Ataques como el de Tixtla dejan a los ciudadanos en la indefensión, dicen organizaciones de Atoyac

 

Las organizaciones sociales quedan vulnerables ante los hechos de violencia que se están acentuando en la entidad, denunciaron organizaciones sociales en Atoyac, que lamentaron el asesinato de cuatro policías comunitarios de Tixtla.
La vocera de la coalición que incluye a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México (Afadem), del Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Coalición de Ejidos, Raíz Zubia y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Clemencia Guevara Tejedor, perteneciente a esta última organización, dijo que es preocupante la manera en que se está dejando a la ciudadanía en la indefensión, ante los ataques de los grupos de la delincuencia organizada.
Puntualizó que son los mismos políticos los que están encubriendo a los brazos armados de la delincuencia y se está dejando en la indefensión a los que critican y denuncian, como son las organizaciones sociales.
“En este caso fue en Tixtla, que fue la principal ciudad que se opuso a las elecciones en la pasada contienda electoral, donde se estaba creando el poder popular con la Asamblea Popular y el boicot que se hizo a las elecciones”, dijo.
Guevara Tejedor señalo que antes eran paramilitares los agresores del movimiento social, “hoy vemos que el brazo ejecutor del Estado ahora es la delincuencia organizada que está sembrando el terror, el miedo en el estado, por no hablar en el país, esto se está generalizando, la gota que derramó el vaso fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
Dijo que reprueban los hechos violentos en Tixtla, donde han querido quitarse el yugo que el Estado a puesto, “ahí vemos como los reprimen, están satanizando a los luchadores sociales como si fuéramos delincuentes, cuando los verdaderos delincuentes están protegidos por el mismo sistema de los tres gobierno y eso sí es preocupante; nos lástima que en Tixtla se estén dando estos hechos a unos días de que sea la elección”.
Cuestiona que, “casualmente”, donde se estaban dando alternativas fueron abatidos a balazos los policías comunitarios que, “no están muertos, seguirán vivos en los que estamos en las calles exigiendo justicia”.
Preguntó de qué sirve que el gobernador Héctor Astudillo haya anunciado con “bombo y platillo el orden y la paz, ¿Esa es la paz? que cada rato se escuchan disparos en Chilpancingo, en Chilapa, Eduardo Neri, ya no es libre uno de salir”.
Acusó que la misma iglesia, en vez de llamar a los luchadores a reconstruir el tejido social, convoca a que se busque a los delincuentes.
Dijo que lo que se tiene que hacer es una reconstrucción, “pero de todos; nos declaran la guerra como si nosotros el movimiento social fuéramos los verdaderos culpables, cuando son ellos, el Estado, que no pone un orden”.
Señaló que se está dejando a la ciudadanía en la indefensión al encerrar a policías comunitarias como Gonzalo Molina, de la CRAC de Tixtla, y ahora el asesinato de los policías de la Casa de Justicia La Patria Es Primero.
Demandaron unidad y justicia ante los hechos violentos en la entidad, y anunciaron que marcharán el 2 de diciembre en Chilpancingo.
Reconoció que les da temor, pero seguirán de frente luchando contra sus enemigos, los políticos de los que han denunciado sus actos, “pero alguien tiene que dar la cara, los luchadores sociales siempre hemos defendido al pueblo y seguiremos, aunque hoy declaremos y quizás mañana ya no estemos, no sabemos quién seguirá”.

Inician delincuentes el cobro de cuotas de fin de año a comerciantes de Ciudad Altamirano, dicen

 

Desde el pasado fin de semana, en Ciudad Altamirano la delincuencia organizada comenzó a cobrar la cuota anual de derecho de piso impuesta a los negocios en la Tierra Caliente durante los últimos cuatro años, sin que ninguna autoridad intervenga.
Jóvenes en moto, con una mochila al costado llegan a los negocios del centro de Ciudad Altamirano con un pedazo de papel en el que hay anotado un número telefónico al que les piden llamar para recibir indicaciones de lo que deben pagar, dijeron algunos locatarios vía telefónica.
El trato de los jóvenes que llegan a los negocios es amable. No dan más detalles de lo que piden, solamente que se comuniquen “de favor” al teléfono que les dan.
Los comerciantes de Ciudad Altamirano están acostumbrado a esta práctica. Durante los últimos cuatro años Los Caballeros Templarios impusieron una cuota a cada negocio, que varía de acuerdo al giro comercial, a su ubicación y a su tamaño.
En los últimos cuatro años, la Policía Federal y el Ejército han reportado por lo menos cinco detenciones relacionadas con los cobros de piso anuales. A los detenidos les han encontrado listados de nombres de negocios y cantidades. Los detenidos han sido procesados y más tarde liberados.
Aun así, no han impedido el pago de piso impuesto a los negocios por los delincuentes. En 2014, los comerciantes estimaron en una reunión de seguridad con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, que el 95 por ciento de los negocios pagan cuota, desde un comercio ambulante hasta las grandes tiendas.
Este lunes se observó a policías federales recorriendo todos los negocios de la avenida principal Lázaro Cárdenas, para levantar un censo y conocer a quiénes les están cobrando, así como las cantidades que piden.
A locales de venta de celulares les piden 50 mil pesos. Algunas farmacias reportaron solicitudes parecidas.
A partir de que reciben el número telefónico al que deben llamar par saber el monto del pago de piso, les dan un plazo para cobrar. El barrido de cobros continúa durante diciembre y enero, y de Altamirano sigue a Coyuca de Catalán, donde hacen lo mismo incluso con negocios cercanos a la base de la Policía Federal.

