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Acusan al rector de la UAG de “redireccionar” la carrera de Medicina hacia “su universidad”

Los diputados de Movimiento Ciudadano y Morena, denunciaron ayer que la licenciatura de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se privatiza para que el rector haga negocio con “su universidad” llamada Salvador Allende, ubicada en Acapulco.
La diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, dijo en la sesión de la Comisión Permanente que “miles” de estudiantes egresados apenas hace un mes y otros hace cinco o seis años, ven truncadas aspiraciones y frustrada su vocación porque la “carrera de medicina” ya no se garantiza estudiarla en escuelas públicas.
Explicó que la UAG si acaso recibe 60 estudiantes por semestre y es insuficiente para satisfacer la demanda.
Indicó que aún en 15 minutos, mil 400 aspirantes logran obtener una ficha pero luego tan solo el 11.66 por ciento, podrán ser recibidos en las aulas para formar sólo dos grupos de estudiantes por semestre en la única escuela de Medicina de esta institución.
Denunció sin precisar, que todo esto, “tiene un fin, hay otras escuelas que tienen sus puertas abiertas para que estudien Medicina en Acapulco y en Chilpancingo, son escuelas privadas, con dueños particulares, mujeres y hombres de negocios que por si fuera poco se fusilan los planes de estudio de la propia Universidad, para cumplir el requisito y poder hacer negocio con esta carrera”.
“Es vergonzoso lo que hace la UAG y el propio gobierno que frustra el derecho a la educación superior, pero también agrede a la sociedad con la imposibilidad de que algunos de sus integrantes obtengan el conocimiento en la ciencia de la medicina”.
Y culminó su intervención diciendo: “Todavía hay quienes niegan que en México la educación se convierte en un privilegio más de tantos privilegios que genera el sistema político corrupto que tenemos. La UAG hace mucho que dejó de ser la Universidad del pueblo, por la que luchamos”.
Subió a tribuna para hablar sobre el mismo tema, el diputado del MC Ricardo Mejía Berdeja, quien dijo que tiene razón la diputada de Morena, porque preocupa que sean rechazados cientos de jóvenes que aspiran estudiar medicina y enfermería.
Añadió que es más preocupante aun la reducción de la matrícula en Medicina de la UAG, porque los aspirantes son remitidos a universidades privadas.
Entonces denunció que el negocio es del rector de la UAG, Javier Saldaña, con su universidad privada Salvador Allende, ubicada en la avenida Wilfrido Massieu, en Acapulco.
No presentó pruebas, pero señaló que es de vox populi que la propiedad de esa universidad “se le atribuye a trasmano por interpósita persona al rector, Javier Saldaña y esto es grave, porque hay un conflicto de intereses, porque la máxima autoridad universitaria, lejos de preocuparse por incrementar la matrícula y estimular estas vocaciones, las redirecciona a un negocio privado”.
Por eso señaló que se suma a la postura de la diputada de Morena, insistiendo: “Menos propaganda del rector y mas matrícula para este tipo de vocaciones que tiene una gran demanda de carácter social, como la salud”.
Intervino de manera breve la diputada del PRI, Flor Añorve, quien justificó que los cientos de jóvenes que no logran ingresar a la UAG, ahora tienen mayores opciones educativas y pueden acceder a otras universidades.

El 90% de casas para damnificados en El Nuevo Capricho, Ometepec, tienen grietas, denuncian

Pobladores de la comunidad de El Capricho, en el municipio de Ometepec, denunciaron que al menos el “90 por ciento” de las 117 viviendas que destinó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para El Nuevo Capricho tienen grietas en las paredes y techos, filtraciones de agua y fallas técnicas en el suministro de los servicios básicos, y “las puertas se están cayendo”.
El comisario de El Nuevo Capricho, Víctor Osorio Flores denunció que desde abril el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello se comprometió a acudir al poblado para corroborar las fallas de las casas y brindar una solución, “sin embargo, no acudió al pueblo, y cuando fuimos  a sus oficinas argumentó que no hay presupuesto para construir las 27 casas (restantes) y arreglar los desperfectos”.
El comisario informó que al menos 27 familias viven en una zona de riesgo en El Capricho, mientras que la constructora encargada de la construcción de las viviendas se retiró tras alegar una millonaria deuda de la Sedatu.
Para finales de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto entregó las primeras obras de reubicación en El Nuevo Capricho, donde serían reubicados los damnificados de El Capricho afectados por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Manuel, con una inversión de mil millones de pesos.
En ese entonces, Peña Nieto felicitó a los pobladores que accederían a la reubicación  de la comunidad ya que la tormenta dañó viviendas, comercios y los campos de cultivo.
En una llamada el comisario denunció que las 27 casas restantes siguen sin construirse y las 117 viviendas tienen desperfectos considerables y riesgos de deslave ante las lluvias.
El comisario informó que, además de las casas que faltan en el predio, hay tres templos y una unidad deportiva pendientes de construir, los cuales el Presidente prometió en su visita a la comunidad.
Agregó que debido a la desatención de la dependencia federal, los pobladores solicitarán una audiencia con entonces titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, al no tener respuesta de la delegación estatal y para revertir los problemas. (Alfonso Marín Amezcua / Chilpancingo).

