Al mediodía de este martes, inspectores de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del estado revisaron que Urvan del servicio de trasporte público capitalino tengan a la vista de los usuarios la notificación del aumento del pasaje, en el Mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.
En su segunda sesión de septiembre pasado, el consejo de la Comisión de Transporte y Vialidad autorizó el aumento en el pasaje de 5 a 6 pesos, en la modalidad de Urvan.
A través de redes sociales se dio a conocer el aumento en el pasaje. Los inspectores explicaron que si la Urvan de trasporte público no tiene en un lugar visible el tarjetón expedido por la comisión, no se debe pagar la tarifa de 6 pesos, sino 5 pesos.
“Si el chofer no lo coloca en una parte visible, el usuario está en todo su derecho de negarse a pagar la nueva tarifa”, agregaron.
Algunos de los choferes colocaron en sus medallones avisos del nuevo costo del pasaje, para prevenir a la población capitalina.
La reacción de la gente fue la misma de agosto pasado, cuando el día 27 de ese mes, choferes de urvans del servicio público de distintas organizaciones en la capital aumentaron el costo del pasaje sin previo aviso y sin la autorización de la Comisión Técnica; los usuarios consideran que el incremento, aunque sea de sólo un peso, impacta consideradamente en sus gastos familiares.
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Acuerdan que entren taxis de Acapulco a 3 pueblos de Juan R. Escudero que no tienen transporte
Ante la ausencia de transporte público en las comunidades de Plan de Lima, Tepehuaje y Amatlán, del municipio de Juan R. Escudero, y la posibilidad de un enfrentamiento entre vecinos y transportistas, la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del gobierno del estado autorizó un permiso temporal para los pobladores, y que tres taxis de la ruta Xolapa-El Playón, pertenecientes a Acapulco, brinden servicio en esos lugares.
Este martes se celebró una reunión en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local, encabezada por el presidente de la Comisión de Transportes del Legislativo, Antelmo Alvarado García, y el director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del gobierno del estado, Miguel Ángel Piña Garibay.
En el encuentro estuvieron comisarios de las comunidades de Plan de Lima, Tepehuaje y Amatlán, y líderes y choferes de taxis y combis de la ruta Xolapa-El Playón, entre quienes hay un conflicto porque en los poblados no hay transporte público propio, y los segundos se niegan a que los comisarios accedan a permisos temporales o concesiones para resolver el problema.
Durante el encuentro, la comisaria de Plan de Lima, Blanca Sánchez García, explicó que, esas comunidades nunca han tenido transporte propio que los lleve a Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, a donde van a hacer sus compras, trámites y consultas médicas.
Comentó que, ante la falta del servicio los habitantes de estos tres pueblos recurren a las unidades de la ruta Xolapa-El Playón, que pertenecen a Acapulco y pasan por Plan de Lima y Tierra Colorada.
Explicó que aunque el servicio era malo, sí se atendía la demanda de los tres pueblos; sin embargo, hace cinco meses los choferes cambiaron sus combis por taxis, lo que redujo considerablemente su capacidad, pues en una combi podían trasladarse hasta 16 pasajeros, mientras que en los taxis se limita a cinco.
Así, cuando los taxis pasan por Plan de Lima, casi siempre van llenos, dejando a sus pobladores y a los de las comunidades vecinas sin el servicio.
La Comisión de Transportes autorizó entonces tres permisos temporales a las autoridades de esos pueblos para que contaran con su propio transporte; sin embargo, de inmediato la acción fue impugnada por un líder transportista de la ruta Xolapa-El Playón que obligó al gobierno estatal a retirárselos, lo que molestó a los pobladores, pues los transportistas no tenían la capacidad para atender la demanda, pero también les impedían hacerse de su propia ruta, situación que ha motivado discusiones y el riesgo de un enfrentamiento a golpes entre ambas partes.
En la reunión de ayer, el mediador fue el director de Transportes, Miguel Ángel Piña, quien escuchó las posturas de ambas partes más de dos horas.
