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Impacta el decreto del gobierno del estado sólo en los desarrolladores privados: CMIC

 

Daniel Velázquez

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Guerrero, Carlos Sevilla Rodríguez, opinó que el decreto publicado por el gobierno del estado impacta en los desarrolladores privados y no en quienes se dedican a la obra pública.
“Son lineamientos que sí se pueden cumplir, se necesita nada más verificar que en ciertas condiciones habrá ciertas construcciones que si se necesite reforzar o hacer algo diferente, pero la mayoría sí se puede cumplir, la mayoría de lo que viene ahí sí se pude realizar”.
Indicó que ahora las edificaciones devastadas por Otis deberán contar con un Director Responsable de Obra (DRO) quien deberá evaluar si la estructura mayor a cinco pisos resiste la carga de materiales como tabique o block.
En el caso de los desarrolladores de obra pública, dijo que están acostumbrados a trabajar con materiales de concreto como escuelas, hospitales porque son espacios que en caso de contingencia se habilitan como refugios.
En el caso de la CMIC, precisó que el 90 por ciento de los socios se dedican a la obra pública y el 10 por ciento a la obra privada.
El pasado 15 de diciembre, en el Periódico Oficial del Estado se publicó el Decreto por el que se expiden los lineamientos para la construcción y reconstrucción integral de la franja Costera del Estado de Guerrero, en el que se establecen nuevas condiciones para los edificios de más de cinco pisos como que los paneles ligeros, tablas de yeso y tabla de cemento “no podrán ser utilizados para fines estructurales principales”; ventanas, vidrios, canceles, fachadas integrales deberán resistir vientos de 200 a 300 kilómetros por hora; la cancelería de aluminio deberá estar certificada para resistir huracanes.

Concreto contra material ligero

En declaraciones por teléfono, Sevilla Rodríguez indicó que uno de los primeros impactos en los desarrolladores será el costo de las obras, “pues no es lo mismo construir con material ligero que con materiales pesados, no es lo mismo un muro de tabique o de tabicón que uno de Durock o de tabla roca”.
Sobre el incremento en las obras con el uso de materiales resistentes a huracanes categoría 5 como Otis, el presidente de la CMIC dijo que no podía dar estimaciones sobre el posible costo; de entrada, dijo que en la obra pública no habrá incrementos salvo aquellos relativos a la inflación, pues se construyen a base de muros de concreto o tabicón como escuelas, hospitales o edificios de gobierno, en cambio los privados sí lo hacen con material ligero.
Sobre la pertinencia de usar materiales pesados en edificaciones de más de cinco niveles, el presidente de la CMIC dijo que en esos casos es necesario el DRO para que se cuente con dictamen estructural que valide que puede soportar el peso con los nuevos materiales, pues el edificio fue diseñado para soportar material ligero, por eso corresponde a los especialistas dictaminar en esas construcciones.
Precisó que el decreto no establece que debe ser tabicón o tabique, sino que establece que deben ser materiales que resistan la fuerza del viento o que estén reforzados para resistir fenómenos como Otis, “tienen que ser materiales que puedan resistir y si usaran ese tipo de material que estuvieran reforzados, no deja a que sean nada más de tabicón o tabique, preferentemente lo que sí dice es que los baños deben ser indudablemente, servir como refugios dentro de las casas, esos sí tienen que ser de un material de concreto”.
Informó que en la UNAM hay un túnel de viento y ahí se hacen pruebas de los materiales que resisten la fuerza del viento, indicó que en Cancún se usa una “cortina anticiclónica” para que los vientos no afecten la cancelería o ciertos muros “yo creo que debe haber un material que pueda resistir eso”.
Carlos Sevilla informó que la CMIC y otros colegios de profesionistas ya han sido convocados por el gobierno municipal de Acapulco para empezar con la revisión al Reglamento de Construcción.
Del cumplimiento de los lineamientos dictados por el estado por parte de los desarrolladores privados, dijo que eso será responsabilidad de los municipios de contar con un DRO que verifique y avale que las obras mayores a cinco pisos cumplen con las nuevas disposiciones, “se tiene que cumplir, tiene que estar supervisado, y si no de acuerdo a la ley habrá una consecuencia para las personas que estuvieran involucradas en eso”.
A pregunta expresa sobre la calidad de los DRO en Acapulco luego de que en el desarrollo de Casas Paquimé en Pedregal de Cantaluna donde se señaló que el DRO fue quien permitió materiales y cambios en los planos que provocaron que el sismo del 7 de septiembre de 2021 causara daños irreparables en las viviendas, el presidente de la CMIC dijo que un Director Responsable de Obra debe pasar varios filtros, ser técnico, con cédula profesional, tomar cursos especializados en estructuras; “debe haber corresponsables de instalaciones, de cimentación, de estructura y de todo y si deben ser estrictos, por ética lo debemos de ser por eso se pasan ciertos filtros no cualquiera puede ser DRO”.
Agregó que el DRO que firma como responsables es el responsable de la vida de los demás y si siguen las normas y lo que se indica y se construye con lo que se dice, si pasa algo ya no hay responsabilidad, pero si no lo hacen de acuerdo con lo que se especifica y alguno lo aprueba pues sí va a haber alguna responsabilidad”.

