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Debería haber un acto de contrición del Ejército por lo que hizo en el pasado: Carlos Pérez Vázquez

Ilustración: Rocío Urtecho

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El caso de los vuelos de la muerte es un eslabón más de la larga cadena de abusos de parte de las fuerzas armadas, la cuales tuvieron un punto muy relevante –en términos históricos– durante la guerra sucia, considera Carlos Pérez Vázquez, experto en temas de justicia y derechos humanos.
En un lapso de cinco años, de 1974 a 1979, el Ejército mexicano “realizó al menos 54 vuelos nocturnos de la muerte, una operación mediante la cual cientos de mujeres y hombres que habían sido ejecutados momentos antes con un disparo en la nuca fueron lanzados al océano Pacífico, aun cuando algunas todavía vivían”, como consta en el reportaje de Fábrica de Periodismo publicado por El Sur el 27 de noviembre pasado.
“Con base en documentos de una investigación militar celosamente guardada durante más de 20 años, que incluye testimonios directos de los militares que participaron en ese tipo de vuelos, es posible acercarse por primera vez al número real de guerrilleros y disidentes políticos ejecutados extrajudicialmente por el Estado mexicano durante esos años de la guerra sucia”, reveló el texto titulado “Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte”.
Ante la evidencia oficial que confirma esos hechos, la indignación siempre es la primera impresión, enfatiza Pérez Vázquez. “Es imposible no sentirse indignado. Los vuelos de la muerte son un fenómeno del que se ha hablado ya, uno sabía que existían, de alguna manera era un poco el conocimiento clandestino, de boca en boca. Pero ya viéndolo reflejado en un reportaje tan bien armado, respaldado y documentado, pues lo primero que causa es indignación.
“Luego, uno esperaría que generara sorpresa, pero no genera porque uno sabe perfectamente que esto es solamente un episodio más, un eslabón más de la larga cadena de abusos por parte de las fuerzas armadas, en particular el Ejército, que sí, que tuvieron un punto muy relevante, históricamente hablando, durante la guerra sucia”.
El ex integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, insiste: “En el funcionamiento permanente de las fuerzas armadas hay innumerables episodios de abuso, arbitrariedad, que involucran homicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desde después de la Revolución mexicana hasta la fecha.
“La democracia que creíamos nosotros era un sistema electoral simulado, todo lo que llamó (Mario) Vargas Llosa la dictadura perfecta. Sí, al igual que una dictadura militar como pasaba en Argentina o Chile o Brasil, en México los militares pueden hacer esto con total impunidad como lo hicieron.
“Entonces, no genera indignación, no genera sorpresa, pero al mismo tiempo, dentro de todo, hay un atisbo de esperanza a partir del texto, porque permite entrever rutas hacia el futuro para tratar de seguir desenredando la maraña”.
Una narrativa nacional
para un futuro diferente

El Ejército mexicano está empoderado, cada vez con más facultades; tiene las armas, el dinero y los intereses que representa, advierte el también abogado.
“Uno podría esperar una postura del Ejército ante este reportaje, ante este tipo de información, que ya es sólida, es incuestionable, y hasta el día de hoy, digo, acaba de salir pero no ha habido un desmentido oficial” del lado de los militares, “lo cual habla de que deberán estar calculando qué hacen, si lo dejan pasar o si dicen algo”.
–¿El Ejército debería de perdir una disculpa? –se le pregunta a Pérez Vázquez.
–El reportaje, el documento, es lo suficientemente fuerte como para hacernos pensar en que lo mínimo que debería seguir hacia el futuro es un acto de contrición por parte de las fuerzas armadas respecto a lo que hicieron en el pasado y que explica en buena medida el lugar en el que hoy se encuentran. Un acto en el hagan un reconocimiento público de lo que hicieron. Al menos que se disculpen por las muertes que ocasionaron, que lo reconozcan, pues, ese papel deleznable que han tenido, porque mientras eso no ocurra la injusticia aumenta.
Cada día que pasa sin que el Ejército reconozca lo que ha hecho, subraya el especialista, “la injusticia no solamente permanece, sino que va creciendo. No, no está congelada la injusticia. Está viva. Entonces, lo menos que uno podría esperar es que ante estas evidencias se haga algo. Lo que sí es que sufren un daño reputacional. Y al Ejército le importa mucho tener una buena reputación, gasta mucho dinero para tenerla.
–Las revelaciones en “Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte” se basan en documentos oficiales.
–El artículo no dice que esté cerrada la investigación y esto demuestra lo valiosos que son esos documentos que tienen las autoridades para efectos de conocer qué pasó, conocer la verdad y establecer claramente quiénes fueron los responsables y obviamente construir una teoría de qué pasó en estos años, por qué hicieron lo que hicieron, cuáles fueron los antecedentes y cuáles fueron las consecuencias.

