En Guerrero es muy común que las autoridades se encarguen de destruir evidencias para obstruir las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos y garantizar impunidad para los perpetradores. La cuenta es interminable y el manto de la impunidad inabarcable, porque cubre todas las atrocidades cometidas por los gobernadores. En la matanza de Aguas Blancas el gobernador Rubén Figueroa ordenó editar los videos que registraron los hechos por parte de los agentes de seguridad del estado. La coartada era que los campesinos habían iniciado la agresión contra los policías. Todo se derrumbó cuando el periodista Ricardo Rocha decidió difundir en cadena nacional la versión original de la matanza.
En lugar de que el presidente Ernesto Zedillo solicitara al Senado de la República la desaparición de poderes en Guerrero y, al mismo tiempo, ordenara a la Procuraduría General de la República que investigara al gobernador por los crímenes cometidos en Aguas Blancas, prefirió transferir su responsabilidad política a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para deslindarse del ex gobernador y obligarlo a pedir licencia. Hasta la fecha las viudas y las organizaciones sociales, como la OCSS, mantienen viva la lucha para que haya justicia por este crimen artero.
En los dos períodos de gobierno de Ángel Aguirre Rivero se cometieron crímenes atroces como la masacre de El Charco perpetrada por militares en junio de 1998; las ejecuciones de dos estudiantes normalistas: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, por parte de policías estatales y federales en la Autopista del Sol, en diciembre de 2011. Otro crimen deleznable fue el asesinato de 6 personas (3 normalistas) y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El gobierno timorato de Enrique Peña Nieto, en lugar de intervenir con toda la fuerza de su investidura y de ordenar que se investigaran a profundidad las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los estudiantes, solapó a los responsables. Se desentendió del caso y de facto exoneró al gobernador del estado, a los mandos policiacos y militares que se coludieron con los grupos del crimen organizado. Fue omiso y negligente. Dejó que el caso perdiera fuerza y que todo quedara en manos de la Procuraduría del estado. Fueron las madres y padres que con su reciedumbre y dignidad, levantaron un movimiento nacional que colocó contra la pared a un presidente de la República frívolo y ausente.
Con la tortura aplicada a los detenidos Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio armaron su verdad histórica. Fabricaron culpables, alteraron pruebas y destruyeron evidencias con la perversidad de encubrir a las autoridades responsables. A nivel estatal solo detuvieron al secretario de seguridad pública Leonardo Octavio Vázquez Pérez por el delito de delincuencia organizada. A más de una década, el miércoles 14 de mayo, fue detenida la ex magistrada Lambertina Galeana acusada por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia por desaparecer las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia en Iguala. Este hecho sigue siendo clave para esclarecer el caso Ayotzinapa.
Rememorando la noche del 26 de septiembre, la salida de los autobuses de la central camionera fue caótica porque los policías ya iban persiguiendo a los estudiantes. De los 4 camiones que salieron juntos, 3 avanzaron rumbo al Periférico Norte porque no sabían dónde estaba la salida para Chilpancingo. Solo un camión, el 1531, tomó la ruta correcta, por Periférico Sur. Informes de la CNDH, de la Covaj y el GIEI manejan un numero de 12 a 20 estudiantes que iban en el autobús 1531. La CNDH habla de 17 a 20 normalistas, el GIEI no precisa el número, pero más o menos da una cantidad de 15 a 17.
Cuando el autobús 1531 va a la altura del Palacio de Justicia los estudiantes son agredidos por policías de Iguala. El Palacio de Justicia es un punto estratégico porque en ese tramo se puede regresar a Iguala o salir a Chilpancingo. También está la opción de tomar otro carril o agarrar la ruta para la caseta de Iguala. En ese lugar los interceptaron 4 patrullas, posteriormente llegaron 3 más de la policía municipal de Iguala, también acuden policías federales y policías del estado. El GIEI menciona la presencia de la policía estatal y la policía de Huitzuco.
De acuerdo con las investigaciones hay dos testigos que relatan la llegada de estas corporaciones policiacas. En la escena hay un soldado, un OBI, que a distancia registra los hechos. Los testimonios coinciden de que el autobús 1531 es atacado por los policías; rompen los vidrios, tiran gas lacrimógeno en el interior de la unidad para obligar a que los estudiantes bajen, porque se resistían. Los bajaron violentamente, unos no podían avanzar por su propio pie, por eso los arrastraron y los subieron a las patrullas de la policía de Iguala. Ahí es donde los testigos declararon que un policía dice “jefe, ya no caben”. El jefe le contesta “no hay pedo, ahorita llegan los de Huitzuco”. Los testigos manifestaron que en efecto llegaron 3 patrullas más y que fueron subidos los estudiantes que ya no cabían en las patrullas. Posteriormente las patrullas de Iguala, como las de Huitzuco, tomaron la ruta de Chilpancingo.
Estos hechos se conocieron por los testimonios de los choferes, porque de ese autobús ningún estudiante sobrevivió. En cambio, del camión 1568 sí hay un sobreviviente, fue un estudiante de los que ahí viajaba. Fue herido de un brazo y como iba herido, cuando los tenían tirados en la tienda Aurrerá, frente a donde sucedieron los hechos, este estudiante fue sacado del grupo y se lo llevaron a un hospital para recibir atención médica. El estudiante fue asistido médicamente y él fue testigo. También hubo otro estudiante que se puso mal, porque padecía asma, eso le valió que lo sacaran del lugar y lo llevaran al hospital.
Como testigos pudieron decir cuántos venían, quiénes eran los jóvenes que iban en el autobús 1568. Hay un número exacto de estudiantes que fueron desaparecidos, pero esto se supo gracias a los testigos. En ese autobús se puede establecer de manera clara cómo estuvo la agresión y a dónde fueron llevados los estudiantes. En cambio, en el autobús 1531 ningún estudiante sobrevivió. La única prueba que hay son de los testigos que presenciaron los hechos. Lo que ayudaría a cerrar el círculo para el esclarecimiento de la desaparición de los jóvenes son los videos del Palacio de Justicia. Ahí había 6 cámaras; 4 con una visión fija, pero que alcanzó a registrar lo que estaba ocurriendo abajo del puente. Pudo captar dónde fueron atacados los estudiantes. Tenían una visibilidad perfecta. También había dos cámaras grandes que tenían mayor potencia y cobertura, la visibilidad y calidad del registro fue mayor. Eran cámaras que tenían una visión completa y que seguramente captaron con detalle lo que sucedió con los estudiantes que viajaban en el autobús 1531.
Las cámaras del Palacio de Justicia pudieron haber ofrecido elementos claves para saber qué es lo que ahí ocurrió. Con estos registros hasta se podrían ver quiénes eran los policías responsables y hacia dónde estaban llevándose a los estudiantes. Por eso se deduce que la destrucción de estas evidencias que registraron la escena del crimen, tuvo el fin perverso de proteger a los perpetradores, de obstruir deliberadamente el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Por su parte la Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar al jefe de informática del Palacio de Justicia y al técnico que operaba estas cámaras. Ellos refieren lo siguiente: “a nosotros nos solicitaron la información y sacamos la que estaba almacenada en ese dispositivo, la entregamos a la presidenta del Tribunal y de ahí no sabemos qué ocurrió”. La FGR realizó un peritaje al dispositivo y concluyó que hay indicios de que hubo otra persona que extrajo esa información antes de que los técnicos del tribunal lo hicieran. Los peritos refieren que cuando hay un ingreso al dispositivo, deja un registro de la hora en que alguien ingresó. Está acreditado que antes que los técnicos del Tribunal accedieran, una persona desconocida ya había tenido acceso a las cámaras para extraer las imágenes claves del 26 de septiembre. El punto que debe dilucidarse es quién autorizó el ingreso. Otra circunstancia que manejan los peritos es que el sistema de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia también era manejado de manera remota, por lo tanto, hay probabilidades de que a control remoto pudieran haber extraído los videos. Pero quién lo pudo haber hecho.
Es claro que la presidenta del Tribunal y el personal que operaba las cámaras sabían cómo operaba ese sistema de seguridad, sin embargo, obstruyeron la investigación, se negaron y se empecinaron en ocultar lo que realmente sucedió. Actualmente el video que tiene la FGR, y que fue entregado por el Tribunal Superior de Justicia, no es visible, está totalmente oscuro. Lo increíble es que las imágenes que aparecen borrosas y oscuras tienen que ver con las horas críticas de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, cuando desaparecieron a los estudiantes. En cambio, las imágenes que se registraron antes y después de los hechos violentos, son nítidas. Todos estos pormenores de la destrucción de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala el 26 y 27 de septiembre son los que la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa espera que proporcione con veracidad la ex magistrada Lambertina Galeana.

 

Para todas las madres, esposas, hermanas e hijas que diariamente luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos. A pesar de la impunidad y la corrupción ¡las madres llegarán a la verdad!

