No puede el auditor tener autonomía absoluta, opina Adela Román tras aprobación de reformas

Luego de que el Congreso local aprobó las reformas en materia de fiscalización para dar mayor autonomía a la Auditoría Superior del Estado (ASE), y que resta facultades al Poder Legislativo, la alcaldesa electa, Adela Román Ocampo opinó que aunque ésta debe tener autonomía, no puede ser absoluta, pues “obviamente que el auditor tiene que estar supervisado”.
En declaraciones al salir del foro regional de la evaluación multipartidaria sobre la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2018, que se llevó a cabo en un salón del hotel Copacabana, a la ex magistrada Román Ocampo se le preguntó su opinión sobre la aprobación de las reformas que dan mayor autonomía a la ASE, y respondió que no ha leído a fondo la reforma y que se verá cómo actúa la próxima legislatura, donde será mayoría la fracción de Morena, pues “tiene gran responsabilidad el Congreso entrante de analizar cuidadosamente esta reforma que se acaba de aprobar para hacer las reformas que considere pertinentes, siempre ponderando el bien de la colectividad”.
Dijo que el auditor tiene que estar supervisado y no “puede actuar de manera arbitraria, sí tiene que tener autonomía en cuando a hacer revisiones de las cuentas públicas, pero la autonomía no es absoluta”. Indicó que la actuación del auditor tiene que ser apegada a la ley, tiene que seguir todos los procedimientos para revisar las cuentas públicas de los ayuntamientos, tienen que actuar con honestidad, con profesionalismo, y no tiene que haber funcionarios de excepción en cuando respeto a la ley. Dijo que si se vive en un estado de derecho no se puede hacer lo que venga en gana, porque hay leyes.
Con la nueva reforma, el auditor se podrá reelegir otros siete años, podrá nombrar a los cuatro auditores especiales y determinar su temporalidad en el cargo, también los exonera de ser juzgados por responsabilidad política y, en consecuencia, el Poder Legislativo no podrá destituirlos y toda la responsabilidad recaerá en quien esté al frente del órgano fiscalizador.
Sobre la reforma al artículo 14 de la Constitución local, que rige a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, la alcaldesa Adela Román Ocampo dijo que es una ley que no debe desaparecer sino fortalecerse, porque “surge como una necesidad de los usos y costumbres”.
Indicó que en Guerrero hay varias etnias y la Ley 701 es “importantísima, que debe fortalecerse en todo aquello que beneficie los usos y costumbres y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Sobre los sueldos de funcionarios del Ayuntamiento de Acapulco, que no es nada transparente, y de si a ella ya le mostraron la nómina para ir ajustando los salarios de los que llegaran en su administración, Román Ocampo dijo que todavía no, pero que van a ver los sueldos como están para buscar el equilibrio.
Sobre los 80 mil 865 que gana el secretario de Seguridad Pública al mes, más que el alcalde que es un salario de 53 mil 812, la alcaldesa electa dijo que sabe que el responsable de la seguridad tiene un seguro de vida especial y un sobresueldo especial, y habrá que revisar el asunto, porque la seguridad es importante.
Indicó que entiende que haya una prestación extra dado que Acapulco es de alta vulnerabilidad y peligrosidad. Añadió que se va a buscar que quienes están en este ámbito “ganen bien, no más que el presidente municipal, pero si tengan sueldos justos porque son lugares donde se corres riesgos y el riesgo más importante de perder la vida”.

 

Aprueba el Congreso pedir a la ASE que revise a la CAPAMA ante posible corrupción

