Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El delito de extorsión en Guerrero ha crecido poco más de 80 por ciento en los últimos siete años, de acuerdo con cifras oficiales, lo cual responde a un vínculo estrecho entre las autoridades de gobierno y los grupos criminales, advierten especialistas entrevistados por El Sur.
“El delito de extorsión en Guerrero es demasiado grave. Estamos hablando de dos Estados: en primer lugar, el oficial-constitucional-jurídico, con autoridades establecidas; pero, en segundo lugar, hablamos de un Estado paralelo, criminal.
“Desde hace mucho tiempo existe una relación y connivencia entre los grupos delictivos y las élites políticas estatales, situación que se agravó con la llegada del nuevo gobierno al estado, con la gobernadora” Evelyn Salgado, expone Leopoldo Rodríguez Aranda, director general de Consultores en Gerencia Pública (Gesec), firma especializada en el análisis de seguridad y otras políticas públicas.
Los registros oficiales respaldan el análisis de Rodríguez Aranda. La cifra de delitos de extorsión ha crecido de manera constante. En el periodo 2015-2020 se pasó de 144 a 241 reportes de extorsión. Al cierre del año pasado hubo un nuevo repunte: se llegó a 260, de acuerdo las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así, este delito en particular alcanzó el 80.5 por ciento entre 2015 y 2022. “Ya ha habido noticias e informes sobre las extorsiones en Guerrero. El año pasado, por ejemplo, se habló de lo que pasaba en las pollerías. Incluso hubo un desabasto, particularmente en Chilpancingo e Iguala”, contextualiza Rodríguez.
Sin embargo, dice, esa apenas muestra una parte del problema; fue “una pequeña perla de todo el baúl de situaciones que ocurren en la entidad” porque la situación ahí se ha generalizado”.
Ahora, enfatiza, no existe sector de la economía formal e informal que no esté invadida por la extorsión. Afecta a todo mundo, “desde los comerciantes más básicos, aquellos que venden tamales o paletas, a quienes se les pide una cuota, hasta comerciantes bien establecidos, del sector empresarial”.

Alianzas criminales y extorsión en todas partes

El “muy estrecho” vínculo entre autoridades de gobierno y el crimen organizado siempre ha existido. “Se trata de alianzas que benefician a los dos grupos”, coincide por separado José Luis Cisneros, especialista en seguridad e investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
Aunque, dice, en la actual administración se ha formado “un vínculo más fuerte”. Ahí está el caso del grupo criminal Guerreros Unidos, por ejemplo. “Después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el grupo criminal aparentemente se desarticuló, pero lo que realmente sucedió es que algunos de sus ex integrantes se aliaron con otros grupos de la sierra ante el fuerte avance de La Familia Michoacana”.
Lo que sucedió, según el análisis de Cisneros, es que estas nuevas alianzas se extendieron por todas las regiones del estado “y empezaron a tener control en las presidentes municipales, en los cabildos y hasta en la gubernatura”.
Las extorsiones se han ido multiplicado por todos lados. Y eso es así, explica, porque es una forma de control de estos grupos criminales. “Hoy podemos decir que el delito se ha generalizado. En el comercio y el turismo, pero también en la vida cotidiana. Es bárbaro lo que ha sucedido”, advierte el investigador universitario.

“En manos del crimen
organizado”

