Tenemos mucho coraje y mucha rabia contra el Ejército porque ha ocultado toda la información relacionada con los vuelos de la muerte. En esta semana tuvimos conocimiento de una carta que en 2004 envió el señor Benjamín Apresa a doña Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité Eureka. Ahí le comenta que estuvo comisionado en el 74 en Pie de la Cuesta bajo las órdenes del capitán Javier Barquín Alonso. En ese tiempo se dio cuenta cómo desaparecían los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran subidos a un avión para arrojarlos al mar. Le envió una lista donde vienen los nombres de nuestros familiares y amigos. Registra las fechas, los números de viaje, los nombres de las personas que subieron en cada viaje, sus seudónimos, los lugares donde los desaparecieron y la unidad militar que intervino en sus desapariciones.
Como hijas e hijos que desde hace 50 años buscamos a nuestros padres hemos visto el desinterés de los gobiernos para investigar y castigar a los responsables. Todo ha sido una simulación, se han burlado de nosotros y nos tratan siempre con desprecio y engaños. Somos personas incómodas y tratan siempre de evadirnos. No están de nuestro lado, por el contrario, quisieran que no los molestáramos. No les agradan nuestros reclamos y mucho menos que les digamos lo que tienen que hacer. Somos los familiares quienes hemos investigado por ellos y los que hemos buscado a nuestros seres queridos. No nos queda de otra que presionar a los ministerios públicos para que pidan informes al Ejército, porque hay muchos testimonios de que los militares desparecieron a nuestros padres y hermanos.
Hemos analizado la lista que nos mandaron y vemos que muchos datos son reales: los nombres, las fechas de las desapariciones, los apodos y los lugares en que fueron detenidos. El mismo tipo de letra de la máquina de escribir y el formato que usaban corresponden a documentos que el Ejército elaboraba en aquellos años. Como parte de una organización de personas desaparecidas de Atoyac hemos identificado cerca de 40 familiares que están en la lista y en la mayoría de ellos se asientan datos reales. Por eso decimos que la Fiscalía debe solicitar toda la información que el Ejército tiene bajo su poder. No podemos darle más vueltas a las investigaciones, el Ejército está obligado a proporcionar todas las bitácoras de vuelo que se encuentran en sus archivos. Ahí se tienen que centrar las investigaciones y son los militares los que están obligados a declarar qué hicieron con nuestros familiares, a dónde se los llevaron, quienes fueron los responsables.
Como hijos vemos que esta lista que contiene 183 nombres y 25 vuelos o viajes, como ahí se nombra, son indicios importantes, son elementos de prueba que el Ministerio Público tiene que tomar muy en cuenta, con mayor razón, debe solicitar los informes a la Sedena. No hay pretextos ni justificación alguna para no entregar lo que está en sus archivos. No permitiremos que se siga perpetuando la impunidad y que como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tengamos que soportar este castigo para toda la vida. Queremos que se aplique de verdad lo que dice el presidente de la República; que se entregue toda la información que existe en los archivos del Ejército. Esperamos que esto se haga realidad. Ya no podemos esperar más.
A mi padre Octaviano Gervacio Benítez ya lo estaba investigando el Ejército. Desde que en marzo del 74 Lucio Cabañas estuvo en San Juan de las Flores, mi abuelo Bruno Gervacio se atrevió a invitarlo a comer, por ser su sobrino. De inmediato como familiares quedamos fichados. Mi padre presintió que algo malo sucedería desde el momento en que llevó el mensaje de mi abuelo a Lucio. A los 3 meses, es decir, el 26 de junio de 1974 los militares lo detuvieron en el centro de Atoyac. Se lo llevaron al 27 Batallón y de inmediato lo apartaron de los demás. Maurilio Castro Castillo, quien también está desaparecido y aparece en el vigésimo vuelo, comentó a Filemón Mata que a mi papá le dieron un trato despiadado. No sabemos cómo soportó la tortura. A los militares no les importó que mi padre estuviera al borde de la muerte. En esas condiciones lo trasladaron al campo militar número 1. Después tuve conocimiento de que lo habían regresado a Pie de la Cuesta. He podido revisar su expediente y constatar que la Fiscalía nunca pidió informes a la Sedena para saber el paradero de mi padre. Hoy corroboro que aparece en la lista de las 183 personas que el Ejército arrojó al mar. Lo subieron en el onceavo vuelo con otras 7 personas: 6 hombres y una mujer con el seudónimo de Adela. La familia y los amigos conocían a mi padre como El Prieto y así aparece registrado en la lista.
Aparte del coraje y del dolor que sientes al saber que un familiar es parte de las 183 personas que fueron arrojadas al mar por los militares, tienes que sobreponerte a todo porque nadie ve por ti. Los del gobierno nos tratan como sus enemigos en lugar de que respeten nuestro dolor. Son indiferentes a nuestro sufrimiento. No se preocuparon por venir a Atoyac para informarnos de esta lista. Para ellos no merecemos un trato digno, más bien se empeñan en hacernos sufrir más. Los mismos militares actúan con prepotencia. Recientemente cuando regresábamos de una diligencia en Atoyac, en la entrada de Acapulco, los militares nos pararon y nos encañonaron. De manera arbitraria nos querían bajar. Me opuse y empecé a filmarlos. No puedo permitir que sigan actuando con total impunidad, como si nosotros fuéramos los delincuentes.
La compañera Estela Arroyo, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables tiene un registro de 17 compañeros que aparecen en la lista de los 183. Uno de ellos fue su primo Raymundo Morales Gervacio alias Arsenio, originario de Tres Pasos, municipio de Atoyac. Fue detenido cuando trabajaba en el campo cerca del Ticuí. Junto con él, el Ejército también desapareció a su hermano Eloy, cuyo paradero se desconoce. Su mamá doña Guadalupe Gervacio fue hermana de doña Rafaela madre de Lucio. A Agustín, hermano de Raymundo y Eloy, le tocó levantar las denuncias en la Fiscalía especial dirigida por Carrillo Prieto. Su pesar es inconmensurable porque de Raymundo no saben cuánto sufrimiento le causaron con el vuelo de la muerte. Sufren al imaginar cómo lo torturaron y se estremecen al pensar que lo arrojaron vivo o que lo mataron con la tortura. De Eloy no tienen ningún indicio de su paradero.
Los datos que arroja la lista de los 183 coinciden con los nombres y seudónimos de Agustín Flores Martínez originario de San Vicente de Benítez apodado El Sastre. Para Estela que es originaria de esa comunidad, don Agustín se dedicaba a componer y hacer pantalones. Por su parte Marcelo García Leyva se dedicaba a matar toros y puercos, por eso lo conocían como El Carnicero. También se llevaron a un menor de edad Emilio Delgado Jiménez. A los 3 se los llevó el Ejército el 25 de abril de 1973. Ese día la niña Estela recuerda que bajó el helicóptero cerca de la casa de su abuelo. Para que no los identificaran los cubrieron con las capas que usan los militares para protegerse de la lluvia. Primero subieron a dos y dejaron a uno. Más tarde regresó el helicóptero para llevarse al tercero. En 1972 el Ejército transformó en cuartel la comisaría ejidal de San Vicente que la utilizó para detener y torturar a la gente de la misma comunidad. Su abuelo le comentaba que escuchaba los gritos de las personas que torturaban. A varios los mataron. A San Vicente lo tomó el Ejército porque decían que era el pueblo de la familia Cabañas. Don Alejandro Arroyo Cabañas, padre de Estela también fue detenido y torturado por el Ejército en la comisaría ejidal. Nada pudo hacer su abuelo para que ya no hicieran sufrir a su hijo. Soportó los tormentos más de 40 días. Ya nunca se repuso de los estragos de la tortura. Murió a causa de los golpes que le infligieron. Para los familiares de las personas desaparecidas tiene que terminar este calvario. Las autoridades están obligadas a investigar las atrocidades del Ejército y a castigar severamente a los responsables.
Tita Radilla ya tenía conocimiento de esta lista hace más de 2 semanas y a lo largo de 5 décadas había conocido otras listas de personas desparecidas, tuvo acceso a álbumes de fotografías que le proporcionó la FEMOSP y corroboró el horror al ver a decenas de personas que fueron torturadas y asesinadas. En el 2004 le llegó una lista de personas que supuestamente fueron arrojadas al mar. Desde ese tiempo dijo que no aceptaba que su padre Rosendo Radilla Pacheco, alias El Cantor, hubiera estado en la lista de los vuelos de la muerte. Ha conocido de todo y ha enfrentado momentos muy difíciles, sin embargo, esta noticia pone a uno de cabeza. Con el dolor a cuestas pero con la sabiduría de los años y la experiencia en el trato con los familiares de personas desaparecidas, convocó a quienes pertenecen a la AFADEM para que en un ambiente de confianza pudiera compartirle esta información. Constató que nadie estaba enterado de la lista. Fue muy denso el momento, tremendo por la noticia. Por más que se trató de explicar que habría que corroborar la información, para las madres no hubo forma de contener el llanto. Es imposible permanecer impasible. Todo se derrumba. Al verificar la información varios familiares constataron que los datos coincidían con las fechas, nombres y seudónimos. En el recuento de la lista de los 183 tienen un registro de 42 personas de su organización. Es una información que deben de considerar, sin embargo, las autoridades tienen la obligación de investigar, de solicitar toda la información al Ejército para contar con más pruebas. Sólo Espera que la Sedena actúe con transparencia y deje de ocultar la información que requieren las víctimas y todo el país.

