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En su búsqueda halla la Brigada Nacional restos humanos en dos fosas clandestinas de Huitzuco

 

Miembros de la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda, ayer en un paraje de la colonia El Capire, al sur de Iguala, donde les reportaron una posible fosa clandestina. Foto: Alejandro Guerrero

Miembros de la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas localizaron ayer en una cueva de la comunidad de Tlaxmalac, municipio de Huitzuco restos humanos en dos sitios, y en Iguala, un segundo grupo realizó excavaciones en un paraje de la colonia El Capire al sur de la ciudad, sin lograr el hallazgo de una fosa que les había sido denunciada de manera anónima.
Ayer en el quinto día de los trabajos en campo de la Brigada Nacional, se formaron dos grupo de búsqueda de fosas clandestinas, uno se trasladó a una cueva en la comunidad de Tlaxmalac, municipio de Huitzuco y otro, en el que participaron unos 50 familiares, llegó a un paraje de la colonia El Capire, frente al cerro del Tehuehue, donde está asentada el asta bandera monumental.
Asimismo se formó un tercer grupo que llegó al zócalo de Iguala para hacer actividades de información y socialización. Ellos colocaron en las jardineras las lonas con las fotografías de sus familiares desaparecidos y estuvieron entregando volantes a los vecinos de Iguala con las fotografías de las personas desaparecidas. Además pedían a las personas que les informaran de manera anónima en caso de saber información de algún entierro clandestino.

La búsqueda en Iguala

La caravana de los familiares con el acompañamiento de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el resguardo de unos 50 policías federales, inició los trabajos de búsqueda poco antes del mediodía, en un predio de cerca de una hectárea que se ve que recientemente fue lotificado y en el que en la parte más cercana a la carretera de terracería ya se ven algunas construcciones.
Se informó que un anónimo dio a conocer a los familiares que en ese predio había un entierro clandestino, por lo que se determinó llevar a ese lugar a la brigada.
Primero, se formaron dos filas de los familiares para recorrer el terreno y revisarlo minuciosamente, para ir marcando sitios considerados como posibles entierros. En este proceso se marcaron unos 15 puntos. Además se localizó una bolsa negra con huesos, los cuales se determinó que eran de un animal, posiblemente un perro.
Posteriormente fueron ingresados los dos perros de búsqueda de cuerpos humanos, para olfatear las zonas marcadas por los familiares. El trabajo de los binomios caninos duró apenas 10 minutos con cada perro, pues al momento que fueron pasados por el predio en el que había muchas espinas, cerca de la 1:40 de la tarde, había una temperatura de 33 grados centígrados en Iguala.
Durante el rastreo, los perros marcaron tres posibles puntos, en los cuales se realizaron trabajos de excavación entre los tres grupos de familiares que se integraron.
El momento de la conformación de los tres grupos, uno de los coordinadores de la Brigada les pidió mayor organización y celeridad a las actividades pues les advirtió “estamos en un lugar que está caliente, no tenemos ejército ni retenes”, en referencia de que en la entrada de Iguala ya no se coloca esta vigilancia militar.
Con dificultades por las condiciones duras del suelo, y en el que se ve a mujeres al igual que los hombres tomar las palas y los picos para excavar, así como las varillas para olfatear, los trabajos concluyeron poco antes de las 5 de la tarde sin localizar el entierro denunciado.

El hallazgo en Huitzuco

El segundo grupo de la cuarta Brigada Nacional, encabezado por el buscador de fosas, Mario Vergara Hernández, salió de manera paralela a la comunidad de Tlaxmalac, municipio de Huitzuco, donde le habían reportado la posible ubicación de restos humanos en una cueva en la parte alta de un cerro, donde en diciembre de 2017 fue recuperada una osamenta humana por parte de peritos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Para las 5 de la tarde al concluir los trabajos, el buscador de fosas Mario Vergara informó vía telefónica que habían hallado restos humanos en dos puntos donde habían realizado la búsqueda.
Señaló que rascaron en dos puntos y “brotaron” los huesos, los cuales afirmó que son humanos: “rascamos poquito y brotaron”.
Mencionó que los peritos y antropólogos de la Fiscalía General de la República (FGR) con el acompañamiento de dos familiares, se quedaron para hacer la diligencia.
Sin embargo hasta las 10 de la noche de ayer no le habían informado si está la osamenta completa o solo son huesos de un cuerpo que ya había sido localizado en 2017 en esa zona y que fue recuperado por la PGR.

