(Cuarta y última)

 

Un día normal en la sierra de Guerrero. Con la brisa matutina, el último guardia levantaba a todos en el campamento porque de 6 a 7 de la mañana había ejercicio. La comisión de cocina no estaba en los entrenamientos porque se dedicaba a elaborar el almuerzo. Dejaban listo el nixtamal para moler la masa y hacer las tortillas. Tenían que llevar leña delgadita para que no hiciera humo. La guardia era permanente, el compañero responsable hacía el rol y tenía el nombre de cada uno. Le tocaba vigilar que todos pasaran. En caso de no cumplir había sanción, por eso permanecían atentos. Cada hora había cambios día y noche.
El profesor René daba unas horas de clase. Lucio impartía Historia y Filosofía. Otro hablaba del reglamento. A las 10 de la mañana tocaba el almuerzo, con el lujo de unos frijoles “apozonques”. La comida oscilaba entre las 5 a 7 de la tarde. Las horas transcurrían con las comisiones saliendo y entrando en la espesura del bosque. Las piedras y los árboles frondosos fueron testigos de la hazaña. En medio del trajinar repentinamente brincaban reptiles, venados y otros animales. Cuando se podía hacer ruido con las armas, algunos iban de cacería. No era muy común porque se ocupaba la resortera para las iguanas. Los alimentos los conseguían de los pueblos que apoyaban. Muchas veces pagaban a la gente por el maíz que les daban, otras veces lo donaban.
Había comisiones para la guardia, la cocina, orden y vigilancia, los que iban por leña y los alimentos, y quienes iban a entrevistarse con algunas personas que había que ver en algún lugar de la sierra para no exponer el campamento. David Cabañas era el que más salía del núcleo guerrillero, siempre fue el BIM. Era la tarea más compleja en un contexto extremadamente polarizado. Con una pistola en la mano bajaba de la sierra a recoger balas, armas o guiar a las personas para que salieran de la serranía.
En el campamento guerrillero había lecturas individuales y escritura. Se leía a Lenin, El Capital de Marx, a Engels, a Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, Fidel Castro, el Che Guevara; “La guerra de la pulga, de Robert Taber, que habla de la guerra de guerrillas contextualizado en Filipinas, Asia. Describe muy bien cómo es la táctica guerrillera; es como las pulgas en el perro, cuando ataca la pulga, el perro tira la mordida, pero cuando tira la mordida ya no está la pulga porque se movió a otro lado”, comparte David. Lucio con un montón de libros se la pasaba leyendo y de a ratos escribiendo. Se limpiaban las armas y se revisaban las municiones. Atendía las visitas de la ciudad o vecinos de los pueblos, era el más indicado para hablar con la gente. La reunión de balance empezaba con el canto de los grillos y terminaba a las 10 de la noche para dormir. No se podía establecer conversaciones porque aun susurrando la voz viajaba con el viento a kilómetros. Cuando no había mucha represión había un relajamiento, pero con la ofensiva y las tropas cercanas se extremaban medidas de seguridad. Dormían recargados en los árboles que les servían como parapeto, con la ropa y botas puestas, la mochila arreglada y el rifle en la mano. Estaban listos para el repliegue o la defensa. Las guerrilleras eran mujeres valientes. Algunas fueron parte de las emboscadas a los militares y a la hora del combate eran temibles.
En la guerrilla también era importante la alegría, un sello que Lucio impregnaba. Se improvisó un grupo musical porque varios eran originarios de la comunidad El Camarón. Un soltero era el vocalista, otros tocaban la guitarra, los botes de leche los ponían boca abajo y con palos los sonaban, usaban la tortillera metálica de tal forma que, al darle con la punta del pie a las piedras, emitía un sonido instrumental. Un rifle R-18, en el enfriador tenía rayitas perpendiculares y con un peine raspándole sonaba como güiro. La bola de Chacho y los hermanos Ramos Cabañas, Gabriel, Eddie Carlos y Miguel Ángel de la Cruz, que se llamaba Lázaro, entre los pedregales bailaban. Se realizaba cuando no había tropas militares cercanas.
“El gobierno me secuestra, me tortura y me encierra el 17 de enero de 1972. Ya se había recrudecido la persecución. Esa vez me sacaron de una escuela donde yo trabajaba en Sonora. Me ponen un montón de cosas. Era para morir. Querían información sobre Lucio, pero ¿qué iba a hacer yo dentro de un salón de clases? Los problemas estaban en Guerrero. Me liberan el 10 de octubre de 1977, mucho después del asesinato de mi hermano, cinco años y diez meses. Tras las rejas me enteré de la muerte de Lucio, pero nada más lo que se oía en la radio y se podía ver en los periódicos que entraban a la cárcel. Sentí cosas feas”, relata Pablo Cabañas.
Con el asesinato de Genaro Vázquez Rojas el 2 de febrero de 1972 las tropas militares concentraron su fuerza para eliminar a la guerrilla de Lucio Cabañas, implementando estrategias de contrainsurgencia de 1971-1974 en su etapa más crítica.
La brigada guerrillera levantaba el campamento previendo que las hordas de militares no la descubrieran. Empacaban sus mochilas y se distribuían el alimento para un posible repliegue. Caminaban algunas horas para encontrar un lugar seguro. Sin embargo, en tres ocasiones los soldados llegaron al campamento. La primera fue cuando uno de los guerrilleros se puso a asar elotes en una fogata que levantó la humareda. Al siguiente día antes del despunte del alba el ejército los cercó y sin darles tiempo de nada abrieron fuego con sus morteros. Aturdidos rodaron dispersándose por una granada que cayó en medio. Nadie murió, pero siguieron lloviendo granadas y balas. Llegaron helicópteros para arrasar contra todo a su paso. Fue una acción relámpago y sorpresiva.
La segunda fue el 8 de octubre de 1974, cuando rescatan a Rubén Figueroa Figueroa, que había sido secuestrado por la Brigada Campesina de Ajusticiamiento cuatro meses antes, el 30 de mayo. Ese día un integrante salió del campamento, pero lo detuvieron en su trayecto. Lo torturaron hasta que dio la ubicación. La Brigada no se movió lo suficientemente lejos. Pasaron unas horas cuando escucharon ruidos y observaron luces a la distancia, pero se confiaron. Unos segundos después empezaron las ametralladoras, los bazucazos y morterazos. Ahí muere Sixto Huerta, con el seudónimo de Sabás, originario del pueblo de Lucio. En El Porvenir aún lucen las calles con su nombre, así como el de Florentino y su hermano Pablo Loza Patiño.
En primera línea estaba un joven de 17 años. Alguien dijo –oye, compa, nos rendimos. –Qué rendirse ni qué la chingada, aquí nos morimos, pero nadie se rinde, respondió el joven. Fue cuando rompieron el cerco militar. En el campo de batalla el miedo se percibía en los soldados, porque no iban a dar su vida por un sueldo. Contrario al revolucionario que pelea por sus ideales y la revolución. Esos son los combatientes más peligrosos para el Estado.
La última vez que los militares dieron con el campamento de Lucio Cabañas fue el fatídico 2 de diciembre de 1974, por la delación de dos “bribones que eran hermanos marihuaneros, Anacleto Ramos y José Isabel Ramos, que negociaron con el gobierno. Tuvimos a 25 mil soldados cercándonos, más policías estatales, municipales, agentes de la CIA y orejas, soplones. Éramos un núcleo máximo de 102 elementos, entre ellos alrededor de 20 mujeres. Pero Lucio fue capaz de enfrentarlos hasta su último aliento”, cuenta David Cabañas.
Los hermanos Ramos Cabañas, Gabriel, Eddy Carlos, José Juan y otro, originarios de San Juan de las Flores, parientes de Lucio Cabañas, se enlistaron para pelear contra el gobierno. Crearon la Brigada 18 de Mayo, en memoria de la masacre de 1967. Gabriel tenía dificultades para caminar, pero no le impidió desplazarse por la sierra y enfrentar a los militares. El valiente Rutilo con su FAL le abrió paso entre las balas del enemigo para romper el cerco. “Vente, compa”. Mientras los militares gritaban “ríndete, Lucio Cabañas. Ríndete, hijo de la chingada. Ríndanse, aquí estamos”. Molesto, Rutilo les contestó “vayan a chingar a su madre, hijos de la chingada”, así lo cercaron y le vaciaron sus balas. Gabriel pudo replegarse. Los militares gritaban que se rindieran y que les iban a perdonar la vida. Mil palabras y groserías rebotaban de cerro en cerro. El guerrillero responde con una bala certera porque es más conveniente que un grito al aire. “La muerte está en las pestañas”. Nunca se rindieron.
Algunos lograron salir del cerco, pero Lucio no pudo. “Al saber que no iba a romper el cerco se disparó en la cabeza. De acuerdo con investigaciones de periodistas en el Archivo General de la Nación un soldado le escribe a su familia diciéndole ‘yo estuve en el cerco donde murió Lucio, nosotros no lo matamos, Lucio se suicidó’. Él se disparó porque era la mejor manera de terminar, en lugar de ser capturado vivo y sufrir la tortura. Pero la historia se sigue escribiendo”. Cae junto a Lucio su ex alumno Lino Rosas Pérez, con el seudónimo de René en la guerrilla, y Roberto, un campesino valiente con el nombre de guerra Arturo.
Ese 2 de diciembre varios sobrevivieron, pero fueron desaparecidos. Como el joven Marcelo Serafín Juárez, con el seudónimo de Roberto, de 16 años, originario de San Juan de las Flores. Apareció en una foto capturado por los soldados con las manos hacia atrás, agarrado de los cabellos. Lucino Gómez, contemporáneo de David Cabañas, que sólo estuvo 15 días en la guerrilla fue desaparecido en 1977 por militares tres años después de la muerte de Lucio. También desaparecieron a los hermanos Ramos Cabañas junto con su papá Eduviges Ramos una madrugada en Espinalillo, Acapulco. Centenas de desaparecidos y asesinatos hasta la fecha permanecen en la impunidad. Las imágenes del horror continúan.
Lucio se curtió en el camino de la revolución, en la dureza de la vida. Fue el guerrillero del pueblo que se fue construyendo como dice Pavel Korchagin en Así se templó el acero. Eran sus libros, así como La Madre, que le enseñaron a ser un combatiente por la libertad, por el socialismo, y sobre todo que nunca se doblegó hasta su muerte, al fragor del combate.

