En la primaria Ignacio Manuel Alta-mirano, de Ajuchitlán del Progreso, reclamaron que la directora manejó el presupuesto del programa La Escuela es Nuestra y que usó 500 mil pesos para sólo construir un enrejado y pintar el plantel, por lo cual exigieron una auditoría.
Los padres se reunieron con maestros y el delegado de la Secretaría de Educación Guerrero, Taurino Vázquez Vázquez, que visita la escuela por segunda vez.
En la reunión, los inconformes hicieron acusaciones contra la directora Rosa Martínez Toledo, pues dijeron no ha podido justificar el uso de los 500 mil pesos. También señalaron que la tesorera del comité de padres, quien manejó el presupuesto, es sobrina de la directora.
El delegado de la SEG pidió tiempo para analizar las acusaciones y tomar una decisión. Dijo que hablará con la directora para que compruebe los gastos y pidió que no se tome la escuela y que permitan las clases normales.
Los padres también señalaron que la escuela pide 90 pesos a cambio del paquete de libros de texto gratuito, y les dijeron que 30 pesos son para el pago de la gasolina, 30 para el traslado de los libros, y los otros 30 pesospara pagar a una bodega de Coyuca de Catalán, y que es un cobro obligatorio por el que no les dan comprobantes.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez dijo que algún grupo delincuencial saqueó las casas de los desplazados de Los Bayados, Ajuchitlán del Progreso, porque cuando las fuerzas de seguridad llegaron, los habitantes les informaron lo sucedido.
Dijo que las familias desplazadas tienen casas en municipios de la Costa Grande donde se están quedando.
En declaraciones al término de la sesión del Grupo ACA, Méndez Gómez indicó que por asambleas las familias decidieron no quedarse en el pueblo, a pesar de que se les informó que estarían resguardados por militares y policías estatales.
Indicó que militares y policías del estado acompañaron a los 246 habitantes, pero que una vez que llegaron al pueblo determinaron no quedarse y que iban a bajar a otra áreas, donde la población realiza actividades económicas y también tienen viviendas.
El funcionario dijo que cuando las fuerzas de seguridad llegaron, los habitantes les informaron que sus casas estaban saqueadas, y supuso que “algún grupo de la delincuencia llegó”, y se metió a las viviendas.
El secretario general de gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez afirmó que se les ha dado apoyo de “primera mano”, y una estancia en las comunidades donde están.
Respecto al abandono de la terminal aérea de Tierra Caliente en Ciudad Altamirano desde inicios de la semana, Méndez Gómez dijo que hay presencia de elementos de Tránsito estatal en todos los aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje en el estado, y que hay un destacamento en el de Ciudad Altamirano.
Reynoso Núñez agregó que en ese aeropuerto está la Guardia Nacional haciéndose cargo de la seguridad, y que no hay información respecto a qué va a pasar con la pista.
Este martes una camioneta Hummer con soldados del Ejército recorre las calles abandonadas de Los Bayados, de donde la gente huyó debido a amenazas del crimen organizado Foto: El Sur
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Desplazados de la comunidad serrana Los Bayados, municipio de Ajuchitlán del Progreso, pidieron a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que pongan en sus agendas la violencia de la Sierra de Guerrero, y exigieron al gobierno federal y estatal combatir las causas de la misma en la región, además de un verdadero plan emergente de pacificación.
También demandaron que les garanticen por el tiempo que sea necesario la alimentación de las familias afectadas, educación para sus hijos, empleo temporal para que tengan un ingreso, una base del Ejército en su localidad para evitar rapiña en sus viviendas y ganado y que se planifique el retorno a su comunidad.
Ayer mediante un comunicado, los pobladores de Los Bayados que salieron desplazados el domingo 19 de febrero de su localidad por el riesgo que corrían de la violencia en comunidades vecinas, señalaron que Guerrero, “vive en un ambiente de convulsión que cada vez se convierte en algo cotidiano. Vemos con tristeza que los tres niveles de gobierno no han dimensionado la gravedad de los casos”.
Recalcaron que los 246 habitantes de Los Bayados eran unidos y de trabajo, dedicados al cultivo de aguacate y maguey, “no nos hemos involucrado en ninguno de los conflictos que se han dado por años en nuestra región. No es justo que de un día para otro, el pueblo entero haya tenido que emigrar de la tierra que lo vio nacer”.
