Le dan un espacio dentro de un plantel a la supervisión 7 de secundarias de Costa Grande

 

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El inspector de la supervisión escolar 7 de las secundarias técnicas de Zihuatanejo y Petatlán, Humberto García Soberanis, dio a conocer que fue atendido por el subsecretario de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, para responder a la solicitud de un espacio donde ubicar las oficinas de esa instancia.
La semana pasada, García Soberanis, junto con algunos trabajadores de esta supervisión, iniciaron sus labores de este ciclo escolar en la plaza Libertad de Expresión, ubicada en el centro de este puerto, debido a que no tienen una oficina y la SEG no había dado una respuesta a la solicitud de que les asignen una, luego de que fueron desalojados por el gobierno municipal de las instalaciones que ocuparon durante 12 años.
Este lunes, vía telefónica, el inspector dio a conocer que el subsecretario Ricardo Castillo le informó la semana pasada, luego de su manifestación en la plaza Libertad de Expresión, que hay un espacio disponible dentro de la secundaria técnica 52 Caritino Maldonado, ubicada en la colonia El Embalse, donde se pudiera construir la oficina de la supervisión escolar, “pero el detalle es que no hay recursos presupuestales y en las escuelas no se construyen oficinas, sólo aulas”.
“Entonces, dadas las circunstancias, vamos a instalarnos cuando menos en la barda de la escuela. Vamos a hacer un cobertizo rústico provisional y nos vamos a trasladar a la escuela. Hay algunos maestros que están un poco renuentes, porque muchas de las veces ven a la supervisión como una instancia que va a perturbar su tranquilidad, sobre todo aquellos que son impuntuales, que no cumplen con ciertas cosas. Pero pienso que lo de ellos es algo que se puede superar”.
Agregó que este lunes se encontraba en Chilpancingo, para entrevistarse con el subsecretario y “que pueda apoyar a la escuela con la construcción de un edificio, que están solicitando para ocho aulas. Entiendo que el director ya solicitó al IGIFE que se construya y que ya fueron a hacer los estudios y medidas, que al parecer será una de las obras que harán en 2024. Entonces, esperamos que cuando esas aulas se construyan, nos puedan ceder una de las viejitas, que están pegadas a la barda, para poder darle el acceso a quienes hagan trámites en la supervisión”.
“El subsecretario ha mostrado buena disposición para apoyarnos en la supervisión. Confiamos en que tendremos una buena respuesta de su parte y de sus buenas gestiones ante el IGIFE, mientras tanto, vamos a trabajar ahí, pegados a la barda de la escuela secundaria”, apuntó.

 

Presentan comerciantes desalojados del mercado viejo de Ayutla una queja ante la Codehum

