Promueve la diputada Eufrosina Cruz que el matrimonio forzado sea delito grave

La diputada federal priista, Eufrosina Cruz Mendoza durante la conferencia magistral “Derechos Políticos de las Mujeres Indígenas”, llevada acabo en el auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La diputada federal por el PRI, reconocida defensora de los derechos de las mujeres indígenas, Eufrosina Cruz Mendoza, informó que el Senado de la República revisa la reforma al Código Penal Federal que sanciona los matrimonios forzados o uniones equiparables, que a nivel federal sólo estén prohibidos en el Código Civil.
Como ponente en la conferencia Derechos Políticos de las Mujeres Indígenas, que organizó el Tribunal Electoral del Estado (TEE), informó en su exposición que en abril pasado presentó la iniciativa de reforma para que considere el matrimonio infantil como delito grave, que luego se deberá homologar en todo el país: “Hay que nombrarlo como tal, ahí va implícita la trata (de personas)”.
Hablante del idioma zapoteco, reconocida dos veces por la revista Forbes entre las cien mujeres más influyentes del país, denunció que en México es delito el abigeato, hasta tener mascotas exóticas, pero no que una niña se case, porque es parte de los usos y costumbres, lo cual es abuso y violencia, que se comente no sólo en comunidades indígenas y afromexicanas en diferentes estados, sino también ocurre en colonias de grandes ciudades, donde está invisibilizada.
En entrevista, explicó que la iniciativa plantea un capítulo nuevo al Código Penal Federal de nuestro país, para hablar específicamente de los matrimonios infantiles o equiparables, y que todos los que estén involucrados en ese hecho reciban una pena de cinco a 15 años de prisión.
Precisó que la prohibición en el Código Civil conlleva la anulación de la unión: “te puedes casar y lo único que la autoridad puede hacer es anular el matrimonio, ¿pero quién te regresa tu dignidad si ya fuiste violentada, abusada? O si sólo vivió en concubinato con un acuerdo nomás, ‘no es necesario se casen, nomás que vivan ahí juntos’”.
En el Senado aún se van a determinar algunos aspectos sobre el seguimiento del delito, “ayer (jueves) fui con la presidenta de la Comisión de Justicia, con la senadora Olga Sánchez Cordero. El próximo miércoles voy con los demás integrantes de la Comisión”.
Confío en que el Código Penal Federal puede obligar el cumplimiento de la ley, que tiene más peso que los códigos de los estados, y después de las primeas detenciones, acabe con la práctica.
En Guerrero, el 20 de octubre se prohibió y penalizó la cohabitación forzada, con sanciones de hasta 20 años de prisión.
Cruz Mendoza señaló que México está en el primer lugar de pornografía infantil, lo cual indica que algo están haciendo mal los adultos.
“En el senado está la minuta pero se tienen que concertar algunos acuerdos, en eso ya ando sensibilizando”.
Sobre la política para erradicar los matrimonios infantiles o equiparables en Guerrero, recomendó a las autoridades que difundan el mensaje en las lenguas maternas, con las palabras de uso cotidiano, a través de los aparatos de sonido, de la señora que vende el pan, “donde se diga, ‘quien venda a su hija se ir al bote’, nada de prisión preventiva o palabras pipirisnais, que les digan, ‘te vas al penal de Acapulco, de Chilpancingo’, tal cual, para que vayan aprendiendo, y que se difunda el mensaje en la mañana, cuando salgan a sus campos, sino de nada sirve”.
En su conferencia, relató su testimonio de vida y cómo pudo cambiar la única realidad que se conocía en su comunidad, donde su hermana mayor fue dada por su pap· en matrimonio a los 12 años, a los 13 tuvo su primer hijo, a los 33, con nueve, decidió no tener más.
“Yo soy posibilidad, soy oportunidad, no soy grupos vulnerables, lo que se han vulnerado son mis derechos, es necesario reaprender a ver a los pueblos de México, con los ojos correctos”.
También mencionó que una amiga muy querida que incursionó en la política fue asesinada el año pasado, y dejó un niño huérfano.
Indicó que esta semana presentó en la Cámara la iniciativa para que haya padrón de niños y niñas víctimas de feminicidio, para que el Estado mexicano se haga responsable de su salud mental, emocional y certeza educativa, pues “cuando no está mamá, las historias cambian”.
Explicó que, la propuesta es que los DIF estatales identifiquen con las Fiscalías de los estados a las víctimas y sus deudos a quienes quedan en la orfandad, a través de la Secretaría de Gobernación se elabore el padrón nacional para el seguimiento de casos.
“Sus hijos están invisibilizados, y si no hay un cuerpo de abogados, las carpetas de investigación ahí se queda, intactas”.
En su mensaje de bienvenida, la magistrada presidenta del TEE, Evelyn Rodríguez Xinol destacó el interés especial del Tribunal Electoral de compartir reflexiones que contribuyan en el fortalecimiento de las mujeres.