Cipriana González, colectivo Lupita Rodríguez

Los días son de lágrimas por nuestros desaparecidos. Las madres tenemos que subir a los cerros más altos para gritar sus nombres. Los buscamos en los cerros y barrancas, saltando las piedras. En el lodo, la hojarasca y las cuevas. Nos caemos, pero nos levantamos para seguir buscando. No hay consuelo para una madre. Nunca lo habrá por el dolor tan grande de perder a un hijo. Es muy doloroso que nos maten a un hijo, pero el sufrimiento es una brasa caliente, un tormento continuo que te quita la vida lentamente.
Mi hijo Javier Benítez González fue desaparecido en Chilpancingo el domingo 3 de junio del 2017. Yo había salido a ver un terreno. Él estaba en la casa porque tenía 8 días de haberse separado con su pareja. Él me dijo “nada más hoy me quedo y ya me voy a mi casa”. Cuando llegué ya no lo encontré. Le empecé a marcar y no me contestó. Le marqué a la muchacha y me dijo que tampoco allá había llegado. Desde entonces no he parado de buscarlo.
Durante siete años no he descansado de buscarlo y hasta la fecha no he dado con él. Nosotras hemos andado aún con enfermedades, les gritamos en los cerros. Preguntamos a los 4 vientos dónde los dejaron, qué hicieron con ellos. A pesar de que tengo los pies hinchados de tanto andar en los campos y en los pedregales, el amor por mi hijo se hace más grande.
En esta vida tan cruel he tenido pensamientos extremos: mil veces me lo hubieran matado y me lo hubieran dejado tirado porque así lo hubiera recogido para sepultarlo. Así sabes dónde está, dónde le vas a ir a llorar, a ponerle una veladora o una cruz. Lo peor es cuando está desaparecido porque no sabemos dónde se encuentra. Todo lo que hacemos es llorar, gritar, buscarlos, pedir ayuda, pero las autoridades nunca te apoyan, porque no tienen un hijo desaparecido y no sienten lo que sentimos. Aún no encuentro palabras para describir este sufrimiento. Es como una herida que duele y que todo el tiempo sangra. De este dolor saco fuerzas para ir a buscarlo.
He andado en todas las búsquedas: en Acapulco, en Chilpancingo y en otros lugares. A mí no me da miedo buscarlo. Lo que yo quiero es encontrar a mi hijo, si por eso voy a morir o me van a dar un balazo, que me lo den. Así nos han acostumbrado. No quiero nada contra quien lo desapareció, sólo quiero que me digan dónde está mi hijo o dónde lo dejaron.
Desde hace 10 años trabajo en una cocina elaborando tortillas, hago guisos y atiendo a los clientes, pero ando con todo el dolor. No me queda más alternativa que trabajar. Tengo cuatro nietas que son hijas de él y a veces vienen a pedirme dinero para comprar medicina o zapatos. Nosotras como abuelas tenemos que solventar algunos gastos. Aunque estemos enfermas tenemos que seguir adelante.
El gobierno del estado no hace nada por los desaparecidos. Nos dicen que sí nos van a ayudar, pero no pasa nada. Nos dicen que sí los están buscando, pero de ahí no pasa. No les interesa. Queremos que busquen a nuestros desaparecidos, que hagan su trabajo. No lo han querido hacer, si no ya los hubieran encontrado. Esta lucha es por nosotras las madres que ahora somos buscadoras.

Filiberta, indígena me’pháá del municipio de Zapotitlán Tablas

Para nosotros no hay fechas especiales, y desde que desapareció mi papá Zeferino Cristino Vázquez y mi sobrino Elmer Zaid Vázquez Cristino, no tenemos nada que celebrar. La familia ya no está completa. Desde el 22 de mayo del 2022 cuando los desaparecieron, mi mamá quedó destruida. A pesar de su enfermedad y su dolor el hilo amoroso nunca se romperá.
Los desaparecieron cuando regresaban del doctor, en el municipio de Zapotitlán Tablas. Mi sobrino venía manejando cuando personas armadas que iban en una camioneta los interceptaron en el tramo carretero Nuevo Amanecer y Santa Rosa. Ahí también iba mi mamá. Ella se bajó antes y vio cómo los golpeaban. De inmediato los subieron a otro carro y se los llevaron. Uno de los hombres armados se llevó la camioneta que conducía mi sobrino.
Tenemos la costumbre de que siempre que bajan al doctor los acompañamos, pero ese día nos dijo mi papá que no iban a bajar. Nuestro día transcurrió con las labores del programa Sembrando Vida. Estábamos en el vivero cuando me avisó mi hijo que mi teléfono estaba sonando. Era mi hermano para decirnos que gente armada se había llevado a mi papá. No creí porque los acababa de ver en la casa. De inmediato fuimos al municipio para que nos ayudaran a localizarlos. Mi hermano fue por mi mamá donde habían ocurrido los hechos. Buscamos a la síndica municipal, pero nos dijo que no podía hacer nada. Estuvimos esperando porque se fue la luz y también la señal por las fuertes lluvias. Nos quedamos en el Ayuntamiento hasta las 2 de la mañana, pero nadie nos ayudó. Queríamos que la policía municipal saliera a la carretera a buscarlos, que se comunicaran a través de sus radios para localizarlos, pero no hicieron nada.
El 23 de mayo nos trasladamos a Tlapa para poner la denuncia formalmente en la Fiscalía. Nos hicieron entrevistas y nos dijeron que teníamos que esperar porque podía ser un secuestro. En ese tiempo recibí una llamada donde me decían que tenían secuestrados a mi papá y a mi sobrino. Estuvimos todo el día en la Fiscalía y las llamadas continuaron. Me daban cierto tiempo para juntar 150 mil, yo les dije que no tenía ese dinero, pero que me dieran más tiempo de conseguirlo. Yo les pedí una prueba de vida para saber si en realidad se trataba de mis familiares.
Llamaban cada 30 o 40 minutos. La última llamada fue el 23 de mayo a las 12:38 del día. Me dijeron que tenía que dar el dinero, les dije que todavía lo estaba consiguiendo, que me dieran más tiempo. Aceptaron, pero ahora tenía que darles 200 mil pesos. Me preguntaron si aún quería la prueba de vida, les dije que sí. Me mandaron una fotografía de mi papá. Le dije al personal de la Fiscalía que sí era mi papá y que íbamos a ver la forma de juntar el dinero.
Sabía perfectamente que se trataba de mi papá porque vi la ropa que traía ese día, sin embargo, el equipo antisecuestros de Chilpancingo me dijo “diles que ese no es tu papá”. De inmediato puse en silencio el teléfono y les respondí que sí se trataba de mi papá, pero me insistieron “diles que no es él”. Yo pensé que la Fiscalía tenía su forma de trabajar y tuve el gran error de decirles, contra mi voluntad a los secuestradores, que no era mi papá. Fue un momento en el que pude haberles dicho que sí era mi papá, pero le hice caso a la Fiscalía pensando que ellos sabían cómo actuar. El secuestrador me contestó ¿estás segura? La Fiscalía me estaba exigiendo que le dijera que no era él, aunque por dentro sabía que sí. Me colgaron y a los 10 minutos me volvieron a marcar para decirme “está bien, tú acabas de tomar la decisión de que no es tu papá, pero bueno, así como fuiste de chingona de llamarle a la Guardia Nacional y a todos los que vienen en camino para buscarlo, te quedas con eso en tu conciencia”. Cuando personal de la Fiscalía escuchó, me dijeron “entonces sí era tu papá”. Sabía que se trataba de él, pero la Fiscalía me obligó a decir lo contrario.
Este 22 de mayo se cumplen 3 años. Acudí varias veces a la Fiscalía, pero no he tenido una respuesta, a pesar de que mandaron la carpeta de investigación a Chilpancingo, no hay avances. En la sábana de llamadas tampoco identificaron los números. Enojada le dije al encargado de los casos de desaparición forzada que como no son sus familiares no mueven un solo dedo para buscarlos, pero si fueran sus familiares moverían cielo, mar y tierra para encontrarlos. Nosotros como somos gente pobre de la Montaña nos dejan en el olvido. Me dijeron que seguían buscando, pero en realidad no han movido nada. Como familiares estuvimos realizando algunas búsquedas en puntos que la gente nos informaba, pero no hemos podido dar con su paradero. No perdemos las esperanzas de que un día van a regresar a casa.
Para mi mamá ha sido muy duro este golpe, ya no la involucramos por la enfermedad de su corazón. Tenía 5 años de haber sido diagnosticada y tras la desaparición de mi papá tememos que le pase lo peor. Yo tengo cáncer en fase terminal, aún así no pierdo la esperanza de que un día traeré a mi papá y a mi sobrino de regreso. Mi papá decía que yo era la más valiente, pero hay veces que las fuerzas se me acaban. Mi sobrino pequeño me pregunta ¿tía y mi papá ya va a volver? Cómo le explico a un niño que su papá está desaparecido. Por eso no me voy a quedar con los brazos cruzados, al contrario, aun con mi enfermedad no voy a parar de buscarlos. Para nosotras el 10 de mayo, ya no es una fecha significativa, cambió nuestro calendario, la fecha más importante para la familia será el día en que regresen.