Se tienen que tomar medidas

De las críticas al decreto publicado por el gobierno del estado, Sevilla Rodríguez opinó que después del huracán y los efectos que causó en la ciudad de Acapulco es obvio “que se tiene que hacer algo” y el decreto es necesario porque se empieza con la reconstrucción y la discusión sobre de quien es atribución o no; “era necesario sacar los lineamientos”.
Añadió que ahora corresponde a los municipios hacer un reglamento de construcción apegado a ese decreto, pues ahí se habla de materiales y de refugios “no le veo nada malo, al contrario, se busca hacer las cosas para que esto vuelva a la normalidad y no vuelva a pasar lo que nos pasó con el huracán Otis”.
“Se tienen que hacer las medidas, ya lo vimos nosotros, si volvemos a reconstruir de la misma manera y si viene otro huracán y pasa lo mismo, van a decir ‘¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué no se actuó ya sabiendo que está pasando esto?’, creo que se están tomado las medidas que se deben realizar, creo que está bien, falta cambiar el Reglamento de Construcción porque el decreto es un lineamiento que sugiere que se tiene que hacer y ya en los municipios donde se tiene que modificar el reglamento”.
Sevilla Rodríguez informó que los socios de la CMIC serán convocados para enero a una mesa donde se ampliará y se aclararán dudas sobre el decreto emitido por el gobierno del estado, la información dijo se ha difundido por vía electrónica, pero por las fechas de fin de año es difícil reunirse por eso será el próximo mes cuando sean convocados para hablar en específico del tema.

 

Protestan constructores en el Palacio; hoy se les pagarán 5 millones, dice Evodio