 

Vicente Suástegui ya no alcanzó a celebrar el tercer aniversario de su pequeña hija, Ivanka Valeria. El domingo 8 de agosto de 2021 había planeado con su esposa Samantha invitar a sus amiguitas para comer pastel y quebrar la piñata. La ilusión de su esposa y sus hijas se resquebrajó. La noche del jueves 5, Vicente no llegó a su domicilio. Su esposa le mandó un mensaje a las 22:40 para saber por dónde venía. Él todavía contestó “ya voy, no puedo pasar porque está fuerte la lluvia”. Viajaba en el taxi 2342 de la ruta de Ciudad Renacimiento. A las 10:50 de la noche su esposa recibió la llamada de una amiga que asustada le comentó: “unos armados se llevaron a Vicente. Escuché un balazo pero no supe si le pegaron”. Le recomendó que fuera por su carro porque había quedado a media calle con las luces encendidas y las puertas abiertas. Samantha, pensando lo peor, avisó a las hermanas de su esposo y a algunos de sus amigos.
Llegaron a la calle Francisco Granados esquina con circuito interior frente a la escuela secundaria número 9. La lluvia caía fuerte y el cielo relampagueaba, pronto ubicaron el carro que estaba parado con las puertas abiertas. En el lugar ya estaba un grupo de policías estatales que revisaba el vehículo. Al ver que se acercaban les marcaron el alto y preguntaron “¿Qué quieren?” Contestaron que eran familiares de la persona que manejaba el taxi y querían saber qué había pasado. Los policías sólo dijeron “nos reportaron que un carro estaba abandonado”.
Esa noche familiares y amigos buscaron a Vicente en las colonias vecinas. Acudieron a las oficinas de la Policía Ministerial y a las agencias de los ministerios públicos. También fueron a los hospitales, al penal de Las Cruces y al Semefo. Amaneció sin saber de su paradero. Después de 12 horas, el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas cometida por particulares.
Vicente Iván Suástegui Muñoz, nació en la madrugada del 27 de octubre de 1983 en Las Parotas, anexo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco. Fue hijo de Pedro Suástegui Valeriano y de Noelia Muñoz Rodríguez. Su hermano Marco Antonio lo animó para que trabajara en el puerto de Acapulco. Estuvo bajo una enramada ofreciendo los servicios de motocicletas acuáticas a los turistas que llegaban a la playa Icacos. Estudió la primaria y la secundaria. En el 2002 emigró a Estados Unidos. Su estancia no lo distanció de su pueblo. Como buen comunero cumplió con sus obligaciones enviando sus cooperaciones a través de sus padres.
La desaparición de Vicente fue perpetrada por gente de los rusos, el comandante Pino de la UPOEG en colusión con elementos de la Policía Ministerial. Un entramado delincuencial que ha causado estragos a decenas de personas que han sido desaparecidas y asesinadas en el puerto. Lamentablemente las familias agraviadas se resignan a padecer en silencio estos crímenes ante la inoperancia de las autoridades encargadas de investigar los delitos.
La reacción del fiscal fue contraria a la esperada. En lugar de investigar la desaparición de Vicente, se empeñó en denostarlo. Trató a Vicente como si fuera un delincuente, de inmediato le armaron su expediente para justificar su desaparición. Los elementos de la Marina hicieron causa común con la Fiscalía al confirmar que lo tenían fichado. No fue casual que en fechas anteriores algunos marinos intentaron entrar por la fuerza en su domicilio.
Ante el linchamiento mediático contra su hermano Vicente, Marco Antonio Suástegui denunció públicamente al fiscal general y a los policías ministeriales de actuar con parcialidad, mala fe y poco profesionalismo. Impulsó las búsquedas en lugares controlados por el crimen organizado y la UPOEG. A pesar de que eran seguidos y bloqueados por unidades del transporte público que trabaja con la delincuencia, lograron entrar a lugares inaccesibles. Fueron 10 jornadas de búsqueda sin resultados favorables. Desde diciembre de 2023 hasta la fecha continúan las búsquedas mensuales con la participación de su esposa Samantha y otros colectivos de víctimas y organizaciones sociales.
Se ha logrado que un juez de control gire órdenes de aprehensión contra 6 personas, uno de ellos respondía al nombre de Baltazar Cardona Clavel alias El Balta que supuestamente fue integrante de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía General del Estado y que misteriosamente apareció muerto en la cabecera municipal de San Marcos. Hay 4 personas detenidas: Juan Carlos Valenzuela Herrera alias El Brillo, quien es uno de los probables responsables de la desaparición de Vicente. Fue vinculado a proceso el 15 de septiembre de 2021. La Policía Ministerial también logró detener a Felipe Sandoval Gazga alias la yegua, y se le vinculó a proceso por el delito de desaparición de persona cometida por particulares. También fueron detenidos Jorge Eduardo García Ramírez y José Luis Cabrera Vázquez, quienes han apelado la sentencia que les impusieron de 25 años. A pesar de que dentro de la carpeta de investigación se tiene información de que Vicente, después de ser levantado en la colonia Renacimiento, fue traslado hasta la comunidad de Tres Palos y en el motel que lleva el mismo nombre fue entregado al comandante Pino de la UPOEG, hasta la fecha no han logrado su detención.
De acuerdo con testimonios de los mismos acusados, a Vicente lo tuvieron cautivo en un cuarto del hotel. De ahí desapareció. Por eso la detención de El Pino es clave. El retén que tenían instalado junto al hotel era para asegurar la detención de la gente que tenían en la mira. También era un lugar estratégico para controlar el trasiego de la droga. Lo extraño es que nunca hubo un operativo federal para desmantelar este centro de detenciones ilegales donde se consumaron varias desapariciones. Lo grave es que el acusado sigue libre. Por su parte, la Policía Ministerial coordinada con elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional realizaron un cateo en ese lugar. Sin embargo, fueron repelidos por gente de la comunidad que se encargó de bloquear la carretera federal de Acapulco a Pinotepa. Su única exigencia era la salida de los policías para impedir que continuaran con la investigación. Se tiene información de que dicho hotel fue ocupado durante varios años por la UPOEG para esconder a sus víctimas. Funcionaba como casa de seguridad y como centro de operaciones para actividades ilícitas.
En las jornadas de búsqueda del mes de junio que se realizaron en el Cayaco en este año, encontraron una fosa clandestina donde sacaron 5 bolsas con restos óseos. En el mes pasado rescataron también restos por el rumbo de La Providencia y Loma Bonita. Los colectivos de familiares han demostrado tener esa fuerza y esa capacidad para buscar a sus seres queridos en condiciones adversas, poniendo en riesgo su seguridad. Por ellas se han ubicado fosas clandestinas y han encontrado fragmentos óseos que las autoridades tienen la obligación de identificar. Es una lucha titánica porque es seguir los rastros de los perpetradores, es desandar los caminos donde muchas personas fueron desaparecidas. El mapa de las atrocidades tiene que ayudar a desenterrar la verdad, a dar con las personas desaparecidas y castigar a los perpetradores.
La desaparición de un defensor comunitario obliga a las autoridades a emprender operativos que den con el paradero de Vicente. Es increíble que en Acapulco donde se encuentran todos los cuerpos de seguridad del estado y donde todas las mañanas tienen reuniones para analizar la situación de violencia que acontece en el puerto, sean incapaces de identificar el modus operandi de los perpetradores y de no ubicar los lugares donde se apertrechan y cometen sus fechorías. La población se siente inerme y expresa su indignación y frustración porque no hay un compromiso claro y firme de las autoridades para contener la avalancha delincuencial. La Fiscalía en todo momento pone obstáculos para enviar a los peritos en las labores de búsqueda. No hay suficiente presupuesto para realizar estas actividades que requieren maquinaria, personal especializado, unidad canina y personal de seguridad. Se asigna mayor presupuesto para construir cuarteles de la Guardia Nacional para garantizar seguridad en el puerto, sin embargo, la gente no ve resultados tangibles con la llegada de más elementos de la Guardia Nacional. Los asesinatos y desapariciones siguen incrementándose.
Para los familiares de Vicente hay reticencias de la Policía Ministerial para ejecutar la orden de aprehensión contra el Pino. Llevan más de dos años poniendo pretextos, argumentan que hay gente que lo protege y que pone retenes cuando se arma algún operativo en su contra. Dejan entrever que no hay capacidad para cumplir con su responsabilidad o que existen complicidades ocultas. Lo que ha causado mucha decepción a los familiares es que en el caso de dos acusados que fueron sentenciados a 25 años, recurrieron a la apelación y el magistrado de la segunda sala penal unitaria dictó resolución declarando nulo el juicio oral, debido a que se vulneraron los principios de concentración, continuidad e inmediación
De nueva cuenta la carga de esta determinación se va contra las víctimas, por las malas actuaciones del juez que prolongó indebidamente el juicio. Será la familia la que tendrá que asegurar que declaren los testigos, sufragando los costos y las consecuencias de esta justicia fallida.