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El asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz es un hecho funesto para el movimiento social de Guerrero y un botón de alarma para los luchadores y luchadoras sociales que están en las trincheras dando la batalla para defender los derechos de la población olvidada y perseguida de nuestro estado. Este contexto de violencia que envuelve a nuestra entidad y que nos ha colocado como rehén de la delincuencia, es un indicador grave de la descomposición de las instituciones del Estado y de la claudicación de las autoridades que han bajado la guardia para hacer valer el Estado de derecho. Actualmente se han erigido en guardianes de la ilegalidad y protectores de la criminalidad.
Nuestro estado continúa en el torbellino de la violencia que reproduce las mismas prácticas del pasado, pero ahora con nuevos actores estatales y no estatales que atentan contra la vida de la población. Las desapariciones forzadas siguen consumándose diariamente como hace 50 años. Las ejecuciones extrajudiciales son un patrón de criminalidad que prevalece como antaño y que siguen cubiertas por el manto de la impunidad.
Estos hechos deleznables nos muestran un continuum en el actuar de las autoridades. Tomando como referencia el quinto volumen del informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento histórico titulado “Fue el Estado”, se plantean los factores de persistencia de las violaciones graves de derechos humanos que se cometieron de 1965 a 1990. La política del terror impulsada por un régimen autocrático no se ha arrancado de raíz, se mantienen vigentes porque no hay castigo a los perpetradores, no se han desmontado las estructuras que propiciaron las desapariciones, las ejecuciones y las torturas que se aplicaron contra los opositores al régimen.
No es fácil dejar atrás la herencia de un pasado reciente de violencia estatal, implica un esfuerzo social extraordinario y ante todo voluntad política y compromiso con las víctimas. La lucha de quienes exigen verdad y justicia víctimas por los crímenes del pasado y del presente pueden llevar a cambios paradigmáticos que refunden el diálogo entre el Estado y la sociedad, sin embargo, hay un gran abismo entre las autoridades estatales, las organizaciones sociales y los colectivos de víctimas. Siguen siendo tratados como enemigos del régimen, como hace cinco décadas. Esta insensibilidad acumula agravios y mayor violencia porque persiste el pacto de impunidad con los criminales.
El gran desafío es saber lidiar con un pasado reciente de violencia estatal que busque desmantelar lógicas institucionales, redes de actores, prácticas y hasta marcos ideológicos que retroalimentan los patrones de violencia que están enraizados. Esta apuesta requiere de esfuerzos deliberados y sostenidos que incorporen el respeto a los derechos humanos como un articulador social de primer orden y que coloque en el centro a las víctimas como motores de este cambio. Lo primordial es entender que la lógica de la violencia estatal no se desvanece con el tiempo, por el contrario, muchos de sus elementos tienden a perdurar y hasta complejizarse o amplificarse a la luz de nuevos actores y contextos. En ocasiones se derriba el edificio, pero sus cimientos continúan enraizados. La violencia estatal no concluye por disposición oficial ni por convención historiográfica. Requiere compromiso, ante todo hechos que se traduzcan en resultados favorables para la población agraviada. Tiene que cimbrarse el sistema que encubre a los perpetradores con investigaciones científicas que den con los responsables de los crímenes cometidos contra los luchadores sociales.
La institucionalidad que permitió la violación grave, sistemática y generalizada de los derechos humanos genera un momentum de largo aliento. Este impulso para combatir la impunidad y desmantelar las redes de la macrocriminalidad es el que no quiere dar la autoridad. Pesan mucho los intereses creados al margen de la ley y bajo el amparo de la institucionalidad gubernamental, se cuidan más las atrocidades cometidas en el pasado para no tocar intereses de actores estatales que gozan de privilegios e impunidad.
Hablar de lo que permanece, entender por qué dura el trazar líneas para evitar que continúe es un imperativo histórico, social y político para una sociedad ávida de justicia. Visibilizar los factores de persistencia ayuda a colocar en su justa dimensión las falencias de un gobierno que no ha roto con las inercias del pasado, que continúa protegiendo al Ejército, que no los investiga, que más bien los cubre de gloria y sus principales aliados en sus políticas de seguridad. No podemos seguir con esa herida sangrante, de que los responsables de las desapariciones sean los privilegiados del régimen y que ahora comanden la seguridad a través de la guardia nacional, sin resultados favorables para una población inerme. Hablar de factores de persistencia es buscar explicar por qué hasta la fecha hay prácticas y redes delincuenciales que nunca se cortaron de tajo dentro de las instituciones del estado. Con los factores de persistencia se trata de entender, a partir del pasado por qué no se ha logrado erradicar la violencia en nuestro estado.
La no repetición de graves violaciones a los derechos humanos forma parte de la justicia transicional en la medida en la que se busca que los gobiernos dentro de sus procesos de verdad logren adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se produzcan violaciones graves en el futuro. Este tema es crucial para transitar a un estadio donde la impunidad no sea el sello distintivo de un nuevo régimen. Por ello se entiende que es igualmente relevante que los gobiernos destinen recursos a atender los derechos de las víctimas con el fin de prevenir que se presenten violaciones semejantes contra otras personas en el futuro. El compromiso general de respetar un derecho implica hacer lo necesario para que cese su vulneración y que esta no se repita. Así, el deber de prevenir la repetición está estrechamente vinculado con la obligación de poner fin a una vulneración en curso. Sobre esta base las garantías cumplen una función preventiva y pueden describirse como un reforzamiento positivo del cumplimiento futuro.
La reforma de las instituciones, el desmantelamiento de los grupos armados no oficiales, la derogación de la legislación de emergencia que sean compatibles con los derechos fundamentales, la investigación de los antecedentes de los miembros de las fuerzas de seguridad y del poder judicial, la protección de los defensores de los derechos humanos y la formación de los derechos humanos de integrantes de las fuerzas de seguridad, las garantías de no repetición tienen una función de carácter esencialmente preventivo a la que se supone contribuyen la verdad, la justicia y la reparación.
El funcionamiento de las instituciones, las redes de actores, sus prácticas y hasta los marcos cognitivos que hicieron posible la violación de los derechos humanos no se desvanecen con el paso del tiempo, generan una sinergia, incluso sobreponiendo sus lógicas a las nuevas instituciones que buscan trascenderlas. Por esta razón no debe extrañar la connivencia entre las lógicas violatorias de los derechos humanos y la institucionalidad democrática que prevalece en nuestro país y en Guerrero, con un fuerte legado autocrático. En este sentido la dinámica institucional y en particular su inercia constituye un continuum.
Dos masacres en Guerrero durante la década de 1990 muestran la persistencia de violaciones graves a los derechos humanos por parte de las policías locales y militares en este estado. No podemos olvidar que nuestro estado fue uno de los más golpeados durante el periodo de 1965 a 1990. La matanza de Aguas Blancas fue un crimen de Estado que abusando de su fuerza masacró a 17 campesinos pobres y dejó 19 heridos el 28 de junio de 1995. Fue un crimen perpetrado por policías del estado. Es un caso que también sintetiza la lógica contrainsurgente. Atrás estuvo la mano del siniestro general Mario Arturo Acosta Chaparro. La masacre de El Charco acaecida el 7 de junio de 1998 es otro crimen de Estado perpetrado por el Ejército que ejecutó a 10 indígenas y un estudiante de la UNAM en un contexto de contrainsurgencia. Hasta la fecha los dos crímenes se mantienen en la impunidad. Lamentablemente estas dos masacres han sido ventiladas actualmente por la presidenta de a República Claudia Sheibaum por la confrontación que se ha dado con el expresidente Ernesto Zedillo, quien protegió al ex gobernador Rubén Figueroa, a Ángel Aguirre Rivero y a los mandos militares. Sin embargo, hasta la fecha los gobiernos de Morena tampoco han impulsado los dos casos para garantizar justicia a las viudas del Charco y de Aguas Blancas y acabar con el pacto de impunidad que sigue intocado.
En Guerrero no sólo se masacró a indigenas y campesinos, se declaró la guerra contra las organizaciones guerrilleras y se implementó una política de terror para arrancar de raíz las acciones armadas de los insurrectos. Fueron crímenes que hasta la fecha siguen sin ser investigados, por el contrario, los líderes guerrilleros continúan en el limbo. No se les reconoce como héroes ni como dirigentes sociales que impulsaron los cambios sociales que hoy se han concretado en nuestro país. A Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas se les adjetivó como roba vacas, salteadores, bandoleros, comunistas. Siempre buscaron mil maneras de criminalizarlos fabricando delitos e historias falaces.
El gobierno actual ha descalificado a los movimientos y luchadores sociales independientes. Todos los que no están en las coordenadas del partido en el poder son incómodos y se les descalifica y denuesta, exponiéndolos ante la opinión pública, siendo blanco fácil de agresiones, al mismo tiempo envían un mensaje de que son sacrificables. No le apostó por la justicia transicional, los violadores a derechos humanos se mantienen en la impunidad y siguen enquistados en el poder público. A los miembros del Ejército, que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, no se les toca ni se les molesta. Hacer justicia por los casos de la guerra sucia y Ayotzinapa era la oportunidad para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. De sentar las bases para la no repetición de esos pasajes obscuros de la historia pasada y reciente de México. Sin embargo, fallaron, y la impunidad es la que se mantiene en la cúspide del poder, como un trofeo de los perpetradores.
Por esos factores de persistencia estamos condenados a que hechos atroces sigan ocurriendo, como el crimen artero de Marco Antonio Suástegui, que fue criminalizado por todos los gobiernos: lo encarcelaron en tres ocasiones, lo estigmatizaron como un líder rijoso, machetero, e ignoraron sus denuncias en las que relataba los riesgos que corría. Lo dejaron solo y más bien enviaron una señal siniestra a los perpetradores de que tenían permiso para matarlo.

 

