Francisco Magaña

Tecpan

Vecinos de la cabecera municipal de Tecpan de Galeana expresaron su indignación a través de las redes sociales tras ser borrado un mural de una iniciativa cultura independiente para preservar y promover los valores de la ciudad.
El mural se realizó con aportaciones de artistas y promotores culturales para promover los valores culturales y el movimiento muralista tecpaneco.
La iniciativa busca exhaltar la cultura y tradiciones del municipio.
En redes sociales se alertó que había sido borrado el emblemático mural de Don Herminio Rendón Avilez, personaje recordado como referente de la fiesta patronal en honor a San Bartolomé Apóstol, fiestas que son un ícono del municipio y cuya imagen había sido inmortalizada por jóvenes muralistas.
Se ubicaba en la cabecera municipal en una pared entre la calle Valente de la Cruz y la colonia Los Silleros.
Se evidenció que la obra plástica fue tapada  para colocar las letras “Es Jacinto”.
La acción generó  críticas y molestia entre habitantes que consideran  una muestra de falta de cultura, memoria y respeto hacia las tradiciones e identidad de la ciudad.
En redes citan a una vecina de Tecpan, Gladys de la O: “Son chingaderas, destruir un mural, expresión artística de un promotor cultural tecpaneco, representante de nuestras costumbres y tradiciones, para poner el nombre de un fulano que no nos representa”.
Mientras que dueños de la casa señalan que no autorizaron el uso de la pared para propaganda política.

Ramón Gracida Gómez

Catarino Hernández del Campo formalizó ayer la solicitud a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el diseño y ejecución de un Plan de Búsqueda Forense específico dentro del Panteón de Dolores de la Ciudad de México, donde existen indicios de que su padre, el desaparecido líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Carmelo Cortés Castro, fue enterrado en ese cementerio hace más de 50 años.
Testimonios y documentos en los que se basa la petición dan cuenta que el guerrillero no murió en un enfrentamiento a balazos en la capital del país el 31 de agosto de 1975 como dice la versión oficial, sino que fue capturado con vida un día antes, trasladado al Campo Militar Número Uno, ejecutado extrajudicialmente el 31 de agosto, ocultado tres meses en la morgue y finalmente enterrado en el Panteón de Dolores, informó Hernández del Campo.
La solicitud a la CNB enviada por correo electrónico y compartida a El Sur dice que Carmelo Cortés “fue detenido por autoridades gubernamentales el 30 de agosto de 1975, trasladado a un campo militar y sometido a actos de tortura”.
“Existen indicios de que fue ejecutado extrajudicialmente el 31 de agosto de 1975. No obstante, hasta la fecha se desconoce su paradero actual, manteniendo su estatus jurídico de Persona Desaparecida”.
La fundamentación técnica e indicios de la solicitud son los documentos del Servicio Médico Forense (Semefo) de los que informó El Sur el martes pasado que documentan el ingreso de un hombre desconocido el 1 de septiembre de 1975.
Asimismo, los registros del Índice General de Inhumaciones del Panteón de Dolores de la Ciudad de México de los años 1975 y 1976, “que acreditan el destino final de restos no identificados hacia la fosa común” del cementerio, expone la solicitud escrita.
Las peticiones de Hernández del Campo son la formalización de la Noticia de Desaparición de Carmelo Cortés Castro, la remisión de oficio a la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) de las copias de las actuaciones descritas; y el diseño y ejecución de un Plan de Búsqueda Forense específico en el Panteón Civil de Dolores.
De acuerdo con un documento de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que se encuentra en la página Archivos de la Represión, Carmelo Cortés murió la madrugada del 31 de agosto de 1975 cerca de la tienda “Sears Roebuck” de la avenida Ejército Nacional, Ciudad de México, en un enfrentamiento a balazos con elementos de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia que circulaban por ahí debido a una explosión en esa tienda un día antes.
Esa es la versión oficial que el hijo del guerrillero refuta con base en el testimonio de su madre, la también fundadora de las FAR Aurora de la Paz, que le compartió a su madre, es decir, la abuela de Hernández del Campo, y ella a él años después.
Esta nueva versión dice que Carmelo Cortés fue capturado con vida el 30 de agosto de 1975 tras ingresar a la tienda Sears de Polanco, donde acudió a comprar unos lentes para cambiar de personalidad. Su compañero Daniel Flores iba por delante. La vendedora de lentes era amiga de Aurora de la Paz.
Una hipótesis es que Carmelo Cortés había ido con anterioridad a la tienda, entonces cuando llegó el 30 de agosto ya estaba montado el dispositivo de seguridad que mató a Daniel Flores y capturó con vida al líder de las FAR porque era la consigna que tenían los agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Aurora de la Paz también acudió ese día a Sears cargando a su hijo, pero corrió al ver el dispositivo de seguridad.
Otra hipótesis es que el líder de las FAR escribió su nombre al comprar los lentes y lo identificaron, “Carmelo estaba en los medios de comunicación como el perseguido número uno del país, entonces sus fotos estaban en todos lados, en todos los periódicos y pudieron haberlo reconocido”.
Los guerrilleros no se dejaron agarrar fácilmente y en la refriega de balazos cayó Daniel Flores.

