Toda nuestra solidaridad con la familia Ureiro Castañeda, que en este domingo trágico privaron de la vida a su hijo y hermano Sergio.

El lunes 14 de julio ocho comunidades ñu savi y tres afromexicanas de los municipios de Marquelia y San Luis Acatlán bloquearon la carretera federal de la Costa Chica, en el puente de Marquelia. Su demanda principal es que Iván Hernández, delegado de Bienestar, no los discrimine y que tome en cuenta a las familias que sufrieron daños en sus viviendas y cultivos y que no han sido censadas.
Llegaron más de 700 personas mostrando su enojo y reclamo a las autoridades del estado y federales porque nadie ha llegado a brindarles algún apoyo. Permanecieron todo el día con la esperanza de ser escuchados. Fueron ignorados, las autoridades les demostraron que sus protestas no representan presión alguna para escucharlos. Por la noche, la gente agobiada por los rayos del sol regresó a San Luis Acatlán para permanecer en la explanada del Palacio Municipal. Cansancio y desánimo había en algunas madres de familia que llevaban a sus pequeños hijos. Las personas mayores se mantenían decididas a continuar con la jornada de protesta. En esa noche obligaron a que se presentara el presidente municipal Adair Hernández para exigirle que se sensibilizara de su lucha y que se comprometiera a comunicarse con Iván Hernández.
La gente regresó con más bríos confiando que tendrían alguna respuesta con la intervención del presidente. Todo fue en vano, nadie iría al bloqueo a dialogar con ellos. Su movilización como comunidades indígenas solo logró una llamada telefónica con el presidente de San Luis en la que le informaba el delegado de Bienestar que se reuniría con las autoridades comunitarias sin definirles día ni hora. Con esa respuesta soez del funcionario federal las comunidades optaron por regresar a sus hogares, nuevamente experimentaron el desprecio y el mal trato que han recibido de todos los gobernantes. Tendrán que seguir trabajando para reconstruir sus viviendas y dejarán un tiempo de prueba para ver si cumple su palabra el delegado de bienestar.
Este jueves 17 la gobernadora Evelyn Salgado viajó en helicóptero con la subsecretaria de Gobernación Rocío Bárcena a la cabecera municipal de Metlatónoc y se trasladaron por tierra a Cochoapa El Grande. En los dos lugares pusieron en marcha los Tianguis del Bienestar como un derecho de las familias de devolver al pueblo lo robado. Esta iniciativa creada en el sexenio pasado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se mantiene como una acción permanente para repartir ropa, calzado y enseres domésticos a las familias de escasos recursos.
Esta visita causó enojo entre la población ñu savi a la que le restringieron el paso con vallas. Solo permitían el paso a gente mayor y madres de familia con sus hijos para asegurar que el acto transcurriera sin gritos ni reclamos. Varias personas pidieron entrar para entregar sus solicitudes a la gobernadora, sin embargo, el séquito de guaruras y trabajadores del estado con trato osco y haciendo valer su poder y su fuerza física, atemorizaban a la gente. La colocación de las vallas en los eventos públicos de la gobernadora demuestra su lejanía de la gente que sufre, su desinterés por escuchar a una población que por centurias ha sido despreciada e ignorada. Se criminaliza a la gente pobre que sólo quiere transmitir los males que padece. Se estigmatiza a los indígenas por su porte sencillo y porque con dificultades se comunican en español. Se trata con desdén a la población que habita en viviendas derruidas, sin techos y con pisos de lodo. Son las familias que no tuvieron oportunidad de asistir a la escuela y que padecen enfermedades crónicas por falta de médicos y de medicinas.
Las vallas en Metlatónoc y Cochoapa el Grande fueron un dique para no escuchar la violencia feminicida que trunca de tajo la vida de las mujeres ñu savi; se obstruyó el paso para no enterarse de las historias de niñas que son víctimas de matrimonios forzados. Con esos obstáculos insalvables fue imposible que la gobernadora llegara a ellas para salir en su defensa y alzar la voz junto con las niñas y madres, para ser condescendientes con su dolor y exigencia de justicia destinando mayor presupuesto para erradicar las violencias que padecen las mujeres de los municipios más pobres del país.
La carretera maltrecha que no pudo ver en este viaje la gobernadora fue la que diariamente transita la gente de Tlapa a Metlatónoc. Desde que Vicente Fox fue a esta cabecera y se sentó a comer tortillas del comal con una familia ñu savi se asfaltó la carretera de 90 kilómetros. Hace 6 años el presidente Andrés Manuel se comprometió a reconstruirla pero no hubo presupuesto para saldar esta deuda con los pobladores de Metlatónoc. El comité gestor de esta obra ya se desanimó por tanto gasto que hacen para viajar a la capital del estado. Han insistido en múltiples ocasiones a los funcionarios de la SICT y la CICAEG para que asignen presupuesto a esta importante vía, que comunica con la Costa Chica y el estado de Oaxaca. Esta sentida demanda tampoco escuchó la gobernadora. Lo mismo sucedió con el hospital que desde el sexenio pasado fue un compromiso de mejorarlo pero los remiendos que le hacen es por el desinterés y la corrupción de quienes tienen bajo su responsabilidad esta obra, que ha costado vidas a varias personas que requieren de la atención especializada y de medicamentos que nunca hay.
En Cochoapa el Grande, a la gente que le negaron el acceso al auditorio esperó a que la gobernadora saliera para poder abordarla. Su camioneta blindada se acercó a la puerta del auditorio y salió acompañada del presidente municipal, de inmediato abrió la puerta delantera para subirse. El vehículo fue rodeado por los guardias de seguridad para impedir que se acercara la gente. En medio de las vallas le abrían paso empujando a la gente que tenía la ilusión de saludar de mano a la gobernadora y al mismo tiempo entregar un oficio para pedirle algún apoyo. La fricción fue mayor cuando los guardias arremetieron contra la gente, sin distinguir si había mujeres o menores de edad. Esta forma de agredir provocó el enojo de los ciudadanos que ubicaron entre los más rijosos a uno de los escoltas de la gobernadora, el capitán Salinas, que fue sometido por 3 vecinos de la comunidad y fue llevado a la entrada del Palacio Municipal. Lo encararon y le demostraron que así como trata a la gente, así lo van a tratar a él. Le hicieron ver que no por ser escolta se va a sentir intocable y puede hacer lo que quiere. Le enseñaron que a la gente de la Montaña se le respeta, no porque la gente sea humilde se le va a tratar como cualquier cosa. Desde tiempos de Figueroa, los guaruras siguen comportándose como trogloditas del gobierno en turno y continúan gozando de total impunidad.
Cochoapa El Grande no merece una visita de 40 minutos de una gobernadora y de una subsecretaria federal, máxime que los problemas son añejos y mayúsculos. Por más apretada que tenga su agenda es necesario que a la población se le escuche o que por lo menos instale un módulo de atención ciudadana para recibir la multiplicidad de oficios que la gente elabora con mucha dedicación. No se puede dar el mismo trato a la gente que está olvidada y enfrenta rezagos históricos poniendo vallas y cerrando el paso. Mucho menos agrediendo a la gente. Los operativos ostentosos que les encanta dar a los escoltas y que lo permiten los mismos funcionarios, solo buscan deificar la imagen del gobernante, de enaltecer su ego y jerarquía. Se ha perdido el rumbo al remarcar la distancia y mostrar la lejanía con la gente. Estamos lejos de la sencillez y la empatía que requiere un gobernante para darle confianza a la gente y ganarse el respeto y el cariño.