En la misma tumba donde yacen los restos de Pedro Suástegui Valeriano fue sepultado Marco Antonio Suástegui Muñoz, el hijo amado que heredó la tradición de los hombres y mujeres del río Papagayo que defienden sus tierras empuñando los machetes. En este domingo sofocante y polvoso partió el cortejo de la casa de su tío Juan al panteón de Cacahuatepec. En este histórico lugar se hilvanó la lucha imbatible contra la presa La Parota. En el corazón de la resistencia Marco Antonio le dio consistencia a un movimiento opositor que hizo trizas los planes privatizadores y extrativistas de los gobiernos neoliberales.
Las lágrimas de sus familiares y de las mujeres que lucharon al lado del Tigre mostraron la estirpe de un pueblo indómito, que sabe pelear en medio de tantas adversidades y carencias materiales. Su fortaleza y determinación para defender a la madre tierra trascendió fronteras. Se ganaron el reconocimiento y el apoyo de los relatores de la ONU, que constataron en la comunidad de Agua Caliente la grandeza de su lucha.
Por sus posturas críticas, Marco Antonio fue un actor incómodo para las autoridades. Nunca tomaron en serio sus diagnósticos que compartía sobre la inseguridad en el puerto de Acapulco y en las comunidades rurales. Calibraba con mucha objetividad los riesgos que corría. Solicitó en varias ocasiones acompañamiento de la Guardia Nacional, pero las solicitudes nunca prosperaron con el argumento de que no había denuncias penales.
Marco tenía una gran desconfianza en la Fiscalía por la falta de secrecía en las investigaciones. En las denuncias que interpuso, no solo no prosperaron, sino que hubo fuga de información que lo puso en mayor riesgo. Las reservas que mostraba no eran gratuitas, consideraba más bien un peligro mayor y prefirió mejor las medidas de autocuidado. Marco Antonio tuvo varios incidentes que le indicaban que los riesgos que corría eran inminentes. Lamentablemente el Mecanismo de Protección de Defensores no priorizó su caso y tampoco dimensionó los riesgos. Las autoridades del estado evidenciaron las graves fallas de sus operativos de seguridad. Es increíble constatar que ningún elemento policiaco, de los 4 mil que desplegaron, haya estado en la zona donde el agresor tuvo tiempo suficiente para sacar su arma y vaciarla contra el defensor de la playa Icacos.
Durante ocho días los médicos lucharon para salvarle la vida. Todo el tiempo permaneció en terapia intensiva. Los daños eran severos y sólo un milagro podía salvarlo. A pesar del apoyo del gobierno del estado, para que tuviera la mejor atención médica, fue imposible estabilizarlo. Con gran tristeza y coraje recibimos la noticia de su muerte. Estaba en la playa trabajando para garantizar el sostén de su familia. Había logrado organizar a los compañeros de la playa para ser tomados en cuenta en el plan de reordenamiento de los servicios turísticos. Defenderían colectivamente su espacio y no permitirían que empresarios los desplacen de sus lugares. Con el liderazgo de Marco Antonio había mayores garantías de que los funcionarios municipales respetarían los acuerdos alcanzados. La semilla que sembró Marco no se marchitará, robustecerá el tallo de la resistencia.
Marco Antonio enfrentó constantes peligros con los mismos gobernadores: con René Juárez que ordenó su encarcelamiento. Con Zeferino Torreblanca que se obstinó en imponer el proyecto hidroeléctrico con el uso de la fuerza policiaca. Con Ángel Aguirre Rivero que lo encarceló en un penal de máxima seguridad y con Héctor Astudillo por fomentar la división de los comuneros. Con todos pagó caro su osadía: fue encarcelado en tres ocasiones, castigaron con mayor severidad a las comunidades del Cecop. En lugar de reconocer su labor como defensor comunitario en todo momento le dieron trato de delincuente. A pesar de la persecución y de la apertura de carpetas de investigación, Marco Antonio permaneció fiel a sus ideales, siempre al lado de las familias pobres del Acapulco rural. Su temple como defensor del territorio demostró tener capacidad para convocar, movilizar y convencer a las comuneras y comuneros, tuvo también la fuerza, la decisión, valentía y gallardía para estar al frente de las batallas y de impedir la realización de asambleas espurias convocadas por la Procuraduría Agraria.
Siempre con su acero en la mano se abrió camino. Enfrentó a los policías a pedradas, con la fuerza de sus machetes y con su voz de trueno hizo crecer un movimiento que inspiró muchas luchas en el país. Era una tromba que atacaba con toda su fuerza para desbaratar la estrategia gubernamental de acarrear taxistas para que votaran por el sí a La Parota. Todo se vino abajo cuando en una asamblea convocada por el gobierno y el Cecop para hacer una consulta por usos y costumbres, de manera contundente ganó el no a la construcción de la presa.
Los enemigos de Marco Antonio fueron los grupos de poder, los políticos arribistas, los empresarios depredadores del medio ambiente, sobre todo los gravilleros que son los que más han dañado el río Papagayo y que se han enriquecido con las reservas naturales como la grava, la arena y la piedra. Han despojado las tierras comunales con el respaldo de las autoridades que hacen negocios compartidos. Marco Antonio, había focalizado su lucha contra las empresas gravilleras, sin embargo, descubrió que existe una red de complicidades entre autoridades municipales y empresarios, junto con grupos de la delincuencia. En esta telaraña de intereses los grupos de la delincuencia hacen el trabajo sucio para asegurar los negocios de los empresarios y varios políticos.
Fue muy reveladora la última llegada de Marco Antonio a Cacahuatepec. Las “pangas” estaban listas para trasladarlo. Dos de ellas son del Cecop. Ahora bajaron el cuerpo inerte de quien en muchas ocasiones se trasladaba para asistir a las asambleas dominicales y darle seguimiento a las tareas de reconstrucción de sus viviendas y de sus parcelas que fueron afectadas por los huracanes Otis y John. Ahora estas pangas cargaron el cuerpo de Marco Antonio y lo trasladaron a la comunidad que tanto quiso: Cacahuatepec, donde forjó su acero como defensor comunitario. Cuando bajaron su cuerpo de la carroza, de inmediato se escucharon los gritos de sus compañeros: ¡Marco vive! ¡La lucha sigue! Al otro lado del río más de cien mujeres también coreaban ¡Viva Marco Antonio! ¡Viva! El grito en el río Papagayo es el grito de justicia de las comunidades olvidadas del río Papagayo. Es el grito de indignación del Acapulco de los terregales, del Acapulco encharcado por las aguas negras, del Acapulco donde la Casa de Salud sigue sepultada desde el huracán Otis. El Acapulco de los desempleados, de los que sobreviven como vendedores ambulantes y que se ocupan en los hoteles y en la industria de la construcción. Los que sufren el saqueo de su agua y de los recursos pétreos de su río.
Marco Antonio se sensibilizó más con los problemas de la pobreza, la discriminación, el clasismo, el racismo que padecen secularmente las comunidades rurales. Marco sufrió en carne propia el estigma por ser un hombre de campo. Fue apodado como huarachudo, el sombrerudo o el machetero. La grandeza de Marco fue su estatura moral, para él su sombrero, su machete, sus huaraches fueron los símbolos de su identidad. Hoy lo sepultaron con sus huaraches que más le gustaban, con un pantalón de mezclilla, su pantalón de lucha, su sombrero negro que le dio siempre la estampa de un campesino galán, de un campesino carismático, bragado, dicharachero, que supo convivir con la gente del campo, donde estaba su vida. Fue el hombre valiente y bullanguero que se ganó el aprecio de la gente.
Marco Antonio fue un hombre que se acercó a los sacerdotes y al obispo, una persona respetuosa de las creencias de la gente. También fue un hombre de batallas, que recibió al subcomandante Marcos en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que se solidarizó con los indígenas zapatistas y que participó en marchas para acompañar a las madres y padres de los 43, para gritar ¡Fue el Estado! y para exigir que se investigara al Ejército. Las luchas que dio Marco abrazaron las mejores causas del movimiento social en Guerrero. Apoyó a la Policía Comunitaria y varias comunidades del Cecop se incorporaron al sistema de justicia y seguridad comunitaria, para dar seguridad a las comunidades. Por eso en su último viaje fue escoltado y cargado en hombros por sus compañeros de la Policía Comunitaria.
La pérdida de su hermano Vicente le rasgó el corazón. Lo marcó para toda su vida. Le hizo sentir lo frágil que es el ser humano, sin embargo, en esta fragilidad encontró la fortaleza espiritual, porque Marco cultiva valores y principios, convicciones y un compromiso probado por la justicia. Marco se fue a los lugares más difíciles para buscar a su hermano. Encaró a los responsables que participaron en su desaparición, señaló a los autores materiales y exigió que sean detenidas todas las personas involucradas como el comandante Pino. Se fue sin saber el paradero de su hermano y alcanzar justicia.
La mañana de este domingo caminamos en medio de la arena, del polvo y del calor. Fuimos a su última morada, para refrendar nuestro compromiso con su lucha, para mantener vivo su legado y apoyar al Cecop para que su espíritu indómito no se debilite. Queda vivo su ejemplo, su temple, su acompañamiento a las comunidades más pobres, su entrega incondicional para defender el territorio y luchar por una vida digna entre las comunidades del río Papagayo.
Ahora quedan en manos de la autoridad las investigaciones. Tienen que llegar al fondo. No pueden seguir pretextando que sean las víctimas quienes hagan la investigación. Son las autoridades las que tienen que trazar las líneas, sobre todo, deben de tomar en cuenta la trayectoria de Marco Antonio como defensor del territorio. Su vida fue cien por ciento dedicada a defender los derechos de la gente pobre. Lo hizo en las comunidades rurales, en la playa Icacos, acompañando a las organizaciones solidarias para exigir justicia y verdad o ya sea buscando a su hermano Vicente Suástegui. Las autoridades tienen que dar resultados contundentes sobre este crimen artero. No puede continuar este pacto de impunidad, de atentar contra la vida de los defensores y defensoras y permitir que los responsables sigan libres. Esta espiral de violencia está socavando la seguridad de las personas y es la amenaza más funesta para quienes luchamos por los derechos del pueblo. Las autoridades del estado tienen que corregir el rumbo, porque el naufragio es inminente.

 

