Por no militar en el partido y exigir que se aclare el caso recibe sólo 2 mil 400 pesos de pensión, denuncia Paula Mendoza

 Redacción

La viuda de uno de los 17 campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, Francisco Rogel Gervasio, Paula Mendoza Téllez, de 76 años de edad, pidió al gobernador René Juárez Cisneros el mismo apoyo económico que les dan a las otras viudas que se sumaron al PRI, pues ella nada más recibe 2 mil 400 pesos mensuales y las demás el doble, a cambio de no clamar castigo a los responsables de la masacre.

En una visita a la Redacción de El Sur, ayer por la tarde, Mendoza Téllez manifestó que la líder priísta de Atoyaquillo, María Díaz, representante del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, es quien dirige a las otras 16 viudas. “Me dice que no pida justicia, que me voltee con ella, que la acompañe, que de todos modos mi esposo ya murió, a cambio del dinero que reciben las demás”.

“Yo le contesto que no puedo decir cosas que no son, a ellas las obligaron a decir que sus esposos fueron los responsables, ellas me lo han dicho”, reveló.

“Primero me veo mis lágrimas para recibir dinero, en los 54 años de casada no supe de necesidades”, relató al tiempo que los ojos se le humedecieron.

Paula Mendoza Téllez dijo que la líder priísta María Díaz es viuda, pero no perdió a su esposo en la matanza de Aguas Blancas, murió por otras causas y aprovechó los hechos para pedir pensión.

La viuda pidió al gobernador René Juárez Cisneros que la reciba en audiencia para solicitarle apoyo para la construcción de su casa en la comunidad de Jalpa, Morelos, como se lo prometieron, pues está por caerse donde vive actualmente con su hija Nicolasa Rogel Mendoza, en Atoyaquillo, a causa de los pasados temblores.

José Sánchez Sánchez, abogado del caso Aguas Blancas, y quien acompañaba a la viuda, lamentó que desde hace dos años de que la Fiscalía Especial para Movientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) tomara el caso, no hay avances.

Sánchez Sánchez hizo un llamado a quienes integran las tres fracciones en que se ha dividido la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), dirigidas por Benigno Guzmán Martínez, Hilario Mesino Acosta y Virgilia Galeana García, a unirse en este aniversario número 9, “queremos buscar la unidad”.

Informó que pretenden entregarle una carta al arzobispo Felipe Aguirre Franco, este miércoles, en la que le pedirán que solicite que el caso de abra y se aplique la justicia.

El abogado del caso Aguas Blancas dijo que en caso de que gane un perredista la gubernatura del estado, los sobrevivientes le exigirán que abra el caso.

En un documento –del que dejaron copia en la redacción– que firman la viuda y el asesor jurídico manifiestan que a nueve años del aniversario de la masacre de Aguas Blancas, los autores intelectuales y algunos materiales no han sido castigados y gozan de total impunidad. y como prueba de ello está “el cacique mayor, el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien sigue decidiendo los destinos de la vida política de Guerrero al tratar de imponer como precandidato a gobernador a su ahijado corruptor, también conocido como el hombre del maletín, Héctor Vicario Castrejón, y que ahora apoya a Héctor Astudillo, a quien señalan como su incondicional”.

Señalan también que el PRD ha infiltrado a figueroístas como los ex diputados Zótico García Pastrana, César Flores Maldonado y el diputado local Heriberto Noriega Cantú, quienes ya se sumaron “a una precandidatura del PRD –la de Armando Chavarría Barrera- , con el afán de que de perder el PRI, la gubernatura no pierda el poder”.

Denunció       que los responsables intelectuales, como José Rubén Robles Catalán, Gustavo Olea Godoy, Rosendo Armijo de los Santos, Francisca Flores Rizo, Jesús Herrera Vélez, Antonio Alcocer Salazar y Mario Arturo Acosta Chaparro, gozan del presupuesto y del poder.

Dijo prever que en los próximos días se cierre el círculo de la impunidad al otorgarle los beneficios de la ley de normas mínimas, con lo que podrían salir libres el ex delegado de Gobernación que aún sigue preso, Esteban Mendoza Ramos, y cinco policías, quienes fueron trasladados hace algunos días a diferentes cárceles del estado para que cuando salgan libres no se hagan protestas.

El documento también lo entregarían a las organizaciones defensoras de los derechos humanos no gubernamentales, a los partidos políticos democráticos y a la OCSS, con copia al gobernador, al secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, y al secretario de Asuntos Religiosos, Javier Bataz.