 

Asesinan a un comerciante en Taxco, cuñado del candidato a alcalde de Nueva Alianza

Un comerciante de frutas, cuñado del candidato a alcalde de Taxco por el Partido Nueva Alianza, Mario Figueroa, de nombre Pedro de unos 45 años, fue hallado ejecutado a balazos con posibles huellas de tortura en una barranca del barrio del Arroyo, al sur de la cabecera municipal de Taxco.
De acuerdo con información de fuentes policiacas, ayer después de las 9 de la mañana se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre en una barranca del barrio El Arroyo, ubicada cerca de la carretera federal México-Acapulco, en la salida hacia Iguala.
En un primer reporte se decía que había tres personas ejecutadas, pero al llegar los agentes del Ministerio Público y policías, se confirmó que sólo había un hombre, quien tenía el pantalón y la ropa interior hasta las rodillas.
Según la primera versión que se dio a conocer, el hombre había muerto de dos navajazos en el cuello y golpes en la cara, presuntamente sometido a tortura. Más tarde, en un segundo reporte se confirmó que fue ejecutado a balazos.
Cerca del cuerpo, en una brecha de terracería fue hallado abandonado un automóvil compacto Volkswagen Jetta color azul marino, con placas de Guerrero.
En la tarde, fuentes oficiales informaron que el cuerpo había sido identificado como Pedro Andrés, de unos 45 años, quien era comerciante de un negocio de frutas en el mercado municipal Tetitlán, del Centro de Taxco.
Se indica que era cuñado del candidato a la alcaldía de Taxco de Nueva Alianza, Mario Figueroa, quien un día antes, fue señalado de operar para miembros de la delincuencia organizada asentados en el municipio de Taxco, mediante una narcomanta y un video difundido en redes sociales en el que aparecen dos hombres armados con fusiles y vestimenta tipo militar, que interrogan a un joven que se ve hincado con las manos atadas y cubierto de los ojos con cinta industrial.
En lo que va del año, en Taxco suman ya 34 personas ejecutadas con violencia, en hechos en los que presuntamente participaron miembros del crimen organizado, de acuerdo con un recuento de notas publicadas en El Sur.
Agentes del Ministerio Público se hicieron cargo de las diligencias y al término el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la morgue de Iguala.

 

Denuncian compra de votos a favor del PRI y falta de boletas en casillas especiales en Iguala

Con poca vigilancia policiaca y mucha afluencia de votantes se desarrolló con tranquilidad el proceso electoral en Iguala y municipios de la zona Norte, entre algunos señalamientos a candidatos de compra de votos.
La tarde de ayer, en la casilla tres especial, ubicada en el kiosco del Centro de Iguala, una pareja que intentó votar después de las 5 de la tarde se molestó porque ya se habían agotado las 750 boletas destinadas a las elecciones federales en las tres casillas instaladas ahí, y una más dentro de la central de autobuses Estrella Blanca.
La pareja incitó a más ciudadanos que pretendían votar a romper y quemar las urnas, y en su momento de enojo alcanzaron a arrebatar 11 boletas que serían ocupadas por los funcionarios de casilla y representantes de partidos, las rompieron a la mitad y se fueron sin causar más afectaciones.
Al lugar llegaron el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Roberto Rodríguez Saldaña, y funcionarios del Ministerio Público, quienes tomaron fe de los hechos; luego, fueron asignados dos policías estatales armados para resguardar las casillas durante el conteo de votos.
Militantes del PRD denunciaron que en una casa de la colonia Tamarindos, cerca del Centro de la ciudad, detectaron la presunta compra de votos a favor de los candidatos del PRI. Los quejosos denunciaron que de una casa entraba y salía gente que recibía dinero, además de que tenían boletas electorales, aunque esto no se confirmó.
Al lugar llegaron policías municipales y personal del Ministerio Público, que poco tiempo después se retiraron.
En los municipios de Taxco, Teloloapan, Cocula y Tepecoacuilco hubo denuncias de presunta compra de votos contra militantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
En Teloloapan, policías comunitarios retuvieron a gente armada en vehículos blindados, algunos de ellos presuntos militares vestidos de civil, quienes portaban armas de grueso calibre, dinero en efectivo y boletas falsas marcadas con una equis en el recuadro del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Pablo Segura Valladares.
Los hombres retenidos informaron haber sido contratados por el empresario y ganadero, Pedro Segura Valladares, a quien se le ha vinculado con la organización criminal La Familia Michoacana, para dar seguridad a su hermano Pablo Segura, que es candidato a alcalde por MC. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Seguirá su lucha y esperan que el próximo gobierno resuelva el caso, dicen padres de los 43 en Iguala

