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Hay procedimientos contra ex funcionarios de la ASE por autoliquidaciones elevadas

El tirular de la Auditoría Superior del Estado, Marcos Cesar París Peralta Hidalgo en la entrevista con El Sur en su oficina Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marco César Paris Peralta Hidalgo, informó que hay procedimientos legales por autoliquidaciones elevadas que se realizaron ex funcionarios que estaban al frente de este órgano fiscalizador en el periodo de más de un año en el que no hubo titular designado por el pleno del Congreso local.
En entrevista en la ASE, a pregunta hecha sobre la versión de autoliquidaciones elevadas que realizaron los ex funcionarios que estuvieron a cargo del órgano fiscalizador, el auditor informó que sí hay procesos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
“Sí existen procedimientos” ante las instancias mencionadas, dijo el auditor. Sin embargo, precisó que “la ley me obliga a guardar la discrecionalidad por el debido proceso en cuanto a montos, pero a la pregunta expresa, sí existen procedimientos de carácter legal en torno a ello”.
El auditor omitió mencionar por su nombre a los ex funcionarios en contra de quienes se iniciaron estos procedimientos, pero son precisamente de quien estuvo al frente de la ASE, Natividad Pérez Guinto, así como los cuatro auditores especiales.
Al auditor se le preguntó sobre lo que en su momento advirtieron diputados en torno a que los entes fiscalizables podrían tratar de eludir sus responsabilidades de rendición de cuentas a partir del periodo de más de un año en el que este órgano fiscalizador estuvo sin titular designado por el pleno del Congreso local, y si existen este tipo de procedimientos de los entes.
Al respecto, Marco César Paris Peralta se limitó a responder que estos procedimientos se presentan ante el Tribunal de Justicia Administrativa “no tengo el dato de esa parte, sé que hay entes que estaban buscando una circunstancia de ese tipo, pero no tengo la certeza dado que la responsabilidad está en el tribunal, ahí es donde pueden acudir para poner su inconformidad con la fiscalización que hubo en el periodo anterior”.

No hay privilegio para nadie

A Peralta Hidalgo se le preguntó también sobre el señalamiento que en agosto pasado realizó el diputado local Jacinto González en torno a que en la revisión de la Cuenta Pública 2021, de 12 municipios gobernados por el PRI y PRD detectó que se utilizaron criterios más flexibles para la fiscalización a pesar de que “no comprobaron una muy buena cantidad de recursos”, pero apuntó que no revisaron ese tema porque por el exceso de trabajo que encontraron por el rezago se concentraron en concluir las revisiones que estaban pendientes.
Sin embargo, aseguró que en la actual administración de la ASE “de ninguna manera aplicamos de manera distinta la ley, hacemos uso de la ley parejo para todos, aquí no actuamos por consigna ni actuamos por consigna ni actuamos con privilegios para nadie”, y aseguró que en la ASE, “vamos a sancionar a quien tengamos que sancionar sin privilegio alguno”.
Respecto al planteamiento del presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, el diputado Jacinto González Varona, de perfeccionar la ley 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado la cual calificó como “muy laxa”, el auditor reconoció que es necesaria y que incluso ya han tenido pláticas encaminadas a “tener una ley más acorde y más firme”.
Ejemplificó, que existen casos en los que los gobiernos municipales no entregan completa la cuenta pública del ejercicio fiscal -del año de cambio de administración- y que la ley no contempla sanciones para los alcaldes entrantes por no entregar esta información “hay varios problemas que tenemos de ese tipo, que no entregan la cuenta pública de su antecesor” y que muchos de estos casos son por diferencias políticas.
A la ASE se le etiquetaron para el actual ejercicio fiscal 159 millones 468 mil pesos, que son casi 12 millones más de los recibidos en 2022, se le preguntó para que se utilizará y qué de extraordinario realizará el órgano fiscalizador en 2023 que justifiquen este incremento.
El titular de la auditoría señaló que son principalmente para capacitación, porque lo que se pretende es “acercar los servicios de la ASE a los municipios” para que los servidores públicos tengan mejores conocimientos del ejercicio del gasto público; también dijo que se pretende invertir en tecnologías.
También informó que realizarán auditorías de desempeño para revisar si se están cumpliendo con las metas con el uso del recurso público.
Marco César Paris Peralta destacó también, que a partir de que fue designado en el cargo “nos hemos abocado a transparentar todo lo que aquí hacemos”, y que a partir de eso el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública “nos ha calificado con 98 por ciento de transparencia en la última evaluación que hemos tenido”.