Es un “montaje” la versión de que murió en un enfrentamiento

Después de ser capturado vivo, el líder de las FAR fue trasladado al Campo Militar Número Uno, esta afirmación se basa en la declaración tomada por la FGR de un sobreviviente de la cárcel clandestina de estas instalaciones castrenses, proveniente de Chihuahua, que vio escrito en una celda: “aquí estuvo Carmelo Cortés”.
En el Campo Militar Número Uno Carmelo Cortés fue torturado, pero no dio a conocer la casa de seguridad donde estaba Aurora de la Paz con sus dos hijos, es por eso que la guerrillera fue desaparecida hasta el 3 de febrero de 1976, expuso Hernández del Campo.
Aseguró que es un “montaje” la versión de que su padre murió en un enfrentamiento queriéndolo acusar de terrorismo y de intentar poner una bomba dentro de la tienda, “él hubiera llegado a expropiar Sears, eso sí te lo creo, pero no a poner una bomba, ellos no atentaban contra la ciudadanía”.

“Si la policía hubiera hecho su trabajo no lo hubiera ejecutado, lo hubiera metido a la cárcel a purgar cualquier sentencia, cualquier proceso judicial en su contra, pero como fueron enemigos del Estado, decidieron ejecutarlos”, puntualizó.
Con base en los documentos del Semefo que registran el ingreso a la morgue el primero de septiembre de 1975 de dos hombres muertos a balazos en el tórax y el abdomen, se deduce que Carmelo Cortés ingresó al Semefo ese día.
Ahí permaneció tres meses a la espera de que algún familiar lo identificara como se llegó a publicar en un periódico, “pero sabían que era una trampa para agarrar a los que quedaban”, entonces nadie lo reclamó, indicó Hernández del Campo.
Después, el cuerpo del guerrillero fue inhumado en la fosa común del panteón de Dolores, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital del país, entre las secciones dos y tres del Bosque de Chapultepec.
La investigación de la historiadora Adela Cedillo sobre el entierro de integrantes del Frente de Liberación Nacional en el panteón de Dolores en 1974, sostiene esta tesis porque Carmelo Cortés cayó en las mismas fechas, por lo que sufriría el circuito de desaparición de los otros guerrilleros.
Además, Cedillo y Hernández del Campo encontraron el registro de un hombre caído el primero de septiembre de 1975 enterrado en una fosa, “donde no es normal que entierren a la gente ahí porque era una sección de niños y el que entró fue un adulto”.
Esta información se la compartieron a la CNB que realizó su propia investigación, lo que resultó en el hallazgo de las fichas del Semefo de los dos hombres ingresados en la misma fecha.
Pese al avance de la investigación de la CNB, expuso el hijo de Carmelo Cortés, era importante formalizar este jueves la solicitud de búsqueda para que se involucre la FGR, institución encargada de intervenir la fosa que pudiera ser hallada y que contenga los restos del guerrillero.
Dijo que los familiares de desaparecidos no van a claudicar en su lucha por encontrarlos, “es una consigna que tenemos como herencia, no heredamos tierras, no heredamos casas, lo que heredamos fue una lucha por el rescate de nuestros desaparecidos, por nuestra memoria colectiva, por reconstruir quiénes son a través de la historia, nuestros padres”.
Dijo que los familiares de desaparecidos “no tuvimos ese privilegio de tener a nuestros muertos en un panteón para irles a dejar flores año con año e irles a cantar y a ofrecerles una ofrenda”.
“La mayoría de nuestros compañeros no han podido sanar y tenemos el dolor y el sufrimiento persiste a través de los años; hasta que no encontremos la sanación y hasta que no encontramos que nuestros padres son parte del universo y los vemos desde otras cosmovisiones y verlos en los pajaritos, en el agua, en las grandes señales que nos da nuestra madre tierra”, expuso el también integrante del movimiento de la mexicanidad.