 

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 45 meses en Iguala colocaron ayer ofrendas florales en las estelas colocadas en memoria de los estudiantes asesinados Julio César Mondragón (foto), Daniel Solís y Julio César Ramírez Nava Foto: Alejandro Guerrero

Al cumplirse 45 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres advirtieron que no dejarán la lucha para exigir justicia y la presentación de sus hijos, recriminaron el incumplimiento del gobierno federal para resolver el caso y confiaron que el próximo “quede quien quede”, pueda resolver el caso, investigar a los militares, a los policías federales y la telefonía celular de los estudiantes.
En esta ocasión las actividades para conmemorar los 45 meses de los hechos ocurridos en esta ciudad fueron breves y no hubo marcha como en otros meses.
La primera actividad inició minutos después de las 4 de la tarde en la estela colocada en memoria del normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue hallado torturado y desollado del rostro en la zona industrial, al norte de Iguala.
Llegó una comisión de aproximadamente 15 madres y padres que portaban los carteles con las fotografías de sus hijos desaparecidos, unos 80 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que llegaron en tres autobuses y activistas del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
La señora María de Jesús Tlatempa, mamá del normalistas desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, reclamó que este año sus hijos estarían terminando su carrera para ser maestros, “les quitaron las ilusiones de seguir con sus estudios, les truncaron sus sueños y el gobierno no se conformó con desaparecerlos, los difamó diciendo que había sido un enfrentamiento con Guerreros Unidos y que había infiltrados de Los Rojos, es mentira, el gobierno desde un inicio mintió”.
Advirtió que no van a descansar y seguirán en pie de lucha más firmes que nunca, seguirán exigiendo justicia, castigo para los culpables y la presentación con vida de sus hijos al próximo gobierno “quede quien quede”.
“Si este gobierno se va sin resolver este problema pues se va como un traidor a la patria, entregando el pueblo a países extranjeros. Por eso decimos que si van a ir a votar hagan conciencia, no se vendan por una despensa, no vendan su voto por 500 o mil pesos, por una cubeta o una gestión porque eres madre soltera, te van a dar 500 pesos, basta de tanta corrupción”, expuso.
Señaló que a los integrantes del gobierno federal actual sólo les importa el dinero, el poder y las armas, “pero ya se va, va de salida, esperemos que el que entre ese sí pueda resolver el problema, investigar a los militares, a los policías federales de los que hay nombres e investigar, los teléfonos celulares de los estudiantes que siguieron siendo ocupados después de su desaparición”.
“Lo que queremos es a nuestros hijos de regreso, porque todos los días los estamos esperando, nunca nos íbamos a imaginar que estaríamos aquí a 45 meses, por eso no hay perdón ni olvido”, agregó.
De este primer mitin los padres, estudiantes y organizaciones que los acompañaban se trasladaron al segundo lugar a bordo de los autobuses y vehículos particulares.
En el segundo mitin junto a la estela en memoria de los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, una madre que soltó en llanto agradeció el acompañamiento de las organizaciones, mencionó que este ciclo escolar sus hijos estarían egresando y advirtió que “esto no se acaba hasta saber de nuestros hijos”.
En declaraciones al término del segundo mitin el vocero de los padres, Felipe de la Cruz dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para nombrar la Comisión de la Verdad, por lo que este proceso está detenido hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé solución al recurso que interpuso el gobierno federal ante la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas.
Reiteró que esta resolución es algo que les da seguridad de que pueden llegar a la verdad y se puede hacer justicia, en el sentido de que la comisión que se forme va a participar de manera directa con los abogados que los han acompañado como víctimas, y las instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Dijo que para ellos está claro que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ya no habrá ningún avance en este caso, que hay resistencia del ejecutivo, la PGR y complicidad de los fiscales de los estados que señalan que la resolución del Primer Tribunal Colegiado es anticonstitucional.

