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ASE: municipios afectados pueden usar presupuesto para atender la emergencia

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta Hidalgo, dijo que los ayuntamientos de Acapulco, Coyuca de Benítez y San Marcos sí podrán utilizar recursos etiquetados a los municipios, para atender la emergencia por el huracán Otis porque “la ley de disciplina presupuestal permite redireccionar (dirigir) el gasto, siempre y cuando exista ya una declaratoria de desastre”.
En declaraciones después de entregar al Congreso local el segundo paquete de informes individuales de auditoría de la fiscalización superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022, a Peralta Hidalgo se le preguntó sobre la legalidad de que los municipios que fueron afectados por el huracán Otis pudieran utilizar recursos para la emergencia, los cuales en el presupuesto de egresos se hayan etiquetado para otros fines.
El auditor, explicó que “la ley de disciplina presupuestal  permite redireccionar el gasto, siempre y cuando exista ya una declaratoria de desastre”.
El auditor superior del estado entregó ayer a diputados en el Congreso local los Informes Individuales de Auditoría, recibió el presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE Jacinto Gonzalez Varona.
Estos informes contienen observaciones, recomendaciones y acciones, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión; también, en su caso, de la imposición de las multas respectivas, acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas, informó el auditor.
El 30 de junio se entregaron 50 Informes individuales de Auditoría al Congreso, y ayer se entregaron 80 informes individuales más acto protocolario de entrega de estos informes asistieron las y los auditores especiales, directores generales y titulares de las Unidades Administrativas de la ASE, también la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hernández.

Propone diputado reforma para que la ASE no se quede sin titular

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jacinto González Varona propuso reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado. Con éstas se precisará quién sustituirá al titular en caso de ausencia temporal o definitiva, para evitar una nueva crisis por falta de titular que tuvo el órgano fiscalizador durante más de un año en el que no hubo titular.
En tribuna, el diputado morenista argumentó que eso ayudará a una sucesión más transparente, además de que no se correrá riesgo de que la ASE y el Congreso local incurran en una ilegalidad, ni que la ausencia temporal o definitiva afecte los procesos de fiscalización.
De acuerdo a lo leído en tribuna, se plantea establecer medidas más estrictas en la entrega de las cuentas públicas por parte de los funcionarios salientes, para esto plantean imponer sanciones graves para quienes se nieguen a colaborar en la entrega de informes y comprobaciones requeridos para la adecuada rendición de cuentas, la iniciativa se turnó a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE.
El pleno del Congreso local aprobó un exhorto a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a que, reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores para armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización y transparencia de los recursos públicos.
En la sesión también se aprobaron reformas a la Ley de Educación del Estado para otorgar el reconocimiento de validez oficial a las instituciones educativas que garanticen condiciones de inclusión, el dictamen fue de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
También el pleno aprobó por unanimidad un dictamen de reforma a la Ley de Educación del Estado para incluir dentro de los planes de estudio de las instituciones de enseñanza básica los conocimientos en materia de nutrición, y para estimular habilidades motrices mediante la activación física y el deporte.

Niegan amparos a ex funcionarios de la ASE acusados de dejar prescribir cuentas públicas

