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A los gobiernos municipales no les interesa el medio ambiente, señala académico

Ramón Gracida Gómez

Durante el foro Estrategias de Seguridad ante eventos de la naturaleza organizado por el Ayuntamiento de Acapulco y colegios de profesionistas, el vicepresidente de la región V del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), Manuel Ignacio Ruz Vargas, señaló a los gobiernos municipales de cambiar el uso de suelo por los beneficios de la inversión de las constructoras, sin importarles el medio ambiente.
El académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Guerrero indicó ayer en al auditorio del Ayuntamiento del Centro que tras el paso del huracán Otis se dijo que Acapulco está mal planeado, pero el municipio ha tenido a lo largo de su historia 49 planes de desarrollo, y “cada vez que hay un ciclón tenemos consecuencias negativas”.
Frente a la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, María Mélida Campos García, Ruz Vargas señaló que las inmobiliarias “le venden la famosa zanahoria al gobierno municipal: uy, es una inversión que va a generar fuentes de empleo, te van a dar impuestos y eso te va a generar un beneficio”.
“Entonces no importa el medioambiente, no importa la población, vamos a cambiar el uso de suelo”.
Ante unos 40 asistentes, la mitad de ellos jóvenes, el integrante del Colegio de Arquitectos de Guerrero alertó de una “sobrepoblación” de Directores Responsables de Obra (DRO), “sobre todo muchos muy jóvenes que se dejan seducir muy fácil”, en el sentido que aprueban proyectos con datos cambiados, por lo que les pidió tener “ética”.
El doctor en Desarrollo Regional recordó la regularización de viviendas construidas dentro del parque nacional El Veladero cambiando el uso de suelo, y señaló que hay corrupción en la que están involucradas “muchas personas, desde empresarios, desde la autoridad y desde el DRO y el constructor que está trabajando”, y “nadie quiere pagar la supervisión”.
Expuso que un problema de las licencias de construcción consiste en que “muchas veces, y es lo que más ocurre, es mejor pedir perdón que pedir permiso, gano una licencia para un uso con menor densidad y de repente te encuentras con otro tipo de construcción, y dices, bueno, vamos a pagar la diferencia porque ya está en marcha”.
Indicó que el crecimiento de la mancha urbana hacia Ciudad Renacimiento, con el desplazamiento de los vecinos de las colonias altas del Anfiteatro, y hacia Diamante trajo consigo la deforestación.
Reprochó a Miguel Alemán por permitir la construcción del hotel El Presidente pegado a la playa, pero se hizo lo mismo en la zona Diamante décadas después, “¿no se supone que primero es la playa, la vialidad y después las construcciones?”
Indicó que el huracán Paulina de 1997 rompió el “mito” de que el municipio estaba protegido de este tipo de fenómenos meteorológicos por la cordillera del Anfiteatro, a raíz de la catástrofe de cientos de personas muertas o desaparecidas se llevaron a cabo mesas de trabajo con especialistas, lo que tuvo de resultado, entre otros, un Atlas de riesgo.
Pero ocurrieron los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel en 2013, Otis en 2023 y John en 2024, entonces el integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I habló de los efectos del cambio climático y las “vulnerabilidades” de Acapulco, una de ellas la física por las construcciones “en sitios no adecuados, en altas pendientes, en zonas de inundación, en zonas vulnerables”.
La ciudad también padece la vulnerabilidad social, relacionada con la cuestión económica, y es que “gran parte de la población se asienta donde puede”, en tanto que dos de cada tres casas “son autoconstruidas, sin asesoría técnica”, de acuerdo con información de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
El integrante del Colectivo Ciudadano de Recuperación del Jardín del Puerto dijo que “Otis demostró que no se puede seguir construyendo de la misma manera” y mencionó la importancia de que se aplique el nuevo reglamento de construcción, aún en proceso de actualización.