 

Es muy grave constatar cómo la Secretaría de Finanzas del estado cortó de tajo el presupuesto que estaba destinado para el Centro Comunitario de Ayutla Gúwa Kúma y el Centro de Justicia de Tlapa. Dos espacios que se ubican en dos de las regiones indígenas más pobres y donde se han declarado las alertas de género por la violencia que enfrentan las mujeres y por los feminicidios que se han consumado.
En lo que va del año, las trabajadoras realizaron sus actividades con recursos propios porque Finanzas canceló todos los gastos de operación. Durante 5 meses las trabajadoras no recibieron los pagos de sus salarios. A Inés Fernández y cinco compañeras embajadoras del centro comunitario de Ayutla de los Libres, no les cubrieron el pago de 3 meses, correspondiente a la beca que reciben. En Tlapa las 13 trabajadoras se vieron obligadas a cerrar las instalaciones para hacer público su enojo y exigir el pago de los 6 meses que les adeudan. Con esta presión lograron que les pagaran 3 meses y una semana después les cubrieron los meses de septiembre y octubre. Está la promesa de que les pagarán los dos meses que faltan en estos días.
Por su parte, Inés y las cinco embajadoras tuvieron que viajar a Chilpancingo para exigir que el recurso autorizado de 914 mil pesos, destinados para gastos de mantenimiento y compra de equipo se ejerzan para rehabilitar el techo y reparar la entrada principal. La postura de la secretaria Violeta Pino fue de sumisión, simplemente se plegó a las decisiones arbitrarias que ha tomado el secretario de Finanzas.
Este raquítico presupuesto es el que todavía esquilma este funcionario para dejar en total indefensión a las mujeres indígenas que requieren del apoyo de estos centros. La insensibilidad y displicencia del secretario es totalmente contraria a la asumida por la gobernadora Evelyn Salgado quien ha declarado que Guerrero es un santuario para las mujeres. La realidad es que la violencia se recrudece con los feminicidios.
En el informe que presentamos el 7 de diciembre que va de septiembre 2023 a octubre de 2024 documentamos 15 feminicidios que se registraron en los municipios de Tlapa, Cochoapa el Grande, Huamuxtitlán, Copanatoyac, Zapotitlán Tablas y Alpoyeca. La mayoría de las víctimas pertenecían a los pueblos na savi, nahua, me’pháá y mestizo. Siete feminicidios se cometieron en Tlapa, municipio que desde el 22 de junio de 2017 tiene una Alerta por violencia feminicida.
Para atender este grave problema, en febrero de 2018, se creó en Tlapa la Unidad de Investigación Especializada del Delito de Feminicidio, adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, sin embargo, desde el 2021 dejó de funcionar porque la titular cambió de adscripción y nadie ha cubierto su lugar. Lo trágico es que los feminicidios siguen cometiéndose. Es una omisión grave de la Fiscalía General del Estado (FGE) que siga acéfala esta unidad, porque se requiere de personal especializado que conozca los protocolos y aplique los estándares más altos para juzgar a los feminicidas.
Esta falla ha repercutido en las carpetas de investigación, porque la mayoría fueron archivadas y nadie le ha dado impulso procesal. En este tiempo se perdieron valiosos indicios al grado que será imposible reencausar los procesos para que los familiares de las víctimas accedan a la justicia.
En la mayoría de casos de feminicidios las mujeres fueron expuestas en espacios públicos: en carreteras o predios donde la gente transita. Les infligieron lesiones y mutilaciones infamantes y denigrantes y varias de ellas tenían relaciones de parentesco o de confianza con sus agresores.
En los casos de mujeres y niñas que acompañamos desde el 2006, hemos constatado la saña con la que se cometen los crímenes: queman sus cuerpos, les amputan órganos y degüellan. Se busca causar el mayor daño posible y dejar un mensaje de terror para inmovilizar a las familias. Las acciones siniestras de los perpetradores sólo son posibles porque se saben impunes y se sienten seguros de que las fuerzas del orden no actuarán en su contra. Saben que las víctimas están indefensas y no cuentan con redes de apoyo. Los ministerios públicos no investigarán y los jueces los liberarán. Las autoridades no le dan crédito al dicho de las mujeres. Los feminicidas gozan de impunidad.
Lo más grave es que existe un subregistro de los casos porque las fiscalías no califican el hecho como tal, optan por tipificarlos como homicidios simples, dolosos y calificados, pese a estar acreditadas las razones de género. Este subregistro tiene la finalidad de ocultar los altos índices de feminicidios en el estado y presentar escenarios ficticios.
En la Montaña las falencias en las investigaciones de feminicidios continúan. Los ministerios públicos incumplen los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), aprobados en su Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria y publicados en el Diario Ofiial de la Federación el 6 de febrero de 2018. Por la vía de los hechos no aplican el protocolo de investigación con perspectiva de género, además hacen un mal manejo de la escena del crimen, de la preservación, aseguramiento, resguardo y traslado de los indicios. Sólo la Fiscalía Especializada en Feminicidios cuenta con varias áreas que abonan para avanzar en la integración de las carpetas de investigación. Lamentablemente en la Montaña no es posible hacer estos trabajos que van en detrimento de las víctimas.
Como organismo civil hemos planteado a los fiscales la apremiante necesidad de reactivar la oficina especializada en delitos de feminicidios o por lo menos contar con ministerios públicos especializados en la materia. En todo momento solicitamos que se ejecuten siete órdenes de aprehensión de los casos que acompañamos. Sabemos que existen otras órdenes de captura que tiene la Fiscalía, pero que no han sido ejecutadas por falta de voluntad y compromiso con las víctimas. Si cumplieran con estos ordenamientos judiciales ayudarían a prevenir más hechos de violencia y enviarían un mensaje a los perpetradores de que sus crímenes no quedarían impunes. Las carpetas abiertas por estos delitos siguen estancadas. Algunas se han remitido a la Fiscalía de Feminicidios de Chilpancingo para garantizar una investigación pronta e imparcial, pero las dilaciones continúan. Los agentes del Ministerio Público a menudo justifican que Tlapa es un lugar distante y que no cuentan con tiempo ni recursos para realizar los actos de investigación de manera rápida, como exigen las víctimas.
De acuerdo a las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) correspondiente al mes de agosto de 2024, Guerrero ocupa el lugar 21 en feminicidios y en violencia de género el tercero. Esta información la ha sabido explotar la gobernadora, Evelyn al destacar que se debe a la implementación de políticas públicas que han garantizado la seguridad y bienestar de las mujeres y a impulsar diversas estrategias para atender y prevenir la violencia de género. Para ella, en los 3 años de su gobierno, hay un avance en la construcción de un estado más seguro y libre de violencia para las mujeres, sin embargo, los feminicidios en la Montaña reflejan otra realidad.
Hasta este momento en los ocho municipios de Guerrero que tienen la Alerta por Violencia de Género y la Alerta por Agravio Comparado decretada el 5 de junio de 2020, no hay resultados tangibles que reviertan la violencia feminicida y las desapariciones forzadas cometidas por particulares, en agravio de mujeres y niñas. Tampoco han disminuido los matrimonios forzados en comunidades indígenas como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Xalpatláhuac, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Acatepec y Tlapa, donde son más recurrentes estas prácticas.
Lo que hoy padecemos en la entidad es una violencia incontenible que coloca en el desfiladero de la muerte a mujeres y niñas que se encuentran indefensas. Las mismas instituciones del estado están imposibilitadas de atender, porque sólo se encuentran en las cabeceras municipales y porque no cuentan con personal suficiente ni el presupuesto necesario para ponerlas a salvo. En los hechos las autoridades no le apuestan a revertir estas grandes fallas de sus programas. Optan por lo menos complicado, como dar talleres, realizar reuniones fuera de las comunidades donde están los problemas y se limitan a realizar visitas esporádicas para justificar que se está erradicando la violencia.
Las mujeres y las niñas resisten solas y luchan contra todo: la pobreza, la discriminación, la violencia sexual, la explotación laboral, el maltrato infantil y la esclavitud matrimonial. Dan la batalla en todos los frentes. Lo que las apabulla es que muy pocas salen de este laberinto de la violencia. El sistema patriarcal las atrapa y las hunde en el analfabetismo, la sumisión, el destino funesto de los matrimonios forzados y la crianza de los hijos.
Es inconcebible que un estado donde los casos de feminicidios se incrementan y donde los matrimonios forzados de niñas indígenas se multiplican, los 3 poderes del estado no se comprometan a realizar acciones contundentes y eficaces para salvaguardar la vida y la integridad física de las mujeres y niñas.
Con presupuestos raquíticos que al final se los arrebatan de manera abusiva es imposible contener los huracanes de la violencia feminicida. Más bien las mismas autoridades son cómplices de estas tragedias porque se encargan de desmantelar a las pocas instituciones que tratan de acompañar y apoyar a las mujeres.

(Tercera parte)