La extorsión en Guerrero se encuentra extendida y está en manos de varios grupos criminales. Todos los días se registran homicidios en la entidad; a veces como resultado de la disputa entre esas bandas delictivas, pero en otros casos como consecuencia de las extorsiones. “Son personas que se niegan a pagar o que no tienen para pagar y las asesinan, en sus negocios o domicilios”, menciona Leopoldo Rodríguez.
Otros fenómenos sociales son producto también de las extorsiones. Uno de ellos es la migración. El desplazamiento ocurre de forma generalizada. “Sucede sobre todo en Chilpancingo, Iguala y Taxco, las ciudades con mayor población y comercio, después de Acapulco. Muchos empresarios y negocios cierran cortinas y se mudan de la zona”.
El director de Gesec señala que en Iguala se exige a los taxistas una cuota diaria. “La entregan al líder de taxistas, y éste, a su vez, la entrega al grupo delictivo que controla. Eso pasa con todos negocios, hasta en las tortillerías. Y mucho en cantinas. En las cervecerías establecidas formalmente y también en las clandestinas”.
En caso de que las personas se nieguen o no puedan pagar, el modus operandi consiste en disparar al comercio. “Llegan y balean, aun con comensales. Lo hacen para presionar y como una muestra dirigida a la persona directamente afectada y a toda la zona”.
La extorsión pone en peligro la vida de las víctimas, quienes, ante las amenazas de muerte, difícilmente denuncian. “No hay manera. La estructura criminal conoce todo sobre los extorsionados. Éstos no tienen forma de escapar”.
Generalmente, detalla Rodríguez, quienes efectúan los cobros son personas jóvenes y no las verdaderas cabezas de las organizaciones. Por eso, las detenciones de los cobradores no afectan a las estructuras criminales. Las organizaciones y las represalias siguen.
Las actividades criminales han llegado a ser tan predominantes en muchas zonas del estado que la presencia de estos grupos también incide directamente en el ámbito de la política formal.

Fuerzas armadas con rol “meramente testimonial”

En las elecciones de 2021 ocurrió una situación “muy grave” a los ojos de Rodríguez Aranda. “Los grupos delictivos determinaban las horas, momentos y lugares en que podían hacer campaña los candidatos. Controlaron la agenda”.
Esto ilustra un problema aún peor porque se habla de un territorio con una autoridad formal establecida, “pero en términos de seguridad, en este caso de la extorsión, la autoridad está fuera del ámbito, no opera”.
En otras palabras, remarca, no es la autoridad, pero sí el crimen organizado el que controla la seguridad de los estados y los municipios. “La Guardia Nacional, Ejército y la Marina son invisibles. Cuando hay actos de violencia, llegan después de que ya sucedió, pero su papel es meramente testimonial”.
La situación de Guerrero, puntualiza el consultor en seguridad, se encuentra “en manos del crimen organizado”. E identifica tres premisas clave: una, la autoridad evita tratar el tema de seguridad de forma pública. Dos, existe un abandono de las instituciones de seguridad, cuyo control recae en la delincuencia organizada. Y tres, las autoridades están rebasadas. En el mejor de los casos, hacen caso omiso; en el peor, se someten a estos grupos.
Si el problema ya era grave antes, hoy es más serio, pues hay “un gobierno plenamente coludido con estos grupos”. A su juicio, la autoridad no interviene porque tiene pacto con las organizaciones criminales o está sometida. Y tampoco posee la capacidad técnica ni operativa para hacerlo. “Si no es un estado criminal, sí es una entidad donde la línea que divide a los grupos delictivos y quienes gobiernan es inexistente”.

Actuar y recuperar la confianza de la gente

–¿Es posible revertir la situación? –se le pregunta a José Luis Cisneros.
–Campesinos y otros ciudadanos se han organizado como grupos armados, de autodefensas, para poner freno a esto. La única posibilidad es que desde el gobierno federal se intente someter a control a estos grupos, pero no se ve claro. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido coludidas y penetradas como cualquier fuerza de seguridad en México. En algunos casos había contención, pero hoy es más fuerte la situación.
Es lamentable lo que sucede en México, insiste el especialista, “no sabemos qué va a pasar. La única forma es que el Estado mexicano retome su papel. Ha perdido el control; se halla en manos del crimen organizado. Eso es muy peligroso”.
–¿Qué se requiere?
–Primero, que se reconozca el problema. Hace días fueron a balear la casa del presidente municipal de Iguala, pero no se publicaron notas sobre eso. La delincuencia también controla lo que se publica en los medios a través de amenazas a los periodistas.
“El dato del aumento de extorsiones –continúa Leopoldo Rodríguez– no refleja el profundo terror y miedo que vive la población en el estado. Mientras la autoridad local no reconozca que hay una situación grave, será difícil avanzar.
“Después tendría que venir la acción de la autoridad. Dar el manotazo en la mesa. Se tiene que hacer. Hacer uso de la fuerza e intervenir en la reconstrucción de las instituciones de seguridad y de la cohesión social. Es decir, reconstruir para que la población tenga confianza en la autoridad”.