Más allá de las posturas a favor o en contra de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo federal es un imperativo ético y jurídico colocar en el centro a las víctimas; tomar en cuenta su sentir, lo que reclaman y exigen a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia. En esta perspectiva es imprescindible analizar en su conjunto cómo funciona el sistema de justicia. Es un error sólo focalizar una reforma al Poder Judicial, sin involucrar al Poder Ejecutivo que tiene la responsabilidad de examinar el buen funcionamiento de la Fiscalía General, de las fiscalías estatales, los ministerios públicos y los centros penitenciarios. El problema de la corrupción y la impunidad no sólo se anida en el Poder Judicial, también se ha enraizado en las fiscalías y en los reclusorios, que no se tocan en esta reforma.
Los principales problemas de la justicia en nuestro país no son abordados en esta propuesta. No vemos que se quiera avanzar en el acceso a la justicia en las regiones más apartadas. Entre la población indígena la justicia es una mercancía cara, que discrimina a quienes no hablan castellano, que ignora a la población pobre que no sabe leer, que maltrata y revictimiza a las mujeres y reproduce el machismo, el racismo y la violencia. Lejos estamos de que esta reforma tome en cuenta los problemas estructurales que impiden que la población indígena acceda a la justicia. Es impensable que en estos cargos de jueces y magistrados se elijan entre los mejores perfiles a profesionistas indígenas.
La reforma judicial contiene fundamentalmente la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Se propone que 11 ministros que hoy integran la SCJN se reduzca a 9. Para ello se propondría una terna por parte del Congreso de la Unión, una segunda terna por el presidente de la República y una tercera terna del Poder Judicial. De los magistrados de circuito y jueces de distrito en todo el país se elegirán un total de mil 633.
Otra parte importante de la reforma es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el órgano de disciplina interno que se va a integrar por un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial. Funcionaría como una especie de órgano de control interno donde se diriman las quejas contra los magistrados y jueces. Cada uno estará integrado por 5 magistrados y serán designados también por el Poder Ejecutivo, Legislativo y por la SCJN. Serán propuestas para que posteriormente sean electos. Con estos órganos de disciplina y control interno hay una clara injerencia del Ejecutivo y del Legislativo.
Una última parte de la reforma habla de las nuevas normas procesales que está relacionada con la justicia pronta y expedita. Establece que todos los procesos en materia fiscal deberán resolverse en un plazo de 6 meses y en materia penal en un plazo de un año. Si no se cumple con estas reglas se iniciarían procesos disciplinarios por la demora injustificada en que incurran los órganos judiciales. Otro tema nodal es el de la austeridad republicana, que plantea que no existirán fideicomisos dentro del poder judicial, sino más bien un fondo de pensiones del bienestar que se integraría para el pago de todos los trabajadores, para sus retiros y demás prestaciones. Se estipula de manera enfática que los salarios de los ministros de la SCJN no podrán estar por encima del salario del presidente. También desaparecería la pensión vitalicia que hasta la fecha tienen los ministros.
Otro aspecto importante en las reglas procesales es el relativo a los amparos, a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Se plantea que las resoluciones que emitan contra leyes generales no tendrán efectos generales. No habrá una declaratoria de invalidez general. Por ejemplo, si alguien se ampara contra la reforma al artículo 21 de la constitución en materia de seguridad, en la que se dará mayores facultades a las fuerzas armadas. El amparo no podrá invalidar la ley en todo el país, tampoco tendría efectos generales.
En la reforma no hay una discusión de los graves problemas relacionados con el acceso a la justicia. Los temas que tienen que ver con los principios de imparcialidad e independencia dejan de ser relevantes. No son de interés general los problemas ancestrales de que los tribunales están sólo en los centros de poder y alejados de la población más desprotegida. No se toman en cuenta las cargas laborales que tiene el personal de los juzgados. Resultan irrelevantes los reclamos recurrentes de la falta de peritos, la carencia de traductores y de actuarios. Los bajos salarios del personal que labora en los juzgados no es un tema que preocupe al Ejecutivo ni al Legislativo. Tampoco les interesa incrementar el presupuesto, porque supuestamente se destina mucho dinero al Poder Judicial. No se abordan los temas más sentidos por parte de la población que carga sobre sus espaldas un sistema de justicia que los discrimina y los esquilma.
En la reforma se vislumbra una intención de minar la fuerza del Poder Judicial, de quitarle el contrapeso que se requiere para mantener los equilibrios necesarios en todo sistema democrático. Los jueces, en tanto sean electos por el Poder Ejecutivo y Legislativo, las ternas serán electas por una fuerza política única. Desde esa perspectiva el proceso electivo conlleva vicios y arrastrará prácticas obsoletas que le restarán legitimidad a un proceso de elección de jueces y magistrados. Si tenemos una fuerza política mayoritaria, como ahora es Morena, las candidaturas llevarán este sello partidista. Lo grave es que en la reforma predomina un propósito político, que será redituable en el corto plazo, pero deja de lado los graves problemas de acceso a la justicia que son un lastre, y que con el tiempo se revertirán.
El proceso de elección de jueces tiene un vicio de origen porque será el Poder Ejecutivo y el Legislativo los que van a conformar las ternas. Su poder hegemónico debilitará la independencia del Poder Judicial. Actualmente como está conformada la SCJN no constituye un contrapeso al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, hay un agrietamiento y ruptura del máximo órgano del Poder Judicial. Si se aprueba la reforma judicial para el siguiente año, las autoridades que se encarguen de elegir a los magistrados y jueces, tendrá un sello partidista. En esta reconfiguración política el Poder Judicial estará vestido de guinda, porque sus legisladores y el Ejecutivo tendrán el poder de nombrarlos.
¿Cuánto costaría la elección de magistrados y jueces? ¿Qué implica elegir mil 633 jueces y magistrados, más 9 Ministros? Cada uno de estos cargos tendrá más de 10 candidaturas, es decir, que más de 16 mil candidatos y candidatas se postularán para estos cargos. ¿Qué costo tendrá esta elección para el pueblo pobre de México? Será una elección más grande que la de diputados, senadores, presidente de la República y presidentes municipales. Sólo hablaríamos de magistrados y jueces federales, en el plano estatal el número de candidaturas se multiplicaría y complejizaría más la elección.
Otro problema adicional a esta reforma será la operación y funcionamiento del Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo llevarán las impugnaciones en todo el país? ¿Cómo serán reemplazados los magistrados y jueces? Habrá un vacío en el funcionamiento del Poder Judicial. En tanto no se resuelvan las impugnaciones que pueden durar meses, generará un impasse en el Poder Judicial que traerá graves problemas, porque no podrán garantizar un justica pronta. Habrá asuntos que no caminen porque no se tendrán jueces en algunos distritos, tampoco en algunos circuitos. Las impugnaciones desplazarían los casos que deben de atenderse de manera prioritaria. La administración de justicia quedaría en suspenso hasta que se resuelvan las impugnaciones, que nadie sabe cuánto tiempo se demorarán. Estas impugnaciones pueden descarrilar este proceso de reforma, por la falta de operación y administración de justicia.
Un tema muy sensible que ya se dejó ver en nuestro estado, está relacionado con la carrera judicial. Varios funcionarios se han capacitado y han realizado exámenes de oposición para ascender en su carrera. Esta formación permanente asegura que los jueces escalen en esta pirámide del Poder Judicial. Con esta reforma los funcionarios de los juzgados tienen fundados temores de que se trunque su trayectoria y todo se tire por la borda, porque se entraría a un proceso electivo que tomará en cuenta otros parámetros. La designación de jueces, magistrados y ministros quedará supeditada al Poder Ejecutivo y Legislativo, en lógica de control político.
Lo preocupante de la reforma judicial es que deja de lado muchas responsabilidades que recaen en el Poder Ejecutivo y que tienen que ver con las fiscalías, ministerios públicos y sistema penitenciario. Es urgente rediseñar el modelo de las policías ministeriales, fortalecer las capacidades de los servicios periciales, de las defensorías públicas y la ampliación del acceso al juicio de amparo. Son asuntos de honda preocupación que se soslayan y postergan. Es riesgoso focalizar una reforma al poder judicial sin entrarle a fondo a una reforma integral de nuestro sistema de justicia.