 

Amedrenta el fiscal regional José Luis Martínez al corresponsal de El Sur en Iguala

Durante la cobertura del ataque a balazos en la escena del crimen donde dos hombres fueron ejecutados a balazos ayer en Iguala, el fiscal regional, José Luis Martínez Silva intentó bloquear la labor periodística y mediante un policía municipal intentó intimidar al corresponsal de El Sur.
A pesar de que la cobertura se hizo en todo momento respetando el acordonamiento de la zona, donde había decenas más de personas presenciando los hechos, Martínez Silva envió a un policía municipal con la orden de que este reportero no podía tomar fotos de los hechos.
Al agente se le mostró la credencial de prensa para identificarse y que se la mostrara al fiscal. Después de que fue y le mostró la identificación el policía municipal dijo que la indicación del funcionario de la Fiscalía General del Estado era la misma, que no podía tomar fotografías, pero respondió que “es parte de mi trabajo”.
“No quiere”, dijo el policía en referencia a la respuesta del fiscal a pesar de que vio la credencial.
–No me puede prohibir hacer mi trabajo–.
–No, no, no te lo estoy prohibiendo, solamente te vine a decir lo que él me dijo, si fuera así ya hubiera tomado otras medidas, pero no, yo lo sé–, replicó el uniformado y regresó con el fiscal.
Después Martínez Silva se puso a hablar por teléfono viendo hacia donde estaba el reportero. La postura del fiscal regional fue únicamente con el corresponsal de El Sur, ya que en el lugar había más reporteros con los que no se tomó la misma medida restrictiva. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Por las lesiones, el corresponsal de El Sur en Iguala se reserva su declaración ante el MP

