Es inocente de huachicoleo el vigilante detenido; sólo permitió el acceso al parque, dice su papá

 

El padre de uno de los detenidos por la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, acusado de huachicoleo, Benjamín Delgado Esteban, aseguró que su hijo es inocente y que fue detenido solamente porque permitió el acceso al que robaba la gasolina, pero que lo hizo porque entraba armado y con el uniforme de la UPOEG.
Entrevistado ayer afuera de la comisaría municipal del Ocotito, en donde espera que se defina la situación de su hijo Benjamín Delgado López, declaró que el día que fue detenido estaba trabajando como personal de seguridad con otro de sus compañeros en el parque industrial.
Explicó que su error fue darle paso a “esa persona” que siempre portaba arma y playera de policía ciudadano, dijo en referencia a Norberto González Valente, a quien se acusa como el principal responsable del robo de gasolina y quien también está detenido.
Informó que su hijo y su compañero no sabían que Norberto, quien es originario de Buena Vista, municipio de Chilpancingo, ya había sido dado de baja de la Policía Ciudadana, y que lo dejaban pasar porque portaba la playera de esa organización y que en el sitio donde resguardaban podían pasar a la hora que quisieran policías comunitarios, patrullas, ambulancias y Protección Civil.
Añadió que, además, “esta persona” pasaba con arma, “así es que los muchachos le daban acceso porque ellos no querían problemas”.
El padre del detenido informó que él también fue personal de seguridad del parque industrial del Ocotito y que tenían la instrucción de sus superiores de que para que no se metieran en problemas dejaran pasar a las personas armadas, “porque solamente nos dan un tolete”.
Informó que él tiene un año que se salió y que en su lugar entró su hijo, pero que era ya la última quincena que trabajaría, pues se iba salir para entrar a estudiar a la Universidad Autónoma de Guerrero en donde ya había aprobado el examen de admisión, “pero le vino a pasar esto”, se lamentó.
Benjamín Delgado declaró que no es justo que su hijo esté detenido, “yo le pido a las autoridades que nos ayuden porque él no es un delincuente, él es un muchacho de trabajo, siempre le ha gustado trabajar, él no ha hecho nada, lo agarraron adentro de su área de trabajo, no lo fueron a agarrar haciendo fechorías ni cosas malas”.
Insistió que Benjamín no es cómplice de nada y nunca anduvo en nada ilegal, “su error fue haber dejado pasar a esa gente, pero yo también lo hacía, dejaba pasar a quienes iban armados, porque no me podía poner con gente que llevara armas”.
“Yo estoy seguro que mi niño no hizo nada, a él siempre le ha gustado trabajar y ganarse el dinero limpiamente”, insistió.
Informó que desde que detuvieron a su hijo, él ha permanecido afuera de la comisaría esperando que se resuelva el problema, y que ha platicado con el comandante de la Policía Ciudadana quien ha aceptado que no tiene ningún delito y que va a salir libre, y que su error fue dejarlos pasar”.
También comentó las condiciones en que se encuentra detenido junto con los otros tres; “el baño no sirve y se tienen que hacer en bolsas de plástico, nosotros les llevamos de comer y comen oliendo toda la porquería que tienen allí, adentro y eso no es de humanos y no es justo”, denunció.

 

Aplica Cobach represalias contra la vocera de los trabajadores que protestaron el lunes, denuncian

 

La trabajadora del Colegio de Bachilleres (Cobach), Mónica Leyva Mejía, quien fungió como vocera durante la protesta del lunes pasado, cuando exigieron el pago de un apoyo económico de 7.8 millones de pesos para trabajadores que no han sido recategorizados, denunció este miércoles represalias en su contra.
Vía telefónica, declaró que a través del departamento jurídico de la institución fue citada a comparecer para este 25 de mayo, acusada por la “privación de la libertad” de las trabajadoras Alma Delia Alvear Hernández y Mónica del Pilar Villalba.
El lunes pasado, trabajadores sindicalizados de oficinas centrales y de distintos planteles del Cobach se manifestaron afuera de la dirección general, y desde las 12 del día bloquearon la avenida Benito Juárez, en el centro de la capital.
En la protesta exigieron el pago de 7.8 millones de pesos, como apoyo económico para mil 100 trabajadores que no han sido recategorizados. Además, demandaron la entrega de sus pólizas de seguro de vida, el pago de bonos y prestaciones, como el del Día de las Madres, y la cancelación de más de cien plazas que consideran unilaterales.
En represalia, este miércoles la trabajadora Mónica Leyva Mejía recibió el oficio DAJ-232/2018, mediante el cual la citan para que comparezca ante la Dirección de Asuntos Jurídicos y responda por la privación ilegal de la libertad de Alma Delia Alvear y Mónica del Pilar Villalba.
“Se trata de un acto de intimidación y de represalia por exigir nuestros derechos”, denunció vía telefónica la trabajadora, quien el día de la protesta fungió como vocera del movimiento.
El oficio, con fecha 22 de mayo, pero que recibió ayer, dice que “por instrucciones de Omar Soto Díaz, director administrativo, le comunico que con base en el acta administrativa de hechos levantada el 21 de mayo del año en curso, en la que se le señala por la probable imputación de la privación ilegal de la libertad de Alma Delia Alvear Hernández y Mónica del Pilar Villalba, trabajadoras adscritas al área de servicios estudiantiles, y para no violentarle sus derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución política, se le cita para el 25 de mayo del año en curso, a las 10 horas, para que manifieste lo que a su derecho convenga con respecto a lo señalado”.
Leyva Mejía dijo que no se explica por qué fue citada sólo ella, cuando en la protesta participaron unos 300 trabajadores, e insistió en que se trata de un acto de represión y de intimidación, para que en lo sucesivo los trabajadores ya no se manifiesten en exigencia de sus derechos.
Informó que el viernes no acudirá sola a la cita y que la acompañarán la mayoría de sus compañeros trabajadores, quienes asistieron el lunes, porque insistió en que no se trató de una protesta individual, sino colectiva.