Expusieron que tras desplazarse forzadamente dejaron atrás sus viviendas, tierras que siempre trabajaron, su ganado y la vida comunitaria que “hoy quedó destrozada”.
Mencionaron que “nadie que tenga sensibilidad puede ni debe ignorar estos hechos que desgraciadamente están ocurriendo de manera continua”, y que de un día para otro quedaron las familias en el total desamparo, “no tenemos donde vivir, algunos nos refugiamos con familiares o conocidos, algunos en Tecpan y otros en diferentes puntos de la Costa. ¡No tenemos nada!”.
Ante su nueva realidad impuesta pidieron a los medios de comunicación estar al tanto de los hechos y que visibilicen la violencia que parece “llegó para quedarse”, argumentaron que se requiere sensibilizar a la sociedad para que lo que les ocurrió, “no se convierta en el vivir de todos los días”.
Solicitaron a “las organizaciones defensoras de los derechos humanos que se coordinen ante la gravedad del caso y hagan oír su voz ante todas las instancias, incluidas las internacionales. No sólo para el caso de nuestra comunidad”.
Exigieron a los gobiernos federal, estatal y municipal que no merecen vivir el desplazamiento forzado que padecen, por lo tanto exigen que mitiguen con acciones inmediatas el efecto que la violencia ha creado, y que trabajen de manera precisa en combatir las causas, además que con las comunidades construyan un verdadero plan emergente para la pacificación y la integración de la Sierra al desarrollo.
Pidieron a los organismos internacionales, “como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, que pongan en sus agendas la violencia que se vive en la Sierra de Guerrero, porque “no puede haber territorios de violencia donde la población indefensa sea la más afectada”.
Señalaron que “la violencia no se resuelve con más violencia”, y expresaron que no están “ni a favor ni en contra de ninguno de los grupos (delictivos) en disputa, solo queremos que se nos respete como pueblos que queremos vivir dignamente”.
Agradecieron las despensas y los kits de higiene que les entregó el martes el gobierno del estado para solventar necesidades inmediatas, y su disposición de construir una ruta de solución.
Precisaron que exigen a los gobiernos del estado y federal garanticen “por el tiempo necesario la alimentación de las familias desplazadas, atender los problemas de salud y dotarlas de enseres elementales para su sobrevivencia”, construir una solución para que sus hijos continúen estudiando, porque son los más agraviados.
Agregaron que las autoridades deben establecer un esquema de empleo temporal para que las familias desplazadas, y que cuenten con un ingreso económico elemental para sostenerse, que el Ejército instale un cuartel permanente en Los Bayados para evitar rapiña o afectación de sus viviendas, ganado y parcelas de labor, así como crear condiciones para un posible retorno.
Además exigieron que se planifique el retorno a la comunidad para recoger ropa y utensilios para su sobrevivencia, y añadieron que algunos pobladores de los desplazados están pensando emigrar a otros lugares del país y el extranjero, por el miedo y la impotencia al quedar en el desamparo.
“Se necesita que los gobiernos atiendan este problema y que protejan la vida y fortalezcan a nuestras comunidades con los diversos programas de apoyo”, se lee en el documento.
Los pobladores informaron ayer vía telefónica que el martes en El Súchil, municipio de Tecpan, además de los pobladores de Los Bayados también estuvieron pobladores desplazados de las comunidades de La Trinidad y La Sierrita, pero de los que aún no pudieron precisar cuántos habitantes huyeron.
Contaron que el gobierno del estado les pidió sus nombres a todos los que huyeron por temor a ser atacados por un grupo armado el domingo, luego de que están en una zona donde pugna entre dos grupos delictivos, La Familia Michoacana y Los Arreola.
Agentes de la Policía Estatal y soldados del Ejército entraron la tarde del domingo a la comunidad Los Bayados, Coyuca de Catalán, donde corroboraron que sus habitantes –que se asumen de Ajuchitlán– la abandonaron por temor a amenazas de grupos del crimen organizado Foto: El Sur
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Pobladores de la comunidad Los Bayados, Ajuchitlán del Progreso, denunciaron ayer que el domingo fueron desplazados de su comunidad por la violencia los 246 habitantes, entre ellos 70 niñas y niños, exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda apoyo porque quedaron en el desamparo y pidieron acompañamiento para regresar a su localidad a sacar sus cosas.