 

Las constructoras locales, expuestas a la falta de pago de inversionistas, señala la CMIC

 

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guerrero (CMIC), Sergio Reyes Carbajal, dijo que la participación de las empresas locales en los nuevos desarrollos inmobiliarios de Acapulco es incipiente, pues los inversionistas vienen con los contratos firmados de grandes constructoras.
En declaraciones por teléfono, Reyes Carbajal afirmó que hay mayor vulnerabilidad de empresas locales porque el inversionista “se puede ir” por cualquier circunstancia y sin pagarles.
Sin mencionar nombres de empresas, adelantó que están en pláticas con inversionistas con quienes buscan que los locales sean contratados, “pero con las condiciones necesarias para su labor”.
“En algunos de los casos están participando empresas locales en actividades de desplante y emparejamiento de terrenos”, dijo Reyes Carbajal.
“Hay que ser claros, la mayoría de estas inversiones tienen sus propias constructoras inmobiliarias y desarrollos, entonces mucho de lo que sucede y la forma de participar es a través de un contrato que al final no estaría mal, siempre y cuando haya condiciones apropiadas y que no sea malbaratando la mano de obra porque las empresas locales pagan impuestos, y no quiere decir que las foráneas no lo hagan sin embargo a las pequeñas empresas también se nos obliga a cumplir con esas obligaciones y estamos en Guerrero, y no nos vamos a ir de aquí”, puntualizó.
Se le preguntó cuáles eran los desarrollos inmobiliarios que contrataron a las empresas locales y no los recordó.
Indicó que en los desarrollos inmobiliarios la participación de empresas locales podría ser mayor, pues hay pláticas con los inversionistas. “Si se requieren excavaciones para los inversionistas resulta difícil traer maquinaria y es donde nosotros entramos, aquí hay empresas que lo pueden hacer y en los trabajos de albañilería también contamos con mano de obra calificada, podemos trabajar en todo”, declaró.
Explicó que la mayoría de los inversionistas contratan empresas foráneas para los acabados, a pesar de que en Guerrero se cuenta con mano de obra calificada y empresas legalmente establecidas para brindar los servicios porque las de fuera, con tal de obtener los contratos, cobran menos que los locales.
“Lo que nos hace falta es prepararnos y hacer buenas propuestas pero también esperamos contar con buenas condiciones porque generamos empleo y pagamos impuestos, y cuando hay empresas foráneas buscan pagarnos a precios muy bajos”, reconoció.
Reyes Carbajal puntualizó que los incentivos que prometen los gobiernos estatal y municipal están relacionados con licencias y trámites, que la mayoría de las ocasiones son tardados pero que implican costos elevados.
“Nosotros queremos participar en todas las etapas porque hay empresas que pueden caber en cada especialidad de trabajo y contamos con personal apropiado y maquinaria”, aseguró.
Adelantó que en los próximos días habrá reuniones con inversionistas que mantienen proyectos en Acapulco para darles seguimiento.

 

 

Toman constructores siete horas las oficinas del Inifed; exigen el pago de adeudos por obras de 2014

Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guerrero cerraron por siete horas las oficinas del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed) en Acapulco, para exigir el pago de la deuda que la dependencia federal mantiene desde 2014 por la reconstrucción de 136 escuelas afectadas por la tormenta Manuel, en 2013, de un total de 200 contratos firmados, y que ocasionó la quiebra de 106 constructoras guerrerenses.
Durante el cierre de las oficinas que ocupan la planta baja de Villas Kimberly, ubicadas en el bulevar Las Palmas, los inconformes demandaron también la destitución del coordinador de las obras educativas del Plan Nuevo Guerrero, Juan José Limón Villalaz, a quien entregaron el inmueble una vez que supieron que el director general del Inifed, Carlos Colunga González, los atenderá el próximo jueves.
El representante de los constructores en la entidad, Sergio Isaac Reyes Carbajal, informó por teléfono que acordaron la entrega de las oficinas a las 6 de la tarde, aunque no especificó si será en Acapulco o en la Ciudad de México.
Explicó que la reunión con Colunga González servirá para programar fechas para el pago que podría alcanzar los 200 millones de pesos, pues además mantienen adeudos, por 727 millones 975 mil 658 pesos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Salud (SSA) e incluso ayuntamientos como el de Acapulco.
“El Ayuntamiento debe 11 millones, la Secretaría de Salud 45 millones”, detalló.
Reyes Carbajal reclamó que después de la conferencia de prensa que ofrecieron la semana pasada en Chilpancingo, en la denunciaron la quiebra de las empresas, no ha habido un acercamiento con las dependencias.
“Ya estamos cansados de cómo se maneja la situación, no hay una respuesta clara, hay ambigüedades, hay indicaciones que al siguiente día las cambian, se adeuda poco más de 100 millones de pesos a 106 empresas pero el monto puede aumentar a unos 200 millones”, detalló sobre el Inifed.
Indicó que hubo un depósito de la Secretaría de Hacienda en cuentas de Banobras para cubrir tales adeudos, pero que los trámites para agilizar la liberación del dinero no se concluyen porque no hay personal suficiente que supervise las obras que ya fueron terminadas, pues tampoco les han pagado desde el año pasado.
Agregó que la falta de supervisión para los trabajos mantiene incompletos los procesos para justificar los expedientes de que las obras fueron terminadas.
“Tengo entendido que en mayo fueron liberados algunos recursos pero no se ha mandado la documentación para que se hagan los pagos. Son los problemas, primero, en las oficinas no avanzan los trámites (y) por eso es que pedimos el cambio y en la Ciudad de México también exigimos que (la Secretaría de) Hacienda libere los recursos, por eso estamos pidiendo la reunión para saber cómo están los procedimientos y si ya se liberaron o no los recursos”, detalló.
Unos 40 integrantes de la CMIC llegaron a las 9:30 de la mañana a las oficinas y colocaron tres lonas en diferentes partes del edificio y en los árboles, con mensajes dirigidos al presidente Enrique Peña Nieto.
“Los constructores de Guerrero solicitamos su intervención para el pago de trabajos del Inifed ocasionados por los fenómenos meteorológicos Ingrid-Manuel (Fonden); “Al gobernador, Héctor Astudillo Flores los constructores de Guerrero solicitamos la renuncia del ingeniero Juan José Limón Villaláz, encargado de la coordinación del Plan Nuevo Guerrero; y al secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer: “secretario de Educación Pública, los constructores de Guerrero exigimos trato justo honesto y despida a J. J. Limón”, se leía en las lonas.
Debido a la ausencia de funcionarios que los atendieran en la oficina, a las 12:20 del día los inconformes pidieron a los trabajadores que salieran de las oficinas.
Diez minutos después y una vez que quienes tenían las llaves de los dos accesos a la oficina colocaron sus propias cadenas en las dos puertas, para posteriormente colocar una cinta de plástico con la leyenda “obra en proceso”.
En declaraciones por teléfono por la tarde, Sergio Reyes dijo que “hubo intermediación del gobernador” Héctor Astudillo para que las oficinas fueran liberadas.
“Él sabe que es una situación que debe atender, aunque no ocurrió en su periodo. Él es intermediario de esto. Por eso entregamos las oficinas”, declaró.

Anuncia el alcalde de Atoyac denuncias contra constructoras que no han completado obras

El Ayuntamiento de Atoyac procederá jurídicamente contra las empresas que construyen obras desde la administración anterior, las cuales exigen dinero para completar los trabajos, “pero no han respaldado la inversión que se ha ejecutado”, señaló el alcalde, Dámaso Pérez Organes.
El alcalde afirmó esto en entrevista, después de dar el banderazo de entrega de fertilizante para casi 5 mil productores de maíz del municipio que recibirán, primero, en la parte alta de la sierra.
El Ayuntamiento entregará mil 800 toneladas, una inversión de 10 millones de pesos, y los campesinos lo recibirán sin costo, aun cuando no están consideradas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para el combate a la pobreza.
Antes de la entrega del insumo, comisarios y delegados del municipio de Atoyac, principalmente de Los Valles y San Andrés de la Cruz, se quejaron con el presidente municipal de que obras como pavimentación de calles y techados están sin terminar porque, según las constructoras, el municipio no les ha pagado.
El alcalde explico que las obras no están inconclusas, pero se requiere de un respaldo de lo que invirtió la pasada administración municipal para darles a las constructores el resto del dinero.
Dijo que a la empresa que no cumpla se les fincara responsabilidad conforme a derecho, ya que la ley de Transparencia lo exige, dijo que el dinero “ahí está… (pero) si a mí no me dan el soporte jurídico comprobatorio no les voy seguir dando dinero” explicó.
Anuncio que se reunirá con las constructoras y los comisarios de las comunidades afectados para determinar la situación, ya que las empresas amagan a los comisarios con no terminar las obras, y no les permiten mover los materiales, muchos de los cuáles se puede echar a perder con las lluvias.
Pérez Organes agregó que también exigirá un seguro de la obra, ya que una buena parte de la que entregan está en muy mal estado.