 

Tras la legalización de la mariguana con fines medicinales toca insistir en la amapola: Mejía Berdeja

 

El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja consideró como un paso importante que el pleno de la Cámara de Diputados haya aprobado la minuta de reforma a la Ley General de Salud del Código Penal Federal, que permite el uso medicinal y científico de la mariguana, pero que ahora se debe hacer lo propio en Guerrero para el caso de la amapola.
En declaraciones telefónicas, Mejía Berdeja indicó que es importante el paso que se ha dado, pero no suficiente, porque con ello se está reconociendo la realidad, pero hay lugares, como varios estados de Estados Unidos, donde han llegado aún lejos, “como en el caso de California, donde se permite el uso recreativo de la mariguana”.
La Cámara de Diputados federal aprobó el uso medicinal y científico de la mariguana, pero los legisladores se negaron a aprobar la liberación de su consumo, como lo demandan distintos sectores sociales. Señaló el diputado local de MC que aquí se tiene que luchar contra una serie de prejuicios e inercias, y “este paso se ha dado es un paso relevante”.
Considera que ahora se debe hace lo propio para el caso de la amapola, sobre todo cuando la amapola tiene aún más usos de carácter medicinal que están plenamente acreditados en medicamentos para dolores intensos.
Insistió en que la “amapola, más que la mariguana tiene fines de carácter medicinal y, evidentemente, nosotros vamos a seguir insistiendo en el tema y este es el primer paso”.
De si espera que el Congreso local avance en la ley que ellos propusieron para el caso de la amapola, y que está congelada, Mejía Berdeja opinó que debe proceder, pues desde marzo de 2016 formalizaron mediante una iniciativa la propuesta de legalización de la amapola con fines medicinales, y si bien el Congreso local no tiene facultades de reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, si puede, conforme al artículo 51 fracción tercera de la Constitución de la República, presentar una iniciativa al Congreso de la Unión, que es en lo que han estado insistiendo”.
Dijo que así como para la mariguana fueron organismos de la sociedad civil y activistas quienes estuvieron insistiendo y que finalmente lograron sensibilizar la Congreso de la Unión, “en el caso de la amapola fuéramos los guerrerenses, las instituciones, el Congreso local quienes lográramos sensibilizar al Congreso de la Unión de que se tiene que avanzar también en la despenalizaron y legalización de la amapola con fines medicinales, donde el propio gobernador y diversos sectores sociales han reconoció que parte de la violencia tan intensa que vive el estado tiene que ver con la disputa por el trasiego de la amapola”.
Mejía Berdeja señaló que, si se sabe lo que hace daño, entonces se debe actuar para resolverlo, sobre todo, cuando esto va a ayudar a mejorar la salud, porque hay un déficit de medicamentos contra el dolor para enfermedades como el cáncer, pero también eso ayudaría a resolver en gran parte un problema social y de violencia que vive Guerrero.
Finalmente dijo el diputado Ricardo Mejía que es el momento para Guerrero de insistir en la legalización de la amapola, “no debe haber más dilaciones, más pretextos para entrarle y que es con medidas concretas como se podría ayudar al tema de salud, pero también al tema de la violencia criminal que hoy azota a la entidad”.

Sin embargo en el estado se pretende homologar con el Código Penal Federal los castigos por explotación sexual infantil, dice estudio de la OIT y la STPS

El turismo sexual no está tipificado como delito en el código penal de Guerrero

El Código Penal de Guerrero no considera como delito la práctica del turismo sexual, en comparación del Código Penal Federal que lo tipifica en el artículo 201 bis 3, pero sí es uno de los estados que ha pretendido homologar con ese código los castigos a quienes incurren a la explotación sexual-comercial infantil.

La Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), dieron a conocer esa información en el documento titulado Los medios de comunicación y su participación en la prevención y denuncia de la explotación sexual comercial infantil, que forma parte del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.

En el documento se comparan las tareas legislativas en los estados de Guerrero, Baja California y Jalisco.

Así, en base en la legislación federal, el objetivo es establecer un modelo en los estados para la tipificación y penalización de los delitos de la explotación sexual-comercial infantil tomando como referencia el Código Penal Federal.

La meta es reducir “la impunidad y una mayor capacidad de coordinación entre las autoridades de los estados”.

Sin embargo todavía hay temas rezagados en materia de legislación. Tal es el caso del turismo sexual que no está considerado en Guerrero, Baja California y Jalisco.

En el Código Penal Federal el turismo sexual se castiga, según se apunta en el artículo 201 bis 3, con una penalidad de cinco a 14 años de prisión, y de 100 a dos mil días de salario mínimo de multa.

Al turismo sexual infantil se le considera a la explotación sexual de los menores de edad por personas que viajan fuera de su país o región, para iniciar actividades sexuales con los menores, esto, implica alguna forma de paga, ya sea en dinero o en especie.

En otros delitos existe un mayor avance. En corrupción de menores, Guerrero, en el artículo 217, considera una penalidad similar, pero de 800 a mil 800 días de salario de multa, que se encuentra por encima de los castigos de los códigos penales de Jalisco, y Baja California.

El Código Penal Federal determina una penalidad de cinco a diez años de prisión, y de 50 a dos mil días de salario de multa.

En el rubro de la pornografía infantil, el Código Penal de Guerrero es muy similar al castigo tipificado en el Código Penal Federal, pues considera un castigo de dos años más de prisión en la penalización, es decir, al infractor se le pueden dar de nueve a 14 años de prisión, y de mil 500 a dos mil 300 días de salario de multa.

En términos legislativos, la pornografía infantil está definida como la creación de cualquier material visual o audiovisual que muestre a un niño en un contexto sexual: imágenes de niños en conductas sexuales explícitas, real o estimulada, o la exhibición de genitales con fines sexuales.

Pero en la prostitución infantil (el uso sexual de niñas y niños para relaciones sexuales, a cambio de dinero, bienes, normalmente organizada por intermediarios), la penalidad federal es de ocho a 12 años de prisión, y de 100 a mil días de sueldo de multa. En este caso la ley guerrerense considera de siete a 12 años de prisión, y registra un incremento de días de multa al ir de mil a 2 mil día de salario.

Pero con las reservas de que si la víctima es menor de 12 años, entonces, las penas se aumentan hasta una mitad; y si la víctima es menor de los 16 años, las penas se incrementan a una tercera parte. También este rubro es el más avanzado.

El objetivo es castigar a los victimarios y no a las víctimas

La OIT como la STPS aseguran que el problema de la explotación sexual surge de la demanda de los servicios que provienen de clientes explotadores nacionales y extranjeros. Por eso, eximen de responsabilidad a los menores de edad que viven en la calle y que están inmiscuidos en está práctica ilegal.

Este fenómeno social es generado en una sociedad utilitarista e individualista que considera a mujeres, niñas, niños y adolescentes en objetos sexuales “que se pueden comprar”, aseguran ambas organizaciones.

Entre los factores que fomentan la explotación sexual-comercial infantil consideran el cambio de los valores éticos de las personas, la inadecuada educación de la sexualidad del hombre, y el crecimiento de redes de crimen organizado.

Eso se suma la violencia infrafamiliar y el abandono de los menores de edad, incluso la tolerancia social hacia estas actividades y abusos, y las insuficientes acciones legales, de control y de atención al problema.

La atención a un menor de edad explotado sexualmente requiere de una atención integral, debido a los daños físicos, psicológicos, espirituales y sociales. Además son vulnerables a enfermedades como el VIH, embarazos no deseados y por consecuencias a abortos, mortalidad materna, desnutrición, drogadicción, alcoholismo.

Las organizaciones también mencionan la participación de los gobiernos para fomentar las redes o grupos que manejan la explotación sexual-comercial en menores de edad. Aseguran que “algunos funcionarios abusan de su poder y colaboran o son permisivos con estos grupos delictivos”, por consecuencia, aumenta la influencia de las redes criminales sobre el cumplimiento de la ley y sobre el gobierno, y se bloquea la legislación necesaria para combatirlos.