 

¿Por qué el gobierno federal no interviene con toda su capacidad para salvar vidas con estos huracanes de la violencia como lo hizo con el huracán Otis? ¿Por qué deja en total abandono a las víctimas de las acciones criminales? ¿En realidad estas organizaciones son tan poderosas que son capaces de pisarle la sombra a los tres niveles de gobierno? ¿Qué pasa con la Guardia Nacional? ¿Es insuficiente el número de efectivos para contener al crimen o su intervención es fallida? ¿Cuántas muertes diarias se necesitan para que el gobierno federal cambie su estrategia y atienda con presteza los huracanes de la violencia?
De acuerdo con datos de El Sur, en el puerto de Acapulco, el mes de junio fue el más violento con 77 asesinatos, 3 veces más que el mes de mayo. En los primeros 7 días de julio se tienen registrados 25 asesinatos entre ataques armados, cuerpos desmembrados y personas ejecutadas dentro de sus vehículos. Todos los hechos son devastadores porque los criminales actúan con total impunidad. Las fuerzas de seguridad del Estado son impasibles, aunque los crímenes se cometan a unos metros donde se encuentran, no actúan, supuestamente esperan la orden de sus superiores para hacerlo.
Lo inenarrable empezó el primero de junio cuando hallaron las extremidades y el torso de un hombre que fueron esparcidos en el mercado central de Acapulco. Lo patético es que el torso se halló en la avenida Cuauhtémoc frente al Woolworth y las demás partes del cuerpo se encontraron dentro de una bolsa de plástico, afuera de la nave de flores, en la avenida Constituyentes. Son crímenes que se cometen para causar terror, para mandar mensajes siniestros a las personas que tienen amenazadas. Se cometen con mucha saña porque saben que ninguna autoridad intervendrá. No se trata de acciones aisladas ni esporádicas, más bien, son frecuentes y recurrentes.
El martes 2 de julio a las 3 de la madrugada un hombre fue perseguido y asesinado a balazos en la colonia Ciudad Renacimiento. Seis horas después fueron encontrados tres cuerpos envueltos en sábanas adentro de la cajuela de un vehículo marca Dodge, a unos metros de la avenida Ejido, en la colonia Hogar Moderno. A la misma hora se reportó que en la colonia Progreso varios hombres armados atacaron a balazos a una mujer entre las avenidas Vallarta y Coahuila. De acuerdo con las investigaciones se trataba de una enfermera que se desempeñaba como secretaria del departamento de enfermeras del CAAPS. Cinco asesinatos se consumaron en sólo 6 horas, sin que se tuviera conocimiento de algún operativo para dar con los criminales.
Otro deleznable crimen ocurrió el miércoles 3 de julio. A las 5:45 de la mañana se reportó el hallazgo de una cabeza humana sobre el cofre de un vehículo en la colonia Emiliano Zapata. Los policías al inspeccionar el carro encontraron el cuerpo de la persona decapitada y de otro hombre asesinado. El macabro hallazgo se dio en la explanada de la tienda Soriana a un costado del bulevar Vicente Guerrero. A las 9:17 una persona fue asesinada a balazos en el interior de su vivienda, que se ubica cerca de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, en la colonia Lomas Verdes. Un reporte de la policía registró que a la 1:16 de la madrugada varios hombres armados quemaron un Jetta, en el bulevar Vicente Guerrero. No se reportaron víctimas.
Otro asesinato que ocurrió dentro de otra vivienda se reportó el jueves 4. El crimen se difundió después del mediodía en la colonia Frontera, ubicada pasando el Río de la Sábana. Por la noche fueron encontrados restos de una persona dentro de un automóvil en el poblado de La Venta. Mediante una llamada de emergencia se informó de un Jetta blanco abandonado. Los policías al hacer la revisión del coche encontraron restos de una persona, al parecer desmembrada. Se reportó que fueron hombres armados los que abandonaron el vehículo y que huyeron caminando. En ese mismo día por la tarde, otro hombre fue asesinado a balazos dentro de un bar en la colonia Las Cruces. Algunos testigos dijeron que un hombre entró al bar y disparó directo a su víctima, privándolo de la vida. El agresor en su huida se topó con una patrulla de la Guardia Nacional e intentó dispararle, pero los efectivos le dispararon en la pierna y quedó bajo resguardo policiaco en un hospital. En esa misma tarde se registró otro hecho de violencia. Se trató de una pareja que se desplazaba en su automóvil y de manera intempestiva desde una motocicleta, dos hombres armados, dispararon en varias ocasiones, asesinando a las dos personas. El crimen sucedió en la avenida Universidad, a una cuadra de la Costera.
A las 10 de la noche del viernes 5 fue reportado el hallazgo de dos hombres y una mujer desmembrados, fueron encontrados dentro de un taxi colectivo, en el estacionamiento de la tienda Sams’club. Por la tarde, en ciudad Renacimiento, un hombre fue atacado a balazos por hombres armados, cuando compraba en una miscelánea. A las 5 de la tarde se tuvo conocimiento de que hombres armados se robaron un camión de la ruta Costera-Hornos para luego prenderle fuego en el fraccionamiento Mozimba. En este mismo día se reportó la muerte de la secretaria Cinthia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien fue atacada a balazos el domingo 30 de junio junto con el director general de Administración y finanzas del Poder Judicial del Estado, Antonio Sebastián Ortuño, que sigue hospitalizado por las heridas que le ocasionaron.
A las 8 de la mañana de este domingo 7 fueron encontrados sobre el pavimento los restos de una persona en la avenida Ruiz Cortines. Media hora más tarde fue encontrado el torso de un hombre en la glorieta de Puerto Marqués. De acuerdo con las investigaciones los restos hallados en la avenida Ruiz Cortines y en la Glorieta puerto Marqués corresponden a una persona. Lo más grave es que también fue encontrado otro hombre desmembrado en la colonia Vicente Guerrero. Fue un reporte que se tuvo en la madrugada de este domingo, en la calzada de la carretera federal México-Acapulco. La versión es que hombres armados que se trasladaban en un vehículo arrojaron los restos de la persona. Antes del mediodía un hombre fue asesinado a golpes y mutilado en la colonia Benito Juárez. Lo dejaron encima de una cajuela de un taxi azul con blanco. A las 3:30 de la tarde fue reportado el asesinato de un taxista en el poblado de El Bejuco, en la zona rural de Acapulco, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. Hombres armados le dieron alcance y de inmediato le dispararon.
La violencia se ha enseñoreado en las plazas comerciales, en las avenidas principales, en las carreteras y mercados. Los grupos delincuenciales buscan la máxima publicidad de sus crímenes atroces. Han logrado su propósito, porque no hay autoridad que se los impida, mucho menos que se atreva a confrontarlos, ni a detenerlos o castigarlos. Han demostrado ser los amos y señores del puerto. Desde la madrugada comenten sus crímenes, continúan durante la mañana, siguen en la tarde y concluyen por la noche. No hay hora que no demuestren su poder destructor, tampoco tienen límites para cometer crímenes en cualquier colonia. En las zonas turísticas también han tomado el control: las cuotas se han generalizado en las playas, en los comercios establecidos y en los mercados. Toda la población sabe cómo operan y cuáles son sus guaridas. Hay días y horarios para el cobro de la cuota. Ya no les alcanza lo poco que venden, porque también tienen que consumir con los proveedores autorizados por el jefe de la plaza.
Esta tragedia cotidiana dejó de causar preocupación para las autoridades, ya nada les afecta ni ponen en riesgo sus cargos. Los asesinatos no tienen costos políticos. El miedo de la gente, la desorganización de los colonos y la misma lucha por la sobrevivencia han dejado que la violencia se desborde y que cada quien busque como protegerse. Los asesinatos en las playas, en los mercados y las plazas comerciales son parte del espectáculo dantesco, donde nadie se compadece por el dolor de las víctimas, ni mucho menos se atreve a alzar la voz, porque primero hay que asegurar la vida.
La reconstrucción de Acapulco pasa principalmente por sanar las heridas de la violencia, proteger a las víctimas, acompañarlas, reparar daños, reconstruir el tejido social, atender sus reclamos y demandas y colocarlas en el centro de la atención gubernamental.
Es un imperativo el cambio de estrategia. La seguridad no está centrada en proteger la vida de la población, se concentra en cuidar a los funcionarios y a sus instituciones. Han ignorado a la población que tiene propuestas y está dispuesta a colaborar para garantizar seguridad en sus entornos. Han dejado que la ola delincuencial arrastre al despeñadero a la población pobre de Acapulco, que lucha en las calles para ir al día. Los problemas económicos que arrastran los jóvenes desde que nacen truncan sus vidas como futuros profesionistas. Se quedan como vendedores ambulantes, como trabajadores eventuales y como carne de cañón del crimen organizado.
Los huracanes de la violencia acechan a una población inerme que pide al cielo que la libre de todo mal, porque sabe que aquí en el puerto sólo pagando la cuota puede ser su tablita de salvación.