La Comisión de Cultura del Congreso local retrasó sin explicación el dictamen de la reforma al Calendario Cívico para eliminar el controvertido homenaje al ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa.
En la sesión de este jueves, de tres dictámenes discutidos la Comisión aprobó dos. Y en el caso del tercero, sobre la iniciativa de reforma al Calendario Cívico, determinó continuar con su análisis con el argumento de “profundizar su estudio”.
A través de un boletín de prensa, la Comisión de Cultura, presidida por la diputada del PRD, Erika Isabel Guillén Román, informó que en sesión ordinaria aprobó por unanimidad dos dictámenes relacionados con en el fortalecimiento de la identidad cultural, la preservación del patrimonio histórico y el impulso al turismo cultural en la entidad, los cuales serán turnados al pleno del Congreso para su discusión y votación.
En dicho boletín se informó que durante la sesión se determinó “continuar con el análisis de la iniciativa de reforma al artículo 30 de la Ley Número 761 sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia del Estado de Guerrero, en materia del Calendario Cívico del Estado de Guerrero, a fin de profundizar su estudio”.
Sin dar explicaciones, la Comisión retraso la aprobación del dictamen en donde se busca eliminar el controvertido homenaje del natalicio del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa, acusado por organizaciones de derechos humanos de ser uno de los artífices de la llamada Guerra Sucia en Guerrero.
Entre los dictámenes aprobados estuvieron el de la iniciativa de decreto para crear el programa Rincón Pintoresco, propuesta por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, para “reconocer la importancia de diversificar la oferta turística estatal, fortalecer las economías locales y promover comunidades con riqueza cultural, histórica y natural”.
Dicho dictamen fue modificado para respetar las atribuciones del poder Ejecutivo, facultando a la Secretaría de Turismo para diseñar e implementar el programa conforme a su disponibilidad presupuestal y competencias legales.
También fue aprobado otro dictamen relacionado con una reforma a la Ley 444 para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural del Estado y los Municipios de Guerrero, para incorporar conceptos como “patrimonio arquitectónico y catálogo estatal de patrimonio arquitectónico”.
Se aprobó el dictamen para declarar el 13 de octubre como Día del Danzante Guerrerense, al argumentar que las danzas tradicionales “representan una de las expresiones más importantes del patrimonio cultural inmaterial de Guerrero, al reflejar el sincretismo indígena, afrodescendiente y mestizo que caracteriza a las regiones de la entidad”.
Todos esos dictámenes, a excepción de la reforma al Calendario Cívico, fueron aprobados por unanimidad de votos por los integrantes de la Comisión de Cultura y serán enviados al pleno para su análisis, discusión y eventual aprobación. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

