Suspende la SEG clases y actividades administrativas por una semana

 

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) emitió un aviso de suspensión de actividades académicas y administrativas de una semana, de este lunes 6 al viernes 10 de noviembre, en Acapulco y Coyuca de Benítez, así como en otros municipios afectados por el huracán Otis, donde no haya condiciones para laborar.
En el mensaje, distribuido por redes sociales, se instruye también a servidores públicos de la SEG, jefaturas de sector, supervisores y directivos, y convoca a estudiantes con padres de familia a realizar labores de limpieza, esta misma semana, para generar las condiciones de regreso a clases.
Con un boletín, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que al 4 de noviembre el reporte de planteles con daños por el impacto del huracán Otis, en Acapulco y Coyuca de Benítez subió a 190. El viernes eran 143.
Añadió que el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE) ha visitado y constatado 86 casos, mientras que servidores públicos de la SEG, docentes, estudiantes, madres y padres de familia continúan “la intensa campaña de recolección de víveres”.
Confirmó que esta semana pidió a la estructura de la secretaría y a las comunidades de cada plantel a realizar jornadas de limpieza en conjunto, para rehabilitar los accesos a las escuelas y las condiciones sanitarias, así como a evaluar el tiempo necesario para reanudar las clases.
Enfatizó que los primeros días de esta semana se reunirá con supervisores de los distintos niveles educativos de Acapulco y Coyuca de Benítez, para continuar la revisión de los daños en los planteles educativos que ocasionó el huracán Otis y analizar las condiciones para el reinicio de clases. (Lourdes Chávez / Chilpan-cingo).

Inhabilita la ASE a 77 servidores públicos; aplica además fincamiento de responsabilidad resarcitoria

