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Creció un 80.5% la extorsión en Guerrero en los últimos siete años, advierten expertos

Locatarios del Mercado Central de Acapulco, con algunas de las pertenencias que lograron rescatar del incendio que consumió una gran parte de la nave mayor la madrugada del lunes Foto: Carlos Carbajal

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El delito de extorsión en Guerrero ha crecido poco más de 80 por ciento en los últimos siete años, de acuerdo con cifras oficiales, lo cual responde a un vínculo estrecho entre las autoridades de gobierno y los grupos criminales, advierten especialistas entrevistados por El Sur.
“El delito de extorsión en Guerrero es demasiado grave. Estamos hablando de dos Estados: en primer lugar, el oficial-constitucional-jurídico, con autoridades establecidas; pero, en segundo lugar, hablamos de un Estado paralelo, criminal.
“Desde hace mucho tiempo existe una relación y connivencia entre los grupos delictivos y las élites políticas estatales, situación que se agravó con la llegada del nuevo gobierno al estado, con la gobernadora” Evelyn Salgado, expone Leopoldo Rodríguez Aranda, director general de Consultores en Gerencia Pública (Gesec), firma especializada en el análisis de seguridad y otras políticas públicas.
Los registros oficiales respaldan el análisis de Rodríguez Aranda. La cifra de delitos de extorsión ha crecido de manera constante. En el periodo 2015-2020 se pasó de 144 a 241 reportes de extorsión. Al cierre del año pasado hubo un nuevo repunte: se llegó a 260, de acuerdo las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así, este delito en particular alcanzó el 80.5 por ciento entre 2015 y 2022. “Ya ha habido noticias e informes sobre las extorsiones en Guerrero. El año pasado, por ejemplo, se habló de lo que pasaba en las pollerías. Incluso hubo un desabasto, particularmente en Chilpancingo e Iguala”, contextualiza Rodríguez.
Sin embargo, dice, esa apenas muestra una parte del problema; fue “una pequeña perla de todo el baúl de situaciones que ocurren en la entidad” porque la situación ahí se ha generalizado”.
Ahora, enfatiza, no existe sector de la economía formal e informal que no esté invadida por la extorsión. Afecta a todo mundo, “desde los comerciantes más básicos, aquellos que venden tamales o paletas, a quienes se les pide una cuota, hasta comerciantes bien establecidos, del sector empresarial”.

Alianzas criminales y extorsión en todas partes

El “muy estrecho” vínculo entre autoridades de gobierno y el crimen organizado siempre ha existido. “Se trata de alianzas que benefician a los dos grupos”, coincide por separado José Luis Cisneros, especialista en seguridad e investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
Aunque, dice, en la actual administración se ha formado “un vínculo más fuerte”. Ahí está el caso del grupo criminal Guerreros Unidos, por ejemplo. “Después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el grupo criminal aparentemente se desarticuló, pero lo que realmente sucedió es que algunos de sus ex integrantes se aliaron con otros grupos de la sierra ante el fuerte avance de La Familia Michoacana”.
Lo que sucedió, según el análisis de Cisneros, es que estas nuevas alianzas se extendieron por todas las regiones del estado “y empezaron a tener control en las presidentes municipales, en los cabildos y hasta en la gubernatura”.
Las extorsiones se han ido multiplicado por todos lados. Y eso es así, explica, porque es una forma de control de estos grupos criminales. “Hoy podemos decir que el delito se ha generalizado. En el comercio y el turismo, pero también en la vida cotidiana. Es bárbaro lo que ha sucedido”, advierte el investigador universitario.

“En manos del crimen
organizado”

La extorsión en Guerrero se encuentra extendida y está en manos de varios grupos criminales. Todos los días se registran homicidios en la entidad; a veces como resultado de la disputa entre esas bandas delictivas, pero en otros casos como consecuencia de las extorsiones. “Son personas que se niegan a pagar o que no tienen para pagar y las asesinan, en sus negocios o domicilios”, menciona Leopoldo Rodríguez.
Otros fenómenos sociales son producto también de las extorsiones. Uno de ellos es la migración. El desplazamiento ocurre de forma generalizada. “Sucede sobre todo en Chilpancingo, Iguala y Taxco, las ciudades con mayor población y comercio, después de Acapulco. Muchos empresarios y negocios cierran cortinas y se mudan de la zona”.
El director de Gesec señala que en Iguala se exige a los taxistas una cuota diaria. “La entregan al líder de taxistas, y éste, a su vez, la entrega al grupo delictivo que controla. Eso pasa con todos negocios, hasta en las tortillerías. Y mucho en cantinas. En las cervecerías establecidas formalmente y también en las clandestinas”.
En caso de que las personas se nieguen o no puedan pagar, el modus operandi consiste en disparar al comercio. “Llegan y balean, aun con comensales. Lo hacen para presionar y como una muestra dirigida a la persona directamente afectada y a toda la zona”.
La extorsión pone en peligro la vida de las víctimas, quienes, ante las amenazas de muerte, difícilmente denuncian. “No hay manera. La estructura criminal conoce todo sobre los extorsionados. Éstos no tienen forma de escapar”.
Generalmente, detalla Rodríguez, quienes efectúan los cobros son personas jóvenes y no las verdaderas cabezas de las organizaciones. Por eso, las detenciones de los cobradores no afectan a las estructuras criminales. Las organizaciones y las represalias siguen.
Las actividades criminales han llegado a ser tan predominantes en muchas zonas del estado que la presencia de estos grupos también incide directamente en el ámbito de la política formal.