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ex funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) recurrieron a amparos para evitar procedimientos administrativos y penales, por dejar prescribir 537 cuentas públicas del mismo número de municipios, y por sus autoliquidaciones; sin embargo, éstos fueron negados o desechados.
Las liquidaciones que los titulares de cuatro auditorías especiales se autorizaron, presuntamente de forma irregular, por más de 4 millones de pesos; así como el acuerdo con el que dejaron prescribir 537 cuentas públicas de municipios, fueron denunciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el auditor Marcos César Paris Peralta Hidalgo.
Los procesos administrativos y penales podrían tener sanciones, que van desde amonestaciones, multas económicas y hasta la inhabilitación para trabajar en el servicio público de uno hasta 20 años.
En entrevista en la ASE, el titular del órgano interno de control Francisco Javier Curtidor Méndez, detalló que las autoliquidaciones irregulares fueron “de todo el staff de primera línea que tenía la encargada” de la ASE, Natividad Pérez Guinto, por lo que se tomó la decisión de atacar el problema por la vía administrativa y penal.
Los mismos procesos se iniciaron contra los acuerdos de prescripción de 537 procesos de fiscalización, del mismo número de cuentas públicas de municipios.
En el caso de las liquidaciones, comentó que los ex funcionarios también apelaron el acuerdo de la unidad sustanciadora, a través del informe de presunta responsabilidad administrativa, pero el tribunal valida el inicio del procedimiento en su contra.
También estos funcionarios recurrieron al amparo para evitar este procedimiento.
Si este procedimiento concluye en que los ex funcionarios sí cometieron una irregularidad al autoasignarse las liquidaciones, tendrían que regresar a la ASE “el excedente”, porque tenían derecho a un finiquito pero “es mucha la diferencia”, comentó el contralor interno.
De confirmarse la irregularidad, el propio tribunal podría emitir otras sanciones para quienes autorizaron estos pagos, como “multas o la inhabilitación”.
Se trata de la ex titular Natividad Pérez y los ex directores generales de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas.
En el caso de los 537 expedientes, Curtidor Méndez comentó que durante el proceso legal se generan “ralentizaciones”, porque después de que se inicia la etapa de investigación, se radica en la unidad investigadora de la ASE y después pasa a la unidad sustanciadora, a través del informe de presunta responsabilidad administrativa.
En esta segunda unidad ya se citó a los ex funcionarios que autorizaron estas prescripciones, donde se detuvo porque los presuntos responsables solicitaron juicio de amparo, argumentando que “no se habían valorado todas las pruebas y que no había suficientes elementos para poder iniciar el proceso de responsabilidades”.
Los ex funcionarios impugnaron este procedimiento ante el TJA, donde promovieron “un recurso de queja”, pero este tribunal determinó que la iniciación del procedimiento es correcta, por lo que los señalados deciden presentar un juicio de amparo, que se radicó en el juzgado sexto de distrito, pero fue desechado por lo que los ex funcionarios recurrieron a “la queja”.
En este caso de los 537 expedientes que presuntamente se dejaron prescribir, ya se “celebró la audiencia” ante la unidad sustanciadora y se integró el expediente, desde donde se notificó a los ex funcionarios y se turnó al tribunal a mediados de julio.
El TJA determinará si toma como buenas las pruebas o las desechan, luego escuchará a las partes, la ASE y los ex funcionarios “presuntos responsables”.
Tras esta valoración, el tribunal dictaría una resolución de responsabilidad administrativa o regresaría la carpeta para que se vuelva a integrar, también, podría desechar el caso como totalmente concluido, si no encuentra elementos suficientes para sancionar. Esto ocurriría entre octubre y noviembre.
Se trata de dos ex funcionarios, el que era director jurídico y la ex encargada Natividad Pérez, que emitieron estos acuerdos de prescripción y quienes podrían ser sancionados con inhabilitación, de “un año y un día, hasta 20 años”.
El auditor Marcos César Paris comentó que se trabaja en las propuestas que plantearán al Congreso local, para la reforma a la ley de fiscalización, “hemos notado que son demasiados tiempos de oportunidad, hay artículos que deben ser reformados”.
Comentó que el secretario técnico de la ASE, Carlos Alberto Villalpando Milián, realizó ya un análisis de la ley de fiscalización para tener propuestas que presentar al Congreso del Estado.

 

Llama el Auditor al Congreso a reformar la Ley 468 para mejorar la revisión de cuentas

