Etiqueta: Antonio Nogueda Carvajal

Se fugan y son recapturados tres reos del penal de Huamuxtitlán

Teresa de la Cruz

Chilpancingo

Tres reos que estaban presos por los delitos de violación, homicidio y lesiones graves se fugaron este viernes del Cereso de Huamuxtitlán, aunque 40 minutos más tarde fueron reaprehendidos por policías ministeriales, informó el subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado, Antonio Nogueda Carvajal.

Aunque en la Secretaría de Seguridad Pública sólo se informó del hecho como “un intento de fuga”, Nogueda Carvajal confirmó –vía telefónica– que a las 11 de la mañana tres reos del centro penitenciario de Huamuxtitlán se fugaron.

Nogueda Carvajal dijo desconocer el nombre de los tres internos, pero aseguró que estaban presos por los delitos de violación, homicidio y lesiones graves, cuya pena va de 10, 30 y 8 años respectivamente.

Precisó que al recibir el reporte sobre la fuga unos 10 agentes de la Policía Ministerial “hicieron un rápido dispositivo y 40 minutos más tarde lograron reaprehenderlos”, cuando éstos se encontraban a las orillas de ese municipio.

Tras la reaprehensión –según el subprocurador de Justicia– los tres reos fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público “para que declaren y digan quién estuvo detrás o quién los apoyó”.

Nogueda Carvajal resaltó que hasta este viernes por la tarde no se había deslindado ninguna responsabilidad “ni en contra del director del penal ni contra algún custodio”, aunque sí dijo que la fuga de los reos “es extraña porque en las primeras investigaciones no se encontró o ubicó algún lugar por donde hayan podido escapar”.

Insistió que será la declaración de los reos la que dé la pauta para deslindar responsabilidades y saber si en la fuga participó algún funcionario.

Hasta la noche ni el nombre de los reos ni sus antecedentes se pudieron confirmar, incluso la Secretaría de Seguridad Pública, por medio del director de Comunicación y Política Criminal, Simón Wences Martínez, dijo que se sólo trató de “un intento de fuga”, pero no proporcionó mayores datos.

Trascendió también que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez, quien se encontraba en la ciudad de México, negó que haya habido alguna fuga de reos en ese centro penitenciario.

Exigen dirigentes del PRT la destitución del subprocurador Antonio Nogueda

Está implicado en la desaparición del líder del partido en Morelos, José Ramón García Gómez, aseguran

 Dirigentes del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores exigieron al procurador de Justicia del Estado (PGJE), Jesús Ramírez Guerrero, la destitución “inmediata” del subprocurador de Averiguaciones Previas, Antonio Nogueda Carvajal, porque “no queda la menor duda de que está implicado en la desaparición” del dirigente de Morelos, José Ramón García Gómez.

El dirigente estatal del PRT, Raymundo Castro Aparicio, en conferencia de prensa expuso que tras analizar la información de diversos medios de información sobre la desaparición forzada del dirigente del PRT de Morelos, José Ramón García Gómez, “queda comprobado” que el ahora subprocurador de Averiguaciones Previas del a PGJE “está implicado”.

Señaló que el comando que se encargó de “detener y desaparecer” a José Ramón García –que participaba en comités de la defensa del voto cuando se impuso a Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República– estaba bajo el mando de Nogueda Carvajal, quien fungía como director de la Policía Judicial del Estado de Morelos.

Acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo Central, como Mariano Rodríguez, Tomás Pineda, Liz Blanco y Alfonso Espinosa, Castro Aparicio mencionó que derivado de los reclamos por la presentación con vida del dirigente morelense se crearon tres fiscalías especiales, mismas que fincaron responsabilidad a los policías judiciales y al ahora subprocurador.

Dijo además que Nogueda Carvajal reconoce que su responsabilidad en el caso “en una carta que envió al periódico El Sur, por ello exigimos al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, que lejos de dar declaraciones sin fundamentos para tratar de engañar a la sociedad, le pida la renuncia al subprocurador porque no tenemos la menor duda de que está implicado”.