Se debe de investigar la irrupción de pistoleros a escuelas de Acapulco, llama la CETEG opositora

 

La integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora, Antonia Morales Vélez dijo que el gobierno estatal debe investigar a fondo la irrupción de hombres armados a las escuelas de Acapulco para determinar si fue la delincuencia organizada, además de que debe garantizar seguridad a los alumnos y maestros.
El jueves, hombres armados ingresaron a la primaria Plan de Ayutla, de Acapulco, en el horario vespertino, amenazaron al director con pistola en mano y lo despojaron de sus objetos personales, después huyeron del lugar.
Ese mismo día, según un padre de familia, hombres con armas largas llegaron en el turno vespertino a la primaria Artículo 27, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, dos entraron a las instalaciones para buscar al director mientras que otros dos se quedaron en la entrada de la escuela.
El viernes, a la secundaria técnica 200 Ángel Aguirre, de La Postal, ingresó un hombre para entrevistarse con el director, a quien le exigió una cuota de 10 mil pesos, y sustrajo equipo de cómputo de su oficina.
Consultada vía telefónica sobre las tres escuelas, Antonia Morales declaró que desconoce los detalles de los casos; sin embargo, señaló que es necesario que las autoridades hagan una investigación y determinen si los hombres armados forman parte de algún grupo de la delincuencia organizada, ya que “hay gente que se aprovecha de la violencia e inseguridad para extorsionar a las personas”.
Antonia Morales precisó que no descarta que se trate de criminales que buscan extorsionar a los directores en Acapulco, pero deben investigarse todas las situaciones posibles.
Antonia Morales declaró que, a los gobiernos estatal y municipal les corresponde hacer las averiguaciones de los tres casos, así como brindar seguridad para alumnos y maestros en las escuelas, “nosotros (los integrantes de la CETEG) vamos a pedirle a las autoridades que haya seguridad”.

Anuncia la CETEG opositora una jornada contra la evaluación del Servicio Profesional Docente

Por otra parte, Antonia Morales anunció que la CETEG opositora llevará a cabo una jornada estatal contra la evaluación del Servicio Profesional Docente el próximo fin de semana en Acapulco para evitar que se aplique el examen.
De acuerdo con los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) que aplicó la Secretaría de Educación Pública (SEP), este año en el nivel de Educación Básica, seis de cada 10 alumnos que concluyeron la primaria en junio pasado, no saben resolver problemas matemáticos elementales y cinco de cada 10, sólo pueden leer textos sencillos.
Planea fue elaborada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en sustitución de la prueba ENLACE que dejó de aplicarse en 2013; según el INEE las escuelas privadas obtuvieron mejores resultados que las públicas.
Al respecto, Antonia Morales dijo que los resultados de la prueba Planea son parte de la estrategia del gobierno federal para privatizar la educación, “lo que tratan (de hacer las autoridades) es denostar a las escuelas públicas, no les interesa la educación pública, y cuentan con todo lo necesario para poder denostar a los maestros, pero nosotros vamos a seguir firmes y no nos vamos a presentar a la evaluación”.
Por último, Antonia Morales informó que el próximo viernes 13 de noviembre, iniciará en Acapulco la jornada estatal contra la evaluación del Servicio Profesional Docente con una marcha-plantón en el entronque de la autopista Metlapil y el bulevar de Las Naciones, a las 10 de la mañana.
De acuerdo con Antonia Morales, la evaluación del desempeño del Servicio Profesional Docente se aplicará el 14 y 15 de noviembre, por lo que en esas fechas también habrá actividades para impedir que se haga el examen, las cuales se determinarán el próximo viernes al concluir la marcha en Acapulco.