Fuerzas armadas con rol “meramente testimonial”

En las elecciones de 2021 ocurrió una situación “muy grave” a los ojos de Rodríguez Aranda. “Los grupos delictivos determinaban las horas, momentos y lugares en que podían hacer campaña los candidatos. Controlaron la agenda”.
Esto ilustra un problema aún peor porque se habla de un territorio con una autoridad formal establecida, “pero en términos de seguridad, en este caso de la extorsión, la autoridad está fuera del ámbito, no opera”.
En otras palabras, remarca, no es la autoridad, pero sí el crimen organizado el que controla la seguridad de los estados y los municipios. “La Guardia Nacional, Ejército y la Marina son invisibles. Cuando hay actos de violencia, llegan después de que ya sucedió, pero su papel es meramente testimonial”.
La situación de Guerrero, puntualiza el consultor en seguridad, se encuentra “en manos del crimen organizado”. E identifica tres premisas clave: una, la autoridad evita tratar el tema de seguridad de forma pública. Dos, existe un abandono de las instituciones de seguridad, cuyo control recae en la delincuencia organizada. Y tres, las autoridades están rebasadas. En el mejor de los casos, hacen caso omiso; en el peor, se someten a estos grupos.
Si el problema ya era grave antes, hoy es más serio, pues hay “un gobierno plenamente coludido con estos grupos”. A su juicio, la autoridad no interviene porque tiene pacto con las organizaciones criminales o está sometida. Y tampoco posee la capacidad técnica ni operativa para hacerlo. “Si no es un estado criminal, sí es una entidad donde la línea que divide a los grupos delictivos y quienes gobiernan es inexistente”.

Actuar y recuperar la confianza de la gente

–¿Es posible revertir la situación? –se le pregunta a José Luis Cisneros.
–Campesinos y otros ciudadanos se han organizado como grupos armados, de autodefensas, para poner freno a esto. La única posibilidad es que desde el gobierno federal se intente someter a control a estos grupos, pero no se ve claro. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido coludidas y penetradas como cualquier fuerza de seguridad en México. En algunos casos había contención, pero hoy es más fuerte la situación.
Es lamentable lo que sucede en México, insiste el especialista, “no sabemos qué va a pasar. La única forma es que el Estado mexicano retome su papel. Ha perdido el control; se halla en manos del crimen organizado. Eso es muy peligroso”.
–¿Qué se requiere?
–Primero, que se reconozca el problema. Hace días fueron a balear la casa del presidente municipal de Iguala, pero no se publicaron notas sobre eso. La delincuencia también controla lo que se publica en los medios a través de amenazas a los periodistas.
“El dato del aumento de extorsiones –continúa Leopoldo Rodríguez– no refleja el profundo terror y miedo que vive la población en el estado. Mientras la autoridad local no reconozca que hay una situación grave, será difícil avanzar.
“Después tendría que venir la acción de la autoridad. Dar el manotazo en la mesa. Se tiene que hacer. Hacer uso de la fuerza e intervenir en la reconstrucción de las instituciones de seguridad y de la cohesión social. Es decir, reconstruir para que la población tenga confianza en la autoridad”.

 

Liberan a cuatro de los cinco maestros secuestrados en Ajuchitlán; el director murió, trasciende

