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Inconformes con el alcalde de Tetipac se reúnen hoy con diputados locales

  * Les mostrarán un peritaje sobre las obras

 Claudio Viveros Hernández, corresponsal, Tetipac * Este martes, a las 11 horas, una comisión de ciudadanos sostendrá, por quinta ocasión, un encuentro con diputados del Congreso del Estado, a fin de dar curso a la petición de destituir al alcalde priísta de este municipio, Serafín Ayala Ramos, a quien acusan de irresponsable, corrupto e inepto.

En representación de los cinco ediles acompañará a la comisión el regidor del PRI, Miguel Angel Verdalles Hernández, quien dio a conocer también que ha sido citado Ayala Ramos. Allí darán a conocer un peritaje que especialistas de Taxco y Chilpancingo realizaron sobre varias obras públicas.

La entrevista con los habitantes de este municipio fue solicitada por el presidente del Congreso local, Juan José Castro Justo, y se espera una solución favorable a su demanda en el transcurso de esta misma semana, dijo el regidor Miguel Angel Verdalles.

De ello, el edil indicó que “como vemos las cosas todo va muy bien y pensamos que esto se va a ganar. Con el apoyo de los ciudadanos y los medios de información vamos a salir adelante, y yo pienso que ya no tardan ni unos ocho o quince días que ya tenemos el gane por el pueblo, y que ellos decidan a quién van a poner porque esta persona salió muy voraz para el dinero y llegó a lo que llegó”.

Verdalles Hernández agregó que ni el presidente municipal ni el tesorero se han presentado ante la gente. “Ninguno va a venir, andan escondidos, han dicho algunas cosas por la radio (en una emisora comercial) pero nunca dan la cara. Queremos que dé la cara porque (Serafín Ayala) está mal y nosotros estamos con el pueblo y por el poder del pueblo”.

Por su parte, la también regidora del PRI, María Lorena Rivera Bustos, comentó que ellos siguen en su postura como autoridades en apoyar al pueblo en su demanda, “nosotros no tenemos nada que esconder, esperamos las resoluciones del Congreso, la verdad la gente está muy molesta y dice ´si no nos hace justicia el Congreso la vamos a hacer nosotros´, y si no se interviene esto va a seguir y va a llegar a graves consecuencias”, dijo.

Ayer, unos 500 habitantes de Tetipac efectuaron una marcha hacia el domicilio privado del alcalde, debido a que se rumoró que allí Ayala Ramos instalaría una oficina alterna como sede del ayuntamiento, lo que no ocurrió porque el funcionario nunca se presentó.

Condena Castro Justo actos de vandalismo suscitados en la sesión del CPE del PRI

* Pide a priístas firmeza y estar unidos

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Juan José Castro Justo, condenó lo que llamó “actos de vandalismo y boicot que se suscitaron en el desarrollo del Consejo Político Estatal del PRI por parte de un grupo de provocadores”.

En un boletín de prensa fechado ayer en Chilpancingo, el diputado expresa que el Consejo Político Estatal es un órgano colegiado, deliberativo y democrático del partido, y que corresponde a sus miembros decidir libremente los asuntos de la mayor trascendencia para la vida del PRI, como es el caso de la definición del método para la elección del candidato a gobernador, que ayer en dicha sesión se aprobó.

Castro justo manifiesta que es fundamental mantener una posición firme y serena para poder lograr construir una gran unidad política para ir con fortaleza a la contienda electoral del año 2005, tal como lo reclama el sentir de la inmensa mayoría de los consejeros políticos del partido.

También dijo, “sabemos que conformar dicha unidad es un asunto complejo no exento de obstáculos y dificultades, que hay que vencer y superar para lograrlo”.

Niega el diputado del PRD David Jiménez haberse prestado a actos de corrupción

* El millón de pesos fue para obra pública, afirma

 * Exhorta a Héctor Apreza a que hable de la corrupción en la SEG

Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo * El diputado local por el PRD, David Jiménez Rumbo, rechazó que, en el tiempo que tiene al frente de la coordinación parlamentaria del PRD del Congreso local, se haya prestado a algún acto de chantaje o corrupción, pero reconoció que a los legisladores de su partido les gustaría que el gobierno del estado les entregara más obra publica.

A unos días de que René Bejarano solicitó licencia al cargo de diputado por presuntos actos de corrupción, Jiménez Rumbo en tono serio aseveró que los funcionarios del gobierno estatal nunca les han entregado alguna gestión realizada a “cambio de algo”.

El legislador perredista, vía telefónica, habló acerca del millón de pesos que les entregó el gobernador para que los diputados realizaran obra pública, en las siete regiones del estado, cuando la diputada Adela Román se desempeñaba como coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD.

“Ese millón de pesos que el gobierno del estado nos entregó para hacer obra pública, ya fue invertido en varios trabajos que impulsamos los diputados perredistas. Hasta quisiéramos gestionar dinero para construir más obras”, exclamó el diputado local, integrante del equipo del senador y aspirante a candidato por el PRD, Armando Chavarria.

Descartó, el coordinador del PRD en el Congreso local, que el caso Bejarano afecte el resultado electoral de su partido, en las próximas elecciones para gobernador del estado.

Indicó que la historia de René Bejarano a sido “muy truculenta” y recordó el caso de la leche Bety, negocio impulsado por el ahora ex asambleísta del Distrito Federal, en donde se encontraron heces fecales en el contenido del producto lácteo que se distribuyó en el ciudad de México. “Sobre este asunto, ya se estan encargando las instancias competentes de nuestro partido para demostrar a la sociedad que, en el PRD el que la hace la paga”, aseguró Jiménez Rumbo.