Insistió que los implicados, en los delitos de lesa humanidad  “no deben seguir en cargos públicos, como Nogueda Carvajal, porque la Procuraduría queda sin credibilidad”.

Asimismo exigió que “se reabra el caso de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez y la inmediata destitución de Nogueda Carvajal”.

CARTAS (Explica Nogueda Carvajal su situación jurídica en relación con la desaparición de José Ramón García)

 

Señor director:

 En relación a la publicación realizada por su prestigiado diario el día 2 de junio del año en curso, me permito hacer la aclaración siguiente:

Es respetable que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos pugne por que se tipifique el delito de desaparición forzada de personas, iniciativa de Ley que tendrá que seguir el proceso legislativo para su aprobación en el Congreso del Estado; sin embargo lo que no es válido es que escudándose en una causa por demás legítima estas ONG’s sostengan hechos que no tienen fundamento legal, por ello y por respeto a la sociedad a la que sirvo, estimé necesario precisar la situación jurídica de los hechos que se atribuyeron en el Estado de Morelos.

a) Con fecha 27 de enero de 1992, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación número 07/92 dirigida al gobierno del estado de Morelos, solicitando se librara orden de aprehensión en contra del licenciado Antonio Nogueda Carvajal, por los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad distinta a la judicial y abuso de autoridad, misma que fue obsequiada con fecha 3 de febrero del mismo año, por el juzgado segundo de primera instancia en materia penal del primer distrito judicial, con sede en Cuernavaca.

b) El servidor público mencionado, interpuso el recurso de amparo, mismo que después de ser substanciado en primera instancia, con fecha 10 de julio de 1992 le fue concedido por el Tribunal Colegiado del XVIII Circuito, con sede en esa misma ciudad, resolución que consta en el expediente número R.P. 140/92.

c) Con fecha 14 de julio del mismo año, el juzgado segundo penal, decretó nueva orden de busca y aprehensión, en contra de Antonio Nogueda Carvajal, ahora por los delitos de asociación delictuosa y delito cometido en la administración de justicia, en agravio de José Ramón García Gómez y la sociedad.

d) Por tal motivo, el entonces inculpado Antonio Nogueda Carvajal, interpuso el juicio de amparo número 847/992 ante el Juzgado Cuarto de Distrito, que al resolver en fecha 13 de noviembre del mismo año, le concedió una vez más el amparo y protección de la justicia federal.

e) Inconforme con dicha resolución, el titular del Juzgado Segundo de primera instancia del ramo penal, interpuso ante el Tribunal Colegiado del XIII Circuito, el recurso de revisión que se tramitó con el número 16/93, relacionado con el expediente R.P. 17/93, el cual con fecha 24 de febrero de 1993 confirmó la resolución que otorga la protección de la justicia de la unión al quejoso Antonio Nogueda Carvajal.

f) La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación más dirigida al gobierno del estado de Morelos, solicitando que se ejercite otra orden de aprehensión en contra del licenciado Antonio Nogueda Carvajal, por el delito de contra la administración de justicia, resolviendo el juez segundo de primera instancia en materia penal, con fecha 24 de marzo de 1995, negar la orden de aprehensión solicitada.

g) La Procuraduría General de Justicia del Estado interpuso el recurso de apelación correspondiente contra la resolución mencionada y con fecha 10 de noviembre de 1995, el Tribunal Superior de Justicia, confirmó la resolución de primera instancia, de fecha 24 de marzo del mismo año.

h) Con fecha 21 de noviembre de 1996, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante oficio 02525, comunica al gobernador del estado de Morelos, que “la citada Recomendación fue considerada como totalmente cumplida en términos de lo establecido por el artículo 139 fracción II del Reglamento interno de la CNDH”, refiriéndose a la recomendación 07/92, que dio inicio a todo el procedimiento legal instruido en contra del licenciado Antonio Nogueda Carvajal.

Como se puede observar, en este caso no existe ningún tipo de impunidad ya que fueron las autoridades de Morelos y la autoridad federal, las que conocieron y resolvieron que no existía responsabilidad penal del suscrito.

