Nuestra indignación y exigencia de justicia por el cobarde asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos de los pueblos tzotziles y tzeltales de Chiapas. Este domingo, después de celebrar una misa en el barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas, dos hombres armados a bordo de una motocicleta, le dispararon a quemarropa.

En este mes de octubre conmemoramos los cruentos asesinatos de Rocío Mesino Mesino, Bruno Plácido Valerio, Arnulfo Cerón Soriano y Ranferi Hernández Acevedo junto con tres miembros de su familia. Destacaron por su lucha y compromiso en la defensa de los derechos del pueblo pobre de Guerrero. Fueron denostados por los gobiernos y perseguidos; dos de ellos fueron encarcelados, uno tuvo que exiliarse en Francia y lo trágico es que a todos los asesinaron.
Trabajaron en comunidades rurales impulsando la organización de los pueblos y gestionando obras en beneficio de las familias más vulnerables. Rocío y Ranferi abanderaron la lucha de las viudas de los 17 campesinos asesinados en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez y crearon la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Bruno Plácido impulsó la conformación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ayutla de los Libres y en Tlapa Arnulfo fue cofundador del Frente Popular de la Montaña (FPM).
Nunca se arredraron ante las amenazas constantes y peligros inminentes. Tuvieron el valor y la casta para denunciar el terrorismo de Estado implantado por militares y caciques que tuvieron entre sus filas a pistoleros uniformados de policías. Desenmascararon las tropelías del poder, los pactos de impunidad que siguen intactos entre los perpetradores de crímenes atroces con los grupos del crimen organizado.
Fueron blanco de campañas de desprestigio, de denostaciones públicas por parte de los gobernadores en turno y los presidentes municipales. Los tildaron de lucradores sociales y de estar vinculados con la guerrilla. Estuvieron fichados por el CISEN y catalogados como personajes subversivos, como peligrosos para el sistema político dominante. Encontraron en la gente el respaldo necesario para sobrevivir y las razones de su lucha. A pesar de las críticas y cuestionamientos en su actuar, nunca traicionaron los ideales de justicia y permanecieron siempre en las trincheras de la lucha social. Sacrificaron comodidades y superaron tentaciones de solo buscar beneficios personales anteponiendo los intereses de la colectividad. Mermaron su salud y no tuvieron ingresos seguros para solventar los gastos personales y familiares.
Ningún gobierno ha reconocido su trayectoria como defensores de derechos humanos como lo estipula a declaración de defensores de la ONU, mucho menos se han interesado en impulsar las investigaciones para dar con los responsables de estos crímenes atroces. Más bien persiste un continuum de impunidad perversamente armado, para que más allá de cualquier gobierno se garantice protección a los violadores de derechos humanos. El entramado delincuencial se mantiene intacto desde hace décadas, porque las élites militares y políticas gozan de inmunidad y los mismos criminales, que hacen el trabajo sucio de los gobernantes, también son cobijados por el manto de la impunidad.
Rocío Mesino Mesino, nació el 21 de enero de 1974, justo en el año del asesinato de Lucio Cabañas el 2 de diciembre del 74, en la comunidad del Escorpión, municipio de Atoyac de Álvarez. Hija de Hilario Mesino Acosta y de la señora Alicia Mesino Castro. Rocío junto con Hilario, Ranferi y varios compañeros de la Sierra de Atoyac fundaron la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Dedicó su vida para exigir al gobierno la libertad de los presos políticos, denunció los actos de corrupción, defendió la tierra y el territorio y en todo momento exigió justicia y verdad para sus compañeros ejecutados.
En julio de 1996 Hilario fue detenido arbitrariamente como consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos de los pueblos y comunidades campesinas. Fue incomunicado, torturado y amenazado por supuestamente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario. En el 2005 Miguel Ángel Mesino, hermano de Rocío, había recuperado su libertad tras pasar 10 meses en prisión. Fue ejecutado extrajudicialmente en presencia de testigos, sin embargo, el caso continúa en la impunidad. En ese mismo año Rocío fue elegida regidora del municipio de Atoyac de Álvarez. Fue víctima de amenazas y atentados. En el 2007 un grupo armado realizó varios disparos en su domicilio. Nada la hizo desistir en su exigencia de justicia contra los caciques y militares que la tenían en la mira. En marzo 2013 la acusaron de secuestro. Fue detenida y a los pocos días obtuvo su libertad. En esos días, su hermana Norma Mesino recibió un mensaje de texto en el que le advertían que matarían a Rocío.
El 19 de octubre del 2013, cuando acudió con las compañeras que estaban atendiendo el comedor popular de Mexcaltepec y justo cuando supervisaba la construcción del puente que había sufrido daños por las tormentas Ingrid y Manuel, dos hombres se aproximaron a Rocío para hacerle algunas preguntas, al darse la vuelta, uno de ellos sacó un arma corta y apuntó hacia Rocío. Las balas impactaron en la nuca de la defensora de 39 años.
Ranferi Hernández Acevedo encontró en la lucha social su proyecto de vida. Sus pensamientos y sus acciones giraban en torno a cómo enfrentar las injusticias y los abusos que padecen los pueblos indígenas y los campesinos de Guerrero. Tomó conciencia de la desigualdad social trabajando como repartidor de refrescos en la capital del país. Siempre contaba la indignación que sentía al ver la ostentación con que vivían los dueños de las grandes empresas en Lomas de Chapultepec. En 1984 fue intendente en la primaria de Cruz Quemada, municipio de Tecoanapa.
Participó en el movimiento social en 1987 cuando se conformó el Frente Democrático Nacional. Fue parte de los fundadores del PRD en Guerrero. Su liderazgo se arraigó en el movimiento social. Impulsó la creación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y otras organizaciones más. Padeció el fraude electoral de 1988 y estuvo dispuesto a levantarse en armas. Fue fundador del PRD y buscó ser alcalde de Ahuacoutzingo en 1989. En 1993 apoyó la candidatura de Félix Salgado. El PRI se robó los comicios y empezaron las protestas.
Ranferi era copresidente estatal del PRD y diputado local el 28 de junio de 1995, cuando ocurrió la matanza de 17 campesinos en la sierra de Coyuca de Benítez. Responsabilizó al gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Por esta razón fue perseguido: el Congreso local lo desaforó y sufrió varios atentados. Tuvo que salir exiliado en 1997. En 2001 pudo regresar a México para continuar la lucha en defensa de las comunidades. En 2017, Ranferi participó en la conformación de la Coordinadora Pro AMLO en Guerrero. La Coordinadora lo había propuesto para contender por la diputación federal del distrito sexto. Su arraigo en las comunidades de la región de Chilapa y su experiencia política serían muy importantes para la campaña que se avecinaba. Estos planes fueron truncados por su asesinato.
Arnulfo Cerón Soriano nació en 1972 en la comunidad nahua de Coyahualco, municipio de Huamuxtitlán. Desde niño acompañaba a su papá a Tlapa para comercializar el poco producto que cosechaba del campo. Un día su papá y su hermano fueron a comprar un “marrano” en la comunidad de Cualac, pero al regreso unos hombres armados los asesinaron en la Barranca de Coyahualco. La muerte de su papá marcó la vida de Arnulfo por la pobreza que padecieron. Trabajó muy duro al lado de su mamá para salir adelante.
En 2013 Arnulfo participa en el movimiento que emerge contra la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. En Guerrero la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) aglutinó a varias organizaciones y creó un referente que se denominó Movimiento Popular Guerrerense (MPG). En la Montaña Arnulfo Cerón y Antonio Vivar fueron los dirigentes.
En 2014 se vuelve a cimbrar Guerrero con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En esta eclosión en el estado que sacuden las estructuras del poder Arnulfo renuncia radicalmente a los partidos políticos. Se suma a las movilizaciones sociales de gran trascendencia en la Montaña. En septiembre de 2019 Arnulfo recibió amenazas de muerte de manera directa del grupo de la delincuencia que operaba en Tlapa. Después vendrían otras amenazas hasta que el día 11 de octubre del 2019 fue desaparecido, no se supo más de él hasta el 20 de noviembre cuando fue encontrado en una fosa clandestina en el lugar conocido como Los Tres Postes.
Por la violencia que había en Buenavista, Bruno Plácido Valerio nació en Azoyú. Fue hijo de Manuel Plácido y doña Porfiria Valerio. A los 5 años se fue a trabajar con Luis Justo, el rico del pueblo. Se desempeñó como vaquero y tuvo la oportunidad de estudiar la primaria y la secundaria. Siempre demostró tener habilidades para el trabajo en el campo y el cuidado de los animales. Hasta que se casó con Patricia, Bruno fue el caporal de su padrino Luis. Al regresar a Buenavista se incorporó a la lucha de los pueblos indígenas por la seguridad. Adquirió una gran visibilidad por su arrojo y formó parte de la primera generación de comandantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria (CRAC-PC). Fue también fundador de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG).
Bruno Plácido fue un personaje polémico, un líder carismático. Su pragmatismo lo llevó a que muchas de sus actuaciones fueran cuestionadas. Su lucha fue auténtica, dio la batalla para desmantelar los grupos de la delincuencia, sin embargo, ante la falta de controles al interior de la UPOEG varios comandantes hicieron causa común con el crimen organizado. Sus múltiples enfermedades diezmaron su liderazgo. Aún en estas condiciones servía a las comunidades. El 17 de octubre de 2023 acompañó a su comisario a la Secretaría de Salud y en ese lugar le quitaron la vida.
Es muy grave que los gobernantes de Morena se hagan cómplices de estos crímenes que cometieron autoridades coludidas con el crimen organizado.

El 4 de octubre asesinaron a Maximino García Catarina, en Juquila, su terruño, municipio de Ayutla de los Libres. En medio de la pobreza y la inseguridad defendió a su comunidad. Fue encarcelado injustamente y un integrante destacado de la organización para el futuro del pueblo mixteco.

