unidad y pide que no haya división en el partido.
Sobre su posible reunión con el senador Félix Salgado Macedonio, respondió: “Yo soy muy cauta, ustedes saben que no ventilo casi nada de mi agenda. A veces me han llegado de sorpresa, déjenme llegar, déjenme saber. Yo no futurizo, yo espero que suceda, pero que suceda lo que tenga que suceder. Si mi compañero el senador, quien tiene todos mis respetos, me quiere ver, pues yo estaría encantada, como estaré encantada de ver a (Rubén) Cayetano, como estaré encantada de ver a todos los que están para la encuesta y lo que no están también”.
Agregó que ella se ha reunido con varios morenistas y ha enviado mensajes a otros, “no les digo con quien, se me hace innecesario, me parece que la charla queda en la intimidad de dos personas que tenemos palabra. En Guerrero aprendí a tener palabra, si yo gano me van a respetar la encuesta, pero si pierdo, también voy a saber perder”.
Llamó a las mujeres a no detener sus aspiraciones, dijo que ella ha logrado un costal de fracasos y una bolsita de éxitos, sin necesidad de escuela privada o de lana, que no hay nada que frene a las mujeres, jóvenes y hombres.
Damián Peralta contó que participó en la carrera del Tecnológico porque de esa forma se pone el ejemplo. “¿Cómo le podría decir a los chavos que hagan deporte en Guerrero si yo no hago? Hay que poner el ejemplo, si yo pude a los 53, que tú no puedas a los 12, a los 15, a los 30”.
Damián Peralta se refirió al video que circula en redes sociales, donde bailó La Iguana, “no soy maestra de danza de La Iguana, pero cuando sea adulto mayor ya les dije que voy a tener una casita modesta al lado de la playa y juro que voy a tomar clases de danza folclórica”. (Daniel Velázquez).

Israel Flores, Aurora Harrison

Ciudad Altamirano/ Acapulco

Este fin de semana apareció en las Lomas de Santa Bárbara, municipio de Pungarabato, a un costado de la carretera federal de Ciudad Altamirano a Iguala, propaganda política de Beatriz Mojica con la leyenda “es Bety”, mismo que fue colocado junto a un mensaje de la Iglesia católica.
Se trata de un espacio ubicado en el ejido de Santa Bárbara, municipio de Pungarabato, a unos 4 kilómetros de Ciudad Altamirano. Es una zona muy visible a un costado de la carretera, porque la loma es árida y por costumbre se usa ese espacio para colocar mensajes de todo tipo, usando piedras grandes pintadas de blanco, para que resalten.
Desde Semana Santa, la Iglesia católica instaló un mensaje con las letras “JHS” rodeadas por una corona, que es un símbolo religioso que significa: “Iesus Hominum Salvator”, que se traduce como “ Jesus, salvador de los hombres”.
Debajo de ese mensaje, a casi un metro de distancia, colocaron de forma centrada la leyenda “Es Bety”.
La pinta fue difundida en redes sociales, también por promotores de Beatriz Mojica, confirmando que fue este mismo equipo el que colocó este mensaje.
El mensaje fue instalado durante el sábado. A un costado había colocado un corazón, hecho con piedras pintadas para adornar el mensaje. Sin embargo, para este domingo, el corazón fue quitado parar formar la palabra “no” y ahora se lee “no es Bety”.
Este mensaje de Beatriz Mojica se suma a las pintas que ya se realizaron a favor de Javier Saldaña y de Iván Hernández, quienes se promueven en Tierra Caliente.
Mojica representa los valores académicos, dicen estudiantes y egresados de la UNAM e IPN