 Atentamente
Antonio Nogueda Carvajal

Niega Antonio Nogueda ser responsable de la desaparición del dirigente del PRT

 En ese entonces a mí sólo me acusaron por abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad distinta a la judicial, asegura el subprocurador de Justicia

 Teresa de la Cruz y Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

El subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio Nogueda Carvajal, negó ayer ser el responsable de la desaparición del dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), José Ramón García, ocurrida en Morelos, en 1988, “a mí sólo me acusaron por abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad distinta a la judicial”.

Entrevistado en sus oficinas, Nogueda Carvajal citó que el 27 de enero de 1992, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación –07/92– al gobierno del estado de Cuernavaca, Morelos, “como se emiten muchas más”.

La recomendación solicitaba –según Nogueda Carvajal– “se librara orden de aprehensión en contra mía, pero fue por los delitos de abuso de autoridad y por falsedad en informes dados a una autoridad distinta a la judicial”.

Indicó que el gobierno de Morelos aceptó la recomendación 07/92 de la CNDH “y abrió una investigación, y yo fui objeto de esa investigación, pero no tuve nada que ver con la desaparición –del dirigente del PRT de Morelos, José Ramón García– ni con ningún homicidio”.

El miércoles, organismos civiles de derechos humanos         exigieron castigo para Nogueda Carvajal, a quien señalaron como uno de los responsables –cuando fue director de la Policía Judicial en Morelos– de la desaparición del dirigente del PRT de ese estado, José Ramón García, y aseguraron que hay una orden de aprehensión sin ejecutar y dos recomendaciones pendientes.

Mencionó que debido a la recomendación de la CNDH pidió al Juzgado Segundo de lo Penal una orden de aprehensión, “yo me defiendo jurídicamente y recurrí a un amparo –el 10 de julio–; luego acudí a tribunales federales y ellos determinaron que no había ninguna responsabilidad penal que se pudiera atribuir a mi persona, así de fácil”.

“Mienten cuando dicen que hay una orden de aprehensión, yo no tengo ninguna orden de aprehensión por la desaparición –de Ramón García–, si fuera así ya me hubieran detenido, dicen que hay algunas personas procesadas, yo no sé ni me interesa su proceso, cada quien es responsable de sus acciones”, dijo.

Enfatizó que “yo me sujeté a la ley, a mi me acusaron por el delito contra la administración de justicia porque dicen que, en mi carácter de funcionario público, había omitido entregar algunos informes y que había desviado también las investigaciones” en torno al caso de Ramón García.

Dijo que las declaraciones del presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz, “no tienen fundamento y tampoco prescribió ningún delito, pues yo me sujeté a la ley y la ley determinó que no tenía responsabilidad”.

En un documento que hizo llegar a la redacción de El Sur, Nogueda Carvajal reconoce que el 14 de julio de 1992, el Juzgado Segundo del Ramo Penal decretó “una nueva orden de aprehensión, ahora por los delitos de asociación delictuosa y el delito cometido en la administración de justicia en agravio de José García y la sociedad”.

Por la nueva orden de aprehensión –que la CNDH solicitó en una segunda recomendación–, Nogueda Carvajal señala que pidió otro amparo, lo concedieron y le otorgan además protección de la justicia federal.

Y para el 21 de noviembre de 1996 –según el documento, la CNDH– mediante un oficio comunicó al gobierno de Morelos que la recomendación 07/92 “fue totalmente cumplida, por lo que se puede observar que no hubo ningún tipo de impunidad en el proceso, pues la autoridad federal resolvió que no existía responsabilidad” por parte de Nogueda Carvajal.

Diputados piden investigar al subprocurador

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, René Lobato Ramírez, solicitó que se investigue al subprocurador de Justicia Antonio Nogueda Carvajal, porque en Guerrero ya no debe existir impunidad y la persona que tenga cuentas pendientes “debe ser investigado”.

Consultado en las instalaciones del Poder Legislativo, Lobato Ramírez señaló que este caso ya tiene muchos años, sin embargo dijo que es preciso se investigue al subprocurador de Justicia.

Para el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN, David Tapia Bravo, la denuncia de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos pone en tela de duda la calidad moral de Nogueda Carvajal.