Las comunidades de la Montaña de Guerrero quedaron devastadas por el huracán John. Desde el 23 de septiembre la lluvia no cesó día y noche. Tres días más tarde varias familias tuvieron que salir corriendo porque las casas de adobe se desplomaron y otras quedaron con grandes cuarteaduras, a punto de desplomarse. En los cerros empinados, donde la gente siembra maíz, frijol y calabaza se desgajaron sus tlacololes al reblandecerse la tierra. Las grietas siguen marcadas en las paredes de sus casas. Los grandes hundimientos, los árboles desprendidos desde sus raíces y los derrumbes de piedras y lodo obstruyen las pocas carreteras que hay en la región. En los caminos de terracería sobresalen los cerros de tierra chiclosa. En medio de esta tragedia resplandece la aparente quietud y el abandono secular de la Montaña. A lo lejos luce imponente con sus cerros altivos, pero al interior de las precarias viviendas habita la desolación. Las familias sobreviven en los pisos de lodo y techos de cartón, con fogones en el suelo y leña húmeda. Sin luz, sin agua y sin alimentos. Niños desnutridos y semidesnudos, madres embarazadas sin atención médica, padres de familia sin algún ingreso.
La desesperación de las familias se acrecienta ante la ausencia de las autoridades. En San Juan Escalerilla, donde hay una decena de familias damnificadas, hay un letrero que sintetiza la desatención gubernamental: “refugio temporal. ¡Auxilio!”. En una manta mojada expresan su súplica: “gobernadora ayúdenos por favor”, “Damnificados piden ayuda a la gobernadora Evelyn lo más pronto posible” y “pedimos ayuda gobernadora Evelyn y al gobierno federal. Claudia ya perdimos nuestro hogar”.
El desolado camino inicia pasando Tlatlauquitepec con un boquete en el asfalto. A 500 metros hay derrumbes que bloquean la carretera. Sólo una pequeña brecha da paso para que los carros continúen su marcha. Se llega a la comunidad de Chalma en medio de árboles caídos y hundimientos. Las tablas húmedas donde ponen montones de durazno, manzanas, hongos están abandonadas. Nadie les compra. Pasando la comunidad Los Pinos, municipio de Zapotitlán Tablas los hundimientos son más pronunciados y los derrumbes no dejan espacio ni para pasar caminando.
La tierra sigue húmeda como si recién hubiera pasado la lluvia. El viento frío no cesa, mientras el rocío aún sigue colgado del zacate. Los rayos del sol se asoman en medio de la densa neblina. Las nubes cargadas de agua son ahora una amenaza para los habitantes que sobreviven en el fango. Todo es silencio. Las pequeñas lagunas están al tope al grado que ahogan las milpas que están alrededor. La gente no se deja vencer por las inclemencias del tiempo. En Ocopexco, la gente se organiza para quitar el lodo y trozar las ramas de los árboles para abrir paso en su camino.
Desde la media mañana la lluvia no para. Sin importar el mal tiempo los habitantes se organizan en cuadrillas para quitar con pico y pala el lodo de los caminos. En el tramo a Escalerilla un grupo de personas quitaba las ramas de los árboles de encino que estaban sobre la carretera. Entre tanto las mujeres acarreaban la tierra con cubetas y carretillas para abrir paso. Francisco Tenorio, integrante del programa Sembrando Vida, señaló que se están organizando por iniciativa propia para “hacer labor comunitaria con los derrumbes. Porque si no quitamos esa tierra se va a ir y ya no habrá paso. Queremos abrir la cuneta y que el agua se vaya para allá. Varios niños de la comunidad van a la escuela secundaria de Ayotoxtla y por esta parte caminan. Dios no lo quiera que pase un carro con un chofer medio alcoholizado y les puede pasar algo a los alumnos. Con esa intención lo hacemos”.
Una señora con mucha tristeza comenta: “Yo fui afectada porque se cayó mi milpa y mi casa. No tengo cocina ni para preparar mi comida. Quiero que las autoridades levanten el censo, quién y cómo se llama la persona afectada para que programen los recursos. Tenemos casas cuarteadas y las milpas quedan pocas, la tierra se fue para abajo y se llevó la milpa. Todo se echó a perder”.
Eufemio Dircio y su esposa de 60 años de Escalerilla Centro se quedó sin casa porque se cuarteó por las lluvias. Una esquina de su casa quedó totalmente abierta y con la inundación en el piso de tierra terminó en un lodazal. El fogón quedó cubierto de tierra y un lado de su casa se convirtió en un pequeño ojo de agua. Tuvieron que salirse y rentar un espacio de 500 pesos al mes. Su hija, quien vive en Cuadrilla Capulín, a media hora caminando de Escalerilla, pidió auxilio a las autoridades municipales, porque están incomunicados por el creciente río y la carretera trozada, “ pero no hay nada de ayuda”.
Las casas quedaron inundadas, derrumbadas y cuarteadas. El centro de salud cuenta con una enfermera, pero no atiende porque no hay medicamentos. Están a la deriva entre la niebla y la constante lluvia. Doña Martina Dircio Ortega se queja de que ninguna autoridad llegue a sus comunidades: “por lo menos que las autoridades nos dieran apoyo, que nos dieran una vivienda, que nos dieran algo de despensas para que la vayamos pasando. Eso es lo que necesitamos aquí ahorita. Nosotras no tenemos ni cómo trabajar, ni cómo salir. Que nos hicieran caso, que vean también que nosotros aquí sufrimos no nada más los de Chilpancingo y Acapulco están sufriendo. Aquí se sufre más que en la ciudad porque allá por lo menos tienen tiendas grandes, y aquí no hay nada, aquí hay que caminar para buscar alimento. Es muy triste en la Montaña. Ojalá que nos escuche la gobernadora y ahora Claudia Sheinbaum, que necesitamos apoyo urgente en la Montaña”.
Una pared de las casas de Francisca Martínez y Eustoquia Aguilar se desplomó. Quedaron inundadas. Tuvieron que hacer zanjas al interior para que saliera el agua. Un lado de la cocina quedó arqueada la pared con el peligro de que con las lluvias todo se caiga. Esta misma historia se repite en la colonia Linda Vista, ubicada en la falda de un cerro. Luisa Tenorio llegó corriendo con su niña de 2 años en el brazo para que al menos se le tomara fotos a su casa dañada. Está desesperada porque su único espacio de 4 metros, se le vino parte del cerro.
Alfredo Bello, delegado de Linda Vista, municipio de Zapotitlán Tablas, reportó que hay muchos damnificados, sin embargo, quienes han acudido con él son “Cirilo Canuto, Cira Tapia, Raymundo Domínguez y Zeferino Jorge quienes perdieron su casa. Aproximadamente 40 personas perdieron su milpa y en todas las casas hay goteras”. A Maribel Huerta se le hundió su casa porque la tierra se agrietó más de 200 metros, pasando a perjudicar la casa de don Carmelo. Rufina rompió en llanto cuando empezó a contar que el 26 de septiembre escuchó el estruendo de la tierra: “salí corriendo, pidiendo a diosito que me salvara. La lluvia estaba fuerte, ni siquiera me quise asomar, porque el cerro estaba abriéndose más. Desde ese día no me da hambre porque es la única tierrita que tengo para vivir. Dónde me voy a ir ahora”. Las lágrimas también se rodaron en el rostro de Carmelo y de las demás señoras. No encuentran consuelo a sus dolorosas penas.
El comisario municipal de Escalerilla Laguna, Felipe Domínguez Bartolo, denunció las afectaciones de la infraestructura de cien casas, 5 aulas escolares, la cancha techada de la comunidad y la plaza de toros. También como 20 kilómetros de deslaves, hundimientos y destrucción total o parcial en carreteras y caminos, 10 kilómetros de tuberías de agua potable y 500 productores agrícolas que perdieron total o parcialmente sus cultivos.
Muchas familias llevan 10 días viviendo en la comisaría municipal. Ahí duermen y preparan sus alimentos. Esperan que alguna autoridad intervenga, pero nadie les hace caso. En un letrero se lee: “señora gobernadora apóyenos por favor”. “Estamos pidiendo el apoyo de la señora gobernadora y la presidenta de México. Necesitamos víveres, ropa, zapatos. Hay muchas afectaciones en todo; escuelas, plaza de toros, cancha techada, hay muchos derrumbes donde siembran las familias. Están publicando mucho de Acapulco, pero aquí también es Guerrero, no nada más Acapulco y la Costa, sino que en la Montaña Alta somos humanos también”.
“Yo soy uno de los vecinos de Escalerilla Lagunas y aquí están muy afectadas las milpas, las casas y carreteras derrumbadas. Yo pido a la gobernadora a ver si nos puede apoyar lo más pronto posible, también le pido a la presidenta de México que nos apoye. Ahorita está muy feo, nos reunimos aquí porque nuestra casa ya se está cayendo. Por eso urge que nos mande apoyo la gobernadora, por favor es la petición de la comunidad. Nuestros hijos están aquí sufriendo sin nada para comer”.
La desesperación de las familias afectadas por el huracán John están al tope, como las pequeñas lagunas que les rodean. Sus voces no tienen eco en las autoridades estatales y federales. Siempre han experimentado que la visión clasista y racista de la clase gobernante ignoran o acallan su grito desesperado. La desatención es generalizada. En todos los municipios de la Montaña Alta se multiplican los casos que aquí registramos en un pequeño recorrido de Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac hacia algunas comunidades de Zapotitlán Tablas. La resistencia de las familias es heroica, siempre han tenido que abrirse paso con sus propias fuerzas, pero todo tiene un límite. La devastación requiere la urgente intervención de los tres niveles de gobierno. Los presidentes municipales deben de involucrarse, lo mínimo que tienen que hacer es registrar los múltiples daños de las familias y conformar su comité de protección civil para solicitar formalmente a la gobernadora que incorpore los municipios de la Montaña en la declaratoria de desastres. De lo contrario seguiremos hundiéndonos en el fango del olvido.

La naturaleza ha cobrado cara la factura al pueblo pobre de Guerrero a causa de los negocios truculentos que han impulsado gobernantes deshonestos. El despojo de la propiedad colectiva en nuestro estado ha sido sistemático, recurriendo siempre a la violencia. Los caciques que han gobernado Guerrero son los responsables de estas tragedias que siguen impunes porque no se investigan ni se castiga a los perpetradores, tampoco se pone un alto a los depredadores del medio ambiente. La codicia de los gobernantes no tiene llenadera. No sólo son insaciables también son represores y sanguinarios.
