Ante el incremento de las muertes de mujeres en la entidad, la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, denunció que los feminicidios en Guerrero son un problema de derechos humanos, de salud pública, de justicia y un problema de carácter social.
Señaló que el problema persiste, no obstante que entre varias acciones hay una ley general y otra ley local de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que se decretó una Alerta de Violencia de Género en Guerrero y se diseñó un programa de atención para el seguimiento de la declaratoria.
En lo que del año se ha documentado 94 casos de homicidios dolosos contra mujeres, con presunción de feminicidio.
“A las mujeres las siguen matando y se observa que hay impunidad ante estos graves hechos, que hay una ausencia de la reparación integral del daño para ellas y su familia, principalmente, para sus hijas e hijos menores de edad, a quienes se les trunca de manera violenta todo su proyecto de vida, su bienestar y desarrollo integral, al que todo niño y niña tienen derecho”.
La activista fue consultada sobre la última racha de asesinatos de mujeres, donde el viernes hubo dos casos en Tlapa: una mujer muerta en un hospital tras ser agredida en su domicilio, y otra hallada en la carretera dentro de un bolsa; así como la ejecución de una mujer en Chilpancingo, en una calle céntrica de la ciudad, y el asesinato de una mujer más en Acapulco.
Recordó que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Guerrero, emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, dice que de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se debe diseñar un plan individualizado de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres y/o feminicidios.
También establece que, para estos efectos, se deberán considerar los estándares básicos en materia de reparación del daño, reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guerrero.
En este mismo sentido, dijo que la Ley 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 14, señala que las medidas de reparación integral serán las de restitución, rehabilitación, compensación y no repetición de hechos, entre otras.
Pero en 2018 se han contabilizado 94 casos documentados de homicidios dolosos contra mujeres, con presunción de feminicidio, “mujeres que en su mayoría se encontraba en edad reproductiva y muchas de ellas tenían hijos. En este sentido, una vez iniciada la carpeta de investigación de los casos, debería estarse dando seguimiento por las autoridades competentes. Pues no hay un seguimiento puntual, ni una articulación interinstitucional para dar atención integral a las hijas e hijos de víctimas de esto casos. Lo cual deja a los menores de edad en total desamparo, riesgo e indefensión”.
Destacó el caso de la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, de 25 años de edad, asesinada por su pareja en Taxco en enero, que dejó a dos menores, uno de seis y una niña de cuatro años de edad. De Gladis, de 30 años, asesinada en febrero de este año por su pareja en Tlalchapa, quien dejó a una bebé de ocho meses.