En Cochoaapa El Grande hay un problema de inseguridad en los caminos sobre todo la ruta que va a Dos Ríos. En el Cerro de la Garza desde hace 5 años opera una gavilla que no solo asalta, viola y secuestra, sino que también acciona sus armas para privar de la vida a la gente que transita por esos caminos. Hay una queja de la población de que en esta nueva administración no hay una obra ejecutada. Nadie sabe la causa de por qué el actual presidente municipal, Javier Gálvez, no ejerce el presupuesto de 2025. A pesar de los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de la Mujer su estrategia no ha dado resultados para revertir la violencia y contener los matrimonios forzados. Los casos de niñas que son obligadas a casarse continúa en todas las comunidades del municipio. Es imposible incidir favorablemente cuando se mantiene esa distancia con las comunidades y solo se visitan las cabeceras municipales. El rezago educativo es grave en el municipio por falta de docentes y por la carencia de infraestructura escolar. La asignación de los maestros o maestras a varias comunidades del municipio, se ha logrado por los amparos que hemos interpuesto como un recurso efectivo de los pueblos. La gente sigue caminando porque los caminos están destruidos. Esta situación encarece todos los productos y hasta el mismo transporte, las familias no tienen otra opción que migrar como jornaleros agrícolas porque en la región no hay trabajo permanente. Todos estos dolores y pesares no llegan a los oídos de los gobernantes por esa falta de sensibilidad y empatía con las personas que suben la montaña en busca del pan de cada día.

En la Costa Chica el huracán Erick destruyó lo poco que tienen las familias de pescadores y las que cultivan el campo: sus palapas, sus techos de lámina, sus cultivos de maíz y sus huertas de plátano y de coco. Todo voló. Las ráfagas de viento arremetieron con toda su furia en una región abandonada por los gobiernos priistas, perredistas y morenistas. En los 13 municipios, a pesar de que cuentan con mucho potencial turístico y con una gran diversidad de bienes naturales, las comunidades no cuentan con servicios básicos. Los gobiernos municipales no se interesan en revertir el rezago social de las localidades que resisten y que no encuentran la manera de hacerse escuchar.
El 20 de junio la gente no pudo contener los estragos del huracán. Las láminas se doblaron, varias volaron lejos como si fueran de papel. En solo unos minutos, cuando Erick tocó tierra la gente quedó a la intemperie por la caída de sus techos. El pánico se apoderó de las madres y padres de familia que no sabían cómo poner a salvo a sus hijos, a las personas mayores y a sus enfermos. Cada quien buscó refugio con sus familiares. Fue imposible pedir auxilio porque se quedaron incomunicadas, se fue la luz porque varios postes se cayeron. Lo más triste es que las autoridades no acudieron a verificar los daños ni llegaron con brigadas para prestar auxilio.
Hay mucho enojo en las comunidades afro y ñu savi del municipio de San Luis Acatlán como Jolotichán, El Mesón, Jicamaltepec, Piedra Ancha, Yoloxóchitl, San Antonio, Miahuichán, Zentixtlahuaca. Comentan que no acudieron los “servidores de la nación” a censar sobre los daños de sus viviendas y sus cultivos. Denunciaron al presidente municipal por su indolencia y porque solo le interesa crear una buena imagen difundiendo que ha brindado apoyo a estas comunidades. Lo que ha hecho es llevar unas cuantas despensas para sacarse la foto. Las comunidades afro e indígenas de Zoyatlán, Cruz Verde y Capulín Chocolate del municipio de Marquelia, enfrentan el mismo problema. Ninguna autoridad las tomó en cuenta, nadie llegó a verificar los daños.
Los ciudadanos de estas comunidades critican a la gobernadora Evelyn Salgado porque solo llegó a Marquelia para sacarse la foto. Sus recorridos no fueron para cuantificar los daños que hubo en las comunidades. Tampoco intervino a favor de las familias damnificadas para que las censaran los “servidores de la nación”. No hubo reportes de los graves daños a sus viviendas, las afectaciones de sus cultivos, los techados de varias escuelas, los postes de luz que se cayeron y árboles que causaron daños en sus viviendas.
El presidente municipal de San Luis Acatlán solo dio algunos víveres, pero esta dádiva no resuelve las afectaciones de sus viviendas como los techos volados y las paredes de adobe derruidas. Perdieron sus muebles que compraron con muchos sacrificios como sus camas, roperos, estufas y refrigeradores. Los presidentes municipales le echaban la bolita a los gobiernos estatal y federal, informaron que ellos se iban a ocupar de la reconstrucción, de las pérdidas del campo y de la ganadería. Pidieron que la gente sacara fotos de los daños para hacer los trámites correspondientes. Hasta la fecha no hay nada y tampoco regresaron a las comunidades los presidentes de San Luis Acatlán y de Marquelia. Lo que han hecho es actualizar sus páginas en redes sociales, para promocionar su imagen. Lo que menos les interesa es asumirse como portavoces de sus comunidades y hacerse eco de estos reclamos. No asumen un compromiso serio con la gente que confió en ellos, los abandonan a su suerte, porque saben que las familias se las ingeniarán para salir adelante.
No tienen otra opción que reparar sus techos con las láminas que el huracán se llevó. Los que sembraron a principios del mes de junio están resembrando el maíz y el frijol. A las autoridades tampoco les importan las escuelas que fueron dañadas. Los derrumbes ahí siguen desde el huracán Otis, solo se reducen a abrir paso, con el argumento de que no hay dinero. En medio del lodazal las familias hacen todas las faenas para reparar sus techos y reintentar sembrar para que por lo menos tengan maíz en este fin de año. Lo mismo están haciendo con la jamaica y el ajonjolí. Las huertas de plátano quedaron destruidas, lo mismo pasó con las palmas de coco, que tiró a los más tiernos. Los productos comerciales se perdieron y los granos de maíz y frijol son insuficientes para sostener a las familias en lo que resta del año. La situación empeora porque no hay ingresos y porque ni lo que se produce les alcanza.
Esperamos varios días las respuestas de los gobiernos, pero nos la han hecho cansada, porque saben que no decimos nada y que siempre nos resignamos a ser los perdedores. La verdad ya estamos hasta el copete por tanto engaño, por eso las comunidades afectadas tomamos la decisión en asamblea el viernes 4 y sábado 5 de junio, para denunciar por negligencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno y exigirles que atiendan y den cauce a sus planteamientos. Por consenso escogimos este martes 15 de julio para ejercer nuestro derecho a la protesta y evidenciar a las autoridades por su tozudez y por engañar a la opinión pública de que todo ha vuelto a la normalidad y que se subsanaron los daños. Vamos a bloquear la carretera porque a todos nos duele que nos discriminen e ignoren. Exigiremos que se cense a las familias que fueron perjudicadas y si no las quieren censar que se comprometan en reconstruir los daños de la gente afectada.
Tenemos la esperanza de que con nuestra movilización las autoridades nos escuchen y que atiendan nuestra demanda de ser censados. Nuestras demandas son añejas: requerimos viviendas dignas, que se garantice la dotación e medicamentos y la adscripción de médicos y enfermeras en las clínicas de la Montaña y Costa Chica. La población demanda recursos efectivos para los que siembran en el campo, que en verdad se atienda a los pequeños productores, porque no existen en términos presupuestales. Nos preocupa que en nuestras comunidades siga lloviendo y que el gobierno no apoye para que se recupere lo que se perdió con el huracán.
No sólo estamos en el fango de la pobreza, sino de la violencia por el poder que ejercen los grupos de la delincuencia organizada. Hasta a los presidentes municipales los están matando como pasó con el de Igualapa y Metlatónoc. El problema de la inseguridad nos afecta a todos los guerrerenses, pero ahora nos preocupa la Costa Chica porque la violencia se ha extendido desde Cuajinicuilapa, Marquelia, Copala hasta Acapulco, donde proliferan los asesinatos y las personas desaparecidas.
A pesar de tantas reformas que anuncian los diputados, lo real es que para los pueblos que estamos desamparados no se traducen en beneficios tangibles para las familias pobres. Piensan más en mantener el control político de las instituciones que en salvaguardar los derechos de la población más desprotegida. Por eso nuestros derechos son pisoteados sistemáticamente, como ciudadanos nos vemos obligados a organizarnos para arrancar con protestas lo que por ley nos corresponde. En la Costa Chica las familias sobrevivimos con 500 pesos a la semana cuando bien nos va. Apenas alcanza para medio comer dos veces al día, pero no debemos enfermarnos porque no hay dinero para curarnos. Para curarse necesitamos tener dinero, de lo contrario estaremos postrados en la cama tomando remedios caseros o esperando que los santos de nuestra devoción nos hagan el milagro de curarnos.