Debe la SCT cubrir los adeudos con sindicatos por obras de 2014, exige dirigente

 

El secretario general del Sindicato de Transporte y de Construcción del Municipio de Coyuca de Benítez, Rufo Ávila Varela, dijo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe cubrir el adeudo de 2 millones 900 mil pesos de la fianza que dejaron las empresas constructoras tras los trabajos de rehabilitación, en 2014, en los municipios de Coyuca de Benítez y Atoyac.
El jueves, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que a las constructoras que llevaron a cabo obras en el estado ya se les liquidó, e insistió en que si hay adeudos los empresarios se acerquen a la dependencia para saldarlos.
Añadió que el monto ha disminuido e instruyó que a quienes estén pendientes de pago “pagárseles muy pronto, no debe de haber nadie a quien se le deba”.
Ayer en declaraciones por teléfono, el Ávila Varela indicó que los trabajos de rehabilitación en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo están suspendidos porque las nuevas empresas ya van a terminar; “optamos los sindicatos por parar la obra para presionar, porque si se termina ya no nos pagan”.
Señaló que la dependencia federal reporta que no hay adeudos con las empresas de Guerrero, pero insistió en que las contratadas por la SCT dejaron un fondo para ese tipo de problemas después de ganar la licitación.
Explicó que la constructora adeuda a los dos sindicatos de Coyuca de Benítez y de Atoyac una cantidad de 2 millones 900 mil pesos por los trabajos de rehabilitación en 2014, “la empresa al sindicato no nos pagó”.
Dijo que la SCT no contrata sindicatos porque la empresa ejecuta los trabajos, “entonces de la fianza que fue depositada a la dependencia federal deberá de cubrir el adeudo pendiente”.
Advirtió que si el martes no hay respuesta o un acuerdo con las autoridades de la SCT, ambos sindicatos organizarán un bloqueo indefinido en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
El martes pasado, trabajadores del Sindicato de Transporte y de Construcción del Municipio de Coyuca de Benítez, que dependen de la CTM, bloquearon de manera intermitente y por seis horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, frente a la comunidad Cayaco-Camalote, para exigir el pago 2 millones 900 mil pesos a la SCT por los trabajos de rehabilitación de la vía federal en 2014.

Cumple 14 años el conflicto de pescadores y buzos de Puerto Marqués y constructoras

 

 Desde entonces, ningún pago por daños reclamados; la Sociedad Cooperativa denunció en 1990 que las obras de desarrollos turísticos afectaban al medio ambiente, al grado de extinguir algunas especies marinas

Hace 14 años se dio la primera denuncia pública de pescadores de Puerto Marqués contra empresas constructoras en Punta Diamante a las que acusa de destruir bancos de diversas especies, principalmente ostiones y almejas, lo que afecta su principal medio de vida.

La Sociedad Cooperativa de Buceadores y Pescadores de Puerto Marqués, insiste en una retribución económica al ser afectada –según la organización– por las construcciones que se realizan en Punta Diamante.

A pesar de los esfuerzos de la Sociedad Cooperativa de Buceadores los empresarios rechazaron pagar indemnizaciones.

En 1990 cuando los buzos del área denunciaron que la construcción del desarrollo turístico Punta Diamante provocaba deslaves de tierra, que en época de lluvia eran arrastrados al mar, causando sedimentos que provocaron la extinción de especies en las playas Las Cuatas, Majahua, Sirena y Las Cuatitas.