Este lunes mediante un comunicado los pobladores de Los Bayados informaron que esta comunidad es parte del ejido San Antonio de las Tejas, del municipio de Coyuca de Catalán (aunque ellos se asumen como de Ajuchitlán), “por todos los tiempos y administraciones gubernamentales nuestra comunidad permaneció olvidada, no tenemos médicos y hay un solo maestro que da clases en primaria y secundaria”.
“Sin embargo vivíamos en paz, vivíamos del campo con el apoyo del programa Sembrando Vida iniciamos la siembra de huertos de aguacate, durazno y maguey, ya que somos herederos del conocimiento artesanal de la elaboración del mezcal. Somos una comunidad de trabajo que nunca se ha inmiscuido en los conflictos que por años han prevalecido en la región”, se lee en el documento.
Contaron que a partir de los ataques ocurridos el 10 de diciembre de 2022 en la comunidad vecina El Durazno, “se dio inicio a una serie de rumores y comentarios sobre que nuestra comunidad sería la próxima afectada, ya que, la ubicación geográfica nos pone en medio del conflicto”.
“Los rumores eran tantos que parecía una clase de terrorismo psicológico, tratamos de aguantar los más posible pero el 18 de febrero escuchamos detonaciones de un enfrentamiento en el punto conocido como Las Golondrinas (esta zona es una de las entradas principales hacia nuestra comunidad), nos dio mucho miedo, ya no pudimos más y elegimos abandonar la comunidad ante los rumores de que nos daban hasta las 12 del día del domingo para abandonar el poblado”.
Mencionaron que salieron con lo que pudieron agarrar de sus pertenencias, “pensando sólo en ponernos a salvo”.
Detallaron que son un total de 246 habitantes desplazados de los cuales 70 son menores de edad, seis son adultos mayores y dos de ellos tienen una discapacidad, expusieron que no tienen donde vivir, que algunos se refugiaron con familiares o conocidos, algunos en Tecpan y otros en diferentes puntos de la Costa Grande.
Dijeron que ante el desamparo en el que quedaron y no tener “nada”, exigen a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “que nos brinde apoyo, que ya no nos deje olvidados, somos gente que sólo quiere vivir en paz y ahora no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Perdimos todo, nuestra tierra, nuestras casas y medios de vida, ya no tenemos nada ni siquiera pudimos despedirnos de nuestros muertos, hasta ese derecho perdimos”.
Los pobladores de Los Bayados exigieron apoyo del gobierno para regresar a su comunidad y por lo menos para sacar sus cosas, también solicitaron para todas las familias afectadas, despensas y becas para a los menores para que no dejen de estudiar, y “al menos eso nos da la esperanza de que tendrán un futuro mejor”.
“Tenemos conocimiento de que otras comunidades también fueron desplazadas, pero no sabemos a dónde fueron ni cuántos son”, concluye el comunicado que es dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la gobernadora morenista.
De acuerdo con otros pobladores consultados vía telefónica de esta zona alta de la sierra de Petatlán, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán, que pidieron no revelar su nombre, los enfrentamientos armados que se han registrado en los últimos días obedecen a una pugna entre grupos delictivos, por un lado integrantes de la Familia Michoacana, contra integrantes de otros grupos regionales de Los Arreola y Los Maldonado que se han asentado en el corredor de Santa Rosa de Lima a El Durazno.
La fuente dijo que la autoridad estatal ha sido omisa o no ha querido actuar como en otras zonas del estado, donde se han desarmado a otros grupos o autodefensas, como en Apaxtla, Teloloapan o recientemente en Buenavista de la Salud y Tierra Colorada.
Sostuvo que también militares que están en el crucero de San Antonio de las Tejas “se hacen de la vista gorda” de los hombres armados que tienen asolados a los pobladores, que no participan con ninguna agrupación y que son las víctimas de las pugnas por controlar los territorios de sus adversarios.