La FGR también debe
decir qué está haciendo

Los que se ha dado a conocer “es información oficial” y eso, destaca Pérez Vázquez, “es muy relevante, porque le da toda la solidez al artículo. Los documentos contienen información valiosísima para entender la historia del país y para pensar las cosas y para construir una narrativa nacional que permita un futuro diferente”.
–Información de este tipo en otros países implicaría que se iniciara un proceso judicial, pero no pasa en México.
–Esa percepción es correcta. No solamente el Ejército tendría que haber dicho algo sobre la investigación que se publicó esta semana, sino también la Fiscalía General de la República debió decir algo respecto a qué hizo con esa investigación, en qué estado se encuentra, por qué no avanza, si ya murieron los involucrados. No lo sabemos. Eso sólo lo sabe la fiscalía.
El abogado se detiene en el valor que tiene la difusión de este tipo de documentos oficiales, que prueban la verdad sobre acontecimientos del pasado aún no resueltos por la justicia.
“Cuando yo tenía 30, 25 años, no podías tú encontrar esa información en ningún lado. Había referencias de alguien que había hablado con alguien, que había visto la averiguación previa, pero ahora la información está viralizada. Se publica, se viraliza. La pregunta elemental es: ¿qué pasa con la judicialización?
“En cualquier otro país habría gente en la cárcel o condenados. Simplemente reflexionar sobre esa pregunta ya permite un proceso de reflexión más amplio y quizá más incisivo. Hay responsabilidades acumuladas de quienes han estado ahí metidos en la Fiscalía General de la República.
“Quizás los perpetradores de los vuelos de la muerte del 74 ya no están vivos, pero quienes obstaculizaron las investigaciones desde el año 2003 a la fecha, muchos de esos están vivos, incluso algunos llegaron a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es una la responsabilidad, no se extingue, no desaparece”, recalca Pérez Vázquez.

De los vuelos de la muerte a
las ejecuciones extrajudiciales desde el calderonato para acá

–¿Cuál sería la situación idónea o lo que tendría que suceder? Existe reticencia a que se conozca la verdad.
–Hoy hay una masa crítica mucho más amplia que la que había hace 25 años. Creo que estamos en una etapa diferente a la de años anteriores, en la cual tenemos un consenso más amplio, más generalizado, de que la violencia del Estado no es la guerra sucia solamente, sino que es un continuo que va de la mano con la formación, en paralelo, del Estado mexicano post revolucionario.
Explica Pérez Vázquez: “Estamos hablando de un proceso de abuso y de arbitrariedad de más de 100 años. La Revolución representa el inicio de un período de 100 años de abuso y autoritarismo en México, que vivimos el día de hoy. Desde fines de los cincuenta hasta donde sigue involucrado el Estado y sus agentes con el crimen organizado.
“Sí, yo creo que es posible hoy en día construir ese discurso, porque contamos con elementos de información que no teníamos antes, como este reportaje, y si le sumas testimonios, explicaciones teóricas, publicaciones de memorias presenciales sobre el 68, vas formando un cuerpo documental, un acervo documental muy potente, muy poderoso.
“Lo que empezamos ahora a vislumbrar, es el papel de las instituciones de procuración de justicia, es que la Fiscalía General de la República ha sido cómplice. Es un eslabón más, pero entonces forma eso parte de una explicación contextual mucho más amplia, que se puede dar porque el asunto está vivo y sigue habiendo interesados… y cada vez hay más interesados. Los vuelos de la muerte no están tan lejos de las ejecuciones extrajudiciales desde el calderonato para acá”.
El experto se hace esta pregunta: “¿En qué medida los vuelos de la muerte y la intensificación de la violencia brutal descarnada del Estado a través del Ejército y de la Dirección Federal de Seguridad en el sexenio de (Luis) Echeverría fueron una reacción a lo que pasó en 68 y 71?”.