El titular de la Auditoría Superior del Estado, Marco César Paris Peralta, durante una visita ayer al Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, urgió reformar la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, para subsanar las lagunas y deficiencias encontradas, además de reducir los plazos en los procesos de revisión del uso de los recursos públicos y dar más atribuciones punitivas a este órgano.
En declaraciones después de la entrega de 50 informes individuales de auditoría, Marcos César Paris Peralta se refirió a la propuesta que ha planteado de reformar la Ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
Reiteró que han detectado “lagunas y deficiencias… que con la oportuna intervención de los diputados se pueden corregir”.
Destacó que los procesos de fiscalización “son muy largos, muy imprecisos, y queremos más precisión y más fortaleza en la atribución de la ASE para que el recurso público sea mejor utilizado”.
Justificó que hay resultados que la ciudadanía espera de la ASE de manera más rápida en estos procesos de fiscalización, pero “no es falla de la auditoría, a veces los procesos son muy largos que llevan años” y que eso limita el poder señalar a los responsables del mal uso de los recursos públicos.
“Buscamos tener una mejor condición punitiva para tener hacer un trabajo más eficiente”. También señaló que la reducción de estos plazos en el proceso de focalización “para que los responsables de los entes puedan cumplir, y si no lo cumplen, que no sean procesos largos de una tras otra”.
De las autoliquidaciones por más de 4 millones de pesos que se autorizaron 14 ex funcionarios de primer y segundo nivel que estuvieron al frente de la ASE durante el año en el que el Congreso dejó acéfalo la titularidad, y que fueron denunciadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y en la Fiscalía Anticorrupción, dijo aún no hay una determinación sobre ese proceso.
Comentó que entregaron 50 informes financieros del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2022, de los cuales, 12 son de Evaluación al Desempeño, 30 de cumplimiento financiero, 8 de cumplimiento a inversiones físicas.
Detalló que en seis de estos informes individuales de auditoría se dictaminó “una gestión adecuada en la aplicación de los recursos públicos: cinco del sector gobierno y uno del sector municipios”, también en 26 se determinó “una gestión razonable”.
En 18 de estos informes individuales de auditoría en los que se dictaminó que “no se realizó una gestión eficiente y transparente” de los cuales dos son del sector gobierno, tres al sector órganos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, y 13 del sector municipios.
Peralta Hidalgo comentó que encontraron “varias fallas en la fiscalización”; sin embargo, falta otra etapa de fiscalización, después del cual entonces ya se da vista al Congreso y se “da paso al pliego de observaciones, de responsabilidades y obviamente a las sanciones administrativas o penales a las que haya lugar”.
El auditor estuvo en la oficina de la Mesa Directiva del Congreso local, dónde no lo recibió ningún diputado de este órgano. Sólo estuvo la secretaria técnica de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, Rosio Calleja, a través de quien, Peralta Hidalgo pidió una audiencia con los diputados para proponer una reforma a la Ley Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero que permita agilizar los procesos de fiscalización.

Revela el auditor estatal liquidaciones extralegales de ex funcionarios de la ASE

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Las autoliquidaciones “fuera del marco jurídico” de 14 ex funcionarios de primer y segundo nivel que estuvieron al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante el año en el que el Congreso dejó acéfala la titularidad, ascienden a más de 4 millones de pesos, informó el auditor Marco César Paris Peralta Hidalgo.
En entrevista en su oficina en la sede de la ASE, se le preguntó a Peralta Hidalgo por las denuncias que presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y en la Fiscalía Anticorrupción con las que busca revertir la decisión de este órgano que durante la administración anterior dejó prescribir 537 procesos de fiscalización del mismo número de cuentas públicas de municipios, y las otras contra las autoliquidaciones que ex funcionarios se asignaron.
Al respecto, dijo que tiene conocimiento de que “estamos a punto de recibir, los tiempos están ya cerca”. Recordó que el TJA tiene sus propios tiempos y que de acuerdo a éstos, deben estar “a punto de emitirse con el tema de las autoliquidaciones y de las prescripciones”.
En el caso de las autoliquidaciones se trata de 14 ex funcionarios y personal operativo de la anterior administración que encabezó Natividad Pérez Guinto.
Peralta Hidalgo explicó que los ex funcionarios tenían derecho a un finiquito porque concluyeron un periodo como funcionarios, pero no a una liquidación como si se les hubiera despedido de un trabajo.

Sanciones a entes fiscalizables

El 30 de abril se cumplió el plazo para la entrega de la cuenta pública 2022 y cuatro entes fiscalizables entregaron a destiempo: fueron el Fideicomiso Centro Internacional Acapulco, el Instituto Municipal de Vivienda de Chilpancingo, la Escuela de Parteras Profesionales del Estado, y el Ayuntamiento de Chilpancingo.
Estos cuatro entes fiscalizables que entregaron su cuenta pública después del 30 de abril y fueron acreedores sólo a apercibimientos por no cumplir con los plazos establecidos en la ley.
Mientras que dos ayuntamientos de Costa Chica fueron sancionados con multas económicas por no atender los requerimientos de la ASE, porque ese órgano tiene sus tiempos establecidos, y “cada retraso nos complica en la fiscalización”.
Cuajinicuilapa fue multado por 57 mil pesos debido a que no entregó la documentación que el órgano fiscalizador le pidió dentro de la fiscalización de la cuenta pública 2021, y Florencio Villarreal (Cruz Grande) por 15 mil pesos. Este caso fue por no acudir a una audiencia a la que de la ASE “para aclarar y entregar documentación que le hacía falta de cumplimiento financiero”.