Vivimos en un Estado fallido aunque las autoridades no lo quieran reconocer, pero en verdad estamos a la deriva, los asesinatos se multiplican y la impunidad se agiganta. En nuestro estado no se detiene ni castiga al que comete delitos de alto impacto. Más bien se es condescendiente con las organizaciones que delinquen, que son una real amenaza para los ciudadanos porque ellos son el verdadero poder que con sus acciones violentas supedita a las autoridades en el ejercicio de sus funciones. Tenemos el caso reciente del compañero Marco Antonio Suastegui, un defensor del territorio que fue asesinado en la playa en Semana Santa y a dos meses y medio nadie ha sido detenido, por el contrario, continúan los asesinatos y los grupos delincuenciales han demostrado que nadie los para porque la ley de fuego la imponen ellos. Ya no solo es el puerto de Acapulco donde se han asentado los grupos delincuenciales, también en las comunidades rurales tienen presencia con los jóvenes que están cayendo en sus garras con el consumo del cristal, la cocaína y el fentanilo. La Costa Chica es un corredor estratégico para el trasiego y comercialización de las drogas sintéticas. Esta tragedia aún no se dimensiona al interior de las comunidades que están asediadas por estos grupos y los niños y jóvenes son las víctimas de este flagelo.
Lo paradójico en nuestro estado es que, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, y de la Marina no vemos que hayan desmantelado a las organizaciones criminales o que detengan a sus jefes, por eso decimos que no están combatiendo al crimen cuando los asesinatos suceden a cada momento y el negocio de la droga es floreciente en los centros turísticos, pero también en las comunidades rurales. No es posible que digan las autoridades que los cuerpos de seguridad militarizados están combatiendo la criminalidad cuando en las escuelas, en las tiendas y en las casas están vendiendo y consumiendo drogas.
Las autoridades además de estar rebasadas están coludidas: los presidentes municipales cogobiernan con los grupos delincuenciales, los policías municipales y de tránsito hacen el trabajo sucio esquilmando a la gente pobre. Portan licencia para delinquir. La obra pública es ejecutada por empresas de la delincuencia que además de hacer negocios, les abren los espacios para cooptar a las comunidades y someter a sus autoridades. Los huracanes no solo son los que devastan a las comunidades de la Costa Chica, son las autoridades las que se encargan de hundirlos por su desatención y el crimen organizado se ha enquistado en la estructura gubernamental para causar terror, desmovilizar a la población erigirse como un poder funesto. ¿Cómo salir de este lodazal?

 

“Porque somos indígenas, por eso los gobernantes y los empresarios nos tratan como ciudadanos de segunda, como si no tuviéramos derechos”, espetó, con el rostro sangrante, una de las jóvenes sobrevivientes del autobús que se desbarrancó en la madrugada del viernes 4 de julio en la salida de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca. En la Montaña, desde que se construyeron las carreteras a Chilpancingo y Puebla, hemos perdido a muchos familiares por lo pésimo de los caminos, por el mal estado de las unidades y por la irresponsabilidad de los choferes. Son pérdidas de vidas humanas que a las empresas les tienen sin cuidado porque las autoridades son complacientes, no les fincan responsabilidades, ni les imponen sanciones severas. A pesar de las tragedias que cometen continúan funcionando sin que les importe tomar medidas para que no se repitan estos hechos y más bien, mandan a sus abogados para evitar la reparación integral de los daños causados.
En Guerrero, fue la Flecha Roja la única línea que acaparó el servicio del transporte público. Rubén Figueroa Figueroa, no solo fue un gobernante sanguinario, también fue un empresario voraz, que no permitió la entrada de otras líneas a la entidad. Su poder trascendió fronteras estatales y su cacicazgo lo hizo valer tanto en el ámbito político como económico.
Como usuarios pobres nos tuvimos que resignar a viajar en camiones desvencijados, con asientos maltrechos y con choferes arrabaleros, golpeadores y racistas.
Todos los servicios públicos en la Montaña son pésimos. Ante la necesidad de viajar y el miedo de reclamar, los empresarios se aprovechan para sacar mayores ganancias sin invertir en la compra de nuevas unidades o en proporcionar servicios de calidad a la población indígena. Es muy común viajar parado de Tlapa a Chilpancingo y aguantarse las ganas para ir al sanitario. Los viajeros a bordo no reciben boleto y cuando se compra en taquilla es imposible facturar en el servicio de segunda clase. No existe la comodidad ni la seguridad para los pasajeros, por eso la gente prefiere viajar en taxis colectivos o aventurarse a viajar en condiciones de alto riesgo.
El testimonio de Briseida es conmovedor: Mi papá Severiano Cuéllar, viajó a Cuernavaca para atender su salud, como ya era costumbre lo acompañé con mi mamá Aurelia. Hace un año sufrió un infarto cerebral y estaba dando la batalla para curarse. Estuvo internado en el ISSSTE de Chilpancingo, pero ahí le dijeron que no contaban con equipo para realizar los estudios que le pedían. El cardiólogo dio la orden de que le realizaran el estudio de Holter. Desde el mes de mayo del año pasado no le habían podido agendar su cita. El 30 de junio le llamaron del Hospital Regional del ISSSTE de Cuernavaca para informarle que el miércoles 2 se presentara para realizarle los estudios. Ese día le colocaron el aparato para monitorear su corazón. Al siguiente día nos avisaron que retirarían el aparato a las 4 de la tarde. Calculamos que nos daba tiempo salir en la corrida de las 18:30 rumbo a Tlapa. Mi mamá Aurelia se encargó de avisarle a mi hermana cómo íbamos en el trayecto. El último mensaje que mandó fue cuando pasamos Tulcingo del Valle a las 11:53 de la noche. Calculábamos llegar a la terminal entre la 1:00 y 1:30 de la madrugada del 4 de julio.
Los primeros que dieron la noticia fueron mis primos. Una tía de Ixcateopan les avisó que un autobús se había volcado al salir del pueblo. Como familia nos organizamos para ir al lugar del percance porque sospechamos que se trataba del autobús donde viajaban mis papás. Cuando llegamos los habitantes de Ixcateopan ya estaban ayudando. Estaba la Policía del Estado, militares y la Guardia Nacional, pero solo se reducían a sacar fotos y a impedir que la gente se acercara para ayudar. No les importó los gritos de nuestros familiares que no podían salir del autobús. Con desesperación le dije a un elemento de la Guardia Nacional que los auxiliara, no me hizo caso y más bien me ordenó que me retirara. Quería hincarme para que atendiera mi súplica, pero todo fue en vano, porque ni por humanidad nos ayudaron.
El autobús rodó al menos 60 metros de altura con 25 pasajeros. Algunas personas quedaron entre los ramales de los pequeños árboles. Varias cayeron en el río y otras más quedaron al interior de la unidad. A mi papá lo rescataron sin vida los habitantes de Ixcateopan, pero río abajo. Otras tres personas se encontraban semidesnudas y muertas en la orilla del río, del lado de Buenavista.
Mi hermana Briseyda, salió botada en la primera voltereta del autobús junto con otra señora. Las dos quedaron atoradas por unos matorrales. Sangrando y y con múltiples golpes en la cara y los brazos pudieron marcar al 911 pero no les respondieron. Fue en el segundo intento cuando contestaron. Al pedir auxilio no pudieron decirles en qué lugar se encontraban. Desesperadas por los gritos que escuchaban y ante la imposibilidad de auxiliarles, con dificultades salieron a la carretera para pedir ayuda. Un joven que circulaba en su vehículo se encargó de hablar por teléfono con algunos amigos de la comunidad. La respuesta fue inmediata, se presentaron con reatas, picos, palas y machetes varios señores, jóvenes y señoras. Como conocedores del lugar bajaron al río y tiraban las reatas para auxiliar a las personas que estaban sobre el autobús. Con estas maniobras teníamos la esperanza de que saliera toda la gente, sobre todo nuestros familiares.
La Policía Estatal, en lugar de ayudar hizo contra labor. Su presencia no representaba un apoyo porque no llegaron para auxiliar a las personas que estaban dentro del autobús. En lugar de animar a la gente que apoyaba, impedían su trabajo. Decían que ya no se alterara el lugar donde había caído el autobús porque ya estaban por llegar los peritos. La gente se enojó por su postura insensible y por su falta de solidaridad. Para alejar a la gente dejaban correr la voz de que ya no había más personas qué rescatar. Les dijimos que se tenía que seguir buscando porque había familiares que no los habíamos encontrado. Eso les valió y mejor se fueron.