El testimonio del luchador social Wulfrano Salgado es elocuente y trágico: La historia de Acapulco está escrita con la sangre de la gente que preservó por siglos esta belleza natural. El Acapulco tradicional que va de la base naval de Icacos al centro, que se transformó en la Costera, fue abierta a punta de bayoneta por policías judiciales y pistoleros de los caciques. Los primeros hoteles de 5 estrellas se erigieron a costa del despojo y el desplazamiento forzado de las familias acapulqueñas que tenían sus precarias viviendas cerca de las playas. En la década de los 50s Miguel Alemán impulsó la supuesta modernización de Acapulco y puso en charola de plata a los inversionistas extranjeros la bahía de Acapulco. Despoblaron los sitios adyacentes a las playas y las familias fueron reubicadas en las partes altas del puerto.
Miguel de la Madrid firmó el 28 de agosto de 1987 el decreto expropiatorio de la zona Diamante. El gobernador Francisco Ruiz Massieu utilizó la fuerza pública para imponer este decreto desalojando a los ejidatarios de La Zanja, cuya superficie abarca todo el tramo de la autopista el Metlapil hasta el centro comercial la Isla. A este gran proyecto le dio mayor auge Carlos Salinas de Gortari quien tuvo que negociar con Diego Fernández de Cevallos para afianzarse en la Presidencia. Le otorgó terrenos de los ejidatarios ubicados en la zona Diamante para hacerlo copartícipe del gran negocio inmobiliario. La apertura del boulevard de las Naciones y la autopista Metlapil fueron las grandes vías para el alto turismo, que se erigió en el nuevo enclave de los grandes ricos.
Recuerda muy bien Wulfrano que donde empieza el boulevard de las Naciones estaban tres pozos artesianos. En la década de los 70, en los años del terrorismo de Estado, Arturo Acosta Chaparro los utilizó para desaparecer cuerpos de guerrilleros y de luchadores sociales. En estos enclaves no sólo hay historias de despojo y rapiña contra los dueños de las tierras, también hay historias de terror, de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de hombres y mujeres que lucharon contra un régimen opresor. Lo que fue el fraccionamiento Copacabana pasó a manos de inversionistas extranjeros por órdenes del gobernador Ruiz Massieu. En una reunión que hizo en el Palacio Municipal de Acapulco les dijo a los ejidatarios “tomen en cuenta lo que les digo yo soy un gobernador benévolo y les voy a dar 2 millones por sus tierras (que en realidad eran 2 mil pesos). Tomen el dinero porque si no lo hacen van a perder todo, porque yo soy el gobernador y además soy un buen abogado”. Los ejidatarios resistieron, pero la represión escaló gravemente. El comisariado del ejido la Zanja, Ramón Nogueda, fue asesinado. Su cuerpo fue desmembrado. A pesar de sembrar el terror los ejidatarios permanecieron en la lucha. Formaron parte de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y conformaron el Consejo de Colonias Populares. Se prepararon para todo, recibían entrenamiento para la autodefensa con la firme intención de mantener bajo su poder las tierras de sus abuelos. Sin embargo, el desgaste y la división interna debilitaron su lucha y fue imposible contener la entrada de los capitales extranjeros. Con el respaldo del gobierno federal llegaron a destruir el hábitat natural, los humedales que forman parte de los ecosistemas que amortiguan la furia de los huracanes. Los que depredaron este paisaje gozan de privilegios y de protección. Su ambición de riqueza los hizo sentir amos de la naturaleza. Su visión de la ganancia crasa, los cegó e hizo creer a los ilusos compradores que les vendían casas en un paraíso. Fueron ilusiones vanas y perversas. Antes de Punta Diamante, los huracanes y los ciclones no afectaban asentamientos humanos ni causaban desgracias al patrimonio. El secreto y la sabiduría de la población es que respetaba como entidades sagradas los ecosistemas que la misma naturaleza tiene para mantener su equilibrio.
Los gobernantes y empresarios se aliaron para destruir el hábitat, para despojar de sus territorios a los ejidatarios y hacer negocios privados con dinero público.
Hoy padecemos las consecuencias de un modelo de desarrollo depredador que se impulsó a mediados del siglo pasado. Este es el telón de fondo de los grandes males que padecemos, a causa de los huracanes y tormentas que se han ensañado contra los más pobres de Guerrero. Las consecuencias son devastadoras para las familias más desprotegidas de nuestro estado.
En la Montaña se ha reeditado con mayor crudeza la tragedia que trajeron las tormentas Ingrid y Manuel en el 2013.
El pasado 24 de septiembre, a las 12 de la madrugada, falleció Rufina López Romero en la Colonia Laguna de Chalma de la comunidad de Paraje Montero, a causa de un derrumbe en su domicilio. El cuerpo fue velado en la comisaría municipal. En redes sociales denunciaron: “#Urge ayuda #Malinaltepec. La región Montaña alta de Guerrero necesita ayuda de las autoridades municipales, estatales y federales de manera urgente. Un llamado urgente para que apoyen al pueblo de Paraje Montero para rescatar la señora que quedó sepultada en su domicilio por los desastres del huracán.
Radio Naxme reportó daños en la carretera artesanal de San Miguel del Progreso. Señaló que hay “incontables daños en la Montaña”. Los derrumbes de cerros taparon la carretera que comunica con Tlapa. Se hicieron barrancas por donde corrió el agua. En partes la carretera artesanal quedó cubierta con talud de tierra deslavada de las montañas. Los postes de luz se cayeron, quedando entre la maleza y el lodo. Algunas casas quedaron sin pared. Antes de llegar a San Miguel del Progreso, en el camino que conecta con Totomixtlahuaca, el techo de lámina de una casa quedó deshecha. Las milpas quedaron a ras de la tierra por los fuertes vientos. Los árboles de ocote yacían en el asfalto con las ramas quebradas. La gente quedó incomunicada. Los hundimientos en la carretera Tlapa-Marquelia son completos. Las grietas son enormes.
Totomixtlahuaca quedó incomunicado. La carretera artesanal que conecta con la comunidad de Xochistlahuaca quedó trozada, mientras la que conecta con San Miguel del Progreso los derrumbes llegaron hasta la carretera de terracería. Los ríos están crecidos. No hay luz desde hace días. Este domingo lograron abrir donde se había derrumbado para surtirse de comida, pero con el peligro de que se sigan derrumbando los cerros. El camino a Ayutla de los Libres quedó completamente destruido. La organización comunitaria ha servido para abrir algunas brechas con pico y pala. En la comunidad de Metlapilapa hay daños en el cultivo.
Radio Naxme publicó que una vivienda habitada con pérdida total en las Palmas anexo de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa. “Urge la asistencia y ayuda de protección civil en la región de la Montaña alta para auxiliar a las personas que quedaron sin vivienda y sin víveres”.
Misael Santos Mejía informó que entre el tramo del crucero de Iliatenco y crucero de Colombia de Guadalupe se derrumbó el cerro. Este viernes 27 de septiembre cómo a las 10:30 de la mañana, desapareció una persona en Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec. “La gente llegó para brindar apoyo, pero desgraciadamente ya no se pudo hacer nada”. Este 29 de septiembre pudieron encontrar el cuerpo de la persona que estaba en calidad de desaparecido, arrastrado por la corriente cuando conducía su carro.
En el municipio de Ayutla de los Libres, hay un reporte de pérdida total de siembras de milpa, también caídas de techos, caminos con derrumbes y deslaves. “Las comunidades de la Costa Montaña están incomunicadas, destrozadas los caminos, imposible de moverse, comentó la Prensa Informa. En el Camalote las milpas quedaron completamente tiradas en la tierra.
Por su parte, la carretera de San Juan, municipio de Zapotitlán Tablas, que conduce a la comunidad Me’phaa de Tlacoapa quedó incomunicada al deslavarse un cerro. La población quedó sin servicio de luz eléctrica.
No hay paso para Acatepec y todo el municipio quedó sin servicio de luz eléctrica. Antonino Cayetano Díaz comentó “Seguimos sin comunicación en el municipio de Acatepec, región de la Montaña. Esperemos que llegue pronto la maquinaria para reabrir los caminos, y solicitamos a la gobernadora dar prioridad a nuestra región. En un comentario la gobernadora Evelyn Salgado le respondió: “vamos a recorrer todas las áreas afectadas con nuestras brigadas en todas las regiones”. Lamentablemente sólo andan 3 máquinas rentadas en toda la Montaña para abrir los caminos. Seguimos padeciendo la desatención y el trato discriminatorio para la población indígena.
Hubert Matiúwaà escribió “solicitamos su ayuda. El día de hoy mi tía Virginia perdió su casa a consecuencia de la devastación provocada por el huracán John en su paso por la región. Ella ahora se encuentra viviendo a la intemperie como muchos de nuestros paisanos. Nuestra región se encuentra en emergencia. Zilacayota, nuestra comunidad, está incomunicada como muchas otras del municipio de Acatepec. Las carreteras están destrozadas. Solicitamos apoyo para reabrir las carreteras a la altura de las comunidades de Zilacayota, el Capulin, Laguna Seca a Lucerito. No hay luz eléctrica, ni servicio telefónico, hay muchas viviendas caídas, familias sin comida, sin donde hospedarse, estamos totalmente incomunicados. Se avecina una gran escasez de alimentos”.
La población reclama atención inmediata. Urge la reparación de sus caminos, padece el desabasto de alimentos, demanda el apoyo económico para las personas que han muerto. Exige la presencia de las autoridades para asegurar que van a reparar sus viviendas. La destrucción de sus cultivos es generalizada y se avecina una gran escasez de alimentos. La migración jornalera se incrementará ante el desastre inclemente. Teme que el gobierno federal y la gobernadora del estado dejen como otros gobiernos en el olvido a la Montaña. No ven señales que este apoyo será diferente.

 

Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos dejaron su familia y su casa pensando que pronto regresarían con sus hijos. En las primeras semanas que permanecieron en la Normal tuvieron la corazonada de que la ausencia de sus hijos sería temporal. Sentían que en cualquier momento les informarían de los lugares donde se encontraban. Temían que los grupos de la delincuencia los tuvieran trabajando en lugares inhóspitos, había rumores de que estaban escondidos en algunas cuevas. Las búsquedas fueron constantes y no dejaron de ir a los lugares por más lejanos y peligrosos que fueran.