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Auditoría Superior del Estado (ASE), tiene inhabilitados a un acumulado de 77 funcionarios municipales, entre presidentes y servidores públicos de distintos ayuntamientos, como parte del “procedimiento para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”.
Además, un total de 554 servidores públicos, tanto del gobierno del estado, como de organismos públicos descentralizados y de ayuntamientos, están en la lista de los procedimientos “para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria”, por irregularidades administrativas.
Ambas listas de los funcionarios sancionados están publicadas en la página de la ASE.
En el caso de los alcaldes y funcionarios municipales sancionados con la inhabilitación, se señala que los datos están actualizados al 18 de enero de este año, pero la mayoría son del trienio 2009-2012.
En la lista hay 22 ex presidentes municipales, 20 síndicos, 21 tesoreros, 12 directores de obras, un ex director general y un ex director de finanzas y administración.
Entre los ex alcaldes está el priista de Iguala Raúl Tovar Tavera, quien fungió en el periodo 2009-2012 y fue inhabilitado para ocupar cargos del 24 de enero del 2019 al 24 de enero del 2023.
También está sancionado y no podrá ocupar cargos el ex alcalde de Xochistlahuaca, Ignacio García Nicolás, quien fue alcalde en la administración 2009-2012, y su inhabilitación es por el periodo del 16 de agosto del 2019 al 16 de agosto del 2029.
En este caso también fueron inhabilitados por el mismo tiempo la ex síndica Hermelinda Merino Gómez; el ex tesorero Rómulo González Marín, y el ex director de Obras Atenógenes Genaro López.
Otro de los ex alcaldes inhabilitados es el también priista de Petatlán, José Albino Lacunza Santos, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012 y fue sancionado para no ocupar cargos públicos del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024. De su administración también fue inhabilitado por el mismo periodo quien fungió como su tesorero, Federico Galeana Noriega.
El ex alcalde priista Jesús Arriaga Flores de Zapotitlán Tablas, quien presidió el periodo 2009-2012, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2024.
Zeferino Lorenzo de Jesús, quien fue alcalde del 2009 al 2012 en el municipio de Xalpatláhuac fue inhabilitado a partir del 18 de febrero 2021 al 18 de agosto del 2024.
Ignacio Paulino García Flores, ex alcalde de Pilcaya, igualmente en el trienio del 2009 al 2012, fue sancionado con el procedimiento de inhabilitación por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
Osvaldo Sócrates Salmerón Guerrero, ex presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, quien fungió en ese mismo periodo, fue inhabilitado del 9 de junio del 2021 al 9 de diciembre del 2024. Además, se aplicó el mismo procedimiento a su tesorero Gabriel Salvador Jiménez.
Asimismo, fue sancionado el ex alcalde de Teloloapan durante el trienio del 2009 al 2012, Marino Miranda Salgado. En su caso la sanción se aplicó por el tiempo del 8 de mayo del 2021 al 8 de noviembre del 2026.
El ex presidente municipal de San Marcos, Arturo Heredia Agatón, quien encabezó la administración municipal del 2009 al 2012, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
El ex alcalde perredista de Mártir de Cuilapan (Apango), José Guadalupe Rivera Ocampo, fue sancionado con la inhabilitación del 13 de abril del 2021 al 13 de octubre del 2024.
Julio César Salmerón Salazar, ex presidente municipal de Alcozauca de Guerrero fue sancionado por el periodo del 9 de marzo del 2021 al 9 de septiembre del 2024.
Asimismo, el ex alcalde de Atlamajalcingo del Monte en el trienio 2009-2012, Jorge Luís Espinobarros Galindo, fue inhabilitado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2026.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Hermelindo Gutiérrez Torreblanca del municipio de Cuautepec en el periodo del 2009-2012. La sanción en su contra se aplicó del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
A su vez, Jorge Luis Solchaga Martínez, ex alcalde de La Unión de Isidoro Montes de Oca fue inhabilitado por el periodo del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
Asimismo, el ex alcalde panista de Tlalchapa, Lorenzo Galindo Mojica, quien fungió en el periodo del 2009 al 2012, fue inhabilitado por el periodo del 18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2024.
En este caso, de acuerdo a una nota periodística publicada en El Sur el 21 de noviembre del 2013, el ex edil fue encarcelado acusado por el delito de fraude derivado de una denuncia presentada por una proveedora de materiales para construcción a la que le solicitó un crédito por aproximadamente dos millones de pesos antes de que terminara su administración, y no pagó. Actualmente se desconoce su situación jurídica derivado de ese proceso.
Otro de los ex alcaldes sancionados es Eustorgio Sánchez Beltrán del municipio de Pedro Ascencio Alquisiras (Ixcapuzalco) en el trienio del 2009-2012, fue inhabilitado del 18 de febrero del 2021 al 18 de febrero del 2024.
A su vez, Félix López González, ex alcalde de Iliatenco en ese mismo trienio, fue sancionado del 19 de febrero del 2021 al 19 de agosto del 2025.
En tanto que Gerardo Uribe Casimiro, ex edil de Buenavista de Cuéllar fue sancionado del 17 de febrero del 2021 al 17 de agosto del 2024.
Además, el ex alcalde de Coahuayutla (2012-2015)
Gilberto Dorantes Basurto, fue inhabilitado del
18 de febrero del 2021 al 18 de agosto del 2028.
En tanto que el ex alcalde de Leonardo Bravo (Chichihualco), Cándido Morales López, quien terminó el periodo 2015-2018, fue sancionado del 22 de enero del 2019 al 22 de enero del 2024.
La ASE no especifica en la información que hizo pública, las irregularidades y los montos por los que fueron sancionados los ex presidentes municipales.
Con respecto a la lista de las resoluciones emitidas en los “procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria” contra 554 funcionarios del gobierno estatal, organismos públicos descentralizados y ayuntamientos con fecha de actualización al 31 de diciembre del año pasado, no se dan a conocer los nombres ni los cargos.
Sólo se establece que esta cifra es un acumulado del 2014 al 31 de diciembre del 2022, pero los datos están actualizados sólo al 2020.
Se establece que en el 2020, se aplicaron 130 sanciones a funcionarios; en el 2019 fueron 42; en el 2018, 79; en el 2017, 72; en el 2016, 149; en el 2015, 58, y en el 2014, 24, pero se omiten detalles de las sanciones, nombres, cargos y de las áreas en las que laboraban.
Para efectos de precisar y ampliar la información, se solicitó una entrevista con el titular de la ASE, Marco César Paris Peralta, pero no fue posible. Se argumentó falta de tiempo del funcionario debido a que prepara su informe que rendirá próximamente al Congreso local.

 

Marcial: despidió la SEG a 70 “aviadores” y servidores que pedían dinero para trámites

 

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, informó que se rescindió contrato a 70 personas que cobraban sin trabajar –conocidos como “aviadores”– y servidores públicos del área de expedición de certificados que solicitaron dinero a cambio de la entrega de estos documentos.
En un comunicado se detalló que el secretario de Educación sostuvo una reunión de trabajo con el Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Roberto Cuevas Bahena, y la Contralora Interna, Maricela Méndez Guevara, a quienes instruyó a continuar los procesos normativos para combatir cualquier acto de corrupción en la SEG.
Rodríguez Saldaña expresó que la indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es combatir a fondo la corrupción en el sector educativo.
Precisó que se han despedido a 70 personas que cobraban sin trabajar (“aviadores”) y a servidores públicos del área de expedición de certificados que solicitaron dinero a cambio de la entrega de estos documentos.
Se indicó que se ha impulsado el programa del pase de lista por parte de la contraloría para verificar que los trabajadores se presenten a laborar en sus respectivos centros de trabajo y en los próximos meses se aplicarán auditorías administrativas para revisar que se cumpla con las actividades que tienen encomendadas todo el personal de la SEG.
Además, se realizarán auditorías para supervisar la correcta administración de recursos financieros y a partir del próximo lunes 09 de enero se instalarán buzones en diferentes dependencias para la denuncia de actos de corrupción, se informó en el comunicado. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

 

Se ha Inhabilitado a ocho servidores públicos en la campaña anticorrupción, informa la Contraloría

 

