La pobreza y la desigualdad social en las comunidades indígenas de la Montaña son más devastadoras que el agua del río Jale de Xalpatláhuac. Los caseríos que cuelgan de los acantilados fueron levantados con blocks y cemento desplazando los adobes y las tejas. El paisaje perdió el color vivaz de la tierra roja y se tornó grisáceo y desolador. Entre la gente mayor estas obras representan el éxito de los jóvenes que mandan sus remesas desde Nueva York.
La calle principal es el arenal que atraviesa la comunidad. Antes era el campo de batalla entre la gente de los barrios y ahora son las peleas entre las pandillas de jóvenes nahuas. Al caer la noche los jóvenes bajaban para protagonizar batallas campales, porque sabían que la autoridad municipal no intervendría. Los principales del pueblo hablaban con los padres y madres de los jóvenes, pero era en vano. Poco a poco las confrontaciones empezaron a darse en el día, sin que los policías municipales pudieran conternerlos. El escenario se complicó con dos homicidios y varios lesionados. También empezaron a darse robos en las casas. Miedo y enojo había entre las familias, sin embargo, las divisiones políticas impedían enfrentar el problema con medidas más efectivas.
Algunos líderes comunitarios junto con varios principales, mayordomos y catequistas de la parroquia de Xalpatláhuac, vieron necesario formar un grupo de la Policía Comunitaria. A pesar de que el padre Mario Campos la había impulsado a su llegada como párroco, no tuvo una respuesta favorable de los feligreses. El clima de inseguridad los obligó a retomar su propuesta. Fue en el 2020 cuando se conformó un grupo de la Policía Comunitaria que se adhirió a la Casa de Justicia de Espino Blanco. Su aparición provocó muchas resistencias y enconos con los presidentes municipales. Acudían con el Ejército para que los desarmara y con el Ministerio Público para que les abriera una carpeta e investigación. En octubre de 2021 se suscitó un conflicto grave con la presidenta municipal como producto de la disputa política que generó encono entre la población de la cabecera municipal. Se dio una confrontación con la Policía Municipal, hubo balazos, forcejeos y toma del Ayuntamiento. Este conflicto dio pie para que la presidenta municipal despachara en la comunidad de Cahuatache, relegando del presupuesto a los habitantes de la cabecera municipal. Desde esa fecha la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac ha padecido el hostigamiento y persecución del Ejército.
El domingo 16 de febrero de 2025 la síndica municipal, Cecilia Tapia, giró una solicitud de apoyo a la Casa de Justicia de Espino Blanco, para trasladar en la camioneta de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac a una persona que se accidentó al caer de la azotea de su casa. Por tratarse de un herido se autorizó para que los policías comunitarios prestaran el auxilio. El accidentado estaba inconsciente y perdía mucha sangre, por lo mismo su traslado era urgente. De parte de la Presidencia Municipal no hubo respuesta por la ausencia de la autoridad y porque no cuenta con ambulancia, ni tiene suficientes policías. El apoyo de la Policía Comunitaria fue efectivo, en ese momento prepararon la camioneta de inmediato para trasladar al paciente al Hospital General de Tlapa.
Como las 11:30 de la noche llegaron al centro hospitalario. Los cinco policías comunitarios bajaron al herido, sin entrar a las instalaciones, lo entregaron con el personal de guardia, en urgencias y se regresaron a Xalpatláhuac. No imaginaron que la Guardia Nacional había seguido sus movimientos. De inmediato les marcó el alto y los empezó a interrogar. Fueron revisados por portar sus uniformes verde olivo y por las armas que les habían asignado para reguardar a la comunidad. Sin tomar en cuenta el motivo de su presencia en Tlapa, la Guardia Nacional procedió a la detención de Juan Simón Melgarejo, primer comandante, Teodoro Francisco Dircio Simón, segundo comandante, Agustín Vitinio Montes, Pedro Javier Álvarez Villareal y Leobardo Rosendo Gabino Gómez, policías comunitarios, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Inmediatamente fueron trasladados a la Fiscalía General de la República en la ciudad de Chilpancingo. Los coordinadores de la Casa de Justicia de Espino Blanco trataron de seguirlos para establecer contacto con las autoridades del estado con el fin de que fueran liberados, pero los esfuerzos fueron en vano.
El coordinador Juan Gabino Simón señaló en una entrevista: “pedimos la intervención de todos los diputados para que resolvieran pronto el caso, pero lamentablemente pasaron las 48 horas que tenían que estar en la Fiscalía y no se resolvió nada porque fueron turnados a un penal federal. Ahí les dieron 72 horas para comprobar que son comunitarios, sin embargo, el gobierno les da un trato de delincuentes. La verdad es que son compañeros policías comunitarios que están prestando su servicio gratuitamente sin recibir algún salario”.
El 21 de febrero la CRAC-PC se movilizó en el crucero de Xalpatláhuac, en Paraje Montero, en Colombia de Guadalupe y Ayutla de los Libres para exigir a las autoridades estatales y federales la libertad inmediata de los cinco policias comunitarios, electos por las comunidades. Demandaron que cese la persecución y la represión contra la CRAC-PC. Que no se criminalice su sistema comunitario ni se trate como delincuentes a los cinco policías. “Nosotros también vamos a buscar nuestros derechos como pueblos indígenas, y le decimos al gobierno que vamos a seguir dando la batalla”, señaló Juan Gabino.
Los cinco policías comunitarios han tenido que trabajar en el campo en la siembra de maíz y frijol para mantener a sus familias, mientras los más jóvenes se emplean como peones en la construcción. En la CRAC-PC no reciben sueldo porque cumplen con la encomienda de la asamblea, de servir como policías comunitarios. Con mucho sacrificio y esfuerzo van sacando adelante a sus hijos, pero ahora con este encarcelamiento sus esposas quedaron desamparadas y a la deriva. Ellos eran los únicos que sostenían sus casas.
Lo que les preocupa a Juan Simón Melgarejo y Pedro Javier Álvarez es que sus esposas están embarazadas y requieren chequeo médico. Ellas cargan con la pena de su esposo y de sus hijos porque no tiene recursos para comer, mucho menos para ir a visitarlo. La tranquilidad y la paz por la que luchaban sus esposos ahora se hace trizas. No conciben que por brindar apoyo a una persona lesionada tuvieran que ser llevados como delincuentes.
Los ojos llorosos de los hijos de Juan Simón expresan la impotencia, buscan a su padre y no entienden su ausencia desde hace una semana. Sólo saben que ayudó a un herido. La pequeña hija de Pedro está enferma, el dolor es poco sólo de imaginar a su padre tras las rejas. Busca con ansias el alivio, pero todo es en vano, porque nadie sabe cómo la está pasando.
Agustín Vitinio Montes es principal con 78 años. Su esposa necesita su apoyo porque ya no puede caminar. Se apoyan mutuamente porque sus hijos no están. Sus fuerzas con el paso de los días disminuyen, sin embargo hacen un esfuerzo para ganarse unos pesitos para no morir de hambre. Cuando se enferma su esposa don Agustín tiene que atenderla.
Los policías comunitarios no solo han tenido que resolver las necesidades económicas para su familia, sino que se han organizado para dar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. La ola de violencia ha disminuido. Lo más cruento es el abandono en que está la cabecera municipal de Xalpatláhuac, sobre todo, en cuanto a la inseguridad que persiste. Por eso se organizaron para adherirse a la CRAC-PC porque no tuvieron más alternativa. En lugar de que el gobierno estatal y federal los reconozca como un sistema de justicia comunitario, que forma parte de los derechos de los pueblos indígenas, prefieren criminalizarlos, tratarlos como delincuentes, tirando por la borda la nueva reforma constitucional que los reconoce como sujetos de derechos público.
Juan Gabino asegura que la CRAC-PC va abrazar a los policías comunitarios. “No vamos a desmayar, vamos a seguir luchando hasta que liberen a nuestros compañeros. No están solos, no los vamos a dejar encerrados. Tenemos que defenderlos para defender al sistema comunitario. No cometieron un grave delito como dice el gobierno y la Fiscalía. Quizá ellos querían que dejáramos al herido tirado en la calle y que se muriera. Nosotros creemos que tenemos que ayudar y proteger a la gente, sobre todo cuando nos piden auxilio. Creo que harían lo mismo los del gobierno, la misma Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y Municipal. Fue un error lo que hizo la Guardia Nacional”.
Con la visión racista y neocolonial, las autoridades estatales y federales no han entendido la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas. Desconocen los sistemas de justicia comunitaria preexistentes en los pueblos originarios. La ausencia de los gobiernos en las regiones indígenas ha sido aprovechada por los grupos de la delincuencia que se han erigido en un poder que amenaza la convivencia pacífica entre las comunidades. La región de la Montaña es de las más seguras gracias a la Policía Comunitaria que ha sacrificado su propia tranquilidad para que la población pobre viva sin miedo, luchando por la sobrevivencia. Esperamos que las autoridades federales tomen en cuenta que este sistema de seguridad comunitaria es un gran aporte para el país que no ha podido revertir la violencia ni ha arrancado de raíz las redes de la macrocriminalidad que se anidan en las mismas instituciones gubernamentales. La Guardia Nacional en lugar de investigar y perseguir a quienes atentan contra la vida de la población y generan terror con sus acciones violentas se focaliza contra la Policía Comunitaria. El gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado, prefieren cárcel para los policías comunitarios en lugar de reconocer y respetar sus derechos. Así no se construye el segundo piso de la 4T.

 

El martes 11 de febrero los niños Mateo y Porfirio, de 14 y 12 años, caminaban por las veredas de Xochitempa rumbo a Ahuixtla para comprar alimentos. En ese fatídico día algunos vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego. Nadie se percató de lo que había sucedido en el camino. Fue hasta el siguiente día por la tarde cuando sus familiares encontraron sobre una loma los cuerpos de Mateo y Porfirio.
Mateo estudiaba el segundo de secundaria y Porfirio estaba por concluir la primaria. Xohitempa, es una comunidad de 50 habitantes entre niños y adultos. El padre de Porfirio, don Ignacio, está desaparecido desde el 2016 y su mamá trabaja fuera del estado para solventar los gastos de Porfirio. Los padres de Mateo, que son abuelos de Porfirio, sobreviven con la siembra del maíz de temporal.