Chilpancingo

Comerciantes desalojados el martes del antiguo mercado de Ayutla, presentaron este jueves una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) por lesiones, abuso de autoridad, amenazas y prepotencia, en contra de la presidenta municipal del PVEM, Hortensia Aldaco Quintana.
La queja fue presentada, además, en contra del director de Seguridad Pública, Jesús Castro Apreza; el comandante de la Policía Municipal, Martín Ramos Morales, el director de Obras Públicas, Moisés Sánchez Guzmán, y el director de Protección Civil, Reveriano Flores.
Mientras el grupo de comerciantes, encabezado por Eneida Lozano Reyes y Honorina Neri, presentaba en esta capital la queja, en Ayutla, otro grupo de comerciantes fue encerrado en la zona del antiguo mercado, ubicado en el centro de la cabecera municipal, por órdenes de la alcaldesa, según denunciaron vía telefónica.
Los comerciantes habían decidido quedarse desde el martes en sus locales para evitar que se los destruyeran como medida de presión para obligarlos a trasladarse a las nuevas instalaciones, construidas a la salida hacia Cruz Grande, y a donde no se quieren ir por los daños que tuvo el inmueble durante el sismo del 19 de septiembre pasado.
Denunciaron que la alcaldesa ordenó ayer que les cerraran todos los accesos al antiguo mercado, y en el interior se quedaron encerradas alrededor de 50 mujeres, hombres y niños.
En Chilpancingo, Honorina Neri denunció ante la Codehum que el martes la Policía Municipal y empleados del Ayuntamiento golpearon a unas 20 mujeres que se negaron a abandonar el viejo mercado. “Nos golpearon con toletes y escudos” dijo.
Otras comerciantes denunciaron que los funcionarios y policías también cometieron atracos durante el desalojo, a Eneida Lozano le quitaron su celular y su monedero con 2 mil pesos, y Amada Morales acusó que a ella le robaron 5 mil pesos que llevaba en su bolsa para comprar carne para su negocio. Dijo que a otras de sus compañeras los policías les quitaron cadenas y esclavas de oro.
Honorina denunció que los policías llegaron como a las 8 de la mañana encabezados por la propia presidenta municipal Aldaco Quintana, quien gritó: “¡se acabó la tolerancia, sáquenlos a todos!”. Informó que con Aldaco Quintana iban unos 30 policías municipales y un igual número de funcionarios y empleados del Ayuntamiento, quienes arremetieron en contra de los locatarios, la mayoría mujeres que se colocaron al frente.
Contó que la presidenta municipal quiere que le dejen el espacio porque tiene el proyecto de construir una plaza cívica “según porque quiere el desarrollo y la modernización de la cabecera municipal”.
Dijo que le han dicho que no es que se opongan al desarrollo, pero que tuvieron un acuerdo de que se cambiarían al nuevo mercado hasta que les dieran a conocer el dictamen de la revisión que pidieron, porque el nuevo edificio tuvo cuarteaduras durante el sismo del 19 de septiembre, “queremos que nos digan en qué condiciones están las instalaciones para que nos vayamos sin temor a riesgos”.
Pero dijo que la presidenta no les ha entregado la copia y que solamente les ha leído, “de lejos”, un oficio sin mostrarles el contenido.
La comerciante también denunció irregularidades en la distribución de los locales. Dijo que, de los 400 puestos solamente unos 200 fueron entregados a los auténticos comerciantes, y el resto se repartió entre los allegados a la presidenta municipal a la que le tocaron siete, y otros fueron entregados a los miembros de siete comités. Aseguró que hay integrantes de estos comités que se quedaron hasta con 23 locales, y otros con 12.
Explicó que estos locales los están vendiendo o rentando, mientras que unos 200 comerciantes del antiguo mercado se quedaron sin sus puestos.
Añadió que el problema es que ahora que fueron echados de las antiguas instalaciones, ya no tuvieron a dónde irse y se llevaron su mercancía a sus casas. “Hubiera visto, la noche del martes, a muchos no les quedó más que llorar”, dijo después de que presentaron la queja ante la Codehum.
Honorina denunció que también recibieron amenazas directas de la presidenta municipal, contó que la encontró el miércoles y la increpó, “tú eres la revoltosa, que chula te ves, vergüenza te había de dar cómo gritaste ayer (el martes) en el mercado viejo”.
Añadió que le contestó que sólo exigió que le respetaran sus derechos y los de los otros comerciantes, pero la alcaldesa le reprochó, “que ejemplo le pones a tus hijos. Cuida bien tu local, ¿eh?”. Honorina declaró que lo último le sonó a amenaza.
A su vez, Eneida Lozano, comadre de Aldaco Quintana, explicó que ella no tiene local en el mercado, pero que tiene cuatro comercios en las calles aledañas al antiguo centro de abastos; dos tortillerías, un restaurante y un negocio de venta de juguetes.
Informó que se solidarizó el martes con los comerciantes a los que aún no les han entregado sus locales y que aun así los estaban desalojando. Aclaró que se sumó, además, porque también sale perjudicada con los trabajos de la construcción de la plaza cívica, puesto que al abrir las calles con la maquinaria, obligadamente tiene que cerrar sus negocios, “¿y quién  me va a pagar a mí y a mis empleados el tiempo que duren cerrados?”, preguntó.
Informó que habían tenido un acuerdo con la presidenta municipal, de que la obra se construiría por etapas para no afectar a los comerciantes que tienen negocios en las calles que ya se están abriendo, pero el Ayuntamiento ya abrió todas las calles alrededor de lo que era el mercado, y están obligando a cerrar sus negocios a los propietarios establecidos en la zona.
Eneida reconoció que el martes les pidió a los comerciantes del mercado que no se salieran en tanto que el Ayuntamiento no les entregara sus locales en el nuevo mercado, además del dictamen de la revisión que le pidieron, “porque la presidenta luego no cumple sus compromisos”, les dijo.
Añadió que esto molestó a Aldaco Quintana, quien le reclamó, “lo de usted ya es personal conmigo, comadre”. Para Eneida, el reproche de la presidenta municipal es una amenaza, a pesar de que le explicó que su participación en el movimiento no es en contra de ella, sino de la autoridad, y que lo mismo hubiera hecho si no fuera ella la alcaldesa, porque considera que es una arbitrariedad lo que se está cometiendo.

Declaran testigos que los desalojados en Metlapil festejaban a la Santa Cruz

Nunca pretendieron apoderarse del predio, dicen

Jorge Nava Testigos que acudieron a declarar a favor de los doce procesados por el caso de la invasión de un predio propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), señalaron que todos acudieron a una fiesta de la celebración del día de la Santa Cruz y que en ningún momento pretendían apoderarse del terreno.

La diligencia se efectuó en la segunda secretaria de acuerdos del juzgado octavo penal, adonde acudió el perredista Juan Carlos Muñoz Leal, y los colonos Deyanira Calixto Galeana, Antonia Romero Segura, Angélica Leal Magallón y Reyes Navidad González.