Los que en verdad se arriesgaron fueron los jóvenes y señores de Ixcateopan. Más tarde llegaron los de Protección Civil de Tlapa que apoyaron los trabajos de búsqueda y de rescate de la gente que estaba en el autobús y de los que había arrastrado el río.
Cuando amaneció ya habían llegado más personas de otras comunidades para mover el autobús, pero fue imposible. Llegó el presidente de Alpoyeca, sin embargo, en lugar de ser colaborativo empezó a regañar a la gente como si realmente el personal de la Presidencia hubiese hecho algo.
Esta tragedia puso en evidencia que en la Montaña se carece de unidades, de equipos y de personal especializado para atender estas emergencias. Se carece de lo más elemental: las ambulancias que no están disponibles y que en estos casos muestra su inoperancia el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). No hay unidades ni equipamiento para el auxilio vial y para el rescate de personas que están en peligro.
Las autoridades municipales están ausentes en estas tragedias, no movilizan recursos ni personal para actuar de inmediato. No existe coordinación entre las autoridades municipales y no hay una instancia estatal que intervenga para enviar equipo de rescate. Los cuerpos de seguridad en lugar de apoyar entorpecen las maniobras con el pretexto de que tienen que asegurar la escena del percance.
A pesar de que una de las sobrevivientes pudo hablar en el momento en que cayó el autobús al río, y se dio parte a las autoridades, no hubo respuestas eficaces e inmediatas para realizar las maniobras de rescate. Fue hasta las 9 de la mañana cuando llegó maquinaria grande para remover el autobús que ya estaba enterrado en la arena y cubierto por el agua del río.
La dilación y el abandono de las autoridades municipales y estatales que generan costos de vidas humanas, tiene implicaciones legales y penales, porque son omisas y negligentes. No se interesan en obtener el equipo necesario, ni las unidades de auxilio para atender con presteza estas emergencias.
Si hubieran intervenido con prontitud con la maquinaria grande hubiesen sido menos los muertos. El último cuerpo que se rescató fue el de la maestra Aurelia de 56 años, que lamentablemente se encontró bajo los fierros de la cajuela. Este desenlace se pudo evitar con el uso de maquinaria adecuada y con personal experto en rescates. El saldo final fue de 6 personas fallecidas y 16 lesionadas, entre ellas había 7 niños, uno de 8 meses.
Desde las 10 de la mañana llegaron algunos familiares a la Fiscalía Regional de la Montaña para interponer la denuncia, sin embargo eran las 7 de la noche y aún no les habían informado cuándo les entregarían los cuerpos. El fiscal y el delegado de Gobernación informaron que el retraso se debía a que solo había dos médicos forenses. También pedían que se iniciaran las investigaciones contra los representantes de la empresa para fincar responsabilidades penales y hacer valer el derecho de las víctimas que perdieron a sus familiares. La misma asesora jurídica de la CEAV se encargó de maltratar a los familiares por atreverse a denunciar la desatención de las autoridades. Violentando su rol como representante de las víctimas les recriminó su postura, asumiéndose como portavoz de le empresa, al comunicarles que solo les darían 8 mil pesos para los gastos funerarios.
No solo el intenso dolor que apretujaba sus corazones y obnubilaba sus mentes los devastaba, sino la actitud de las autoridades que las revictimizan y les violentan sus derechos. En lugar de acuerpar su exigencia de justicia se empeñan en dividir a las familias para hacerles la chamba a los empresarios, que hasta con la muerte de los indígenas hacen negocios.

En honor a Hilario, Alicia y Norma Mesino: padres ejemplares de la OCSS, hija aguerrida y comprometida con los derechos humanos. Familia con temple que por décadas ha enfrentado la violencia del Estado. Inclaudicables en su exigencia de justicia. Fieles a la lucha de los caídos y defensores de los presos políticos. Insumisos. Inquebrantables.

Este 28 de junio se cumplieron 30 años de la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el vado de Aguas Blancas. Fue una decisión tomada por el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, asesorado por el general Arturo Acosta Chaparro, para desarticular el movimiento de comunidades serranas y atemorizar a los campesinos que se aglutinaban en la OCSS para enfrentar al poder caciquil, demandar sus derechos básicos y desenmascarar la estrategia contrainsurgente del Ejército de militarizar la región, vigilar a las organizaciones, hostigar y desaparecer a miembros de la OCSS, catalogada como radical. En esta protesta demandarían la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, campesino desaparecido el 24 de mayo de 1995.
Las comunidades serranas que participaron en la conformación de la OCSS no han logrado salir del fango del olvido ni han podido vencer el flagelo de la pobreza. Los gobiernos priistas nunca perdonaron su rebeldía ni su osadía por rebelarse contra el mal gobierno y tumbar a un gobernador que se sentía todopoderoso. Le apostaron al cambio de gobierno y confiaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador atendería sus demandas y haría justicia a los campesinos asesinados. Esperaron pacientemente la presencia del presidente en la región, se conformaban con que por lo menos enviara alguna señal de que impulsaría la investigación de los 17 campesinos masacrados. El sexenio terminó y constataron que la lucha por la justicia sigue siendo un camino tortuoso con los gobiernos de Morena.
A nivel estatal la gobernadora está distanciada del movimiento social, no le interesa la lucha que libran las organizaciones indígenas y campesinas. Están fuera de su agenda y no son sus interlocutoras por sus posturas críticas e independientes. La OCSS nunca imaginaría que sería más difícil entablar un diálogo con la gobernadora de Morena que con los gobiernos priistas y perredistas.
A pesar de la decepción y el desencanto no hay desánimo mucho menos sentimiento de derrota. Se mantienen en pie de lucha demandando castigo a los autores intelectuales de esta matanza, principalmente el ex gobernador Rubén Figueroa. No hay tregua para exigir la libertad de Antonio Barragán, preso político de la OCSS. La persecución política no para, por eso Norma Mesino solicitó a la Comisión Interamericana medidas cautelares por las amenazas que ha sufrido. Le fueron otorgadas, sin embargo, le fueron suspendidas sin que el gobierno federal se haya interesado en evaluar su caso y reconsiderar su situación de riesgo. Por eso consideramos que es urgente que el mecanismo de protección de las personas defensoras de la Secretaría de Gobernación incorpore y otorgue a Norma las medidas más acordes para que continúe con sus actividades como defensora.
Por su parte las viudas de los 17 campesinos demandan reparación integral por las pérdidas de sus familiares y por truncar los proyectos de vida de sus hijos. Los reclamos de la OCSS no han sido escuchados por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, que en una conferencia mañanera del mes de mayo acusó al ex presidente Ernesto Zedillo de ordenar la represión durante su sexenio. Para ilustrar mejor a la audiencia presentó un video con imágenes de la masacre de Aguas Blancas. El comentario de la presidenta fue para responder a sus críticos que la tacharon de autoritaria por llamar a votar por el Poder Judicial, sin embargo, estos casos no fueron retomados por la presidenta para impulsar las investigaciones y atender a las víctimas. Las compañeras de la OCSS con Norma Mesino al frente han pedido a la presidenta que retome los casos que citó como Aguas Blancas, El Charco, Acteal, para que no queden en la impunidad.
Mientras tanto en la Sierra nada ha cambiado. Las comunidades siguen en el abandono, la precaria infraestructura está inservible; el precio del café no ha mejorado, a pesar de ser una de las principales demandas de la organización. Las huertas de café no cuentan con el apoyo gubernamental para levantar la producción. La gente siembra el maíz solo para subsistir porque no tiene precio y no hay venta. Antes había acopio, pero ya lo quitaron.
En los últimos años la deforestación está imparable. Antes estaba pendiente la Profepa, la Semaren, la Semarnat, la Conafor, que eran las que regulaban, castigaban y paraban la tala ilegal de la madera, pero hoy ya no hay control. Lo peor de todo es que los talamontes están entrando a los terrenos de particulares y se están llevando la madera. Las asambleas ejidales perdieron su autoridad, ya no es como antes que quienes decidían qué hacer eran los pueblos. Ahora el presidente del comisariado es impuesto por personas externas. Ya no se da la aprobación de la asamblea, lo que sí hay son las amenazas. Es como si el mismo estado controlara, pero a través de los grupos que delinquen.