En 2024 Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop) nos transmitía con mucho pesar su preocupación: “El domingo 11 de agosto recibí una amenaza de muerte. Estaba en El Fraile en una asamblea cuando se acercó un tipo para decirme: ¡Cuídate cabrón! Los jefes están muy enojados por lo que dijiste en la asta bandera. Ese día organizamos una protesta por el tercer aniversario de la desaparición de mi hermano Vicente. Ahí señalé a los autores materiales que está investigando la Fiscalía del estado. Era como la una de la tarde y aún no terminaba la reunión. Me advirtió que si seguía no me la iba acabar porque para la otra vendrían a rafaguearnos. Comprendí que el mensajero pertenecía al mismo grupo”.
Las amenazas continuaron: “El jueves fui a mi trabajo. Llegué como a las 5:40 de la tarde a playa Icacos. Me percaté que el área donde me instalo estaba invadida. Pregunté quién la estaba ocupando. Nadie dijo nada. De repente llegó otro tipo para decirme que su jefe le había dado la orden de ocupar el lugar. Le aclaré que yo cuento con permiso para rentar motos y que ahí trabajo desde hace muchos años. Le advertí que no me quitaría. No me respondió. Sólo agarró su teléfono y le habló a su jefe. Le dijo que ya estaba ahí y que fueran por mí. En ese momento me retiré y me fui a la casa”.
Marco Antonio informó de estas amenazas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de la Secretaría de Gobernación. Solicitó que tomaran cartas en el asunto. Manifestó que los riesgos que enfrentaba eran mayores y que temía por su seguridad y la de sus familiares. Pidió formalizar su petición sobre la inminencia de las amenazas. Demandaba el acompañamiento de la Guardia Nacional. No veía otra forma más segura para continuar su lucha como defensor y para conservar su fuente de trabajo.
Con motivo de la desaparición de su hermano Vicente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la familia, incluyendo a Marco Antonio. A pesar de esta cobertura internacional las autoridades federales no dimensionaron el grave peligro que corría Marco Antonio. Sólo se redujeron a proporcionarle un teléfono satelital y un botón para emergencias. En medio de múltiples peligros Marco nunca suspendió las reuniones dominicales en Cacahuatepec y tampoco abandonó su trabajo en la playa.
Desde el 2003 cuando se conformó el Cecop, Marco Antonio abrazó la causa de los pueblos pobres del Acapulco rural. Después de estudiar arquitectura regresó a su comunidad e hizo suya la lucha de su padre. Recuperó los conocimientos que desde niño aprendió. Valoró la riqueza que conservan las tierras comunales de Cacahuatepec, experimentó la desigualdad social, los despojos de sus tierras, la extracción de agua para trasladarla al puerto de Acapulco, la sobre explotación del río por parte de los empresarios gravilleros. El abandono secular, la pobreza, el desempleo y los tratos discriminatorios de los gobiernos en turno fueron moldeando al defensor comunitario. Comprendió que podía servir mejor a su gente que regresar a la ciudad y olvidarse de sus raíces.
Al enterarse de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había entrado a las tierras comunales de su núcleo agrario sin pedir permiso, las comunidades vecinas empezaron a reunirse los domingos para platicar lo que estaba pasando. Tuvieron conocimiento por la gente de las comunidades que era contratada de que construirían una presa. Metieron maquinaria y empezaron a hacer socavones para iniciar la construcción de la cortina. Ante estas acciones unilaterales las comunidades decidieron detener a los ingenieros para impedir que continuaran los trabajos. Procedieron a realizar plantones como la medida más efectiva para vigilar la entrada y salida de personas ajenas a su núcleo comunal. Las asambleas cobraron importancia y fuerza por ser la instancia más apropiada para la toma de decisiones.
En este proceso la figura de Marco Antonio Suástegui fue clave porque le dio voz a los comuneros y comuneras e impulsó un movimiento de resistencia que cobró notoriedad al denunciar públicamente los atropellos que estaban sufriendo por parte de la CFE. Marco nunca imaginó los grandes intereses económicos que había detrás de la presa y el respaldo presidencial por tratarse de una obra estratégica. Su lucha abierta le generó muy pronto amenazas de los gobernadores en turno que usaron a la Procuraduría del estado para acusarlo de varios delitos: robo de maquinaria y privación de la libertad.
En 2005 fue detenido por primera vez por órdenes del entonces gobernador René Juárez Cisneros. Logró salir al pagar una fianza. Marco Antonio en lugar de retroceder y flaquear asumió con mayor firmeza y determinación la lucha contra la presa. Logró que el Cecop adquiriera presencia en el estado y en el país. La difusión de su experiencia en varios países de Latinoamérica logró incidir en las instancias internacionales. A las autoridades del estado esa proyección desbalanceaba sus planes privatizadores.
El 17 de junio del 2014, es detenido y encarcelado en el penal de La Unión para alejarlo de su área de influencia y aplicar un castigo más severo al mantenerlo incomunicado de su familia y sus abogados. Nuevamente le fabricaron delitos del fuero común como robo, lesiones, despojo y daños. El enojo del gobernador Ángel Aguirre Rivero era muy grande, por eso gestionó ante las autoridades federales el traslado de Marco Antonio al Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit. El castigo fue para dejarlo incomunicado y para impedir que tuviera una defensa que lo acompañara en su proceso. Marco no se doblegó, se logró a través de un amparo que lo regresaran al penal de La Unión el 31 de marzo del 2015. Nuevamente salió libre el 24 de agosto de 2016 por resolución de la sala penal.
La división de los comuneros que promovieron los gobernadores y los presidentes de Acapulco para debilitar al Cecop desencadenó confrontaciones y hechos de sangre. El fatídico 8 de febrero de 2018 se da un enfrentamiento entre policías comunitarios de La Concepción con las autoridades de la comisaría municipal, en el marco de un baile de la fiesta patronal. En la refriega de la madrugada murieron tres policías comunitarios y seis miembros de la comisaría. Después de un aparatoso operativo de la Policía Estatal apoyada por elementos de la Policía Ministerial y del Ejército ejecutaron a dos policías comunitarios que se opusieron a ser desarmados. Al ver que la gente del Cecop llegaba a la Concepción para auxiliar a sus compañeros, los policías golpearon y detuvieron a 35 compañeros. Marco Antonio y Vicente Suástegui formaron parte de este grupo. Al pedir que los policías auxiliaran a los familiares de los caídos se lo llevaron a la orilla del pueblo para torturarlo. Posteriormente fueron trasladados al penal de Acapulco.
Fue un juicio complicado por lo que implicaba dominar las técnicas de litigación que requiere el nuevo sistema penal acusatorio, sin embargo, se pudo aprender en el mismo proceso logrando la libertad de todos los comuneros el 8 de junio de 2019. De nueva cuenta Marco Antonio es liberado por tercera ocasión, demostrando que su lucha es limpia y que los delitos que le han endilgado están motivados por cuestiones políticas. La estrategia ha sido acallarlo y criminalizar su lucha.
Marco Antonio ha entregado su vida para defender el río Papagayo y las tierras comunales de Cacahuatepec. Con los comuneros y comuneras se enfrentó a los policías municipales y estatales que impedían la entrada a las asambleas espurias convocadas por la Procuraduría Agraria. Denunció a los presidentes municipales de Acapulco que se obstinaron en dividir a las comunidades para socavar la organización del Cecop. Encaró a los gobernadores por sus marrullerías y denunció sus tropelías. Su casta de defensor la puso a prueba cuando desaparecieron a su hermano Vicente. Se puso al frente de las búsquedas y entró a lugares controlados por la delincuencia. En los primeros dos años cada mes organizaban mítines para exigir la presentación con vida de su hermano Vicente.
Fue un golpe muy duro que cimbró el espíritu guerrero de Marco Antonio. Nunca dio un paso atrás, por el contrario, asumió nuevas luchas como la de los Turisteros Unidos en Defensa de la Playa Icacos (Tuderpi) que se han organizado para proteger y defender la playa Icacos. Con los huracanes Otis y John Marco acudió en auxilio de las comunidades que fueron inundadas. El 27 de septiembre nos reportó que el río Papagayo se había desbordado y que había inundado a la mayoría de comunidades que forman parte del núcleo agrario de Cacahuatepec. Documentó con imágenes de video las casas derrumbadas y las tierras inundadas. Tomó registros de las cosechas de maíz, frijol y calabaza que se perdieron y las huertas de limón y palmas de coco que fueron severamente dañadas por el viento y por el agua. En lancha recorría las comunidades porque no había forma de caminar por las callejuelas y veredas. Nos mostró en imágenes cómo quedó su casa, un lugar emblemático donde cada domingo realiza las asambleas del Cecop para promover los trabajos de reconstrucción.
Con estos reportes Marco Antonio mostró su gran sensibilidad, su compromiso con la gente pobre del campo y su perfil humanitario. Con los contactos que cultivó como líder del Cecop logró atraer a varias fundaciones que hicieron recorridos en las comunidades para verificar los daños y vislumbrar qué tipo de apoyo requerían. Al ver la devastación de las comunidades solicitó maíz para abastecer de granos básicos a las familias y láminas galvanizadas para reconstruir los techos de las precarias viviendas. Actualmente hay varias fundaciones que apoyan y cuentan con la asesoría y acompañamiento de organizaciones solidarias que trabajan en el mejoramiento de la red de agua potable, en la reconstrucción de viviendas, la construcción de baños y la implementación de proyectos integrales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La gente de las comunidades de Cacahuatepec está pendiente de Marco Antonio. Han viajado a Acapulco para conocer su estado de salud. Saben que está delicado y que tuvo una segunda operación este domingo por la madrugada. El gobierno del estado ha asumido el compromiso de apoyar en los gastos médicos que se requieran. Todos deseamos que Marco Antonio recupere su salud. Este domingo de resurrección la gente realizó su asamblea como cada ocho días. Se informaron del estado de salud de Marco. Esperan que las autoridades investiguen los hechos, que garanticen seguridad a sus familias y que brinden todo el apoyo a Marco Antonio y que garanticen seguridad y paz en el puerto de Acapulco.