Fuentes del gobierno del estado confirmaron ayer que a la localidad de Los Bayados arribaron la tarde del domingo soldados del Ejército y la Policía Estatal, quienes confirmaron que en la comunidad no había ningún poblador.
Desde la madrugada de este sábado, los soldados que permanecían en la base de Ajuchitlán del Progreso desde octubre pasado abandonaron las instalaciones en medio de protestas y gritos de la gente luego de que los acusaron de torturar a dos personas.
La noche del viernes se reunieron unas 100 personas de Ajuchitlán para protestar en el edificio que usaban como cuartel los militares, y exigir la salida del Ejército luego de las acusaciones en contra de los soldados a quienes señalan de ser responsables de torturar a dos pobladorses.
Incluso éstos también acudieron a la protesta y mostraron los diversos golpes que presentaban en el cuerpo y sostuviueron que fueron detenidos por los militares y que en su base los agredieron físicamente y después los liberaron.
La gente cerró los accedos al pueblo de Ajuchitlán y llevó unidades del transporte público hasta la base militar para exigir su salida y fue hasta las primeras horas de este sábado cuando los militares decidieron dejar el edificio para evitar una confrontación con la gente que se encontraba protestando.
Los soldados salieron con sus unidades. Eran unos 50 soldados que se encontraban en esa base desde octubre del año pasado después de la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan, entre las que se encontraba el alcalde, Conrado Mendoza Almeda.
Una vez que el Ejército abandonó el municipio de Ajuchitlán del Progreso se retiró el bloqueo que se encontraba en las diferentes entradas de la localidad.
El grupo militar se dedicaba en los últimos meses del 2022 a recorrer solamente la cabecera municipal así como las colindancias con San Miguel Totolapan pero a principios del año comenzaron a colocar filtros de revisión y a revisar de manera minuciosa a los motociclistas en busca de detectar halcones (espías del crimen organizado).
Pero la gente asegura que en esos filtros agredieron a ciudadanos que no tenían nada que ver con la delincuencia al punto de que fueron liberados pues no les encontraron ningún delito, sin embargo, en ese proceso los torturaron.
Antes de los hechos violentos en San Miguel, el Ejército también había sido retirado en medio de protestas de transportistas y otros ciudadanos de Arcelia y Tlapehuala, en este último en dos ocasiones.
Padres de familia y maestros de la escuela primaria 18 de Marzo, de Ajuchitlán del Progreso, tomaron cinco horas la delegación regional de Servicios Educativos de la Tierra Caliente, en Coyuca de Catalán, para reclamar que les repongan a un intendente que fue removido.
A las 9 de la mañana, padres de familia y maestros cerraron las instalaciones de la delegación de los Servicios Educativos de la Tierra Caliente, y exigieron una reunión con el delegado, Timoteo Arce Solís, para solicitar el regreso de un intendente que recientemente removieron.
El jardín de niños se ubica en la cabecera municipal de Ajuchitlán y tiene una matrícula completa, por lo que es importante tener un intendente, comentaron los quejosos.
Los inconformes pararon las actividades en la delegación en tanto se establecía un diálogo con las autoridades, y alrededor de las 2 de la tarde los padres de familia y el delegado Timoteo Arce acordaron que a más tardar este jueves repondrán al intendente que hace falta.
Los padres de familia se retiraron de las instalaciones liberando la entrada después de 5 horas de mantener cerrada la delegación de Educación en Tierra Caliente.
La falta de trabajadores académicos y de intendencia continúa ocurriendo en la región, a pesar de que recientemente se anunció la llegada de 50 maestros y trabajadores de apoyo para las escuelas que serían distribuidos en diferentes puntos.
Agentes de la Policía del Estado y del Ejército decomisaron un rifle y equipo táctico en un camino de terracería y cerca del poblado de las Anonitas del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la zona donde recientemente liberaron a 13 personas que se encontraban secuestradas.
Mediante un boletín la Policía del Estado informó que en una acción coordinada con el Ejército este lunes por la tarde hallaron dicho el material de uso exclusivo del Ejército y fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) en Chilpancingo para su investigación.
Las Anonitas está a una hora de camino desde la cabecera municipal, y sobre la ruta donde recientemente liberaron a 13 secuestrados.