Indicó que el funcionario estatal debe aclarar esta situación a la brevedad posible, y en caso de que los denunciantes comprueben sus acusaciones entonces el gobernador René Juárez deberá asumir las consecuencias.

Reactivan ONG la denuncia contra Nogueda por desaparición del líder del PRT en Morelos en 1988

 

 El subprocurador tiene una orden de aprehensión y dos recomendaciones de la CNDH por el caso de José Ramón García, señala José Martínez

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Organismos civiles de derechos humanos revivieron ayer el caso de la desaparición del dirigente del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) de Morelos, José Ramón García, y exigieron castigo para el subprocurador de Justicia de Guerrero, Antonio Nogueda Carvajal, a quien señalan como uno de los responsables.

El caso se tocó durante una conferencia de prensa, donde organizaciones de derechos humanos reiniciaron la campaña para que la desaparición forzada sea tipificada como delito, en la que estuvo el presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz, uno de los organismos que han seguido de cerca el caso.

Y es que la desaparición de José Ramón, ocurrida en 1988, fue presentada como un caso “típico de impunidad” debido a que de los agentes de la Policía Judicial que participaron en su desaparición sólo dos se encuentran presos, mientras que “su jefe”, el ex director de la Policía Judicial de Guerrero, Antonio Nogueda Carvajal, se encuentra libre y ocupa el cargo de subprocurador de Justicia de Guerrero, denunció Martínez Cruz.

Indicó que ello a pesar de que hay una orden de aprehensión en su contra y dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que el caso se investigue y se castigue a los responsables.

El presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos recordó que incluso en 1991, cuando agentes de Policía Judicial Federal pretendían ejecutar la orden de aprehensión contra Nogueda Carvajal, el helicóptero se accidentó en el paraje conocido como Corral de Piedra, en la sierra de Guerrero, causando la muerte de cuatro agentes, “desde entonces nosotros pensamos que no se trataba de un simple accidente”, dijo Martínez Cruz.

Agregó que es posible que algunos agentes de la PGR hayan filtrado la información y que el helicóptero haya sido derribado para evitar que los agentes cumplieran con la orden.

“Posteriormente nos enteramos que Nogueda Carvajal era secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, y nos sorprendimos después cuando fue designado subprocurador de Justicia de Guerrero”, indicó el representante del organismo de derechos humanos de Morelos.

Agregó que el ahora subprocurador de Justicia ha dicho que cuenta con un amparo de la justicia federal y que el delito ya prescribió, “pero la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y no prescribe”, recordó Martínez Cruz, quien dijo que no se actúa en este caso por la impunidad que existe sobre estos hechos.

Informó que sobre el caso están las recomendaciones 05 y 06 de 1990, emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se pide al gobierno de Morelos que el caso se investigue y que se detenga y castigue a los responsables, pero no se ha cumplido.

Desconoce el subprocurador Nogueda si el muerto era agente de EU

 

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

El subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio Nogueda Carvajal, dijo desconocer si alguno de los dos jóvenes asesinados en Vallecitos de Zaragoza pertenece a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA.

La madrugada del miércoles 26, en el poblado de Vallecitos de Zaragoza, del municipio de Zihuatanejo, fueron encontrados los cuerpos de Oney Cruz Martínez, de Guadalajara, Jalisco, y el de otra persona que lo acompañaba, cuya identidad se desconocía.

De acuerdo con información publicada en El Sol de Acapulco, la víctima Oney Cruz Martínez era colaborador del Departamento Antinarcóticos en Estado Unidos, pero Nogueda Carvajal, consultado vía telefónica, dijo desconocer si alguno tenía ese cargo.

Informó que sobre este caso y para determinar el móvil, “las investigaciones se llevan a cabo, pero –insistió– no tengo conocimiento de que uno de ellos sea un agente”.