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Este primero de junio tendremos por primera vez en nuestro país elecciones judiciales. Se trata de un proceso electivo que representa un gran reto para la autoridad electoral que tiene como mandato preparar la elección para que el 100 por ciento de las personas de la lista nominal puedan ejercer su voto. Los lineamientos del INE prohíben actos masivos de los aspirantes a juzgadores, no se permite que contraten espectaculares y bardas para promocionarse. No pueden comprar publicidad en medios de comunicación, en redes sociales ni en espacios físicos. Queda vetada la participación de los partidos políticos y los candidatos no pueden realizar ni pagar encuestas. Serán campañas que no contarán con financiamiento público y los topes de gastos estarán monitoreados por el INE.
Los recortes presupuestales impuestos por el Congreso Federal al INE repercutirán en el número de casillas instaladas, habrá menos centros de votación, las distancias serán más largas y los electores tendrán que disponer de mayor tiempo para ejercer su voto. En esa fecha las ciudadanas y ciudadanos depositaremos 6 boletas. Se trata de elegir a 9 ministros y/o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 Magistrados de Circuito y 386 personas juzgadoras de Distrito.
De acuerdo con información oficial hay más de 5 mil candidatos para todos estos cargos. Son 81 candidatos para la SCJN, 18 candidatos para la Sala Superior del TEPJF,135 candidatos para las salas regionales del TEPJF, 45 candidatos para el Tribunal de Disciplina Judicial, 2 mil 784 candidatos a magistrados de circuito y 2 mil 316 candidatos para jueces de distrito. En total se elegirán 881 cargos.
En esta elección judicial los guerrerenses quedamos supeditados a los intereses de los grupos parlamentarios del Congreso local que a nivel cupular determinaron postergar la reforma judicial local. Dejaron intocado un poder opaco cuya impartición de justicia tiene una gran deuda para un pueblo castigado por la pobreza y sediento de justicia. Los intereses de la clase política son los que rigen a las autoridades judiciales en turno, por eso la sociedad guerrerense no confía en la imparcialidad, pulcritud e independencia de los juzgadores y juzgadoras, porque son parte de las elites políticas y de las castas familiares que se heredan los cargos. La carrera judicial en Guerrero genera grandes dividendos y goza de múltiples privilegios, es ajena a las grandes luchas que han protagonizado movimientos de campesinos, indígenas, normalistas, maestros, universitarios, feministas, colonos y colectivos de víctimas. Todos son catalogados como actores incómodos, rijosos y radicales. Los califican como provocadores e incitadores de la violencia. A ellos y a ellas se les aplica todo el peso de la ley porque no son amigos ni aliados del poder. La justicia se torna inalcanzable.
Esta elección judicial será para jueces federales, magistrados y ministros. Es importante ubicar cuáles son los grandes problemas que enfrentamos como ciudadanos y ciudadanas con estas instancias del Poder Judicial de la Federación.
Con las reformas del sistema de justicia penal acusatorio y reforma de derechos humanos del 2011, la SCJN ha tenido grandes avances, sin embargo, no ha sentado precedentes de gran calado en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte no ha generado jurisprudencias. El espíritu de la Constitución de 1917 tiene como columna vertebral la justicia social, los derechos a la salud, la educación, vivienda y alimentación. Hoy en día se han podido consolidar porque el ex presidente Andrés Manuel López Obrador elevó a rango constitucional los programas sociales, sin embargo, la SCJN no ha impulsado estos derechos. No hay lineamientos ni precedentes de carácter obligatorio para que los jueces de distrito hagan justiciables los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy en día los nuevos ministros tienen que priorizar el tema de la justicia social para salvaguardar derechos consagrados desde 1917.
Un gran pendiente que tiene la SCJN son los derechos indígenas. Los precedentes son muy limitados, incluso ha avanzado más el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al reconocer los derechos políticos de los pueblos indígenas; a reconocer el autogobierno, la libre determinación y autonomía de los pueblos. Ha emitido resoluciones en materia de juicios ciudadanos interpuestos, como el caso de Cherán o el de Ayutla. Por el contrario, la Suprema Corte ha interpretado de manera limitada los derechos de los pueblos indígenas. Todavía tiene la idea errónea de que la libre determinación y la autonomía implica crear un Estado sobre el Estado mexicano. Es la teoría de la balcanización del país. Su visión es reduccionista y ajena a las luchas emancipadoras de los pueblos indígenas de américa.
Las candidatas y candidatos a ministros pueden ayudar a sentar importantes precedentes en temas tan sensibles como los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, principalmente el de la libre determinación y la autonomía de los pueblos, en el reconocimiento de la propiedad ancestral de sus territorios y de gobiernos propios. Será de gran relevancia contar con magistrados con este nivel de miras, magistrados que estén cercanos a los pueblos, que tengan sensibilidad y compromiso con la población pobre del campo y la ciudad. Ese tema debe estar en el centro de los debates para la renovación del poder judicial de la federación.
¿Qué pasa con el Poder Judicial en Guerrero? Aquí tenemos un grave problema porque todos los jueces y magistrados son del viejo régimen autoritario, con una visión cerrada y con una interpretación de la ley muy restringida. En el tema de los derechos de los pueblos indígenas no asimilan lo que es la libre determinación. No les cabe en su visión legalista que haya una jurisdicción indígena, es decir, un sistema de justicia, seguridad y reeducación propio de estos pueblos.
Hay jueces que han cuestionado ¿cómo es que los pueblos indígenas van a hacer justicia? No lo pueden hacer porque la justicia es un ejercicio de mucha responsabilidad. Como jueces están en nuestras manos la libertad de las personas, las propiedades, y sólo podemos llevar la jurisdicción los que tenemos estudios especializados en esa materia. Es difícil que asimilen estas reformas, porque requiere incorporar una perspectiva intercultural, una visión pluralista del derecho y asumir que los pueblos son sujetos de derecho público, que se rigen por sus sistemas normativos propios.
Son jueces que aunque estén dentro del sistema penal acusatorio, no subsanan las grandes deficiencias que tienen en materia de derechos de los pueblos indígenas. Son poco receptivos, para interpretar la Constitución bajo el paraguas del artículo 2 constitucional que reconoce la libre determinación de los pueblos, la autonomía, el gobierno indígena. Han estado dictando fallos contra los pueblos indígenas. Pocos incorporan en sus análisis la perspectiva de género, la asimetría de poder en la que se encuentran las mujeres indígenas, las intersecciones que padecen y la discriminación de la que son víctimas.
Los problemas estructurales que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a la justicia son añejos y complejos; prevalece la falta de traductores, hay mucha corrupción, parcialidad, discriminación a la población indígena. Carecen de intérpretes, no hay instancias de los pueblos indígenas dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, no contamos con una sala indígena, una representación que mínimamente vea por los pueblos indígenas. No hay nada.
Por otra parte, el Poder Judicial sigue teniendo presupuestos exiguos, sus instalaciones son deplorables. En Acapulco las salas de juicios orales son pequeñas y con mucha sobrecarga de trabajo. Los jueces tienen que esperar porque las salas están ocupadas. No hay lugar para que se siente el público, tampoco hay baños. De nada sirve que haya un nuevo sistema si no hay instalaciones dignas, amplias para que pueda funcionar adecuadamente.
En Tlapa tenemos un aire acondicionado descompuesto, los asientos están hechos trizas, no hay dónde conectar una computadora para revisar documentos de manera electrónica o alguna jurisprudencia.
En Guerrero la carrera judicial no es efectiva. La mayoría de los funcionarios del Poder Judicial son familiares, el parentesco es una regla sagrada. Las castas de la familia judicial forman parte de una tradición caciquil. Los cargos se heredan y son de corte endogámico. Es un círculo cerrado donde no hay manera de acceder si no es por el parentesco sanguíneo o de afinidad. Las historias abundan en el estado, muchas de ellas son inauditas. Lo grave es la opacidad con la que se manejan dejando de lado los principios de transparencia, legalidad, máxima publicidad, equidad, objetividad, imparcialidad. Todo se tira por la borda para proteger intereses y privilegios. ¿Qué calidad en la impartición de justicia puede haber en los juzgadores y juzgadoras de Guerrero cuando están por encima de esta causa del pueblo guerrerenses, intereses familiares y facciosos? El nepotismo en el Poder Judicial, es un problema arraigado que se niega a ser arrancado de raíz.
Ahora entendemos por qué no se avanzó en la reforma judicial local. Son muchos intereses que están en juego y se requiere tiempo para el reacomodo de los grupos que se niegan a perder sus privilegios. La corrupción carcome a las instituciones del estado y nadie de los funcionarios está interesado en cortar de tajo este cáncer que nos ha contagiado como sociedad. La lucha imbatible de las familias, los colectivos, las organizaciones y los pueblos seguirá rompiendo estas redes de la delincuencia institucionalizada, seguirá dando la batalla en todos los frentes para remover los obstáculos que los mismos funcionarios del Poder Judicial ponen para hacer inaccesible la justicia. Mientras tanto hay una gran tarea de difundir esta reforma judicial y promover la participación de la gente que ha sido relegada por los poderes establecidos. Fue un buen ensayo el foro que se organizó este sábado 12 en la comunidad indígena de la Cortina, municipio de Ayutla, donde estuvo presente el candidato a ministro de la SCJN, Hugo Aguilar, indígena del pueblo na savi, que dio a conocer sus propuestas para que las demandas de los pueblos de México sean escuchadas por los futuros ministras y ministros. Fue un gran evento, único en el estado, donde quedó demostrada la capacidad de convocatoria de los pueblos para impulsar un nuevo poder judicial en Guerrero.

 

La Educación Integral en Sexualidad (EIS) es un derecho negado a los niños, niñas y adolescentes indígenas de la Montaña. En la región poco se habla de este tema y su conocimiento es reducido y muy vago, en muchas ocasiones se mal informa a los menores por los tabús y prejuicios que existen entre las personas mayores. En las mismas instituciones educativas hay serias limitaciones en cuanto al conocimiento y manejo apropiado de la información y el diseño de prácticas pedagógicas enfocadas a la salud reproductiva y la sexualidad.
La UNESCO recomienda que los gobiernos proporcionen a los niños, niñas y adolescentes (NNA) un acceso equitativo a la educación integral en sexualidad acorde a su edad y a su cultura, para obtener el más alto nivel posible de salud, incluyendo elecciones sexuales seguras, responsables y respetuosas, libres de coerción y violencia, así como garantizar su derecho a tener acceso a la información preferentemente traducida en lenguas maternas, para un autocuidado eficaz.
En el 2022 el Consejo Nacional de Planeación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó un estudio “El embarazo en la adolescencia y el acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva” en el que documentó que las y los adolescentes desconocían la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos y tuvieron nulo acercamiento a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR). El poco conocimiento de los métodos anticonceptivos deriva en un bajo uso, lo que se refleja en jóvenes adolescentes que declaran, entre las principales razones de un embarazo, el desconocimiento, la falta de acceso a los anticonceptivos o el descuido. Los resultados mostraron que la escuela representa el principal medio de difusión sobre SSR, de ahí la importancia de la educación sexual en las aulas y la coordinación con los servicios de salud dirigidos a adolescentes para fomentar una mejor educación en estos temas.
El contexto demográfico y socioeconómico complejiza la problemática que de por sí es muy amplia en el país, en cuanto a la implementación de la Educación Integral en Sexualidad (EIS). En entidades como la nuestra, que cuenta con altos niveles de pobreza y bajo nivel educativo, la falta de acceso a servicios de salud está estrechamente relacionada con problemáticas de salud sexual y reproductiva.
Es importante socializar la definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene sobre la salud sexual: “que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y no solamente es la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales”.
La salud reproductiva la define también como “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y para la planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no están legalmente prohibidos. Tener acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, asegurar el derecho a recibir servicios adecuados en cuanto a la atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y que den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos”.
Desde la perspectiva de los derechos humanos la salud sexual y reproductiva se entiende como el derecho fundamental de todas las personas a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y segura, así como a tener la capacidad de decidir libremente sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad y su capacidad reproductiva sin discriminación ni coerción.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México la población de 0 a 19 años representó el 34.0 por ciento de la población del país, lo que equivale a poco más de 42.7 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA). El 5.8 por ciento de NNA habitan en municipios de alto y muy alto rezago social, principalmente en municipios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
La salud sexual y reproductiva en NNA es un derecho humano que presenta diversos retos y problemáticas, principalmente los embarazos no planeados, que es un fenómeno que deriva en complicaciones en el mismo embarazo y en el parto. Un estudio del CONEVAL muestra que el embarazo adolescente es un problema público que no ha logrado contenerse en los últimos años y que tiene un componente importante de género por la situación de pobreza, al presentarse en forma mayoritaria en este sector que pone en riesgo su vida misma. La evidencia señala que las y los adolescentes desconocen la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos y tienen escaso acercamiento a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Adicionalmente el embarazo de NNA está asociado con complicaciones de salud como hipertensión gestacional, preeclampsia y diabetes gestacional. El embarazo infantil y adolescente no solo es un período de riesgo para la salud de madres e hijos/as, también presenta efectos negativos de tipo psicosocial como el cambio de proyecto de vida, problemáticas en el ambiente familiar y social, así como deserción escolar y pérdida de oportunidades laborales. Las adolescentes al no encontrarse preparadas para la maternidad experimentan depresión, ansiedad y otros sentimientos y emociones negativas.
El aborto en condiciones no seguras es una de las consecuencias del embarazo adolescente. Hay estimaciones que poco más de la mitad de los embarazos no deseados, 55 por ciento, entre las adolescentes de 15 y 19 años, en los países pobres terminan en abortos, que con frecuencia son realizados en condiciones insalubres o en la clandestinidad. Las adolescentes de 10 a 14 años son especialmente vulnerables debido a su inmadurez física, emocional, psicológica y el grave problema de la desnutrición que padecen la mayoría de adolescentes indígenas. Estas vulnerabilidades ocasionan partos prematuros, con un mayor riesgo de mortalidades materna y neonatal, así como mayor probabilidad de preeclampsia y eclampsia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) en México la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) se ubicó en 45.2 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. En ese mismo año nuestro estado aparece con la TEFA más alta con el 82.1, seguido por Chiapas (78.6) y Zacatecas con 74.4. Es un escenario complejo y muy desafiante para el país, pero sobre todo para las autoridades de Guerrero, asumir en su justa dimensión estos retos, ante todo deben de implementar una estrategia integral que aborde tanto las causas directas de la fecundidad adolescente como los factores socioeconómicos, culturales y raciales que contribuyen. Es impostergable instrumentar una política pública coherente y sostenida que se comprometa con la reducción de la TEFA, tomando en cuenta los contextos regionales y las realidades locales, garantizando que los recursos económicos estén disponibles y se utilicen de manera efectiva.
El embarazo de las NNA es multicausal, sobresalen la falta de una educación sexual integral, el bajo nivel educativo y la falta de preparación de los docentes. En la Montaña la situación es muy deplorable porque ni siquiera hay centros educativos, tampoco personal docente que tenga formación intercultural y bilingüe, mucho menos con perspectiva en educación sexual y reproductiva. Esta discriminación secular ha sido la causante de que las NNA no estudien, se les trunque la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y encontrar nuevos horizontes en la vida, más allá de los matrimonios tempranos. Ante este abandono las niñas y niños están condenados a vivir en el analfabetismo, a no ejercer su sexualidad de manera segura y satisfactoria y a tener información adecuada para decidir libremente cuándo casarse, con quién casarse y cuántos hijos tener.
Lo más grave que enfrentan las niñas y niños de la Montaña son los matrimonios forzados que se han arraigado en los municipios más pobres de la región y del país. Las consecuencias son devastadoras ya que la violencia sexual conlleva violencia de los suegros, los maridos que se profundiza con la complicidad de las autoridades municipales que protegen a los violadores y obligan a las mujeres a soportar estos agravios y a sufrir estoicamente sus arrebatos de violencia que desembocan en feminicidios, que en los últimos años se han incrementado en la región.
Los asesinatos de mujeres son parte de los crímenes más comunes que se consuman tanto en las comunidades más recónditas como en las cabeceras municipales. Tlapa es un trágico ejemplo: en las últimas tres semanas se han consumado 4 feminicidios. El más reciente sucedió el viernes pasado a un costado de la tienda Elektra, en pleno centro de la ciudad.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM) dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitió la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado en el 2020, en la que demanda a las autoridades del estado las garantías para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo en casos de violencia. A pesar de que ya se han emitido dos alertas, la situación de Guerrero es deplorable, porque las niñas siguen padeciendo la violencia impuesta por sus padres y sus maridos. Ninguna autoridad se compromete a acompañarlas en las comunidades donde son víctimas de matrimonios forzados o padecen la violencia de los hombres. Todo ha quedado en eventos suntuosos que para nada toman en cuenta el sentir de las víctimas y mucho menos asumen la defensa efectiva de sus casos. Las acciones se reducen a firmar convenios con los presidentes municipales y a dar pláticas a los funcionarios municipales. Mientras tanto las niñas madres se ven obligadas a abortar en la clandestinidad o a dejar a sus bebés abandonados en las calles, como sucedió este fin de semana en Tlapa.