En 1966 Lucio regresa a dar clases a la primaria Modesto Alarcón. En la escuela Juan N. Álvarez de Atoyac se gestaba un movimiento de padres de familia que pedían el regreso del maestro Alberto, acusado por la directora Julia Paco Piza de comunista, por plantear a los estudiantes que la educación tenía que ser gratuita. El problema central giraba alrededor de las cooperaciones excesivas que exigía la directora. A pesar de que la mayoría de padres de familia era de escasos recursos, les cobraba 25 centavos por alumno al mes. Esta situación se fue complicando al grado que pidieron el apoyo de los maestros Lucio Cabañas y Serafín Núñez. Además de tratar el tema del regreso del profesor Alberto, abordaban el problema de las cuotas mensuales. Sin pretenderlo Lucio se convirtió en el líder del movimiento de la escuela Juan N. Álvarez.
El 18 de mayo de 1967 el comité de padres de familia realizó un mitin en la plaza central para exigir la destitución de la directora. La situación era tensa, al grado que algunos padres estaban decididos a confrontarse con los pistoleros de los caciques. La Policía Judicial se distribuyó entre los asistentes para arremeter en el momento más indicado. Cuando Lucio intervino se armó la gresca. Los judiciales dispararon sus armas contra la multitud. Mataron a cinco campesinos. La intención era asesinar a Lucio, pero la gente lo protegió.  Doña María Isabel Gómez miró cómo un policía le disparaba a su esposo, sin arredrarse sacó un picahielo y lo clavó al asesino, pero otro policía le disparó por la espalda. Embarazada cayó al piso, su bebé aún se movía aferrándose a la vida.
Había maestros del pueblo que estábamos dispuestos a orientarles no solo en la educación, sino en su lucha, como parte del pueblo, padres de familia parte del pueblo, contra todo el régimen, contra el gobierno, contra la clase rica. Y nos metimos con los problemas contra las compañías madereras, contra el ayuntamiento, contra la explotación de los ricos ahí en Atoyac. Y se creó el movimiento. Entonces fue que se enojó don gobierno y nos mandó un montón de judiciales y nos hicieron una matanza el 18 de mayo. […] Murió el compañero Regino Rosales, el compañero Arcadio Martínez, el compañero Chano Castro, el compañero Prisciliano Téllez y la compañera Isabel Gómez, que estaba embarazada y todavía la fueron a levantar y se le movía el niño en la barriga.[1]
El gobierno responsabilizó a Lucio Cabañas, “cuando en realidad fue el gobierno quien hizo la masacre y forzó a Lucio a subirse a la sierra. Él no sube, lo suben a la sierra”, señala Pablo Cabañas. El 19 de mayo empezó a realizar asambleas en las comunidades, como lo hacía cuando era estudiante, para platicar con la gente para hacer una revolución. En esos años había conflictos intercomunitarios. La gente se mataba por cualquier cosa, “a veces con razón y a veces sin razón. Por ejemplo, los Hernández tenían conflicto con los Gómez, y los Mesino con los Olea. Lucio explicaba, compañeros, es que los Gómez no pueden ser el enemigo porque todos somos pobres. Comemos chile con sal, memela con sal y todos sufrimos lo mismo. El enemigo no está aquí, es el gobierno. Contra esos sí hay que pelear. ¿Por qué pelean los Gómez o los Hernández? Compañeros, los invito a que arreglemos las cosas”. Poco a poco se fueron arreglando los conflictos entre los vecinos.
Las familias que tenían rencillas hicieron las paces y sus hijos se fueron de guerrilleros. Decían, “profesor, si usted no hubiera arreglado los problemas mis padres se tendrían que andar cuidando con las armas en la mano”. Estos jóvenes llevaban los alimentos o la información a los campamentos. “Profe, ahí viene el ejército”, o en ocasiones avisaban de “soplones”. Por eso el ejército tuvo que arrasar con comunidades enteras porque eran bases de apoyo para la guerrilla.
Las masacres siguieron: el 20 de agosto de 1967 las guardias blancas arremetieron contra un mitin en Acapulco, masacrando a decenas de copreros. El 22 de abril de 1968 un comando armado, enviado por la recién conformada Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, liberó a Genaro Vázquez Rojas de la cárcel de Iguala. Alrededor de 1969 la ACNR conformó tres comandos armados, mientras la guerrilla de Lucio Cabañas se extendía en los municipios de San Jerónimo, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez y Atoyac.
Las familias campesinas no tenían más alternativa que levantarse contra el mal gobierno. La vida se definía entre el hambre y las balas de la policía o del ejército. La pobreza extrema cobró la vida de muchas personas porque no había centros de salud y el más cercano estaba en Atoyac. El comisario tenía un cuerno que usaba cuando alguien enfermaba. En varias ocasiones  “eran las tres o cinco de la mañana cuando tocaba el cuerno cuuu, cuuu. Inmediatamente los hombres de la casa íbamos a ver, qué había pasado. Alguien estaba muy mal. En ese rato llevábamos una hamaca, dos soleritas para hacer un amarre y de dos maderas largas paralelas poníamos un travesaño en cada extremo. Acostaban al enfermo y cargándolo empezábamos a correr a paso veloz hasta llegar a Atoyac, para que recibieran atención”. A las autoridades estatales y federales no les importaba el sufrimiento de la gente. Protegían a los empresarios madereros, a los caciques, pero la vida de un campesino no era nada.
A pesar de esta situación tan precaria que vivíamos en el campo los jóvenes salían a jugar basquetbol en las canchas, los más chicos corrían entre gritos y risas; los señores grandes se reunían para jugar dominó, pero en las pláticas sobre la situación de los pueblos la gente estaba decidida a todo. En algunas comunidades abundaban los Cabañas, los Gervasio, los Serafines y muchos más. En los años de la guerrilla el ejército sospechaba que todos eran familiares de Lucio. Arrasaron con las comunidades que consideraban aliadas de Lucio. Destruyeron todo y se llevaron a cientos de personas que siguen desaparecidas.
Lucio fue un hombre ejemplar, amoroso con todos. Para David Cabañas era el mejor hermano y un gran compañero, algo parecido a su segundo padre. Fue un gran revolucionario. Nunca claudicó, siempre anduvo en la sierra luchando por la liberación de los pueblos pobres. “Cuando él estaba en la ciudad estaba profundamente preocupado por la gente porque estar en guerra es una vida llena de peligros”.
Tenía una capacidad de líder impresionante. No mandaba, ni ordenaba. Cuando les pedía algo a sus compañeros, siempre les preguntaba si estaba bien. “Nunca daba muestra de un estado de neurosis. Irradiaba una gran serenidad que superaba las pruebas más difíciles. Nadie se negaba para realizar las actividades porque en eso consiste ser revolucionario”. A David Cabañas lo comisionaban para realizar algunas tareas en la ciudad. Bajaba de la sierra con gusto porque significaba que le tenían confianza. Algunos de sus compañeros se sorprendían porque nunca le pasó nada, aún metiéndose a la boca del lobo. Sin embargo, su secreto fue porque, “era gato de monte y los contactos con los pueblos eran de gran apoyo. Aun con los cuidados que tenía, en agosto de 1970, me detuvo por 4 horas el ejército, cuando iba a visitar a mi mamá. Tenía 22 años. Me dieron un puñetazo, me amenazaron y me llevaron al Nanchal, pero la gente de mi pueblo siguió a la tropa de 50 soldados. En la entrada de la comunidad bajo un árbol de mango me dieron un jalón de orejas y de los cabellos. Me amenazaron y me dijo el capitán que me largara. La guerrilla todavía no atacaba al ejército, por eso tuve oportunidad de que me liberaran”.
La estrategia de guerra de guerrillas que implementó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento fue contra los policías. En pequeños comandos se desplazaban para realizar una guerra de desgaste contra el enemigo. En las emboscadas recuperaron rifles, fornituras y municiones. Aproximadamente en 1971 los enfrentamientos fueron con el ejército. Lucio buscó afianzar su lucha con la ayuda de las comunidades. Grababa sus discursos y charlas para que se difundieran entre la población, para que tuviera una idea de la revolución. Si los soldados mataban a campesinos, los guerrilleros mataban a sus enemigos; si mataban al pueblo, también mataban al enemigo del pueblo. Los agravios eran generalizados. En cada familia había al menos un asesinado o desaparecido por los policías y militares. En ese año Antonio López Barrientos, medio hermano de doña Rafaela, fue desaparecido por el ejército.
Florentino Loza Patiño subió a la sierra con sus hermanos y hermanas. A una de ellas la mencionan en los testimonios de los sobrevivientes como Nidia. Eran de El Porvenir. Cuando Florentino bajó de la sierra se fue a Oaxaca porque empezó la represión más fuerte. Se alejó para ponerse a salvo, pero lo localizaron. Probablemente “le pusieron cola” cuando su esposa iba a verlo. Su hermano Pablo también fue desaparecido por el ejército.
El Estado mexicano implementó una estrategia de contrainsurgencia que contempló el plan Telaraña desplegado el 2 de marzo de 1971, que incluía operaciones de rastreo y una operación especial Caza Conejo; el plan Luciérnaga en 1973, y operación Amistad, que consistía en aumentar las detenciones y desapariciones de cualquier persona que les pareciera sospechosa. Cuenca Díaz y Luis Echeverría golpearon la guerrilla creando aldeas vietnamitas. En los momentos cruciales Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional, ordenó “no vayan tras esos hijos de la chingada que están en el monte, vayan a las comunidades y tráiganme a los que les dan de comer”.

 

 

En memoria de Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, Gervacio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario y el niño Pablo Rojas Beltrán, campesinos de las comunidades de Los Espadines y Las Desdichas, municipio de Ajuchitlán del Progreso. Fueron obligados a excavar sus fosas y ejecutados por el Ejército el 21 de julio de 1971.

Hace tres décadas cuando abrimos las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en un cuarto del hotel Dulce María en Tlapa, nunca imaginamos que remontaríamos múltiples obstáculos y riesgos por acompañar a los pueblos indígenas y defender los derechos de las víctimas. Iniciamos con mucho entusiasmo y con el compromiso firme de alzar la voz y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos. 1994 fue una fecha memorable por el levantamiento zapatista en Chiapas y la irrupción de los pueblos indígenas de México que desenmascararon las políticas colonizadoras y racistas de los gobiernos priistas. En ese despertar de los pueblos iniciamos nuestra travesía.
Enfrentamos momentos muy densos por el grave deterioro de los derechos humanos en una región olvidada y sometida por grupos caciquiles. Desde un inicio documentamos los casos de tortura, de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y agresiones sexuales contra mujeres del pueblo me pháá cometidas por elementos del Ejército. Constatamos los estragos de la militarización: la persecución encarnizada contra el EPR, los líderes sociales, el movimiento magisterial disidente, las instituciones educativas catalogadas como radicales como la Normal de Ayotzinapa, los dirigentes del PRD, los sacerdotes y religiosos progresistas, las organizaciones indígenas que exigían la desmilitarización de la Montaña. Fueron años sombríos por la violencia ejercida por el Ejército y por la cerrazón de un partido hegemónico que castigaba todo tipo de disidencias atentando contra la seguridad, la integridad física y la vida misma de los luchadores sociales.
Como organismo no gubernamental fuimos vigilados por nuestro trabajo cercano con la gente. Se nos ha catalogado de todo: de ser parte de la guerrilla (hay un expediente penal donde un militar declara que somos parte del EPR). En los tiempos de la hegemonía priista, los gobernantes nos tachaban de perredistas. Posteriormente, cuando el PRD accedió al poder del estado, el gobernador Zeferino Torreblanca se empeñó en desacreditarnos durante todo su sexenio, calificándonos como lucradores sociales. Por su parte, Ángel Aguirre Rivero comentó que éramos los brazos civiles de los grupos armados.
Con el nuevo gobierno de la República el presidente Andrés Manuel López Obrador nos colocó en el lado de los conservadores y nos calificó como seudo defensores. Los funcionarios públicos de la administración morenista desestiman las opiniones y planteamientos que hacemos con datos concretos al señalar la desatención a la población indígena y las fallas que hay en la aplicación de los programas federales. Se cierran a cualquier intento de interlocución. Repiten mecánicamente lo que el presidente remachó en todo momento, que las organizaciones sociales y civiles somos intermediarios y que lucramos con la necesidad de la gente. Esta postura asumida como dogma entre los nuevos funcionarios ha evidenciado que el problema no somos las organizaciones que tenemos un compromiso ético con los pueblos, organizaciones sociales y colectivos de familiares, sino la corrupción que se reproduce al interior del mismo gobierno en manos ahora de Morena y la colusión que existe con los grupos de la delincuencia organizada, al erigirse como un poder de facto.
Esta violencia institucional que se materializa en la desatención a las comunidades indígenas de la Montaña se torna un remolino que nos arrastra sin rumbo seguro por la violencia criminal que se ha instalado en los 19 municipios de la Montaña. En los 3 años de la administración de Evelyn Salgado hemos constatado el avance del crimen organizado en las regiones indígenas. Inicialmente la violencia se había concentrado en las ciudades, sobre todo en el puerto de Acapulco, donde se asentó el Chapo Guzmán. Con el tiempo la división que se dio con Arturo Beltrán Leyva desencadenó la violencia con acciones sumamente sanguinarias. Fue cuando aparecieron personas decapitadas y se dieron enfrentamientos en la vía pública con el involucramiento de policías municipales. La disputa por Acapulco se extendió en las colonias periféricas y en varias comunidades rurales. Esta permisividad y complicidad de las autoridades militares y civiles facilitó que grupos locales tomaran el control de las principales plazas en cada región. Las más codiciadas fueron las ciudades turísticas, como Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. En estos enclaves la disputa se recrudeció y los enfrentamientos fueron recurrentes en las principales ciudades del estado, como Iguala, Chilpancingo, Teloloapan, Ciudad Altamirano, Tixtla y Chilapa, donde se encuentran asentadas grupos delincuenciales que ejercen un poder devastador.
Las autoridades del estado han perdido el control de la seguridad. La capital del estado es rehén de esta confrontación por el control del poder público. En la Costa Grande la última irrupción armada que sucedió en Tecpan de Galeana, es una muestra más de la ingobernabilidad que impera. Lo inaudito es que a pesar del incremento de efectivos militares y de la Guardia Nacional, el flujo de armas llega a todos los rincones del estado y el control de las plazas en los municipios, los grupos delincuenciales se encuentran bien apertrechados, sin temor a ser desmantelados.
El puerto de Acapulco padece los estragos de la violencia porque los negocios están controlados por el crimen: las playas, los comercios, el mercado, los bares, los restaurantes, las gasolineras, el comercio ambulante que pulula en las playas y en las banquetas. La pelea por la plaza no cesa entre los grupos, por eso se da la quema del mercado y negocios establecidos. Se incrementan los asesinatos en las playas y en el mismo mercado central. Es parte de la cotidianidad la quema de vehículos, los cuerpos desmembrados que dejan en las cajuelas o que abandonan en bolsas negras. En las colonias pobres abandonadas por los gobiernos hay fuerte presencia del crimen organizado.
La ciudad colonial de Taxco, tan famosa por su encanto arquitectónico y por la venta de la plata dejó de ser la ciudad pacífica. El crimen organizado tomó el control de los principales negocios. Se incrustó en la estructura del poder municipal, los mismos policías trabajaban para la delincuencia. El corredor que va de Ixtapan de la Sal a Taxco dejó de ser un atractivo turístico, por las desapariciones y asesinatos.
En la Costa Chica, la violencia se incrementó después de las elecciones. Asesinaron al presidente electo de Copala Salvador Villalba Flores, antes de que tomara posesión. En Cuajinicuilapa se calentó la plaza con la llegada de otro grupo. La confrontación armada que dejó varios asesinatos y desapariciones, obligó a que el nuevo presidente municipal y la síndica pidieran licencia, ante la falta de protección por parte de las fuerzas federales. Las escuelas fueron cerradas por falta de seguridad. La disputa por la plaza está latente y la población no se siente segura.
En la cabecera municipal de Ayutla de los Libres asesinaron al coordinador de la UPOEG Felipe de Jesús Cevallos y ese mismo día abandonaron dos bolsas negras con cuerpos desmembrados. Por la noche se consumaron dos asesinatos más.
Las disputas armadas se dan por el reacomodo de los grupos de la delincuencia ante la nueva coyuntura política. El control de los ayuntamientos les garantiza a los grupos acceder a los fondos públicos para ampliar sus negocios con las obras públicas. En la Montaña, después del proceso electoral, el 20 de junio asesinaron al presidente municipal de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero, en la comunidad de Alacatlatzala, cuando se disponía a inaugurar la pavimentación de una calle en la colonia Guadalupe. En el mes de octubre en pleno centro del poblado de Huamuxtitlán, interceptaron al ex presidente municipal Aurelio Méndez junto con su chofer, que fueron arteramente asesinados a balazos.
Este clima de violencia que se respira en el estado nos ha colocado en el desfiladero de la muerte. El caso de las 17 personas desaparecidas de Chautipan, municipio de Chilpancingo es un crimen execrable. 11 personas (tres niños y dos mujeres), aparecieron desmembradas en la caja de una camioneta abandonada en la Autopista del Sol. Es un gran desafío para las autoridades porque la violencia criminal parece no tener límites. El anuncio que hizo el coronel del Ejército de un gran operativo para dar con el paradero de las 17 personas desaparecidas, quedó en entredicho, porque las familias siguen sin saber el paradero de las seis personas que no aparecen. Ya no hay más búsquedas y las investigaciones no avanzan.
La situación del estado es catastrófica por la violencia recurrente que contrasta con la ineficacia de las autoridades que no han sido capaces de contener la ola delincuencial. El empoderamiento de los grupos violentos muestra el debilitamiento de las instituciones de seguridad y justicia y la ausencia de una estrategia que arroje resultados favorables para garantizar un estado seguro. La exigencia del derecho humano a la seguridad se ha generalizado entre la población, porque no hay confianza en cuerpos de seguridad del Estado, porque tiene fundados temores de su colusión y complicidad y porque la población no es el centro de la estrategia de seguridad. Las víctimas de la violencia además de no ser atendidas, son estigmatizadas e ignoradas.
Es grave el distanciamiento de las autoridades del estado que se han embelesado con el poder abandonando a su suerte a una población pobre e inerme. Los huracanes nos devastaron y dejaron en la calle a miles de familias que no cuentan con fondos públicos para reparar sus viviendas y tener un ingreso ante la pérdida de su trabajo en las ciudades y de sus cultivos de la gente que vive en el campo.
El huracán de la violencia no es efímero, más bien se ha instalado en las instituciones del Estado. Llegó para quedarse. Es una amenaza que se agiganta y que busca destruir los sueños de justicia por los que han luchado muchas generaciones de guerrerenses. Lo más grave es que la defensa de los derechos humanos no es una prioridad para el gobierno de Morena.