Los habitantes de estas comunidades nahuas ya no bajan a Chilapa porque saben que la muerte es segura. Desde hace 10 años padecen el asedio del crimen organizado. La gente ha contabilizado 66 asesinatos y más de 24 personas desaparecidas. En varios casos han estado involucrados policías municipales de Chilapa, Atlixtac, Quechultenango y Tixtla. Esta tragedia es imparable porque la violencia sigue y las autoridades no han cumplido con su responsabilidad de investigar y detener a los culpables. La presencia del Ejército ha sido inoperante porque la inseguridad campea en la ruta de Chilapa a la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
La presidenta municipal de Chilapa se ha negado a entablar un diálogo con las comunidades nahuas que son parte del sistema comunitario y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ). Las autoridades estatales solo llegan cuando arrecia la violencia o cuando las comunidades se movilizan. Las promesas abundan, pero las acciones no se cumplen. No solo están castigados por los presidentes municipales, también padecen el flagelo del crimen organizado, que tiene bajo su control a las comunidades indígenas. Para los pobladores la colusión es evidente, sin embargo, para los cuerpos de seguridad no hay datos que demuestren este contubernio.
Hace tres años una misión civil, coordinada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), documentó toda la información de la violencia; escribió historias y reportó las violaciones a los derechos humanos contra los niños y mujeres de la Montaña.
La misión entregó un informe a Gobernación federal, pero todo fue en vano, porque nada ha cambiado. Las comunidades resisten en medio de patrullajes y balaceras. Hay familias desplazadas de Tepila del Paraíso desde el 2019 y en la comunidad de Tula hay desplazados. A pesar de que se han instalado retenes del Ejército y de la Guardia Nacional, los crímenes se cometen a la luz del día. Desde la glorieta del Ajo, pasando por Atzacoaloya hasta la entrada al Jagüey hay filtros del Ejército. Los cerros que colindan con Colotepec y todo el filo de Amatitlán, municipio de José Joaquín de Herrera, es un corredor transitado por grupos de la delincuencia. Se desplazan sin temor a ser desarmados. Últimamente han realizado ataques con drones para causar mayore daños y bajas en la población. No importa si hay niños o personas mayores en las viviendas. Las agresiones han provocado el desplazamiento de varias familias que buscan refugio en comunidades vecinas. Las familias se encuentran inermes ante un agresor que está bien apertrechado y que ha impuesto el terror en la región. A pesar de tantos crímenes que se han denunciado, la Fiscalía ha sido omisa porque no ha ejecutado alguna orden de aprehensión. Por otra parte, los cuerpos de seguridad del estado solo son testigos pasivos de los hechos violentos.
Este sábado las comunidades afectadas realizaron bloqueos para exigir a las autoridades que investiguen estos atroces hechos, sin embargo, lejos de ser escuchados fueron amenazados de que procederían penalmente contra ellos y que además les quitarían las medidas cautelares que tienen algunas personas. El mismo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no ha fijado una postura firme para reprobar esta violencia contra las comunidades indígenas, sobre todo por el cruento asesinato de dos niños.
Los niños ya no saben si jugar o estar alertas ante las agresiones. Han perdido la esperanza de continuar sus estudios. Temen que las balas acaben con la vida de sus familias. Hay muchos huérfanos que quedaron marcados para siempre. No tienen con quién refugiarse; todo es sufrimiento, dolor y miedo. Su vida pende de un hilo. Con las muertes de Mateo y Porfirio saben que en cualquier momento pueden arrebatarles la vida.
Las incursiones de los grupos delincuenciales afectan severamente a los niños y niñas que constantemente escuchan balaceras. Varios están enfermos, tristes y llenos de pánico. Su vida está en un hoyo del que no pueden salir. No conciben un mundo donde haya paz, donde puedan caminar tranquilos y que no haya peligro en los lugares donde viven. Lo más grave para la niñez indígena es que no se sienten queridos ni protegidos por las autoridades. Nacen y crecen en un campo de guerra. No tienen derecho a jugar ni tampoco hay oportunidad para estudiar. En algunas comunidades varios niños han tenido que formar parte de la Policía Comunitaria para ayudar a cuidar los caminos y las entradas a sus pueblos. La amarga experiencia de las niñas y niños es que la gente que rodea sus comunidades son malas, porque andan armadas y les tiran de balazos. Ya no pueden confiar en nadie de fuera porque temen que les quiten la vida.
Las autoridades comunitarias están a la espera de que llegue el banco Bienestar para que la gente no baje a cobrar al municipio por la inseguridad. También comentan que les prometieron que iban a construir un mercado para que los comerciantes vendan sus productos, como los quelites, el frijol, el maíz y la calabaza. Les habían dicho que harían un mercado en Alcozacán. Las autoridades se comprometieron a construir un hospital regional para que la población en general sea atendida, para que los enfermos no tengan que bajar al municipio. Varios de sus familiares lo hicieron y llegaron muertos. La gente se alegró porque las autoridades les prometieron becas para los niños y niñas, pero todo fue una burla. Hay personas beneficiarias que no han recibido la tarjeta porque tiene que ir a la cabecera municipal de Chilapa a recogerla. Prefieren quedarse sin el apoyo a correr el riesgo de perder la vida. Han pedido que personal del programa puedan ir a la comunidad a entregar las tarjetas. Es imposible, porque la instrucción es que la gente tiene que bajar, sin que les importe el contexto de violencia que se vive en la región. No cuentan sus planteamientos ni las historias de paisanos que por ir al banco fueron asesinados o que a algunos los bajaron del transporte para privarlos de la vida o desparecerlos. Las palabras de las madres y padres de familia sigue llevándoselas el viento porque no encuentran en las autoridades a los interlocutores sensibles, solidarios y comprensibles.
En esta región abandonada las autoridades se comprometieron a construir una universidad, una escuela de bachilleres para que los jóvenes sigan con sus estudios. Ahora la mayoría de los jóvenes dejaron de estudiar porque no hay maestros. Se les ha negado este derecho para romper este círculo de la marginación, discriminación y exclusión social. Varios jóvenes se han ido de migrantes pero con las acciones que están ocurriendo con el presidente Trump, no hay posibilidad de tener un trabajo seguro, ¿cómo van a sostener a su familia?
Las comunidades que se movilizaron ante la tragedia de dos niños demandan la presencia de la gobernadora, porque ya no quieren más promesas y minutas que no se cumplen. Ya no quieren tratos indignos ni reuniones para calmar los ánimos y el enojo. Piden también la presencia de funcionarios de la Fiscalía General de la República para que abran líneas de investigación por delincuencia organizada y portación de armas de grueso calibre.
La protesta del sábado también fue para convocar a las comunidades vecinas para que se solidaricen con los familiares de los niños asesinados, para que sus voces se unan al reclamo de justicia, para que pare la violencia y proteja a las comunidades asediadas por el crimen organizado. El mayor agravio son los niños que han sido asesinados en estas comunidades. Las autoridades no pueden permanecer impasibles, mucho menos tolerar estos crímenes. Tienen que actuar los 3 órdenes de gobierno porque el derecho a la vida en estas comunidades no está garantizado, mucho menos para la población más indefensa como los niños y niñas indígenas que han perdido todo y que están bajo el yugo del crimen organizado. Las autoridades tienen que emprender en lo inmediato acciones efectivas que atiendan las causas de la violencia que es un problema añejo pero que lo han dejado crecer. Es urgente garantizar el Estado de derecho, brindar protección a las comunidades que están atrapadas por la delincuencia. Investigar estos crímenes y comprometerse con la población más vulnerable. El gobierno tiene un compromiso ineludible de poner a salvo a la niñez indígena.

 

Un trabajo arduo que hemos tenido que aprender a lo largo de los años es saber acompañar de la mejor manera a las mujeres indígenas que son víctimas de las violencias que se multiplican en la Montaña. Es un aprendizaje que requiere mucha sensibilidad, empatía y respeto. Requiere un gran cuidado para no revictimizarlas, implica tiempo para comprender el contexto que enfrentan y ante todo identificar los nudos de las violencias que la atrapan. Su extrema vulnerabilidad nos obliga a tomar con sumo cuidado y sigilo las realidades que más lastiman su dignidad. Tenemos que desmontar nuestros esquemas urbanos para adentrarnos al mundo comunitario, para entender mejor su situación económica y cultural. Son mujeres que no cuentan con redes de apoyo al interior de sus comunidades. No solo se sienten solas e indefensas, sino que sienten que su mundo se derrumba porque en las comunidades indígenas la palabra de las mujeres aún no es escuchada y atendida, porque los hombres monopolizan el poder y sus voces tienen más peso. Esta asimetría de poder debe ser tomada en cuenta, porque la situación de las mujeres es de extrema vulnerabilidad.
Recientemente una madre de familia del municipio de Metlatónoc denunció a su concuño que entró al cuarto donde ella duerme con sus pequeños hijos, aprovechando que su esposo se encuentra en Estados Unidos. Recuerda que era de madrugada cuando lo vio sentado en su cama. Le reclamó por qué se había atrevido a entrar. Él solo le comentó que no dijera nada. La esposa comunicó a su suegro y denunció el caso ante el comisario. En lugar de darle credibilidad a su dicho, a pesar de que el concuño aceptó que había entrado a su cuarto, las autoridades dijeron que no había pruebas de que la haya tocado o violado. En lugar de investigar los hechos descalificaron sus dichos y procedieron a imponerle una multa por difamar al concuño. En lugar de respetar su testimonio y tratarla como víctima, la sancionaron por atreverse a denunciar.
Lo más grave es que se han trivializado las denuncias de las mujeres y se ha normalizado la violencia que ejercen los hombres. Desde los espacios comunitarios padecen esta dominación: desempeñan el rol de sumisión, se les enseña a obedecer desde pequeñas y a realizar trabajos extenuantes en su infancia. Son las niñas las encargadas de cargar y cuidar a los hermanitos más pequeños. Tienen que ir al campo con sus mamás para acarrear el agua y cargar con las varas para la lumbre. Varias de ellas cuidan chivos, y esa actividad las absorbe porque tienen que cortar camino y arrear los animales para que no se escapen ni pierdan. Es muy común que por no cuidar bien los animales los padres las reprendan y les den algún golpe.
Las niñas son víctimas de maltratos sistemáticos de los hombres de la casa. No solo padecen estos maltratos, también crecen con el estómago vacío. Comen tortillas frías en el cerro y resisten los escabrosos caminos para llegar a medio comer a sus casas. Se las ingenian para jugar en el campo: corren, se suben a los árboles, juegan a las escondidas, saltan la cuerda. Cuando son varias niñas también juegan a los encantados. En lugar de jugar con alguna muñeca tienen que asumir el cuidado de sus hermanitos que cargan sobre su espalda.