Protesta el MPG en Palacio de Gobierno; les cancelaron las reuniones con el gobierno, dicen

Unos 50 integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se manifestaron en la puerta principal del Palacio de Gobierno en esta ciudad para exigir la libertad de los presos políticos, y respeto a los derechos laborales de los maestros.
A las 11:30 de la mañana los manifestantes colocaron lonas en las escalinatas del Palacio de Gobierno en las que se observaron las fotografías de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, las siglas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), las del MPG y otras organizaciones sociales.
Consultada durante la manifestación, la integrante de la comisión de Convergencia de la CETEG, Adriana Catalina Sánchez informó que el gobierno estatal canceló las mesas de trabajo acordadas con el MPG hace tres meses cuando se debía atender al magisterio disidente, por lo que “están estancadas” las demandas y su solución.
Señaló que las demandas principales del MPG es que se reincorpore a los 951 maestros que fueron cesados por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por no evaluarse y faltar a sus centros de trabajo más de tres días, así como que se respeten los derechos laborales de los maestros y su estabilidad laboral.
Por otra parte, dijo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero (TSJ), Robespierre Robles Hurtado suspendió en dos ocasiones las mesas de diálogo del MPG en las que se pediría que los seis policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, fueron liberados bajo fianza de la cárcel de ese municipio el 12 de mayo de este año ya no tengan que firmar en Tlapa sino en Ayutla.
Los policías comunitarios son los indígenas na savi Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, quienes fueron detenidos el 21 de agosto de 2013 en una aparatosa operación de la Marina, el Ejército y policías federales durante el periodo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Dijo que las mesas de trabajo se suspendieron cuando era el turno de la CETEG opositora de exponer sus demandas ante las autoridades y reprobó la actitud del gobierno estatal que a la fecha no se ha reunido con los maestros que mantienen el plantón en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.
Una comisión del MPG se reunió con el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, y el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas, y se les informó de las demandas de las organizaciones sociales. En la reunión se acordó que los representantes del gobierno estatal recibirán nuevamente a la comisión este miércoles a las 11 de la mañana para concretar la fecha en que el gobernador Héctor Astudillo Flores atenderá a los dirigentes. La manifestación concluyó cerca de las 4 de la tarde.

Un sindicato está detrás del movimiento que tiene cerrado el Tec de La Montaña, según el SUSPEG

 

La dirigencia de la sección 66 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a parte de los trabajadores académicos y administrativos del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM), acusó ayer al Sindicato Independiente de ese instituto de estar detrás del movimiento estudiantil que cumplió ya un mes con las instalaciones cerradas.
En conferencia de prensa en la capital, los integrantes de la dirigencia sindical que encabeza Guadalupe Flores Jiménez, pidieron participar en la mesa de negociación para resolver el conflicto, debido a que el movimiento estudiantil está pidiendo que les permitan proponer a los subdirectores administrativo y académico, lo cual, de acuerdo con el decreto de creación del instituto, no les corresponde a los estudiantes.
Expuso que desde el 8 de enero estudiantes cerraron la escuela en demanda de la destitución del director, Eugenio González Rodríguez y que después de que logaron su objetivo rechazaron también al director interino, Omar Gervasio Rodríguez a quien ya han aceptado, pero a cambio piden dos espacios dentro de la institución: la subdirección administrativa y la académica.
“Este movimiento iniciado en enero pasado, clasificado como movimiento estudiantil, fue inducido por el grupo denominado Sindicato Independiente, quienes inicialmente mantuvieron cerradas las puertas del Tecnológico de la Montaña, el 7 de enero para obstruir el ingreso de Eugenio González Rodríguez, quien había sido designado como director general desde diciembre de 2015”, dijo la dirigente.
Flores Jiménez, acompañada de integrantes de la dirigencia de la sección 66, aseguró que detrás del movimiento está el Sindicato Independiente, que ha venido paralizando a la institución, como en el 2011 y en el 2012.
Incluso dijo que un día antes de que los estudiantes cerraran la escuela los académicos de la institución, integrantes de ese sindicato, se manifestaron con un paro. Agregó que al día siguiente levantaron su movimiento pero fueron ahora los estudiantes los que tomaron y cerraron la escuela.
La dirigente sindical informó que el sindicato al que pertenece ha quedado al margen de las pláticas para solucionar el conflicto, pero que ahora que los estudiantes piden proponer a los subdirectores, exigen participar en las negociaciones.
Explicó que el secretario de Educación, José Luís González de la Vega les ha dicho a los estudiantes que de acuerdo con el decreto de creación de ese instituto, no les corresponde a los estudiantes designar a los directivos, sino a la SEG, pero que la dirigencia estudiantil insiste en mantener su movimiento.
Incluso dijo que en el mismo sentido se han manifestado líderes de opinión como el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Flores Jiménez dijo que la dirigencia de la sección 66 del SUSPEG está proponiendo participar en las mesas de trabajo, para opinar con respecto al nombramiento de los subdirectores.
“Como trabajadores del Tecnológico de la Montaña, conocemos y respetamos las facultades de las autoridades correspondientes para designar al director general, (prueba de ello) con los anteriores directores Javier Tapia Aguilar y Roberto Tapia Romero en la administración anterior, dimos el voto de confianza al Sindicato Independiente para dirigir la institución, sin embargo, traicionaron los principios, normatividad y confianza de los trabajadores al incurrir en actividades que pusieron en juicio su calidad profesional, por designar a personal no apto para ocupar puestos de confianza”, expresó la dirigente sindical.