(Segunda Parte)

Desde la secundaria Lucio lideró luchas importantes dentro de la Normal de Ayotzinapa. Realizó mítines demandando la desaparición de poderes en el estado, encarando al represor Caballero Aburto. Recorrió los ocho municipios de la Costa Grande, desde Coyuca de Benítez hasta Zihuatanejo. En Atoyac hubo grandes concentraciones de campesinos dispuestos a librar batallas contra los caciques. David Cabañas rememora cómo “la policía mató a los dos hermanos Mata y a los dos hermanos Arrieta. Mataban a cambio de un pago en Petatlán, Zihuatanejo, Atoyac, San Jerónimo. En cualquier lugar andaban limpiando de delincuentes, según Caballero Aburto. Eran campesinos, no eran delincuentes, pero aun así mataron a mucha gente. El régimen había generado una tremenda desigualdad. A mucha gente que no tenía para comer le dieron trato de delincuentes. El responsable para empezar era el Estado represor y los gobiernos gansteriles que no permitían las protestas. Los que salían a las calles o decían algo contra el gobierno, al día siguiente aparecían ejecutados”.
En la región, la población tenía la costumbre de andar armados por los levantamientos que impulsó Pablo Cabañas Macedo, abuelo de Lucio. Primero fue capitán, luego general brigadier y general de brigada zapatista en la Costa Grande. Doroteo Cabañas Calderón, bisabuelo de Lucio, fue uno de los capitanes que encabezaron la revuelta en 1884 con los hermanos Desiderio, Carlos y Rafael Pinzón contra el gobernador Diego Álvarez Benítez. Había una tradición de rebeldía y confrontación contra los caciques que abusaban de los más pobres.
“Tenía 11 años en 1958, y es la primera vez que escucho a Lucio en público en Atoyac. Mi admiración fue enorme por su manera de expresarse, de hablar y de denunciar todo lo que ocurría. Ese día estaba atento porque hablaba de las matanzas, masacres, en Guerrero, la represión de los ferrocarrileros reprimidos y asesinados, igual que los médicos, los maestros, y denunciaba la explotación de indígenas henequeneros de Yucatán. Su voz hacía temblar a la muchedumbre, explicando cómo era de violento el Estado en contra del pueblo inerme. Describía muchas cosas que pasaban en el país. Era tan claros sus discursos que sobresalía de los demás compañeros que iban con él, también estudiantes. Generalmente llegaba con cuatro o cinco compañeros a Atoyac y todos iban a denunciar la represión contra el general Caballero Aburto”, narra David Cabañas 50 años después de la muerte de Lucio.
Los estudiantes hablaban indignados por lo que pasaba en los mítines de Atoyac. Lucio finalizaba con claridad. Los aplausos hacían coro al unísono, y cuando bajaba de la tribuna lo rodeaba mucha gente campesina. Decían, “Lucio, soy compadre de tu mamá” o “viví allá donde tu mamá”, “conocí a tu papá”. Lo invitaban a San Vicente de Benítez, al Porvenir, a muchos lugares.
La barbarie implantada por Raúl Caballero Aburto prendió la mecha que provocó un levantamiento de gran envergadura. Convergieron cuatro grandes movimientos para la revuelta social de 1960. El primero fue por los asesinatos de campesinos y una pobreza insostenible en las comunidades campesinas e indígenas. El segundo, fue la lucha social que emprendió Jorge Joseph, en ese entonces alcalde del puerto de Acapulco, contra el gobernador Raúl Caballero Aburto, principalmente por diferencias políticas. El tercero fue el estallido del movimiento estudiantil de marzo de 1960 contra el director del Colegio de Estado, Alfonso Ramírez, a quien se le acusaba de desvíos del subsidio que recibía la institución; se había legislado que el Colegio de Estado pasaría a ser universidad, pero sin autonomía. El cuarto fue la irrupción de la Asociación Cívica Guerrerense, impulsada por Genaro Vázquez Rojas apoyado por Leopoldo Venegas Carrasco. El 2 de septiembre de 1959 se sumaron a la lucha por la autonomía de la universidad.
El 21 de octubre de 1960 el movimiento estudiantil universitario declaró la huelga formalmente. El gobierno del estado los reprimió brutalmente. El movimiento se fortaleció con los normalistas de Ayotzinapa. Entre los líderes destacaba Lucio Cabañas, quien cursaba las primeras semanas de su licenciatura. Se desplegaron brigadas que demandaban la desaparición de poderes, aunado a la rebelión de 36 ayuntamientos.
El 11 de diciembre de 1960 la policía municipal de Atoyac detuvo a Lucio y a varios de sus compañeros, también a doña Rafaela. Se llevaron un “montón de gente” que los protegía en la plaza porque estaban haciendo un mitin. La policía daba culatazos y golpes contra los asistentes, pero no pudieron tocar a Lucio ni a otros estudiantes. Las calles quedaron manchadas de sangre. Encarcelaron a muchas personas, pero las rejas no fueron suficientes.
David Cabañas de 13 años fue testigo de la letalidad de los policías. Permanecía asustado porque eran los policías que habían matado a su padre, pero, sobre todo, porque a doña Rafaela se la estaba llevando la policía. “Me acuerdo que andaba llorando alrededor de la cárcel. Finalmente vencí el miedo y me metí a donde estaban presos para ver a mi mamá y a Lucio. Estaba llena la celda. Varios estaban chorreando sangre de la cabeza y de la frente. Los comerciantes de Atoyac que tenían un mercado a un lado del zócalo donde fue el mitin, en cantidad iban a entregar paquetes de pañuelos, algodón, vendas, mientras otras personas llevaban comida. Durante dos horas me tocó ver la solidaridad. Lucio era muy bromista, decía pues díganles que nos pasen el sonido acá para seguir denunciando “al caballo bruto” -quería decir Caballero Aburto-. A todo le encontraba una broma. Era muy jovencito Lucio, tendría 22 años. Estaba fichado por la Dirección General de Seguridad como el agitador”.
El 25 de noviembre de 1960 Lucio se encontraba en la huelga universitaria en Chilpancingo, en ese lugar los militares prohibieron la entrada de víveres a varios dirigentes, después del desalojo detuvieron alrededor de 200 personas. El 30 de diciembre el gobierno de Caballero Aburto reprimió una protesta en la Alameda Granados Maldonado. Los militares dispararon contra una multitud de cuando a las 11 de la mañana protestaban contra el Ejército por el asesinato de un electricista. Su delito fue colgar una manta que decía: “abajo el mal gobierno”. Las campanas repicaban sin descanso, la gente se arremolinaba. A paso redoblado llegó el general Morales Guerrero con otro pelotón, pidió a los que protestaban abrir paso, pero los ánimos se encendieron. El general ordenó disparar a quema ropa. El saldo fue de 19 muertos y decenas de heridos. La violencia continuó por varios días. El 4 de enero de 1961 se declaró la desaparición de poderes, sin embargo, en el siguiente sexenio “pusieron a otro criminal de gobernador, Raymundo Abarca Alarcón”.
El activismo de Lucio en la normal fue notable y con el tiempo destacó como dirigente estudiantil. Entre el 9 y el 13 mayo de 1961 se convocó en la Escuela Normal Rural de La Huerta, Michoacán, al XVII Congreso Nacional Ordinario para elegir al nuevo secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Las confrontaciones fueron duras porque querían imponer a un candidato de la corriente priista. Sin embargo, ganó Lucio Cabañas y estuvo entre 1961 y 1963. Era el responsable de establecer las relaciones con otras normales del país. La lucha que emprendió fue muy valiosa porque logró 300 espacios más de la matrícula que existía, así como la autorización de becas para los estudiantes. Con su arrojo en las tribunas mostró la estirpe de Zapata y de su abuelo Pablo Cabañas que pelearon por tierra y libertad.
Sus cualidades de buen orador se notaban en las tribunas del pueblo. Tenía un amplio conocimiento de los problemas sociales de Guerrero y del país. Con valor increpaba a las autoridades. Era muy claro y contundente en sus planteamientos, siempre mostró capacidad para argumentar y dejar a los mismos directivos de la Normal en entredicho, por sus flaquezas y carencia de argumentos. Su paso por la Normal tuvo resultados tangibles como la ampliación la matrícula y que sus compañeros tuvieran una mejor alimentación. Comer y aprender era lo más importante para seguir adelante.
Cuando estallaron las huelgas en la normal sus compañeros recuerdan que Lucio se subió en una esquina, en el techo, y puso la bandera rojinegra. La Policía Judicial no tardó en llegar y hasta el mismo Ejército se parapetó. Rodearon las instalaciones queriendo agredir a los jóvenes. Lucio nunca se arredró, era un joven decidido y de profundas convicciones. Su herramienta de lucha siempre fue la constitución del 17 y el mismo reglamento de la escuela. Con eso salía a dar la batalla. Aquella vez no pasó a mayores, pero sí estuvo latente la amenaza.
La ola represiva siguió. El 31 de diciembre de 1962 el Ejército y la policía reprimieron un mitin en Iguala asesinando a seis campesinos. En 1963 Lucio se graduó como licenciado en educación primaria y le dieron su plaza en la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez. Los campesinos le pidieron ayuda para enfrentar a la empresa maderera que con pistoleros talaban irracionalmente el bosque. Les propuso que se organizaran para recuperar la madera y así poder venderla. Con el apoyo de Lucio se animaron y lograron sacar provecho de sus bienes naturales. Estuvo poco tiempo en la comunidad, pero fue suficiente para impulsar un proceso autogestivo. Pronto llegó su cambio para la escuela primaria Modesto Alarcón de Atoyac. En esos años ingresó a la CNTE con la que levantó un gran movimiento en la región.