Son infancias truncas porque en las comunidades de la Montaña las niñas no tienen derecho a jugar, tampoco tienen acceso a la educación, a cultivarse en las artes y desarrollar su creatividad con las nuevas tecnologías. Padecen la desnutrición y son presas de las enfermedades gastrointestinales. Cuando son pequeñas sólo comen tortilla mojada con caldo de frijol y cuando crecen se alimentan con tortilla y sal. El agua la toman de los manantiales que la mayoría están contaminados por los agroquímicos que aplican a la milpa. Aprenden a dar sus primeros pasos sobre los pisos de tierra lo que provoca que varias niñas y niños coman tierra y que fácilmente ensucien su ropa que la usan por varios días. En los hogares es difícil contar con depósitos de agua porque las tuberías de agua están rotas.
Desde los 11 años, en algunas comunidades de la Montaña, los padres siguen practicando la costumbre de unir en matrimonio a sus pequeñas hijas. Es una decisión arbitraria que no toma en cuenta a su esposa y mucho menos le comparte esta idea a su pequeña hija. Simplemente el padre escucha ofertas de otros papás que tienen a hijos de la misma edad para llegar a un arreglo económico. En las últimas décadas hemos constatado que esta práctica del pago de la dote se trivializó con lo que hoy se conoce como la venta de las niñas. Los padres llegan a un acuerdo pecuniario. Se trata de precios altos que oscilan entre 200 y 300 mil pesos para firmar esta alianza entre sus menores hijos. Además de este pago tiene que haber fiesta, mucha bebida y suficiente comida. La música no puede faltar. Son gastos onerosos que endeudan gravemente a las familias que pagan por el precio de una niña.
La costumbre es que la desposada tiene que irse a la casa de los suegros y ahí tiene que trabajar en todos los quehaceres domésticos que la nueva suegra le ordene. La niña paga las consecuencias del dinero que entregaron a su papá y es tratada como una persona sin derechos. Se dedica a lavar la ropa de todos, a preparar el nixtamal, a moler la masa, y hacer las tortillas. También se va al campo para apoyar en todas las labores de la siembra y de la cosecha. Viaja con la familia a los campos agrícolas y todo lo que llega a ganar en cada jornada el dinero lo cobra el suegro. Ella simplemente es una empleada de su nuevo patrón.
No tiene voz y por lo mismo debe de soportar los maltratos, los golpes y las malas acciones de su esposo. Nadie puede defenderla, su destino es obedecer y soportar todos los desprecios y regaños. A los 12 años se embarazan y aún en estas condiciones no dejan de trabajar. De milagro sobreviven para dar a luz a su hijo en condiciones sumamente insalubres. La misma necesidad las obliga a aprender a cuidar a sus bebés y a cargar con otra responsabilidad de la que el esposo se desentiende. Ser niña madre es un calvario que sufren por décadas sin que nadie se acerque para ayudarlas. Sufren en silencio, resisten en medio del dolor y se sobreponen a muchas adversidades.
Su destino es ser madre en la adolescencia y soportar las violencias que ejercen sus esposos, sus suegros, las suegras, los demás familiares de su esposo, la comunidad y las mismas autoridades. Es una montaña de agravios la que padecen las mujeres, nadie se coloca de su lado y más bien todas las señalan como las que no trabajan y que gastan mucho. Su misma familia se desentiende de ella, su padre no puede decir nada porque recibió mucho dinero y no tiene el derecho a reclamar nada.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno son cómplices de estas tragedias. No hay formas de revertir este sistema patriarcal en un contexto de extrema pobreza donde las instituciones del Estado están ausentes. Es una desolación atroz que nadie se interesa en conocer y mucho menos apoyar. Dejan que las mujeres se desangren y mueran sin que nadie salga en su defensa. Las autoridades de los municipios en lugar de proteger a las mujeres que hacen un gran esfuerzo para ir a denunciar los delitos que padecen, la misma síndica o síndico se encarga de regañarlas y las obligan a regresar con sus maridos.
Lo insólito es que por levantar un acta que atenta contra sus derechos y que revictimiza a las mujeres, les cobran 500 pesos para firmar el documento que legitima la violencia de los hombres. Son las mismas mujeres las que se han rebelado y atrevido a denunciar la violencia de sus maridos ante el Ministerio Público de Tlapa, sin embargo, este esfuerzo las revíctimiza porque no las atienden, cuestionan sus dichos y regularmente le dan la razón al agresor, a cambio de dinero.
Es inconmensurable todo lo que padecen las mujeres para alcanzar la justicia del Estado. Muchas de ellas se han regresado a sus domicilios porque no son atendidas. Su atrevimiento tiene consecuencias funestas porque al regresar a sus hogares, el marido se ensaña para golpearlas y matarlas.
Los feminicidios en la Montaña se han incrementado por esta inacción del Estado; por su ausencia en las comunidades; por su complicidad con los agresores; por vender la justicia al mejor postor; por tratar a la mujer como un ser inferior; por no darle crédito a su palabra; por darle un trato discriminatorio y por pisotear sus derechos y sepultar sus sueños de vivir dignamente.
Esta lacerante realidad nos obliga a levantar la voz y denunciar estas atrocidades cometidas contra las mujeres indígenas. Las madres y niñas requieren un compromiso serio de las autoridades. Sus acciones son obtusas, inmediatistas y para salir del paso. En lugar de llegar a las comunidades más recónditas, para ser un gobierno de territorio, se siguen implementando acciones que reproducen los vicios añejos del burocratismo. Las prácticas insolentes y corruptas se siguen reproduciendo como hace cinco décadas en las fiscalías del estado. La discriminación y el racismo contra las mujeres indígenas es una práctica acendrada en las dependencias gubernamentales, las niñas lo padecen a flor de piel.

En el homenaje popular por el 53 aniversario de la caída del profesor y comandante Genaro Vázquez Rojas, la voz de la maestra Consuelo Solís cautivó por su sencillez y por su facilidad para describirnos el lado humano de un guerrillero. Sus anécdotas develaron la gran sensibilidad de Genaro que antes de marcharse atendió el deseo de su pequeña hija, de comprarle una muñeca por el Día de Reyes. Consuelo, en su aparente fragilidad, es una mujer con temple, de convicciones y de mucho valor. Soportó la tortura y por años navegó a contra corriente por toda la propaganda fútil que propalaron los gobiernos priistas. En este mar de iniquidades sus recuerdos recrean con mucha vivacidad la figura señera del camarada Genaro. Junto a Consuelo estuvieron mujeres imbatibles como Tita Radilla hija de Rosendo Radilla; Alma Gómez hija de Pablo Gómez que viajó con su esposo Gabino Gómez desde Chihuahua y Estela Arroyo hija de Alejandro Arroyo Cabañas.
Sus voces son luces de esperanza: “Genaro fue como decía García Márquez, de darle la mano a la gente, sobre todo, cuando hay que agacharse para ayudar a alguien que se quiere levantar. Así fue mi esposo quería que todos recibieran la justicia. No quería que hubiera justicia para el rico, para los hijos de los acomodados y que al campesino nadie lo escuchara. Por eso lo culpaban de todo. Decían que era roba vacas, que tenía nexos con la mafia. Poco a poco se supo la verdad. No tenemos nada que esconder.
Hace mucho tiempo con solo por pegar un volante en una pared, nos encarcelaban. Hace tiempo Yo estuve secuestrada junto con una hijita de crianza, una adolescente y una sobrina del compañero Jorge Mota. Nos trataban mal. Ahí vi por última vez a Elpidio Ocampo. De ahí no se volvió a saber de él, se lo llevaron al campo militar número uno.
Todos los luchadores sociales como Rubén Jaramillo, Villa, Zapata, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, fueron abriendo el caminito para llevar a cabo esta cuarta transformación. Todos deben de apoyar para que la gente tenga la misma personalidad ante la ley, ante un juez. Queremos igualdad para todos. El pueblo debe apoyar este tipo de luchas. A veces varios compañeros y desgraciadamente algunos maestros dan malos mensajes a los alumnos. En una ocasión estaban contando en una escuela que Genaro estaba vivo y que vivía en Cuba disfrutando de mujeres y que dejó a la viuda bien rica. Que tiene casa en Cuba y en Acapulco…Hasta me dijo una sobrina, regáleme una casa, porque usted es millonaria. Pues sí, pero seguramente dejó los millones en las Islas Caimán y no los he podido reclamar.
Con la frente en alto Genaro comentaba que le habían ofrecido 10 millones de pesos para que se fuera del país, para que dejara esto en paz. Le dijeron vete allá donde te sientas a gusto. Llévate a tu familia. Cuando nos dijo a la familia ¿que piensan? Yo le dije qué piensas tú. ¿Qué pienso? No, pues voy aceptar, me voy a comprar el carro último modelo, me voy a ir a mi tierra a ver a los niños descalzos con su ropita rota, muertos de hambre y me voy a sentir muy a gusto ¿No? Yo nunca voy a traicionar a mi pueblo. ¡Jamás! No aceptaré un soborno de nadie. Yo me voy a conservar como estoy. No importa que estemos pobres. No importa que nos cueste trabajo llevar la comida a la mesa, pero nunca nos vamos a llevar un bocado de un soborno. ¡Nunca! Estos ideales siguen en el corazón de sus hijos, en el corazón de mucha gente.
Mientras persista esta idea de buscar la igualdad para todos, de buscar la paz , la tranquilidad, iremos por buen camino. A sus niños díganles la verdad, porque hay muchos que ignoran qué pasó aquí. Viven aquí, pero sus papás no les permiten asistir a un evento de estos. Hubo una muchachita que dijo “está bien papá, yo te obedezco y tú me mandas, pero de ir a la marcha voy, porque esta es mi obligación. ¿Quién te dijo? Me dijo mi maestro. Qué bueno que haya habido un maestro responsable y con valor para decirle eso a sus alumnas. Yo quiero decirles que ustedes también son maestros. Eduquen a los niños con amor, con cariño y díganles quiénes pasaron por toda esta lucha difícil, porque nos ha costado vidas, nos ha costado sufrimiento.