Luego de que cada parte hizo su exposición, Piña Garibay propuso que los transportistas destinen tres taxis que trabajen solamente la ruta Plan de Lima-Tierra Colorada, a fin de que lo habitantes de esos tres pueblos tengan garantizado el transporte.
Además planteó que se autorice un permiso temporal para la comisaría de Plan de Lima a fin de que haya un vehículo más que, además de brindar el servicio de manera regular, se quede en el pueblo para que se utilice en casos de emergencias, como el traslado de personas enfermas a los centros médicos.
En un primer momento, los transportistas se negaron a aceptar que se otorgara el permiso a la comisaría y exigían que el cuarto vehículo también lo proporcionaran ellos, sin embargo, luego de otra hora de diálogo, accedieron.
La minuta de acuerdos se firmará el viernes en Tierra Colorada; si los transportistas no cumplen con su responsabilidad, los comisarios podrían acceder a más permisos o, en su caso, se realizará un estudio socioeconómico para determinar si se crea una nueva ruta y, en consecuencia, se entreguen concesiones para atender la demanda.
Denuncian choferes de Xochistlahuaca que Transportes retiene siete mototaxis ilegalmente
El representante de la Unión de Mototaxis Nn’anncue Ñomndaa, Victoriano López Guzmán denunció que desde inicios de 2010 la Delegación de Transportes en la Costa Chica les retuvo siete mototaxis con los que pretendían dar un servicio alternativo en Xochistlahuaca.
En una llamada a la redacción, el dirigente manifestó que, por presiones de los taxistas de la zona fueron acusados de piratería, y a pesar de que el Ministerio Público consideró improcedente la acusación, los mototaxis retenidos siguen en un corralón privado. López Guzmán dijo que desde hace casi seis años dejaron de pedir que les devolvieran los mototaxis, porque el ex director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, Juan Larequi Radilla no atendía sus llamadas.
Argumentó que el servicio de mototaxis surgió como una fuente de empleo para los jóvenes que no pudieron continuar sus estudios, además de que pretendían ofrecer “un servicio más barato a la comunidad amuzga”.
Contó que en 2010, pocos días después de que comenzaron a dar servicio, la Delegación de Transportes en la Costa Chica, a cargo entonces de Fidel Bello García, les recogió los siete mototaxis, tras una denuncia de taxistas que los acusaron de piratería, iniciando la averiguación previa ABAS/SC/05/358/2010
El 15 de marzo de 2010 se dictó una resolución que declaraba improcedente las acusaciones y ordenaba al delegado de Transporte devolver los mototaxis.
Dijo que cuando solicitaron sus motos a la empresa Grúas Domínguez, que sirvió como corralón, los propietarios les dijeron que liberarían las mototaxis si pagaban el pisaje por el tiempo que estuvieron en su propiedad, los dueños de los mototaxis se negaron a pagar porque eso le correspondía a la Delegación de Transporte, “y nosotros no cometimos ningún delito”.
De la negativa de la delegación de transporte por el pago del pisaje, Victoriano López dijo que acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Ometepec, que, de acuerdo con el expediente 079/2011, emitió la sentencia que ordena al delegado de Transporte de la Costa Chica, “la liberación de los vehículos sin cobro alguno”.
Desde 2011, cuando se dictó, la sentencia no se ha cumplido, ante la inacción de Transportes, el mismo Tribunal de lo Contencioso les ha aplicado multas, “pero sinceramente no sabemos si éstan pagándolas”.
López Guzmán solicitó al gobernador Héctor Astudillo su intervención y una reunión con el nuevo director de Transportes, Miguel Piña Garibay.
Expuso que en 2012, un delegado de Transportes –de quien no recordó su nombre– intentó pagar por las motos, para ese entonces Grúas Domínguez cobraba 80 mil pesos por el pisaje.
Recordó que en 2013, el entonces gobernador Ángel Aguirre se reunió con ellos y, ya con el conocimiento del problema, pidió al ex director de Transporte Juan Larequi Radilla que le diera seguimiento, pero después de dos reuniones sin avances, dejó de contestarles las llamadas.