(Primera Parte)*

El 15 de diciembre de 1937 nacía la esperanza en la intrincada serranía sureña, a menos de un kilómetro de El Porvenir. El horizonte resplandecía con los matices encantadores de un nuevo amanecer. Ese día el viento frío azotaba la puerta de varas queriendo entrar en la choza de bajareque. Más adentro se escuchó el llanto de un recién nacido: Lucio había nacido, como nacen la mayoría de niños pobres de Guerrero, en el piso de tierra y con la compañía de una partera. La alegría de sus padres, Rafaela Gervasio Barrientos y Cesario Cabañas Iturio, era de júbilo, por el momento se olvidaron de los sufrimientos y carencías que padecían. Facunda, su hermana mayor, observaba a la distancia las vueltas de la partera. La alegría, no era para menos, un hijo siempre significa prolongar la estirpe, pero también luchar con más fuerza para enfrentar las adversidades y las injusticias. Para Rafaela fue un gran alivio porque tuvo la corazonada que cuando su hijo creciera, vería por ella y por toda la gente pobre.
Lucio creció en una casa de horcones, palos y lodo, entre los cafetales de El Porvenir, en la sierra de Atoyac de Álvarez. Pablo Cabañas, hermano menor de Lucio, tiene aún la imagen de los caseríos de bajareque en una “lomita no muy inclinada”. “Era un barriecito chiquito que no tenía ni 100 casas. Las construían con horcones, colocaban un cajón de varas y se iba llenando con lodo y piedra para que se hiciera la pared. Dormíamos en petates o camas de varas”.
Como campesinos pobres no tenían otra opción que contratarse como peones para tener un ingreso, padeciendo el maltrato de los ricos de Atoyac. Sobrevivían con la siembra de maíz y el corte del café. Para Lucio el trabajo era todo lo que conocía. Su papá le enseñó a sembrar en la serranía. Alejandro Serafín Gervasio, hermano de madre con Lucio, mejor conocido como David Cabañas Barrientos, recuerda que en los 70 el camino real atravesaba la comunidad y a los lados se iban formado las chozas. Era un pueblo cubierto por la espesura del bosque y la neblina de la sierra madre del sur. Está a una hora de camino en carro desde Atoyac. La hermosura de la naturaleza y el espectáculo de cascadas contrastaban con el infierno impuesto por los caciques y sus pistoleros, que traían a raya a los campesinos que se organizaban.
La pobreza no era el único obstáculo para Lucio de 7 años, Facunda de 9 años y Pablo de 5 años. Había algo peor que agitaba sus corazones: la violencia que ejercía su padre contra doña Rafaela. Podían aguantar el hambre, pero los maltratos y los gritos eran insoportables. Estuvieron un tiempo más en El Porvenir, pero doña Rafaela decidió separarse de su esposo. Cesario, iracundo, la apartó de sus hijos, dejándola desamparada. Decidió salir de la comunidad y bajar de la sierra rumbo al Cayaco, municipio de Coyuca de Benítez. “Caminamos dos días, al pasito de las bestias bien cargadas con todas las cosas que se utilizan en la casa. De El Porvenir llegamos a un lugar que se llama Ixtla, cerca del municipio de Atoyac. Ahí nos quedamos dos días en la casa de la hermana de mi abuela paterna Aldegunda Iturio de la Cruz, la primera esposa del zapatista Pablo Cabañas Macedo. Al siguiente día arribamos al Cayaco”.
Disfrutaron de las huertas de café desde los 6 años cuando empezaban a trabajar. Sin recursos económicos los inscribían en la escuela en septiembre y en noviembre, subían a la sierra al “corte de café”. Los hermanos Cabañas no tenían mucho tiempo para estudiar porque se la pasaban en el campo, en la siembra de maíz, frijol, ajonjolí y otras semillas para comer. Lucio siempre tuvo una inclinación por el estudio. Cuando terminaban los trabajos del campo, ocupaba su tiempo para leer. Logró terminar el tercer año de primaria con las mejores calificaciones.
Cuando Lucio tenía 13 años, el 8 de marzo de 1950 los sanguinarios caciques mataron a su padre, en la comunidad de San Jerónimo, en la Costa Grande. La violencia siempre ha marcado la historia de las familias que son explotadas y sometidas políticamente. La osadía por defender la tierra se paga con la muerte. A los ricos de la región confabulados con las autoridades estatales no les temblaba la mano para matar a los campesinos. La ley la aplicaban ellos y festinaban sus atrocidades.
Los estudios de Lucio se truncaron porque tuvo que dedicarse al campo para ayudar en el sostén de la familia. Su papá le dejó un pequeño palmar de cocos. Al dolor por su pérdida, se sumaron los problemas para sobrevivir. Las dificultades se incrementaron a pesar de que su tía Marciana Iturio Serafín estaba a cargo de la familia. Lucio no veía otra opción que salir de la comunidad para romper este círculo de la violencia y la pobreza.
Los desaires de la familia paterna marcaron la vida de los tres hermanos. Representaba un gran sufrimiento que los trataran como si no fueran de la familia. Su tía no quería que estudiaran porque creía que sólo iban a aprender vicios. Desde 1949 su papá quería que Facunda y Lucio fueran los primeros en irse a estudiar a la Ciudad de México. Podrían quedarse en la casa de su abuelo Pablo Cabañas. Lamentablemente fue una idea que no prosperó y que se truncó con su asesinato. Lucio mantuvo viva esa propuesta de su padre. Su recuerdo fue como el impulso para salir. El 15 de octubre de 1954 escapó de la casa de su tía con la idea de quedarse en Tixtla. Se fue con un tío que tenía dos hijos en el internado. En su aventura tuvo que vender un anillo para juntar un poco de dinero para pagar el pasaje.
Lo primero que hizo fue inscribirse a la primaria Vicente Guerrero en el ciclo escolar de 1955 a 1956, cuando tenía 17 años. De inmediato buscó trabajo en un molino de nixtamal, transportaba la masa de donde hacían las tortillas y las llevaba a otro lugar. “Yo nada más tenía una camisa para ir a la escuela y la lavaba todas las noches para presentarme limpio al otro día.” Después de cursar el cuarto grado los maestros le otorgaron una boleta de quinto para que pudiera inscribirse en sexto año en la escuela de Ayotzinapa y fuera becado, porque era muy inteligente. Cursó los tres años de la secundaria en la Normal de Ayotzinapa.
Lucio llevaba en su memoria las crudas imágenes de la violencia caciquil, la brutalidad con la que actuaba la Policía Motorizada. La sobre explotación de los trabajadores del campo y el nulo respeto a la vida y dignidad de la gente pobre. El escenario político en el estado era catastrófico. El 21 de mayo de 1954 Alejandro Gómez Maganda abandonó el cargo de gobernador por la desaparición de poderes en el estado. Había diferencias políticas con el gobierno federal de Adolfo Ruiz Cortines. Nuestra entidad sucumbía por la violencia y las disputas políticas. El gobernador sustituto, Darío Arrieta, no pudo con la responsabilidad y pronto terminó su mandato en 1957. Desde el gobierno de Francisco O. Arce (1889-1893) las comunidades indígenas y campesinas resistieron contra los despojos y atracos de terratenientes y caciques. Lo mismo sucedió durante la revolución hasta 1941, con el gobierno de Gerardo R. Catalán Calvo.
En 1955 se avecinaban las elecciones para la gubernatura de Guerrero. El ambiente era turbio, no sólo por las disputas entre políticos, sino por el hartazgo de indígenas y campesinos contra los militares que ocuparon cargos de gobernadores y utilizaban la fuerza del Ejército para disciplinar a los insumisos. En 1956 Lucio iniciaba sus estudios de sexto de primaria cuando designaron a Raúl Caballero Aburto como candidato a la gubernatura. David Cabañas Barrientos comenta que en “ese tiempo de elecciones Raúl Caballero dirigió una acción violenta contra los “gasquistas”, reprimió y hubo varios muertos. Lo premiaron con la gubernatura de Guerrero en abril de 1957. Con esos antecedentes llegó al poder con un plan siniestro de acabar con la delincuencia, decía públicamente que lo iba a lograr “ejecutando a los criminales”.
Raúl Caballero Aburto, originario de Ometepec, resultó ser un asesino. La sangre corrió en el estado. El 8 de noviembre de 1957 la policía del estado mató a Juan Serafín Martínez, segundo esposo de doña Rafaela Gervasio, y a su hermano. A Lucio le pudo mucho su muerte porque además de ser su gran amigo, se había identificado con su forma de pensar.
Las matanzas de campesinos y la entronización de gobernadores militares que usaban el fusil para gobernar, forjó en Lucio su temple como un hombre que no toleraba las injusticias que cotidianamente cometían los gobernadores a través de los policías y militares. Lo cimbraron hechos de barbarie que se fueron normalizando en el estado, por el terror que impusieron los caciques y militares. Desde los 8 años se dio cuenta de que el contexto de violencia iba de mal en peor. Por eso, cuando Lucio llegó a la Normal tenía muy interiorizada la visión de que el maestro debería ser un agente de cambio, que cultive los valores y los derechos del pobre, que recupere su dignidad y su conciencia de clase. Con sus propias palabras, lo expresó:
Nosotros nacimos en Ayotzinapa siendo todo. Yo me acuerdo que estaba en sexto de primaria cuando hicimos la primera asamblea con cinco compañeros. Compañeros, estamos estudiando, vamos a terminar la primaria, ¿qué vamos a hacer por el pueblo? Parece que vamos a hacer una revolución. Ah, pues que hablaran los de sexto de primaria, nosotros, de revolución era muy raro. Pero nosotros hablábamos de revolución antes de irnos a la escuela.
A su corta edad había esperado bastante para tratar de cambiar la realidad de los pueblos pobres, impulsar la organización de base para luchar contra la opresión. En su pensamiento siempre aparecía la interrogante ¿qué hacer? Poco a poco se fue insertando en los problemas de la escuela, pero sin dejar de tomar en cuenta el contexto social, político y económico que vivía el estado. De analizar las condiciones objetivas y subjetivas de la insurrección.
*Con motivo de los 50 años de la gesta heroica del profesor Lucio Cabañas Barrientos, reivindicamos su legado histórico por su lucha contra la explotación, el terrorismo de Estado, los cacicazgos políticos, la corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades civiles y militares que gozan de impunidad.