 

Acusa un maestro al comisario de Acatempa porque le pide que dé un informe financiero

Jacob Morales Antonio

El comisario de la comunidad Acatempa, en Tixtla, Pastor Coctecon Plateado, denunció que el profesor y ex director del Instituto de Bachillerato del Estado de Guerrero (Ibegro), Carlos Castillo, levantó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos(Codehum), luego de que el comisario pidió un informe al maestro de las cooperaciones que pedía a los estudiantes.
En una llamada a la Redacción, el comisario dijo que hace un mes, el director y tres maestros salieron de la comunidad luego de que en una asamblea se les pidió un informe de las cooperaciones que solicitaban, que sumaba mil 200 pesos.
Pero el director se negó y, según lo que relató el comisario, informó a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que el comisario los expulsó de la comunidad y cerraron la escuela.
El maestro también interpuso una queja en la Codehum. El comisario dijo que la dependencia le notificó y se siente agraviado, porque los hechos no fueron así.
Coctecon Plateado, quien es integrante de la policía comunitaria de la localidad, dijo que al maestro se le había dado una segunda oportunidad en mayo, luego de que insultó a varios estudiantes y uno de sus alumnos lo agredió.

Acusan a médicos de hospital de Iguala por dejar morir a una bebé

En el hospital general Jorge Soberón Acevedo se negaron a atender el parto de la madre y la niña falleció de una infección pulmonar, dice el padre de la pequeña

 

Oracio Lagunas

 

Iguala

 

Médicos y enfermeras del hospital general Jorge Soberón Acevedo, de Iguala, fueron denunciados por negligencia médica al dejar morir, por una supuesta infección intestinal y pulmonar, a una bebé de dos horas de nacida.

Incluso después del deceso de la menor, los médicos y enfermeras encargados se negaban entregar el cuerpo si los familiares no pagaban 10 mil pesos por la intervención, medicinas, hospitalización y traslado de la menor a Chilpancingo, el cual no concluyó porque falleció antes de llegar a Mezcala.

Jesús Reyes Nava, padre de la niña, declaró que el miércoles trasladó a su esposa Roberta Castro Pérez del centro de salud de Apipilulco, municipio de Cocula, al hospital general de Iguala, pues estaba a punto de parir.

“Eso quedó en un documento firmado por el médico del centro de salud de Apipilulco, donde indicaba que se debía intervenir de inmediato o el producto podría tener complicaciones, pero a mi esposa no le hicieron caso”, denunció.

Agregó que “al llegar al hospital un médico y una enfermera nos dijeron que faltaban tres semanas para el parto, pero que la dejarían ahí para supervisarla”.

Doce horas (durante la madrugada del jueves) después de llegar –dijo– le pedí a un doctor de guardia que viera a mi esposa porque tenía contracciones muy fuertes. “El médico entonces me dijo que debía ser intervenida de inmediato, porque el bebé empezaba a tener problemas”.

Pero –acusó– fue hasta las 11 de la mañana del jueves cuando un grupo de médicos y enfermeras metieron a quirófano a su esposa. Allí le informaron que la niña había bebido líquido amniótico y parte de éste se le había ido a los pulmones, por lo cual presentaba un cuadro difícil y las trasladarían de urgencia a Chilpancingo, pero antes de llegar a Mezcala falleció, supuestamente por la infección en pulmones y estómago.

Reyes Nava indicó que por la noche, cuando reclamó el cuerpo de su hija, le dijeron debía pagar 5 mil pesos por hospitalización, medicamentos y traslado y adelantar una parte de la hospitalización de su esposa, de lo contrario no se podía proceder.

Asimismo, que al pedir el oficio para el Monisterio Público, le respondieron que éste se había desaparecido.

Señaló que tras pagar 7 mil pesos, el fin de semana la señora Castro Pérez abandonó el hospital, no sin antes anunciar su denuncia.

En lo que va del año se han registrado tres decesos de menores, debido a que el personal médico se ha negado a atender a los enfermos.