El gobierno de la 4T prometió salud para las viudas y los sobrevivientes de la masacre, pero solo fueron promesas, porque seguimos en las mismas. Los hospitales y los centros de salud son elefantes blancos, porque no hay medicamentos y tampoco atención médica. Las comunidades están abandonadas y desamparadas.
No hemos tenido respuestas sobre nuestros desaparecidos y los responsables materiales e intelectuales tampoco han sido investigados ni castigados. La justicia no llega en Guerrero. No solo para Aguas Blancas sino para nadie de los que han sido víctimas de otras masacres, desapariciones y ejecuciones. La OCSS tiene muchas familias desplazadas, personas desaparecidas, presos, ejecutados extrajudicialmente y ningún gobierno se ha comprometido a investigar estos crímenes. El caso de Aguas Blancas sigue abierto, pero los actores intelectuales de alto nivel como Rubén Figueroa y Ernesto Zedillo gozan de total impunidad y de la inmunidad de los gobiernos de hoy.
Como la mayoría de personas lo saben, el gobierno dio dádivas a los familiares de los masacrados, lo hizo mientras sentían la presión política y el riesgo de ser juzgados, pero al final los abandonó a su suerte. Las autoridades las humillaron porque les hacían firmar documentos donde supuestamente manifestaban que ya habían recibido la reparación del daño y que renunciaban a interponer denuncias. Fueron engañados y eso no se vale. Lo peor es que muchos compañeros quedaron mutilados, con lesiones graves, unos no pueden caminar y otros ya no pueden trabajar. Muchas madres de los caídos murieron en la pobreza.
Hicieron creer que con el dinero que les dieron ya se había hecho justicia. Fueron dádivas que la gente aceptó porque no tenía recursos para sobrevivir. Estos daños que causaron son irreparables no solo por los 17 campesinos asesinados, sino por los sobrevivientes y todos sus familiares. También hubo afectaciones comunitarias por los desplazamientos forzados, la persecución de quienes pertenecían a la OCSS y los asesinatos que sucedieron después de la masacre. Más de 25 compañeros fueron asesinados extrajudicialmente. Desaparecieron a Gilberto Romero Vázquez, a Mauro Bahena Maldonado y Benito Bahena Maldonado. Los familiares viven en condiciones de extrema pobreza. Nunca brindaron atención médica ni psicológica como fueron las recomendaciones de la CNDH y de de la Comisión Interamericana.
La viuda Paula Mendoza falleció sin atención médica. Fue una mujer muy combativa, nunca aceptó dádivas. Por su firmeza fue criminalizada y amenazada. Muchas mujeres se aferraron a la vida para ver algún resplandor de justicia, pero murieron con el desprecio de las autoridades y el olvido. Uno de los sobrevivientes, que era líder de la organización, Felipe Ayala, fue ejecutado extrajudicialmente en el camino que va a Aguas Blancas. El hijo de la señora Mónica también fue asesinado en Aguas Blancas, y otros compañeros más.
En la comunidad de Atoyaquillo y Paso Real donde tenía arraigo la OCSS, no hay absolutamente nada, están en pésimas condiciones. Lo único que cambió es la carretera pavimentada que el gobierno hizo de Coyuca de Benítez a Tepetixtla. En los alrededores solo se aprecia el abandono. La gente tiene que trabajar duro para sobrevivir. Como organización, a pesar de ser la más perseguida, con varios compañeros desaparecidos, con presos políticos, mantenemos viva la memoria y seguimos firmes en nuestra exigencia de justicia.
Tenemos un compañero preso que fue víctima de tortura, Antonio Barragán Carrasco, infligida por Eduardo Gallo y Tello, que contó con el apoyo de García Luna. Actuó con total la impunidad y a pesar de que la comisión estatal de derechos humanos ha corroborado que fue torturado, la misma fiscalía acató esa recomendación, sin embargo, las autoridades del estado de Morelos se niegan a liberarlo.
En la Costa Grande estamos viviendo una guerra que no es nuestra. Estamos en un fuego cruzado que afecta a las comunidades, varios compañeros se han ido a Estados Unidos en calidad de desplazados, sin embargo, el presidente Trump está regresando a los migrantes. Nuestro dilema es morir aquí o morir en la frontera. Estamos ante una coyuntura sumamente peligrosa porque tenemos un gobierno que no garantiza el derecho a la seguridad y a vivir dignamente.
Como OCSS exigimos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que haya justicia para todas las víctimas de Aguas Blancas, que reabran los expedientes para que se castiguen a los autores intelectuales, como Ernesto Zedillo y Rubén Figueroa, de este crimen atroz. Emplazamos a la gobernadora de Morelos, para que analice bien el caso del compañero Antonio Barragán para que pueda otorgarle un indulto. Antonio es inocente, fue víctima de tortura y de la persecución política de los gobiernos caciquiles por ser miembro de la OCSS. A 30 años de la masacre de Aguas Blancas la justicia no llega a los pueblos de la Sierra.
 

 

No solo fue Erick, también John, Otis e Ingrid y Manuel, los huracanes y tormentas han arruinado la vida de las familias indígenas de la Montaña. Ha sido imposible levantarse del fango por tantas afectaciones que han padecido y que difícilmente pueden salir adelante con los apoyos que brinda el gobierno. Las huellas de los desastres están en toda la Montaña: en los caminos trozados, en las viviendas agrietadas, en sus terrenos anegados y sus huertas de café con las ramas quebradas. Los techos de las escuelas son coladeras y las casas de salud deterioradas y abandonadas por falta de médicos.
Con el huracán John los productores de la Montaña que reportaron pérdidas en sus cultivos de maíz y café fueron engañados por la Sagadegro, que dejó pasar el tiempo para que al final nunca llegaran los apoyos. Las familias tuvieron que migrar para subsistir en la temporada de secas. Con la decisión de la presidenta de la República de que sólo atenderían por teléfono a las personas que no fueron censadas, varias personas mayores y madres solteras quedaron excluidas de estos beneficios porque desconocieron el procedimiento para realizar sus reportes.
Con el huracán John las comunidades mixtecas de Metlatónoc y Cochoapa el Grande se quedaron esperando a que repararan los tramos dañados de la carretera que va de Tlapa a Metlatónoc. El gobierno federal por medio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) le informó a una comisión de comisarios, que no tenía presupuesto y sólo mandó a una empresa para que removiera algunas piedras y abriera el paso de manera provisional. Ahora con el huracán Erick varios tramos son intransitables. La forma de atender un problema añejo es mandar una máquina para que sólo abra el paso. Nadie le da seguimiento para que se reparen a fondo los daños.
En la carretera que va de los puentes de Igualita a Juanacatlán, San Juan Puerto Montaña desde el huracán John los habitantes reportaron serias afectaciones. La atención que brindaron fue abrir el paso de manera provisional y así lo dejaron, las consecuencias son graves y más costosas porque hay daños mayores: tramos trozados, derrumbes, agrietamientos, desprendimiento de piedras. La gente no tiene otra alternativa que contratar una máquina para que por lo menos haya paso. Las máquinas que se requieren para reparar estos caminos no llegan a la región.
La comunidad me’phaa de El Tepeyac, municipio de Malinaltepec se vio obligada a desplazarse en la parte alta de sus tierras por el desgajamiento del cerro con las lluvias del huracán John. Pidieron el apoyo a las autoridades de los tres niveles y nadie las atendió. Improvisaron sus viviendas con láminas galvanizadas y hasta la fecha más de 40 familias viven en condiciones deplorables. No cuentan con luz porque la CFE no puede otorgarles ese servicio mientras no haya un convenio con la autoridad municipal para que sufrague el gasto. Es obvio que el presidente no se ha interesado en apoyarlos. Protección civil no registró este riesgo que enfrenta la población y por lo mismo no emitió un dictamen para determinar su retorno o reubicación. Ahora con Erick tuvieron que guarecerse en sus cobertizos de lámina pidiendo al cielo que los vientos no los dejara a la intemperie. Las familias no tienen otra opción que seguir desplazadas porque sólo así se sienten más seguras, aunque tengan que padecer mayores desgracias.