Personal de la Comisión Nacional y Estatal de derechos humanos se pusieron en contacto ayer con el corresponsal de El Sur, Alejandro Guerrero, en la clínica del Seguro Social de Iguala donde convalece de las lesiones que sufrió tras ser embestido la tarde del jueves en el estacionamiento de Plaza Tamarindos por un automóvil que era conducido a alta velocidad.
Asimismo, el periodista se reservó su declaración ante el Ministerio Público, debido a que hay algunos episodios de lo que le ocurrió que no recuerda con precisión, debido al fuerte golpe que recibió en la cabeza.
Ante esta situación, la carpeta de investigación quedó abierta y el reportero declarará cuando se encuentre en mejores condiciones, informaron sus familiares.
Vía telefónica, Alejandro Guerrero, informó que también se comunicaron con él representantes de la agrupación Artículo 19, que se dedica a la defensa y atención de los casos de agravios a periodistas, quienes le manifestaron su respaldo ante las acciones que desee emprender y le informaron que emitirán una alerta.
Familiares del reportero informaron anoche que en el transcurso del día evolucionó y que su estado de salud es estable, aunque aún se sentía adolorido por la fractura en la clavícula y los golpes que sufrió al ser embestido por un vehículo Ibiza gris en el que viajaban cuatro hombres a exceso de velocidad, a pesar de que circulaban en el interior de un estacionamiento.
Explicaron que debido a que no ha declarado ante el MP, no fue posible que presentara su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum).
El personal del segundo organismo acudió a hablar con el reportero a la clínica del Seguro Social, mientras que el de la CNDH habló con él vía telefónica, pero en ambos casos decidieron esperar hasta que el reportero declare ante el Ministerio Público.
Asimismo, en cartas a este diario, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachi-nollan y la delegación 25 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, SNRP, se solidarizaron con el reportero, y demandaron a las autoridades el esclarecimiento de los hechos.
Tlachinollan también expresó su respaldo, a la corresponsal de El Sur en Tlapa, Antonia Ramírez, quien el domingo fue agredida por escoltas del gobernador Héctor Astudillo  en Copanatoyac.
“Con gran indignación escuchamos tu testimonio sobre la forma torpe y prepotente con la que actuaron los agentes de seguridad del gobernador Héctor Astudillo Flores el pasado 20 de agosto en Copana-toyac”, dice el organismo en su carta y agrega que “lo que sobresale en tu relato es el trato discriminatorio y misógino que cotidianamente practican personajes del estado que consideran a las periodistas como adversarias de los gobernantes”.
Para Tlachinollan en Guerrero el ejercicio periodístico se ha transformado en una actividad sumamente peligrosa. “Las ligas que existen entre actores estatales de diversa jerarquía con los grupos de la delincuencia organizada tornan más vulnerable a las y los periodistas que trabajan en regiones donde las autoridades están ausentes y el Estado de derecho no funciona”, advirtió.
Destacó que la clase política del estado no tolera un gremio periodístico crítico e independiente, “más bien alienta la animadversión contra las y los periodistas que le dan voz a los sectores excluidos que se atreven a denunciar las tropelías de las autoridades”.
Destaca que lo que sucedió en Copanatoyac con la compañera Antonia “es la escena cotidiana que enfrentan las compañeras y compañeros periodistas”.
Y critica que “es inconcebible constar la forma tan desproporcionada cómo actúan las escoltas del gobernador contra una mujer que sólo lleva su libreta, una pluma, una grabadora y una cámara”.
Dice que sus escoltas no solo impidieron que se acercara, sino que también le jalonearon la cámara, “y con un trato hostil se empeñaron en infundirle miedo para que se retirara del lugar”.
El organismo destaca que Antonia es una joven que pertenece al pueblo nahua muy orgullosa de su origen, y que en el municipio donde nació fue víctima de esta agresión como periodista.
Subraya que estudió la licenciatura en Desarrollo Comunitario y compartió el aula con el luchador social asesinado Antonio Vivar.
Tlachinollan, expresa que la corresponsal de El Sur ha tenido que ejercer el periodismo en medio de las adversidades. “La mayoría de ocasiones cubre sus trabajos desplazándose sola a los lugares más recónditos de la Mon-taña”, y que esta situación aumenta su estado de indefensión ante el trato hostil y amenazante de funcionarios que no comparten la forma como ejerce su profesión.
Por su parte el secretario general de la delegación 25 del SNRP en Acapulco, José Julio Vázquez Hernández, exigió a nombre de los integrantes de su organización al gobierno del estado y a las autoridades municipales, que se brinden las garantías constitucionales a los periodistas, para el buen desarrollo de  su actividad en la entidad, “toda vez en lugar de disminuir los delitos, estos van en incremento en la presente administración de Héctor Astudillo”.
“Somos solidarios con los periodistas del periódico El Sur, Antonia Ramírez, Claudio Viveros y Alejandro Guerrero y demandamos que se actúe en contra de los responsables”, dijo.
“Demandamos que resuelvan las ejecuciones de los periodistas Cecilio Pineda y Francisco Pa-checo, en hechos ocurridos en la presente administración. Reitera-mos que seguimos viendo una actitud insensible por parte del mandatario estatal ante las agresiones a periodistas”, dice la carta de la delegación 25 del SNRP.

Fue un intento de asesinato, dice César Núñez Ramos

El enlace de la dirigencia nacional de Morena, César Núñez Ramos, condenó la agresión que sufrió el corresponsal de este periódico en Iguala, Alejandro Guerrero que le provocó un fuerte golpe en el cráneo y una fractura en la clavícula.
En una llamada a la Redacción de El Sur, Núñez Ramos consideró que los agresores “tenían toda la intención de privarlo de la vida, fue un intento de asesinato”.
La tarde del jueves Alejandro Guerrero fue embestido por un automóvil Ibiza gris en el estacionamiento de la plaza Tamarindos, en el vehículo iban cuatro hombres.
El incidente ocurrió aproximadamente a las 3 y media de la tarde en el interior de la plaza comercial Tamarindos, en donde el vehículo que embistió la motocicleta del reportero era conducido, sospechosamente, a alta velocidad, según contaron testigos.
Cesar Núñez reconoció el trabajo del reportero de este periódico y se sumó a la exigencia de justicia “en general exigimos que se respete el ejercicio profesional del los periodistas que se respete su integridad”.
El ex presidente de Morena en el estado lamentó que el ejercicio periodístico en Guerrero sea uno de los oficios más peligroso “arriesgan la vida”.
Por eso se sumó a la exigencia del esclarecimiento en la agresión y que se ubique y detengan a los responsables. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