Unos 70 integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) protestaron en el Palacio Municipal para exigir el pago de la deuda de 50 millones de pesos por 164 obras, y para que la administración asigne más trabajos a las empresas.
Desde las 9 de la mañana, los contratistas se concentraron en las escalinatas del Palacio y estacionaron unos 40 camiones de volteo y máquinas retroexcavadoras para insistir en su demanda.
Una hora y media después los inconformes fueron atendidos en Presidencia por el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, el secretario general Daniel Meza Loeza y la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luz María Meraza Radilla.
Ahí el alcalde se comprometió a abonar 5 millones de pesos y hacer pública la lista de las 200 empresas que ha contratado su gobierno para la obra pública 2017, de las cuales, precisó, el 40 por ciento son locales y están agremiados a la cámara.
En declaraciones dijo que espera que esta exigencia no se vuelva política, porque en dos reuniones privadas con la CMIC ya se había hecho ese planteamiento.
Informó que hoy martes se publicará la lista de las 200 empresas que contrató su gobierno para la obra pública 2017.
Velázquez Aguirre recordó que tal vez en otras administraciones se pactaba “con cada gremio y le dabas una cantidad, nosotros estamos haciendo entrega a la gente que llena requisitos”, e insisitió que el 40 por ciento de los contratos son para afiliados a la cámara, “por ello no puedo aceptar que digan que no están participando con más de un tercio de la obra y no son los únicos, también colegios, agrupaciones y empresarios autónomos”.
Los contratistas traían lonas con leyendas como: “Evodio, la obra para los verdaderos constructores no para políticos y funcionarios”; “Paga las obras terminadas” y “Presidente queremos obras, los empresarios acapulqueños estamos sin trabajo”.
El presidente de la CMIC, Sergio Isaac Reyes Carbajal, dijo que la protesta “no es un tema político”, y recordó que el alcalde en abril prometió abonar 10 millones de pesos y tras pláticas dijo que sólo daría 3 millones “que no resuelven el problema”.
Recordó que con el ex alcalde Luis Walton se logró un pago de 13 millones de pesos y que ex gobernador Ángel Aguirre aportara otros 15 millones, y que esta administración nada más ha abonado 6 millones de pesos.
En la reunión con el alcalde, Reyes Carbajal señaló que los 3 millones de pesos que el gobierno municipal les quiere abonar “no ayudan mucho, por eso venimos a hacer la petición de que reconsidere y busque aportar más”.
Mencionó que a las empresas de la asociación no se les ha dado obra, por ello la demanda de que se publiquen los nombres de las empresas contratadas.
Por su parte, Velázquez Aguirre respondió que su gobierno, desde 2015 a la fecha, ha abonado a la CMIC y la AMIC casi 8 millones de pesos y les propuso “hacer un esfuerzo por darles 5 millones de pesos, es lo que puede este Ayuntamiento, y buscar recursos para abonar a esta deuda que lamentablemente e irresponsablemente otra administración en 2011 dejó al pueblo de Acapulco”.
Recordó que la propuesta que en un principio hizo de 3 millones de pesos era lo que el gobierno tenía, y que se hará un esfuerzo para que sean 5 millones por las obras que en la Auditoría General del Estado existen y cumplen los requisitos, pues dijo que la CMIC no es la única asociación que tiene gestiones con el Ayuntamiento.
El alcalde pidió solidaridad y que así como vinieron al Palacio Municipal a solicitar que se pague un adeudo institucional “heredado”, que lo acompañen a ir a las instancias pertinentes del gobierno para que esa clase de adeudo, que es “muy complicado, lo tengamos incluido en el presupuesto como tal porque traemos un hueco financiero arrastrando por muchos años”.
Insistió que la petición es “que solicitemos juntos al gobierno federal que libere recursos como lo hacía con la administración pasada cuando liberaba 200 millones de pesos de rescate financiero de Hacienda, pues a este gobierno no se le ha dado un solo peso excepto de cuando llegué, porque no había un solo peso para aguinaldos”.
Adelantó que para el próximo presupuesto de Egresos se podrá hacer otra parte si lo permiten las condiciones económicas, “yo quisiera tener más para resolver los problemas financieros del municipio, la realidad es que estoy haciendo frente a temas que no fui yo quien los causó, no fue Evodio como presidente, Evodio no ha endeudado al gobierno municipal, no he querido hacer un adeudo a largo plazo que abone al hueco financiero que tiene la administración y vamos poco a poco sorteando”.
Respecto a la petición para que se transparenten los nombres de las empresas contratadas por el Ayuntamiento para la obra pública, Velázquez Aguirre respondió que su gobierno ha contratado 200 empresas y “el 40 por ciento son asociados a la cámara, y voy entregar la relación de que el 40 por ciento de los contratos son afiliados a la cámara”.
Insistió que la cámara no es la única asociación a la que el gobierno atiende, que están los colegios y “gente no afiliada porque no es una obligación estar afiliado. Por otro lado garantizarles que en el portal de Transparencia verán toda la obra asignada para Acapulco, revisando la lista todos son acapulqueños, sólo una es de fuera”.
Mencionó que de los recursos para obra 100 millones de pesos fueron para la CAPAMA debido a que no hay recursos “mayúsculos, tuvimos que invertir a la paramunicipal y algunos de ustedes tienen obra y fueron licitadas”.