 

En memoria de Octaviano Gervacio Benítez y Eladio Serafín de Jesús El Cuate, desaparecidos el 26 de junio de 1974, 50 años de impunidad. La matanza de Aguas Blancas sigue viva en la lucha imbatible del pueblo pobre de Guerrero. El gobierno de la 4T
no puede ser comparsa de los perpetradores.

El jueves 27 de junio, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala decidieron hacer público su posicionamiento ante la defensa a ultranza que ha asumido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del Ejército. También se solidarizaron con las organizaciones de derechos humanos que desde hace 10 años tenemos el honor de acompañarlos y representarlos jurídicamente, ante el golpeteo recurrente del presidente en sus conferencias mañaneras. El diferendo se ha centrado en los 800 folios que desde el 2023 las madres y padres han exigido al presidente para que obligue al Ejército a entregarlos.
En la reunión del 3 de junio, que se realizó en Palacio Nacional, el presidente comentó que entregó toda la documentación relacionada con los folios. No fue veraz esa declaración porque sólo se entregaron 15 folios. Tomando en cuenta los 18 folios que entregó en su momento el entonces subsecretario Alejandro Encinas, que incluyó en el adendum de su segundo informe, sumarían 33 folios. Para el presidente los 15 folios que entregó son los que hacían falta. Comentó que el resto de los folios, que serían 767, tienen que ver con otros temas y que son ajenos al caso Ayotzinapa.
Esta afirmación proviene del mismo Ejército y por esa razón, para las madres y padres, el dicho no les genera confianza, porque es una postura interesada y unilateral de quienes estuvieron involucrados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. ¿Cómo van a confiar en la palabra del Ejército, cuando se ha negado a entregar la información y ha ocultado los documentos que tiene en relación con la desaparición de los 43 normalistas? La poca información que se ha obtenido a cuenta gotas, ha sido por presión de las madres y padres de familia y por el trabajo profesional y minucioso del GIEI, que tuvo que hurgar en los archivos del Ejército y jalar los hilos que con dificultades se fueron desenmarañando para que poco a poco saliera información de los 43.
¿Con qué autoridad el Ejército dice que los 767 folios están relacionados con otros asuntos? Esto para las madres y padres es una información que se está ocultado. La demanda central es que los 800 folios se pongan sobre la mesa. Porque en los 18 folios que el subsecretario Encinas entregó hay información relevante que da cuenta de hechos que ocurrieron en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. De igual modo, en los 15 folios que recién entregó el presidente, hay un documento de suma importancia, que el gobierno pretende minimizar. Se hace referencia a que en la colonia Jardines del Sol de Iguala, habrían sido encontrados 14 cuerpos de jóvenes de Ayotzinapa. También el Ejército interviene unas comunicaciones y escucha cómo unas personas comentan que ya encontraron los cuerpos de los estudiantes en la laguna. Es una información clave, porque tiene que ver con el paradero de los jóvenes. Por esa razón, las madres y padres reiteran su postura de que se entreguen los 767 folios que hacen falta y plantean que sea un ente externo, que pueda revisarlos, porque hoy en día las madres y padres no confían en el gobierno ni en el Ejército, por toda la manipulación que ha venido ocurriendo en estos años.
Por otra parte, el mismo presidente ha reiterado su postura de que no hay pruebas de que el Ejército participó en los hechos de Iguala. Afirma que no existe una sola prueba de la responsabilidad militar. Por eso las madres y padres de los 43 respondieron que es falso. Porque hay pruebas de la participación militar antes, durante y después de la desaparición de sus hijos. Antes de los hechos del 26, el Ejército tenía infiltrados a militares con fachada de estudiantes que estaban dentro de la Normal de Ayotzinapa. Supieron cómo estaban organizados los jóvenes. Los informes de estos soldados llegaron a los mandos militares, que hablaban de la movilización, sobre el número de cuántos estudiantes iban, cómo iban, en qué autobuses se transportaban. El Ejército ya tenía conocimiento de su movimiento desde antes de la desaparición de los jóvenes. Sabía lo que estaba pasando. Por eso para las mamás y papás esta postura presidencial, de que no hay pruebas de la participación del Ejército, no es veraz ni objetiva.
Cuando los jóvenes llegaron a Iguala, había militares denominados órganos de búsqueda e información (Obis) que van dando información sobre la salida de los estudiantes de la Normal, su arribo a Iguala y hasta que ocurre su desaparición. Al mismo tiempo, dos militares desde el C-4 estuvieron dando seguimiento a los estudiantes en tiempo real. Sobre esto hay datos de prueba de cómo los militares monitorearon los movimientos de los estudiantes.
Esa misma noche el Ejército intervino los teléfonos celulares del grupo delictivo Guerreros Unidos y de la Policía Municipal de Iguala. Escucharon conversaciones de lo que estaba ocurriendo con los estudiantes esa noche y a qué lugar se los estaban llevando. También existen pruebas de un vínculo delictivo que mantenía el 27 Batallón de Infantería con Guerreros Unidos. Las escuchas de Chicago son fundamentales e ilustran claramente esa relación. Se corroboró que mantenían reuniones frecuentes, que recibían dinero del grupo delictivo. El 27 Batallón les facilitaba el trasiego de la droga a los Guerreros Unidos. Todo esto está en los expedientes que llegaron de Chicago.
Las madres y padres comentaron que hay un testigo protegido que declaró en serie ministerial y en serie judicial que afirma que 25 estudiantes fueron introducidos al 27 Batallón de Infantería y que ahí fueron asesinados y entregados el grupo delictivo Guerreros Unidos. Ya no se habla de la participación indirecta sino directa del Ejército en la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, para la Fiscalía esta información no es una línea que se esté tomando en cuenta, más bien se ha dejado de lado lo que declaró el testigo. Las madres y padres no pueden estar tranquilos cuando hay un testigo que dice que 25 de sus hijos fueron llevados al Batallón y que ahí fueron asesinados. Es una línea que las autoridades tienen que priorizar, porque ahí está el testigo. Es descorazonador para las madres y padres escuchar al presidente de que no hay pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de sus hijos. Para ellos no puede terminar este gobierno dejando de lado esa información, tiene el deber de indagar y no encerrarse en su círculo de poder para que el Ejército no se toque.
Otra preocupación de las madres y padres fue la información que recibieron el 3 de junio, de que tenían la identificación de algunos restos que estaban realizando con el método mitocondrial. El método mitocondrial es cuando se toman muestras sólo por la vía materna. Es sólo un familiar a quien se le toma la muestra. Lo que refiere el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es que este método es muy falible, no es confiable. En el pasado se intentó identificar a Joshivani Guerrero de la Cruz uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y los resultados fueron muy malos. Lo único que se produjo fue una revictimización de sus familiares porque no hay certeza en la identificación del ADN por este método.
Estos trabajos que realiza la Fiscalía son inciertos, por el método que utilizan y porque no está participando el EAAF, que es el equipo de peritos que son de la entera confianza de las madres y padres. El gobierno no está actuando con transparencia porque no comparte estos análisis con el EAAF. Por eso, fijaron una postura firme: que todos los resultados que arroje este método mitocondrial relacionado con la identificación de algún resto óseo, no los van a aceptar, porque no están tomando en cuenta al EAAF cuyos miembros también están reconocidos en el expediente como sus peritos.
La lucha de las madres y padres es titánica. Ahora tienen que hacer frente al mismo presidente de la República, que se ha colocado del lado del Ejército, generando un gran desencanto, porque tenían todas las expectativas puestas en su gobierno. Confiaron en su palabra de que quitaría todos los obstáculos que se presentaran para dar con el paradero de sus 43 hijos. Hoy ven que se aleja esta posibilidad. Notan que su discurso ha cambiado y también el trato que ha tenido con ellos y sus representantes legales. En los padres y madres sobresale la grandeza de su corazón y su gesto solidario. Nos han hecho sentir su aprecio y cariño a las compañeras y compañeros del Centro Miguel Agustín Pro Juárez y al Centro Tlachinollan.
Ellos han escuchado en las mañaneras la postura que ha asumido el presidente contra nosotros. Últimamente nos acusa que asistimos a una reunión con el presidente Peña Nieto y que los padres no tuvieron conocimiento. Ellos aclararon que las dos únicas reuniones que se tuvieron fue la primera en Los Pinos y la segunda en el Museo de la Tecnología. No hubo más encuentros. Las reuniones se hicieron públicas y en su momento hubo ruedas de prensa para informar los asuntos que se abordaron. Las madres y padres han pedido al presidente que, si tiene pruebas de esta reunión que supuestamente se hizo a espaldas de ellos, que las presente. De lo contrario, el desencanto será mayor.