El ex diputado local Moisés Reyes Sandoval, renunció a su cargo de asesor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dedicarse a recorrer Acapulco en busca de la candidatura de Morena por la Presidencia Municipal.
Reyes Sandoval fue asesor de la ponencia del ministro Arístides Ro-drigo Guerrero García, de sep-tiembre de 2025 al 2 mayo de 2026.
En conferencia de prensa en Acapulco, llamó a los demás aspirantes a pedir licencia o renunciar a sus cargos para que haya piso parejo para todos los que buscan la candidatura.
“Que atiendan el llamado de nuestra presidenta Claudia Shein-baum que ya lo ha dicho muy claro, el que quiera participar en nuestro partido-movimiento en estos pro-cesos internos, se separe para evitar suspicacias para que no hagamos lo que hacían otros partidos, porque nosotros seguimos siendo diferen-tes, siempre lo hemos sido, lo que nos caracteriza es ser congruentes”.
Insistió en que otros aspirantes deben renunciar para “que no haya un tema de que se utilicen recursos públicos y hacerle el caldo gordo a la derecha”.
Recordó que ha participado en dos procesos anteriores, aun cuando no ha tenido candidaturas y ha seguido trabajando por el partido.
Agradeció al ministro Arístides Guerrero la oportunidad de par-ticipar en la impartición de justicia en la nueva Corte, formada con el voto de los ciudadanos, “nos sen-timos muy orgullosos de haber per-tenecido a esta Corte, de haber es-tado en el mayor tribunal del país”.
De la llegada de diversos actores de otros partidos a Morena, dijo que desde la fundación del partido-movimiento se hizo la invitación a varios personajes y algunos no aceptaron: “no tengo ningún problema con que se sumen más compañeros, solamente que se sume la gente que realmente quiera transformar el país, que quiera servir a la gente”.
Adelantó que seguirá sus recorridos por Acapulco y no usará recursos públicos en sus visitas a las colonias y comunidades del municipio. (Daniel Velázquez).

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El coordinador estatal del PRD Guerrero, Celestino Cesáreo Guzmán, consideró que los hechos de violencia en Chilapa de la última semana requieren una atención de fondo, “más allá de operativos policiacos”, ya que es un problema que “se dejó crecer durante mucho tiempo”.
A través de un comunicado, el líder perredista respaldó la intervención del gobierno federal y estatal para atender la crisis de violencia y desplazamiento en comunidades de Chilapa, aunque advirtió que el problema “se dejó crecer durante mucho tiempo” y “ahora requiere una atención de fondo, más allá de operativos policiacos”.
Reconoció la presencia de la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, así como la coordinación con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ya que “era necesaria la presencia institucional en la región para brindar seguridad y atención humanitaria a las familias afectadas”.
Aunque consideró que la situación de violencia que viven esas comunidades de la Montaña baja de Guerrero no pueden resolverse únicamente con despliegues de fuerzas de seguridad, sino con una estrategia integral que atienda las causas sociales, económicas y de abandono.
“Qué bueno que el gobierno federal ya está interviniendo y que se esté respaldando a las familias desplazadas, pero también hay que decir con claridad que este problema se dejó crecer. Durante años hubo señales de violencia, desplazamiento, disputa territorial y falta de atención social”, dijo en su comunicado.
Cesáreo Guzmán mencionó que para combatir la violencia en las regiones de Guerrero se requiere fortalecer programas productivos, caminos, educación, salud y oportunidades para los jóvenes, además de reconstruir la confianza de las comunidades hacia las instituciones.
“La paz no se construye solamente con patrullas o soldados. La paz también se construye con desarrollo, con presencia del Estado, con atención a los pueblos indígenas y con oportunidades para que los jóvenes no sean atrapados por la violencia”.
Llamó a evitar la politización del conflicto y pidió que todas las fuerzas políticas actuar con responsabilidad ante la gravedad de los hechos registrados en la región.
“No son momentos para sacar ventaja política del dolor de la gente. Lo que hoy necesita Chilapa es unidad institucional, atención permanente y soluciones de fondo”.
Agregó que ahora el gobierno federal y estatal tienen el reto de mantener presencia permanente en la zona y garantizar condiciones para que las familias desplazadas puedan regresar con seguridad y dignidad a sus comunidades.