Los desastres naturales han evidenciado el abandono de todos los gobiernos. No hay interés en revertir esta situación oprobiosa, las intervenciones son para salir del paso y con el menor costo. El trato discriminatorio es el sello distintivo de los gobernantes. No se asigna un presupuesto acorde a los múltiples problemas que arrastra la población indígena. La situación se complejiza porque ninguna autoridad le apuesta a revertir estos rezagos, sólo hacen remiendos y ponen parches para que la gente sobreviva. Es la misma gente la que se organiza para levantar su casa con adobes, la que trabaja comunitariamente para medio abrir los caminos, la que tiene que salir a trabajar al norte del país para juntar dinero y comprar maíz. Resisten ante tanto abandono.
De acuerdo con los reportes preliminares que compañeras de la región nos han hecho llegar tenemos información de que hay varias madres solteras y personas mayores que tienen afectaciones en sus viviendas. Hay comunidades incomunicadas debido a los derrumbes como Chichihuatlaco, municipio de Atlixtac y del núcleo agrario de Teocuitlapa. Las comunidades de Alcamani y Rincón de los Pinos, Piedra Tuza y Santa Rosa municipio de Acatepec también están incomunicadas.
En el municipio de Malinaltepec la carretera de Moyotepec está dañada y sus habitantes reportan afectaciones en los plantíos de café y plátano. Lo mismo pasa con Colombia de Guadalupe. Reportan daños a sus viviendas en Loma Toro que está incomunicado. En Llano de Heno el viento voló sus techos. En el municipio de Zapotitlan Tablas hay reportes de viviendas agrietadas como en Ahuixotitla y Tierra Colorada. En Llano Verde, Tierra Colorada y Apolcalcitepetl en el municipio de Atlixtac hay familias que se quedaron a la intemperie. En Acatepec hay varias comunidades con viviendas sin techos y caída de sus paredes de adobe como Cerro Gavilán, Agua Xoco, Alcamani entre otras.
Las comunidades ñuu savi de Tierra Blanquita, San Miguel el Nuevo y la cabecera municipal de Cochoapa el Grande quedaron incomunicadas porque sus caminos quedaron bloquedos por los cerros que se derrumbaron. En el tramo de Igualita a San Juan Puerto Montaña no hubo paso. En la carretera Tlapa-Metlatónoc hubo un derrumbe antes de llegar a la comunidad de Cuautipan. “Vinieron autoridades del gobierno del estado, medio abrieron sólo para que pasara un carro, se tomaron la foto y se fueron.
No sé qué piensan las autoridades estatales, federales y municipales. Las lluvias van a seguir, no pueden dejar los caminos a medias. Además, el río está a un metro para que se lleve la carretera como lo hizo el huracán John. Las autoridades municipales tienen que buscar una forma de desviar el río porque si no va a destruir el camino”, plantea el defensor comunitario Abel Campos.
Agripino Bailón, coordinador regional de la Casa de Justicia de Las Juntas Caxitepec, relató: “el huracán Erik nos agarró de sorpresa. No nos enteramos de nada porque no tenemos señal de teléfono y el internet no funciona sin luz eléctrica. Nadie nos pudo advertir si era una tomenta tropical o un huracán. Sentimos que hubo un viento muy severo a pesar de que duró pocas horas. Se dañaron las casas, sobre todo, los techos de lámina de cartón y galvanizadas. Estamos incomunicados por los derrumbes en los caminos carreteros. Necesitamos maquinaria pesada que saque los derrumbes”.
Ángel García, originario de la comunidad de El Paraíso, municipio Ñuu Savi, contó que el “viento levantó el techo de mi casita que está a un lado de la clínica. Hay varias viviendas afectadas y derrumbes en los caminos. Rumbo al Charquito la carretera está a punto de romperse por la lluvia. Los platanares quedaron el el suelo, los árboles cayeron encima de las milpitas, los pocos cañales quedaron doblados, las piñas en el tlacolol quedaron sin raíz”.
Este huracán Erik llegó como a las 8 de la mañana del jueves 19 de junio. A las 2 de la tarde poco a poco se fue calmando. Empezó con una fuerte lluvia y luego se soltó el viento que rugía como el diablo. El viernes contraté peones para que me ayudaran a acomodar el techo de mi casa porque se cayó. Tardó sólo unas horas, pero eso bastó para que nos aruinara.
Del crucero al Paraíso también hubo derrumbes, crecieron las barrancas y los árboles quedaron en la tierra, No había paso hasta este viernes 21 de junio por la tarde. El Ayuntamiento está recabando información de las viviendas dañadas, pero la verdad en las comunidades no sabemos nada de apoyos. Es lo mismo que pasó con el huracán John. A veces ya no tenemos esperanzas, sabemos que tenemos que arreglárnoslas como podemos.
La ruta de la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, que conecta con Ayutla de los Libres está cubierta de piedras, hay partes con derrumbes y los árboles quedaron en el asfalto. La gente tuvo que abrir cortando las ramas de los árboles y a pala los derrumbes pequeños. Los corrales que son para el ganado vacuno quedaron destrozados.
En la comunidad de Pascala del Oro los cafetales quedaron entre los ramales. El río que pasa por la comunidad de Arroyo Mixtecolapa casi se desborda sólo el arenal se aprecia en las orillas. Más adelante los troncos quedaron atravesados en la carretera. El lodazal predomina en algunas partes. En las curvas de la Cortina que siempre ha estado mal, ahora le tienes como cruzar la barranca.
Lo grave en Cochoapa el Grande, además de los caminos trozados y viviendas dañadas son los asaltos que se dan por parte de un grupo armado que además de quitar el dinero y pertenencias de los pasajeros, también secuestran como recientemente pasó con un niño. Se han dado varios asesinatos durante 5 años que tienen controlado este tramo de la Laguna-Cerro de la Garza. La gente sabe que se asientan en el paraje Tuun Deta, pero ninguna autoridad investiga ni hacen operativos para desarticular esa banda. Se tiene conocimiento de que hace meses balearon a dos empleados de la CFE. Llegaron a tomar lectura y por curiosidad vieron que un señor estaba amarrado. Al darse cuenta de este hecho optaron por correr para ir a su camioneta. Este movimiento alertó a los secuestradores que accionaron sus armas. Uno de los comisionados fue lesionado en la pierna, su compañero lo auxilió y lo subió a la camioneta, afortunadamente pudo comunicarse por radio a Chilpancingo y fueron auxiliados con un helicóptero que se los llevó.
A pesar de estas agresiones las autoridades no se interesan por atender este problema que se está extendiendo en la región porque el grupo armado está creciendo y la gente no tiene otra alternativa que salir por la costa. La violencia, el abandono y los huracanes tienen en vilo a las comunidades de la Montaña.

La población pobre de Guerrero ha librado batallas emblemáticas contra los caciques desalmados. Ha tumbado gobernadores que reprimieron movimientos disruptores y, que con gran determinación salió a las calles para pelear por sus derechos y castigar con sus votos a los políticos corruptos. Fueron luchas que dejaron heridas profundas por el terror que sembraron los gobiernos represores con las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales.
Los cambios de gobierno que se han dado en el estado fueron producto de movilizaciones sociales; de marchas masivas, toma de ayuntamientos, protestas en las calles, confrontaciones sociales y políticas, peleas en las urnas y largas jornadas de lucha. Los líderes sociales que sobrevivieron a esta guerra sin cuartel sufrieron persecuciones, encarcela-mientos, amenazas, desplazamientos forzados y hasta el exilio.
Toda esta fuerza emancipadora fue aprovechada por los partidos políticos y sus dirigentes que se montaron en la ola democratizadora emergida de la base social. Aprovecharon la coyuntura para aparecer como los protagonistas del cambio, como los forjadores de la nueva transformación social. Las demandas históricas del pueblo combativo de Guerrero fueron usurpadas por una clase política que se asumió como progresista, acuerpándose en un primer momento en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) liderada a nivel nacional por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impulsado por su fundador y líder moral el licenciado Andrés Manuel López Obrador (AMLO), marcó un nuevo derrotero político de tinte progresista que enfrenta serios desafíos por la violencia imparable y por las grandes falencias en el sistema de procuración de justicia.