Que se hable del tema en
las campañas electorales

–¿Qué sigue ahora? –se le plantea a Pérez Vázquez.
–Lo que seguiría es exigir, por ejemplo, a la Fiscalía (General de la República). Que ya nos diga qué va a pasar con estas averiguaciones previas, es decir, si tú ya no puedes seguir con ellas o crees que ya no hay manera de llegar a una conclusión, pues ciérralas, hazlas del conocimiento público. ¿Cuáles fueron los hechos? Si ya no hay ningún involucrado vivo, si ya se murieron los perpetradores. Son documentos valiosísimos porque contienen testimonios, investigaciones, información.
“Yo esperaría que durante estos seis meses de campaña, que vienen intensos, el tema se retome por las candidatas presidenciales, o el candidato, porque ya son tres. Aunque no veo que ninguno de ellos se vaya a querer pelear con el Ejército frontalmente, pero el sistema se abre porque lo que quieren son votos.
“Creo que lo lo deberían hacer porque son, además, quienes cuentan con más legitimidad para hacerlo, además de las víctimas sobrevivientes del 68, del 71, de la guerra sucia, por supuesto, pero las víctimas recientes también tienen mucho que decir, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de militares o del crimen organizado.
–¿Ves a las candidatas tocando el tema?
—Sí creo, por ejemplo, que en la mente de Claudia Sheinbaum pueda haber una intención. Ella viene de la lucha social de la izquierda. Sería una presidenta más cercana a las causas de la izquierda en la que se involucra desde que era estudiante; la reivindicación de las historias, los derechos y los reclamos de justicia de la gente que peleó contra el régimen. En cambio, pienso que Samuel García en este tema no tiene ni la menor idea. Ni la sensibilidad.

“Gran oportunidad perdida”, no acceder a la verdad de la guerra sucia: Carlos Pérez Vázquez

Carlos Pérez Vázquez, abogado, experto en problemas de justicia, ex miembro de la Comverdad Foto: El Sur

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Si las instituciones de seguridad no garantizan el acceso a documentos y archivos para esclarecer sucesos históricos como la guerra sucia, pero también otros como el movimiento del 68 y el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estamos ante una gran oportunidad perdida, sentencia el abogado Carlos Pérez Vázquez, ex integrante del Comité de Impulso a la Justicia de la Comverdad de la guerra sucia.
Con el gobierno actual, dice el consultor experto en temas de justicia, “se veía un cambio al sistema de justicia, atendiendo a dos temas emblemáticos, pero eso no ha ocurrido por la opacidad de las instituciones”.
A mediados de agosto pasado, integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, denunciaron la reiterada negativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR) a permitir la revisión de documentos históricos relativos a la guerra sucia.
–Pareciera que no hay posibilidad de acceder a la verdad.
–Mi colega Fabián Sánchez Matus y yo renunciamos en mayo pasado (al Comité para el Impulso a la Justicia de la Comverdad) fundamentalmente porque nunca tuvimos apoyo de la Secretaría de Gobernación ni de la propia comisión, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. Me refiero a apoyos financieros, de material y de tipo político para hacer el trabajo que teníamos que hacer, que tenía dos vertientes, según el decreto presidencial que creó la comisión. Una era poder entrar a la FGR a revisar las averiguaciones previas sobre la guerra sucia que están pendientes. Dos, hacer una propuesta de diseño de fiscalía especial, al interior de la Fiscalía General (de la República), centrada en los casos.