Se detalló que el personal policial y militar que realizaba recorridos en patrullas y a pie en las inmediación de Las Anonitas, localizó oculto entre la maleza un fusil AK-47 marca Norinco, modelo GMAK-90 Sporter.
También hallaron “8 cargadores metálicos y 210 cartuchos calibre 7.62x39mm, 6 cargadores y 130 cartuchos calibre 5.56, un chaleco táctico y 2 portacargadores tipo pechera color verde”.
Se informó que el armamento y el equipo militar estaba tirado y no detuvieron a nadie.
Anoche 12 comerciantes y una bebé de 10 meses que fueron secuestrados por civiles armados, fueron liberados en las inmediaciones de la comunidad Las Anonita, municipio de Ajuchitlán del Progreso, por soldados del Ejército y policías del estado, informó el vocero de seguridad Roberto Álvarez Heredia.
Por otra parte, los primeros informes señalan que fueron privados de su libertad el lunes por civiles armados en el crucero de la comunidad de Villa Nicolás, en dirección a Las Anonitas.
Fuentes de seguridad informaron que los rescatados son comerciantes tianguistas que recorren varios pueblos en los días en que se paga el programa Prospera, y que los hombres armados los secuestraron y se llevaron también tres camionetas con mercancía, en las que viajaban, desde la tarde del lunes.
Las versiones indican que el Ejército recorría esa zona la noche del martes y los secuestradores se dieron a la fuga al ver las patrullas, lo que les provocó sospechas.
Cuando los militares se acercaron vieron a la gente en el piso en un camino de terracería y sus camionetas en los costados, quienes informaron que habían sido secuestrados.
El lugar en donde se encontraban retenidos es un camino de terracería que conduce a Las Anonitas, la única población ubicada aproximadamente a 20 km de la carretera estatal que va de Ajuchitlán a Coyuca de Catalán y donde está también el pueblo de Villa Nicolás.
De los delincuentes no se pudo conocer su identidad pero dejaron abandonado en ese lugar un taxi del sitio Tlapehuala.
No se reportó que estuvieran pidiendo dinero por la libertad de los secuestrados por lo que se desconoce la intención de los sicarios de mantenerlos retenidos.
Entre quienes presentaron su declaración había algunos jóvenes que en el pantalón tenían manchas de sangre.
Se informó que algunas de las víctimas son de Altamirano, otras de Ajuchitlán, otro grupo del Estado de México y que todos son comerciantes ambulantes que llegan a vender a los lugares en donde pagan el programa Prospera.
El vocero Álvarez Heredia en un comunicado dijo que el Ejército y policía del estado rescataron a 13 personas que se encontraban secuestradas en las inmediaciones de la comunidad de Las Anonitas.
Dice que fue una acción conjunta dentro del Operativo Relámpago, con soldados del 34 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano y policías estatales liberaron a vendedores de verduras y chácharas que habían sido privados de su libertad la tarde del martes por ocho personas armadas.
“Las personas liberadas de sus captores refirieron que la mayoría se dedica al comercio y se trasladaban al municipio de Tlapehuala cuando fueron interceptados por un grupo armado. Entre las personas hay diez adultos, dos mujeres y una niña”, agrega el boletín.
Informa que se decomisaron tres camionetas que fueron puestas a disposición de la agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán junto con las personas “intervendrá personal de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes y descartar que entre las presuntas víctimas se encuentren delincuentes”.
“En el área donde ocurrieron los hechos el Ejército mexicano y la Policía del Estado implementaron un operativo para localizar a los responsables para detenerlos y ponerlos a disposiciones de las autoridades competentes”, finaliza.
Buscan a un levantado de Las Anonitas
Vecinos de la comunidad de Las Anonitas reportaron que hace una semana fue levantado un hombre de esa población y todavía se desconoce su paradero.
Entre los liberados ayer buscaron al desaparecido pero se confirmó que no estaba entre ellos.
Es un hombre de aproximadamente 30 años de edad de nombre Anicasio Guillermo Santos, vecino de esa población y de quien se informó que fue levantado el martes de la semana pasada.
Según el reporte se lo llevaron personas armadas desde el pueblo.