Toman constructores siete horas las oficinas del Inifed; exigen el pago de adeudos por obras de 2014

Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guerrero cerraron por siete horas las oficinas del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed) en Acapulco, para exigir el pago de la deuda que la dependencia federal mantiene desde 2014 por la reconstrucción de 136 escuelas afectadas por la tormenta Manuel, en 2013, de un total de 200 contratos firmados, y que ocasionó la quiebra de 106 constructoras guerrerenses.
Durante el cierre de las oficinas que ocupan la planta baja de Villas Kimberly, ubicadas en el bulevar Las Palmas, los inconformes demandaron también la destitución del coordinador de las obras educativas del Plan Nuevo Guerrero, Juan José Limón Villalaz, a quien entregaron el inmueble una vez que supieron que el director general del Inifed, Carlos Colunga González, los atenderá el próximo jueves.
El representante de los constructores en la entidad, Sergio Isaac Reyes Carbajal, informó por teléfono que acordaron la entrega de las oficinas a las 6 de la tarde, aunque no especificó si será en Acapulco o en la Ciudad de México.
Explicó que la reunión con Colunga González servirá para programar fechas para el pago que podría alcanzar los 200 millones de pesos, pues además mantienen adeudos, por 727 millones 975 mil 658 pesos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Salud (SSA) e incluso ayuntamientos como el de Acapulco.
“El Ayuntamiento debe 11 millones, la Secretaría de Salud 45 millones”, detalló.
Reyes Carbajal reclamó que después de la conferencia de prensa que ofrecieron la semana pasada en Chilpancingo, en la denunciaron la quiebra de las empresas, no ha habido un acercamiento con las dependencias.
“Ya estamos cansados de cómo se maneja la situación, no hay una respuesta clara, hay ambigüedades, hay indicaciones que al siguiente día las cambian, se adeuda poco más de 100 millones de pesos a 106 empresas pero el monto puede aumentar a unos 200 millones”, detalló sobre el Inifed.
Indicó que hubo un depósito de la Secretaría de Hacienda en cuentas de Banobras para cubrir tales adeudos, pero que los trámites para agilizar la liberación del dinero no se concluyen porque no hay personal suficiente que supervise las obras que ya fueron terminadas, pues tampoco les han pagado desde el año pasado.
Agregó que la falta de supervisión para los trabajos mantiene incompletos los procesos para justificar los expedientes de que las obras fueron terminadas.
“Tengo entendido que en mayo fueron liberados algunos recursos pero no se ha mandado la documentación para que se hagan los pagos. Son los problemas, primero, en las oficinas no avanzan los trámites (y) por eso es que pedimos el cambio y en la Ciudad de México también exigimos que (la Secretaría de) Hacienda libere los recursos, por eso estamos pidiendo la reunión para saber cómo están los procedimientos y si ya se liberaron o no los recursos”, detalló.
Unos 40 integrantes de la CMIC llegaron a las 9:30 de la mañana a las oficinas y colocaron tres lonas en diferentes partes del edificio y en los árboles, con mensajes dirigidos al presidente Enrique Peña Nieto.
“Los constructores de Guerrero solicitamos su intervención para el pago de trabajos del Inifed ocasionados por los fenómenos meteorológicos Ingrid-Manuel (Fonden); “Al gobernador, Héctor Astudillo Flores los constructores de Guerrero solicitamos la renuncia del ingeniero Juan José Limón Villaláz, encargado de la coordinación del Plan Nuevo Guerrero; y al secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer: “secretario de Educación Pública, los constructores de Guerrero exigimos trato justo honesto y despida a J. J. Limón”, se leía en las lonas.
Debido a la ausencia de funcionarios que los atendieran en la oficina, a las 12:20 del día los inconformes pidieron a los trabajadores que salieran de las oficinas.
Diez minutos después y una vez que quienes tenían las llaves de los dos accesos a la oficina colocaron sus propias cadenas en las dos puertas, para posteriormente colocar una cinta de plástico con la leyenda “obra en proceso”.
En declaraciones por teléfono por la tarde, Sergio Reyes dijo que “hubo intermediación del gobernador” Héctor Astudillo para que las oficinas fueran liberadas.
“Él sabe que es una situación que debe atender, aunque no ocurrió en su periodo. Él es intermediario de esto. Por eso entregamos las oficinas”, declaró.