Cuando me preguntan ¿A poco si estuvo secuestrada? Claro que estuve secuestrada con una hijita de crianza de aquí de la Montaña. Ella en la noche cuando oía que me sacaban dizque a los interrogatorios, agarraba el candado con la cadena y azotaba la reja y gritaba ¡se llevan a mamá! ¡Se llevan a mamá! Y todos los compañeros se asomaban, era un gran respaldo para ver quién me llevaba. ¿Por qué lo decía así? Porque ella estaba formándose en la casa y oía: esos son unos represores, son unos desgraciados, bandidos. Ella no hablaba bien el español, pero llegó a decirle a un niño que llevaba un cuaderno con el logotipo del PRI. ¿Por qué usas este cuaderno? Porque me lo regaló el PRI. Pues rómpelo porque esos no sirven, son malos. Imagínense lo que vale ir abriendo los ojos en la forma correcta a la familia, a los niños. Eso tengo que agradecerles mucho, porque le harán un bien al pueblo, un bien a la patria y de esa manera ayudamos todos. Gracias por estar aquí, mi corazón está con ustedes, mi agradecimiento y el de toda la familia.
Las palabras de Consuelo dieron la pauta para acompañar el canto de Pablo Cabañas con Mi 30-30. Las palabras de Tita nos mostraron pasajes inéditos de la relación de su padre Rosendo con Genaro y Lucio, que tenían reuniones periódicas para acompañar las luchas de los campesinos de Atoyac.
Recuerdo que Genaro llegó enfermo a nuestra casa, tenía fiebre tifoidea. Lo atendió el doctor Palma y dijo que tenía que internarse. Estuvo en el hospital rural. Para nosotros fue un gusto tenerlo, porque convivimos mucho con él. Cuando lo andaban persiguiendo en muchas ocasiones llegaba a la casa. Fue un tiempo muy difícil, porque de la casa de mis padres, solo nos separaba la calle donde se encontraba la oficina del DIF. En ese tiempo ahí vivían los militares.
De los compañeros estaban los Bracho y los Contreras. Ellos pueden decirlo porque en muchas ocasiones participaron en las reuniones. Mi madre vivía aterrada porque ella sentía ese riesgo. Porque nosotras éramos 12 hijas. A mi me tocó cocinar para ellas. Muchas veces escuché al maestro Genaro en sus reuniones, porque me permitían entrar. Ese aprendizaje me sirvió mucho, para mi fue un maestro.
Después entendí que la desaparición de mi padre Rosendo había sido como consecuencia de las marchas y las reuniones que se tenían. Llegaban estudiantes de Ayotzinapa para apoyar a los campesinos. En las reuniones también participaba Lucio. Después se dio lo del escape y Genaro se fue a la clandestinidad. Tomaron las armas, pero ellos seguían yendo a la casa, haciendo reuniones.
Mi papá era una persona muy sencilla, muy humilde, no le gustaba que lo mencionaran de que estaba haciendo algo, porque entendía que nos ponía mucho en riesgo. Recuerdo la muerte del maestro. Fue terrible para la familia. Mi papá vino a San Luis cuando sucedió su muerte. Desapareció 3 días. Teníamos mucho temor porque ya estaba la situación muy grave. De ahí iniciamos la búsqueda durante muchos años. Desde aquel momento hasta ahora, luchamos por saber la verdad sobre nuestros familiares desaparecidos. Logramos una sentencia de la Corte Interamericana en el 2009. Según los expertos esta sentencia revolucionó el sistema de justicia mexicano se logró que llegaran a rango constitucional los derechos humanos, también se dio la acotación del fuero militar y el juicio de amparo. Son resultados de esa sentencia que logramos.
Desafortunadamente la búsqueda y localización de mi padre, que fue el motivo y la razón de esa sentencia, no se ha logrado. No hemos logrado encontrar a un solo desaparecido. En agosto de 2024 logramos una sentencia por un amparo por la falta de investigación. La juez del noveno distrito de Guanajuato emitió una sentencia muy importante porque calificó estas graves violaciones a los derechos humanos como terrorismo de estado. Dijo que no solo era la desaparición de Rosendo. Nosotros hemos dicho que Rosendo desapareció en un contexto de persecuciones, detenciones, desapariciones y ejecuciones de campesinos, maestros y estudiantes.
Desafortunadamente ocho instituciones impugnaron esta sentencia, hasta la Secretaría de Educación Pública. Fue desechada porque no tenía razón de ser que la Secretaría de Educación Pública impugnara esta sentencia. Ahora esta sentencia está en revisión y estamos a la espera de que pase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no sabemos cuál va hacer el fallo. Últimamente logramos un amparo por la falta de respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ante la solicitud de reparación del daño a las víctimas. También estamos esperando que resuelvan porque fue impugnada por la misma CEAV.
Nosotros estuvimos en las calles, estuvimos con los palos en las manos, con las brochas en las manos, pero hoy entendemos que tenemos que hacerlo de manera legal. También ya no tenemos esa capacidad para salir a las calles, ya estamos viejos, muchos han fallecido desafortunadamente y otros se encuentran desaparecidos.
Para nosotras es un honor y un orgullo estar cada año en este homenaje de Genaro. Hoy sé que el maestro estuvo en la sierra en muchas comunidades de Atoyac. Muchos de mis compañeros lo conocieron y siguen sus enseñanzas. Como familia Radilla amamos al profesor, porque fue un familiar cercano y porque convivimos mucho tiempo. Agradezco a su familia y a quienes de manera desinteresada venimos a rendir homenaje al insigne maestro Genaro Vázquez Rojas.

En la víspera de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, varias comunidades na savi de los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc bloquearon la carretera de la Costa Chica en San Juan de los Llanos, Ometepec. Se apostaron para exigir el cumplimiento de una minuta que firmaron con el director del INPI y para hacer visible su malestar por tanta discriminación y olvido. Ejercieron su derecho a manifestarse sin tutela alguna, lo hicieron con arrojo, porque los cauces institucionales, están cerrados para los indígenas.
Son comunidades que han resistido por siglos, que se las han ingeniado para nunca desfallecer, luchando en la adversidad, por la ausencia de las autoridades y lo agreste de sus caminos. Lo poco que tienen es porque han trabajado duro y no porque el gobierno los ha apoyado.
La comunidad de Dos Ríos es un ejemplo de reciedumbre, en la lejanía se mantienen activos, buscando como romper con el aislamiento y el olvido de los gobernantes, su territorio colinda con el municipio de Tlacoachixtlahuaca. Otra comunidad importante es Chilixtlahuaca que limita con el municipio de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica.
Son lugares inaccesibles que no cuentan con caminos apropiados, tampoco hay escuelas completas. Carecen de clínicas, personal médico y medicamentos. Hay comunidades que no están electrificadas, que no cuentan con drenaje ni agua entubada. Por generaciones han aprendido a cortar adobes para construir y reparar sus viviendas. Muchos aplanan sus láminas de aluminio que se lleva el viento, porque no tienen dinero para comprar nuevas, ni para trasladarlas a sus comunidades. Sobreviven en pisos de tierra y con el fogón a ras del suelo. La mayoría de familias siembran maíz en tiempo de lluvias, pero su cosecha es raquítica, por eso tienen que salir durante 6 meses para contratarse, en condiciones deplorables, como jornaleros en los campos agrícolas de Sinaloa.
Las mujeres y las niñas son monolingües y no concluyen la primaria por falta de centros educativos y porque se ha arraigado la costumbre, en los papás, de dar a sus hijas en matrimonio desde los 12 años. Es una forma efectiva para obtener recursos económicos, sin embargo, el deterioro de la vida se ahonda porque hasta el maíz, el frijol y el chile lo tienen que comprar en la ciudad. Sobreviven en pisos de tierra y con el fogón a ras del suelo. La violencia acecha a las mujeres en todo momento.
Son comunidades indígenas que por siglos están asentadas en la Montaña, son las dueñas primigenias de las riquezas naturales de la Montaña, sin embargo, ninguna autoridad las ha tomado en cuenta, por eso no están contempladas dentro del presupuesto público. La discriminación se ha institucionalizado al considerarlas como gente sin derechos, que no merecen vivir con dignidad. En el fondo hay un racismo acendrando que los trata como seres inferiores por hablar sus lenguas y por vivir en las faldas de la Montaña. El paternalismo gubernamental les da migajas entregando despensas o enviando alguna caravana de la salud o del registro civil.
Fue un gran logro que estas comunidades abandonadas hayan sacrificado su dinero y su tiempo para salir a la carretera a protestar. Demostraron tener casta y dignidad. Viajaron un día antes para estar temprano en el bloqueo. No cedieron ante la presión de las autoridades para que fueran a Acapulco. Ante la inminente llegada de la presidenta Claudia, los funcionarios se vieron obligados a acudir a san Juan para desactivar la protesta y firmar esa misma noche otra minuta de acuerdos.
A pesar de las visitas presidenciales que inició Lázaro Cárdenas y posteriormente López Mateos, seguida por López Portillo y Ernesto Zedillo, en el 2000 el panista Vicente Fox visitó Metlatonoc con la directora de la CDI Xochitl Gálvez.
En enero de 2006, el entonces candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador abrió campaña en Metlatónoc. Fue cuando la mafia del poder le robó la elección. Ya como presidente de la República visitó Metlatónoc en octubre de 2021, a pesar de los programas sociales que impulsó, la Montaña de Guerrero permanece en el abandono. La presencia de los presidentes ha generado altas expectativas entre la población indígena para salir del sótano de la pobreza. Las comunidades nunca han perdido la esperanza de ser tomados en cuenta como sujetos políticos, con derecho a gobernarse y contar con presupuestos acordes al tamaño y altura de la Montaña, de las añejas necesidades de quienes por muchas generaciones padecen hambre, desnutrición, analfabetismo, enfermedades y muertes tempranas por el flagelo de la pobreza.
Este sábado 18 de enero con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tlapa muchas autoridades aprovecharon su recorrido de San Luis Acatlán a Tlapa para entregar sus oficios y sus demandas más sentidas. Algunas personas tuvieron que esperar largas horas para saludar, tomarse fotos y para gritar porras a la presidenta. Desde San Luis pequeños grupos de hombres y mujeres permenecieron impacientes hasta que pasó la ejecutiva. En el crucero de Colombia de Guadalupe un remolino de mujeres se acercó para darle arreglos con frutas. En sus carteles pedían “que siga Sembrando Vida”.
Una persona mayor alcanzó a decir: “señora doctora Claudia, tenemos una petición muy urgente de lo que es el precio del grano del café. Tenemos presente la línea trifásica porque aquí la luz ha fallado mucho en temporadas de lluvias. Tenemos contemplada también, como necesidad prioritaria, dos puentes vehiculares, uno de ellos ha cobrado vidas de unos paisanos de Mesón de Ixtlahuac”.
Otra voz dijo: “Yo fui su coordinador en la Montaña. Quiero decirle que toda esta gente a lo ancho de la Montaña la apoyamos de corazón, y lo único que le pedimos es que la gobernadora Evelyn Salgado y usted apoyen con todos sus proyectos, y nos abra una audiencia la gobernadora”.