Aún está pendiente consignar a tres normalistas más, dice Antonio Nogueda

Teresa de la Cruz Chilpancingo  

El subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio Nogueda Carvajal, confirmó ayer que son dos los estudiantes de la Normal Urbana Federal Rafael Ramírez quienes fueron detenidos en flagrancia, acusados por los delitos de motín, sabotaje, sedición, privación ilegal de la libertad, ejercicio indebido del propio derecho y lesiones. Aseguró también que aún están pendientes por consignar tres averiguaciones previas en contra de normalistas de esa misma escuela, así como del CREN de Iguala.

Por su parte el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, José Luis Trujillo Sotelo, calificó el desalojo de los normalistas como “un hecho aislado”.

Entrevistados por separado, Nogueda Carvajal confirmó que los normalistas que fueron detenidos “en flagrancia” el pasado martes en las instalaciones de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro, tras ejecutar la orden de aprehensión BRA/SC/02/807/2004, son Erik Acevedo y Josué López Valdez “creemos que hoy por la tarde se pondrán a disposición del juez”.

Los delitos por los que fueron detenidos los dos normalistas, de acuerdo con Nogueda Carvajal fueron motín, sabotaje, sedición, privación ilegal de la libertad, ejercicio indebido del propio derecho y lesiones, de ellos sólo por el delito de sedición “no pudieran obtener su libertad bajo fianza, pero todo depende de lo que diga el juez”.

Precisó que la detención de los estudiantes se hizo por la denuncia que presentó la SEG el jueves pasado, en la que argumentaron que los estudiantes llegaron y tomaron las instalaciones “privando de su libertad a quienes trabajan ahí”.

Según Nogueda Carvajal, “ayer –martes– nuevamente la SEG dice que le toman las instalaciones, por lo que fueron dos agentes del Ministerio Público, y tenemos conocimiento de que antes del desalojo el jurídico de la SEG les había pedido que desalojaran, pero como no hicieron caso pidieron la intervención de las corporaciones policíacas”.

Luego, a pregunta de una reportera sobre si la Policía Ministerial y la de Seguridad Pública municipal cometió excesos en el desalojo, Nogueda Carvajal respondió “yo no presencié los hechos, no puedo opinar más de lo que veo en las fotografías en los medios, creo que hubo golpes por todos lados, sé que hay elementos de la Policía Ministerial golpeados y estuvieron hospitalizados, otro perdió un diente”.

“Creo que si no hubieran llegado algunas personas –en referencia a los maestros de la CETEG– que no tiene nada que ver, no hubiera pasado las cosas como sucedieron, incluso los maestros de la normal Rafael Ramírez ayer por la tarde le dijeron al Procurador de Justicia –Jesús Ramírez Guerrero– que no venían con la CETEG ni estábamos pidiendo su apoyo”. Aseveró Nogueda Carvajal.

Luego mencionó que aún existen otras tres averiguaciones previas por consignar ante el juez, una de ellas es en contra de los normalistas del CREN de Iguala quienes el mes pasado tomaron la subcoordinación de SEG la y las otras dos son de normalistas de la Rafael Ramírez, que levantaron el martes,       la primera por los delitos de motín, sedición, privación ilegal de la libertad, mientras que la segunda por ejercicio indebido del propio derecho y por lesiones en contra de los policías golpeados.

Nogueda Carvajal indicó que la PGJE también tiene los casos de seis normalistas de       la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes “firman todos los viernes en un juzgado de Tixtla, y aquí está por terminar otro proceso contra ocho normalistas –del Frente de Egresados Normalistas que tomaron el año pasado la subcoordinación de la SEG– pero el día de hoy se consignan ante el juez las tres averiguaciones previas recientes” para calificar si se ejecuta o no orden de aprehensión.

Mencionó que en el mismo caso están los maestros de la CETEG, aunque no precisó cuántas averiguaciones existen en su contra y lo que sí aclaró es que “queremos decir que no se trata de una persecución, no tenemos por qué perseguir a nadie, simplemente cada quien cumple con su obligación, a Dominga Chávez –directora del jurídico del SEG– le pagan para que represente a la SEG, a nosotros nos pagan para que integremos las averiguaciones y consignemos, cada quien hace lo suyo”.