Curso virtual a ayuntamientos de Tierra Caliente

Comentó que se realizó el miércoles el curso de capacitación de los criterios para la integración y presentación del informe financiero semestral del ejercicio fiscal 2023 dirigido Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y poderes del Estado a una reunión a la que asistieron directores, coordinadores, contralorías internas, y secretarios de despacho.
Es equivalente al que se realizó en mayo de manera regional para los ayuntamientos.
El auditor comentó que con este curso se agotó la capacitación presencial y que únicamente queda pendiente para el 6 de junio realizar otro de manera virtual para los alcaldes de la región Tierra Caliente, argumentando que se trata de un avance “la ASE estamos posicionados en los primeros lugares de cumplimiento hacia la modernización, la rendición de cuentas por vías electrónicas con todos los candados”.
También justificó que la fiscalización a través de medios electrónicos facilita el trabajo de la ASE, hay un cumplimiento más alto de los entes, además de que hay ahorro importante en el uso de papel.
A pregunta hecha sobre si el curso a alcaldes de Tierra Caliente no se debe al tema de seguridad y que los alcaldes no pueden salir de la región o municipios, respondió: “afortunadamente podemos trabajar de manera virtual”, porque dijo que eso permite tener documentos certificados sin que los alcaldes tengan que acudir a la ASE, “ellos están cumpliendo entregando toda la documentación electrónica”

 

No es contra Abelina López la advertencia del titular de la ASE, dice Jacinto González

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, consideró que la advertencia del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), César París Peralta Hidalgo, de que van a ejercer “mano dura” contra quienes no cumplan con los procesos, no está dirigida sólo a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, sino a todos los ediles que entregan sus informes financieros con muchos errores e incompletos.
El viernes, en declaraciones, se le preguntó a Peralta Hidalgo por la ausencia de alcaldes en las capacitaciones que organiza el órgano fiscalizador y éste ejemplificó con el caso de Acapulco, donde no asistió la edil López Rodríguez: “La invitamos como anfitriona. No asistió, no le dan importancia, y bueno, nosotros, así como les extendemos la mano, también ejerceremos mano dura contra los presidentes municipales que no cumplan, que tengan faltas en el ejercicio de los recursos públicos”.
Este domingo se consultó al presidente del CEE de Morena, quien también es diputado presidente de la Comisión y Vigilancia y Evaluación de la ASE, quien dijo que Peralta Hidalgo tiene la apertura de trabajar con los entes fiscalizables, para acercarles las capacitaciones necesarias para que no se sigan cometiendo errores en las entregas de las cuentas públicas e informes financieros semestrales o trimestrales.
“Luego, ahí están los errores que cometen los alcaldes, porque no se capacitan, son ellos los que tienen que pagar los errores que comete su personal, porque al final quienes van a asumir la responsabilidad son los alcaldes, síndicos, tesoreros y directores de obras, pero responsable es el alcalde”, recordó Jacinto González.
Del amago de César París Peralta, de ejercer “mano dura contra los presidentes municipales que no cumplan, que tengan faltas en el ejercicio de los recursos públicos”, González Varona precisó que “no es mano dura, simplemente es aplicar la ley a todo aquel que la trasgreda, que no le tome interés a capacitarse y, por lo tanto, va a seguir cometiendo los mismos errores de siempre”.
Informó también que son precisamente los errores administrativos y en la integración del informe trimestral, los que generan mayor número de observaciones por parte de la ASE, que la solución es que los ediles y funcionarios municipales se capaciten.
Como presidente de Morena en Guerrero, llamó a los alcaldes de su partido a atender los llamados y requerimientos de la ASE y de la Auditoría Superior de la Federación, así como asistir a las capacitaciones que se les están facilitando.
Consideró que todos los partidos políticos deben llamar a sus alcaldes a que cumplan con las leyes, como la de fiscalización, y a que atiendan los llamados que hacen los servidores públicos, en referencia a la convocatoria del auditor a la capacitación, “que no nos creamos que, porque somos representantes populares electos por el pueblo de Guerrero, ya no vamos a cumplir con las leyes y normas”.
El dirigente morenista descartó que el llamado se haya realizado de manera directa a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, o que esa advertencia tenga dedicatoria para la edil, “yo creo que es para todos. Recibimos los informes trimestrales, y todos traen errores, están incompletos”, que por eso la urgencia del auditor, para que los alcaldes, como primeros responsables, acudan a estas capacitaciones.
Al dirigente morenista se le preguntó el estado de las quejas que han presentado en su contra ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), las cuales, dijo, ya respondió y siguen su trámite. En el caso de la denuncia por violencia política de género que presentó en su contra la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz, Jacinto González dijo que impugnó una parte del resolutivo, porque se afirma que él es acompañado por “gente armada”.
En ese sentido, dijo que ya contestó al IEPC y que éste notificará al Tribunal Electoral del Estado (TEE) y que de este último no ha recibido ninguna notificación.
“Se impugnó una parte se los resolutivos, porque tal parece que lo agarraron de un machote. No está bien esa parte”, señaló que en el dictamen del IEPC, se tomó como verdad el señalamiento de Gabriela Bernal en el sentido de que Jacinto González es acompañado por una escolta, “que traigo gente armada” lo cual, afirmó, no es verdad.