El gran movimiento de solidaridad los reanimó y reafirmó sus convicciones de que los equipos de trabajo que se abocaron a la investigación y búsqueda de sus hijos lograrían saber qué pasó con ellos. Los gobiernos fueron los que fallaron a las madres y padres. Con Enrique Peña Nieto fabricaron la verdad histórica, resquebrajaron la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador se descarrilaron las líneas de investigación que habían avanzado con el apoyo del GIEI y del fiscal especial Omar Gómez Trejo. Asumió el control de la investigación y elaboró un informe donde descalificó a los representantes legales y se erigió en defensor de los militares.
Para las madres y padres los últimos encuentros con el presidente resultaron infructuosos porque no había avances sustantivos en las investigaciones ni en las búsquedas en terreno, además su postura en defensa del Ejército se mantuvo inamovible. Acordaron reunirse, siempre y cuando hubiera alguna información relevante sobre el paradero de sus hijos. El tiempo se agota y no hay una señal que indique que habrá hallazgos importantes.
Las madres y padres sintieron que en los primeros cuatro años se lograron algunos avances en las investigaciones, sin embargo, cuando se toparon con el Ejército todo esfuerzo quedó trunco. El presidente tomó el timón y le dio un cauce propio a la investigación sin una dirección clara.
Ahora priva el desencanto, la incertidumbre y la desesperación entre las madres y padres, porque cumplirán 10 años cargando con una pena inconmensurable. El fuego que poco a poco va apagando sus vidas se debe a las razones de Estado, que sacrifican la verdad para encubrir a quienes participaron en la desaparición de sus hijos. Los testimonios de algunas madres nos sumergen al mundo de lo inefable. De cómo invade sus vidas el sufrimiento ininterrumpido por la desaparición de sus hijos.
Este lunes cumple mi hijo 29 años. Hace 10 años todavía tuve la oportunidad de escuchar su voz por teléfono. Me dijo que no podía ir a la casa porque tenía muchas actividades en la Normal. Me dio sentimiento, pero pronto me consolé. Entendí que lo principal es que estudie y se prepare, aunque no esté en la casa. Nunca pensé que no lo volvería a ver. Como madre me han quitado el derecho de que esté a mi lado. Sólo lágrimas y dolor hay en mi corazón. No es justo. ¿Por qué tengo que pagar esto?
La gente dice que son 10 años, pero es muy triste estar en esta situación. Me pregunto cómo he sobrevivido, porque al principio me decían en dos o tres meses los van a encontrar, y yo decía, para entonces ya me morí. Ahora estoy llegando a 10 años y aquí estoy. La verdad solamente Dios me ha dado fuerzas para seguir adelante. No se lo deseo a nadie, es un dolor muy feo. Una sufre al ver sus cosas, su ropa, su foto de mi hijo. Yo siento que me desmayo. Mis hijas sufren mucho, sus hermanos y sus abuelas. Es muy doloroso, no hay palabras para describir el dolor tan grande que siente una madre al no saber nada de su hijo.
Le he recalcado muchas veces al presidente que nos diga la verdad y por muy dolorosa que sea la vamos a aceptar, pero que nos dé pruebas científicas. Si usted me dice aquí está su hijo, lo encontramos así, lo voy a aceptar. ¿qué puedo hacer yo? No es que seamos madres necias, ni que nos aferremos a no aceptar una verdad que no queremos oír, pero que nos la den con pruebas científicas.
Andamos enfermas, yo sufro de artritis y no creo aguantar más tiempo así, porque mis pies me duelen bastante si tardo parada. La gente me ve caminando, pero no saben cómo me siento. Tenía dos años que me habían diagnosticado artritis cuando se llevaron a mi hijo. Estuve en tratamiento en Chilpancingo, pero ahorita ni siquiera me cuido, no debo mojarme y aquí ando en la lluvia. De las comidas no puedo pedir lo que no me hace daño, me como lo que me den. Todo esto me ha perjudicado más todavía.
Queremos la verdad nosotras como madres. No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos. Hasta donde den mis posibilidades de salud y que Dios me deje en vida voy a seguir luchando por mi hijo porque quiero saber qué pasó con él. Yo sí tengo bien claro que fueron los militares, los policías estatales, municipales y ministeriales. Cómo vienen a decir que no tienen nada que ver si a mi hijo se lo llevaron patrullas, sus compañeros me dijeron: “yo vi, tía, cuando lo subieron a la patrulla.”En estos 10 años mi familia cambió mucho, ya no es igual como cuando mis hijos tenían a su hermano. Ahora hay tristeza y coraje porque no resuelven este asunto, porque no nos dan respuesta. Antes mis hijos me preguntaban ¿cómo estás mamá, no estás enferma? Pero ahorita se han olvidado, se han cansado de esperar. Se enojan conmigo porque no les puedo decir cuándo vamos a saber de mi hijo.
A veces me enfermo y me quedo en cama pensando en mi hijo. Voy al doctor y me recupero un poquito. Aquí ando porque extraño a mi hijo, no sé qué voy hacer si no aparece. Ando mal de la vesícula, según me van a operar, pero todavía no se ha podido. Mi esposo esta enfermo, ya no puede caminar, antes él andaba gritando en la calle, pero se ha puesto delicado y tengo que seguir yo. La poca respuesta del gobierno nos está matando.
Me da coraje por qué no nos quieren decir a dónde se los llevaron, ¿dónde están? Solamente me la paso llorando, pensando cómo está mi hijo, cuándo va a regresar, en qué día. Hay días en que me paro en la puerta para esperarlo y así se me va el día. La tristeza me mata.
Ahorita ando en la jornada de lucha y sus hermanas están preguntando qué me dicen las autoridades. Así pasa cuando voy a una reunión, me pregunta la familia ¿qué dijo el gobierno? Nada, lo mismo. Y qué más les puedo decir a mis hijas. Nada más me pongo a llorar. ¿Qué cosa hizo mi hijo? Solamente vino a estudiar, no vino a hacer otra cosa. Somos gente humilde, pobres, no tenemos dinero para pagarle una mejor escuela a mi hijo. Quería estudiar para salir adelante.
Antes iba con los Xiñá (sabios) a preguntar si podían decirme que pasó con mi hijo. Algunos me decían que va aparecer, pero dentro de varios años, otros decían que no veían alguna señal de él. Lo que hago es un novenario de misas cuando tengo dinero. Por ejemplo, hace dos meses hice uno especialmente para él, y aparte hago otro novenario para los 43, porque no solamente a él se lo llevaron, también a sus compañeros. No puedo hacer una misa grande, aunque sea de 20 pesos en Tlacoapa o en Tlapa. Ruego a Dios para saber dónde está mi hijo.
Estos 10 años han sido muy duros porque desde que pasó la desaparición de mi hijo nuestra vida dio un giro muy radical. Es algo que no te esperas. Siempre fuimos una familia unida, convivíamos todos los fines de semana, salíamos a comer, a las fiestas, y desde que pasó esto nuestra vida ha sido muy diferente. Ya no son los cumpleaños que eran antes, ni las fiestas donde iba toda la familia porque nos falta él en la mesa. Ha sido un golpe muy duro. Tener que aguantar 10 años sin poder verlo, sin poder abrazarlo, sin poder tenerlo.
Los primeros meses fueron fatales, mi esposo se vino a luchar tres meses porque yo quería morirme, no tenía fuerza ni noción de lo que me pasaba.. Yo prefería morirme si no lo encontraba, pero mi hija me alentó. Al paso de un año me salió una fuerza enorme, un coraje y una impotencia que cuando yo me venía para la Normal a las reuniones trataba de pelear, de sacar el coraje con las autoridades. Los maltrataba porque sabía que tenía la razón, ¿por qué se llevaron a mi hijo si no les hizo nada? Mi dolor lo convertí en rabia, me hice más resistente, no he de llorar, he de mantenerme fuerte, decía. Hay ratos en que tengo que desahogarme para agarrar fuerzas. Mi esposo me dice yo hago todo, tú descansa para que vayas a luchar, ve y saca todo tu coraje. Saqué una fuerza que ni yo misma me reconocía, tenía coraje contra el gobierno porque desaparecieron a nuestros hijos, pero no me voy a dejar. No hay una explicación concreta de todo el sufrimiento, tenemos que pelear. ¿Por cuánto tiempo más? Es lo que le pregunto a los del gobierno y no me responden.

Las drogas sintéticas están encontrando en las nuevas generaciones de la Montaña a sus mejores consumidores. La entrada del fentanilo a comunidades me’ pháá y na’ savi de San Luis Acatlán, Iliatenco y Malinaltepec está causando estragos entre los estudiantes de educación básica y media superior. En el 2022 el consumo de fentanilo provocó la muerte de dos niños me’ pháá de 15 años, de Tierra Colorada. En el 2021 una niña de 5 años comió una gelatina que compró en una pequeña tienda de Santa Cruz el Rincón. El hospital de Ometepec informó a sus familiares que tuvo una intoxicación por consumo de alguna droga.
La distribución de las pequeñas bolsitas de fentanilo, cuyos precios oscilan entre 150 a 300 pesos dependiendo de la calidad, se hace de manera discreta pero efectiva. La red de vendedores que van puebleando son los que introducen estos opioides En la oferta de los productos que venden establecen contacto con los que tienen pequeñas misceláneas para promocionar estas bolsitas. También llevan golosinas que contienen pequeñas dosis de droga para generar adicción entre los niños y niñas. Es un negocio criminal que se ha instalado en las tienditas de las comunidades sin que las autoridades ni personas mayores, lo hayan detectado para tomar medidas acordes a los graves daños que está causando a sus hijos.
Los impactos de la distribución, sobre todo, el consumo de drogas sintéticas entre los niños, niñas y jóvenes no lo han dimensionado las comunidades donde ya circula en las escuelas. Algunas autoridades agrarias que han intercambiado información sobre lo que está pasando en sus comunidades están planteando este problema en las reuniones y asambleas que tienen. Pocos maestros se han interesado en plantear esta situación de los estudiantes porque temen que las madres y padres tomen represalias contra ellos.
El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en la Montaña (CRAADET) ha planteado en algunas reuniones y asambleas este tema. Por lo delicado del asunto se va abordando con cierta precaución, por los vínculos que algunas personas han establecido con los que distribuyen estas sustancias ilícitas. En una asamblea en Pueblo Hidalgo se preguntaban “¿por qué se nos dificulta hablar de los asesinatos, desapariciones y secuestros que han sucedido en San Luis Acatlán o los feminicidios que se han consumado en Cuanacaxtitlán? Se ha guardado silencio sobre los enfrentamientos que se han dado entre grupos del crimen organizado con elementos de la Guardia Nacional en Iliatenco y se ha preferido ignorar la presencia de gente armada en varias comunidades de la Costa Chica y Montaña y en el municipio de Acatepec”.