El sábado, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM) e Instituto Politécnico Nacional (IPN) manifestaron su respaldo político a la senadora Beatriz Mojica Morga, porque consideran es una mujer preparada para encabezar la coordinación estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
En conferencia de prensa en el restaurante el Jaguar, el representante Bryan Vicario Figueroa aseguró que son 250 jóvenes estudiantes y egresados que “estamos aquí con una sola causa y esa causa es respaldar el proyecto político de la senadora Beatriz Mojica”.
“Creo que hay posibles aspirantes a la sucesión rumbo a 2027 y, en ese sentido, consideramos que el perfil de la senadora Mojica, si es que así lo deciden en su momento, representa los valores académicos de los guerrerenses. Hoy, y no es para menospreciar su gran trayectoria política, pero también en lo académico no hay ninguno, ningún funcionario o funcionaria que se le parezca”, dijo.
Aneth García Galeana, originaria de Zihuatanejo, señaló que todos los jóvenes coincidían y estaban convencidos que el mejor perfil de todos los aspirantes era Beatriz Mojica, el cual se debe a toda su experiencia como funcionaria pública.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) sancionó a dos dirigentes locales del extinto Partido Encuentro Solidario (PES), por realizar pagos no establecidos en la ley durante su proceso de liquidación de la organización local, por una cantidad que asciende a 300 mil pesos.
De acuerdo con una sentencia emitida por el Consejo General del IEPC, los ciudadanos Moroni Pineda Torrijos, en su carácter de ex responsable de Finanzas; así como a Samantha Isabel Vega Pérez, en su carácter de ex dirigente estatal del PES, realizaron cinco pagos no autorizados por la interventora durante el periodo de prevención, es decir, después de que se declaró la pérdida de su registro como partido local, al no lograr el 3 por ciento de la votación requerida.
El monto de esos cinco pagos, según se indica en el expediente, asciende a un total de 300 mil pesos, “atribuible” tanto al ciudadano Moroni Pineda como a Samantha Isabel Vega, en su carácter de la dirigencia de este partido local.
Según dice el documento “la forma en que se cometió la infracción consistió en que ambas personas denunciadas, en ejercicio de sus funciones partidistas y en su calidad de cotitulares autorizados de la cuenta mancomunada, dispusieron de recursos financieros mediante la realización de transferencias bancarias, sin contar con la autorización de la persona interventora designada”.
Estas operaciones fueron realizadas durante las etapas de prevención y liquidación del PES, hechas en contra del procedimiento obligatorio de “control, supervisión y autorización previa establecido para toda erogación durante el proceso de liquidación, pese a las advertencias e instrucciones formales emitidas por la autoridad electoral”.
En el expediente se menciona también que estas acciones fueron hechas de manera dolosa por parte de Vega Pérez y Pineda Torrijos, toda vez que ambos tenían pleno conocimiento de que ningún pago podía efectuarse sin la autorización previa de la persona interventora.
Además de que sabían que realizar pagos sin el aval de la persona interventora, tenía como resultado la transgresión a la normativa electoral.
En el proyecto se sanciona a ambas personas, con el requerimiento de reintegrar esta cantidad no autorizadas en los pagos, además de una multa de 63 mil 112 pesos, para cada uno, por incumplir la ley electoral.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz aseguró que mantiene coordinación con autoridades municipales y alcaldes de las regiones Montaña y Centro, así como comisarios de la esa zona, “para dar seguimiento a las acciones de atención y construcción de acuerdos”, después de que el sábado nueve alcaldes anunciaron su salida de las mesas regionales argumentando que no son tomados en cuenta.
Por medio de un comunicado difundido después de las 5 de la tarde, tres horas después de que los nueve alcaldes anunciaron su salida de las mesas regionales, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz aseguró que hay acciones interinstitucionales y de atención social que se desarrollan de manera coordinada, “privilegiando el diálogo entre los tres órdenes de gobierno, así como con autoridades locales y comisarios de estas importantes regiones”.
La respuesta de la Mesa estatal se da luego de que alrededor del mediodía, los alcaldes de Acatepec, Ángel Aguilar Romero (Morena); de Tixtla, Alberto Michi Campos (PRI); de Quechultenango, David Astudillo Morales (PRD); de Ahuacuotzingo, Pedro Ojeda Reyes (PRD); de Mochitlán, Gerardo Mosso López (PVEM), de Mártir de Cuilapan, Jesús Vázquez García (PRD), y de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón (PVEM); así como las alcaldesas de José Joaquín de Herrera, Micaela Manzano Martínez (PVEM), y de Zitlala, Khalia Areli Ramos Decena, anunciaron que se retiraban de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, “ante la omisión, indiferencia y falta de respuestas eficaces”.
En un comunicado difundido en las páginas oficiales de sus ayuntamientos, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde del sábado, los nueve alcaldes respaldaron a la alcaldesa priista de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, quien un día antes también se retiró de la mesa, y justificaron su salida al considerar que “este mecanismo ha dejado de cumplir con el propósito para el que fue creado, hoy representa solamente un espacio donde se minimiza la gravedad de los hechos que padecen nuestros municipios”.
Ante estas acusaciones, la Mesa estatal respondió: “Los gobiernos de México y Guerrero mantienen acciones coordinadas de seguridad, atención social y procuración de justicia en comunidades de la región Montaña, con el objetivo de fortalecer las condiciones de estabilidad”.
La mesa informó que “se mantiene un despliegue de más de mil 200 elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, así como 12 Bases de Operaciones Interinstitucionales, distribuidas en comunidades y corredores estratégicos de la región”.
El comunicado agregó que desde la intervención institucional no se han registrado nuevos hechos de violencia en las comunidades atendidas, pese a información difundida en redes sociales que, según el documento oficial, “ha sido desmentida oportunamente”.
En el comunicado también se informó que el pasado 21 de mayo se realizó una Feria Integral de Servicios, con la participación de 31 dependencias federales y estatales, además del restablecimiento de servicios de salud, educación y abasto de insumos básicos en comunidades de la región. Además, que los próximos días 2 y 4 de junio se realizará el Tianguis del Bienestar en comunidades de la región.
Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) mantienen investigaciones relacionadas con los hechos de violencia registrados en la zona, “para esclarecer los hechos y lograr resultados con consecuencias jurídicas contra quienes hayan atentado contra la población”.