Protestan reporteros de la capital ante la PGR por agresiones a reporteros de El Sur

Reporteros de distintos medios de comunicación protestaron este viernes afuera de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital, contra las agresiones a colegas y a los corresponsales de El Sur en las regiones Norte y la Montaña, Alejandro Guerrero y Antonia Ramírez.
Además informaron que el reportero de El Sur Claudio Viveros, y de La Jornada Guerrero Raymundo Ruiz fueron hostigados y agredidos verbalmente por policías federales del sector Caminos, durante un bloqueo en la carretera federal Iguala-Taxco en el crucero Cerro Gordo, mientras ejercían su labor periodística la mañana de este viernes. Mientras que al mismo tiempo pero el Chilpancingo, un guarura del gobernador Héctor Astudillo Flores, impidió que el reportero de El Sol de Chilpancingo, Jesús Saavedra, se acercara al funcionario para consultarlo.
Minutos después de la 1 de la tarde unos 40 reporteros de la capital se reunieron afuera de la Delegación de la PGR al norte de la capital, para exigir justicia y esclarecimiento por las recientes agresiones a periodistas.
Los reporteros colocaron una lona sobre en la reja de las instalaciones, donde se leyó “Exigimos justicia”, además de una pancarta que decía: “Alex amigo el gremio está contigo”.
En el mitin, la reportera de El Sur, Alina Navarrete Fernández leyó un comunicado dirigido a la PGR, a las autoridades estatales y a la sociedad en general, en el que expuso que en los últimos días, primero ocurrieron dos agresiones graves, en contra de dos reporteros de El Sur, Antonia Ramírez y Alejandro Guerrero.
“Dos atentados en contra del trabajo periodístico y la libertad de expresión en el estado. El 20 de agosto, Antonia Ramírez, mujer nahua, fue agredida por escoltas del gobernador Héctor Astudillo Flores, a su vista, con impunidad innegable. El 24 de agosto, Alejandro Guerrero fue atropellado por sujetos desconocidos, su caso es grave, no sólo por el atentado contra su vida, sino porque pese a testimonios y fotografías que indican que los hechos ocurrieron dentro del estacionamiento de la plaza Tamarindos en Iguala, el gobierno del estado difundió un comunicado en el que informa que nuestro compañero fue golpeado en el Periférico, versión que dista de la realidad”, narró.
Abundó que el corresponsal de la región Norte después de que fue atropellado lo atendieron paramédicos de la Cruz Roja, pero al trasladarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no recibió ningún tipo de atención, por lo que se cataloga que hubo negligencia médica, que resulta grave por ser una institución pública.
“A estas agresiones, se suma la de los compañeros Claudio Viveros, corresponsal de El Sur, y Raymundo Ruiz, de La Jornada Guerrero, ambos radicados en Taxco, quienes fueron hostigados y agredidos verbalmente por policías federales del sector caminos, de la patrulla 12565, que fueron identificados como Tapia y Rivas, siendo el primero quien llevaba la voz de mando (la mañana de este viernes)”, señaló la reportera.
La agresión hacia estos dos reporteros de Taxco ocurrió durante un bloqueo a la carretera federal Iguala-Taxco, en el crucero del Cerro Gordo, mientras ejercían su labor periodística.
Por lo tanto en el mitin los periodistas exigieron una investigación detallada sobre la agresión a Alejandro Guerrero, que las autoridades soliciten los videos captados por las cámaras de vigilancia en la zona donde ocurrieron los hechos, respeto a la labor periodística de los compañeros y del gremio en general.
También que las autoridades den garantías para ejercer el periodismo en el estado, porque las agresiones han sido recurrentes y principalmente de parte de funcionarios.
Abundaron que en estos hechos los agresores fueron plenamente identificados y hasta el momento no hay una postura clara de parte de las autoridades, que en cambio, hay omisión en la aplicación de justicia.
Al finalizar los reporteros lanzaron consignas: “¡Gobierno maldito reprimir es un delito!”, “¡Justicia, justicia, justicia!”,´”¡Ni uno más, ni uno más!”.