La mitad de las 479 quejas en Arbitraje Médico en 2017 fueron contra clínicas privadas, informan

La mitad de las quejas registradas el año pasado en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico fueron contra clínicas y hospitales privados, además que la mayoría de las irregularidades se presentaron en el ramo odontológico, seguido del pediátrico y el trauma ortopédico, informó la comisionada de ese organismo Norma Rojas Molina.
En entrevista, Rojas Molina detalló que en 2017 fueron registrados 5 mil 324 asuntos, el 35 por ciento –mil 863–, fueron orientaciones, 39 por ciento –2 mil 76–asesorías especializadas, 6 por ciento –319– gestiones inmediatas y que se resolvieron en menos de 24 horas, el 9 por ciento –479– fueron quejas y el 10 por ciento –532– dictámenes.
De las quejas por institución, precisó que el 29 por ciento de éstas fueron contra la Secretaría de Salud estatal (Ssa), 14 por ciento contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 7 por ciento contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que las privadas concentraron el 50 por ciento, es decir, 240.
Las quejas, continuó Norma Rojas, son las cuantificadas una vez evaluado cada caso y que reunieron los integrantes de la Comisión Estatal, pues se estudia si el caso cuenta con elementos para su ingreso y seguimiento jurídico.
“Esto es más frecuentes con los dentistas y con cirugías plásticos”, comentó Rojas Molina. Por área de especialidad, detalló, el 22 por ciento de los asuntos fueron del área odontológica, 14 por ciento de traumatología y ortopedia, el 15 por ciento de pediatría, y 7 por ciento de ginecología; pese a que “hace un par de año estaban en primer lugar”, el año pasado bajó el número de asuntos atendidos.
El director jurídico de la Comisión Estatal, Francisco Silva Gallegos pidió a los pacientes exigir recibos o facturas, “es una situación recurrente entre los cirujanos dentistas, pues en un caso que atendí ayer (martes) era una receta médica que entregan los laboratorio, con la publicidad de los medicamentos, pero sólo para publicitarlos, incumpliendo con todas las disposiciones de la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios y atención médica, y en contra del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que establece la obligación de expedir facturas y recibos de honorarios. Pero la gente no los exige, quizás por pena, desconocimiento u otras razones”, indicó.
“Desde el punto de vista jurídico, nosotros tenemos que establecer esa relación médico paciente y, generalmente, las personas llegan en blanco, traen sólo la tarjeta de presentación del médico”, comentó respecto de las dificultades a las que se enfrentan cuando los pacientes buscan registrar una queja.
Es imperativo, afirmó, que el médico entregue un resumen clínico, que es donde establece el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del paciente, de las condiciones en cómo llegó con él.
Pidió a los usuarios acudir a médicos que cuenten con cédula y título profesional, pues “hay muchos pseudomédicos”, y que los pacientes no acudan a establecimientos que carezcan de letreros, o que sean personas de “dudosa reputación”, pues hay quienes hacen procedimientos quirúrgicos en casas o en inmuebles habilitados, pero que no son los adecuados para la práctica médica.
El subdirector jurídico, Juan Carlos Hernández Quevedo dijo que los pacientes llegan con la intención de comenzar las quejas, pero al tratarse, por ejemplo de casos odontológicos, no hay manera de comprobar una relación médico-paciente mediante una receta médica, un comprobante tipo factura.