El Congreso local aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que evalúe el desempeño de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez (CAPAMA) y que haga una auditoría del ejercicio fiscal 2016 de la paramunicipal para que detecte y en su caso, denuncie ante la Fiscalía General del Estado, posibles actos de corrupción.
Sin embargo, las tres fracciones con cuyos votos se aprobó esa solicitud, PRI, PVEM y de MC, votaron contra la propuesta del perredista Ociel García Trujillo para que se auditara todo el periodo 2009-2016, y se informe de las acciones penales y el resarcimiento financiero que haya que realizar. El diputado del PAN Iván Pachuca, que acostumbra votar con el PRI, no asistió a la sesión.
El periodo propuesto por el diputado perredista abarca los gobiernos del priista Manuel Añorve Baños y de Luis Walton Aburto, de MC, pero fue votado a favor solamente por la bancada del PRD y diputados independientes.
La proposición de punto de acuerdo la leyó en tribuna el presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado –a la que aún no le modifican el nombre– el priista Samuel Reséndiz Peñaloza, quien ha subido a tribuna en sesiones anteriores para cuestionar la gestión del alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.
Reséndiz dijo que el pasado 19 de julio, cuando el director de la paramunicipal compareció ante la Comisión de Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos, reconoció que hay corrupción en la CAPAMA, adeudos, deficiencias operativas y mala planeación presupuestal.
La comparecencia de Javier Chona Gutiérrez se realizó sin la presencia de reporteros a quienes se les impidió el acceso a la sala. En el vestíbulo de la sala de plenos se colocaron pantallas, pero el audio fue deficiente.
Según el diputado priista, Chona “argumentó que carecía de suficiente personal para atender y solucionar todas esas anomalías”.
Samuel Reséndiz dijo que junto con  los diputados de la comisión que firmaron la propuesta, Isabel Rodríguez Córdoba del PRI, Raúl Mauricio Legarreta Martínez del PVEM y Ricardo Mejía Berdeja de MC, encontraron irregularidades en la CAPAMA.
Se refirió al incremento presupuestal destinado a sueldos dea mandos medios y superiores, ajustes indebidos en cuentas de usuarios del servicio de agua potable, incorrecto incremento en el saldo de almacenes, autorización extemporánea del Programa Operativo Anual 2016 y el crecimiento de los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad.
“Por ello, este Congreso, ante la ausencia material y política del presidente municipal de Acapulco y la irresponsabilidad del director general de la CAPAMA, debe poner un alto a tanta indolencia, pésima conducción, falta de transparencia, corrupción e ineficiencia de la institución encargada de proveer del más importante de los insumos vitales, el agua”, dijo el priista en tribuna.

La CAPAMA fue la caja chica del PRI, recuerda el PRD

A nombre de la fracción perredista, el diputado Ociel García Trujillo, que también es del grupo Nueva Mayoría de Evodio Velázquez Aguirre, dijo que nuevamente se usa la tribuna del Congreso, “para el uso faccioso y electorero”.
Y les preguntó a los integrantes de la comisión que solicitó al auditoría: “¿Si ya tienen documentadas las irregularidades en contra de la administración de CAPAMA ¿por qué no presentan las denuncias y las pruebas correspondientes ante las instancias correspondientes?”
Y recordó que la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado establece las obligaciones de las entidades fiscalizables así como los plazos que deben cumplir, por lo que consideró innecesario mandatar una auditoría misma que ya debe estar en curso.
Y los acusó de crear “una cortina de humo” con el tema aun cuando saben que para el PRI la “CAPAMA fue utilizada como caja chica”.
La auditoría a los recursos públicos del 2016 se realiza dentro de los plazos, subrayó García Trujillo y dijo a la comisión que preside Samuel Reséndiz que lo que “deberían solicitar a la Auditoría General del Estado son los pliegos de observaciones de 2014 y 2015, donde se solicita la aclaración de diversas irregularidades dentro de dichos ejercicio spresupuestales de los últimos dos directores de finanzas de la CAPAMA, uno de ellos, hermano de un diputado presente”, en referencia al hermano de Eduardo Cueva Ruiz (PVEM), Marcos Ernesto Cueva.
Por su parte, el coordinador de los diputados de MC, Ricardo Mejía dijo que la auditoría no es un asunto electoral, sino de finanzas, transparencia y rendición de cuentas.
Mejía, también del grupo de diputados que con frecuencia sube a tribuna a criticar al alcalde de Acapulco, dijo que es deplorable el servicio de suministro de agua y el tratamiento de las aguas residuales en Acapulco, “habiendo agua como nunca, hay fallas terribles en el suministro, fugas, hay descargas residuales”.
La coordinadora de la bancada perredista Erika Alcaraz Sosa recordó en tribuna la “accidentada” sesión en la que compareció el director general de la CAPAMA, en la que dijo que quedaron claros los fines partidistas y electoreros de los señalamientos en contra del gobierno de Acapulco.
Dijo que a pesar de las acusaciones contra el organismo por corrupción, ineficiencia y manejos discrecionales de los recursos públicos, “quienes acusaron no han presentado denuncia que sustente dichas incriminaciones”.
Por eso acusó al PRI, PVEM, MC y el PAN de un uso faccioso de la tribuna y que “no tienen ningún recato de aprobar con carácter de urgente lo que tenga que ver con Acapulco, y deliberadamente negar la aprobación de cualquier tema propuesto por el PRD no obstante la gravedad de los hechos que se trate”.