Sin respuesta de fiscalías de Guerrero, Oaxaca, Cdmx

Esto último, continúa Pérez Vázquez en entrevista con El Sur, “fue imposible porque nunca tuvimos un contacto oficial con la FGR, mandamos oficios en su momento para que a través del presidente de la Comisión para la Verdad pudiéramos tener ese contacto y lograr un convenio de colaboración con la FGR. Hicimos lo mismo con las fiscalías de Oaxaca, de Guerrero y de la Ciudad de México.
“Nunca recibimos respuesta, por lo que era imposible revisar las averiguaciones previas. La parte más sustantiva del trabajo para que el cual fuimos designados, era imposible realizarla. Tomemos en cuenta que la comisión termina sus funciones en septiembre de 2024. En un año, cuando termine el sexenio del presidente (Andrés Manuel) López Obrador”.
–Más de un año y medio sin lograr nada –se le comenta al abogado.
–Para evitar dar un trabajo final indigno para las víctimas –explica–, decidimos separarnos, pensando que el tiempo ya no era suficiente y que no existió ese apoyo. En la parte más sustantiva de nuestra encomienda, nosotros teníamos que idear estrategias de judicialización con las averiguaciones previas abiertas y proponer rutas para que las víctimas alcancen la justicia que llevan esperando durante 50 años.
“Pero eso no lo podíamos hacer nosotros solos, porque no teníamos ningún tipo de representación al exterior de la Comisión para la Verdad. Hicimos nuestro trabajo con nuestros recursos como ciudadanos por más de un año y medio. No es lo correcto. Porque la deuda histórica no es nuestra, es del Estado mexicano”.

Interesados en rasurar o eliminar pruebas

Eugenia Allier, Carlos Pérez Ricart, David Fernández y Abel Barrera, integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad, son quienes denunciaron el desacato a la orden presidencial de acceder a los archivos de la época.
“Vi el comunicado y me preocupa. Ellos alegan que hay documentos del Archivo General de la Nación (AGN) que han sido rasurados, o que hay archivos diezmados de alguna manera. Es grave porque los documentos del AGN pueden considerarse pruebas documentales, públicas, uno podría alegar jurídicamente que son documentos que hacen prueba plena ante autoridades administrativas, jurisdiccionales. Son documentos oficiales que están en un archivo oficial y que fueron trasladados desde el 2000 por un decreto de Vicente Fox.
“En todos estos años, la institución que estuvo a cargo de todos estos documentos que son muy importantes y delicados, fue el Cisen. No sé si ahora se trasladaron al Centro Nacional de Inteligencia, pero es importante saberlo porque muchos de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia eran de la policía secreta, la antigua Dirección Federal de Seguridad, que luego fue el Cisen.
“Si ellos estuvieron a cargo de los propios documentos que los incriminaban, uno podría pensar que no es tan descabellado lo que dicen los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento en el sentido de que eran los primeros interesados en rasurar documentos y quitar pruebas. Eso es lo más delicado”.

Archivos inaccesibles que viven
del erario

Respecto al tiempo en que fue parte del mecanismo donde le tocó participar, se le pregunta a Pérez Vázquez si notó entonces falta de transparencia de las instituciones involucradas en la custodia del archivo histórico.
“Absolutamente –afirma–. Siempre ha sido mejor revisar los documentos de las propias víctimas, platicar con ellas. Es lo que ha hecho el Mecanismo de Esclarecimiento: diálogos por todo el país con víctimas y sobrevivientes, más que con las autoridades. El AGN es un archivo público, pero no es de fácil acceso. Antes del gobierno del presidente López Obrador era complicado acceder a los archivos”.
–El director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, dice que han recibido documentos “históricos” del Cisen.
–Una cosa es tener acceso a todo lo que existe en el AGN y otra cosa tener a acceso a todos los documentos en poder del CNI que no están en el AGN. El punto es lo que no está en el AGN –remarca.
Los archivos de la FGR, precisa el especialista, “por ley son confidenciales . No hay manera de acceder a las averiguaciones previas a menos que uno sea una parte interesada, es decir, denunciante, denunciado, autoridad vinculante. Son documentos que, por su naturaleza, deben tener mucha información muy valiosa”.
En cuanto a los documentos de la Sedena, el Ejército “ha sido particularmente opaco, no sólo con la guerra sucia sino con su actuación cotidiana. Estoy seguro de que los archivos militares deben de ser los más completos del país, pero son también los más inaccesibles. Hay una tradición en las fuerzas armadas en general de mantener confidenciales las historias de los sucesos en los que participan. Esto se debe a su naturaleza vertical. Hay cadenas de mando muy claras, en donde las responsabilidades se delimitan con mucha claridad, dependiendo del cargo de cada actor”.
Pero, señala, “ese archivo es inaccesible para la gente en general aunque se sostiene con recursos públicos”.