Ante el escenario cruento de Teuchitlán que mostró las evidencias de las desapariciones que las autoridades federales se niegan a ver y a reconocer, la gran contribución de los familiares en la búsqueda por la verdad, con los corazones rotos, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, no se rinden en su empeño de desbrozar los hilos siniestros que tuercen las líneas de investigación para no llegar a la verdad. Los muros del poder militar son infranqueables porque están por encima del poder civil. Ningún presidente de la República ha ejercido su autoridad como comandante supremo de las fueras armadas para investigar las atrocidades que han cometido y castigar a los jerarcas militares que son los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que han cometido contra la población civil.
En el caso que nos ocupa, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni la presidenta Claudia Sheibaum han obligado a los militares para que entreguen los 800 folios que solicitan los padres y las madres. No acatan ni cumplen sus órdenes. A 126 meses la lucha incansable de las madres y padres se ha topado con la cerrazón del Ejército. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) ha dejado las investigaciones a la deriva, durante casi dos años. El pacto de impunidad sigue intocado.
La reunión que las madres y padres tuvieron con la Covaj el 27 de marzo, transcurrió sin mayores avances en las investigaciones. A pesar de que las familias llegaban con grandes expectativas para conocer los resultados alcanzados en las líneas de telefonía, sobre los 800 folios y qué noticias hay sobre las extradiciones de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé, el subsecretario de Derechos Humanos y el fiscal especial se concentraron en proporcionar información irrelevante.
El fiscal Rosendo Gómez Piedra informó de 19 detenidos, la mayoría integrantes de los grupos de la delincuencia organizada, para las madres y padres se trata de carpetas de investigación que vienen desde el 2023 y 2024, sin embargo, no hay nada nuevo. El Rey, alias El Negro, es lo que más pudieron informar, pero los familiares señalaron que no abona a la investigación orientada a dar con el paradero de los 43 estudiantes.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, comentó que en los seis meses que van del sexenio de Claudia Shienbaum llevan 99 búsquedas en la Quebradora, Tetipac, Zacacoyuca, Loma Alta, Carrizal, Paraje la Cañada, Barranca Santa Fe y El Peral. Encontraron algunos hallazgos que se enviaron a la Universidad de Innsbruck, Austria, pero aún no llegan los resultados.
El desánimo fue mayor para las madres y padres al escuchar la información del fiscal especial, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Salud y del mismo subsecretario de Derechos Humanos, que mostraron el estancamiento de las investigaciones.
No tuvieron respuesta en los temas de los folios (con el acotamiento que ya se ha venido diciendo con la presidenta), que pudieran acceder a información relacionada con la intervención telefónica de El Gil, Valladares y el Cholo Palacios que den pistas sobre el paradero de los jóvenes. Tampoco informaron sobre la presencia de Julio César López Patolzin como militar infiltrado en la Normal. Es importante profundizar en esta línea, pero la Sedena sigue con su postura hermética.
En la reunión del 27 de febrero con la presidenta de la República se destacó la importancia de la telefonía celular porque es más objetiva que cualquier testimonio. Se sabe que fueron tres líneas las que estuvieron en actividad después de la media noche del 26 de septiembre y son diez aparatos identificados por el e-mail que estuvieron activos, algunos de ellos se encontraron en manos de policías. A 10 años las madres y padres no han tenido una explicación convincente de cómo es que los teléfonos de sus hijos estaban funcionando y los tenían algunos policías.
El informe que dieron las autoridades fue percibido por las madres y padres como mero trámite, sin entrar a fondo en los temas más densos. Uno de los padres dijo a las autoridades que quería saber sobre los 800 folios. Con las investigaciones que ha producido el GIEI, por qué estamos patinando en una línea que, en lugar de avanzar, retrocedemos. Que bueno que el fiscal leyó todo el informe del GIEI porque la información que nos está dando ya la tenemos en mente, ya nos han dicho que se los llevaron para el basurero. Si ya tienen todos esos testimonios, ¿dónde están nuestros hijos? Nos acaban de decir que cierto personaje se los llevó en una camioneta, ¿para dónde? Esa es información relevante, pero no vemos claras las líneas de investigación. ¿Qué han hecho para retomar los 800 folios? No queremos saber si atravesaron la camioneta, queremos saber dónde están nuestros hijos. No queremos confrontaciones, sino una reunión fluida, con pruebas, con sustento. Lo que más nos frustra es que no estamos llegando a donde tenemos que llegar.
Sobre la información de la telefonía quiero decir que para la próxima reunión nos entreguen a cada padre los puntos exactos. En qué antena estuvo fulano de tal, cuál es la antena que estuvo jalando esa llamada, cuál es la otra antena que estaba jalando, porque eso que nos informan nos deja a ciegas nuevamente. Si no hay nada nuevo no alarguemos la reunión porque hasta dolor de cabeza nos da. Quiero saber qué información nos tienen de El Caderas que mató la policía y era importantísimo, lo mató la Seido. Quiero saber por qué lo mató, tenía una orden de detención, fue un crimen de treinta y tantos tiros que ahí quedó.
Es importante reunirse con la presidenta. Es una petición que la mayoría estamos haciendo, porque sabemos que sí hay avances sobre ese tema y quién lo solicitó. Creo que es necesario que hablemos con la presidenta sobre los 800 folios porque es importante. Gertz Manero dinamitó la fiscalía que teníamos cuando estaba Omar Gómez Trejo. Le quitaron todos los expedientes, tuvo que irse de México para que no tuviera problemas. Ahora por otras cosas que están pasando, es momento de decirles que recompongan la investigación para no tener confrontamientos entre las dos partes. También que haya una supervisión de los padres en la investigación y además está la facultad del decreto del anterior presidente que se han negado a tomar, una de ellas es que los principales conductos para llamar a los padres son con nuestros abogados, y ya no lo están haciendo.
No queremos confrontamientos con la Covaj, pero tampoco queremos que se burlen de los padres repitiendo la información. Queremos el regreso del GIEI, los 800 folios y las líneas de investigación que ya teníamos. De las 60 órdenes de aprehensión nada más hay un militar detenido. Tienen que fortalecer las líneas de investigación, los responsables están detenidos por delincuencia organizada. Eso es lo que pasó el día de la sentencia del juez de Tamaulipas, los abogados les dijeron a las fiscalías que reforzaran esas líneas de investigación porque van a salir, y es lo que pasó. No les echen la culpa a nuestros abogados. Muchos salieron por culpa de la Fiscalía y de los jueces, por no haber fortalecido las carpetas de investigación. Era de esperarse que los torturados iban a salir porque no realizaron bien su trabajo.
Queremos saber qué es lo que está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores para que extraditen al juez de barandilla de Iguala, Ulises Bernabé. Dicen que no ha sido fácil traerlo. Cómo es que pudieron entregar a 29 personajes del narcotráfico y no hicieron nada, para que a cambio de esta entrega, retornaran a Ulises. Se nota que los intereses diplomáticos no están en lo que demandamos las víctimas. Seguramente el caso de Ulises está relegado, no creemos que el secretario de Relaciones Exteriores lo tenga en la agenda. Por eso no avanzamos porque no hay compromiso serio de los miembros de la Covaj para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el decreto presidencial. Seguimos aquí, no porque queramos, sino porque hacen falta nuestros 43 hijos. Hemos exigido los 800 folios que tiene el Ejército porque ahí vamos a encontrar a nuestros hijos. Nos queda claro que es necesaria la voluntad política de la presidenta, ella es la comandanta de las fuerzas armadas. Le hemos pedido con todo nuestro corazón, que ya no queremos andar en marchas, ya somos señoras grandes, que nos considere porque ya estamos desgastadas. La presidenta tiene hijos, queremos que resuelva el caso en su sexenio, estamos esperanzadas en ella.
Quisiera saber qué ha pasado con el policía de Cocula, qué ha dicho. Agarraron al Negro, pero qué sigue en la investigación, qué testimonio ha dado. Es importante para nosotras como madres y padres saberlo. No podemos permitir que el caso Ayotzinapa quede en la impunidad. Este es el sexenio de una mujer, le tenemos confianza para llegar a la verdad y encontrar justicia. Vamos a seguir insistiendo una y otra vez, nada ni nadie nos detendrá, tampoco nos vamos a cansar porque son nuestros hijos. En nuestras casas nos hace falta un hijo y no sabemos dónde está. Cuando llega su cumpleaños quisiéramos abrazarlo. Eso nos lástima y nos mata. Queremos que haya más sensibilidad de la presidenta, que nos tenga paciencia y tolerancia porque somos madres con un hijo desaparecido, y ella no. Esa es una diferencia grande que hace que no comprendan lo que significa caminar en este mundo con un hijo desaparecido. Seguiremos hablando con las autoridades, a pesar de que nos han defraudado y abonado para perderles la confianza. Aún así nada nos detendrá.