Un ciudadano de Iliatenco le dijo a la presidenta: “…ojalá visite a Iliatenco para que arreglen nuestra carretera porque allá está muy feo, solamente arreglan donde usted va a pasar, pero allá la verdad estamos muy lejos de llegar a la 4T. La invitamos para que vaya allá para que arreglen nuestra carretera”. Fue una de las demandas más generalizadas que en algunas comunidades han arrastrado por años.
En todo el recorrido de la presidenta los beneficiarios de Sembrando Vida la recibían con algarabía, ahí les prometió que seguiría la segunda etapa que es la comercialización de los productos, y además que se implementaría el programa Alimentación para el Bienestar.
A 100 metros del crucero de Malinaltepec, más de 30 personas de la comunidad de El Tepeyac, esperaron en vano a la presidenta. Los grupos de Sembrando Vida, la acapararon y fue imposible que le dijeran que 71 familias están desplazadas desde el huracán John y que nadie las escucha.
A medio día la gente en Tlapa se encontraba impaciente. Algunas comunidades se organizaban para entregar sus demandas por escrito. Autoridades comunitarias, comisarios y delegados, que integran el Frente Popular de la Montaña (FPM) llegaron de sus comunidades a Tlapa desde la tarde del viernes. Tuvieron que pernoctar en la casa del jornalero para encontrar un espacio estratégico y esperar a la presidenta.
Desde la mañana de este sábado comisarios y delegados de los municipios de Tlapa, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Xalpatláhuac, Tlacoapa y Copanatoyac permanecieron en la colonia Constitución, donde se coloca el corral de toros. Esperaban a la presidenta a más tardar a las 2 de la tarde, pero estuvieron más de 8 horas. Algunos sólo querían para saludarla y tomarse la foto para el recuerdo, mientras que otros tenían una encomienda de sus comunidades.
A las 7 de la noche la presidenta Claudia Sheinbaum arribó a Tlapa con caravana de funcionarios, Guardia Nacional y elementos del Ejército. Cuando vieron a la presidenta se fueron en bola para ganar el espacio más cercano al carro en que venía. Decenas de manos se levantaron al únisono para tomar fotos y para saludarla. Una niña cayó al alfalto por los empujones y quedaron sus pies bajo el carro, a unos centrímetros de las llantas. Su mamá la levantó y le dijo a la presidenta que su niña solo quería saludarla. Desde el asiento del copiloto la presidenta se estiró y abrazó a la niña.
El Frente Popular de la Montaña entregó dos peticiones centrales: la primera, la exigencia de justicia por la desaparición y asesinato del defensor Arnulfo Cerón Soriano. “En el documento que se le entregó estamos pidiendo que las investigaciones sigan por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que busquen al autor intelectual. Esa es nuestra demanda principal como organización”. El otro planteamiento fue la exigencia de libertad de la compañera Kenia Inés Hernández Montalván. Se entregó igual el documento, donde estuvo el niño Joel Hernández Montalván de 12 años, hijo de Kenia”. El niño le dijo a la presidenta que su mamá estaba encarcelada injustamente, y la presidenta le dijo que iba a revisar el tema y que le diera un número de teléfono”.
“Pedimos la pavimentación de carreteras, electrificación, pavimentación, en Chiepetlán la ampliación y construcción de una presa para abastecer de agua a la comunidad, caminos artesanales. Estamos pidiendo una reunión con el maestro Adelfo Regino Montes porque tenemos dos continuaciones de camino artesanal y un planteamiento nuevo que es de Chiepetlán al crucero de Olinalá. Hay una diversidad de temas sociales que tienen que ver con los derechos de los pueblos, háblese de educación, construcción de escuelas; háblese de salud, construcción de clínicas, entre otros”, planteó un líder del FPM.
Después de que el acto protocolario se suspendió, la presidenta llegó al CRIT de Tlapa a las 7:20 de la noche, saludó a las niñas y niños y a sus familiares. Pidió una disculpa por la larga espera. Enseguida realizó un recorrido por las instalaciones, observó a niños que recibían terapia en la alberca. Estuvo acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado, por la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel y el presidente de la fundación Teletón Fernando Landeros. Más tarde continuó su gira por el estado de Puebla. En estos siglos de espera, la gente se quedó con el recuerdo de una selfie.

La presidenta Claudia Sheinbaum, al rendir protesta como primera presidenta de México y al recibir la banda presidencial de manos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez Hernández, resaltó el reconocimiento “no solo a las heroínas de la patria, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la Presidencia y las que lucharon por su sueño y lo lograron , las que lucharon y no lo lograron”.
“Hoy primero de octubre del 2024 inicia la segunda etapa, el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la Colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de esta nuestra hermosa Nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas”.
A los 100 días de su gobierno la Presidenta de la República informó que “entre septiembre y diciembre de 2024 se aprobaron 12 reformas constitucionales y 16 leyes que establecen (varias) garantías …Una reforma muy importante y trascendente (es que) las mujeres ya estamos en la Constitución con reconocimiento a la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencias y a trabajo igual, salario igual. Como lo dije cuando tomé posesión. No llego sola, llegamos todas … Este año 2025 lo dedicamos a la mujer indígena para enaltecer el origen de México y reconocer y dar voz a quienes quisieron callar durante cientos de años. ¡Que vivan las mujeres indígenas de México!
En la Montaña de Guerrero las voces de las mujeres indígenas aún no son escuchadas ni atendidas por los tres niveles de gobierno. La violencia feminicida sigue cobrando víctimas. En los 100 días del nuevo gobierno se han consumado cuatro feminicidios. Las mujeres indígenas siguen padeciendo los estragos de un sistema de justicia patriarcal, misógino y opresor. El analfabetismo secular impuesto por un modelo educativo etnocéntrico y monolingüe ha cerrado las puertas a las mujeres indígenas que son confinadas a padecer el maltrato y discriminación. Han truncado sus sueños para asumirse como mujeres libres y empoderadas, forjadoras de su propio destino. El abandono gubernamental ha incubado las violencias que padecen desde pequeñas. La discriminación y el racismo las ha estigmatizado y cosificado. La miseria ancestral orilló a sus padres a mercantilizar las alianzas matrimoniales tempranas. El sistema de justicia estatal se ha confabulado con los feminicidas culpando a las mujeres de sus tragedias.
El caso de Leuteria Reyes Benito, indígena na savi de Cruz Fandango, municipio de Alcozauca fue asesinada por el policía municipal Herminio quien de manera cobarde le causó múltiples heridas en todo su cuerpo con un arma blanca. Leuteria nació el 26 de enero de 1993 en una casa de adobe. Una partera auxilió a doña Catalina para que llegara al mundo su primogénita. Sus primeros pasos los dio en el piso de tierra. El hambre es el flagelo que padecen de generación en generación. Era la mayor de nueve hermanos: tres mujeres y seis hombres.
Su papá Zacarías comenta que Leuteria “creció en el cerro. A los 3 años estudió el kínder en Cruz Fandango. Terminó la primaria, pero desgraciadamente no tuve dinero y por eso dejó la escuela. Como era la más grande me ayudaba a sembrar y aprendió todo el trabajo duro de la parcela. Tenía muchas ganas de estudiar, pero lo único que le pude dar fue el conocimiento de cómo sembrar maíz, frijol y calabaza. A la mejor si hubiera estudiado no le hubiera pasado esto”. Cuando tenía 19 años se fue para Alcozauca a buscar trabajo. Ahí conoció a Arturo con el que vivió 10 años en la colonia Cruz Verde. Tuvieron cuatro hijos: el mayor tiene 11, le sigue uno de 10, otro de seis y el último de 4 años. A pesar de que salió de la casa nada mejoró para ella, más bien empeoró porque su esposo la golpeaba.
Una amiga de Leuteria comentó que sufría mucho porque “siempre estaba delgada y mal vestida. La veía sentada en el patio de su casa, siempre triste. Luego se vió el cambio cuando dejó a su esposo, el brillo de su rostro era otro”.
Leuteria decidió separarse en marzo de 2024. Pidió el apoyo de la sindicatura municipal para pelear la guarda y custodia de sus 4 hijos, pero Arturo con amenazas no se lo permitió. No se dio por vencida, buscó ayuda con el Juez de Paz y logró negociar con su marido. Fue una negociación desventajosa porque la condicionaron a que construyera su casa para quedarse con sus hijos. Ante tantos obstáculos, no tuvo más alternativa que regresar a Cruz Fandango sin sus hijos, con la esperanza de construir una casa. Sin trabajo en su pueblo su martirio fue mayor porque solo cada 15 días podía visitar a sus hijos, además del maltrato que sufría por parte de la familia de Arturo.
A los 2 meses regresó a Alcozuaca. Aprovechando la coyuntura electoral se acercó con el candidato a presidente, Crispín Agustín Mendoza, quien días antes había visitado su comunidad. Al regresar a la cabecera tuvo oportunidad de ver más seguido a sus hijos. Al ganar la elección Crispín se animó para pedirle trabajo. Se quedó como policía municipal. Fue una gran satisfacción para Leuteria porque se hizo la ilusión de construir su casa para vivir con sus hijos. Zacarías quedó contento porque ya estaba trabajando.
Nunca imaginó que el policía Herminio, su compañero de trabajo, la hostigaría constantemente. Le decía que estaba “loca” y que solo estaba ahí porque quería andar con hombres. Las guardias que le tocaba con Herminio eran un infierno porque siempre la molestaba. A pesar de que se atrevía a decirle que la respetara, el acoso seguía. La amenazó con hacerle daño si no le hacía caso para tener relaciones sexuales. Leuteria se negó, pero Herminio en todo momento la acosó.
En diciembre Leuteria logró que la cambiaran a Tránsito Municipal, sin embargo, la situación no cambió porque Herminio se empeñó en asediarla. Sabía dónde vivía y con qué señora vivía. El domingo 5 de enero, le llegó la noticia a Zacarías de que su hija estaba grave en el hospital de Alcozauca, solo le dijeron que la habían agredido con un cuchillo. El reporte del servicio médico forense registró 33 lesiones en todo el cuerpo.