“Le deben al país un acto de contrición”

Carlos Pérez Vázquez comprende que existan documentos que se reservan por seguridad nacional, “pero cuando se trata de archivos históricos sobre la guerra sucia, donde hay delitos de desaparición forzada y muchos perpetradores militares han muerto, no entiendo por qué esta inercia cultural de las fuerzas armadas por mantener su trabajo en la opacidad.

 

“A uno no le queda más que sospechar que han sido perpetradores y violadores de derechos humanos. Esa no es una imagen pública que el Ejército quisiera asumir. Ya hay una narración social, política, sobre lo que sucedió en esos años. Son muchas fuentes: de víctimas, investigaciones independientes, periodísticas, que hacen inevitable que las fuerzas armadas puedan exculparse del acto de contrición que le deben al país.
“Hay un consenso de que las fuerzas armadas actuaron como un elemento de represión en esos años, y, sin embargo, del lado del Ejército prevalece el silencio, la opacidad. Cincuenta años después, en un México completamente distinto, la carga de la prueba está de su lado. Les corresponde a ellos probar que actuaron correctamente, aunque parece que el juicio de la historia sí se inclina a sostener que obraron de manera incorrecta, con completo desapego a la Constitución”.
–Las fuerzas armadas se aferran a mantener una buena imagen, con base en la alta aprobación que tienen a nivel nacional.
–Es parte de la función que deben cumplir las instituciones el tener una buena aprobación, pero la gente debe de simpatizar con las instituciones sobre la labor que hacen, no por una labor de imagen de relaciones públicas –dice Pérez Vázquez–. Tras años de presupuesto y recursos públicos que siempre van en ascenso desde la Revolución mexicana, ¿qué le ha dado el Ejército a la sociedad? Si hablamos del desastre en el país, que no hay seguridad para nadie, las cuentas que tienen que dar son bastantes negativas. Si a eso se añade que hubo un comportamiento atroz en periodos identificados, en los sesenta, durante la guerrilla, entonces salen debiendo.

Acabar con “el germen
de la impunidad”

Pérez Vázquez ve con preocupación que pasen los años, las generaciones, “y no seamos capaces de abrir la bóveda de los secretos. Hay una gran cantidad de gente en el país que no sabe qué pasó en aquellos años. Algunos saben un poco, pero tienen una buena imagen del Ejército. Es un lastre que vamos cargando y explica prácticas institucionales que se mantienen al día de hoy”.
–¿Por qué nos conviene saber la verdad, que las víctimas del 68 y la guerra sucia tengan justicia?
–Se necesita modificar inercias institucionales, formas de actuar de las instituciones de seguridad que vienen de mucho tiempo atrás. Mientras eso no se logre, los patrones se van a seguir repitiendo y son patrones de abuso. Las ejecuciones extrajudiciales de Nuevo Laredo no son casuales, obedecen a un patrón institucional. Ahí puede rastrearse el germen de la impunidad.
La conclusión del abogado, ya desde afuera de la Comverdad, es que “es una gran y enorme oportunidad perdida. Si hablamos de los decretos de Ayotzinapa y de la guerra sucia, se veía un cambio al sistema de justicia, atendiendo a dos temas emblemáticos. Si el sexenio termina y esos dos acuerdos firmados por el presidente no concluyen de manera satisfactoria, pese al reclamo de las víctimas, serán, definitivamente, dos oportunidades perdidas”.
–¿Qué debería hacerse ahora?
–Resta una movilidad social de indignación de las víctimas. El problema es que están cansadas, cada vez tienen menos tiempo y energía. Pero quizá serviría llevar el asunto a las campañas electorales próximas, confrontar respecto a las promesas que se hicieron. La próxima elección tiene mucha fuerza mediática. No se ha abordado el tema de la guerra sucia como tema de campaña –plantea.
“Es grave y frustrante lo que pasa. Los cuatro comisionados del Mecanismos para Acceso a la Verdad están haciendo todo lo que pueden. Es muy fácil que te topes con pared. Lo que yo vi es que el subsecretario Encinas nunca tuvo la fuerza política suficiente para llevarnos a donde teníamos que ir, para entrar a los archivos militares y de la Fiscalía. Si no la tuvo por voluntad o porque su peso político específico no se lo permite, ese es un problema del presidente, porque él es el jefe tanto de Encinas y del Ejército, se supone. Tiene políticamente una ascendencia sobre el fiscal general. Y él va a tener que rendir cuentas.