Para la gente que luchó por un cambio, los triunfos electorales de Morena representaron una esperanza, sobre todo, por la posibilidad de desmontar las estructuras de poder ancladas en la corrupción y de arribar a una nueva etapa de la lucha social cimentada en la verdad y la justicia. Las demandas históricas estaban a punto de materializarse con la búsqueda de familiares desaparecidos de la guerra sucia y con el impulso de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales cobrarían fuerza legal con la judicialización de los casos contra generales del Ejército y autoridades civiles que implementaron los planes de contrainsurgencia.
Corrieron vientos a favor en los primeros años del gobierno de AMLO. Fue muy significativa su postura de no criminalizar ni perseguir a los sobre-vivientes de la guerrilla, de recono-cerlos como actores legítimos que lucharon por un cambio. Los escuchó y entabló reuniones con los colectivos, sobrevivientes y familiares de despa-recidos y ejecutados. Un gran acuerdo fue su decreto presidencial para la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (Coveh).
Su gobierno empezó con tambor batiente al reunirse con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y al emitir el decreto que creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Para darle mayor fuerza a la nueva Comisión pugnó para que el fiscal general de la República creara la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) como una instancia encargada de investigar, perseguir los delitos y concluir los procesos penales sobre el caso Ayotzinapa.
Estas dos grandes iniciativas dibujaban un nuevo escenario nacional: el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) combatiría la impunidad y castigaría a los militares que diseñaron y aplicaron los planes contrainsurgentes. A lo largo del sexenio los colectivos de víctimas fueron relegados y las fuerzas armadas se ubicaron en el primer plano, como los principales aliados del presidente para impulsar megaproyectos, como el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya. Al mismo tiempo se erigieron en los artífices de la nueva política de seguridad con la creación de la Guardia Nacional, quedando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como una de las instituciones con mayor presupuesto y con multiplicidad de funciones, suplantando a las autoridades civiles.
Este proceso de militarización no ha revertido la ola imparable de violencia que se expande por todo el país. Las consecuencias son devastadoras porque se ha debilitado a las corporaciones policiacas que encontraron en las organizaciones criminales a sus principales aliadas para delinquir y tener mejores prebendas. La captura de las instituciones del Estado por parte del crimen organizado se fue afianzando con la inacción y complicidad de la Guardia Nacional, al grado que la mayoría de municipios de Guerrero cuentan con un jefe de plaza.
Nos aterra ver a un gobierno lejano de las demandas de justicia que más afectan a la población que se siente inerme: no hay un combate frontal contra la inseguridad. Los asesinatos se multiplican porque no hay una estrategia que se oriente a contenerlos. Hay permiso para cometer crímenes. El clima de impunidad es atroz. Tiene que haber protestas para obligar a que la Fiscalía investigue, sin embargo, es insuficiente, porque no rinden cuentas ni entregan resultados tangibles. Hay un desface abismal entre los crímenes que se cometen y las investigaciones que se judicializan.
Las deficiencias del órgano investigador son graves porque esperan que las pruebas las aporten las víctimas. Sin estos elementos las indagatorias no avanzan, no hay interés por recabar otras pruebas, por identificar patrones en el modo de operar de quienes delinquen, tampoco privilegian los análisis de contexto. Es inconcebible que las cámaras del C4 no funcionen en Acapulco y que nadie se interese en repararlas. Estas actuaciones son parte del engranaje de la impunidad que impera desde hace décadas en nuestra entidad.
El caso de Marco Antonio Suástegui es un ejemplo de esta inoperancia de la Fiscalía. A 30 días de su asesinato no hay avances en la investigación. Es grave que no se hayan recabado más pruebas en el lugar del crimen y que no cuenten con datos duros para trazar las líneas de investigación. Esperan que la víctima se encargue de dilucidar los hechos.
En este gobierno de la 4T no es una prioridad transformar las fiscalías, en lugar de fortalecerlas dotándoles de infraestructura, equipamiento, tecnología, personal especializado, se toma el control de las investigaciones por parte del Ejército alejándolas de las víctimas. Tampoco vemos que esté en la agenda de la gobernadora cómo reformar por completo el sistema penitenciario. Los reclusorios son una bomba de tiempo, las mismas cárceles preventivas en los gobiernos municipales, son lugares tenebrosos donde se violentan los derechos humanos y se hace un gran negocio con las faltas administrativas que se resuelven con exacciones ilegales. Estamos muy lejos de imaginar que el aparato de seguridad del estado acuerpado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz tenga una estrategia para desmantelar las redes macro criminales (político-criminales) que se han enraizado en nuestro estado.
La clase política sigue negándose a perder el control político de la verdad y la justicia, por eso ha optado por dejar en manos de mandos militares las fiscalías y que la estrategia de seguridad pase por el filtro del Ejército. Las consecuencias han sido desastrosas por el descomunal fracaso en materia de seguridad y la nula reducción de la impunidad. La lucha de los guerrerenses parece difuminarse porque es imposible reducir el horror y ser un estado que pueda garantizar la vida, que logre controlar el territorio, que rompa el vínculo político-criminal y se empeñe en desmantelar las redes criminales que son el gran desafío para la 4T. La violencia y el vínculo de los grupos delictivos con las autoridades son el caldo de cultivo que generan un clima propicio para las agresiones a los luchadores sociales. En este contexto de violencia irrefrenable son los grupos delictivos y los cuerpos de seguridad los actores que agreden. Este gobierno no reprime directa-mente pero el entramado delincuencial (delincuentes-autoridades) se encarga de silenciar a los que incomodan a caciques y gobiernos locales o intereses económicos de empresarios extractivistas.
Son ilustrativos los casos de los defensores Quintin Salgado Salgado, Arnulfo Cerón, Samir Flores y Gustavo Salgado, Marco Antonio Suástegui, el líder yaqui Tomás Rojo Valencia, Ricardo Lagunes en Michoacán y otros más. Eran líderes que defendían el agua, la tierra y los derechos de los más pobres. Lamentablemente estas luchas legítimas han sido silenciadas por el actual gobierno con tal de aparentar que ahora las cosas ya no son como antes. Con el entramado delincuencial se diluye la responsabilidad de los actores del Estado en estos crímenes, sin embargo, el clima de impunidad que impera, la inacción de las autoridades para investigar los delitos y para someter a los que delinquen, los hace corresponsables y cómplices con los perpetradores que se sienten protegidos por un gobierno que no procura justicia.
Con la 4T ?los programas sociales se han ampliado para que lleguen a los sectores más olvidados, sin embargo, estos apoyos se diluyen porque los grupos del crimen organizado han tomado el control del comercio y son los que imponen pre-cios y cobran cuotas a los pobres que sobreviven con ventas raquíticas y de sus precarios ingresos. El tejido social se ha roto a causa de la violencia que se enseñorea en las comunidades rurales.
El caso Ayotzinapa es el ejemplo más nítido de los entramados delictivos que se dan entre gobierno y el crimen organizado. La desaparición de los 43 estudiantes debió ser un punto de quiebre para que las autoridades implementaran nuevas políticas que permitieran reformar las estructuras del gobierno municipal, y que se impulsaran nuevas reglas de participación político-electoral, para evitar el arribo de perfiles delictivos en la administración pública y sobre todo para esclarecer el caso Ayotzinapa. A 128 meses el caso Ayotzinapa se encuentra lejos de su esclarecimiento. Las líneas de investigación están diluidas y sin impulso procesal.
La entrega de los archivos militares que pueden ofrecer nuevos bríos a la investigación quedó trunca. Puede más el poder militar que la exigencia de las madres y padres de los 43 para que haya verdad y justicia en México.

 

En Guerrero es muy común que las autoridades se encarguen de destruir evidencias para obstruir las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos y garantizar impunidad para los perpetradores. La cuenta es interminable y el manto de la impunidad inabarcable, porque cubre todas las atrocidades cometidas por los gobernadores. En la matanza de Aguas Blancas el gobernador Rubén Figueroa ordenó editar los videos que registraron los hechos por parte de los agentes de seguridad del estado. La coartada era que los campesinos habían iniciado la agresión contra los policías. Todo se derrumbó cuando el periodista Ricardo Rocha decidió difundir en cadena nacional la versión original de la matanza.