Llaman organizaciones rurales a reunirse para dialogar sobre los problemas del campo

Integrantes de la Coordinadora de Organizaciones Sociales, Rurales Plan de Ayala Siglo XXI hicieron un llamado a las organizaciones campesinas del estado a reunirse para debatir  los problemas del campo para hacer un documento donde se plasme un programa de desarrollo rural alternativo, para que en este 2018 se aplique.
En conferencia de prensa la profesora universitaria Silvia Alemán Mundo y el ingeniero agrónomo Rodrigo Cortés Vivar informaron que se aglutinaron distintas organizaciones campesinas como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), la Central Independiente de Obreros Agrícolas  y Campesinos (CIOAC)-José Dolores López y Movimiento M-18 para una reunión de coordinación estatal para debatir los problemas del campo y crear una agenda común.
Cortés Vivar expuso que  “estamos convocando a las organizaciones campesinas, a los productores independientes, productores del sector agropecuario y población en general interesados en el desarrollo rural de nuestro estado para que asista el próximo martes 19 al auditorio de la Facultad de Ingeniería”
Dijo que va a haber un foro donde se va a debatir y se  va a redactar un documento de un programa de desarrollo rural alternativo al que se tiene, llamado Plan de Ayala Siglo XXI.
Señaló que el Tratado de Libre Comercio (TLC) es una política económica impuesta desde hace 30 años, que ha golpeado de una manera brutal al sector agropecuario. Señaló que se exporta mano de obra y que se  trae alimentos al país, que eso gravita en el estado y que la mayoría de la población económicamente activa es del campo.
Por su parte, Alemán Mundo abundó que en este foro también se quiere incluir a las mujeres campesinas, por lo que se invitarán a organizaciones de mujeres.
Indicó que está la necesidad de hacer visibles a las mujeres campesinas para hablar de sus necesidades y de sus propuestas.
“Plan de Ayala Siglo XXI es un plan campesino para Guerrero, elaborado por organizaciones campesinas independientes, entonces va a ser una propuesta para echar a andar y por lo cual va a luchar ese conglomerado de organizaciones”, subrayó.

Desertaron 900 estudiantes en Tierra Caliente por la inseguridad y violencia, informa la UAG

El secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Alfredo Romero Olea, dijo que el 15 por ciento de los 6 mil alumnos de las escuelas ubicadas en Tierra Caliente desertaron por la inseguridad y violencia que se vive en la región.
En declaraciones luego de la entrega de resultados del examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), que se llevó a cabo en la Rectoría, Romero Olea dijo que 900 estudiantes desertaron en la región Tierra Caliente a consecuencia de la inseguridad, sin embargo, para este año la demanda en las escuelas de la zona no disminuyó.
Sobre los resultados del Ceneval, dijo que la UAG le dará una segunda opción a los rechazados para que puedan continuar sus estudios; de hecho, a los aspirantes a ingresar en el nivel superior se les pidió que anotaran tres opciones, en caso de que no logren quedarse en la licenciatura que escogieron al principio.
Señaló que el proceso será complicado, pues los aspirantes a ingresar en el área de la salud anotaron como opciones las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería, pero estas son las de mayor demanda.
Al respecto de la presunta venta de espacios en la UAG, Romero Olea llamó a los aspirantes y a los padres de familia a denunciar estas irregularidades, pues nadie debe pedirles dinero a cambio de la inscripción, “no puede suceder esto en estas fechas, es inadmisible”.
Sobre la venta de certificados de estudios apócrifos, que se da principalmente a través de las redes sociales, dijo que la UAG ya presentó una denuncia en contra de quien resulte responsable, debido a que se trata de un acto ilegal.
En este caso, declaró que no cree que sean universitarios los que estén detrás de la venta de documentos apócrifos y tampoco que estudiantes recurran a ese tipo de procesos para poder obtener sus certificados, sin embargo, le competerá a las autoridades determinar la responsabilidad a quien corresponda.