Insistió en que los maestros y alumnos “deben hacer lo suyo, deben utilizar sus formas legales, deben hacer lo que les corresponde, tienen que hacer un recuento, para buscar otras formas de hacer ese reclamo”.

Por su parte el subsecretario de Asuntos Políticos del Gobierno del Estado, José Luis       Trujillo Sotelo, aseguró desconocer la forma en que se dio el desalojo, “nosotros estuvimos participando en días anteriores en la mediación entre la SEG y los maestros, había una mesa de trabajo, pero desconozco qué paso aquí”.

A pesar de lo anterior Trujillo Sotelo calificó al desalojo de los normalistas como “un hecho asilado, fue algo circunstancial, nosotros siempre hemos agotado el diálogo y siempre ha dado resultados, –insistió– desconozco con precisión qué pasó”.

Luego exhortó al magisterio “a no desplegar conductas que puedan ser constitutivas de un delito, porque las autoridades están obligadas en el ámbito de cada una de sus competencia a hacer que se respete a ley, están obligadas a hacer que se respete el estado de derecho”.

Aún está pendiente consignar a tres normalistas más, dice Antonio Nogueda

 

 Teresa de la Cruz Chilpancingo  

El subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio Nogueda Carvajal, confirmó ayer que son dos los estudiantes de la Normal Urbana Federal Rafael Ramírez quienes fueron detenidos en flagrancia, acusados por los delitos de motín, sabotaje, sedición, privación ilegal de la libertad, ejercicio indebido del propio derecho y lesiones. Aseguró también que aún están pendientes por consignar tres averiguaciones previas en contra de normalistas de esa misma escuela, así como del CREN de Iguala.

Por su parte el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del estado, José Luis Trujillo Sotelo, calificó el desalojo de los normalistas como “un hecho aislado”.

Entrevistados por separado, Nogueda Carvajal confirmó que los normalistas que fueron detenidos “en flagrancia” el pasado martes en las instalaciones de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro, tras ejecutar la orden de aprehensión BRA/SC/02/807/2004, son Erik Acevedo y Josué López Valdez “creemos que hoy por la tarde se pondrán a disposición del juez”.

Los delitos por los que fueron detenidos los dos normalistas, de acuerdo con Nogueda Carvajal fueron motín, sabotaje, sedición, privación ilegal de la libertad, ejercicio indebido del propio derecho y lesiones, de ellos sólo por el delito de sedición “no pudieran obtener su libertad bajo fianza, pero todo depende de lo que diga el juez”.

Precisó que la detención de los estudiantes se hizo por la denuncia que presentó la SEG el jueves pasado, en la que argumentaron que los estudiantes llegaron y tomaron las instalaciones “privando de su libertad a quienes trabajan ahí”.

Según Nogueda Carvajal, “ayer –martes– nuevamente la SEG dice que le toman las instalaciones, por lo que fueron dos agentes del Ministerio Público, y tenemos conocimiento de que antes del desalojo el jurídico de la SEG les había pedido que desalojaran, pero como no hicieron caso pidieron la intervención de las corporaciones policíacas”.

Luego, a pregunta de una reportera sobre si la Policía Ministerial y la de Seguridad Pública municipal cometió excesos en el desalojo, Nogueda Carvajal respondió “yo no presencié los hechos, no puedo opinar más de lo que veo en las fotografías en los medios, creo que hubo golpes por todos lados, sé que hay elementos de la Policía Ministerial golpeados y estuvieron hospitalizados, otro perdió un diente”.

“Creo que si no hubieran llegado algunas personas –en referencia a los maestros de la CETEG– que no tiene nada que ver, no hubiera pasado las cosas como sucedieron, incluso los maestros de la normal Rafael Ramírez ayer por la tarde le dijeron al Procurador de Justicia –Jesús Ramírez Guerrero– que no venían con la CETEG ni estábamos pidiendo su apoyo”. Aseveró Nogueda Carvajal.

Luego mencionó que aún existen otras tres averiguaciones previas por consignar ante el juez, una de ellas es en contra de los normalistas del CREN de Iguala quienes el mes pasado tomaron la subcoordinación de SEG la y las otras dos son de normalistas de la Rafael Ramírez, que levantaron el martes,       la primera por los delitos de motín, sedición, privación ilegal de la libertad, mientras que la segunda por ejercicio indebido del propio derecho y por lesiones en contra de los policías golpeados.