Este viernes por la tarde aparecieron en la comunidad de San Francisco, municipio de San Miguel Totolapan, cuatro de los cinco profesores secuestrados el lunes en su escuela en Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y se anunció que el director de la secundaria 114, Joaquin Real Toledo, murió desde el primer día tras complicaciones de su salud.
Cerca de las 4 de la tarde, ingresó un grupo de agentes antisecuestros de la Fiscalía General del Estado entró al pueblo, donde a las afueras hallaron a los cuatro profesores liberados y los trasladaron en una patrulla a la Agencia del Ministerio Público de Arcelia para tomarles su declaración ministerial.
Se trata de la maestra Guadalupe Olea Juárez, y de sus colegas José María Torres Suástegui, Martín Blancas Luciano y Javier Calderón Olea.
La versión oficial indica que fueron liberados mediante una acción policiaca en la que no hubo disparos ni detenidos. Además se reportó que los maestros dijeron que el director de la escuela, Joaquín Real Toledo, falleció el primer día del secuestro. “Los llevaban caminando por el cerro y el maestro al parecer sufría de diabetes y recientemente tuvo chikungunya, y de pronto, los demás maestros lo dejaron de ver, pues se complicó su salud, y al parecer los secuestradores lo dejaron en el camino”, expresó un policía al fiscal Xavier Olea Peláez, que llegó al MP de Arcelia la tarde de ayer.
Pero el cuerpo no fue localizado y se espera que este sábado reinicie su búsqueda en la zona donde se presume que los retuvieron.
El pasado lunes, personas con armas largas ingresaron a la Secundaria Técnica 114, de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y se llevaron a cuatro maestros y al director del plantel. Desde entonces, los plagiarios tuvieron contacto con los familiares, a quienes les pedían primero desde 500 mil pesos por cada uno, y después aumentaron la cifra hasta 3 millones por maestro.
El fiscal Olea Peláez llegó al lugar acompañado de reporteros de diversos medios de comunicación, justo cuando salía el convoy de patrullas con los liberados, provenientes del municipio de San Miguel Totolapan, a los que encontró en Poliutla, donde la carretera entronca con la federal Arcelia-Altamirano.
Ahí el funcionario confirmó que la Policía Ministerial comenzará a buscar el cuerpo, “los maestros me dicen que probablemente estaba enfermo y murió; los vamos a llevar a que declaren y descansen”.
También dijo que los responsables, tanto del levantón de 21 vecinos de Arcelia, como de los cinco maestros de Ajuchitlán, son de la “banda de El Tequilero”, que es una célula de Guerrero Unidos que opera en San Miguel Totolapan, donde está su base, y en municipios vecinos a ambos lados del río Balsas. Olea aseguró que aun cuando los dos casos ocurrieron en los mismos días, “estos estaban en otro lado, nunca vieron a los otros 21 (de Arcelia)”.
El fiscal dijo de esta acción que, “todo es a través de inteligencia, todo es a través de la presión que ejercimos, la Policía Ministerial, la Federal, el Ejército, los tres órdenes de gobierno estuvimos en esto, fue por la presión que finalmente logramos rescatar a estas personas”, y puntualizó que no hubo “ningún disparo; (de) nosotros no hay ningún pago hasta este momento”.
Después se llevaron a los maestros al Ministerio Público a declarar y fueron entregados a sus familiares.

“Se pagó por todos”

En las instalaciones del Ministerio Público, mientras esperaban a que salieran los cuatro profesores, los familiares desmintieron la versión del fiscal de que no se había pagado el rescate por la entrega de los secuestrados.
Primero, una señora que pidió no revelar su nombre y que dijo ser familiar de la maestra Guadalupe Olea Juárez, expresó: “Quiero informar que están dando falsas declaraciones, que sí se pagó rescate, hoy es viernes 15 (de enero), se llevó a las 8 de la mañana, señores; eso es verdad, no sé porqué están publicando eso, se pagó por todos, gracias por todo el apoyo, señores, que nos dieron”.
Aun cuando no quisieron decir la cantidad, se informó que fue un monto menor al que estaban pidiendo sus captores.
La versión fue respaldada por familiares del profesor Joaquín Real Toledo, quienes confirmaron que este viernes por la mañana se juntaron todos los parientes de los maestros y pagaron el rescate de los cinco, aun cuando no se conocía que ya había muerto el director.
Tampoco se informó del lugar donde se hizo el pago, pero fue en el municipio de San Miguel Totolapan, trascendió.
La comunidad de San Francisco, donde fueron ubicados los cuatro profesores, se ubica a 20 kilómetros de Santana del Águila, donde fueron secuestrados, y a 13 kilómetros de la cabecera municipal San Miguel Totolapan. Es la ruta para llegar de una ciudad a otra, pasando por el puente del río Balsas.
San Francisco está a la orilla del río Balsas y es una comunidad de menos de 300 habitantes.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del estado, el hallazgo fue “derivado de un operativo conjunto entre el Gobierno del Estado, que encabeza Héctor Astudillo Flores, y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Federal (PF), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM)”.
Asimismo, indica que, “Los cuatro agraviados fueron ubicados en conjunto con agentes de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Combate al Delito de Secuestro (FEICS) por lo cual se inició la averiguación previa FECS/003/2016 por el delito de privación de la libertad personal y lo que resulte”.

Joaquín Real Toledo, el director que restructuró escuelas

Varios políticos, y ex alumnos del maestro Joaquín Real Toledo expresaron a la familia sus condolencias al conocer la versión de su muerte, pues había sido profesor en varios municipios donde logró restructuras las instituciones a las que llegó.
Era profesor de matemáticas en la secundaria de Ciudad Altamirano y de ahí fue director fundador de la secundaria técnica de Tamácuaro, municipio de Cutzamala.
Fue también director en la secundaria de Las Juntas de Chacámero, municipio de Pungarabato, donde construyó aulas y reestructuró el plantel.
Llegó en uno de los peores momentos de la secundaria de Altamirano, y logró premios nacionales con sus estudiantes. Recientemente aceptó la dirección en Santana del Águila, casi al iniciar el ciclo escolar.
Era originario de Villa Madero, municipio de Tlalchapa. En varios municipios fue reconocido porque lo invitaban como maestro de ceremonias de actos políticos y desfiles. En Altamirano, condujo todos los desfiles de la administración anterior, hasta el del 16 de septiembre de 2015, cuando anunció que dejaría de ser director en Altamirano para irse a la Secundaria Técnica 114, de Santana del Águila.