 

Alrededor de las 4:20 de la tarde detuvieron al presidente municipal de Malinaltepec Acasio Flores Guerrero, en la colonia Guadalupe, de la comunidad de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec. Sus acompañantes no supieron qué hacer ante la acción arbitraria de las personas que estaban armadas y encapuchadas. El programa que llevaba el equipo de avanzada del Ayuntamiento era inaugurar la tercera obra de la comunidad. Se trataba de una calle de cemento hidráulico. A las 12 horas el presidente inauguró un muro de contención en la colonia Santa Anita y a las 2 de la tarde cumplió con su compromiso de construir una calle pavimentada en la colonia Monte de Olivo.
Como es costumbre, llegaron los encargados de preparar la llegada del presidente para colocar los listones y moños en el lugar más indicado. La bienvenida que recibieron no fue nada amable, al contrario, un grupo de personas encapuchadas fuertemente armadas los obligaron a entrar a las instalaciones de la delegación. No tuvieron otra opción que ingresar a un cuarto de la delegación, sin saber de qué se trataba. De inmediato los esposaron y los tundieron a golpes. Los obligaron a que se identificaran. Varios de ellos dijeron que no traían su credencial. Ante las amenazas de sufrir alguna agresión, no tuvieron de otra que soportar los golpes y vituperios que les infligieron. No comprendían el motivo de la golpiza. Sólo uno de ellos recuerda que alguien de los que estaban cubiertos de la cara, les preguntó ¿“tú mataste a mi papá?”. La respuesta fue negativa, sin embargo, esto no fue motivo para que los dejaran de golpear.
Permanecieron encerrados en uno de los cuartos de la delegación. A los pocos minutos escucharon la llegada del presidente. La persona que dijo ser el delegado municipal con una voz altisonante ordenó al presidente que se metiera al cuarto principal de la delegación. El presidente Acasio, para no conflictuarse optó por obedecer la orden. En cuanto entró al edificio se escuchó que las personas que estaban adentro lo empezaron a interrogar y a golpear. En el altercado que se dio se escuchó un disparo de grueso calibre. Nadie imaginó lo que había sucedido. Los acompañantes creyeron que el disparo era para amedrentar al presidente. Sus acompañantes al recibir la orden de que se fueran a la chingada, salieron. Uno de ellos alcanzó a ver que el presidente estaba boca abajo.
Los integrantes de la comitiva que acompañó al presidente, ante los golpes que recibieron, no dimensionaron lo que le había pasado a su jefe. Sólo corroboraron que se trataba de gente encapuchada con armas de uso exclusivo del Ejército. Su forma de actuar les desconcertaba, porque notaban que iban en plan de agredir. Al escuchar la orden de que salieran del lugar, no tuvieron otra alternativa que huir para ponerse a salvo. Temían que los fueran a matar.
El presidente Acasio se quedó solo y nada pudo hacer para que lo liberaran. Quedó en manos de gente que no identificaba por las capuchas que portaban. No le dieron tiempo de llegar a un acuerdo, porque desde que lo metieron al cuarto lo empezaron a golpear. No le dieron tiempo de que lo escucharan y establecieran un acuerdo para que se calmaran. Estaba en desventaja, porque estaba ante gente que portaba armas y embozada. Entre los golpes que le propinaban se escuchó una detonación de arma de grueso calibre.
Nadie imaginó que en ese instante habían asesinado al presidente municipal. Creyeron que el balazo era para amedrentarlos y obligar al presidente a que cediera a sus demandas de obras. Ante el riesgo de que una bala les quitara la vida, huyeron de la comunidad. Mientras tanto, el presidente quedó solo en manos de los encapuchados. Nada se podía hacer porque ya lo habían ejecutado.
De inmediato avisaron a su esposa quien dio a conocer la detención de Acasio. Pidió la urgente intervención de la gobernadora, para que ordenara a los cuerpos de seguridad que rescataran a su esposo. Todo fue en vano. Las autoridades del estado solo enviaron al delegado de Gobernación, al secretario de Asuntos Indígenas y al delegado de la Comisión de Derechos Humanos para hacer patente su intervención. Lamentablemente no pudieron entablar comunicación con el comisario ni el delegado municipal, porque intencionalmente hicieron el vacío, con el fin de no dar información sobre el paradero del presidente.
Desde el jueves 20 de junio por la noche, los agresores, además de ejecutar al presidente Acasio, utilizaron la camioneta que dejó estacionada en la colonia para cargar su cuerpo y colocarlo boca abajo en el asiento del copiloto. Manejaron el vehículo y lo llevaron fuera de la comunidad, sobre la carretera Tlapa-Marquelia. La estacionaron en un lugar que no obstruyera el paso. La colocaron fuera del flujo vehicular y la protegieron con piedras alrededor. Así permaneció toda la noche del jueves y todo el día viernes.
Las autoridades municipales y su familia aguardaban la esperanza de que el presidente Acasio estuviera sólo retenido. Por eso urgían que la gobernadora asumiera con presteza el caso. Dejaron que los funcionarios asignados para darle seguimiento a la detención del presidente resolvieran al siguiente día su liberación. Ellos atendieron con inmediatez la instrucción, pero su presencia fue infructuosa, porque con nadie pudieron dialogar.
El viernes por la mañana acudieron a la comunidad, sin embargo, no encontraron a gente en la comisaría municipal. Dieron por hecho que el comisario se encontraba atendiendo otros asuntos. Esperaron varias horas y su plan era llegar por la tarde, para esperar la llegada del comisario municipal. La lluvia justificó su ausencia, sin embargo, ya los familiares y las autoridades municipales estaban molestas y desesperadas al constatar la inacción de las autoridades estatales.
Como Centro de Derechos Humanos, establecimos comunicación con el delegado municipal y el secretario de Asuntos Indígenas, para conocer los avances de la negociación con las autoridades comunitarias. Al verificar que no había contacto, establecimos comunicación con el subsecretario de Asuntos Políticos, a quien le compartimos nuestra preocupación porque temíamos que algo grave le había sucedido al presidente Acasio.
Asumimos el compromiso de trasladarnos a la comunidad para apoyar en las negociaciones y tomar otras acciones más contundentes. La presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía del Estado era muy importante para realizar un operativo conjunto, sin embargo, no había quién tomara la decisión. Estaban a la espera de alguna orden. Todavía se abrigaba la posibilidad de que la comunidad o las autoridades de Alacatlatzala, fijaran su posición, respecto a la detención del presidente. En lugar de atender el llamado hicieron el vacío.
Con la información que se obtuvo por parte de una persona que logró verificar que en la delegación municipal, donde detuvieron al presidente, no había gente resguardando el local, y que además, tenía la sospecha de que la camioneta que se encontraba a más de 200 metros de la salida principal de Alacatlatzala, podría ser del Ayuntamiento de Malinaltepec, se hizo la valoración de ir a verificar, si en su interior había indicios de que ahí se encontrara el presidente Acasio.
Se armó el operativo con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía del Estado. Como ya eran más de las 8 de la noche, se utilizaron linternas para enfocar desde el parabrisas si no se encontraba algún cuerpo dentro de la camioneta. Los vidrios laterales estaban polarizados, por eso no fue fácil ubicar si en el interior había algún cuerpo. La luz de las linternas sobre el parabrisas permitió ver que había un cuerpo en el asiento delantero. En verdad se trataba del cuerpo del presidente Acasio. Se tuvo que esperar la llegada del Ministerio Público y personal del Semefo para que se encargaran de realizar las diligencias correspondientes. Fue hasta las 10 de la noche cuando se trasladó el cuerpo del presidente a la ciudad de Chilpancingo para la necropsia de ley.
Lo grave es que las autoridades del estado dejaron en manos de funcionarios locales que atendieran el caso. No se actuó con inmediatez ni contundencia, sobre todo, porque se trataba de una autoridad municipal. La población pidió que la autoridad interviniera, confiando en que su acción pondría a salvo al presidente. Todo fue en vano, porque de nada sirvió el llamado de su esposa y la espera del Cabildo para que la gobernadora diera la orden de ir a rescatar al presidente.
En la Montaña se han consumado casos graves, como el asesinato de Felipe Chávez, coordinador de campaña del candidato a presidente municipal de Cochoapa el Grande por Morena, quien fue privado de la vida cuando daba de comer a los asistentes a un mitin. Se trató de un grupo armado que lo asesinó. Lo hicieron sin temor a que alguna autoridad interviniera. Cometieron el crimen y se fueron caminando. Esto mismo sucedió con el presidente electo de Copala, Salvador Villalba, quien fue ultimado por gente armada, cuando interceptó el autobús en que viajaba de la Ciudad de México a Copala.