Aurora Harrison

La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, de Morena, opinó que los nueve alcaldes de las regiones Montaña y Centro que se salieron de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, deben de cuidar a los habitantes y agregó que sí hay avances en las estrategias que se establecen, porque en este municipio los homicidios han bajado.
Este domingo, luego de que clausuró el Festival Internacional del Libro Acapulco, sobre los nueve alcaldes que dejaron la Mesa de Coordinación por la omisión, indiferencia y falta de respuestas oficiales, dijo que gobernar es para hacer el bien.
“Los que asumimos una responsabilidad, tenemos que como premisa mayor cuidar a nuestro pueblo, porque si no. Entonces ¿a quién eligieron? Si no tienen una responsabilidad con su pueblo yo creo que las medidas se deben tomar. Gobernar es para el bien, no para el mal”, dijo.
Aseguró que hay avances en las acciones que se establecen en la Mesa de Coordinación, en el caso de Acapulco el año pasado, “bajamos al 0.2 por ciento de la violencia comparado, en 10 años, de 2.6. a 0.2 Cuando hacemos un balance, de 80 homicidios que eran al mes, hoy 25, exagerado 30, ¿qué quiere decir? Que es todo este trabajo coordinado que traemos de manera institucional, gobierno federal, estatal y municipal”.

Debe atenderse el señalamiento de alcaldes sobre la Mesa, pide Celestino Cesáreo

El coordinador estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, opinó que se debe atender el señalamiento hecho por los alcaldes, de que sólo hay simulación y se minimiza el problema de inseguridad en la región Centro del estado.
Este sábado, nueve presidentes municipales de cuatro partidos, de las regiones Centro y Montaña, anunciaron que se retiraban de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz “ante la omisión, indiferencia y falta de respuestas eficaces” y porque “se minimiza la gravedad de los hechos”.
En declaraciones por teléfono, Celestino Cesáreo precisó que de los nueve alcaldes, sólo dos son del PRD: el de Mártir de Cuilapan, Jesús Vázquez García, y la alcaldesa de Zitlala, Khalia Areli Ramos Decena; los otros dos, el de Quechultenango, David Astudillo Morales, y el de Ahuacuotzingo, Pedro Ojeda Reyes, renunciaron al PRD “hace varios meses”.
Indicó que todavía no ha conversado con los dos alcaldes del PRD, pero confió en que esta semana lo hará.
“Entiendo que es un planteamiento conjunto, creo que es válido. Lo que reclaman es que no hay atención de los tres órdenes de gobierno, que no hay resultados, que es hasta cierto punto una simulación”.
Sobre lo que implica la retirada de los alcaldes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que es el instrumento que definió el gobierno federal para atender los problema de inseguridad en las entidades, consideró que se debe escuchar a los alcaldes, porque se trata de un problema delicado, “ellos se quejan de que no les hacen caso, que no hay resultados e incluso que se les da trato discriminatorio”.
Consultado sobre si la salida de los alcaldes de la mesa puede ser resultado de presiones de la delincuencia, el dirigente estatal del PRD respondió que no sabe más porque no ha conversado con los alcaldes. (Daniel Velázquez).