De acuerdo con Muñoz Leal, las declaraciones de los testigos se hicieron a favor de los procesados Marcelo Villanueva Genchi, Miguel Angel Arteaga Hipolito, Vidal Herrera Cruz, Policarpo Chavez García, Gabriel Leal Alvarez, Timoteo Barrientos Vinalay, León Felipe Leal, Miguel Angel de la Cruz Zavaleta, Inocencio Navidad González y Concordio Jacobo Sánchez.

Los procesados fueron asistidos por el defensor de oficio, Fanuel Lorenzo Alonso, y en la diligencia los testigos señalaron que en ningún momento los detenidos intentaron apoderarse del predio.

Señalaron que ese terreno de 14 hectáreas siempre ha sido ocupado por la gente porque hay un pozo de agua, donde todos van a lavar, además de que se realizan bodas, 15 años, y otro tipo de eventos sociales, de los habitantes de Metlapil.

Agregaron que incluso se encuentra todavía la cruz a la que le rezaron ese día del festejo.

Por su parte, el fiscal, Héctor Alarcón Alemán, manifestó al secretario de acuerdos José Luis Ubaldo Valente que asentara en el expediente al juez, Víctor Alejandro Arellano Justo, que no se le diera crédito probatorio a ninguno de los testigos porque no reunían los requisitos de probidad que marca el artículo 127 del Código Procesal Penal.

En el caso, algunos testigos del desalojo que efectuaron policías ministeriales, preventivos del estado y del municipio, detuvieron a gente que fue al lugar a hacer otras cosas, como el caso del vendedor de agua de coco, Miguel Angel Arteaga que acudió a ese sitio a comprar cocos y resultó que lo detuvieron.

En la diligencia, el fiscal cuestionó a Juan Carlos Muñoz, sobre qué andaba haciendo allí, porqué razón se encontraba en esa fiesta, sí conocía a los detenidos, a lo que argumentó que es asesor legal de algunas personas, que incluso es muy conocido allí.

Afirmó que a otros detenidos los conoció en los separos de la Policía Ministerial, pero que en su caso lo dejaron en libertad bajo las reservas de ley y por faltas de pruebas en su contra.

Explica la demanda ante el MP contra 26 desalojados del predio de Metlapil

Los policías tienen derechos, por eso metimos la denuncia: López Rosas

Magdalena Cisneros El alcalde Alberto López Rosas dijo que el Ayuntamiento presentó la denuncia en el MP contra los 26 detenidos en el desalojo en Metlapil, porque “cada policía es un ser humano que tiene sus derechos garantizados, no puedo impedir que al verse lesionados, agredidos, actúen como personas agraviadas; están en su derecho y espero que esta etapa se supere”.

Consultado después de la entrega de camionetas Pick up a policías de la Secretaría de Protección y Vialidad, López Rosas insistió que apoyarán estas acciones si el gobierno municipal es requerido por la autoridad competente.

“En ese sentido, el gobierno municipal se deslinda de la forma en que se planeó la operación, sólo fuimos en apoyo y seguiremos actuando aunque no seamos los responsables directamente, siempre y cuando haya una denuncia formal”, indicó.

Ayer por la mañana, Alberto López Rosas entregó 25 camionetas Pick up a la Secretaría de Protección y Vialidad, con un costo de 3 millones 200 mil pesos, además                   anunció que en unas semanas darán los uniformes a los policías y que ya está en trámite la adquisición de armamento –para el cual ya se depositaron 5 millones de pesos– para “estar a nivel y combatir la delincuencia”.

A los policías que estuvieron en la explanada de la dependencia pidió estricto cumplimiento a los principios de disciplina, porque en una dependencia donde está como principio fundamental la disciplina y se rompe “se vulnera la autoridad y no hay quien garantice a la sociedad su seguridad y tranquilidad”.

Precisó que así como exige disciplina también cuida que los policías no sean sujetos de acciones arbitrarias o de excesos, “por lo mismo sabremos que se buscarán equilibrios para que sus derechos estén garantizados”.

En declaraciones con reporteros, indicó que luego del exhorto del síndico Fernando Donoso a policías para que denuncien si les venden uniformes, se designará una persona de la sindicatura para vigilar la entrega de los uniformes y reporte cualquier anomalía.

Por su parte, Valenzuela Valdés explicó que las camionetas aumentarán el número que tiene la dependencia, pues actualmente hay 60 vehículos, además de 35 que están en reparación y seis que serán dados de baja.

Al acto asistieron el síndico procurador Fernando Donoso Pérez; los secretarios de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdés; Finanzas, Fernando Aragón Gómez; el secretario Francisco Javier Larequi Radilla; el subsecretario de Finanzas, Adrián Alarcón; el director de la Policía Preventiva, Roberto Abizaid Gracián, y el presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Manuel Muñuzuri.