El asesinato de un presidente en la Montaña es un mensaje funesto para todos los ciudadanos y ciudadanas de Guerrero. Queda claro que los grupos armados que pululan en la región y en el estado gozan de total impunidad. No hay investigaciones que den con los responsables, mucho menos castigos ejemplares. Lo que impera es la acción armada, la justicia por propia mano, porque el gobierno les ha fallado a los guerrerenses.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo a cuatro primas de Lucio Cabañas que en 1972 fueron víctimas de desaparición forzada transitoria y tortura. La resolución es contra el fiscal especializado de control competencial de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dictó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa que se inició con motivo de su denuncia por los delitos clasificados como de lesa humanidad.
La denuncia la interpusieron en el 2015 y fue hasta febrero de 2022 cuando se les notificó a las víctimas el no ejercicio de la acción penal, debido a que se consideró que los hechos denunciados deberían de ser considerados como abuso de autoridad, y por esa razón, ya había prescrito.
Las cuatro mujeres perseveraron en su lucha con el apoyo de su sobrina Antonia Morales quien solicitó el acompañamiento jurídico de la defensora Pilar Noriega y del defensor Nicomedes Fuentes, ex miembros de la Comisión de la Verdad de Guerrero. Con su asesoría interpusieron un amparo porque se trató de víctimas de desaparición forzada transitoria y tortura, en un contexto de violaciones graves de derechos humanos que se cometieron contra amplios sectores de la población en un período que va de 1965 a 1990. En esos años cruentos la tortura y la desaparición forzada fueron una práctica sistemática y generalizada, al grado que constituyeron crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles, a pesar de que en aquellos años no se consideraban como delitos.
Las bases jurídicas se encuentran en el artículo 7 del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que señala claramente, que para constituir un delito de lesa humanidad, la desaparición forzada y la tortura, deben ser “parte de un ataque generalizado o sistemático”. En el caso de Irene, Juana, Rosa y Flavia, primas de Lucio quedaron acreditados estos delitos, al grado de que toda su familia fue perseguida.
En el caso de Rosendo Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los párrafos 132, 136, 147 y 152 se refirió al contexto en que desapareció Rosendo. Indicó que en esa época tuvieron lugar desapariciones forzadas de personas en diversas partes del territorio mexicano, donde existió un patrón de detenciones, tortura y desapariciones forzadas de personas militantes de la guerrilla o identificadas como sus simpatizantes.
Se considera que el ataque es generalizado cuando se comete masivamente, a gran escala, contra una multiplicidad de víctimas. Se cataloga como sistemático cuando se trata de un patrón regular o un plan metódico u organizado, preconcebido. Se utilizan recursos públicos o privados considerables, no requieren que sean adoptados formalmente como política de Estado.
En la sentencia 178/2022 emitida por el juez sexto de distrito de amparo en materia penal argumenta que existen suficientes elementos para deducir presuntivamente que los hechos denunciados debieron estar comprendidos entre los delitos de lesa humanidad, por lo que la autoridad responsable viola los artículos 17 y 20 de la Constitución.
Existen datos para inferir que los hechos denunciados están dentro de una política sistemática de aniquilación contra Lucio Cabañas, su familia y simpatizantes. El mismo decreto de creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, comenta que el contexto social que permeaba en los años sesenta, setenta, ochenta y noventa no pasaba inadvertido para el Ejecutivo federal. De lo expuesto en el decreto se advierte que el gobierno federal reconoció que en el periodo de 1965 a 1990 se consumaron violaciones graves a los derechos humanos.
En consecuencia, el acto reclamado es contrario a los derechos humanos en cuanto al acceso a la justicia y la verdad, por lo tanto, el Ministerio Público a cargo de la investigación deberá tomar en cuenta el contexto social y las características del entorno social en el que se cometieron los hechos denunciados, con el fin de analizarlos bajo la perspectiva de los delitos de lesa humanidad. Deberá también investigar y documentar todas las referencias de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los 532 casos identificados por la CNDH en su recomendación 26/2001. La investigación deberá evidenciar las conductas de las autoridades que actuaron violentamente contra las quejosas que fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, solo por ser familiares de Lucio Cabañas.
Se ordenó al Ministerio Público que efectúe la investigación en un término de 12 meses, y al final deberá resolver el no ejercicio o el ejercicio de la acción penal. Cada dos meses deberá informar al juzgado de distrito y remitir copia certificada de sus actuaciones en ese lapso, en cumplimiento de la sentencia. No podrá decretar el no ejercicio de la acción penal si existen pruebas suficientes que acrediten delitos de lesa humanidad.
El Ministerio Público deberá apoyarse en la Comisión de Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos para que le proporcione la información que tenga a su disposición, con relación a los hechos en que se encuentren involucradas las quejosas. Si la Comisión no tiene la información deberá gestionarla ante las autoridades competentes para que sea remitida al MP.
Si bien el MP a cargo de la averiguación no figura como autoridad responsable no es obstáculo para vincularla al eficaz cumplimiento del fallo protector, ya que cualquier servidor público o ente estatal que esté vinculado al cumplimiento de la sentencia, deberá realizar los trámites necesarios para la observancia de la sentencia, aunque no haya sido señalada como autoridad responsable en el presente juicio.
Se concedió el amparo contra el fiscal especializado de control competencial de la FGR quien dictó el acto reclamado y resolvió el no ejercicio de la acción penal por el delito de tortura como delito de lesa humanidad.
Por su parte el fiscal promovió la revisión de la sentencia y las primas de Lucio Cabañas promovieron la revisión adhesiva. Este recurso lo promueve la parte que obtuvo una sentencia favorable en el amparo, porque se considera como un medio de defensa en sentido amplio que garantiza, a quien obtuvo sentencia favorable, la posibilidad de expresar agravios tendientes a insistir en la sentencia que favoreció a sus intereses.
El caso, conforme a la ley de amparo, se remitió a un tribunal colegiado que recayó en el segundo tribunal colegiado en materia penal, Los magistrados resolvieron que la SCJN era la instancia que debería de pronunciarse sobre la subsistente interpretación constitucional.
Así fue como la primera sala de la SCJN resolvió otorgar la protección de la justicia a las víctimas del período de la violencia política de Estado entre 1965 a 1990. Exhortó a la FGR a continuar con el trabajo que implica la garantía de justicia y el derecho a la verdad, para los cientos de víctimas que continúan luchando para que se castigue a las autoridades responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos.
El pasado 12 de junio el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ordenó a la FGR investigar los crímenes de lesa humanidad, que ampara a cuatro mujeres que son familiares de Lucio Cabañas Barrientos. El proyecto del ministro remarca que no hay bases jurídicas que respalden y permitan que posibles crímenes de lesa humanidad no sean investigados y sometidos a procesos de justicia. Más bien resalta la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes y su urgente atención. No hacerlo representa una violación al derecho a la verdad.
Por su parte la Secretaría de gobernación (Segob) informó que la FGR desde el mes de marzo de este año realizó la traslación de tipos penales para que se juzgue a personas por delitos cometidos en la llamada guerra sucia, sin que el transcurso del tiempo sea impedimento para sancionarlos. Esto permite que las investigaciones iniciadas por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad o abuso de autoridad, también sean sancionadas, ahora como desaparición forzada de personas. Detalló que el equipo especial de investigación y litigación de la FGR ha radicado 244 expedientes en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), a fin de proseguir con su integración hasta su determinación legal.
Esta sentencia no solo sienta un precedente para cientos de casos que sucedieron en aquellos años, sino que, además se reconoce que los crímenes cometidos fueron de lesa humanidad, convirtiéndose en un parteaguas para el acceso a la justicia sobre crímenes del pasado en nuestro país.
La perseverancia y el valor de las primas de Lucio Cabañas y de su sobrina Antonia Morales, que tenía 6 meses cuando el Ejército desapareció a su papá Abelardo Morales “Ranmel”, en un retén en la entrada de Acapulco, vencieron el miedo y señalaron todas las atrocidades que padecieron. El 17 de enero de 1972 fueron desaparecidas y torturadas en Tlaxcoaque, un centro clandestino de detención en cuyos sótanos torturaban, violaban, mataban y desaparecían a quienes consideraban enemigos del régimen priista. Fueron víctimas de desaparición transitoria y tortura, sin embargo, el Ministerio Público dio carpetazo a sus denuncias para mantener el pacto del silencio, protegiendo a las autoridades responsables.
Las cuatro primas de Lucio aún viven. Ya conocen la noticia, ahora esperan que el Ministerio Público atienda estas resoluciones de la SCJN para que se judicialicen los casos y se castigue a los violadores de derechos humanos.