Comentan que hay miedo de enfrentar a la delincuencia porque no hay una respuesta colectiva, sólo las autoridades comunitarias asumen el riesgo y esto tiene consecuencias fatales, porque los dejan solos y luego son asesinados. El consejo de autoridades agrarias ha tenido que asumir este desafío impulsando la reflexión al interior de los espacios comunitarios, para tomar medidas que contengan esta red de distribución del fentanilo. En Iliatenco, la CRAADET decidió impulsar acciones informativas entre los jóvenes porque han estado al margen de este movimiento en defensa del territorio. Las autoridades agrarias han planteado de diferentes maneras esta disyuntiva ¿Quiénes van a seguir defendiendo nuestras tierras, cuando sabemos que la amenaza a nuestro patrimonio seguirá por generaciones?, no hay otra opción que involucrar a los jóvenes, también a los niños y niñas a través de las escuelas. Las autoridades agrarias han acordado con los directivos de las instituciones educativas, de brindar información a los estudiantes sobre la grandeza de su cultura y su territorio. La importancia de cuidar y defender su hábitat. La respuesta ha encontrado eco y las autoridades han tenido reuniones en Santa Cruz del Rincón y la cabecera municipal de Malinaltepec. También entablaron contacto con las comunidades de Colombia de Guadalupe, Tilapa, Tierra Colorada, Potrerillo y Cruz Tomagua.
En las asambleas se analizan otras experiencias donde las luchas por el territorio, la defensa del río, del agua, del oro y la plata han quedado truncas porque el crimen organizado se ha apoderado de su entorno natural. El caso de Carrizalillo es muy ilustrativo. La lucha que emprendieron los ejidatarios fue ejemplar porque cerraron la mina, y a pesar de ser reprimidos por el gobernador Zeferino Torreblanca, se mantuvieron firmes en sus demandas. Lograron algunos avances, sin embargo, las divisiones internas y sus alianzas con los grupos de la delincuencia los colocó contra el paredón. Ahora ya no son los ejidatarios quienes tienen el control de su enclave minero, son las empresas criminales.
En las asambleas se han analizado de forma autocrítica los procesos organizativos que se han debilitado, a causa de conflictos internos o por intereses ajenos a la comunidad, también por la infiltración del crimen organizado o la instalación de sus negocios ilícitos. El riesgo mayor que corren, son los grupos delincuenciales que hacen alianza con gente local, ya sea para hacer negocios o para representar sus intereses dentro de las asambleas. Han vislumbrado la posibilidad de que alguien de la comunidad pueda pactar con grupos delincuenciales para permitir la entrada de estas drogas, generando graves daños a la comunidad, sobre todos a la niñez y la juventud.
Lo que causa pesar y preocupación entre las comunidades de San Luis Acatlán, Iliatenco y Malinaltepec es que se están registrando intoxicaciones de niños en Iliatenco, en Tierra Colorada y en Santa Cruz del Rincón. En el caso de Santa Cruz del Rincón, varios niños y niñas, sin tener conocimiento, han estado consumiendo drogas. Una niña de preescolar se intoxicó al consumir una golosina, se la llevaron a urgencias el hospital de San Luis Acatlán y también detectaron que fue por consumo de alguna droga. La niña se salvó. Las autoridades de la comunidad iniciaron una investigación para saber qué había pasado y descubrieron que una señora fue quien le vendió la golosina.
En Tierra Colorada había tres niños de preparatoria que consumían fentanilo, dos fueron tratados medicamente en Acapulco, mientras uno murió por sobredosis. Nadie sabía que su muerte tenía que ver por el consumo de fentanilo. Le informaron a sus padres que se había infartado, la causa por los estragos del fentanilo.
Los padres de un joven de 15 años que consumía drogas en la comunidad de Tilapa lo llevaron a un centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos en Tlapa. El encierro de nada le sirvió, se requería una atención especializada para darle un tratamiento adecuado. Al regresarlo lo mantuvieron aislado en un cuarto. El encierro le complicó el cuadro de su enfermedad, profundizó su ansiedad y alimentó la idea del suicidio. A los pocos días el joven se quitó la vida. El caso conmocionó a la población y destapó lo que ya era un secreto a voces, que varios niños y jóvenes enfrentaban grandes problemas de adicción. Durante más de un año las autoridades comunitarias platicaron en los 13 anexos del núcleo agrario de Tilapa para que la gente conociera el grave problema del consumo de drogas entre los jóvenes para darles un seguimiento más apropiado, que no los criminalice ni estigmatice. Es muy complicado el escenario porque las autoridades de los 3 niveles de gobierno están al margen de este grave problema de salud pública.
Las autoridades de Santa Cruz del Rincón tienen registrado que el fentanilo lo distribuyen a través de los puestos de chamoyadas, piñas coladas, jugos congelados y otros preparados. Es decir, que voluntariamente no lo están consumiendo, sino que los están induciendo a que consuman. Ahora comer pastel, gelatina y otros preparados resultan ser un peligro para el cuidado de la salud de los niños y jóvenes.
El fentanilo entró por Marquelia, Azoyú y San Luis Acatlán. Los niños la identifican bien, se han vuelto expertos en el conocimiento de la calidad de este opioide. En las escuelas secundarias los alumnos aseguran que el blanco es mejor, pero es más caro, mientras que el de color amarillo es de menor calidad y es barato. Lo aterrador es que la esperanza de vida de los jóvenes que la consumen no rebasa los tres años. El consumo del opioide es el inicio de la carrera delictiva de varios jóvenes. Los homicidios y feminicidios llevan esta marca aterradora de los delincuentes. Son consumidores de fentanilo.
Tilapa reaccionó ante el incremento del consumo de fentanilo y cristal. Ante la indiferencia de las autoridades federales y estatales, decidieron formar su propia guardia comunitaria denominada Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti) que cuida el núcleo agrario de Tilapa. El 8 de abril de 2024 hicieron pública su presentación. La guardia empezó a realizar retenes porque se preguntaban de dónde venía la droga y se dieron cuenta que era a través de los vendedores de muebles que proceden de Puebla. Esta investigación les ha permitido identificar la red de distribución y puntos de venta. La gran tarea es cómo desarticular estas redes y cómo extirpar de sus comunidades este negocio de la muerte. Cómo obligar a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a que asuman su compromiso de combatir este flagelo. Emplazan a la Guardia Nacional a que se abstenga de criminalizar y perseguir a los policías del Serti y que en verdad se sumen a la causa de los pueblos de la Costa Montaña: de cuidar y proteger a sus hijos del crimen organizado.

Han pasado 23 años desde que autoridades y habitantes de la comunidad nahua San Pedro Petlacala, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, construyeran dos aulas de la Secundaria Técnica 229 Roberto Mejía Guzmán, para que estudiaran sus hijas e hijos.
Marcados por el olvido de las autoridades estatales y educativas, se organizaron para velar por el derecho de la educación de sus hijos. Después de varios años solicitando infraestructura para la escuela, en una asamblea del año 2000 decidieron cooperar mil pesos por persona mayor de edad, para la compra de materiales. El logro fue de la comunidad, sin la intervención de las autoridades que siempre estuvieron ausentes.
De acuerdo con las autoridades comunitarias, la comunidad nahua se fundó en 1650. Desde el dominio colonial ha estado marginada. El poblado se encuentra a una hora de Tlapa. De un total de 741 habitantes, 193 son niños y niñas, de 6 a 17 años; 18 tienen computadoras, 29 internet y línea telefónica, y 159 saben leer y escribir, es decir, el 21.5 por ciento. Menos de la mitad de las personas que viven en ese lugar tiene vivienda con piso de cemento, luz eléctrica, agua entubada, refrigerador y algunos electrodomésticos. Se cuenta con un preescolar, una primaria y una secundaria.
El 13 de febrero de 2024, el comité de padres de familia, integrado por el presidente Antonio Reyes, vicepresidente Aurelio Calleja, secretaria Leticia Méndez, tesorera Lucía Estrada y las vocales Antonia Rodríguez, María Guadalupe, Marcelina Gálvez, Eufemia Gálvez, Conrada Rojas y Enahu Martínez, presentó una demanda de amparo ante el juez de distrito en Chilpancingo. Fue admitido con el número 236/2024 el 16 de febrero, “en forma colectiva, contra actos de la gobernadora constitucional del estado de Guerrero y otras autoridades responsables”, al afectar el derecho de la educación de 51 estudiantes.
El 22 de febrero de este año, un juez negó a los padres de familia la medida cautelar, de contratar con urgencia a los maestros que impartan las materias de educación física, historia, geografía, formación cívica y ética, “para que nuestros hijos no sigan perdiendo clases”, así como que las autoridades a la brevedad realicen un estudio técnico y un proyecto de seis aulas, una cancha de usos múltiples, una cancha de futbol y un centro de cómputo con internet.
Sin embargo, el 27 de febrero otro juez concedió la medida cautelar, porque al negarse estaría afectando el derecho a la educación de los niños indígenas, pero las autoridades educativas a la fecha no han acatado la sentencia.
En 1997 se fundó la Secundaria Técnica 229 Roberto Mejía Guzmán, con clave 12DST0249D. Las primeras generaciones de estudiantes tomaron clases en las oficinas del comisariado de Bienes Comunales, la comisaría municipal y la tienda Conasupo. Los pizarrones y gises los puso la comunidad, mientras las sillas y las mesas corrieron a cuenta de los alumnos. A pesar de que las autoridades comunitarias realizaron múltiples solicitudes, en la oficina del gobernador, para aulas y muebles, nunca los atendieron.
Ante la desatención sistemática de las autoridades, las familias se organizaron en 2000 y 2001 para construir dos aulas, aun así, un grupo de alumnos siguió recibiendo clases en la comisaria municipal. Cada año se les solicitaba a las autoridades educativas que construyeran un aula, pero prevaleció la inacción. “Nuevamente nos cooperamos económicamente para comprar materiales, para la construcción de dos aulas más sobre las que ya estaban”. Un aula es al mismo tiempo bodega, sala de juntas, biblioteca escolar y oficina de dirección. Otra se usa para comedor del albergue y también sirve para reunión de padres de familia.
