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Urgen colectivos a diputados a aprobar ley en materia de desaparición de personas

Colectivos de Chilpancingo en conferencia de prensa urgieron al Congreso de Guerrero la aprobación de la ley estatal en materia de desaparición de personas que entregaron para su discusión y en su caso aprobación en noviembre pasado. En la imagen, Hidery Guadalupe Jorge, Olga Mondragón, Carlos David Molina, Gemma Antúnez, María del Pilar Carbajal, Elianetad Alonso y María Luisa Garfias Foto: Jessica Torres Barrera

Colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Acapulco e Iguala demandaron al Congreso local aprobar la Ley estatal en materia de desaparición de personas, cuya iniciativa entregaron para su discusión, y en su caso aprobación, en noviembre pasado.
En conferencia de prensa en la capital, la presidenta del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez, denunció que han visto que de parte del Congreso local no hay interés por darle trámite a esa iniciativa, que trabajaron los diferentes colectivos del estado, y que de parte de la Secretaría de Gobierno no hay empatía con las víctimas.

Debe independizarse la Comisión Estatal de Búsqueda

Por otro lado, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, se pronunció por la independencia de organismos como la Comisión Estatal de Búsqueda, para la que pidió recursos suficientes a fin de que pueda desempeñar su trabajo eficazmente.
Algunos familiares de desaparecidos que participaron en la conferencia de prensa, expresaron que la iniciativa de ley que está archivada en el Congreso local, en caso de aprobarse, será una herramienta fundamental para la localización e identificación de sus familiares desaparecidos, así como para recibir los apoyos que por ley les corresponden.
Gema Antúnez exigió a los diputados locales, con quienes trabajaron los colectivos la iniciativa de ley, “que le den la importancia real que tiene el proyecto porque nuestros desaparecidos tienen derecho a ser buscados y lograr esclarecer la verdad de su desaparición”.
Informó que todos los colectivos de víctimas y organizaciones sociales tienen un objetivo común: que se apruebe la ley de desaparición de personas, en la que participó la Cruz Roja Internacional y algunos diputados de la actual legislatura.
Sin embargo dijo que aun con el gran equipo de trabajo, los familiares “vemos con gran tristeza que en el Congreso no hay ese interés porque este proyecto tenga resultados positivos”.
Explicó que el interés de los colectivos es que con esta ley las instituciones encargadas de apoyar a los familiares de las victimas tengan un mejor y mayor presupuesto, personal capacitado y que se busquen las estrategias para tener un banco de datos forenses, así como un sistema tecnológico informático para la investigación de personas desaparecidas y que realmente estén en la vanguardia e integrar un órgano de consejo ciudadano que esté vigilando los procesos de investigación y se mantengan informadas a las familias”.
Opinó que con ello se logrará que “este mal que aqueja a nuestro estado con tantas personas desaparecidas tenga mejores resultados”.
Informó que actualmente, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, en los últimos cinco años hay tres mil 800 personas desaparecidas en el estado, pero la cifra solamente es de las personas que logran poner la denuncia, porque no hay una estadística real, pero hay muchas familias que no denuncian.
Dijo que, en concreto, quieren una atención jurídica especializada de personal con capacitación y con habilidades y destrezas para la búsqueda de personas, “y lograr la localización de nuestros familiares, así como un mayor presupuesto para la eficaz operación de estas áreas y un mejor control de los datos forenses”.
Denunció que actualmente hay saturación de cuerpos que ya tienen muchos años y que no han podido ser identificados por la carencia de presupuesto.
Por ello exigió que realmente el Congreso tome en serio el proyecto de ley para que se garanticen recursos para estos organismos.
David Molina, del Colectivo Lupita Rodríguez, dijo que desde el 2018 que entró en vigor la ley federal en materia de desaparición forzada, el Congreso de Guerrero no ha legislado en la materia, a pesar de que desde el 4 de noviembre los colectivos, con el acompañamiento de algunos diputados locales, presentaron la iniciativa.
Urgió que dicha iniciativa de ley se apruebe, pues en ella se establece la independencia de los organismos que apoyan a los familiares de los desaparecidos, como la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), así como la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) y el Servicio Médico Forense que actualmente dependen de diversas secretarías.
Se quejó que la Secretaría de Gobierno no ha tenido la empatía con los familiares de las víctimas “y no destina los recursos necesarios para la búsqueda efectiva, eficaz y con personal capacitado”.
Además denunció que hay una crisis forense a nivel nacional y que Guerrero no es la excepción, agregó que en el estado, mientras el Semefo dependa de la Secretaría de Salud y no tenga los recursos necesarios, no va a agilizar la identificación humana.
Opinó que para agilizar el trabajo esta instancia debe depender de la Secretaría de Gobierno, como en otros estados, donde estas instancias dependen de la Secretaria de Gobierno “o son realmente independientes”.