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Las imágenes de cientos de zapatos, ropa, mochilas, pintauñas, cepillos de dientes y otras prendas encontradas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, deja una cauda de dolor en un México ensangrentado y aterrorizado por el crimen organizado. Las fosas clandestinas están sembradas en las planicies, regadas con la sangre de personas desaparecidas. El terror que las madres buscadoras han desenterrado no tiene nombre. La irracionalidad y la bestialidad se ha instalado en nuestra sociedad. Lo perverso es la complicidad de las autoridades, su inacción, su silencio, su permisividad. Han dejado que la vida humana sea triturada, exterminada, cremada.
Teuchitlán es el epicentro del horror, el laboratorio de la muerte, el infierno que reduce a cenizas los sueños de los jóvenes. Es el poder macabro que extermina a la población pobre. La violencia es parte del proceso de acumulación y despojo para la obtención de la ganancia crasa. Forma parte del pacto de impunidad con el estado donde el crimen organizado coexiste dentro de las instituciones gubernamentales para empoderarse y obtener dividendos con el trabajo sucio que realizan. Queda claro que los métodos de exterminio forman parte del entramado social que tiene como eje devastador los intereses oscuros de la economía criminal.
En México la violencia es un negocio redituable, no sólo por las acciones delictivas que se multiplican en nuestra sociedad, sino porque se ha transformado en un mecanismo de dominación y acumulación. La violencia fortalece estructuras de poder y redistribuye el control territorial. ¿Como sociedad qué podemos hacer ante una realidad que nos apabulla? ¿Cómo dar la batalla como ciudadanos ante estructuras corroídas por la corrupción y frente a un sistema de justicia burocrático y mercantilista que no está construido para proteger los derechos de las víctimas? ¿Habrá voluntad política para desmontar este aparato delincuencial y frenar la violencia?¿Llegaremos a saber quiénes son los responsables de esta violencia?
La violencia extrema y las desapariciones no pueden entenderse como hechos aislados y fortuitos. Forman parte de las redes de macrocriminalidad en las que convergen estructuras criminales, estatales y empresariales que se coluden para violar los derechos humanos y trivializar la vida de las personas. En este marco delincuencial el mismo Estado facilita estas acciones o simplemente las ignora. Lo que importa en este sistema es el dinero, fuera de este fetiche todo es sacrificable. La vida queda subordinada a la ganancia, tiene valor en cuanto asegura acumulación económica. Los grupos criminales forman parte de este engranaje como generadores de violencia que se transforma en la fuerza más productiva. Por lo mismo, la violencia es consustancial al proceso de acumulación y de exacción económica.
En Guerrero la violencia es el principal negocio con el que han lucrado caciques, generales, gobernadores, diputados, presidentes municipales y empresarios. Usar la violencia para despojar de riquezas naturales, controlar territorios, someter a la población, extraer madera, minerales, agua, es el método más efectivo para enriquecerse y erigirse como un personaje poderoso y siniestro. Utilizaron la violencia para acallar voces disidentes, para perseguir y desaparecer a quienes empuñaban las armas; exterminaban a poblaciones que apoyaban a la guerrilla; masacraban a trabajadores que exigían mejores precios de sus productos, a campesinos que salían a denunciar las tropelías de los caciques desalmados, a indígenas que simpatizaban con la guerrilla. A normalistas que emplazaban a los gobernadores para atender su pliego de demandas; a maestros democráticos que en todo momento han increpado al poder y se han organizado de manera independiente para luchar por sus derechos laborales.
En nuestro estado la violencia se ha agravado por la inacción de las autoridades, la inoperancia de la Fiscalía, la ineficiencia, corrupción y colusión de los cuerpos de seguridad con el crimen organizado. Esta descomposición social ha propiciado que la delincuencia se expanda al grado de convertirse en un poder fáctico que controla territorios y cuenta con empresas que generan empleos, buscando la forma de monopolizar los negocios más redituables, como la cerveza, el refresco, la venta de carne y los productos básicos. Maximizan sus utilidades. Para evitar que haya competencia se tornan más violentos, destruyen a sus enemigos y generan terror entre la población. Para que la empresa fructifique tiene que reclutar a jóvenes como carne de cañón. Esto sucede en las ocho regiones de nuestro estado, donde cada organización criminal tiene sus formas de reclutamiento, sus centros de entrenamiento, capacitación y dotación de armamento. Cuentan con fosas clandestinas y prácticas de exterminio dentro de sus territorios.
En Guerrero hay 4 mil 385 víctimas de desaparición, de acuerdo con cifras oficiales, desaparece una persona cada día, sin embargo, hay una cifra negra que no se reporta, que es el 30 por ciento. Además 3 de cada 10 personas desaparecidas no son reportadas por miedo a sufrir otra desaparición. Lo patético es el desmantelamiento de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada que sólo cuenta con dos elementos policiacos, con dos ministerios públicos y no tienen vehículos. Existe una Comisión de Búsqueda en la que el titular tuvo que renunciar al mes porque no contaba con el apoyo de las autoridades. Ahora el nuevo titular no cuenta con el apoyo de los colectivos porque no lo conocen. Hay retrocesos porque al gobierno no le interesan los colectivos ni las víctimas de desapariciones forzadas. Son un actor incómodo al que han ignorado e invisibilizado.
Un tema que preocupa a los colectivos es el centro de resguardo que dista mucho de ser un centro de identificación forense. Las autoridades no han sido transparentes en el manejo de los recursos y tratan de evadir su responsabilidad sobre la crisis forense que se complejiza más en la medida que se incrementa el número de personas desaparecidas.
La única opción que los colectivos vislumbran es la aprobación de la ley en materia de desaparición de personas del estado de Guerrero. Para los familiares de personas desaparecidas no existe la desaparición de personas cometida por particulares porque siempre influye el Estado por su acción u omisión, por el contubernio y los moches que hay. Por eso apelan a la independencia de la Comisión de Búsqueda, de la Comisión de Atención a Víctimas, de Servicios Periciales, del Semefo para que estén del lado de las víctimas y no sean rehenes de los grupos políticos, que defienden intereses ajenos a las demandas más sentidas de los colectivos.
El colectivo Lupita Rodríguez tiene registrados 300 hallazgos y los restos óseos que han encontrado los han llevado a la Ciudad de México, porque en el estado sólo los almacenan en los Semefos y en los centros de resguardo. Lo que menos quieren las familias es que se guarden los restos porque es una forma de postergar la identificación de los fragmentos óseos, que es un asunto de extrema urgencia.
El panorama de Guerrero es desolador. Las autoridades siguen sin interesarse en las búsquedas de las personas desaparecidas, son como siempre los colectivos los que están impulsando estas jornadas en medio de múltiples carencias y dificultades que presentan las instituciones involucradas. Las búsquedas son muy laboriosas porque tienen que ubicar bien los puntos y escarbar varios metros. Es un trabajo meticuloso, requiere paciencia y persistencia. Sólo los familiares han logrado resultados positivos. Hay ocasiones que encuentran cuerpos, pero en la mayoría son fragmentos óseos que con ayuda de especialistas logran su recolección adecuada.
El lunes 17 de marzo el Colectivo Lupita Rodríguez inició una búsqueda en un punto cercano a Coyuca y encontramos tres cuerpos completos, uno tenía dos meses, otro tenía entre 8 y 9 meses y el tercero tenía más de un año. Además encontraron tres costillas y el hueso atlas. Encontraron también fragmentos óseos en otra zona. Este 2025 cuentan ya con cinco hallazgos. Lo malo es que su trabajo depende mucho de la búsqueda federal, porque ahí son más ágiles para la identificación forense que no rebasa los 3 meses, en cambio cuando se trabaja con el fuero común, los restos que se encuentran se quedan en los Semefos, no se hace la identificación, sino que se van a resguardo a los panteones forenses. Los colectivos de Guerrero no quieren centros de resguardo, sino un lugar donde se puedan identificar los restos óseos. Saben que un centro de identificación humana cuesta 160 millones como el de Tijuana, porque requiere un área de odontología, otra de medicina forense, criminalística forense y todas las demás áreas que intervienen en la identificación. Siguen construyendo el proyecto, saben que hay errores y que requieren del apoyo de Servicios Periciales y personal de Semefo. Esperan culminar la propuesta y entrar a la etapa de la negociación. Su lucha es larga, no sólo para hacer las búsquedas y encontrar cuerpos o fragmentos, sino para ser escuchados por las autoridades. De lograr incidir en el Congreso y de colocar este tema de la creación de un centro de identificación forense, como un tema central en la agenda pública del estado.
Como guerrerense ¿qué tenemos que hacer? Los colectivos del estado tienen clara su ruta: seguir buscando a sus desaparecidos y luchar para que en el estado pueda crearse este centro de identificación. Están conscientes que no cuentan con el apoyo de la gobernadora, sin embargo, han logrado cosas imposibles. Saben que sólo los familiares son los que pueden romper los muros de un poder impune, que encubre a los perpetradores y que se colude con los grupos del crimen organizado. Su lucha es titánica porque es dar la batalla contra las redes de la macrocriminalidad, desmontar las estructuras delincuenciales y desenmascarar los centros de reclutamiento y exterminio que existen en el estado por el gran número de jóvenes desaparecidos y la expansión de las redes criminales que tiene como rehenes a personas que están destinadas a matar o a morir en el intento.