La deuda de 200 millones con la CMIC es por retraso del Fonden, dice el delegado de la SCT

Alfonso Marín Amezcua

Chilpancingo

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en Guerrero, Eduardo Rodríguez Abreu, informó que la dependencia federal no ha liquidado el adeudo 200 millones de pesos con las constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC), debido a que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sigue sin autorizar formalmente los recursos económicos por el programa de la tormenta Trudy, en 2014.
Integrantes de la CMIC en Guerrero denunciaron hace una semana que los gobiernos federal, estatal y de Acapulco adeudan 727 millones 975 mil 658 pesos a más de 200 constructoras guerrerenses, a los cuales la SCT debe 200 millones de pesos correspondientes al programa Trudy.
En entrevista telefónica al respecto, Rodríguez Abreu explicó que Fonden está informado del adeudo que mantiene la dependencia federal, ya que continuamente han reportado la falta de pagos a las constructoras guerrerenses de la CMIC.
Mientras que el presidente de la CMIC en Guerrero, Sergio Reyes Carbajal, se ha comunicado con la SCT para agilizar la liberación del presupuesto, “por lo que considero que pronto va a resolverse el tema de Trudy”, dijo, sin especificar la fecha en la que podrían hacerse los pagos.
Detalló que el adeudo no rebasa los 200 millones de pesos, y aclaró que el adeudo de la SCT es solamente por la tormenta Trudy, ya que de las contingencias por Manuel, en 2013, fueron liquidados los adeudos, “y si se debe algo es porque están en finiquitos de algunos números y un proceso de cierre presupuestal donde los finiquitos serán revisados a detalle”.
Consultado sobre la razón por la que sigue atrasado el pago por la reparación de los caminos rurales dañados por la tormenta tropical Trudy, donde incluso se emitió una declaratoria de emergencia para 36 municipios de Guerrero, Rodríguez Abreu indicó que la SCT depende únicamente del presupuesto con el que cuente el Fonden.
“En este caso la SCT no tiene un programa especial sino que depende de los recursos que sean autorizados y aprobados en el Fonden, así se hacen los pagos”, dijo.
A pregunta expresa acerca de si hay algún motivo específico sobre el atraso de los recursos, el funcionario federal respondió que desconocía las razones del Fonden, “desconozco la causa, pero lo más seguro es que le da prioridad a las cosas más urgentes en el país, pues no solamente es Guerrero,  hablamos de muchos eventos que se han generado y todos de la misma bolsa”.
Aunque agregó que la CMIC ha sido informada de todo el proceso, ya que luego de un acuerdo a nivel nacional entre el secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el presidente nacional de la CMIC, Gustavo Arballo Luján, que firmaron un convenio, se  acordaron reuniones mensuales para evaluar temas de adeudos, adjudicaciones y programas a ejecutar, “por eso no hay nada que no se sepa sobre los eventos y obras programadas, manejamos todos los temas de infraestructura y hay una buena relación y conocimiento de los hechos”.
Rodríguez Abreu indicó que desconoce el motivo de la denuncia de Reyes Carbajal, “posiblemente se deba a que a más de un año del adeudo de Trudy no se han hecho los pagos y justamente también se deba a que no hay mucho trabajo”.
En el caso de la SCT, mencionó que fueron ejecutadas 75 obras en caminos provisionales, mencionadas como obras emergentes o “inmediatas”, en zonas afectadas de la Costa Chica y La Montaña.
Mientras que por Manuel se trabajaron mil 35 caminos rurales, 128 puentes rurales, 5 carreteras federales y 11 puentes federales.
En el caso de Trudy, remarcó que todo lo federal fue autorizado y ejercido, mientras que de lo rural siguen sin ejercerse los 200 millones de pesos del Fonden, donde para temas rurales el gobierno estatal designa el 50 por ciento del presupuesto y la federación el otro 50 por ciento.
De la denuncia del presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de Guerrero (AECG), José Luis Cuevas Pano, quien aseguró que las grandes obras de la SCT y de la Conagua vienen etiquetadas por contratos millonarios para consorcios foráneos que buscan beneficiar a constructoras de familiares de funcionarios federales, Rodríguez Abreu lo negó y dijo que la información en materia de licitación y obras es manejada de manera “transparente y disponible para cualquier autoridad en los sistemas”.
Ante los adeudos que han denunciado los integrantes de la CMIC, hoy realizarán una protesta en Acapulco, afuera de las oficinas del Inifed, debido al adeudo por 100 millones, 436 mil pesos  que mantiene la dependencia por el Plan Nuevo Guerrero a 100 constructoras guerrerenses, y por el millón 627 mil pesos por la reconstrucción de seis empresas por el programa Escuelas Dignas.