 

aEn este 2024 la ONU Mujeres en su campaña ÚNETE, impulsará el tema “Cada 10 minutos se asesina a una mujer. #NoHayExcusa.ÚNETE. A partir de este 25 de noviembre, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, inicia la campaña para concluir el 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Son 16 días de activismo para impulsar campañas en favor de una vida segura de las mujeres y para exigir a los gobiernos que dejen los discursos huecos en favor de los derechos de las mujeres y salgan de sus aposentos para estar a su lado y contener la avalancha de las violencias que sistemáticamente suceden en sus casas, sus trabajos y en los espacios públicos.
De acuerdo con información de ONU Mujeres, a nivel global, casi una de cada 3 mujeres ha sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida. La realidad nos apabulla al constatar que la violencia contra las mujeres y las niñas es generalizada en todo el mundo, al grado que cada 10 minutos se asesina una mujer. En el 2023 más de 51 mil mujeres y niñas de todo el orbe murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia. Se trata de una lacra que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos el lugar de trabajo y los espacios en línea.
En este 2024 se cumplen 25 años de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lamentablemente la violencia se incrementa y los gobiernos no han cumplido con sus compromisos internacionales de garantizar y proteger los derechos de la mujer. En México, de acuerdo con cifras oficiales se registran de 2018 a 2022 un promedio de 10 mujeres asesinadas por día; en 2023 fueron 9 y, a lo largo de 2024, 10 mujeres murieron violentamente cada día.
En el ámbito laboral tampoco es una excepción. El 27.9% de las mujeres en México ha sido violentada en el trabajo al menos una vez en su vida, y 6 millones de quienes experimentaron violencia física o sexual no acudieron a ninguna institución o autoridad debido a que el 31.6% consideró que se trató de algo sin importancia o que no les afectó.
En Guerrero el grave problema que arrastramos es la inacción y complicidad de las autoridades encargadas de investigar los delitos y de aplicar la justicia. Las mujeres y las niñas sufren una desprotección estructural: no son tratadas con respeto, las cosifican y son objeto de burla y discriminación. No le dan crédito a su palabra, hacen más cruento su sufrimiento, hacen escarnio de la agresión sexual de la que fueron víctimas. Las mujeres de la Montaña se ven obligadas a realizar largos viajes y gastos onerosos para interponer una denuncia en Tlapa. En la agencia del Ministerio Público no son bien recibidas, no las consideran dignas de atención, sufren maltratos, las someten a trámites burocráticos. El fin es revictimizarlas y frustrar su afán de justicia. Toda la carga de la prueba se la dejan a la víctima o a sus familiares. Los perpetradores contratan abogados que negocian con los Ministerios Públicos para que las denuncias no prosperen. Todo el aparato de justicia se mueve con dinero y palancas.
Para que impere la legalidad hay que interponer otros recursos jurídicos que remueva los vicios acendrados de la corrupción y obliguen a los agentes investigadores a regirse bajo los principios de imparcialidad e independencia. Los que acompañamos a las víctimas tenemos que recurrir a la denuncia pública para evidenciar las malas actuaciones tanto de los Ministerios Públicos, como de los jueces y las juezas. Los riesgos son mayores para sus familiares porque son amenazados o agredidos para acallarlos. La denuncia que es filtrada por personal de la misma Fiscalía es la que atiza la violencia contra las mujeres y niñas indefensas.
Para ONU Mujeres, ante las cifras adversas que hay en el mundo, se ha propuesto movilizar a todos los miembros de la sociedad para contener esta alarmante escalada de violencia contra las mujeres. Busca también revitalizar los compromisos de los gobiernos y exigir responsabilidad y medidas concretas a las autoridades para contener este flagelo.
En nuestro país la violencia contra las mujeres y niñas se ha trivializado y normalizado. Es muy común que las mujeres callen las violencias que sufren en el hogar. Viven atemorizadas. Ocultan lo que padecen para que no trascienda entre los vecinos ni en las redes sociales. Viven angustiadas y sometidas. Callan y se llevan sus penas y dolores hasta la tumba.
De acuerdo con la declaración de la ONU, la violencia contra la mujer abarca actos que causan daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico, así como amenazas, coacción o privación de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. La violencia impacta la salud física, sexual y psicológica de las mujeres en todas las etapas de su vida, afectando su educación, empleo y oportunidades.
Las mujeres y niñas indígenas de Guerrero, enfrentan mayores riesgos, por el empobrecimiento extremo, la profunda desigualdad social, la alta conflictividad comunitaria, el analfabetismo que las esclaviza y las vuelve más vulnerables, la ausencia de las instituciones de salud, la carencia de apoyo a la niñez, los matrimonios forzados y la discriminación estructural que cargan sobre sus frágiles cuerpos.
En el marco del 25 aniversario, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las niñas, recordamos a Melani, víctima de feminicidio el 28 de noviembre de 2017, a 7 años del artero crimen perpetrado por su esposo José Luis, piloto aviador de la Fuerza Aérea, con grado de teniente. De manera cobarde la golpeó, la jaló de los cabellos y la azotó contra la puerta de la recámara. Al someterla la tiró al piso atenazándola con las dos manos hasta romperle el hueso hioide privándola de la vida.
Para simular un accidente, José Luis la arrastró por las escaleras que dan al primer piso, colocando su cuerpo entre los escalones y la pared. Antes de pedir auxilio trató de borrar todas las evidencias del feminicidio para hacer creer a los médicos que se trató de una caída accidental. No permitió que las autoridades entraran a la recámara. Agilizó los trámites para el levantamiento del cuerpo y lo llevó a una funeraria para que lo incineraran. Contrató a un médico para que elaborara un certificado médico a modo que argumentara que la muerte de Melani fue por causas naturales.
Los padres de Melani se opusieron a que su marido la incinerara y sólo mandó el cuerpo a Hermosillo a través de una funeraria. No quiso enfrentar a sus padres en el funeral y los presionó para que se desistieran de la denuncia a cambio de que pudieran convivir con su nieto. Don Martín y doña Jovita dejaron su casa para interponer la denuncia por feminicidio contra José Luis en el puerto de Acapulco. Pidieron que se exhumara el cuerpo de su hija para conocer a fondo la causa de su muerte. Los peritajes arrojaron datos de que Melani fue privada de la vida por ahorcamiento y desechó la teoría de que había sido por accidente.
El jueves próximo se cumplirán 7 años del feminicidio de Melani. Para don Martín y doña Jovita el dolor que los aprisiona no ha sido obstáculo para trasladarse hasta Acapulco a rendir sus testimonios. La jueza en lugar de considerar la calidad de víctimas de don Martín y doña Jovita los ha maltratado y no ha tomado en consideración que su estancia en Acapulco es complicada porque tienen que viajar desde Hermosillo. Ha postergado las audiencias de manera arbitraria y ha declarado desiertos varios testimonios que son claves, sin dar oportunidad al Ministerio Público que pueda localizarlos. Es preocupante la actuación parcial de la jueza en un caso de feminicidio que requiere una actuación pulcra incorporando la perspectiva de género y tomando en cuenta el contexto en que sucedieron los hechos y la asimetría de poder entre el victimario y la víctima.
En esta semana conoceremos la resolución final de la jueza. La gobernadora tiene que estar atenta sobre el desenlace del caso de Melani. Más allá de la autonomía del Poder Judicial, hay estándares internacionales que obligan a todos los juzgadores a aplicarlos con mucho rigor para garantizar justicia a las víctimas. No pueden prevalecer visiones cortas y sesgadas en los juzgadores, ni posturas subjetivas e interesadas. La violencia contra las mujeres se incrementa por los juicios a modo que dejan libres a los perpetradores, enviando desde el Poder Judicial, señales funestas de que la justicia tiene precio y que no les interesa que nuestro estado se desangre por la impunidad que impera.
El compromiso asumido por la gobernadora Evelyn Salgado, de que nuestro estado será un santuario libre de violencia de género, se tira por la borda cuando los casos de feminicidio siguen incrementándose.
En este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la gobernadora tiene que fijar una postura pública en favor de las mujeres que, como Melani, son víctimas de feminicidio. No puede mantener una postura tibia, tiene que colocarse del lado de las víctimas. Ya es tiempo de desenmascarar a las autoridades que protegen a los feminicidas y que no atienden las recomendaciones internacionales, de aplicar los estándares de protección más altos, para evitar que “cada 10 minutos se asesine a una mujer en el mundo.”
 