El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, declaró ayer por teléfono que la operación de los gobiernos federal y estatal en las comunidades nahuas de Chilapa, no resuelve el problema de fondo, “porque no vienen a perseguir, detener, ni a desarticular al grupo delictivo que nos ha estado atacando”.
El martes pasado el Gobierno federal anunció una aparatosa operación integrada por 690 soldados del Ejército, 400 efectivos de la Guardia Nacional y 200 de la Policía Estatal, además de cinco helicópteros, ambulancias y personal médico.
A tres días de que se anunció en las comunidades nahuas de Chilapa que han venido siendo atacadas por el grupo delictivo de Los Ardillos, Plácido Galindo informó que en la reunión del miércoles en la que estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, no firmaron ningún compromiso para garantizar la seguridad de las familias de los pueblos atacados.
“Nomás fueron palabras, no firmaron las autoridades ni los representantes de los desplazados ningún documento, fue solamente una visita de cortesía para decirles a las víctimas que les van a abrir las escuelas, a mandar maestros y que van abrir hospitales, pero estas demandas ya están establecidas en convenios firmados anteriormente y que no se han cumplido”, denunció Plácido Valerio.
Recordó que en convenios como éste, anteriormente, los gobiernos estatal y federal se han comprometido a construir un banco del Bienestar en Alcozacán, además, un centro de salud ampliado y un mercado interno, “pero de todo lo que se comprometieron anteriormente no han cumplido nada a las comunidades, y ahora vienen con lo mismo”.
Con respecto al problema de violencia, concretamente, el dirigente del Cipog-EZ señaló que la operación que se anunció “no garantiza la solución del problema de fondo”.
Declaró que es insuficiente y que no resuelve el problema de la violencia de fondo; “para resolverlo se tiene que desarticular a ese grupo y detener a los cabecillas para garantizar la paz”.
Agregó que también se tiene que aplicar, como en otros estados del país, una operación Enjambre contra las autoridades municipales que están vinculadas con el crimen organizado “y que han estado apoyando al grupo delictivo que ha estado atacando a las comunidades nahuas”.
Reprochó que, al respecto, no hay una postura firme de los gobiernos federal y estatal para combatir al crimen organizado, “para ellos nomás es dialogar y dialogar, pero las ejecuciones y desapariciones siguen, porque las acciones sólo son mediáticas”, denunció. (Redacción / Chilpancingo).

Alina Navarrete Fernández

Xicotlán, Chilapa

La violencia provocó que la gente ya no quiera estar en sus pueblos, “la verdad ya no queremos vivir aquí, pero no tenemos a dónde ir”, dijo una pobladora de Xicotlán, municipio de Chilapa, del grupo de 118 habitantes según el gobierno federal, que regresaron a la comunidad, luego de que las autoridades federales y estatales les prometieron seguridad y paz.
El miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que habrá presencia permanente del gobierno federal en Chilapa; mientras que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez visitaron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, donde se comprometieron a garantizar la seguridad y fortalecer la paz.
Aunado a la promesa de las autoridades, ayer, personal de la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Gobernación y el gobierno del estado visitaron nuevamente Coatzingo, donde se encontraban refugiados pobladores de Xicotlán, a quienes trasladaron en camionetas Urvan oficiales de regreso a su localidad.
Los pobladores llegaron a las 11:30 de la mañana a la cancha de Xicotlán ubicada a espaldas de una sede de la Secretaría del Bienestar en la carretera federal, escoltados por soldados del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
A pesar de que durante todos estos días vecinos de las comunidades desplazadas y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) insistieron en que fueron Los Ardillos los que atacaron a la localidad de Tula desde Coatzingo, algunos pobladores de Xicotlán dijeron que abandonaron sus hogares porque fueron atacados por Los Tlacos, el grupo delictivo rival.
Uno de los habitantes, quien se reservó su identidad, dijo que Los Tlacos y el Cipog-EZ son, “los mismos criminales”, que los ataques armados en Xicotlán iniciaron porque los pobladores se negaron a sumarse a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores.
Indicó que se negaron a sumarse porque no coinciden con las prácticas de la organización que también comete crímenes, al igual que Los Ardillos, y por ello fueron agredidos.
Otra vecina, quien también pidió reservar su identidad, abundó que el Cipog-EZ convocó a los hombres a sumarse a la Policía Comunitaria, pero la realidad es que pretendían obligarlos. Como madre de familia le pidió a su esposo que no accediera, debido a que, si algo le llegara a pasar, nadie más responderá por ella y sus hijos.
Esta es la primera vez en más de una semana que pobladores de Xicotlán dan esa versión que coincide con las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum el martes pasado, dijo que “aparte de que hay población que no tiene nada qué ver” con la delincuencia organizada, la violencia “sí se deriva de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos”.