En 2013 se gestionó con el presidente municipal de Tlapa la construcción de dos aulas más para la Secundaria Técnica, pero sólo se comprometió con una, argumentando que la obligación les corresponde a las autoridades educativas. Al no quedarles alternativa, volvieron a cooperar para hacer una mezcla de recursos con el presidente municipal y sólo así se construyeron otras dos aulas.
En la actualidad, “el primer edificio, que construimos en 2001 para la escuela, se encuentra en muy mal estado y representa un peligro para las niñas y niños, así como la plantilla docente. Hay fisuras muy pronunciadas en sus paredes a consecuencia de los temblores en el estado. Hay goteras y hundimiento significativo en el techo de concreto. Se desprenden pequeños trozos de concreto que se desmoronan y genera polvo blanco que inhalan los niños y niñas”.
El 27 de septiembre de 2023 el comisario municipal, el comité de padres de familia y la directora de la secundaria realizaron una solicitud oficial, con número 15/2023-2024, a Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación, para que les asignaran dos maestros de geografía, historia y formación cívica y ética, así como la construcción de tres aulas, una dirección, 15 computadoras e internet; 12 tambores y 12 cornetas para la banda de guerra, cinco escritorios y sillas para maestros, tres pizarrones blancos, 12 mesas binarias, 24 sillas didácticas, material para oficina y para el aseo, así como uniformes escolares. No hubo respuesta.
También dirigieron un oficio a Benjamín Guinto Nava, director general del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), para solicitar la construcción de tres aulas y una dirección, la realización de un dictamen para que certifique el estado real del edificio, constituir el expediente y atender de manera urgente las necesidades de infraestructura de la escuela.
El funcionario les pidió un acta de asamblea general de comuneros, que le fue entregada para iniciar los trabajos. Personal del IGIFE fue en junio de este año, pero no volvieron para darle seguimiento.
Las autoridades del estado y la misma SEG violan el artículo tercero constitucional, donde se señala que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado debe garantizarlo. “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. Este principio constitucional obliga a las autoridades a trazar políticas públicas que garanticen el acceso a la educación, sin que las madres y padres tengan que gastar para que sus hijos estudien. Las niñas y niños deben tener suficientes maestros, aulas adecuadas y en buenas condiciones, becas, alimentos y todo lo necesario para su aprendizaje.
Las madres y padres de familia tienen la esperanza de que sus hijos continúen estudiando, pero las autoridades educativas los tienen en el abandono. La gobernadora Evelyn Salgado y otras autoridades permanecen ausentes. Lejos de proteger el derecho superior de la niñez ponen trabas para garantizarlo. Es lamentable que a las autoridades no les interesa la educación de las niñas y niños indígenas de la Montaña.

La reunión que tuvieron las madres y padres con el presidente de la República en Palacio Nacional, fue desangelada y sin mayor trascendencia. Andrés Manuel López Obrador repitió lo que en sus conferencias mañaneras ha publicitado casi cada semana.
Después del primer encuentro que tuvieron en junio pasado hizo llegar su informe a las madres y padres para que conocieran directamente lo que él ha indagado. Leyeron temas que no abordan los avances de las investigaciones sino cuestiones que tienen que ver con el descrédito de sus representantes jurídicos. Se dieron cuenta de que su postura es infranqueable e inamovible. Sus planteamientos están fuera de lugar, porque nada dice de los 800 folios que en reiteradas ocasiones le han solicitado para que el Ejército los entregue. Habló de un complot urdido por gobiernos extranjeros y por la misma DEA. También se centró en la investigación de la periodista Anabel Hernández para deducir que, de ese libro los representantes legales armaron la consigna de que el Ejército tuvo que ver con la desaparición de los 43 estudiantes.
Las madres y padres pacientemente escucharon la perorata del presidente. Fue un diálogo que después de atender los informes de rutina del subsecretario de Derechos Humanos y del fiscal especial, el presidente tomaba el micrófono para explayarse más de una hora repitiendo sus propias elucubraciones. Han sido encuentros infructuosos y desgastantes para las mamás y papás, porque son horas de escuchar temas irrelevantes. Esta situación los llevó a evaluar que sus traslados de sus comunidades a la Ciudad de México les generaba mucha frustración y enojo porque son horas perdidas. Se trataba de reuniones rutinarias para cubrir las formalidades y mostrar a la opinión pública el interés del presidente por atender a los familiares de los 43. Constataron que el Ejecutivo no estaba de su lado, sino que cada vez que se reunían sentían su postura en favor del Ejército. La decisión de las madres y padres fue firme, le expresaron sin tapujos que ya no querían acudir a Palacio Nacional. Valoraron además que a escasos 33 días de que fenezca su gobierno, ven muy difícil que pueda remontar una investigación que desde hace meses se encuentra estancada.
Algo imperceptible o intrascendente para el presidente y el subsecretario de derechos humanos fue el daño que ocasionaron a las mamás y papás al convocar a estos encuentros al pequeño grupo de padres que se han alineado a los intereses del expresidente municipal de Iguala José Luis Abarca. Llegaron al extremo de marchar con sus familiares y uno de ellos tomó el micrófono para exigir su liberación. Empoderaron al grupito y lo llevaron a las reuniones con la clara idea de golpear, de generar más confrontación y una mayor revictimización. Algunas mamás dijeron que en Palacio Nacional tenían dos adversarios, por una parte, al presidente y por la otra, al pequeño grupo de padres. Era evidente la intención de acentuar la división del grupo y que el gobierno saliera ganando al sentar a las dos partes confrontadas. Con mayor razón las madres y madres decidieron no volver a sentarse. Aprovecharon el momento para decirle al presidente que ya no volverían a Palacio Nacional. Dejaron abierta la posibilidad de reencontrarse siempre y cuando hubiera alguna información relevante. El presidente aceptó y expresó que respetaba su posición. Comentó que de cualquier forma les mandaría a sus domicilios su último reporte.
Este desgaste y alejamiento con las madres y padres viene desde el 2022, cuando se lograron avances sustantivos en las investigaciones. En ese tiempo se encontraron algunos restos de estudiantes en la Barranca de la Carnicería, echando por tierra la versión del gobierno de Peña Nieto de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Con pruebas científicas corroboradas por la Universidad de Innsbruck se logró la identificación de dos estudiantes y al mismo tiempo, se libraron órdenes de aprehensión contra 20 militares, a quienes posteriormente se les procesó. Fue justamente cuando se ejercitan las acciones penales contra los elementos castrenses cuando se da una crisis con el gobierno federal. Es un punto de quiebre que marcó un cambio en la narrativa del presidente. El Ejército expresó su molestia por el número de militares que tenían órdenes de aprehensión. Se dan fuertes presiones contra el fiscal especial Omar Gómez por haberse atrevido a ejercitar estas acciones penales. También Alejandro Encinas dejó de ser el subsecretario de las confianzas del presidente por señalar al Ejército como parte de los perpetradores. Ante el enojo de la cúpula militar el fiscal especial Omar se vio obligado a renunciar y en consecuencia Alejandro Encinas dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La investigación quedó a la deriva y se fue a pique. El presidente anunció que tomaría en sus manos el caso dejando en segundo plano al nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra. Hubo un golpe de timón en las líneas de investigación al grado de que la nueva narrativa del presidente se centró en desacreditar todo el trabajo que hizo el GIEI en sus seis informes, señalando a las organizaciones que representamos jurídicamente a las mamás y papás como deshonestas, que contribuimos para que quedaran libres varios detenidos que participaron en la desaparición de los 43, que firmamos un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto a espaldas de las mamás y papás y que nos coludimos con gobiernos extranjeros para conspirar contra el Ejército. En esta confrontación se intentó excluirnos de las reuniones con el presidente, sin embargo, las madres y padres en todo momento manifestaron su confianza en el acompañamiento integral que les hemos brindado a lo largo de una década.
Una información rescatable que se tuvo en la última reunión en Palacio Nacional fue la que compartió el fiscal especial sobre la detención de 2 personas que son claves para la investigación que quedó trunca en el 2022. La primera detención fue de Erick Román alias El Ranchero que dirigió un grupo de sicarios de la zona de Apetlanca, municipio de Cuetzalan del Progreso. Se comentó que a su rancho fueron llevados 6 o 7 estudiantes. Se sabe que los jóvenes fueron disueltos en ácido. Algunos testigos refieren que algunos restos no fueron disueltos y que por ese motivo prefirieron enterrarlos en el mismo rancho. Se informó que hay varios equipos que están haciendo las búsquedas en el rancho de Apetlanca.
La segunda detención fue de Marco Antonio Ríos, quien era el jefe de sicarios de Guerreros Unidos que operaron en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Es una pieza clave para saber el destino de los 43 porque se sabe que en buena medida coordinó las acciones criminales. Tiene información privilegiada de los hechos que aún no se conoce. Puede convertirse en un testigo importante si la autoridad logra identificar con datos precisos y contundentes sobre la forma cómo operó la desaparición de los 43 normalistas.
En estas últimas semanas se han intensificado las búsquedas en los municipios de Iguala, Cocula, Cuetzalan y Tepecuacuilco. Se conformaron siete equipos distribuidos en varios puntos. Los resultados de las excavaciones y los estudios de los pequeños restos han sido negativos. Las declaraciones de los últimos testigos no han arrojado resultados favorables en las búsquedas. La presencia del subsecretario y del fiscal especial en los puntos que se excavan es un intento desesperado por encontrar algún indicio que pueda dar la campanada en este último mes. La preocupación de las madres y padres y de sus representantes jurídicos es que no comparten la información de estos hallazgos al Equipo Argentino de Antropología Forense ( EAAF) cuyos miembros fungen como sus peritos en las investigaciones penales. Por esa rezón las mamás y papás han declarado que no reconocerán algún resultado presentado por las autoridades si antes no es cotejado por los peritos del EAFF.
En el último informe que leyó el presidente de la República en el Zócalo de la Ciudad de México patentizó los grandes logros que alcanzó durante su mandato. Se regodeó por dar cumplimiento a la casi totalidad de compromisos asumidos durante su administración. Habló de resultados que no necesariamente coinciden con lo que experimenta la población. Comentó que la estrategia nacional de seguridad pública se enfocó en atender las causas de la violencia y que logró reconstruir el tejido social de comunidades afectadas por este flagelo, así como recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones policiales. Asegura que hay una disminución sostenida de la incidencia delictiva.