 

Busca la ASE revertir la prescripción de 537 procesos de cuentas municipales

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta Hidalgo, informó que presentó denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Anticorrupción para revertir la decisión de este órgano que en la administración anterior dejó prescribir 537 procesos de fiscalización del mismo número de cuentas públicas de municipios.
Ayer el auditor acudió al Congreso a entregar un informe del estado que guarda la solventación que realizan los entes fiscalizables que tienen observaciones (pliegos de responsabilidades) en sus cuentas públicas de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 de diferentes entes como ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados (OPDs), de los cuales no dio detalles.
En declaraciones a su salida de una reunión protocolaria en la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu, Peralta Hidalgo dijo que “antes se negaba información al Congreso del estado” y que particularmente estos informes de los procesos de solventación no se entregaban.
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) afirmó que se están atendiendo todos los procesos de fiscalización para que estos no prescriban “estamos moviendo los expedientes y enviando notificaciones a los presidentes municipales, secretarios, o directores generales”.
A pregunta hecha dijo que en la ASE encontraron que la administración pasada dejó que prescribieran 537 cuentas públicas, por lo que en enero pasado la ASE presentó las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en la Fiscalía Anticorrupción.
Explicó que la ASE dio parte a ambas instituciones para que estas determinen si estas prescripciones proceden o no, es decir si fue correcto que estos procesos de fiscalización quedarán sin concluir porque los plazos establecidos en la ley se agotaron.
“La ley dice que es inactividad procesal, entonces se supone que hubo inactividad procesal en 537 expedientes en igual número de municipios” que son desde el 2011 hasta el 2017.
Marco César Paris Peralta explicó que la ley le impide a la ASE revocar los propios procedimientos que realizó el órgano fiscalizador por lo que tendría que ser otra instancia la que dé marcha atrás a las prescripciones determinadas por la pasada administración.
Entre estas 537 están las prescripciones de las cuentas públicas 2016 y 2017 de municipios como Acapulco y Chilpancingo.

 

Hay procedimientos contra ex funcionarios de la ASE por autoliquidaciones elevadas

El tirular de la Auditoría Superior del Estado, Marcos Cesar París Peralta Hidalgo en la entrevista con El Sur en su oficina Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta Hidalgo, informó que hay procedimientos legales por autoliquidaciones elevadas que se realizaron ex funcionarios que estaban al frente de este órgano fiscalizador en el periodo de más de un año en el que no hubo titular designado por el pleno del Congreso local.
En entrevista en la ASE, a pregunta hecha sobre la versión de autoliquidaciones elevadas que realizaron los ex funcionarios que estuvieron a cargo del órgano fiscalizador, el auditor informó que sí hay procesos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
“Sí existen procedimientos” ante las instancias mencionadas, dijo el auditor. Sin embargo, precisó que “la ley me obliga a guardar la discrecionalidad por el debido proceso en cuanto a montos, pero a la pregunta expresa, sí existen procedimientos de carácter legal en torno a ello”.
El auditor omitió mencionar por su nombre a los ex funcionarios en contra de quienes se iniciaron estos procedimientos, pero son precisamente de quien estuvo al frente de la ASE, Natividad Pérez Guinto, así como los cuatro auditores especiales.
Al auditor se le preguntó sobre lo que en su momento advirtieron diputados en torno a que los entes fiscalizables podrían tratar de eludir sus responsabilidades de rendición de cuentas a partir del periodo de más de un año en el que este órgano fiscalizador estuvo sin titular designado por el pleno del Congreso local, y si existen este tipo de procedimientos de los entes.
Al respecto, Marco César Paris Peralta se limitó a responder que estos procedimientos se presentan ante el Tribunal de Justicia Administrativa “no tengo el dato de esa parte, sé que hay entes que estaban buscando una circunstancia de ese tipo, pero no tengo la certeza dado que la responsabilidad está en el tribunal, ahí es donde pueden acudir para poner su inconformidad con la fiscalización que hubo en el periodo anterior”.