Redacción

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codehum) llamó a las autoridades municipales, estatales y federales a seguir trabajando en la construcción de la paz en Guerrero y los municipios, y recalcó que la participación de los Ayuntamientos es fundamental porque son la autoridad inmediata en las comunidades, luego de que nueve alcaldes de la Montaña baja y la región Centro anunciaron el sábado que se retiraban de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
En un comunicado publicado ayer afirmó que como institución garante de los derechos fundamentales, ha coadyuvado con los gobiernos estatal y municipales, los ha instado a construir y consolidar un entorno de paz, de armonía y de respeto de los derechos humanos de las personas de los pueblos originarios de la Montaña baja, con motivo de los recientes hechos de violencia, en referencia a los ataques del grupo delictivo de Los Ardillos contra comunidades nahuas ocurridos del 6 al 11 de mayo.
Dijo que el organismo ha fungido como observador en las acciones que los tres órdenes de gobierno han realizado para garantizar la seguridad en la zona, así como el restablecimiento de los servicios básicos e institucionales, para que la vida comunitaria vuelva a la normalidad, y que en dicho proceso la Mesa para la Construcción de la Paz “tiene un papel preponderante”.
Agregó que desde la óptica de los derechos humanos también es un espacio de diálogo institucional donde se generan las condiciones para vivir en armonía y con seguridad, y que la paz se construye con la participación de los municipios.

Preocupa al Centro Minerva Bello la salida de los alcaldes de la Mesa de Coordinación

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello manifestó su preocupación por la decisión de nueve alcaldes de la Montaña baja y la región Centro de abandonar las Mesas de Coordinación para la Construcción de Paz, y consideró que esta no puede ser una respuesta ante una realidad que exige mayores esfuerzos y compromisos colectivos.
En un comunicado difundido el sábado, la organización cuyo nombre honra a la fallecida madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y tiene como sede la capital del estado, llamó a reconsiderar la decisión y fortalecer los mecanismos de coordinación privilegiando el diálogo, la participación y el compromiso con las comunidades, “que esperan respuestas y acciones reales”.
“La violencia, el desplazamiento forzado, las amenazas y el dolor que viven miles de familias no distinguen colores partidistas ni intereses políticos. La paz exige corresponsabilidad y la responsabilidad pública implica permanecer presentes incluso cuando los resultados no son los esperados”, afirmó y añadió que “no se construye desde las ausencias; se construye desde la responsabilidad compartida y la permanencia junto al pueblo”.
Indicó que entiende su cansancio, frustración y la exigencia legítima de resultados eficaces frente a la crisis de violencia e inseguridad que enfrentan las comunidades, y que comparte la preocupación por la insuficiencia de respuestas institucionales y la urgencia de acciones concretas.
Sin embargo, expuso que las Mesas de Construcción de Paz son un instrumento para coordinar esfuerzos y construir rutas de atención con diversas autoridades y órdenes de gobierno frente a una crisis que afecta diariamente a los pueblos, y que debilitar estos espacios significa reducir las posibilidades de interlocución y dejar a las comunidades con menos herramientas para exigir soluciones.

 

Un hombre fue asesinado a balazos en la avenida Heroico Colegio Militar en Tlapa la tarde del domingo.
Las autoridades confirmaron el hecho y la detención de un presunto responsable identificado como Guillermo, del municipio de Zapotitlán Tablas.
La víctima de unos 25 a 30 años estaba en la banqueta de la entrada de la tienda Neto, ubicada en la colonia Cub, donde cayó abatido por las balas; vestía una playera color naranja, pantalón de mezclilla, estaba descalzo y llevaba una mochila a su costado.
Debido al reporte de las detonaciones acudieron policías municipales, estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron el homicidio iniciando la carpeta de investigación.

Discusión entre albañiles

En un boletín, el gobierno del estado informó que el muerto era de oficio albañil y estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con otro fuera de la tienda Neto cuando empezaron a discutir, y de repente se escucharon las detonaciones de un arma de fuego, quedando uno tirado en el suelo donde se localizaron casquillos percutidos, así como el arma presuntamente utilizada en el homicidio.
Por lo que elementos de la Policía Estatal y de la Policía Investigadora Ministerial desplegaron un operativo en la zona, logrando minutos después la detención de un masculino de 27 años, originario de Zapotitlán Tablas, señalado como probable responsable.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas. (Carmen González Benicio / Tlapa).