Resguardo policiaco, sí; comida y atención médica, no

Los vecinos regresaron a sus casas poco a poco, con cautela, pero sobre todo con miedo.
Francisco Tlalcorral Ocotlán se refugió los últimos días en Coatzingo, pero su esposa y sus dos hijos fueron los primeros en salir de Xicotlán y llegaron a Alcozacán. Luego de que personal de gobierno le informó que ya era seguro volver a su casa, Francisco se trasladó primero a Alcozacán, donde se reencontró con su familia.
Después volvió a Xicotlán para asegurarse de que no hubiera ningún sicario en su casa. Abrió uno a uno los cuartos que dejó cerrados con candados y los encontró vacíos, tal como los dejó. Sus hijos y esposa “no quisieron venir, están teniendo miedo… ya ahorita les voy a avisar que no hay nadie y entonces pueden venir”.

Relató, “salimos por el miedo, no porque queríamos, teníamos que salir, hasta ahorita que pudimos regresar, los animalitos no comen, no toman agua”; le preocupaba que a alguna de sus gallinas, guajolotes o cerdos “les hubiera tocado la desgracia”, de morir por una bala perdida.
A pesar de la presencia de militares y policías, para Francisco todavía hay desconfianza y miedo. La incertidumbre es latente, por eso “le pedimos al gobierno que nos ayude, nosotros cómo le vamos a hacer, ya llegamos y si ya nos vieron otra vez van a empezar a tirarnos, vamos a tener que volver a correr”.
Mientras Francisco revisaba su casa, su hermana María Octaviana también llegó a la suya, pero antes de constatar que no hubiera nadie lo primero que hizo fue alimentar a sus animales, perros, gallinas, pollos, guajolotes y cerdos que llevaban tres días sin agua ni comida.
“Es miedo lo que pasa”, expresó al tiempo que repartía masa para los animales que se paseaban entre sus pies de un lado a otro. María Octaviana recordó que antes de abandonar su casa para refugiarse dormía sentada con el temor de que, en cualquier momento las balas atravesaran su hogar.
Contó que cuando decidió huir convenció a Francisco de irse juntos, pero de otro hermano, Bernardo, no saben nada todavía, no han podido localizarlo, le llaman a su celular y no contesta. Con la presencia de los uniformados, María Octaviana volvió a Xicotlán para “ver mi casita cómo está, llegué a mi casa, gracias a Dios, pero qué voy a hacer, Diosito que me cuide”.
A las 2 de la tarde trabajadores de la Secretaría de Bienestar llegaron a la casa de María Octaviana para hacer un registro de cuántas personas se encontraban ahí y constatar que se reinstalaron.
En tanto que, en la cancha, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría del Bienestar también dialogaron con otros pobladores, hicieron un registro de las personas que regresaron, así como de personas que no han sido localizadas por sus familiares, como es el caso de los hermanos Tlalcorral Ocotlán.
A la cancha llegaron más cobijas y colchonetas, también una ambulancia del gobierno del estado a la que una madre de familia llevó a su hijo de dos años
para ser atendido porque tenía fiebre, pero los paramédicos no llevaban ningún medicamento; le indicaron que el pequeño podría tener una infección estomacal y le dieron recomendaciones, nada más.
La madre optó por un remedio casero, tomate verde con aceite rosado para bajarle la fiebre a su hijo y permaneció en la cancha, junto con otras familias, porque se les informó que llegarían más refugiados, sin embargo, hasta las 4 de la tarde no llegó nadie más.
A pesar de que las autoridades ya sabían que en Xicotlán no hay ninguna tienda abierta y los refugiados llegaron a sus casas, donde ya no tenían comida, tampoco se instaló ningún comedor comunitario.
“Vamos a comer sopa”, exclamó una niña, emocionada y dando brincos de felicidad, al ver a policías estatales calentando agua en las oficinas de la Secretaría del Bienestar y sí, los oficiales prepararon comida, pero sólo para ellos.
En Xicotlán algunas mujeres se dedican a tejer a mano adornos para bolsas y carteras, estos bordados típicos, que en la capital llegan a costar entre 100 y 150 pesos, a ellas los acaparadores se los pagan en apenas 40 pesos, de esto y de sus siembras es de lo que viven.