Por otra parte, Jiménez Rumbo calificó las declaraciones del presidente estatal del PRI, Héctor Apreza Patrón de trasnochadas y oportunistas, “ya que Apreza critica la paja del ojo ajeno y no se da cuenta de la viga que tiene adentro”, expresó el legislador perredista.

El legislador perredista exhortó al líder priísta a fijar una postura similar sobre “el desvió millonario” de la Secretaria de Educación Guerrero, “realizado por funcionarios y políticos del PRI”. Y acerca de la ex alcaldesa de Tecpan de Galeana, Sandra Belkis Ocampo, “quien a pesar de las denuncias de desvío de recursos se le premio con la secretaria de la Mujer”.

Al referirse a las declaraciones que hizo Apreza Patrón, durante la conmemoración del 75 aniversario del PRI, quien relacionó el reciente escándalo de corrupción televisado a nivel nacional como la oferta política del PRD. Jiménez Rumbo señaló que son declaraciones del representante de un partido “corrupto y descompuesto”.

Más de un año en el Congreso, una iniciativa contra la desaparición forzada y la tortura

* La envió el gobernador en enero de 2003

Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo * La iniciativa de decreto que envió el gobernador, René Juárez Cisneros, al Congreso del Estado para reformar los artículos 133, 139, 140 y 289 del Código Penal del estado con el propósito de tipificar como delitos graves la desaparición forzada de personas y tortura fue recibida en enero del año pasado por la Oficialía Mayor del Poder Legislativo y hasta el momento no ha sido discutida por los diputados locales.

El documento de siete cuartillas, firmado por el mandatario estatal y por el actual contralor general del estado, Marcelino Mirando Añorve, quien en esa fecha se desempeñaba como secretario general de Gobierno, hace referencia a que las reformas y adiciones al código penal son para garantizar la protección de los derechos de las víctimas de abusos de autoridad.

El artículo 133 –ya con la propuesta de reforma– plantea que cualquier servidor público que detenga y mantenga oculta a una persona, o se entere de esta acción y lo permita, podrá ser encarcelado y cumplir una pena de 15 a 30 años.

También impone sanciones económicas de 300 a mil días de multa y la destitución e inhabilitación para el desempeño de algún cargo hasta por diez años.

La sanción, indica el documento, puede disminuir si el servidor público proporciona información que ayude a esclarecer los hechos.

Mientras que el artículo 289, expresa que se impondrán penas de 3 a 12 años de prisión al servidor público que torture de manera física y sicológica con el fin de obtener información o confesión.

En este caso, el delito de tortura se aplica a pesar de que los agentes que realicen esta práctica violatoria de los derechos humanos argumenten que existe inestabilidad política interna o urgencia para concluir una investigación.

Sobre la reparación del daño, se hace referencia a que se tendrá que sujetar a las reglas establecidas en el artículo 34 del Código Penal.

El artículo 139, se reforma y adiciona el delito de violación, ya que en la redacción original del artículo la violación no se considera delito y se agregó: “con fines lascivos”, indica el texto del gobernador del estado.

Esta es la iniciativa del Ejecutivo estatal que fue calificada por organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, incluso por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rómulo Reza Hurtado, como escueta y que no resuelve de fondo el problema de la desaparición forzada y tortura de personas.

No es garantía que los jueces sean nombrados por el Congreso, dice el juez español Andrés Ibáñez

Roxana Ibarra

El que los jueces sean designados por el Poder Legislativo, no es garantía porque a los Congresos llegan representantes de los partidos políticos y entre los partidos políticos se reparten a los jueces. El juez no debe estar inscrito en ningún partido político ni tampoco a sindicatos, aunque sí tienen derecho a asociarse, dijo el magistrado del Tribunal Supremo de España, Perfecto Andrés Ibáñez quien impartió la conferencia Estatuto de Juez y Ética de lo Jurisdiccional.

En la conferencia llevada a cabo la tarde del viernes en el salón de usos múltiples de la Universidad Americana de Acapulco, asistió la magistrada del Tribunal Electoral del Estado y ex presidenta del Tribunal Estatal Electoral (TEE), Virginia López Valencia, además de otros    magistrados y jueces del TEE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Además de abogados y estudiantes que llenaron el lugar.

El autor del libro Justicia/Conflicto y colaborador del diario El País dijo que no hay que tenerle miedo a la independencia judicial, a que los jueces puedan ejercer poder legítimo, aunque sí se les debe fijar límites rigurosos de legalidad, pues el juez no es un ángel y puede ser un demonio. “El juez deber actuar de forma tal que su poder esté dispuesto a dar la máxima efectividad a los derechos fundamentales. El juez es un sujeto situado, con conciencia de cuáles son sus opciones político culturales para prevenirse de parcialidad por esa razón”, agregó.

El ponente explicó que el juez debe actuar de forma autocrítica y autocontrolada para que sus prejuicios, sus actitudes, sus afinidades no le jueguen una mala pasada a él porque será parcial y sobre todo al justiciable.

“Me da risa cuando oigo que un juez que tenga posibilidades para incidir sobre las ilegalidades del poder anula las posibilidades de ejercicio de política democrática”, contó y señaló que entre los indiferente para el Derecho y el Código Penal hay un espacio más grande que la bahía de Acapulco, pensar que la política legítima, democrática, no tiene espacio y podría verse ahogada por la presión del juez en un contexto de legalidad exigente “me parece que es una broma”, pero que sin embargo es un argumento que se maneja y se blande.

En el presidium estuvieron el presidente del TSJ, magistrado Raúl Calvo Sánchez; la presidenta del TEE, magistrada Olimpia María Azucena Godínez Viveros; el presidente del TEPJF, magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo; el rector de la UAA, Israel Soberanis Nogueda y la directora de la casa de la Cultuta Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Susana Margarita Velasco Nava.