Sobre la pacificación del país destaca las misiones del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, así como de la Armada de México que orientaron sus acciones a garantizar la paz y la tranquilidad.
En materia de atención a víctimas se destacan las políticas públicas para otorgar medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del daño. En especial, las relacionadas a fomentar la igualdad y no discriminación, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el combate a la violencia conta las mujeres. Los temas de seguridad, atención a víctimas y los derechos básicos como la salud y la educación, desde la óptica de Guerrero, la realidad está muy alejada de la visión presidencial. La carencia de recursos ha sido la principal excusa de las autoridades para no dotar de medicamentos a los pacientes de escasos recursos, para no contratar médicos ni maestros y maestras en las regiones más abandonadas. Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de las décadas de los 60 a los 90 son maltratados e ignorados por la titular de la CEAV. Pasó todo el sexenio con argumentos falaces para no reparar los daños a centenares de familias que bien en condiciones deplorables.
Las víctimas de la violencia delincuencial tienen que arriesgar su vida para buscar a sus familiares desaparecidos, tienen que mendigar los apoyos para sus traslados y compra de medicamentos.
Un tema pendiente que reconoció el presidente de la República no haber cumplido fue dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. No obstante, afirmó que las investigaciones avanzan y que las búsquedas continúan hasta que concluya su mandato. El tema de las desapariciones que suman más de 116 mil personas a nivel nacional, es una deuda que deja AMLO en miles de familias que sobrevivieron al olvido gubernamental.

 

Desde muy joven, Rosendo Radilla Pacheco mostró sus dotes de un defensor comunitario. Cuando tenía dinero se las ingeniaba para comprar libros. La Constitución Política fue el texto que más consultaba. Se transformó en el libro de su cabecera. Le apasionaba documentarse y ser parte del gran movimiento agrario que se gestó desde 1924 con el levantamiento armado encabezado por Alberto Téllez y Feliciano Radilla en Atoyac. La lucha por la tierra marcó la etapa de su juventud. Creció en el borbollón de los movimientos agrarios y guerrilleros. Rosendo formó parte de la estirpe de hombres decididos a levantar la voz y el machete, y a defender los derechos del pobre.
Fue un hombre de campo. En el arado forjó su carácter recio y su gran temple para luchar. En la comunidad de Clavellinas, en la sierra de Atoyac, aprendió de su padre Felipe a sembrar maíz y frijol y a darle mantenimiento a la huerta de cocos. Tuvo la fortuna de que le regalaran una becerra que fue como una bendición, porque tuvo la oportunidad de dedicar parte de su tiempo a estudiar y a brindar asesoría jurídica a la gente que tenía conflictos agrarios. Como buen autodidacta aprendió a elaborar oficios a máquina. La práctica le fue dando seguridad en su rol de defensor. Acompañaba a la gente ante el ministerio público al mismo tiempo que se instruía en derecho penal.
Su liderazgo adquirió reconocimiento en la región. De la Ciudad de México lo visitaba Genaro Vázquez. Tenían su círculo de estudios. Se trataba de impulsar la organización de la gente del campo que padecía el maltrato y la explotación de los caciques acaparadores. En estas reuniones participaban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y representantes de varias comunidades. En este círculo también participó Lucio Cabañas. Fueron tiempos de mucha efervescencia social y política. Los bajos precios del café y la copra, el acaparamiento de tierras y la sobre explotación de la fuerza de trabajo. La falta de servicios públicos como clínicas y hospitales, escuelas, caminos.
Los presidentes municipales eran nombrados por los caciques. Ellos mismos se encargaban de destituirlos si no respondían a sus intereses. En 1955 Rosendo Radilla fue electo presidente municipal. Asumió el cargo con el compromiso de impulsar un cambio en favor de la población en general. Tomó la iniciativa de comprar un terreno para construir el mercado y también se dio a la tarea de gestionar el hospital rural. Ante el argumento del gobierno del estado de que no había recursos para construirlo, animó a la gente para que cooperara con el fin de contar con un hospital. Gracias a esta contribución Atoyac cuenta con un hospital, que con el tiempo vino a ser el centro de salud.
A pesar de estos logros alcanzados, Rosendo no fue del agrado de los caciques porque con su simpatía y liderazgo temían perder sus privilegios y el control de los bienes que ostentaban. Rosendo prefirió renunciar al cargo que supeditarse a decisiones de quienes no velaban por el bien de la gente más pobre. Sin pretenderlo, logró forjar un liderazgo social más allá de la cabecera municipal. Al mismo tiempo que asesoraba y acompañaba a la gente ante las diferentes instancias del gobierno, se daba tiempo para vender su ganado o mataba puercos y reces para vender la carne. Con el tiempo pudo comprar algunos terrenos para construir algunas casas y luego venderlas. A pesar de su capacidad para hacer negocios nunca abandonó su trabajo como defensor comunitario ni se desligó de la lucha social.
Cerca de los 27 años se casó con Victoria Martínez Neri procreando 12 hijas y un hijo. Trató de que todas sus hijas estudiaran, pero en Atoyac no había posibilidades porque solo funcionaba la primaria. Varias jóvenes que querían estudiar entraban a una academia para terminar como secretarias. Varias de las hijas de Rosendo se fueron a Chilpancingo a estudiar secundaria, bachillerato y la universidad. Doña Victoria tuvo que irse a vivir a la capital del estado para apoyar a sus hijas. Rosendo tuvo que redoblar sus esfuerzos para sacar adelante a sus hijas. Además de la matanza, también sembraba maíz y frijol. Cosechaba café y con su huerta de cocos extraía la copra para su venta.
Con los círculos de estudio fue adquiriendo mayor conciencia de la lucha social y de la organización independiente de los pueblos. Las movilizaciones de campesinos que se dieron en la década de los 60 fueron apoyadas por estudiantes y maestros que participaban en estos espacios de reflexión para la acción. En Atoyac tuvo presencia la confederación nacional campesina independiente (CCI) impulsada por el expresidente Lázaro Cárdenas con el fin de reivindicar la lucha por la tierra de los campesinos, por garantizar créditos a los pequeños productores y respeto cabal a la reforma del artículo 27 constitucional. Los bajos precios de la copra y el café movilizaron a muchos campesinos de la Costa Grande. Cuando se realizaban las movilizaciones en Atoyac todas salían del domicilio de Rosendo. Le gente se concentraba en el patio grande que tenía y ahí se organizaba en contingentes para marchar al centro de la ciudad. Tita Radilla, recuerda que tenía 4 años cuando su papá fue presidente. Con orgullo recuerda que siempre lo acompañó en las marchas que abanderaba.
En Guerrero la década de los 60 es cruenta por las matanzas que se suscitaron ante el endurecimiento del gobierno de Caballero Aburto. En Chilpancingo el Ejército reprime al movimiento estudiantil y popular dejando un saldo sangriento de 15 personas asesinadas. En 1962 el Ejército masacra en Iguala a siete víctimas y obliga a que la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) se radicalice. En la víspera del 18 de mayo de 1965 hubo una marcha con antorchas que salió de la casa de Rosendo que llegó hasta la escuela primaria Juan N Álvarez. La gente tenía información de que serían reprimidos por los judiciales. En esa reunión algunas personas plantearon que fueran armadas. La intervención del maestro Lucio Cabañas fue en sentido contrario, porque sería más fuerte la represión. El acuerdo final era resistir de manera pacífica.
Lamentablemente cuando inició el mitin los policías judiciales se parapetan para disparar y matar a 5 padres de familia (4 hombres y una mujer). La reacción de las madres y padres fue arremeter contra los agresores, privando de la vida a dos policías judiciales. La represión escaló para atemorizar a una población que se oponía al pago de cuotas altas impuestas arbitrariamente por la directora de la escuela. En esa fecha cuando hablaba el padre de familia Arcadio Martínez Javier, tío de Tita Radilla, el comandante Enrique Castro Arellano abrió fuego contra la multitud. Asesinaron a Arcadio, a Javier Donaciano, a María Isabel que se encontraba embarazada, Regino Rosales y Prisciliano Téllez. El gobierno de inmediato culpó a Lucio Cabañas de la masacre. Ante este señalamiento temerario se vio forzado a refugiarse en la sierra para hacer frente a la persecución encarnizada que padeció hasta que el Ejército lo ejecutó.
El contexto político en el estado se complicó con la matanza de Atoyac en el 65 y la detención de Genaro Vásquez el 11 noviembre de 1966 en la Ciudad de México. Los dos líderes sociales no tuvieron otra opción que empuñar las armas para hacer frente a la política de exterminio implantada por el Ejército. Fueron años cruentos por el gran número de personas desaparecidas, ejecutadas, detenidas arbitrariamente y torturadas. Se implantaron planes de contrainsurgencia para desmantelar el apoyo social de la guerrilla. Impusieron cercos militares, impidieron el traslado de alimentos, desplazaron de manera forzada a las familias, bombardearon comunidades, violaron mujeres tiraron cuerpos al mar.
El apoyo de Rosendo a Lucio y Genaro continuó de manera soterrada. Los militares no sólo lo traían en la mira por la composición de sus corridos que narraban los hechos atroces que cometían y porque reivindicaban la lucha de Lucio y de Genaro, sino por identificarlo como un aliado de su lucha, como alguien que reprobaba el terrorismo implantado por el Estado en comunidades extremadamente pobres. Rosendo libró en por lo menos cuatro ocasiones que el Ejército lo detuviera. Cuando rodeaban su casa él se las ingeniaba para escabullirse. Sabía que en cualquier momento podría caer. Enfrentaba un gran dilema, por una parte, sentía un peligro inminente y por la otra no quería dejar su pueblo, a las familias que habían pedido su apoyo para buscar a sus esposos e hijos desaparecidos.
El 25 de agosto de 1974 el Ejército desapareció a Rosendo Radilla Pacheco, cuando viajaba con su hijo Rosendo a la ciudad de Chilpancingo. Pidió que a su hijo lo dejaran ir, los militares le ofrecieron llevarlo a su casa. Rosendo respondió “no él puede llegar solo, no necesita que lo lleven”. Temía que también lo desaparecieran, como estaba sucediendo con varios niños del pueblo. Desde hace 50 años su familia busca a Rosendo. Su esposa Victoria se dedicó hasta el último día de su vida a buscar el paradero de su esposo. Su sexta hija, Tita Radilla, ha emprendido una lucha incansable para exigir al Estado mexicano que le diga dónde se llevó el Ejército a su papá. Todos sus esfuerzos están concentrados no solo en Rosendo, sino en todos los desparecidos de México. Es una lucha titánica que ha ganado una batalla jurídica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009.