Llaman a Evelyn a entender la magnitud del problema

Por separado, integrantes del Colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, se quejaron que a cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda no ha sido aprobada la ley local por parte de los diputados.
En conferencia de prensa en el atrio de la catedral de Cristo Rey, ubicada en avenida Universidad en Acapulco, la presidenta del colectivo, Emma Mora Liberato, dijo que es urgente una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para hacerle saber la magnitud del tema, y ejemplificó que la noche del martes para amanecer miércoles tres mujeres desaparecieron. “En ocasiones hay desapariciones de manera conjunta, es decir, que no solo desaparece una persona en ese momento sino hasta cinco”.
Indicó que en el grupo de respuesta inmediata, que se conformó el 24 de mayo del 2022, se hizo un corte de mayo al 9 de enero de este año donde se tienen registradas 209 personas desaparecidas en todo el estado, de las cuales fueron 149 localizadas vivas, dos muertos y donde el 80 por ciento de esa relación son mujeres entre los 19 y 25 años de edad.
Sobre la ley dijo que han hablado con los diputados, han hecho trabajo, los han hecho participe de lo que necesitan como familiares de personas desaparecidas “y que se necesita ser solventadas”.
Mora Liberato dijo que el dolor y sufrimiento de las familias en Guerrero “queremos ya un alto, que al menos tengamos ya otro dolor, de al menos saber dónde están. Uno de los temas que vienen dentro de la ley es saber y conocer quiénes son esas personas que están sin identidad en el panteón ministerial forense, en los semefos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, los de las fosas comunes, los que ha sido exhumados de las fosas clandestinas por diferentes colectivos y autoridades”.
La directora general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, criticó la “insensibilidad humana” y el desinterés de los diputados locales para legislar en materia de desaparición, luego de que en el periodo ordinario del Congreso local que concluyó este 15 de enero, no fue contemplada la iniciativa que fue elaborada por las organizaciones, y a cinco años de que a nivel nacional entró en vigor la Ley General de Desapariciones.
“A cinco años de la entrada en vigor de la Ley General, tristemente en Guerrero aún no se ha legislado en materia de desaparición, se cerró el periodo ordinario del Congreso y seguimos en el limbo”, dijo en declaraciones por teléfono la también vocera del colectivo en Iguala que aglutina a más de 500 familias de la región Norte que han sido víctimas de este delito
“Me duele ver la insensibilidad humana de las personas en el Congreso (diputados) que se supone están para impulsar iniciativas y que el pueblo sea favorecido y escuchado, y que se haga algo a favor del pueblo, pero tristemente volvemos a ver que nos dicen ‘pues no entró’”, declaró la directora de Los Otros Desaparecidos.
Destacó que como familiares de víctimas de desaparición les agobia y preocupa que nadie quiera darse cuenta de la situación que vive Guerrero, siendo uno de los estados más violentos, uno de los estados más pobres y uno en el que se han incrementado los casos de desaparición de personas (Karina Contreras, Zacarías Cervantes y Alejandro Guerrero).