“Me dijeron tu hija está grave. Estaba muy herida. La tenían con aire, pero ya no funcionaban sus pulmones. Se la llevaron a Tlapa. Unos médicos decían que sí iba a sanar, pero otros decían que iba a morir. Cuando llegué estaba una doctora y me dijo tu hija no va a vivir porque tiene muchas puñaladas. Estuvo en el hospital general. De ahí se llevaron el cuerpo a Chilpancingo. Estaban indecisos, pero yo les dije ¡vamos!, hay que hacerle la lucha, si pierde la vida ni modo. Llegamos allá, comenzaron a revisarla y dijeron que ya no podía respirar. Solo me dijeron ya se murió. Como a ellos no les dolió la muerte de mi hija, me ordenaron que me la llevara ‘porque ya no podemos hacer nada’. Me traje el cuerpo hasta Tlapa. Cuando llegué a la Fiscalía me dijeron ‘no te la puedes llevar porque necesitamos checar cómo está. Otra vez se llevaron su cuerpo a Chilpancingo y tuve que ir otra vez para que me entregaran a mi hija. Me hicieron sufrir mucho porque nadie te ayuda. Nos hacen gastar dinero y nos obligan a dar muchas vueltas. A mi hija la enterramos este miércoles. Hasta entonces pude llorar, cuando llegué a Cruz Fandango”.
El sábado 11 un grupo de mujeres de Alcozauca marcharon para exigir justicia: “El gobierno pensó que intimidándonos nos va a callar, que yendo a nuestras casas ya no vamos a alzar la voz, pero vamos a exigir justicia para que este caso no quede en la impunidad. Que se escuche claro para que llegue a los oídos de la presidenta Claudia y de la gobernadora Evelyn, y volteen a ver al municipio de Alcozauca porque ya no aguantamos tanta violencia e inseguridad. Los policías que según están para cuidarnos nos están matando. No tenemos confianza, andan con la cara tapada, como si fueran delincuentes. Con lo que hizo Herminio está claro que son delincuentes. En Alcozauca han ocurrido tres feminicidios y también hay secuestros virtuales de niñas de la secundaria y las autoridades no hacen nada. Las mujeres nos vamos a organizar como lo hacían nuestras abuelas y abuelos, para hacer justicia como pueblo, para que dejen de secuestrar, para que dejen de matar porque con la justicia del gobierno los asesinos pagan y salen libres”.
“La gobernadora que tanto dice que protege a las mujeres, no vemos nada claro de lo que hace en favor de las mujeres indígenas. Los gobiernos todo el tiempo dicen que no tienen dinero. Para los pobres nunca va a haber dinero, porque se lo roban los políticos. Si en verdad el gobierno está tan pobre ¿por qué muchos quieren ser presidentes municipales, diputados y gobernadores? Por sus ambiciones mezquinas, la violencia no se para. Las mujeres de la Montaña seguimos desamparadas, nadie nos ve y a nadie les duele nuestras muertes. Somos mujeres y merecemos respeto. Exigimos a la gobernadora y a la presidenta de la República, que protejan nuestras vidas. Sentimos que por ser indígenas no nos hacen caso, por eso a Leuteria la mataron. Aún no llegamos todas”.

A todos los colegas del gremio periodístico de Guerrero, les patentizamos nuestro aprecio y admiración por su compromiso y arrojo. En medio de múltiples riesgos y malos tratos de los gobernantes, siempre han estado al lado de los silenciados y explotados.

Después de la pandemia de Covid 19, varios compañeros y compañeras migrantes experimentamos la fragilidad de nuestras vidas, la soledad que padecemos y que nos hizo tocar fondo. Muchos paisanos murieron sin que nadie pudiera auxiliarlos. A todos nos marcó esta tragedia porque sentimos cómo nuestra vida se escapaba. Lo más cruel era que a nadie de los americanos que nos veían sufrir, les preocupaba lo que nos pasaba. Para la mayoría de ellos, nosotros no existimos, ni valemos.
Los mismos paisanos que ya llevan años viviendo se portaron igual, nos miraban con desprecio y nos dejaban morir en nuestros cuartos. Es algo muy duro, que lamentablemente ya lo padecemos como algo cotidiano. No queda otra que endurecer nuestra piel y tragar nuestras lágrimas. Así resistimos y luchamos, haciendo frente al racismo y padeciendo la discriminación en el trabajo y en la misma calle.
Por eso tomamos la decisión de organizarnos como indígenas, de acuerparnos como hermanos y de asumir nuestra identidad con orgullo. El 18 de diciembre de 2020 conformamos el Consejo de Pueblos Originarios en la ciudad de Nueva York, como un espacio abierto para todos los que se adscriben a un pueblo indígena. Fue muy complicado lograrlo, sin embargo, con el ímpetu de varios compañeros que han asumido la defensa de nuestros derechos, nos unimos y compartimos los problemas en común para hacer visible nuestra existencia como migrantes indígenas.
Con el paso del tiempo logramos que el consulado mexicano abriera una ventanilla para la atención directa de la población indígena. Este logro parece insignificante, pero es de gran relevancia porque logramos simplificar todo el trámite burocrático que implica conseguir una cita con el cónsul. Los paisanos que tienen problemas ya saben que los días viernes pueden llegar a la ventanilla para ser atendidos. El jueves también brindan atención a los deliveristas.
Ante las amenazas que arrecian en varios medios de comunicación, que regularmente ven nuestros paisanos en Estados Unidos, como Univisión, se ha generado una psicosis por la información que constantemente vierten sobre las deportaciones masivas. Todo es un caos porque nadie sabe con certeza qué es lo que va a pasar. Se habla mucho de que esto pueda suceder. Mucha gente lo celebra y lo notamos por las actitudes de quienes se sienten americanos, al tratarnos como lo peor, como los causantes de todo lo malo que hay en Estados Unidos. Su racismo sale a flote y muchos se sienten engallados por el triunfo de Trump. Los mismos policías cuando nos revisan por cualquier motivo, nos dicen que con la llegada del nuevo presidente las reglas van a ser diferentes. Con ese tipo de comportamientos quieren demostrar su poder y hacernos sentir que nada valemos. El miedo se ha arraigado más entre la población migrante que se encuentra en estancias que el mismo gobierno abrió para brindarles un espacio temporal. Temen ser los primeros deportados, por eso algunos han optado por salir de la ciudad de Nueva York. La mayoría vamos a esperar a que llegue el momento. Es duro soportar este trance, sobre todo, de aguantar el discurso de odio impulsado por el nuevo presidente que alienta la animadversión y la criminalización solo por ser migrantes.
Hace 3 semanas firmamos un convenio con el consulado de Nueva York, con el fin de contar información fidedigna sobre las acciones que emprenderá el gobierno de Trump y cómo el gobierno de México nos va apoyar para afrontar estas amenazas. Habrá abogados que nos asesorarán, también han elaborado una cartilla para saber qué hacer si llega la migra a nuestros domicilios. Regularmente lo que han hecho es meterse y llevarse a todos los que ahí encuentran, pero eso es ilegal, porque violas el domicilio y no está permitido hacer razias. Tenemos que aprender a defendernos, porque los migrantes tenemos los mismos derechos que cualquier persona, solo que por estar en otro país nos criminalizan y estigmatizan. El consulado también nos apoyará con la traducción en nuestras lenguas del folleto que nos proporciona la información básica sobre los derechos que tenemos como personas migrantes.
Las últimas redadas se han dado en las tiendas departamentales, sobre todo en los estacionamientos. Ahí Ubican a los paisanos que van en sus carros. Les piden sus documentos y con ese pretexto los detienen y los suben en las patrullas de migración. En esas circunstancias no puedes hacer nada porque te agarran en la vía pública, por eso, tiene uno que ubicar los lugares de mayor riesgo. Como paisanos tenemos que ayudarnos y estar alerta ante acciones ilegales y violentas por parte de los policías, que en su mayoría están entrenados para someter y golpear salvajemente a la gente indefensa.
Las y los guerrerenses que viven en Estados Unidos se han arraigado en Chicago, Atlanta, Virginia Beach y Nueva York. Los más prósperos son empresarios, dueños de restaurantes, de tiendas de conveniencia o de autoservicio que importan productos mexicanos, sin embargo, la mayoría son trabajadores de restaurantes, limpian casas, principalmente con la comunidad judía. Los que más padecen los estragos del frío y la dureza del trabajo son los que contratan en las grandes construcciones o están en los campos agrícolas. Ahí empiezan las actividades desde las 4 de la mañana. A pesar de tanto sufrimiento y agotamiento físico, los jóvenes prefieren estas jornadas, porque consideran que el dólar les permite ahorrar un poco para enviarlo a sus familias. Son las remesas las que ayudan a resolver las necesidades más urgentes que enfrentan los padres, los hijos y la esposa.
Lo más crítico es que aún con estos grandes esfuerzos las nuevas generaciones de migrantes no tienen mejores condiciones de vida, son parte de la amplia franja de las familias pobres de Estados Unidos. Pocos acceden a la educación superior, principalmente por los altos costos y también por la necesidad de trabajar muy joven para que haya un ingreso más en la familia. El elitismo escolar y el clasismo imperante en la sociedad estadounidense forma parte de los muros invisibles que impiden que los jóvenes migrantes se integren en los espacios universitarios. El rezago educativo sigue reproduciéndose en la misma urbe de hierro.
La población migrante se encuentra en vilo por la llegada de Trump. La red consular de México en Estados Unidos ha organizado foros en todo el país para conocer cómo se están preparando ante la llegada de Trump, sin embargo, todo es mera elucubración. En estos foros se está impulsando las figuras de los promotores comunitarios, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado algún curso o taller para preparar esta supuesta embestida. También se comenta que los consulados liberarán recursos para abogados que puedan asesorar a gente que sea detenida, pero tampoco hay nada concreto. Cuando se les pregunta cuánto y dónde pueden consultar los fondos, la respuesta queda en el aire “se liberarán conforme se necesite”. Las comunidades de migrantes comentan que el gobierno de Trump se irá contra los que ya tienen órdenes de deportación vigente o los que están en las cárceles, sin embargo, temen que haya redadas en escuelas y en hospitales.
A pesar de que Nueva York, Chicago y Los Ángeles son ciudades santuarios, el próximo gobierno de Trump ya se ha reunido con los alcaldes, como sucedió con Eric Adams de Nueva York, el pasado 12 de diciembre, sin saber a ciencia cierta de qué hablaron.
El consulado de México se está reuniendo con iglesias y centros comunitarios para conocer la opinión de estas comunidades. Es algo muy raro que se den estos encuentros porque siempre se ha dado un distanciamiento con los centros confesionales. Hablan de todo lo que harán, pero todavía no existe la famosa aplicación en tiempo real para alertar a la comunidad migrante. Lo que actualmente funciona es el programa de FINABIEN que está enfocado a enviar remesas a México a través del banco Bienestar, sin embargo, no se ha difundido ampliamente entre la población migrante.