En lugar de que el presidente Ernesto Zedillo solicitara al Senado de la República la desaparición de poderes en Guerrero y, al mismo tiempo, ordenara a la Procuraduría General de la República que investigara al gobernador por los crímenes cometidos en Aguas Blancas, prefirió transferir su responsabilidad política a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para deslindarse del ex gobernador y obligarlo a pedir licencia. Hasta la fecha las viudas y las organizaciones sociales, como la OCSS, mantienen viva la lucha para que haya justicia por este crimen artero.
En los dos períodos de gobierno de Ángel Aguirre Rivero se cometieron crímenes atroces como la masacre de El Charco perpetrada por militares en junio de 1998; las ejecuciones de dos estudiantes normalistas: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, por parte de policías estatales y federales en la Autopista del Sol, en diciembre de 2011. Otro crimen deleznable fue el asesinato de 6 personas (3 normalistas) y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El gobierno timorato de Enrique Peña Nieto, en lugar de intervenir con toda la fuerza de su investidura y de ordenar que se investigaran a profundidad las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los estudiantes, solapó a los responsables. Se desentendió del caso y de facto exoneró al gobernador del estado, a los mandos policiacos y militares que se coludieron con los grupos del crimen organizado. Fue omiso y negligente. Dejó que el caso perdiera fuerza y que todo quedara en manos de la Procuraduría del estado. Fueron las madres y padres que con su reciedumbre y dignidad, levantaron un movimiento nacional que colocó contra la pared a un presidente de la República frívolo y ausente.
Con la tortura aplicada a los detenidos Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio armaron su verdad histórica. Fabricaron culpables, alteraron pruebas y destruyeron evidencias con la perversidad de encubrir a las autoridades responsables. A nivel estatal solo detuvieron al secretario de seguridad pública Leonardo Octavio Vázquez Pérez por el delito de delincuencia organizada. A más de una década, el miércoles 14 de mayo, fue detenida la ex magistrada Lambertina Galeana acusada por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia por desaparecer las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia en Iguala. Este hecho sigue siendo clave para esclarecer el caso Ayotzinapa.
Rememorando la noche del 26 de septiembre, la salida de los autobuses de la central camionera fue caótica porque los policías ya iban persiguiendo a los estudiantes. De los 4 camiones que salieron juntos, 3 avanzaron rumbo al Periférico Norte porque no sabían dónde estaba la salida para Chilpancingo. Solo un camión, el 1531, tomó la ruta correcta, por Periférico Sur. Informes de la CNDH, de la Covaj y el GIEI manejan un numero de 12 a 20 estudiantes que iban en el autobús 1531. La CNDH habla de 17 a 20 normalistas, el GIEI no precisa el número, pero más o menos da una cantidad de 15 a 17.
Cuando el autobús 1531 va a la altura del Palacio de Justicia los estudiantes son agredidos por policías de Iguala. El Palacio de Justicia es un punto estratégico porque en ese tramo se puede regresar a Iguala o salir a Chilpancingo. También está la opción de tomar otro carril o agarrar la ruta para la caseta de Iguala. En ese lugar los interceptaron 4 patrullas, posteriormente llegaron 3 más de la policía municipal de Iguala, también acuden policías federales y policías del estado. El GIEI menciona la presencia de la policía estatal y la policía de Huitzuco.
De acuerdo con las investigaciones hay dos testigos que relatan la llegada de estas corporaciones policiacas. En la escena hay un soldado, un OBI, que a distancia registra los hechos. Los testimonios coinciden de que el autobús 1531 es atacado por los policías; rompen los vidrios, tiran gas lacrimógeno en el interior de la unidad para obligar a que los estudiantes bajen, porque se resistían. Los bajaron violentamente, unos no podían avanzar por su propio pie, por eso los arrastraron y los subieron a las patrullas de la policía de Iguala. Ahí es donde los testigos declararon que un policía dice “jefe, ya no caben”. El jefe le contesta “no hay pedo, ahorita llegan los de Huitzuco”. Los testigos manifestaron que en efecto llegaron 3 patrullas más y que fueron subidos los estudiantes que ya no cabían en las patrullas. Posteriormente las patrullas de Iguala, como las de Huitzuco, tomaron la ruta de Chilpancingo.
Estos hechos se conocieron por los testimonios de los choferes, porque de ese autobús ningún estudiante sobrevivió. En cambio, del camión 1568 sí hay un sobreviviente, fue un estudiante de los que ahí viajaba. Fue herido de un brazo y como iba herido, cuando los tenían tirados en la tienda Aurrerá, frente a donde sucedieron los hechos, este estudiante fue sacado del grupo y se lo llevaron a un hospital para recibir atención médica. El estudiante fue asistido médicamente y él fue testigo. También hubo otro estudiante que se puso mal, porque padecía asma, eso le valió que lo sacaran del lugar y lo llevaran al hospital.
Como testigos pudieron decir cuántos venían, quiénes eran los jóvenes que iban en el autobús 1568. Hay un número exacto de estudiantes que fueron desaparecidos, pero esto se supo gracias a los testigos. En ese autobús se puede establecer de manera clara cómo estuvo la agresión y a dónde fueron llevados los estudiantes. En cambio, en el autobús 1531 ningún estudiante sobrevivió. La única prueba que hay son de los testigos que presenciaron los hechos. Lo que ayudaría a cerrar el círculo para el esclarecimiento de la desaparición de los jóvenes son los videos del Palacio de Justicia. Ahí había 6 cámaras; 4 con una visión fija, pero que alcanzó a registrar lo que estaba ocurriendo abajo del puente. Pudo captar dónde fueron atacados los estudiantes. Tenían una visibilidad perfecta. También había dos cámaras grandes que tenían mayor potencia y cobertura, la visibilidad y calidad del registro fue mayor. Eran cámaras que tenían una visión completa y que seguramente captaron con detalle lo que sucedió con los estudiantes que viajaban en el autobús 1531.
Las cámaras del Palacio de Justicia pudieron haber ofrecido elementos claves para saber qué es lo que ahí ocurrió. Con estos registros hasta se podrían ver quiénes eran los policías responsables y hacia dónde estaban llevándose a los estudiantes. Por eso se deduce que la destrucción de estas evidencias que registraron la escena del crimen, tuvo el fin perverso de proteger a los perpetradores, de obstruir deliberadamente el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Por su parte la Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar al jefe de informática del Palacio de Justicia y al técnico que operaba estas cámaras. Ellos refieren lo siguiente: “a nosotros nos solicitaron la información y sacamos la que estaba almacenada en ese dispositivo, la entregamos a la presidenta del Tribunal y de ahí no sabemos qué ocurrió”. La FGR realizó un peritaje al dispositivo y concluyó que hay indicios de que hubo otra persona que extrajo esa información antes de que los técnicos del tribunal lo hicieran. Los peritos refieren que cuando hay un ingreso al dispositivo, deja un registro de la hora en que alguien ingresó. Está acreditado que antes que los técnicos del Tribunal accedieran, una persona desconocida ya había tenido acceso a las cámaras para extraer las imágenes claves del 26 de septiembre. El punto que debe dilucidarse es quién autorizó el ingreso. Otra circunstancia que manejan los peritos es que el sistema de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia también era manejado de manera remota, por lo tanto, hay probabilidades de que a control remoto pudieran haber extraído los videos. Pero quién lo pudo haber hecho.
Es claro que la presidenta del Tribunal y el personal que operaba las cámaras sabían cómo operaba ese sistema de seguridad, sin embargo, obstruyeron la investigación, se negaron y se empecinaron en ocultar lo que realmente sucedió. Actualmente el video que tiene la FGR, y que fue entregado por el Tribunal Superior de Justicia, no es visible, está totalmente oscuro. Lo increíble es que las imágenes que aparecen borrosas y oscuras tienen que ver con las horas críticas de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, cuando desaparecieron a los estudiantes. En cambio, las imágenes que se registraron antes y después de los hechos violentos, son nítidas. Todos estos pormenores de la destrucción de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala el 26 y 27 de septiembre son los que la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa espera que proporcione con veracidad la ex magistrada Lambertina Galeana.