No hay privilegio para nadie

A Peralta Hidalgo se le preguntó también sobre el señalamiento que en agosto pasado realizó el diputado local Jacinto González en torno a que en la revisión de la Cuenta Pública 2021, de 12 municipios gobernados por el PRI y PRD detectó que se utilizaron criterios más flexibles para la fiscalización a pesar de que “no comprobaron una muy buena cantidad de recursos”, pero apuntó que no revisaron ese tema porque por el exceso de trabajo que encontraron por el rezago se concentraron en concluir las revisiones que estaban pendientes.
Sin embargo, aseguró que en la actual administración de la ASE “de ninguna manera aplicamos de manera distinta la ley, hacemos uso de la ley parejo para todos, aquí no actuamos por consigna ni actuamos por consigna ni actuamos con privilegios para nadie”, y aseguró que en la ASE, “vamos a sancionar a quien tengamos que sancionar sin privilegio alguno”.
Respecto al planteamiento del presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, el diputado Jacinto González Varona, de perfeccionar la ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado la cual calificó como “muy laxa”, el auditor reconoció que es necesaria y que incluso ya han tenido pláticas encaminadas a “tener una ley más acorde y más firme”.
Ejemplificó, que existen casos en los que los gobiernos municipales no entregan completa la cuenta pública del ejercicio fiscal -del año de cambio de administración- y que la ley no contempla sanciones para los alcaldes entrantes por no entregar esta información “hay varios problemas que tenemos de ese tipo, que no entregan la cuenta pública de su antecesor” y que muchos de estos casos son por diferencias políticas.
A la ASE se le etiquetaron para el actual ejercicio fiscal 159 millones 468 mil pesos, que son casi 12 millones más de los recibidos en 2022, se le preguntó para que se utilizará y qué de extraordinario realizará el órgano fiscalizador en 2023 que justifiquen este incremento.
El titular de la auditoría señaló que son principalmente para capacitación, porque lo que se pretende es “acercar los servicios de la ASE a los municipios” para que los servidores públicos tengan mejores conocimientos del ejercicio del gasto público; también dijo que se pretende invertir en tecnologías.
También informó que realizarán auditorías de desempeño para revisar si se están cumpliendo con las metas con el uso del recurso público.
Marco César Paris Peralta destacó también, que a partir de que fue designado en el cargo “nos hemos abocado a transparentar todo lo que aquí hacemos”, y que a partir de eso el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública “nos ha calificado con 98 por ciento de transparencia en la última evaluación que hemos tenido”.

Inhabilita la ASE a 77 servidores públicos; aplica además fincamiento de responsabilidad resarcitoria