Se informó que los familiares tenían miedo de presentar algún reporte oficial pero que podrían levantar una denuncia por desaparición para su búsqueda.
En dos días se incendiaron 100 hectáreas en la entidad, que se suman a las 554 que se habían quemado hasta el miércoles pasado, es decir 656.87 hectáreas. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ayer aún había dos incendios activos, uno en Cochoapa El Grande y otro en Eduardo Neri.
Según estadísticas difundidas la tarde de ayer por la Conafor, se han registrado 30 incendios forestales que suman 656.87 hectáreas conflagradas, de las cuales 227.46 fueron hojarasca, 240.5 arbustos y matorrales, 187.91 de matorrales y una hectárea de árboles de renuevo.
El municipio en el que más incendios han ocurrido es Chilpancingo, que lleva 11; le sigue Acapulco con siete, Ajuchitlán del Progreso con tres; Copanatoyac y Juan R. Escudero con dos cada uno; y Mochitlán, Coyuca de Benítez, San Marcos, Atenango del Río y Eduardo Neri, con un incendio en cada municipio.
Chilpancingo también encabeza el listado de municipios con mayor superficie afectada, al registrar 172.11, le siguen Acapulco y Ajuchitlán del Progreso, con 139.21 y 103.5 hectáreas conflagradas.
Según la estadística el número de incendios como de hectáreas afectadas superan las cifras de 2013, cuando hubo 21 conflagraciones con una afectación de 340.5 hectáreas. En 2014 hubo cinco incendios, con 73.85 quemadas; en 2015 siete, con 115.29; y en 2016 hubo nueve incendios, con 106.06 hectáreas afectadas. (Karla Galarce Sosa).
En el primer mes de 2017, en la región de Tierra Caliente ocurrieron ocho asesinatos en los municipios de Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Pungabarato, y en lo que va del año no se ha reportado secuestros, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
A la Fiscalía del Estado se le solicitó el número de casos de asesinatos en la región, y de acuerdo a su estadística en Tierra Caliente han ocurrido ocho asesinatos en enero de este año.
De las ocho víctimas, tres fueron asesinados cuando transitaban en un camino rural en la comunidad de las Mesas de Pineda, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán.
De acuerdo con los vecinos de la comunidad de Paso de Arena también en Coyuca de Catalán, la semana pasada fue sepultada otra persona que murió en el hospital de la localidad, luego de que fue herido en un enfrentamiento a balazos. La víctima es originaria de la comunidad de Arroyo Grande, pero no hay registro de este caso en la fiscalía.
En Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, ocurrieron tres homicidios, uno de ellos cerca de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería. Los otros dos asesinatos ocurrieron la semana pasada en la colonia Lomas del Valle, con seis horas de diferencia entre un hecho y otro, en la misma zona.
El 6 de enero, dos jóvenes vecinos de Ciudad Altamirano fueron hallados ejecutados en la comunidad de Riva Palacio, municipio de San Lucas del estado de Michoacán, a pesar de que fueron levantados en la cabecera municipal de Pungarabato, la fiscalía de Guerrero no los tiene registrados.
El sábado 21 de enero fue asesinado a balazos un hombre en la comunidad de Santa María Santa Fe, en la sierra de Ajuchitlán. Y el 7 de enero, fue hallado un hombre ejecutado a balazos en la comunidad de La Tinaja, municipio de San Miguel Totolapan.
En tanto, durante el mes de enero de 2017, no se ha reportado ningún secuestro en la región de Tierra Caliente de acuerdo con la FGE.
Informó que en la zona entre los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan en enero de 2016 registaron 29 secuestros y 3 asesinatos.
Los secuestros del año pasado son atribuidos al grupo delictivo de Los Tequileros, y en enero de 2017 no hay registro oficial de algún secuestro cometido por este grupo delincuencial.
En la región de Tierra Caliente no hay presencia de la Policía Federal desde el 5 de enero, pues fueron enviados a otras partes de la República, para contener protestas sociales debido al incremento en los precios de las gasolinas. Los policías estatales tienen que atender los nueve municipios de la región, que no alcanzan a dar seguridad por las largas distancias entre los municipios. Además grupos del Ejército sólo realizan recorridos esporádicos en toda la región, porque operan en zonas estratégicas.