El encargado de despacho de la Contraloría General del municipio, Javier Jiménez Olmos, informó que se han inhabilitado ocho servidores públicos, y se han aplicado 12 amonestaciones y 13 suspensiones por 30 días, después del arranque de la campaña contra la corrupción y abuso de servidores públicos, que tiene como objetivo combatir, descubrir y sancionar las acciones ilícitas.
En una ceremonia en la sala de Cabildo Juan R. Escudero, que presidió el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, acompañado de los secretarios de las secciones 19, 24, 35, 56 y 27 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), dijo que su gobierno quiere evitar que haya “soborno” o “mordidas”, por eso invitó a la ciudadanía a la denuncia.
Jiménez Olmos explicó que han hecho ocho inhabilitaciones de servidores públicos y 13 suspensiones por 30 días, aunque no precisó de qué áreas ni los nombres porque están en un proceso.
Dijo que en caso de que a algún servidor público se le compruebe el hecho y sea grave puede ser destituido.
Explicó que las inhabilitaciones pueden ser hasta por un año porque, indicó, “hay procedimientos anteriores a esta administración, pero que se resolvieron ahora y que se siguen ventilando”.
Jiménez Olmos detalló que han recibido más de 700 quejas en Lupa Ciudadana, pero que no necesariamente son de actos de corrupción sino a veces son por cuestiones de retrasos administrativos o deficiencia en algunos servicios, y que dependencias como la CAPAMA y Saneamiento Básico “son las más recurrentes, así como expedición de licencias en Obras Públicas”.
Respecto a los actos de corrupción que cometan los policías, explicó que “pasarán por el Consejo de Honor y Justicia, que tiene sus propias reglas y sanciona en consecuencia”.
En el caso de la Contraloría, agregó, se atiende a los empleados del Ayuntamiento que incurren en algún abuso o acto de corrupción.
En su discurso, el alcalde dijo que la campaña “no sólo es de papel”, que se adopta con los sindicatos que asumen el reto de trabajar con “honradez y transparencia”, porque su gobierno está dispuesto a transitar por un proceso que “va a pisar muchos callos o muchos pies para erradicar este cáncer y estas prácticas que se han venido presentando por muchos años”.
Instruyó a todas las áreas de gobierno a tener la publicidad: “Dar mordida es corrupción, recibir mordida es un delito”, mismas que estarán en patrullas de Tránsito, Policía municipal y en vehículos oficiales, “queremos evitar que haya soborno, que no se den mordidas, que no ocupemos intermediarios para los trámites”.
Evodio Velázquez adelantó que su gobierno presentará al Cabildo 13 proyectos de reglamento: uno para armonizar el reglamento de responsabilidades administrativas con la nueva ley, otro será de reforma al Reglamento Interior de la administración pública, para facultar a la Contraloría conforme al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que entrará en vigor en julio próximo.
Dijo que el combate a la corrupción es una responsabilidad de todos, “es una realidad que se tiene que asumir para hacer conciencia en la población, que no sólo es señalar, que para ello están los diferentes instrumentos, pero hay que hacer una reflexión de que la corrupción existe porque doy pie a que pueda existir”.
En el evento se dijo también que ante cualquier anomalía los ciudadanos deben hacer la denuncia a través de los diferentes medios que tiene el Ayuntamiento, ya sea a través de Lupa Ciudadana y en la Contraloría General.
Como parte de esta campaña se hizo la firma de compromisos entre el gobierno municipal y los líderes sindicales del SUSPEG, de la sección 19, Humberto Piza; de la 24, Adela Hernández; de la 35, Natividad Rodríguez; Emma Torres, de la 56 y Gilberto Baños por la 27 de la CAPAMA.

La soberbia de servidores públicos pervierte a las instituciones: Lima

* Orador en el 91 aniversario del Plan de Guadalupe

Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo

 El secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, Arturo Lima Gómez, indicó ayer que la arrogancia y soberbia de los servidores públicos sólo pervierte el objetivo de las instituciones.

Durante la ceremonia por el 91 aniversario de la proclamación del Plan de Guadalupe, efectuado en Chilpancingo, Lima Gómez, quien participó como orador oficial, consideró que el gobernador René Juárez Cisneros a sabido conciliar los intereses de la ley con las luchas sociales, “de un estado democrático y lleno de libertades”.

Sobre el Plan de Guadalupe, que culminó en la Constitución de 1917, Lima Gómez exhortó a reconocer la fortaleza del general Venustiano Carranza. Su ejemplo y trabajo logró consolidar un México soberano, “donde se buscó gobernar para todos”, indicó.

Al acto asistieron funcionarios del gobierno estatal y servidores públicos, quienes manifestaron su apoyo a favor del candidato del PRI al gobierno del estado, Héctor Astudillo Flores.

Entre ellos el alcalde de Chilpancingo, Saúl Alarcón; el procurador de Protección Ecológica del gobierno estatal, Ernesto Vélez Memije, y el director del departamento de Becas, Abel Eloy Velasco.