Exigen reporteros respeto a la labor periodística y castigo a agresores

Señor director, solicitamos la publicación de la siguiente carta:
A LA SOCIEDAD
A LAS AUTORIDADES ESTATALES
A LA PGR
En los últimos días ocurrieron dos agresiones, graves, en contra de nuestros compañeros Antonia Ramírez y Alejandro Guerrero, corresponsables del periódico El Sur en las regiones Montaña y Norte, respectivamente. No uno, si no dos atentados en contra del trabajo periodístico y la libertad de expresión en el estado.
El 20 de agosto, Antonia Ramírez, mujer nahua, fue agredida por escoltas del gobernador Héctor Astudillo Flores, ante su vista, con impunidad innegable.
El 24 de agosto, Alejandro Guerrero fue atropellado por sujetos desconocidos, su caso es grave, no sólo por el atentado contra su vida, si no porque pese a testimonios y fotografías que indican que los hechos ocurrieron dentro del estacionamiento de la plaza Tamarindos en Iguala, el gobierno del estado difundió un comunicado en el que informa que nuestro compañero fue golpeado en el periférico, versión que dista de la realidad.
Alejandro Guerrero fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, sin embargo, al ser trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no recibió ningún tipo de atención, hubo negligencia médica de parte del instituto, lo que es grave al tratarse de una institución pública.
A estas agresiones, se suma la de los compañeros Claudio Viveros, corresponsal de El Sur, y Raymundo Ruiz, de La Jornada, ambos radicados en Taxco, quienes fueron hostigados y agredidos verbalmente por policías federales del sector caminos, de la patrulla 12565, que fueron identificados como Tapia y Rivas, siendo el primero quien llevaba la voz de mando. Los hechos ocurrieron durante el bloqueo a la carretera federal Iguala-Taxco, en el crucero del Cerro Gordo, esta mañana, mientras ejercían su labor periodística.
Ante la situación, exigimos una investigación detallada sobre la agresión a Alejandro Guerrero, que las autoridades correspondientes soliciten por la vía legal, los videos captados por las cámaras de vigilancia en la zona donde ocurrieron los hechos, respeto a la labor periodística de Antonia Ramírez, Claudio Viveros, Raymundo Ruiz, y del gremio en general.
Exigimos que las autoridades den garantías para ejercer el periodismo en el estado, ya que las agresiones han sido recurrentes y principalmente, de parte de funcionarios. Es importante señalar que en los tres casos, los agresores fueron plenamente identificados y hasta hoy, no hay una postura clara de parte de las autoridades y en cambio, hay omisión en la aplicación de justicia.

Eric Chavelas, Alina Navarrete Fernández, Rosalba Ramírez, Lourdes Chávez, María Avilez ,Luis Blancas Rayo, Jessica Torres Barrera, Jesús Eduardo Guerrero Ramirez, Lenin Ocampo Torres, Beatriz García, Jacob Morales Antonio, Aurora Harrison, Brenda Escobar Sánchez, Abel Salgado Salgado, Yee Trujillo, Karina Contreras, Mariana Labastida, Karla Galarce, Carlos Alberto Carbajal, Daniel Velázquez, Antonia Ramírez, Carmen González Benicio, Luis Daniel Nava, Jesús Saavedra Lezama, Berenice Reyes, Janosik García, Amauri Pacheco, Bernardo Torres, Citlal Giles, Margena de La O, Israel Díaz Acosta, José Luis López, Francisco Javier Hernández, Víctor Mateo Francisco, Martín Martínez García, Marcos Lorenzo Morales, Manuel Segura Cruz.