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Auditoría Superior del Estado (ASE), tiene inhabilitados a un acumulado de 77 funcionarios municipales, entre presidentes y servidores públicos de distintos ayuntamientos, como parte del “procedimiento para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”.
Además, un total de 554 servidores públicos, tanto del gobierno del estado, como de organismos públicos descentralizados y de ayuntamientos, están en la lista de los procedimientos “para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”, por irregularidades administrativas.
Ambas listas de los funcionarios sancionados están publicadas en la página de la ASE.
En el caso de los alcaldes y funcionarios municipales sancionados con la inhabilitación, se señala que los datos están actualizados al 18 de enero de este año, pero la mayoría son del trienio 2009-2012.
En la lista hay 22 ex presidentes municipales, 20 síndicos, 21 tesoreros, 12 directores de obras, un ex director general y un ex director de finanzas y administración.
Entre los ex alcaldes está el priista de Iguala Raúl Tovar Tavera, quien fungió en el periodo 2009-2012 y fue inhabilitado para ocupar cargos del 24 de enero del 2019 al 24 de enero del 2023.
También está sancionado y no podrá ocupar cargos el ex alcalde de Xochistlahuaca, Ignacio García Nicolás, quien fue alcalde en la administración 2009-2012, y su inhabilitación es por el periodo del 16 de agosto del 2019 al 16 de agosto del 2029.
En este caso también fueron inhabilitados por el mismo tiempo la ex síndica Hermelinda Merino Gómez; el ex tesorero Rómulo González Marín, y el ex director de Obras Atenógenes Genaro López.
Otro de los ex alcaldes inhabilitados es el también priista de Petatlán, José Albino Lacunza Santos, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012 y fue sancionado para no ocupar cargos públicos del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024. De su administración también fue inhabilitado por el mismo periodo quien fungió como su tesorero, Federico Galeana Noriega.
El ex alcalde priista Jesús Arriaga Flores de Zapotitlán Tablas, quien presidió el periodo 2009-2012, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024.
Zeferino Lorenzo de Jesús, quien fue alcalde del 2009 al 2012 en el municipio de Xalpatláhuac fue inhabilitado a partir del 18 de febrero 2021 al 18 de agosto del 2024.
Ignacio Paulino García Flores, ex alcalde de Pilcaya, igualmente en el trienio del 2009 al 2012, fue sancionado con el procedimiento de inhabilitación por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
Osvaldo Sócrates Salmerón Guerrero, ex presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, quien fungió en ese mismo periodo, fue inhabilitado del 9 de junio del 2021 al 9 de diciembre del 2024. Además, se aplicó el mismo procedimiento a su tesorero Gabriel Salvador Jiménez.
Asimismo, fue sancionado el ex alcalde de Teloloapan durante el trienio del 2009 al 2012, Marino Miranda Salgado. En su caso la sanción se aplicó por el tiempo del 8 de mayo del 2021 al 8 de noviembre del 2026.
El ex presidente municipal de San Marcos, Arturo Heredia Agatón, quien encabezó la administración municipal del 2009 al 2012, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
El ex alcalde perredista de Mártir de Cuilapan (Apango), José Guadalupe Rivera Ocampo, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
Julio César Salmerón Salazar, ex presidente municipal de Alcozauca de Guerrero fue sancionado por el periodo del 9 de marzo del 2021 al 9 de septiembre del 2024.
Asimismo, el ex alcalde de Atlamajalcingo del Monte en el trienio 2009-2012, Jorge Luís Espinobarros Galindo, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2026.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Hermelindo Gutiérrez Torreblanca del municipio de Cuautepec en el periodo del 2009-2012. La sanción en su contra se aplicó del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
A su vez, Jorge Luis Solchaga Martínez, ex alcalde de La Unión de Isidoro Montes de Oca fue inhabilitado por el periodo del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
Asimismo, el ex alcalde panista de Tlalchapa, Lorenzo Galindo Mojica, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012, fue inhabilitado por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
En este caso, de acuerdo a una nota periodística publicada en El Sur el 21 de noviembre del 2013, el ex edil fue encarcelado acusado por el delito de fraude derivado de una denuncia presentada por una proveedora de materiales para construcción a la que le solicitó un crédito por aproximadamente dos millones de pesos antes de que terminara su administración, y no pagó. Actualmente se desconoce su situación jurídica derivado de ese proceso.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Eustorgio Sánchez Beltrán del municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco) en el trienio del 2009-2012, fue inhabilitado del 18 de febrero del 2021 al 18 de febrero del 2024.
A su vez, Félix López González, ex alcalde de Iliatenco en ese mismo trienio, fue sancionado del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
En tanto que Gerardo Uribe Casimiro, ex edil de Buenavista de Cuéllar fue sancionado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
Además, el ex alcalde de Coahuayutla (2012-2015)
Gilberto Dorantes Basurto, fue inhabilitado del
18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2028.
En tanto que el ex alcalde de Leonardo Bravo (Chichihualco), Cándido Morales López, quien terminó el periodo 2015-2018, fue sancionado del 22 de enero del 2019 al 22 de enero del 2024.
La ASE no especifica en la información que hizo pública, las irregularidades y los montos por los que fueron sancionados los ex presidentes municipales.
Con respecto a la lista de las resoluciones emitidas en los “procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria” contra 554 funcionarios del gobierno estatal, organismos públicos descentralizados y ayuntamientos con fecha de actualización al 31 de diciembre del año pasado, no se dan a conocer los nombres ni los cargos.
Sólo se establece que esta cifra es un acumulado del 2014 al 31 de diciembre del 2022, pero los datos están actualizados sólo al 2020.
Se establece que en el 2020, se aplicaron 130 sanciones a funcionarios; en el 2019 fueron 42; en el 2018, 79; en el 2017, 72; en el 2016, 149; en el 2015, 58, y en el 2014, 24, pero se omiten detalles de las sanciones, nombres, cargos y de las áreas en las que laboraban.
Para efectos de precisar y ampliar la información, se solicitó una entrevista con el titular de la ASE, Marco César Paris Peralta, pero no fue posible. Se argumentó falta de tiempo del funcionario debido a que prepara su informe que rendirá próximamente al Congreso local.