Difícilmente la gente imagina una deportación, saben que si retornan les tocará empezar de cero. Lo único que les queda como consuelo son sus ahorros y lo que lograron construir en su comunidad. La certeza más amarga es que no tendrán una vida similar a la de la Unión Americana. La gran incógnita es ¿qué harán en un estado como Guerrero donde impera la violencia y donde no existen fuentes de empleo? El actual gobierno de Evelyn no está preparado para hacer frente a un escenario adverso ante la inminente deportación de muchos guerrerenses. A nivel federal tampoco hay una ruta trazada para amortiguar esta avalancha migratoria.
La apuesta de todos es que estas amenazas no se materialicen y que el discurso beligerante del presidente Trump transite hacia un diálogo respetuoso, que no criminalice a los migrantes y que valore el gran aporte que han dado a su país. La apuesta es por la civilidad, lamentablemente el ambiente se ha enturbiado y ha emergido la xenofobia, el clasismo, el racismo en muchos sectores de la sociedad. Ellos los culpan de todos los males que han incubado los mismos gobiernos: como el armamentismo, la violencia, el alto consumo de drogas sintéticas y miles de muertes de jóvenes que la consumen; la brutalidad policiaca, la impunidad de la que gozan las élites políticas, que son inmunes ante la ley. La realidad es que la sociedad norteamericana enfrenta problemas muy graves que tiene que atender con urgencia, pero el presidente Trump ha optado por centrar su ataque contra los migrantes. Le resulta más redituable vender la idea falaz de que ellos son los culpables de todos los males que se multiplican en la sociedad americana. En realidad, lo que ha puesto al descubierto son los pies de barro de un imperio que se jacta de ser invencible.

 

En los procesos electorales, en lugar de que sean coyunturas propicias para impulsar el debate político entre los ciudadanos, los partidos y sus candidatas o candidatos, predomina un ambiente hostil marcado por campañas centradas en desprestigiarlos. Prevalece mucha desinformación y los mismos debates presidenciales se han reducido a vituperios entre las mismas candidaturas, quedando en segundo plano sus plataformas políticas y sus planteamientos de fondo orientados a resolver los grandes problemas nacionales que nos aquejan. En todos los niveles el clima político es de confrontación y descalificación.
Esta animadversión genera desencanto y desinterés entre amplios sectores de la población, por eso muchos electores solo esperan a que llegue el día de las elecciones para emitir sus votos. Entre los mismos candidatos predomina el discurso hueco, demagogo y superficial. Sus equipos se centran en generar una buena imagen y se preparan para dar la pelea en las redes sociales y en la cooptación de líderes para corporativizar y comprar los votos. Son triquiñuelas que se arman en sus cuartos de guerra para asegurar los votos cautivos y amarrar con dinero a los indecisos. Este ambiente turbio propicia que el dinero mal habido circule entre los candidatos que asumen compromisos en la penumbra, con patrocinadores que tienen intereses económicos y extralegales.
Con este telón de fondo, afloró la violencia focalizada contra los candidatos para presidentes municipales. La disputa política se concentró en el poder municipal, porque los grupos políticos saben muy bien que ahí se manejan muchos millones de pesos y que están en posibilidades de acceder a estos presupuestos estableciendo acuerdos con sus candidatos. En los gobiernos locales está el negocio seguro.
Lamentablemente este torbellino de la violencia política atentó contra la vida de varios personajes que se preparaban para ser candidatos o que ya estaban en la contienda electoral. Iniciando el año, en la región de la Montaña, el aspirante del PRD a la alcaldía de Atlixtac Marcelino Ruiz Esteban y su esposa Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del mismo partido, fueron arteramente asesinados cerca de la comunidad de Atempa, municipio de Chilapa, cuando se trasladaban a la ciudad de Chilpancingo.
El 8 de febrero Abraham Ramírez Rincón, fundador de Morena en Huamuxtitlán y padre de Rosalba Ramírez, una joven aspirante a la alcaldía, fue asesinado a balazos en el barrio de El Rosario de la cabecera municipal. En ese mismo mes el regidor de Cualac Manuel Eugenio Arriaga, aspirante a la alcaldía por el Partido del Trabajo (PT), fue encontrado muerto por envenenamiento. El 3 de marzo en la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez es asesinado el pre candidato para alcalde por el PT Alfredo González Díaz.
En la Costa Grande la violencia se focalizó en el municipio de Coyuca de Benítez. El 16 de mayo fueron encontrados los cuerpos del candidato a regidor Aníbal Zúñiga Cortés y su esposa Rubí Bravo, estaban en la batea de una camioneta en el puerto de Acapulco. Diez días después matan al candidato de la coalición del PRI, PRD y PAN José Alfredo Cabrera Barrientos cuando se dirigía al templete que habían instalado para el cierre de su campaña. A pesar de que estaba acompañado por elementos de la Guardia Nacional, nada impidió para que una persona accionara el arma al subir el candidato las escalinatas.
El 15 de junio, a dos semanas de la jornada electoral fue asesinado el alcalde electo de Copala, capitán de fragata retirado Salvador Villalba Flores. Lo insólito fue que recibió dos balazos cuando viajaba en un autobús que había salido de la Ciudad de México. Su triunfo lo obtuvo con el partido Alianza por México. En ese mismo mes asesinaron al presidente de Malinaltepec Acacio Flores Guerrero, quien no pudo refrendar su triunfo para un segundo período. En la tarde del jueves 20, después de inaugurar dos obras en la comunidad de Alacatlatzala, un grupo de personas encapuchadas lo esperaba en el interior de la delegación Guadalupe. Nunca imaginó que al pasar lo recibirían con golpes y le asestarían un tiro en la cabeza, que en el instante lo privó de la vida.
El mapa electoral reconfiguró a los grupos políticos y generó un reacomodo entre las organizaciones delictivas. La violencia poselectoral que se dio en la capital del estado, con el asesinato del nuevo presidente municipal Alejandro Arcos Catalán, precedido de los asesinatos de quienes serían su secretario general y su secretario de seguridad pública son mensajes funestos de que los poderes fácticos tienen también su cuota política y económica. El escenario para el nuevo trienio preludia una descomposición mayor de las instituciones gubernamentales y una supeditación de los gobiernos locales a los intereses extralegales y mafiosos.
El año que termina también estuvo marcado por una violencia extrema. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos dan la pauta: en la entidad se registraron de enero a noviembre mil 693 homicidios. En enero hubo 145; en febrero 159; marzo 131; abril se elevó a 160; mayo bajó a 148; junio subió a 170; julio ascendió a 178, mientras que el mes de agosto fue el más alto con 179. Septiembre bajó a 114; octubre 175 y noviembre cerró con 134.
Varios casos nos indican la exacerbación de la barbarie. En los primeros 10 días del 2024, 14 personas fueron asesinadas, tres de ellas en Chilapa; seis en un palenque en Petatlán y cinco fueron encontradas calcinadas dentro de un vehículo en Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, debido a una posible confrontación entre organizaciones delictivas. En la mañana del 12 de febrero fueron encontrados en la carretera Chilapa-Tlapa los restos de una familia nahua de la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín de Herrera. Cecilia Gaspar y José Teodoro Domingo, ambos de 52 años, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años que estaban desaparecidos desde el 19 de enero en Zacatepec, municipio de Chilapa. El 20 de febrero un enfrentamiento entre el grupo de los Tlacos contra la Familia Michoacana dejó 17 personas muertas, en la comunidad de Las Tunas, municipio de San Miguel Totolapan, por la férrea disputa territorial que no cesa.
El 22 de febrero la ciudad de Tlapa quedó consternada ante el feminicidio de la maestra Griselda Martínez Morán, originaria de Tlacuiloya, municipio de Tlapa. Su probable asesino fue su novio, quien la apuñaló en el cuarto donde vivía. En redes sociales se mencionaba de forma anónima que la misma noche de su asesinato, su novio compartió un video de WhatsApp donde “ella estaba tirada y él sostenía el cuchillo, estaba hablando y diciendo que eso le pasaba a ella por faltarle el respeto”.
El 26 de marzo la niña Camila fue secuestrada en Taxco por sus vecinos. A pesar de que Margarita, la mamá de Camila, estaba dispuesta a entregar el dinero a cambio de que le devolvieran a su hija, nunca se la entregaron; por el contrario, su pequeño cuerpo fue encontrado en una bolsa negra en la carretera Taxco-Iguala. Este crimen atroz enardeció a la población y el 27 de marzo Ana Rosa y sus hijos Axel y Juan Alfredo, secuestradores de Camila, fueron sacados de su casa y linchados en la calle sin piedad. A mitad de año, el 14 de junio, Isabi Ortiz, hijo de Felipe Ortiz, ex alcalde de Metlatónoc, fue asesinado mientras se encontraba haciendo obras públicas en el municipio. En venganza, vecinos de Loma Bonita y otros poblados de Metlatónoc mataron a tiros a los tres presuntos responsables.
El 3 de agosto cinco hombres fueron abatidos en un enfrentamiento entre un grupo armado y la Guardia Nacional y el Ejército en la comunidad de Oxtotitlán, municipio de Teloloapan. Decomisaron ocho armas largas y una corta; más de 50 cargadores, más de 900 cartuchos útiles de diverso calibre, equipo táctico y dos vehículos tipo pick up, puestos a disposición de la FGE.
En la Montaña de Guerrero el 7 de agosto, el primer reporte fue de siete personas asesinadas y cuatro heridas en un enfrentamiento entre hombres armados en el crucero de Amatlicha e Ixcamilpa, en Olinalá.
Del 21 al 27 de octubre desaparecieron en la comunidad del Epazote, municipio de Chilapa, 17 vecinos de la comunidad de Chautipan, 5 menores y 2 mujeres que regularmente salen a vender enseres domésticos a las comunidades rurales. Ante la exigencia de los familiares de que las autoridades agilizaran las búsquedas, el comandante de la 35 Zona Militar anunció un aparatoso operativo con helicópteros y fuerzas especiales, sin embargo, no dieron con su paradero. Lamentablemente esa misma noche aparecieron 11 cuerpos, entre ellos 2 mujeres y 2 menores, en una camioneta abandonada frente al hotel Parador del Marqués al sur de Chilpancingo.
La irrupción de un grupo armado en la madrugada del 24 de octubre en la cabecera municipal de Tecpan de Galeana que amenazó con sacar al grupo de los Granados, dejó un saldo de 34 personas asesinadas y 21 detenidos, entre ellos identificaron a 16 guatemaltecos, 1 salvadoreño y 4 mexicanos. En la refriega fueron asesinados dos policías.