 

Nuestra gratitud y aprecio

al periodista y compañero de lucha,

Juan Cervantes Gómez.

En sus cinco décadas como reportero

nos narró historias de los héroes locales

y nos mostró el Guerrero de abajo.

 

 

 

La jornada electoral de este domingo 2 de junio fue una muestra de civilidad política por parte de los ciudadanos y ciudadanas que muy temprano acudieron a sus secciones electorales para votar. Sobresalió la organización de los funcionarios de casilla, que en su mayoría llegaron antes de las 8 de la mañana para tener lista la instalación de las urnas y las mamparas. Un buen número de electores se formaron muy temprano para emitir su voto. En las casillas especiales sucedió el mismo problema, que se agotaron las boletas y muchos electores se quedaron sin emitir su voto.

Hubo reportes de que algunas casillas no se instalaron a tiempo por falta de materiales y porque no llegaron todos los funcionarios de las casillas. Estas fallas causaron molestia entre los ciudadanos que reclamaban celeridad para iniciar la votación. Las que se instalaron a tiempo verificaron que toda la papelería de los candidatos y candidatas estuviera completa y en orden. Los representantes de los partidos testificaron que no existiera alguna anomalía. Asumieron con celo y responsabilidad el rol que les toca jugar. Se mantuvieron atentos y vigilantes para que todo transcurriera en paz.

La participación de los jóvenes voluntarios fue extraordinaria; apoyaban a la gente mayor para dar un trato preferente a la hora de votar. Estuvieron prestos para informar a los electores la ubicación de su casilla, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno. Fue copiosa la presencia de los ciudadanos desde antes de las 8 de la mañana hasta después del cierre oficial a las 6 de la tarde. El inclemente calor no fue impedimento para que la gente permaneciera más de 2 horas en la fila para emitir su voto.

Fue un domingo extraordinario, porque la mayoría de los ciudadanos suspendió sus actividades cotidianas para destinar parte de su tiempo a emitir su voto. En su máximo esplendor se expresó la pluralidad política a la hora de cruzar las boletas. El sigilo electivo fue sagrado, respetuoso y ordenado. La concurrencia de personas jóvenes, adultos mayores y la participación de las mujeres fue muy significativa, porque ellas han asumido un rol protagónico y una postura crítica ante los candidatos a presidentes municipales, diputados federales y locales, así como de los senadores, que no toleran que se aplique la equidad de género en todas las candidaturas. En el electorado prevaleció el voto de castigo por la decepción que existe a causa de los pésimos resultados de quienes vuelven aparecer en las boletas electorales.

Es inconcebible que los candidatos a senadores de la coalición de Morena y del PRI en Guerrero repitan otro sexenio cuando no han dado resultados tangibles en favor de la población pobre de Guerrero, que se siente avasallada por el crimen organizado e ignorada por las autoridades estatales y locales. Son los prototipos de candidatos fantasma que detesta la población, por su ausencia e insolencia y porque se acostumbran a vivir del erario público. Serán 12 años de buena vida, sin contar los cargos que ocuparon en trienios anteriores. El monopolio de las candidaturas por parte de las cúpulas partidistas que negocian las candidaturas, es el cáncer que destruye el delgado tejido de nuestro sistema democrático. Tenemos una partidocracia que violenta las normas que nos rigen, no son transparentes ni veraces y causa múltiples agravios a una población que está enojada por tantas arbitrariedades que cometen.

Las diputaciones federales también fueron producto de negociaciones truculentas entre los dirigentes nacionales y estatales de las coaliciones. No hay respeto a los ciudadanos y ciudadanas al ignorar sus opiniones y exigencias. Todo lo supeditan a sus intereses facciosos. Los dirigentes políticos demandan ante todo lealtad a la jerarquía partidista y reciprocidad pecuniaria al ostentar el cargo. Le apuestan a que las candidatas presidenciales tengan la fuerza para atraer el voto a su favor, aprovechan esa inercia para subirse al carrusel electoral y ver cuántos votos cautivos pueden cachar. Los candidatos y candidatas no cuentan con un perfil idóneo para desempeñar el cargo en el congreso federal, ni tienen el conocimiento de la compleja problemática que enfrentamos, tampoco son cercanos a la población y mucho menos tienen el pulso de la realidad para plantear reformas legislativas acordes a las demandas históricas de los sectores depauperados y excluidos.

Las diputaciones locales quedaron en el limbo para el electorado porque no conocieron a quienes ahora aparecieron en las boletas electorales. Su registro fue un asunto privado entre los dirigentes de las coaliciones. Se repartieron los distritos, y como si se tratara de una subasta, vieron quién daba más para que se quedara con la candidatura. La mayoría de ellos sólo se redujo a gastar su dinero imprimiendo lonas para colgarlas en lugares que corresponden a su distrito. Nadaron de a muertito y sólo aparecieron cuando había alguna marcha convocada por los candidatos a diputados federales o a presidentes municipales. No tuvieron el valor de convocar por sí solos a la gente para plantear sus propuestas y escuchar de viva voz al electorado que nunca es tomado en cuenta en el Congreso local.

Las candidaturas para presidentes municipales resultaron ser las más peleadas por los millones de pesos que se destinan a través de los diferentes ramos de la federación. Fue una lucha enconada que causó disputas al interior de las mismas coaliciones y partidos. Las decisiones que se tomaron por los dirigentes fueron verticales y sin escuchar la opinión de los consejeros y consejeras, mucho menos de la militancia partidista.

Se dieron hechos de violencia que causaron la muerte de candidatos a presidentes municipales y de aspirantes a cargos de elección popular. Estas acciones criminales demuestran que los grupos fácticos ejercen también su poder y desafían a las mismas fuerzas del estado. El asesinato del candidato a la Presidencia Municipal de Coyuca de Benítez de la alianza Fuerza y Corazón por México, José Alfredo Cabrera Barrientos, fue un claro ejemplo de las graves fallas que existen en los cuerpos de seguridad del estado y de la Guardia Nacional, que no tomaron en cuenta el grave contexto de violencia que padece la población.

Lo más grave es que han sucedido varios hechos de violencia y han quedado sin investigarse ni dar con los responsables. Esta impunidad que impera es un funesto mensaje para la población, de que hay permiso para matar, porque no se desmonta la estructura delincuencial ni se detiene a quienes son los autores de estos crímenes.

Esta violencia imparable demanda un trabajo interinstitucional, muy meticuloso y profesional para prevenir acciones criminales, como la que recientemente sucedió con el candidato Alfredo , a quien en pleno mitin una persona le disparó por la espalda.

A pesar de las malas actuaciones de los dirigentes políticos y los candidatos, y en medio de este clima de violencia, la gente salió a votar, ejerció este derecho sin arredrarse, demostró su fuerza y su poder para emitir su veredicto con total libertad. Hubo mayor vigilancia ciudadana en las urnas, la población tomó en sus manos esta responsabilidad para evitar que en la jornada electoral sucedieran hechos que inhibieran el voto y provocaran temor. El lenguaje de paz quedó plasmado en las urnas. Fueron los ciudadanos y ciudadanas los que dieron una lección de su valor cívico, de su libre decisión, de su férrea voluntad para hacer valer su derecho a elegir a quien mejor lo represente. Es un referéndum que premia o castiga la actuación de los gobernantes y coloca a los candidatos que aspiran a gobernar en el lugar que les corresponde. Es un veredicto inapelable porque la voluntad popular es imperativa e inobjetable.

El final de la jornada electoral los dirigentes de las dos coaliciones salieron a declarar públicamente el triunfo de sus candidatas a la Presidencia de la República y de las ocho gubernaturas. Actuaron fuera de la legalidad con tal de ganar la opinión pública y aparecer en todas las plataformas como triunfadores. Ignoraron las normas electorales que ordena que será el PREP el que se encargue de difundir los resultados preliminares de las elecciones federales, a través de la captura y publicación de los datos plasmados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Con sus encuestas de salida se adelantaron y dejaron en segundo término a la autoridad electoral. Nuevamente los dirigentes de los partidos asumen posturas que enturbian el proceso y genera incertidumbre en el electorado. Las dos coaliciones hablan de que ganaron la Presidencia de la República y las gubernaturas, lo que demuestra que no hay veracidad en su dicho y tampoco actúan con responsabilidad y apego a la legalidad.

Estas actuaciones de las dirigencias partidistas enturbian una jornada electoral ejemplar protagonizada por los ciudadanos y ciudadanas que actuaron con pulcritud y gran responsabilidad. Las cúpulas partidistas no están comportándose a la altura del electorado, tampoco están atendiendo el mensaje de la población, que quiere paz, seguridad, orden, respeto a la pluralidad política, compromiso con la legalidad, rendición de cuentas,  transparencia en sus actuaciones y asumir la máxima zapatista de mandar obedeciendo al pueblo que tiene el poder y que lo delega  a quienes resulten ganadores en la elección.

Lo que la gente quiere es que haya más atención y compromiso con la población más olvidada, que no se profundice más la desigualdad, que se contenga con determinación la avalancha delincuencial, que se desmonten sus estructuras y que se acabe la impunidad para castigar a quienes son responsables de los crímenes atroces. Se requiere sanar las heridas y reparar los daños causados a las víctimas de la violencia. Los ciudadanos y ciudadanos demandamos a las dirigencias de los partidos políticos que respeten el veredicto y que atiendan el reclamo justo de la gente que lucha por la verdad y demanda justicia. Que se dejen de ahondar la polarización y la confrontación política estéril.

Los electores dimos una demostración ejemplar de participación política, de mucha paciencia, respeto y cordura en esta jornada electoral. Se demostró que un proceso electoral se puede llevar en paz, respetando la diversidad de opiniones y la pluralidad política. Su gran tarea es saber gobernar tomando como ejemplo la cultura cívica de quienes los eligieron. Que sepan que sin los votos ni el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas no son más que simples mortales como todos.