Melani, una joven de Hermosillo Sonora la más alegre de su familia. Su papá es mecánico y su mamá trabaja en una maquiladora. La familia tiene que hacer jornadas fragorosas para traer la comida a la casa.
Melani soñaba ser ingeniera. Estaba en primer año de la carrera cuando conoció a José Luis Martínez, un piloto aviador de la fuerza aérea con grado de teniente. Dejó la escuela para formar una familia. Por un cambio de adscripción José Luis y Melani se mudaron a Acapulco fue adscrito a la base de Pie de la Cuesta. Establecieron su domicilio en la Colonia El Pedregoso en el condominio Canta Luna donde habitaban varias familias de pilotos militares.
De ser una persona amable y sensible, a los cinco meses José Luis se transformó en un ser controlador, violento, narcisista y golpeador. La empezó a maltratar verbalmente y a golpearla. En pleno embarazo la golpeó en diferentes partes del cuerpo, particularmente en el estómago. Melani tuvo que ir a la Unidad Médica Militar de Pie de la Cuesta. El médico asentó en una constancia las lesiones que tenía. Melani guardó ese documento y cuando presintió que la violencia que vivía era álgida se lo dio en secreto a sus padres. También les compartió a varias amigas la violencia que vivía al lado de su pareja. Les dio unas capturas de pantalla en las que José Luis la insulta. La llama tonta, burra que no tiene estudios, que le arruinó la vida y otros insultos denigrantes que le profería.
El 28 de noviembre de 2017 por la noche salieron a cenar. El vigilante del condominio los vio entrar a su departamento, alrededor de las 9 de la noche. Más tarde empezaron una discusión en la recámara principal. Las cosas subieron de tono. Esta vez José Luis tomó a Melani de los cabellos, la proyectó contra la puerta de triplay rompiéndola, la tiró al piso, tomándola del cuello, la ahorcó y le rompió el hueso hioide. Melani no pudo más y perdió la vida en ese instante. Con sangre fría José Luis colocó su cuerpo en las escaleras para simular una caída accidental.
Posteriormente llamó a la Cruz Roja. Les dijo a las autoridades que estaba durmiendo y que su esposa se paró a preparar la leche para el niño. Despertó porque el pequeño lloraba, buscó a Melani y la encontró en las escaleras sin vida.
También llamó a los padres de Melani. Les dijo que iba a cremar el cuerpo porque ésta había sido la última voluntad de su esposa. Los padres le dijeron que no hiciera nada. Ellos saldrían para Guerrero. Al día siguiente don Martín y doña Jovita ya estaban en el puerto.
Empezaron a discutir con José Luis porque ellos querían que les entregaran el cuerpo para llevárselo a Hermosillo, pero la funeraria Porcayo ya tenía los trámites de la cremación listos. Era cuestión de minutos para la incineración. El esposo de la finada insistía que esa era la última voluntad de Melani y los padres en llevarse el cuerpo de su hija. La agente del Ministerio Público tuvo que intervenir para decirle a José Luis que era un derecho de los padres llevarse el cuerpo su hija para darle cristiana sepultura. Finalmente, don Martín y Doña Jovita se llevaron los restos de Melani. José Luis nunca se apareció en el sepelio de quien fuera su esposa.
José Luis en todo momento trató de evitar una investigación. Le impidió a los agentes de policía ingresar al departamento para documentar el hecho, aduciendo que el deceso de su esposa fue por un accidente, por lo mismo, insistía en cremar el cuerpo. Si los padres de Melani hubiesen llegado unos minutos más tarde sólo encontrarían las cenizas y todo habría quedado en la impunidad.
En las investigaciones la tesis de la caída accidental no cuadraba. Cómo era posible que no tenía lesiones graves en una caída a 2 metros de altura y sobre las escaleras, el lado izquierdo de su cara pegaba con la pared, extrañamente de ese lado no tenía lesión alguna. Los expertos dijeron que la posición del cuerpo de Melani era atípica, dado que ofreció la cara en lugar de las extremidades que es propio de las caídas súbitas. El cerebro instintivamente ordena mecanismos de defensa por ello las víctimas anteponen las manos o pies. El cuerpo de Melani ofrecía la cara no las manos, esto indicaría que fue colocado en las escaleras después de muerta.
Finalmente se llevó a cabo la prueba de luminiscencia encontrándose varias manchas de sangre en el departamento, particularmente en la recámara principal donde también estaba rota la puerta de triplay. Fue necesario exhumar el cuerpo en Hermosillo y realizar un estudio integral aplicando los protocolos de violencia contra la mujer. El resultado de este estudio arrojó que Melani tenía el hueso hioide roto asfixiándose y perdiendo la vida.
En enero del año 2023 José Luis Martínez fue detenido e inició el proceso. El juicio oral se ha llevado a cabo con sendas irregularidades. La jueza del caso, Evelina Ramírez Venegas, ha sido sumamente parcial. Varias objeciones las ha resuelto a favor del acusado sin que le asista la razón, ha declarado desiertos varios testigos de cargo, particularmente de un médico que explicaría las irregularidades en la investigación y la mecánica de la caída de la víctima, ha sido intransigente con los testigos de la víctima y condescendiente con los del acusado. En una diligencia maltrató al papá de Melani. Cuando declaraba lo amenazó con multarlo olvidando que la declaración de las víctimas de la ONU obliga a las autoridades a tratar con respeto y compasión a las víctimas. A una experta que declaraba los ciclos de violencia que vivió Melani le cuestionaron su militancia feminista y la jueza lo permitió para restarle credibilidad al testimonio.
El jueves 14 de los corrientes la jueza deberá dictar el fallo correspondiente. Es preciso que haya una condena. En la interpretación y valoración de las pruebas la jueza deberá privilegiar la perspectiva de género, considerando los ciclos de violencia que vivió Melani, la asimetría de poder de que era víctima frente a su agresor y la intersección de discriminaciones que sufría. Las autoridades deben sancionar la violencia feminicida y los jueces tienen el deber de hacer una interpretación amplia considerando los elementos anotados para superar las barreras que impiden que las mujeres accedan a la justicia.
Decía la gobernadora que Guerrero sería un santuario para las mujeres. Para hacer realidad esta afirmación es menester que haya justicia para las víctimas. Que los feminicidas sepan que serán severamente sancionados. El Tribunal Superior de Justicia y la gobernadora deben estar pendientes de la actuación de la jueza. Esperamos que el faro de la justicia relumbre en la obscuridad de la violencia que azota Guerrero.

Cada semana registramos hechos de sangre que nos desquician, tanto por el número de víctimas que se incrementa diariamente como por el sadismo de los crímenes que se cometen. Lo que se busca es causar el mayor daño posible y la malévola intención es dejar los rastros funestos de la barbarie cometida. Ya no hay límites ni espacios seguros. En todas partes hay peligros y en los lugares menos pensados ocurren hechos deleznables.
No hay temor para descargar la metralla y cometer asesinatos a unos pasos de las instalaciones militares, de la Guardia Nacional o de la Policía del Estado. Se abandonan bolsas con cuerpos desmembrados en las aceras de la Fiscalía. La expansión del crimen llega hasta que se topan con otro grupo que tiene el control territorial. Son los mismos grupos delincuenciales los que se ponen límites y no las instituciones del Estado.
El poder de fuego de la delincuencia la lleva a desafiar a los cuerpos de seguridad. Su armamento es sofisticado y está mejor apertrechada. Tiene múltiples contactos para abastecerse de armas desde Estados Unidos. Cuenta con propiedades en lugares estratégicos que funcionan como centro de operaciones. Ha recurrido al reclutamiento de jóvenes para expandir su dominio y contar con reserva humana para sus incursiones armadas. El objetivo es desplazar al grupo que ostenta la plaza. Los jóvenes son carne de cañón que desecha sin que haya consecuencias jurídicas ni acciones contundentes que contengan esta violencia irrefrenable.
Las empresas criminales son negocios muy redituables porque han sabido incursionar en varios giros comerciales donde blanquean su dinero con empresas bien consolidadas. Esto sólo es factible en estados donde impera la corrupción, donde la ley no se aplica y la justicia es una mercancía que genera grandes dividendos. Funciona donde el poder se maneja de manera facciosa y donde el compadrazgo político sirve para hacer componendas mafiosas y para amarar negocios y cargos públicos. Es un buen picaporte para estar dentro del círculo de las empresas proveedoras del gobierno. Estos territorios son fértiles para establecer pactos con los grupos delincuenciales. No hay una línea divisoria que separe las actividades legales y lícitas de las acciones delincuenciales. Se trata de un entramado delincuencial en un estado poroso que permite que los negocios crezcan vertiginosamente con la inyección de dinero público.
El debilitamiento de las instituciones públicas ha propiciado el desbordamiento del crimen organizado que se ha colocado en los centros turísticos, en las principales ciudades, en las cabeceras municipales y en las comunidades rurales. Aparece como el monstruo de mil cabezas, como el poder fáctico que se ha instalado dentro de la administración pública. Ha adquirido carta de naturalización dejando a una población en total abandono. Los faccionalismos políticos y la polarización social ha fragmentado y confrontado a la población. Ha mermado su fuerza para afrontar con determinación este mal, que está dañando los tejidos de una sociedad que se ha quedado impávida.
Lo que prolifera ahora son las historias del horror, las lamentaciones y la parálisis social. Hemos cruzado el umbral de la legalidad para entrar al caos del salvajismo. En este pasaje todo es permisible, predomina el sentido de sobrevivencia, el destino fatalista y el “sálvese quien pueda”. Las mismas autoridades se han replegado, hay algunos casos que han llegado al extremo de renunciar a sus cargos. No sienten que haya garantías para desempeñar con seguridad sus funciones. Hay autoridades municipales que no han encontrado otra salida que recomendar a la población de que no salga de su casa para evitar hechos lamentables. La violencia galopante rompe con la convivencia pacífica y trunca proyectos de vida. Nos hunde como sociedad en el pantano del infortunio.
Hemos perdido el respeto a la vida, que es lo más sagrado que tenemos como especie humana. La función principal de un Estado es ser garante del orden, tiene el monopolio de la violencia para asegurar que el Estado de derecho impere y para salvaguardar los derechos fundamentales de la población. No hay otra razón de ser de un gobierno democrático que proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. La autoridad no tiene sentido si no cumple con el mandato constitucional de cumplir la ley, aplicar la justicia, garantizar los derechos y las libertades, así como atender con presteza las demandas más sentidas de la población.
En el estado hay un sentimiento de orfandad, la población se siente inerme y lo más desesperante es que no encuentra interlocución. Existe un distanciamiento mayor con la población que protesta y que se expresa en las calles. Las protestas son recurrentes porque no se canalizan las demandas y se postergan los problemas. Se ha descuidado a los sectores más vulnerados que están a la espera de alguna acción que les favorezca. En las regiones empobrecidas hay mucha población invisibilizada a la que no se toma en cuenta para revertir los rezagos sociales que por generaciones ha padecido.
Se han cruzado realidades dolorosas; la violencia galopante de los grupos de la delincuencia que están causando muchas muertes y la precariedad económica de la población damnificada que no está siendo atendida y que se encuentra desesperada porque no tiene ingresos seguros para ir al día con su familia. Las comunidades indígenas y afromexicanas padecen el doble flagelo: la violencia y la pobreza. Lo grave es que la ayuda no llega y nadie sabe a quién le llegará ni cuándo llegara. El hermetismo y la cerrazón de las autoridades ha exasperado a amplios sectores de la población. Los presidentes municipales se desentienden de los damnificados con el argumento de que apenas han tomado las riendas del municipio y que no hay dinero en las arcas del municipio.
A nivel estatal no hay una instancia que coordine y que atienda la multiplicidad de demandas para canalizar a las instituciones correspondientes. No se destinan recursos para atender lo urgente a familias sumamente desamparadas, ni siquiera despensa o maíz están dispuestos a distribuir. Han dejado que el gobierno federal se encargue de distribuir los recursos que anunció la presidenta de la República, sin embargo, la población damnificada tiene diversas demandas que requieren intervenciones de otra índole, como los prestadores de servicios turísticos, los pescadores, los vendedores ambulantes, los colonos de las periferias, las familias que perdieron sus cosechas y que tienen que migrar para tener un ingreso que les permita comprar maíz, las madres solteras, las víctimas de la violencia, los jóvenes que no tienen trabajo y que no tienen recursos para estudiar en la ciudad. Todos ellos y ellas tendrán que esperar los resultados de los censos. Muchos no están seguros que alcancen algún beneficio. Su mayor angustia es que no encuentran alternativas para salir de este desastre.
Las víctimas de la violencia sufren su propio calvario. El caso de las 34 personas asesinadas en Tecpan de Galeana con motivo de la irrupción armada del grupo delincuencial GNG nos muestra la proliferación de grupos que han reclutado a personas extranjeras para involucrarlas en acciones delincuenciales. Las disputas territoriales son más sangrientas por el número de personas asesinadas y heridas. En ese contexto de confrontación se recrudece más la violencia porque se trata de destruir a los enemigos. Son bombas de tiempo que pueden desencadenar más acciones violentas porque los grupos delincuenciales están parapetados esperando el momento más apropiado para accionar sus armas. Las autoridades civiles han quedado al margen y ahora lo que impera son los actores armados del estado y de la delincuencia. En estas circunstancias por la vía de los hechos impera el Estado de excepción y las víctimas de la violencia se incrementarán.
El caso de las 17 personas que desaparecieron en la comunidad del Epazote, municipio de Chilapa ha causado desconcierto por la inacción de las instituciones del Estado. Las familias desesperadas se arriesgaron a salir con la esperanza de encontrarlos y desafortunadamente también fueron desaparecidas. Han pasado 12 días sin que las autoridades del estado den con su paradero. Hasta el momento permanecen activas 14 fichas de búsqueda de la Fiscalía General del Estado, la última ficha fue de Ángel Barrera Millán. Hay cuatro menores, dos mujeres y ocho hombres.
El 31 de octubre la Fiscalía publicó en su página de Facebook que habían realizado acciones de búsqueda de 10 personas en las comunidades cercanas al Epazote, como Santa Fe, Loma Larga, Colotlipa y Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango. Las actividades de búsqueda se llevaron a cabo en coordinación con la Policía Investigadora Ministerial, Ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y la CEBP, sin resultados favorables.
Movidos por la desesperación, el primero de noviembre, más de 50 familiares llegaron en un camión de volteo y camionetas de redilas para bloquear el paso en el bulevar René Juárez Cisneros, a la altura de la Fiscalía para exigir que se redoblen los esfuerzos de búsqueda. Señalaron que no era la primera vez que sus familiares iban a vender su mercancía en la comunidad del Epazote. Cuatro mujeres permanecieron en el bloqueo denunciando que “son 17 los ciudadanos que nos faltan. Vivos se fueron y vivos los queremos. Le exigimos a la gobernadora su apoyo para encontrarlos; “queremos a nuestros familiares con vida”. Ante la violencia irrefrenable la población se agita ante tanta desolación e indolencia gubernamental.