Nogueda Carvajal indicó que la PGJE también tiene los casos de seis normalistas de       la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes “firman todos los viernes en un juzgado de Tixtla, y aquí está por terminar otro proceso contra ocho normalistas –del Frente de Egresados Normalistas que tomaron el año pasado la subcoordinación de la SEG– pero el día de hoy se consignan ante el juez las tres averiguaciones previas recientes” para calificar si se ejecuta o no orden de aprehensión.

Mencionó que en el mismo caso están los maestros de la CETEG, aunque no precisó cuántas averiguaciones existen en su contra y lo que sí aclaró es que “queremos decir que no se trata de una persecución, no tenemos por qué perseguir a nadie, simplemente cada quien cumple con su obligación, a Dominga Chávez –directora del jurídico del SEG– le pagan para que represente a la SEG, a nosotros nos pagan para que integremos las averiguaciones y consignemos, cada quien hace lo suyo”.

Insistió en que los maestros y alumnos “deben hacer lo suyo, deben utilizar sus formas legales, deben hacer lo que les corresponde, tienen que hacer un recuento, para buscar otras formas de hacer ese reclamo”.

Por su parte el subsecretario de Asuntos Políticos del Gobierno del Estado, José Luis       Trujillo Sotelo, aseguró desconocer la forma en que se dio el desalojo, “nosotros estuvimos participando en días anteriores en la mediación entre la SEG y los maestros, había una mesa de trabajo, pero desconozco qué paso aquí”.

A pesar de lo anterior Trujillo Sotelo calificó al desalojo de los normalistas como “un hecho asilado, fue algo circunstancial, nosotros siempre hemos agotado el diálogo y siempre ha dado resultados, –insistió– desconozco con precisión qué pasó”.

Luego exhortó al magisterio “a no desplegar conductas que puedan ser constitutivas de un delito, porque las autoridades están obligadas en el ámbito de cada una de sus competencia a hacer que se respete a ley, están obligadas a hacer que se respete el estado de derecho”.

No hay operación especial en Guerrero por los bombazos en Morelos: PGJE

 Zacarías Cervantes Chilpancingo El subprocurador de Justicia del estado, Antonio Nogueda Carvajal, dijo ayer que las autoridades de Guerrero no tienen planeada la instalación de operaciones de seguridad o algún cerco de vigilancia ante las detonaciones de tres bombas en diferentes bancos de la zona counrbada de Cuernavaca, actos que se atribuyó el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo.

El funcionario estatal dijo que por tratarse de delitos federales le corresponde en todo caso a las autoridades de la federación la vigilancia y la investigación de estos grupos, mientras que los patrullajes son responsabilidad de Seguridad Pública.

Nogueda Carvajal confió en que esos hechos de violencia no trasciendan a Guerrero, pues todo parece indicar que ese grupo armado es “localista” y que sólo tiene presencia en Morelos.

El subprocurador de Averiguaciones Previas insistió que por lo menos no tenía conocimiento de si las autoridades estatales organizaban algún dispositivo de seguridad para evitar acciones como esas en Guerrero.

Lo anterior luego de que en las primeras horas de la madrugada del domingo, el Comando Jaramillista 23 de Mayo detonó tres bombas en un número igual de bancos ubicados en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, durante el 42 aniversario del asesinato del dirigente campesino morelense, Rubén Jaramillo.

Da el Congreso local 15 días a la Ssa para que presente un programa de mejoras al Semefo

Comparece en la Comisión de Salud el director Edgar Lemus

En dos años más serán obsoletas las instalaciones de la capital y de Acapulco, dice el funcionario. Con 44 trabajadores y un presupuesto de 340 mil pesos, la dependencia levanta mil cadáveres al año, dice

Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo La Comisión de Salud del Congreso del Estado dio ayer como plazo 15 días para que la Secretaría de Salud (Ssa), presente un programa de “acciones correctivas” para mejorar la cobertura y normalizar el funcionamiento de la dirección estatal del Servicio Médico Forense (Semefo).