Frente a la delincuencia organizada “vamos lentos”: Zeferino Torreblanca



Teresa de la Cruz Chilpancingo

El gobernador del estado Zeferino Torreblanca Galindo rechazó ayer aquí que el crimen organizado haya rebasado a las autoridades de Guerrero; indicó que lo “mismos se dan los granadazos en Baja California que en Tamaulipas”.
Dijo: “en lugar de festinar o buscar lucrar en algunos casos con el tema de la inseguridad, el llamado respetuoso a las fuerzas políticas y a los actores políticos y sociales es que encontremos alternativas juntos; el gobierno no rehúye su responsabilidad y que va a seguir de frente sin actitudes valientes, sino simplemente de inteligencia y de responsabilidad histórica de salvaguardar la seguridad de una sociedad que demanda eso”, indicó.
Aceptó que frente a la delincuencia organizada “vamos lentos, apenas hemos capacitado a 25 elementos en Veracruz, y tenemos que ir con mucho mayor velocidad, para que finalmente no caigan en las prácticas recurrentes de investigación a la vieja usanza”.
Insistió en que en lugar de “verle el negrito en el arroz al México Seguro, se debería destacar los resultados del programa, y repito, pero cuando alguien se decide hasta en los países más seguros como en Suecia, donde mataron a su primer ministro (en 1989), Olof Palme”.
Torreblanca dijo sin precisar fecha que en una próxima sesión del grupo Coordinación Guerrero, evaluarán cuántos agentes de la Policías Federal Preventiva (PFP) se requieren para reforzar la seguridad en la entidad a través de “células mixtas” y cuántos de éstos podría proporcionar la federación.
Dijo que por el momento está conciente de que no puede hablar de una cantidad en específico, puesto que “el problema de la delincuencia organizada no sólo se presenta en Guerrero, sino en diferentes partes de la República Mexicana; lamentablemente lo mismo demanda Baja California, Tamaulipas, lo mismo para casos como el de Lázaro Cárdenas o como el que hoy vimos está tarde en la zona de Texcoco, en la ciudad de México”, en relación al enfrentamiento entre policías y comuneros de San Salvador Atenco.
El gobernador reveló que se acordó en el grupo Coordinación Guerrero que los nuevos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), pasen “a través del tamiz que tiene la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal”.
Sobre si se está viviendo en Guerrero la peor etapa de inseguridad, Torreblanca contestó que los acontecimientos violentos que han ocurrido “es que son enfrentamientos entre grupos delincuenciales; están bien focalizados, en acciones de esta naturaleza, son acciones que tiene que ver con consumo, con tránsito y con la organización delictuosas, en lo que se refiere a estupefacientes, en lo que se refiere al consumo, en lo que se refiere al narcomenudeo”, insistió.
Dijo que no por eso dejan de ser preocupantes, “le preocupan a mi gobierno, se ocupa y por eso estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para generar mejores policías; y no es para presumirlos, que los últimos enfrentamientos que se dieron en Tecpan, que se dieron en Vallecitos (de Zaragoza) y que se dieron aquí en Chilpancingo que culminó en el vecino municipio de Eduardio Neri, es el resultado de la presencia de los cuerpos de seguridad en el estado”.
Recordó que los “granadazos” ya venían ocurriendo desde la administración anterior “pero que se han venido agudizando en la medida en que grupos delincuenciales están peleando las plazas de narcomenudeo, que se ha convertido en una guerra de espacios, en una guerra de los pequeños espacios del narcomenudeo, que lamentablemente sigue creciendo el consumo con cifras alarmantes y con cifras que nos deben de preocupar al gobierno y a la sociedad”.
Insistió en que no comparte la idea de que el Ejército mexicano “deba de hacer labores policiacas”, porque “le toca salvaguardar la soberanía del Estado”.
A pregunta de un reportero, sobre la petición del candidato a senador por el PRD, David Jiménez Rumbo de tener protección para los candidatos ante el clima de inseguridad que prevalece en la entidad, Torreblanca contestó que “debemos de reforzar la seguridad de todos y ojalá y pudiéramos evitar que inclusive el gobernador tuviera seguridad y que los funcionarios no tuviéramos seguridad y que llegáramos al ideal de que pudieran transitar libremente y que no tuviéramos que requerir de trato especial y privilegiar a los candidatos”.
Dijo que espera que sea la sociedad quien actúe como una “especie de blindaje o escudo para todos los candidatos y candidatas que aspiran a puestos de elección popular”.