 

Llama colectivo a destinar recursos para crear el Centro de Identificación Humana

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El representante del colectivo de desaparecidos de Chilpancingo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, pidió ayer a los diputados locales y al gobierno estatal que en el presupuesto del próximo año destinen recursos para la creación de un Centro de Identificación Humana, y mayor presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB).
Reprochó que a pesar de que Guerrero es uno de los estados con más desaparecidos en el país y estos vienen desde la llamada Guerra Sucia, no se cuenta con un Centro de Identificación Humana como ya los hay modernos y funcionales en Coahuila y Nuevo León, que tienen menos desaparecidos.
Lamentó que haya otros estados donde las cifras de desaparecidos son menores que Guerrero y estén más avanzados en cuanto a identificación humana, como por ejemplo Coahuila que cuenta con un Centro de Identificación Humana modelo a nivel nacional en cuanto al tratamiento de los cadáveres y que incluso trabaja también para los estados de Tamaulipas y Monterrey.
Explicó que en una reciente visita que realizaron a estas instalaciones, se percataron que el tratamiento de los cuerpos es diferente al que se da aquí: “los dividen, por un lado depositan los que no tienen tejido y por otro los que aún tienen tejido, pero están bien resguardados y protegidos y no huele nada”, dijo.
“Nos percatamos que tienen todas las áreas; rayos X, criminalística, medicina forense, odontología y tienen dos aparatos que son los fundamentales para realizar el perfil genético, a partir de la extracción de muestras del ADN”.
David Molina consideró que en Guerrero son necesarias unas instalaciones así, “primero porque Guerrero tiene una deuda histórica en cuanto a identificación debido a la Guerra Sucia, que no fue para menos, y, segundo, porque un gobierno que se dice de izquierda debería construir un Centro así, incluso, yo creo, que hasta otro en Atoyac”.
Pidió que además de presupuesto para unas instalaciones de este tipo, también se destinen más recursos para que la CEB realice con mayor eficacia su trabajo.
Declaró que le consta que el comisionado Arturo Solís Felipe, tiene ganas y voluntad de trabajar, pero que carece de los recursos suficientes, “me consta que a veces saca dinero de su bolsa para que se haga el trabajo en las búsquedas, pero no cuenta con personal suficiente”.
Denunció el riesgo al que ahora se enfrentan los representantes de los colectivos, pues recordó que ya van cinco asesinatos en el país, y alertó que si sigue la impunidad de los casos, dentro de poco “ya nadie va a querer buscar a sus familiares desaparecidos”.
Ello luego de que el 6 de noviembre la defensora buscadora María Carmela Vázquez Ramírez fue asesinada en Abasolo, Guanajuato. Ella pertenecía al Colectivo Personas Desaparecidas en Pénjamo y buscaba a su hijo Óscar Zuñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio de este año.
Antes fue asesinada Blanca Esmeralda Gallardo, del colectivo La Voz de los Desaparecidos Puebla, quien buscada a su hija Betzabé Alvarado de 24 años, desaparecida en la autopista México Puebla. Blanca fue asesinada el 4 de octubre pasado.
En tanto que Rosario Rodríguez Barraza, fue levantada el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, mientras integrantes de los colectivos marchaban en distintos estados del país. El cadáver de la presidenta de Corazones sin Justicia de Sinaloa, quien buscaba a su hijo Fernando Ramírez, fue encontrado al día siguiente.
Ana Luisa Gallardo del colectivo Ana Karen Vive de Morelos, fue asesinada en su local el 27 de enero en Temixco, Morelos. Ella buscaba a su hija Ana Karen Huicochea.
Brenda Jazmín Beltrán, de Guerreas Buscadoras de Cadáveres, de Cajeme Sonora, fue asesinada el 21 de julio y buscaba a su hijo Luis Heraldo Beltrán Jaime.