A todas las familias afectadas por los huracanes Otis y John que a diario luchan por su sobrevivencia. A pesar de sus protestas y largas horas de espera no son escuchadas ni atendidas por los tres niveles de gobierno.

Con la expectativa de escuchar anuncios importantes por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el genuino interés de saludarla y entregarle sus peticiones, la gente regresó este domingo a sus hogares con la tristeza y la desesperación por no tener respuestas concretas a sus demandas. Pesó en el ambiente la incertidumbre de no saber si serán beneficiarias para limpiar sus casas y si los censos las tomarán en cuenta para reconstruir sus viviendas. La reunión se realizó a puerta cerrada en la Décima Segunda Región Naval de Acapulco. Un lugar infranqueable y seguro, lejos de la gente que ha tomado las avenidas como medida desesperada para que el gobierno los escuche.
Cada secretario federal rindió su informe y anunció los montos de inversión que ejercerá para pasar de la etapa de emergencia a la etapa de Acapulco se transforma contigo. Para alcanzar esta recuperación se diseñó un plan integral cimentado en cinco ejes: encuentros con el sector privado, el plan integral hídrico, el plan integral de seguridad, el plan de mejoramiento urbano y de movi-lidad y el de reactivación turística.
Los anuncios espectaculares de miles de millones de pesos, nos recuerdan las acciones de otros presidentes, como Enrique Peña Nieto que anunció el plan nuevo Guerrero con 30 mil millones de pesos, que dejó en total abandono a las familias damnificadas. La secretaria del bienestar Ariadna Montiel informó que se atendieron 51 municipios y censaron 64 mil 930 viviendas en Acapulco y 78 mil 554 en el resto de Guerrero, arrojando un total de 143 mil 484 hogares atendidos. Para la realización del censo participaron 2 mil 153 servidores de la nación. La inversión destinada para Acapulco es de 2 mil 960 millones de pesos, logrando beneficiar hasta el momento a 32 mil personas. La fecha de entrega la iniciaron el 19 de octubre y concluirá el primero de noviembre. La inversión que está destinada para el resto del estado es de 2 mil 790 millones de pesos y los pagos se entregarán del 4 al 10 de noviembre.
Por su parte el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales informó de las casi 40 mil despensas que han repartido y 319 mil litros de agua embotellada. Rescataron a 2 mil 24 personas, y 24 embarcaciones. Instalaron plantas purificadoras y apoyaron en tareas de limpieza y desazolve. El director de Conagua Efraín Morales informó del apoyo para poner en funcionamiento los sistemas de bombas de agua potable en Acapulco. Repararon el sistema de Lomas de Chapultepec, el Papagayo I y el Papagayo II.
Jesús Antonio Esteva, titular de la secretaría de infraestructura , comunicaciones y transporte (SICT) informó que se atendieron un total de 433 incidencias en mil kilómetros de la red federal. Apoyaron la red estatal con 7 mil 590 incidencias que afectaron puentes. Retiraron 1.8 millones de metros cúbicos de tierra. La Comisión Federal de Electricidad informó que atendieron a 188 mil usuarios a quienes se les restableció el servicio. Manifestó que ya se restituyó la energía eléctrica en los municipios que tuvieron inundaciones. Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública informó que actualmente el 97 por ciento de las escuelas ya se encuentran en clases presenciales y un 2 por ciento continúa en línea. Sólo insinuó que se están atendiendo las incidencias en los inmuebles que sufrieron daños.
El doctor David Kershenobich secretario de Salud habló de 112 mil 917 acciones de salud, en las que participaron 3 mil 900 elementos de la dependencia. Manifestó que el 99.7 por ciento de las unidades de primer nivel se encuentran en operación y todas las unidades de segundo nivel están brindando la atención médica, porque no sufrieron afectaciones. Reiteró que hay un gran trabajo para el tema de atención del control vectorial con acciones de nebulización espacial y fumigación en casas. La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y de Participación Social, Leticia Ramírez Anaya, comentó que realizaron tareas de limpieza en las calles y casas afectadas, logrando retirar 378 mil 611 toneladas de tierra y 171 mil 261 toneladas de basura.
El formato y la presentación de los informes y las acciones que cada secretaría tiene programado implementar estuvieron a modo. Presentaron un panorama muy alejado de la realidad. Hablan como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Resulta que la casi totalidad de escuelas tienen clases presenciales, que todos los servicios médicos funcionan a la perfección, que la energía eléctrica se ha normalizado en todo el estado, que hay campañas de fumigación.
La situación de Guerrero es grave por no decir desastrosa. No es real que las escuelas estén reparadas, que los niños y niñas vayan a las escuelas, que los centros de salud atiendan a los pacientes. Todos sabemos que no hay medicinas, no hay dinero para traslados de pacientes graves. Los hospitales comunitarios tienen serias fallas en su construcción. Tampoco hay dinero para la compra de combustible de los vehículos para realizar las campañas de fumigación. Los caminos rurales están desatendidos y muchos puentes colapsados. Son las comunidades las que están abriendo paso. Las máquinas están en las carreteras principales. Nada se habla de cómo reactivar el campo, cómo se va apoyar a los pequeños productores que perdieron sus cosechas. A los pescadores que también perdieron todo cómo se les va a dar un impulso a la actividad pesquera. A los prestadores de servicios que deambulan en las avenidas en busca de turistas como se les va a plantear alternativas para que obtenga ingresos. Los pequeños comerciantes y artesanos requieren de apoyos y estímulos ante la falta de ingresos.
Para el gobierno federal ya no hay emergencia, todo está volviendo a la normalidad y sólo hay que aplicar los presupuestos asignados para iniciar la transformación de Acapulco. La gente que protesta será ignorada porque se parte de que los servidores de la nación ya acudieron a todos los lugares afectados para levantar el censo y no habrá forma de tomarlos en cuenta.
Varios habitantes de Las Vigas se vieron obligados a viajar para tratar de hablar con la presidenta y poder decirle que no fueron censados. No lograron su objetivo. Los oficios que llevaron y la atención que recibieron lo hicieron los mismos servidores de la nación, que se han erigido en los únicos representantes del gobierno federal, autorizados para dictaminar los daños que sufrieron las viviendas. Están lejos de atender a la población y de reconsiderar su opinión en torno a la afectación de las casas que visitan. Hay muchas quejas por la forma de comportarse, comentan de su poca disposición para escuchar a la gente. Su preocupación mayor fue hacer el registro lo más rápido posible para entregar a tiempo la información requerida. No importaron las familias que no fueron censadas por diferentes causas. En las comunidades indígenas la comunicación fue pésima no sólo por el idioma sino por la poca apertura y paciencia de algunos servidores que no estaban dispuestos a escuchar explicaciones de la gente que tiene sus casas en los cerros.
El 17 de octubre doña Catalina, su hija y sus nietas, de la comunidad me’phaa de Loma Tuza, municipio de Acatepec, se vieron obligadas a dormir en el patio húmedo de su casa porque las paredes de adobe se agrietaron y se cayeron. Su tristeza es mayor porque el único terreno de siembra se desgajó por las lluvias. Lo peor de todo es que los servidores de la nación no quisieron apoyarlas porque no reciben el programa sembrando vida.
Doña Catalina de 58 años tuvo que caminar tres horas a la comunidad de Zontecomapa, municipio de Acatepec, donde estaban censando y tomando fotografías los servidores de la nación para pedirles que de favor la apoyaran. Le dijeron que ya no pueden volver a las comunidades que ya pasaron. Les quiso reclamar en su idioma, pero no le hicieron caso. Llorosa regresó a su casa sin saber cómo le va hacer para tener un techo. Catalina fue madre de Florencia, víctima de feminicidio. Desde hace 10 años que lucha para alcanzar justicia y trabaja duro para sostener a su hija y su nieta. Sin casa y sin parcela el mundo se le derrumbó. Aún no sabe cómo le va hacer para subsistir.
Lejos están las autoridades de entender estas tragedias. Miles de historias de familias damnificadas son irrelevantes para los funcionarios, lo que urge es remozar los lugares turísticos para atraer a los paseantes. Con esta declaración del fin de la emergencia se cierra el capítulo de los damnificados de Otis. Las personas desaparecidas que buscan sin descanso a sus seres queridos son realidades que deben atenderse, porque las familias quedaron en la orfandad, en una situación deplorable. Hay muchos casos pendientes, no sólo en Acapulco, sino en las regiones de la Costa Chica y la Costa Grande. Las familias no sólo perdieron sus casas y sus enseres domésticos, han perdido el trabajo y su patrimonio. El colapso del puerto requiere primero resarcir los daños en las comunidades devastadas, revertir los daños y rezagos sociales, atender a las familias más desprotegidas.
Los cinco ejes para la transformación de Acapulco son insuficientes para hacer frente a las tragedias que el pueblo de Guerrero ha tenido que enfrentar a brazo partido. Desde el huracán Paulina hasta John se ha acumulado deudas impagables porque los gobiernos han remendado y resanado grietas profundas marcadas por la pobreza, la violencia y el olvido gubernamental. Las y los guerrerenses nunca han sucumbido ante los embates de la naturaleza, han tenido la gallardía y la capacidad para enfrentarlos. El gobierno federal no puede ignorar a la población damnificada y sólo darle prioridad a la actividad turística. La gente del campo tiene que atenderse rehabilitando la base productiva que es la base de su subsistencia. El descalabro será mayor si la clase política de Guerrero sigue dilapidando recursos públicos en eventos fatuos e ignora las voces de las familias damnificadas.