Las escuelas permanecen cerradas

Xicotlán cuenta con el Centro de Educación Preescolar Vicente Guerrero, la primaria Francisco I. Madero y la Telesecundaria Albert Einstein, las tres escuelas se encuentran alrededor de la cancha donde se concentraron los pobladores que regresaron ayer.
De acuerdo con los vecinos, los planteles llevan más de una semana cerrados, los alumnos no han tenido clases y los maestros no se han comunicado, no han podido acudir por la situación de inseguridad en la zona.
Mientras las autoridades educativas ajustaban el calendario escolar y luego se retractaron, en Xicotlán, al igual que en las otras comunidades bajo asedio del crimen organizado, las clases ya se habían suspendido y aún no hay una fecha determinada para que se reanuden.

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa emitió el miércoles un exhorto a los párrocos, rectores de templos, vicarios parroquiales, religiosas, religiosos “y a todo el pueblo de Dios realizar una ayuda humanitaria en alimentos y ropa, a través de Cáritas Parroquiales, para las comunidades filiales de la parroquia de la Candelaria en Atzacoaloya.
A esa parroquia pertenecen las localidades de Chilapa que sufrieron violencia del 6 al 11 de mayo pasado del grupo delictivo de Los Ardillos.
Por separado, organizaciones sociales de Puebla llamaron a los tres órdenes de gobierno, “a diseñar e implementar medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas por la violencia”.
La diócesis Chilpancingo-Chilapa publicó un mensaje en su página en el que informó que en el transcurso de los últimos años, “varias de las comunidades filiales de la Parroquia de la Candelaria en Atzacoaloya se han visto necesitadas de nuestra solidaridad cristiana”.
Derivado de ello exhorta, “a que desde ahora podamos realizar ayuda humanitaria en alimentos y ropa, y una vez que se haya recibido lo pertinente desde cada Parroquia hacerlo llegar con el responsable de Cáritas en cada Decanato, para que éste pueda hacer llegar la ayuda humanitaria a la administración de la mencionada parroquia, Arístides Iglesias Jijón”, recomienda el obispo González Hernández.
Agrega: “quiero pedir, a su vez, a la Cáritas Diocesana permanezca atenta para atender los comunicados y envíos de ayuda humanitaria que podrán ser remitidos desde Cáritas Nacional”.
Refiere que la misión de la Cáritas Parroquial, “nos invita a reconocer a Cristo Vivo en el hermano que sufre, en las familias dolientes, en quien necesita no sólo ayuda material sino también cercanía, escucha y consuelo”.
Agrega que en esta actividad “de ofrecimiento de ayuda humanitaria, se fortalece nuestra vocación como discípulos” y llamó a construir el tejido social “y a ser testimonio de un amor que transforma la indiferencia en solidaridad”.

El ecosistema de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla

Por separado, las agrupaciones, Clínica Jurídica Minerva Calderón; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría; Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, se pronunciaron ayer en un comunicado porque los gobiernos federal y estatal diseñen “medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas por la violencia”.
Refieren que el ecosistema de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla “llama a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad para las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero”.
Contextualiza que en los días recientes comunidades del estado de Guerrero y diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado ataques armados por parte de grupos criminales en contra de habitantes de comunidades indígenas de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, provocando el desplazamiento forzado de al menos 800 personas, el homicidio de cinco (los vecinos aseguran que son seis) habitantes, así como la quema de viviendas y el uso de drones explosivos contra la población”.
Refieren que el desplazamiento forzado “es una grave violación a los derechos humanos e impacta de manera diferenciada a los pueblos indígenas, afectando el vínculo comunitario y espiritual que sostienen con el territorio”.
Denuncian que el asedio constante de grupos criminales organizados desde hace más de una década no es un hecho aislado, “sino que es parte de una condición de inseguridad agravada en años recientes frente a los procesos iniciados por las comunidades para garantizar seguridad y justicia”.
Después de contextualizar el ambiente las agrupaciones llamaron a los tres órdenes de gobierno “a diseñar e implementar medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas”.