 

Chilpancingo, reprobada en combate a la corrupción y transparencia gubernamental

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En la conferencia El Sistema Estatal Anticorrupción a un Lustro de su Creación, el titular del Órgano de Control de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Javier Curtidor Méndez, dio a conocer datos del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), que indican que Chilpancingo se encuentra entre los cuatro municipios reprobados en combate a la corrupción.
El municipio sede de los tres poderes del estado, también está entre los cuatro peores evaluados a nivel nacional en cuanto a transparencia gubernamental.
Curtidor Méndez participó con su ponencia en las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), el mediodía de ayer, como parte de la Semana Jurídica que organizó la Secretaría General de Gobierno, y en esta caso a instancias del titular de la CEBP, Arturo Solís Felipe, quien fungió como moderador.
El ponente también deploró que en el combate a la corrupción no haya el interés de la sociedad civil.
La conferencia se disertó en una reducida sala de la CEBP, y asistieron mayoritariamente empleados de la ASE, de la misma CEBP y universitarios.
Entre algunos de los funcionarios que asistieron estuvieron el secretario técnico de la ASE Carlos Alberto Villalpando Milián; el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Miguel Flores Morales, y el subdirector de Derechos Humanos y Enlace del Congreso del estado con la Secretaría de Salud, Jesús Marcial Liborio.
El ponente dio a conocer que según estudios del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), hecho a las capitales del país, sólo cinco de ellas cuentan con indicadores para combatir la corrupción: Mérida, Chihuahua, Jalapa, Guadalajara y Campeche.
Mientras que las capitales que reprobaron son La Paz, Chilpancingo, Toluca y Pachuca.
Con respecto a los indicadores de transparencia gubernamental y participación ciudadana, informó que las cinco capitales mejor calificadas fueron Guadalajara, Chihuahua, Aguascalientes, Mérida y Oaxaca.
En tanto que las peores evaluadas fueron Tlaxcala, Chilpancingo, La Paz y Tepic.
En su intervención, el funcionario de la ASE, también señaló que se han encontrado con una serie de deficiencias en la designación y en los métodos para la designación y los perfiles de quienes integran los órganos de control interno de los ayuntamientos.
Recordó que en el 2018 se reformó la Ley del Municipio Libre en la que se establece la creación de los órganos internos de control municipal y los obliga a tener un enlace a través del Sistema Estatal de Fiscalización con la ASE.
Explicó que estos órganos que se nombraron en el 2019 son parte importante en el combate a la corrupción.
Opinó que en el combate a la corrupción debe inmiscuirse el gobierno pero también la sociedad civil, y deploró que de parte de la ésta se tenga “un poquito de problemas en cuanto a su participación”, aunque esa no es una opinión como representante de una institución, sino como ex integrante de la Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Recordó que en el concurso para integrar la Comisión de Selección, en el 2018, sólo participaron siete aspirantes a ocupar los cinco espacios, “es decir solo dos personas de las siete quedaron fuera, cuando en el combate a la corrupción deberíamos estar todos inmiscuidos y preocupados, pero es desalentador que de todo el estado de Guerrero sólo siete se hayan interesado en participar”.
Agregó que también cuando se nombraron a los cinco integrantes de la Comité de Participación Ciudadana sólo participaron nueve aspirantes en el concurso, a pesar de que a diferencia de los miembros de la Comisión de Selección, estos sí reciben emolumentos.
Aunado a la poca participación de los interesados, recordó que uno de los aspirantes quedó fuera del certamen porque tenían 17 averiguaciones previas, entre ellas una por el delito de homicidio, “y así cómo le íbamos a dar paso para que participara”.
Añadió que en el siguiente certamen en el que se iba a elegir a un integrante de la Comité de Participación Ciudadana participaron siete aspirantes para ocupar el cargo.
“Si nosotros no nos inmiscuimos en el combate a la corrupción y no nos preocupamos para ver quiénes son las personas que se seleccionan para cargos públicos, y dejamos que las propia autoridades elijan, abrimos una ventana para que siga permeando la corrupción”.
En el combate a la corrupción también endosó la falta de responsabilidad y voluntad política de las autoridades.
Y urgió al gobierno estatal a designar de manera inmediata a los integrantes de la nueva Comisión de Selección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, porque el Sistema Estatal Anticorrupción “tiene fecha de caducidad y terminando el 2024 ya no tendremos comisionados, y si no hay comisionados ya nadie presidirá el Sistema Estatal Anticorrupción y si nadie los preside se acabó”.