Se van a cumplir 15 años de la sentencia y el Estado mexicano ha incumplido con su compromiso internacional de investigar y dar con el paradero de Rosendo Radilla, de castigar a los militares responsables de su desaparición y garantizar medidas de no repetición. Dentro de todos los dolores y sinsabores por la indolencia de las autoridades mexicanas, el 16 de agosto pasado la jueza federal Karla Macías ha señalado como terrorismo de Estado a la represión del Estado mexicano implantada en la década de los 70. Ha ordenado que la Fiscalía General de la República investigue bajo esa lógica el caso de Rosendo Radilla, que también procese a militares de alto rango, entre ellos al general Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa en el sexenio de Ernesto Zedillo. Queda ahora en manos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la futura presidenta de la República Claudia Sheibaum, cumplir cabalmente esta sentencia y honrar la memoria de Rosendo y de las más de 116 mil personas desaparecidas en México.

Nuestro homenaje a todas
las víctimas
de graves violaciones de derechos humanos durante el período de 1965 a 1990.

El pasado 15 de agosto presentamos como comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) la colección de nuestro informe titulado Fue el Estado (1965-1990). El MEH forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (Comisión) que fue creada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021.
El objetivo de la reunión, que se realizó en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación (Segob) fue presentar a los colectivos, familiares y sobrevivientes de estas graves violaciones, los resultados finales de los trabajos de cada uno de los mecanismos que integran la Comisión. El maestro Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración presidió la presentación de los cinco informes. En primer lugar, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) presentó su programa especial. La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos continuó con su informe sobre el impulso a la justicia.
En tercer lugar, tres comisionados presentamos la colección Fue el Estado, a cargo de David Fernández Dávalos, Carlos Pérez Ricard y Abel Barrera Hernández. En un segundo momento, la comisionada Eugenia Allier Montaño hizo la presentación de la colección Verdades Innegables. Por un México sin impunidad. El comité de impulso a la memoria hizo la presentación de su informe que estuvo a cargo de la Segob y del Archivo General de la Nación (AGN). La ronda de presentaciones se cerró con la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) que informó sobre el programa de reparación integral y compensación.
La participación de los colectivos, familiares y sobrevivientes fue muy nutrida. Hubo diversos cuestionamientos a los cinco mecanismos y al mismo subsecretario. Todos escuchamos con respeto y se dio el tiempo necesario para dar la palabra a quienes levantaban la mano y se apuntaban en la lista de participaciones. Al MEH se le reclamó que el informe no lo hayamos compartido previamente con los colectivos y sin embargo, sí lo hicimos con la prensa. También se cuestionó que nuestro informe fuera concluyente. La recomendación de la disculpa pública no la consideran adecuada porque antes tiene que haber justicia. Hubo también reclamos por incluir en el informe a otro conjunto de víctimas y por no centrarnos en las víctimas de la guerra sucia. Tampoco comparten que se trate de una nueva narrativa.
Por otra parte hubo comentarios de que el Estado debe asumir los resultados del informe del MEH. Que se debe imputar la responsabilidad a los perpetradores sin obstáculos ni impunidad. Preguntaron qué va a pasar con el informe del MEH, ya no debe haber más pretextos de la Sedena. Los militares deben de entregar sus archivos para que se investiguen y se lleven a juicio. Plantearon que se atiendan y de continuidad a las recomendaciones. Comentaron que el informe del MEH es bueno pero la Comisión en su conjunto no avanza. Aún no hay respuesta a nuestra pregunta ¿Qué pasó con nuestros desaparecidos? Fue una reunión larga pero muy productiva. Hubo oportunidad para que los representantes de las cinco comisiones respondiéramos a los cuestionamientos de los colectivos. Se aclaró que nuestro informe no es concluyente, es más bien otro paso más dentro de la ardua lucha por la verdad y la justicia. Planteamos que es nuestro mandato el que concluye en septiembre de acuerdo con el decreto presidencial.
Nuestro informe da cuenta de la extensión e intensidad de la violencia ejercida por el Estado Mexicano, de la amplitud del conjunto de personas y actores sociales que fueron víctimas de la política contrainsurgente del estado. Miembros de organizaciones político militares, de disidencias político-partidistas, de movimientos estudiantiles y de movimientos obrero-sindicales fueron blanco de esta violencia por motivos ideológico-políticos. Sin embargo, los hallazgos de esclarecimiento muestran de manera contundente que la represión del Estado no se circunscribió a esos ámbitos. En aquellos años se buscó disciplinar a una variedad de poblaciones en las que el Estado infería semilleros de potenciales disidentes que cuestionarían su hegemonía. La violencia fue mucho más allá. Los medios coercitivos del estado no solo fueron puestos al servicio de sus fines políticos, sino también al servicio y defensa de un modelo de desarrollo económico extractivista, de acumulación de capital y en el que el Estado se hacía partícipe de la economía criminal.
Estas violaciones graves de derechos humanos no constituyeron casos aislados. Fueron violencia que abarcaron dominios más amplios de lo que la sociedad había imaginado. No fueron acciones colaterales. Los vasos comunicantes entre todas esas violencias muestran un tejido imbricado. La construcción del estado posrevolucionario permitió articular una variedad de prácticas violatorias de los derechos humanos contra la población bajo una misma lógica contrainsurgente, que terminó por instrumentalizar y perfeccionar otras violencias que existían incluso en el México anterior a estos años. Una lógica que habilitó un campo de acción muy amplio de impunidad, de excesos y abusos en el uso de la fuerza pública, de corrupción, de ilegalidad, de criminalidad. Un campo de acción que implementó una política contrainsurgente centralizada, pero que concedió un margen de maniobra amplio en su implementación. Los gobernadores se convirtieron en gánster de la política. Usaron las instituciones para perseguir, desaparecer, ejecutar a quienes consideraban sus enemigos. No hubo límites ni contrapesos políticos. Era un poder absoluto que utilizó para destruir cualquier intento de manifestación pública disidente. Las órdenes fueron para detener arbitrariamente, torturar salvajemente, desaparecer impunemente y ejecutar de manera arbitraria.
El viernes 16 a las 11 horas presentamos la colección de nuestro informe Fue el Estado en el auditorio del Centro Cultural Tlatelolco. Fue muy grata la presencia de colectivos y familiares que se interesaron en escuchar los hallazgos, los datos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, la presentación de algunos casos y las recomendaciones. Nos acompañaron en el presídium Tita Radilla, Alicia de los Ríos, Irma Pineda y Denisse Valverde quienes leyeron pequeños extractos de testimonios de familiares de otras víctimas. Sus voces conmovieron a una audiencia ávida de escuchar los resultados del informe. En varios momentos se corearon consignas y aplaudieron las intervenciones de las compañeras y los comisionados. Fue una comunicación empática, emotiva y muy identificada con las víctimas. Brilló la ausencia de las autoridades que en la víspera de nuestra presentación el subsecretario Arturo manifestó que sería a título personal y no de la Comisión. De antemano se deslindó de nuestros planteamientos y recomendaciones. Anunció que entregará al presidente de la República un informe que abarcará los 5 mecanismos, es decir que nuestro informe completo no lo hará llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Será lamentable si esto sucede. De nuestra parte dimos cumplimiento cabal con la entrega del informe que se nos encomendó como comisionados. Ahora hemos puesto al público en general los seis volúmenes de la colección Fue el Estado, para que conozcan sin restricción alguna toda la información que hemos sistematizado de los archivos consultados y de los testimonios levantados.
¿Por qué honramos su memoria? Porque en medio del dolor viven con esperanza. Porque han sabido caminar en la oscuridad y han enfrentado con aplomo la monstruosidad de un Estado que se propuso exterminar los sueños de justicia, de quienes hoy honramos. Porque en medio de sus precariedades y agobiados por las enfermedades y pesares, por tantas malas noticias, se funde en ustedes el acero de su lucha imbatible. Siempre con la frente en alto y en búsqueda constante.
Han estado en muchos archivos y en múltiples ocasiones han acudido ante el ministerio público para seguir aportando datos, pruebas testimonios y revisar los avances de la investigación. Con mucho dolor pero con su voz de trueno han emplazado en todo momento a las autoridades, para que se comprometan a dar con el paradero de sus seres queridos y castiguen con severidad los responsables. Llevan 5 décadas renovando cada mañana la esperanza de que habrá una buena noticia. El informe está a disposición de todas las personas, por nuestra parte defenderemos las grandes aportaciones de este trabajo que se hizo con sumo cuidado, respeto y compromiso con compañeros y compañeras que han entregado su vida para el esclarecimiento histórico. También estamos abiertos para conocer y reconocer todas las miradas y perspectivas que suman al gran objetivo que para las familias de personas desaparecidas y ejecutadas es muy claro: encontrar verdad y justicia.
A pesar de la adversidad no son presas del pesimismo, por el contrario, desbordan generosidad y mucho ánimo para seguir luchando
A todos sus familiares caídos honramos su memoria y lo plasmamos en este informe. Nuestro reconocimiento por su lucha incansable y por quienes nos dejaron un legado histórico que ha forjado el presente y ha asentado las bases de un futuro sin más víctimas. Las personas desaparecidas y ejecutadas son la memoria viva de un México combativo y digno.
Las recomendaciones que hemos elaborado son parte de un ejercicio que busca mirar el horizonte con la única finalidad de lograr la transformación de realidades oprobiosas y materializar los objetivos que siguen sin cumplirse, de saber dónde están los seres que más aman y que no están a nuestro lado.
Este informe se ha robustecido con las voces de centenares de amigos y amigas que forjamos en el camino y que con sus enseñanzas nos han permitido focalizar los problemas estructurales que enfrentan, y a los perpetradores que han causado tanto daño.
Pedimos al gobierno federal que acoja este informe y retome las recomendaciones que se elaboraron tomando en cuenta el sentir de los colectivos y sus familiares. Queremos que se haga eco del clamor de justicia que emerge con gran fuerza desde el dolor de las víctimas. ¡Fue el Estado!