Lo anterior fue expresado por el presidente de la instancia legislativa, Reyes Betancourt Linares al término de una comparecencia del director del Semefo en la entidad, Edgar Lemus Delgado ante diputados locales, en la cual estuvieron presentes el subprocurador de Justicia, Antonio Nogueda Carvajal y el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández.

La comparecencia del funcionario estatal, que se llevó a cabo en una sala alterna del recinto legislativo y que duró poco más de tres horas, se debió –dijo Reyes Betancourt– a la recomendación 09-204 que envió la Codehum a la Ssa, por las condiciones insalubres en las que funciona el Semefo y para que el director diera su versión sobre el caso del cambio de cadáveres que ocurrió en la unidad de Acapulco en abril.

Lemus Delgado reconoció que las cuatro unidades existentes operan bajo condiciones deficientes y adelantó que las instalaciones de la capital y del puerto de Acapulco, en dos años más serán obsoletas. Mientras que en el caso de Iguala y Taxco se debe buscar la manera de que las instalaciones sean propias, indicó.

En el diagnóstico que presentó ante diputados locales, el director del Semefo aseguró que la problemática radica en la falta de infraestructura, recursos humanos, equipamiento para las unidades y la ausencia de presupuesto para gastos de operación.

Informó que en la actualidad laboran 44 personas entre médicos forenses, personal de apoyo técnico y administrativo en las cuatro unidades, quienes levantan un promedio de mil cadáveres al año y practican un número similar de necropsias en el mismo periodo con un presupuesto anual de apenas 340 mil pesos.

Recurso que se vuelve insuficiente, dijo, considerando que en otras entidades se destina un promedio de 12 millones de pesos, dijo el funcionario estatal y demandó “urgentemente” al gobierno del estado la liberación de recursos para el equipamiento de las nuevas instalaciones en Chilpancingo.

En el caso de Acapulco, Edgar Lemus aseveró que las instalaciones deben ubicarse fuera de la ciudad para evitar problemas de salud pública y consideró necesario regionalizar el servicio, construyendo infraestructura del Semefo en Ciudad Altamirano, Tecpan, Zihuatanejo, Ometepec, Iguala y Tlapa.

Consideró necesario que la dependencia tenga laboratorios propios para la práctica de exámenes toxicológicos, ya que actualmente se realizan en laboratorios particulares o de la Procuraduría General de Justicia.

Agregó que esta situación “puede provocar suspicacias, sobre todo cuando se tiene un caso delicado y se debe elaborar un dictamen forense”, aseveró Lemus Delgado, quien no descartó la posibilidad de que funcionarios de la PGJE reciban sobornos para que alteren los dictámenes forenses.

Al término del diagnóstico presentado por el funcionario, el subprocurador de Justicia reiteró la necesidad de regionalizar el Semefo al argumentar que en las Regiones de Tierra Caliente y la Montaña es donde se han presentado problemas legales graves                     ante la falta de necropsias.

“Son problemas muy serios, que no vale la pena comentarlos en este momento”, expresó Nogueda Carvajal, quizás porque la sala estaba abarrotada por reporteros.

Enseguida el diputado por el PRD, René Lobato Ramírez lamentó la ausencia de la titular de la Ssalud, Verónica Muñoz Parra, ante una situación “tan grave” definió, en las que se encuentran las condiciones técnicas de operación del Semefo.

Lobato preguntó a Nogueda Carvajal sobre la presunta manipulación de los dictámenes forenses. Inmediatamente el argumento fue rechazado por el subprocurador de Justicia, quien afirmó que los trabajos que realiza la PGJE son “serios”.

Por su parte, el diputado priísta, Reyes Betancourt Linares fijó la postura de los integrantes de la Comisión de Salud, luego de haber escuchado el diagnóstico de la dependencia y demandó a la titular de la SSA,Verónica Muñoz Parra presentar un programa de “acciones correctivas” para mejorar la cobertura y normalizar el funcionamiento de la dirección estatal del Semefo.