Alina Navarrete Fernández

Alcozacán y Tula, Chilapa

Era el Día de las Madres, 10 de mayo de 2026, cuando Saturnino Bartolo Tlalcorral, integrante del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y miembro de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), salió de su casa en defensa de Xicotlán, municipio de Chilapa, pero fue asesinado por integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
Su cuerpo fue localizado y trasladado por las autoridades al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital, donde permanece a 14 días de los ataques, mientras que su esposa y su hija, de apenas 9 de años de edad, están refugiadas en Alcozacán, desplazadas de manera forzada.
“Los Ardillos encendieron el fuego en el cerro”, recordó la esposa de Saturnino Bartolo el sábado en declaraciones, “pa’ que no avanzara mucho el comisario los mandó a apagar el fuego, él se fue como a las 2 de la tarde… cuando me di cuenta, le intentaba marcar, ya no contesta, los demás de mi familia también le intentaban marcar y no contestaba”.
“Ese 10 de mayo fue un día domingo y cuando amaneció el lunes, me di cuenta que ya estaban tirados allá en Las Antenas, eran cuatro los que los agarraron, los desaparecieron”; Saturnino Bartolo fue desaparecido junto con los también integrantes del Cipog-EZ y la CRAC-PF, José Guadalupe Ahuejote Xanteco, Víctor Ahuejote Arribeño y Benito Tlalcorral Rita, todos asesinados.
El jueves pasado agentes de la Fiscalía General del Estado visitaron la comunidad de Alcozacán, como parte de la Feria de los Servicios que encabezó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.
En la actividad, la esposa de Saturnino Bartolo les solicitó a las autoridades que lleven su cuerpo a la comunidad, ella no puede ir a la capital, “me da miedo porque están, todo eso pa’llá Los Ardillos… me dijeron que me lo van a entregar”, pero no le indicaron cuándo, sigue esperando.
“Nada más lo voy a enterrar, no lo voy a velar porque no tengo casa, mi casa está en Xicotlán y a nosotros nos da miedo ir porque nos han dicho, mi familia que ha bajado allá, a traer los animales, que se encuentran ahí Los Ardillos, allá, en ese pueblo de Xicotlán y por eso nos da miedo bajar”, informó.
“No me siento segura, el gobierno está allá en la Comisaría, pero si Los Ardillos entran por el monte no vas a poder hacer nada… yo no voy a regresar porque me da miedo de ir, que nos maten”.
Contó que el viernes pasado acudió a su casa acompañada por agentes de la Guardia Nacional, sólo para llevarse lo necesario para enterrar a su marido.
Saturnino Bartolo y su esposa se mantenían de trabajar en campos de Sinaloa, recolectando chile y jitomate, mientras que su hija pasaba el día en la guardería habilitada por la empresa para la que laboraban, esperándolos.
Viajaron en septiembre del año pasado a los cultivos y regresaron en mayo, días antes de los ataques a las comunidades. Ahora su esposa no sabe qué hará, no tiene una casa para ella y su hija, ni siquiera ha podido enterrarlo, sólo tiene la certeza de que fue asesinado y que su cuerpo sigue en el Semefo.

La desértica Tula

El sábado pobladores marcharon desde la cancha hasta el crucero de Alcozacán para despedir y manifestarse en respaldo de los integrantes del Cipog-EZ, la CRAC-PF, la Misión Civil de Observación-Sexta y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes fueron en caravana vehicular nuevamente a Tula, escoltados por policías estatales.
Mientras que agentes de la Guardia Nacional y el Ejército mantienen puestos de vigilancia desde el punto conocido como Los Ajos, en la cabecera municipal de Chilapa, hasta Alcozacán; en ocasiones detienen a automovilistas para preguntarles a dónde y por qué van, como les ocurrió a periodistas, a quienes incluso se les pidió proporcionar el nombre de un “encargado”, antes de permitirles seguir con su camino.
En Tula se observó cinco personas de distintas familias, que, al ver llegar la caravana a lo lejos, bajaron a la calle principal para pedir ayuda, “no tenemos luz, no podemos estar así”, contaron.
La comunidad sigue como quedó después de los ataques armados, con casas y vehículos incendiados, la única diferencia es que algunos pobladores acudieron a revisar sus tierras, pero sólo encontraron a sus animales muertos.
Aunque las autoridades afirman que ya hay seguridad y ya se retomaron las actividades, la realidad es que no hay servicios, las clases continúan suspendidas y las familias no tienen ninguna garantía que les permita volver a sus hogares, siguen en Alcozacán, en calidad de desplazadas por la violencia.