A esta situación se sumó la opinión de científicos oaxaqueños, cuando el 11 de septiembre de 2000, participaron en el Coloquio Regional de Investigación de Recursos Marinos, en esa ocasión hicieron un recorrido por la zona afectada y constataron la contaminación de las constructoras.

En el recorrido, los investigadores confirmaron la existencia de desprendimientos de tierra provenientes de las construcciones que se realizan en la zona Diamante, y con esto los cooperativistas solicitaron a organismos gubernamentales y no gubernamentales su intervención para detener la contaminación.

Ante la falta de respuesta y el impacto a la economía, los inconformes comenzaron con medidas más radicales, y así el 25 de octubre de 2001 unos 50 pescadores y buzos cerraron las oficinas de la Semarnat y la Sagarpa del Palacio Federal para exigir la indemnización por los efectos de la contaminación en los bancos de ostión y almeja de esa bahía.

Según un estudio del Centro Regional de Investigación Pesquera de Salina Cruz, Oaxaca, el pago fue valuado en 2.5 millones de pesos ante la pérdida de 101 toneladas de ostión y 16 de almeja.

El gobierno estatal sólo entregó un millón 155 mil pesos, es decir, el 46.2 por ciento de la cantidad fijada, la cantidad faltante aún la siguen reclamando.

Dentro de las estrategias de presión los pescadores, el 20 de abril de 2002, pensaron en manifestarse durante la inauguración del Tianguis Turístico, para reclamar la indemnización convenida, manifestación que finalmente no realizaron.

Nuevamente el 5 de marzo de 2002 los inconformes se hicieron públicas sus demandas en las oficinas de Semarnat para exigir un alto al daño ecológico. Solicitaron -además- que la dependencia vigile la forma en que trabajan las empresas constructoras, al asegurar que en la zona de Revolcadero se usaban explosivos para abrir caminos.

El pasado 24 de febrero cerca de 100 pescadores y buzos de la playa Puerto Marqués, iniciaron un plantón frente a las puertas del Hotel Quinta Real.

El 2 de marzo de 2004 se difundió que la mala planeación de una carretera a lo largo de Punta Diamante, aunado a los trabajos que realizan empresas de gran turismo, ha provocado daños considerables a especies como los moluscos bivalvos y a los recursos pesqueros en la zona, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Pesca y la Sagarpa.

En tanto, centenas de inconformes mantienen un plantón frente al único acceso al desarrollo, para exigir la reparación de los daños con la indemnización. El entonces delegado de la Semarnat, Octavio Klimek Alcaraz reconoció los daños.

Después, autoridades, inversionistas e inconformes signaron una minuta de acuerdos para realizar un estudio en la zona contaminada.

Pero el 16 de febrero los pescadores volvieron a plantarse, luego de que el viernes 20 del mismo mes, el gobierno del estado les canceló una reunión que tendrían con las autoridades ambientales y con los inversionistas.

Tras esperar la reunión por más de 30 días, ésta finalmente sucedió el pasado 20 de marzo, y allí los representantes de los empresarios de Punta Diamante dijeron a los integrantes de la cooperativa que no están dispuestos a pagar 12 millones de pesos que exigen como indemnización a los 68 agremiados que dicen estar afectados.

“No estados de acuerdo y no vamos a pagar algo que no hemos hecho”, dijo el representante del Grupo Mexicano de Desarrollo, Gerardo García Miranda y aseguró que sólo una instancia competente podría determinar si las constructoras son responsables por las afectaciones, en este caso la Profepa.

Su propuesta es aportar en un momento dado, recursos a un fideicomiso para proyectos productivos en beneficio a esa región, porque “no puede ser que una organización quiera todo y después venga otra y otra”.

La postura de los cooperativistas la manifestó el presidente Pedro Morales Flores que reiteró los daños en su fuente de trabajo, y aseguró que continuarán con el plantón hasta obtener una respuesta positiva a su demanda de indemnización.