 

Redacción

Chilpancingo

Vecinos de San Pedro Huitzapula Norte, municipio de Atlixtac, volvieron a pedir ayer ayuda de manera “urgente” a los gobiernos federal y estatal, debido a que en la mañana de este jueves reiniciaron los ataques a balazos y con artefactos explosivos que lanza desde drones el grupo delictivo que los ha venido atacando.
Mediante un mensaje de voz enviado a los medios de comunicación a las 11 de la mañana de este jueves, una mujer, llorando, dijo que “día y noche” el grupo atacante ha estado disparando “y ya hay personas heridas de bala, por favor, ayúdennos”, clamó.
En esa comunidad ha querido entrar la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que no está reconocida por las casas de justicia de la institución comunitaria original y que, los pobladores, señalan como vinculada con el grupo criminal de Los Ardillos.
En el mensaje de voz la mujer que clama el apoyo de los gobiernos federal y estatal refiere que los tiroteos comenzaron desde las 4 de la tarde del martes pasado, “pero dejan de disparar un rato y después reinician, esas personas tienen sus trincheras en el cerro, ya nos rodearon y ahorita ya bajaron del cerro y antier quemaron dos casas”, denunció en su mensaje enviado a los medios de comunicación a las 11 de la mañana de este jueves.
Informó que los niños y las mujeres pasaron la noche del miércoles en la Comisaría municipal, pero que el martes durmieron en el monte, pero como ese día llovió regresaron al pueblo y el miércoles durmieron en la Comisaría municipal.
Sin embargo, dijo que desde que llegaron los niños y adultos de más de 80 años no han comido, “y así están hasta ahorita”, aseguró ayer en su mensaje difundido a las 11 de la mañana.
En su mensaje de voz la mujer denunció que han pedido el apoyo de las autoridades federales y estatales mediante el número de emergencias 911 pero no les han hecho caso.
El caso de la agresión a los pobladores de San Pedro Huitzapula Norte es igual al que sufrieron los habitantes de las comunidades nahuas de Chilapa, que estuvieron sufriendo los ataques durante seis días sin la ayuda de los gobiernos federal y estatal.
Los pobladores han denunciado que los agresores se hacen llamar policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la institución comunitaria se ha deslindado de este grupo, y en las redes sociales los vinculan con el grupo delictivo de Los Ardillos.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ex comisario municipal y dirigente de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, Constantino Calvario Merino reclamó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que también visite ese pueblo en donde hay víctimas de la violencia.
En una llamada por teléfono a El Sur denunció, además, que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) suspendió el apoyo de la canasta básica a 15 familias víctimas de la violencia de ese pueblo.
El pueblo de San Jerónimo Palantla ha venido siendo atacado desde el 2015 y los pobladores señalan a los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), aunque la dirigencia de las dos agrupaciones ha negado ser los responsables.
San Jerónimo Palantla se encuentra a unos 45 minutos de Alcozacán, la comunidad donde la CRAC-PF tiene su Casa de Justicia.
Calvario Merino dijo que también ese pueblo ha sido atacado, hay víctimas de la violencia y debe ser visitado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez para que en una mesa escuche las demandas de las víctimas.
Dijo que piden que, como en Alcozacán, y en Coatzingo, se instale una mesa de diálogo en San Jerónimo Palantla en la que reciban la información de los muertos, heridos, desaparecidos y desplazados para que les den apoyos.
“No puede ser que el Gobierno se reúna nomás con una parte y a la otra la dejen desprotegida”, reprochó.
Recordó que como las comunidades que ahora están siendo atendidas por parte del Gobierno federal debido a la violencia, también San Jerónimo Palantla ha sido víctima de esa violencia y requiere de la misma atención.
Denunció que no sólo no escuchan a los pobladores de esta localidad, sino que el Gobierno les está retirando la ayuda y que desde hace dos años la CEEAV ha excluido de la lista de víctimas a 15 familias.
Informó que la mayoría son familiares de asesinados, otros sobrevivientes de atentados y algunos son heridos en agresiones armadas.