Redacción

El Consejo Directivo del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, que cumplan puntualmente el Artículo Primero de la Constitución que mandata garantizar los derechos humanos, además de cumplir sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos.
Asimismo, “ante la omisión y aquiescencia del gobierno federal, estatal y municipal ante el accionar de los grupos narcoparamilitares en comunidades de Chilapa” y la crisis humanitaria tolerada por las instituciones, demandó aplicar las normas internacionales y nacionales en materia de desplazamiento interno para salvaguardar a las personas vulnerables, y cumplir las demandas de los habitantes de Xicotlán, Tula, Acahuehuetlán y Alcozacán planteadas en la Misión Civil de Observación.

Advierten de una estrategia política y militar diseñada para inmovilizar a la sociedad civil y facilitar el despojo territorial

En un pronunciamiento publicado ayer, la organización con sede en dicho municipio señaló que desde su creación en 1997 promueve y defiende los derechos humanos en la Montaña baja, y ha sido testigo de la aplicación de una estrategia de contrainsurgencia y de una nueva forma de acumulación de capital en el estado, que el desplazamiento forzado no es simplemente una consecuencia de la violencia delictiva, el exterminio y despoblación de las comunidades ancestrales, sino una estrategia política y militar diseñada para inmovilizar a la sociedad civil y facilitar el despojo territorial donde el terror se convierte en una herramienta política, y que nunca debe olvidarse que el capital criminal y el Estado no son entidades aisladas.
“La corrupción y la cooptación donde los grupos delictivos establecen acuerdos paralegales, compran militares, jueces, fiscales, policías, gobernadores, presidentes municipales y financian campañas políticas para asegurar protección institucional, impunidad y territorios para operar y, en retribución fungen como el brazo ejecutor del Estado, exterminando opositores políticos, defensores del medio ambiente, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, madres buscadoras y, mediante el terror inhiben la organización popular para imponer los proyectos extractivistas”, expuso como las dinámicas de dicha relación.
“Recordemos que después de la derrota armada de las organizaciones político-militares (ACNR, PDLP, EPR, ERPI entre otras), el Ejército no regresó a sus cuarteles sino que se dedicó a repartir semilla de amapola y mariguana en la Sierra y la Montaña, asesorando y buscando compradores, simulando que apoyaban a la población más vulnerable, ahí inicia una nueva estrategia de la guerra de contrainsurgencia, con incipientes grupos de productores de amapola y mariguana que posteriormente se transformaron en los grupos delincuenciales hoy conocidos”, añadió.
Sostuvo que cuando el descontento social empuja a los pueblos a organizarse para defender sus bosques y sus recursos minerales, exigiendo cumplimiento de sus derechos humanos, ante el descrédito del Ejercito por su participación activa en la guerra sucia y las dificultades para imponer la nueva forma de acumulación del capital y la conservación del poder político, se promueve la creación de grupos de narcoparamilitares para enfrentar en conjunto con el Ejército y la policía la resistencia al despojo y saqueo.
“Ningún hecho de violencia y sus secuelas son aislados y han dejado miles de personas asesinadas, desaparecidas y familias desplazadas, todas víctimas de la aquiescencia y participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno”, afirmó.
Enlistó distintos hechos, desde la Reforma al Artículo 27 que abrió al mercado tierras y recursos naturales de los pueblos originarios y los ejidos, la masacre de Aguas Blancas, el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario, la masacre de El Charco, la formación de Los Ardillos que tomaron la cabecera municipal en 2015 bajo la justificación de combatir a Los Rojos, dejando unos 30 desaparecidos, en un clima de alta tensión electoral por el asesinato del candidato a la alcaldía Ulises Fabián Quiroz.
“Después de retirarse de Chilapa (mayo 2015), el grupo de civiles armados se constituyeron en la autodenominada Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, con presencia en diversas comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero para blindar los nuevos territorios conquistados que ahora abarca los municipios de Zitlala, Ahuacuotzingo, Tixtla, Atlixtac y otros más”, agregó, así como la formación de la policía comunitaria en Rincón de Chautla en respuesta a la violencia, y de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores cuyas comunidades han sufrido múltiples ataques.
También recordó que en 2019 integrantes del Centro Morelos fueron agredidos física y sexualmente en Chichihualco por policías estatales entre los que iban sicarios del grupo de Los Tlacos, y al siguiente año miembros de la organización se vieron obligados a salir desplazados ante las agresiones y amenazas de un grupo narcoparamilitar, sin que hasta la fecha se hayan creado condiciones para su regreso, así como el ataque de Los Ardillos del 6 al 11 de mayo contra las comunidades Acahuehuetlán, Xicotlán, Tula y Alcozacán que dejó seis muertos, seis heridos incluyendo a dos bebés, desaparecidos y cientos de desplazados.