El 8 de octubre, varios grupos de la Policía Comunitaria de la Casa de Enlace de San Juan Escalerilla, municipio de Zapotitlán Tablas acudieron a Olinalá para liberar a una persona secuestrada. En la balacera detuvieron a dos jóvenes que fueron amarrados, golpeados y sus cuerpos quemados. El 27 de octubre, habitantes de Huitzapula se enfrentaron a balazos con los policías de San Juan. El saldo fue una persona asesinada y otra herida. El pasado 15 de diciembre decenas de comuneros de Zapotitlán Tablas, Acatepec y Atlixtac se organizaron para impedir el paso al Ejército en la comunidad de Cerro Verde. La población reclamó a los militares su inacción ante las llamadas de auxilio que requieren de su intervención. Le advirtieron que no regresaran a la región, porque la seguridad la van a brindar los mismos pueblos con el apoyo de su Policía Comunitaria.
Los huracanes de la violencia con el huracán John han devastado la precaria infraestructura del puerto de Acapulco y sobre todo de las comunidades rurales que sobreviven en el fango del olvido. El horizonte se ha enturbiado por la falta de rumbo y por el distanciamiento de las autoridades con la población que no se siente escuchada ni atendida. Lo más grave es que los poderes fácticos parecen tomar el timón en varias regiones del estado.

Toda nuestra solidaridad para las defensoras y defensores del medio ambiente de Tlapa. A casi un año de su lucha por la recuperación de la plazuela, el gobierno del estado los ha criminalizado y el gobierno municipal los ha ignorado, generando un ambiente de ingobernabilidad.

El 6 de octubre de 2012, en la Ciénega, Malinaltepec se formó el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) para hacer frente al proyecto de reserva de la biosfera y las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Eco-nomía en los territorios comu-ni-tarios de la Montaña y Costa Chica. La gran amenaza era el mismo gobierno federal que pretendía con-trolar el territorio sagrado de los pueblos con la declaratoria presi-dencial. Los emporios mineros se frotaban las manos para establecer convenios de exploración y explo-tación con las autoridades agrarias y el mismo gobierno federal.
Las comunidades mè’phàà, na savi, ñancue y el pueblo afromexicano tuvieron conocimiento de los planes truculentos que impulsó el gobierno del estado tratando de cooptar a los comisariados de bienes comunales para que se encargaran de convencer a los comuneros sobre las bondades de la reserva y los beneficios que obtendrían. Utilizaron a los estudiantes de la Universidad Intercultural de la Ciénega para que se encargaran de recabar las firmas y entregar las actas de asambleas en la que supuestamente autorizaban la creación de la reserva de la biosfera.
Los pueblos de la Montaña desbarataron estos planes perversos cuya intención era despojar las reservas acuíferas y boscosas y toda la riqueza biótica que por siglos han preservado las comunidades indígenas.
En las asambleas regionales las comunidades tuvieron información fidedigna sobre el número de hectáreas que abarcaría la reserva de la biosfera y el número de hectáreas que había concesionado el gobierno federal, sin haber consultado a las comunidades. Se trataba de 157 mil 896 hectáreas para la reserva de la biosfera y había alrededor de 250 mil hectáreas concesionadas para la explotación minera. 14 se ubicaban en la Montaña y 15 en la Costa Chica.
Con esta información de primera mano las autoridades agrarias se fueron organizando. Realizaron foros internacionales y encuentros nacionales. Conocieron otras luchas en el continente y visitaron la mina de Carrizalillo, para constatar la devastación ecológica que provoca la minería a cielo abierto. Fue un gran referente la lucha emprendida en los tribunales por la comunidad de San Miguel del Progreso (Juba Wajín), que logró la cancelación de las concesiones mineras y obligó a que la Secretaría de Economía se abstuviera de emitir la declaratoria de libertad de terrenos de la comunidad de Jubá Wajín. Esta victoria inobjetable le ha dado armas a las comunidades de la Montaña y Costa Chica para defenderse y acuerparse dentro de su territorio.
Desde sus inicios el CRAADET impulsa reuniones informativas y analiza el contexto en que se hallan inmersas las comunidades. Iden-tifica las amenazas y peligros que se ciernen en la región. Ubica a los actores que atentan contra la seguridad en las comunidades y la tranquilidad en los caminos. Tiene una radiografía del territorio y conoce muy bien cuáles son las concesiones mineras que siguen vigentes. Confiaron que el presi-dente Andrés Manuel López Obra-dor cancelaría esas concesiones y así evitar que la Montaña siga siendo saqueada, sin embargo, no las tocó.
Ante la inacción de las autoridades federales para proteger los territorios sagrados de la Montaña y Costa Chica, los pueblos se han hermanado para cuidar la casa común, el hogar de todos. Por ello han abordado a los presidentes municipales para que se pronuncien contra los proyectos extractivos y nieguen permisos en el territorio que comprende su municipio.
Las comunidades agrarias han discutido y reflexionado sobre la gran importancia de preservar su territorio y de enfrentar juntos las amenazas que se presentan en varios lugares. Previendo los embates del mismo gobierno y actores con poder económico, desde 2012 han elaborado actas, estatutos y reglamentos orientados a regir la organización de sus núcleos agrarios. A pesar de este esfuerzo comunitario, el Registro Agrario Nacional (RAN) se ha empeñado en obstruir la inscripción de sus estatutos comunales. En lugar de incentivar estas iniciativas y de otorgarle un reconocimiento a sus normas internas para contar con instrumentos jurídicos que permitan a las comunidades afianzar la defensa de sus territorios, el RAN se coloca del lado de quienes quieren arrebatar sus riquezas y pisotear sus derechos.
Además de estos bloqueos de las instituciones agrarias, las comunidades enfrentan amenazas a su territorio por parte de actores externos que llegan como vendedores de muebles, refrescos, cervezas y golosinas, sin que tengan ninguna restricción. Se desplazan con total libertad e interactúan con los dueños de pequeñas misceláneas y con los mismos jóvenes. La entrada de vendedores que se desplazan en motocicletas tampoco tiene límites ni controles sobre los productos que venden. Poco a poco las autoridades han detectado que estos vendedores son también una amenaza para los jóvenes y niños, porque además de vender los productos que anuncian, algunos aprovechan esta actividad para vender cristal y fentanilo. Las madres y padres de familia han depositado la confianza en sus hijos y por lo mismo, no han puesto atención en lo que compran y consumen. Las autoridades agrarias han detectado que existe una red de vendedores de droga en la región, sin embargo, no es tan fácil identificar sus contactos a nivel local. Es complicado abordar estos temas públicamente porque hay riesgos de denunciar y por el involucramiento que puede haber entre los mismos asistentes.
Ante estas dificultades y desafíos, las autoridades del CRAADET han recomendado y acordado trabajar con los jóvenes, para cultivar vínculos de confianza e involucrarlos en el cuidado del territorio. Ellos son grandes aliados porque cuentan con más información sobre las redes delincuenciales que se dedican a la extorsión y los secuestros. Ubican a grupos que desaparecen a jóvenes que las violan y las matan. También tienen conocimiento sobre cómo se distribuye la droga entre los estudiantes y qué tanto en las escuelas hay venta y consumo de estas sustancias.
A inicios del año se conoció de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y agentes externos al territorio en Iliatenco. Otra acción delincuencial tuvo que ver con un feminicidio en San Luis Acatlán. También se han detectado casos de jóvenes intoxicados por el consumo de alguna droga atendidos en el hospital de San Luis y en Ometepec. También hay información de jóvenes que se han suicidado.
El CRAADET en el marco del XL foro abordó estos temas que solo se comparten en corto y con sigilo, pero que lamentablemente ya están afectando a las comunidades.
El crimen organizado es también una amenaza latente en la región, a pesar de la Policía Comu-nitaria. El gran problema es que hay vínculos de autoridades municipales con estos grupos y eso genera temor y desconfianza, porque la población constata que hay contubernio, que los delincuentes gozan de protección y también se erigen en otro poder que empiezan a socavar la organización comunitaria.
Han compartido experiencias que se viven en la región Norte y la Tierra Caliente, donde operan em-presas mineras. En esos lugares el control del territorio y de la po-blación lo tienen los grupos delic-tivos que operan en complicidad con los caciques y gobernantes de los municipios y del mismo gobierno del estado. El poder del crimen está por encima de los ayuntamientos y los cuerpos de seguridad del estado están rebasados y prefieren mejor colocarse de su lado. A nivel federal no hay operativos orientados a desmantelar esta red, porque saben que se ha urdido al interior del mismo aparato gubernamental. Su poder económico les permite negociar con los emporios mineros para tener sus propios dividendos.
Para las comunidades agrarias de la CRAADET son focos rojos las expresiones de violencia en muni-cipios como Acatepec, Tlacoapa, Malinaltepec, Xalpatláhuac, San Luis Acatlán, Marquelia, Copala, Zapotitlán Tablas, Copanatoyac, donde la situación cobra visos de ingobernabilidad. La riqueza en minerales como la plata, el oro y el zinc, son un gran atractivo tanto para los emporios mineros como para los grupos delincuenciales que pueden implementar acciones para someter a las autoridades locales, cooptarlas o amenazarlas. Es un riesgo latente que deben tomar en cuenta para prevenir y estar preparados porque su poder se incrementa y son capaces de todo.
Los pueblos han enfrentado por siglos tanto a las fuerzas del gobierno que los han reprimido y desplazado de sus territorios. También se han atrincherado para defender su territorio. Saben que la lucha es colectiva y con sus propios recursos. Lo fundamental es mantener la cohesión y la organización de base. No permitir que actores externos incidan en la toma de decisiones y mantener siempre sus reservas ante cualquier propuesta económica sea de actores del gobierno o empresariales. Están claros que a través de ellos pueden llegar los grupos de la delincuencia, que son ahora los que realizan los trabajos sucios contra los pueblos y organizaciones que defienden sus derechos y su territorio.
En estos 12 años la lucha del CRAADET es ejemplar porque han actuado sus autoridades con transparencia y tienen una retro-alimentación permanente en sus reu-niones y foros bimestrales. Com-parten los incidentes que suceden en sus comunidades y analizan las acciones a tomar. Las comunidades y sus autoridades saben que la principal encomienda es informar y tomar acciones para cuidar y pro-teger a la población. Es organizarse para hacer frente a los actores externos y salir a dar la batalla en todos los ámbitos de la lucha para defender su territorio ancestral.