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Confirma el alcalde de Zitlala la desaparición del director de Obras y de un ex secretario

 

El alcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, confirmó la desaparición del director de Obras Públicas municipal y la de un ex secretario general del Ayuntamiento.
Consultado al concluir la conferencia del gabinete de Seguridad Nacional y del gobernador Héctor Astudillo, el alcalde priista Roberto Zapoteco informó que la desaparición del ex secretario general y dirigente local de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), Santiago Tixteco Cosme, fue el 5 de enero, y que la investigación la hacen las autoridades correspondientes.
A pregunta expresa confirmó que desde hace más de 20 días desapareció su director de Obras Públicas, Roberto Godínez Hernández, “no tenemos la información de las autoridades. No lo hemos visto, las autoridades competentes son las que llevan el caso”, expuso.
Dijo que la violencia e inseguridad en ese municipio se ha tranquilizado tras la llegada de soldados del Ejército.
Precisó que son 17 policías preventivos los que aún operan en la Dirección de Seguridad Pública para atender a las 28 comunidades que tiene el municipio.
Por separado, funcionarios del Ayuntamiento de Zitlala informaron que los 74 vecinos de Quetzalcoatlán que se desplazaron a la cabecera después del asesinato de seis hombres el pasado 6 de enero, permanecen refugiados en el auditorio de la cabecera municipal.
El albergue es custodiado por policías estatales y soldados del Ejército, mientras que el DIF municipal los provee de alimentos.
Informaron que no hay fecha para que los refugiados regresen a su comunidad, pues están en espera de que haya condiciones de seguridad.

BREVES

Reportan un vehículo incendiado en Chilapa con cuerpos en su interior

La agencia de noticias IRZA informó poco después de las 12 de la noche que en Chilapa fue hallado un vehículo incendiado con cuerpos humanos en su interior.
“En Chilapa hace unos minutos fue localizado un auto Tsuru quemado con cuerpos en su interior sobre la calle 24 Sur de la colonia San Juan”, reportó Jaime Irra en su cuenta de Facebook.
“Elementos del Ejército y Policía Ministerial arribaron al lugar y al realizar una revisión por fuera de la unidad observaron restos humanos, sin embargo no han determinado si son dos o tres cuerpos humanos semicalcinados los que se encuentran en la cajuela”, agrega.
“Se espera la llegada de peritos y un agente del Ministerio Público del fuero común para que abran la cajuela de la unidad e inicien las indagatorias. Fotos e información de Israel Díaz Acosta”, finaliza la nota que va acompañada de tres fotografías del automóvil incendiado en el que se alcanzan a observar partes quemadas de un cuerpo.

Atacan a balazos a un joven en Cocula; muere camino al hospital de Iguala

Hombres armados atacaron a balazos a un joven vecino de la comunidad de Puente Río San Juan, Cocula, al cual hirieron de un disparo y minutos más tarde murió cuando era trasladado al hospital general de Iguala.
Cerca de las 8:20 de la noche de este lunes vecinos de esa comunidad que está cerca del basurero de Cocula, reportaron una balacera, según informes de fuentes de Seguridad Pública estatal.
Al llegar al lugar los policías estatales sólo hallaron un casquillo percutido calibre 9 milímetros y manchas de sangre.
Se les informó que momentos antes hombres armados dispararon al joven David Morales Leyva de 24 años, al cual sus familiares trasladaron herido al hospital de Iguala pero murió en el camino.
Extraoficialmente se informó que un par de hombres a bordo de una motocicleta le dispararon al joven y huyeron del lugar.
Al hospital se presentaron agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía del estado para las diligencias y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Reportan la desaparición de un músico en el barrio de San Mateo, en Chilpancingo

Un músico integrante de una agrupación de mariachis se encuentra desaparecido desde el domingo en el barrio de San Mateo, en Chilpancingo, y sus familiares piden ayuda en las redes sociales para dar con su paradero.
En la página de la red social Facebook, Solo Chilpo, se informó que un integrante del Mariachi De Mi Tierra se encuentra desaparecido, “por lo que se les pide todo su apoyo compartiendo esta publicación para ayudar a su familia para dar con su paradero”.
Los familiares de la víctima dijeron que Alejandro García Ramos de 35 años salió de su casa en el barrio de San Mateo a las 7:30 de la noche del domingo.
García Ramos viste un traje de mariachi negro. Los familiares proporcionaron los números celulares 7471056248 y 7471035260 para que proporcionen cualquier información al respecto.

Desaparece una menor embarazada en Cuexcontlán, Tepecoacuilco

Ayer fue reportada ante la agencia del Ministerio Público la desaparición de una joven de 16 años, quien tiene siete meses de embarazo y es vecina de la comunidad de Cuexcontlán, municipio de Tepecoacuilco; desconocen su paradero desde el 19 de noviembre.
Fuentes ministeriales informaron que la última vez que los familiares de la menor supieron de ella, había viajado al poblado de Pololcingo, municipio de Huitzuco, a visitar a su suegra.
Informaron que a las 8:00 de la noche del 19 de noviembre, fue la última vez que tuvieron comunicación vía telefónica, y desde entonces el teléfono celular de la joven manda a buzón cuando le llaman.
Los familiares dieron a conocer que desde el 20 de noviembre iniciaron la búsqueda de la menor en poblados de Huitzuco, Tepecoacuilco e Iguala, sin que hasta ayer hayan logrado saber de ella.
Según información que lograron obtener los padres de la joven, pobladores de Pololcingo la vieron el pasado viernes en el mercado municipal Adrián Castrejón, de la ciudad de Iguala, cuando compraba ropa para bebé, y era acompañada por una mujer de baja estatura, morena y de cabello chino.
A cuatro días de su desaparición, ayer los padres de la menor presentaron la formal denuncia ante la agencia del Ministerio Público de Iguala.

Impugnará Solorio la desaparición de una calle por obras en Cancerología

Cristina Sierra Rosas

El diputado del PRD, Ramiro Solorio Almazán, inspeccionó ayer la zona donde se llevan a cabo las obras del Instituto Estatal de Cancerología y que causaron que desapareciera la calle Doctor Humberto Ajuria, acción que, dijo, impugnará.
Después de la visita, el diputado informó que buscará el apoyo de sus compañeros legisladores contra la acción del gobierno del estado.
A diario se observa que en la sala de espera del Instituto Estatal de Cancerología no alcanzan los asientos y los espacios de los pacientes, asimismo algunas familas que esperan su turno para ser atendidos incluso acampan en la banqueta del nosocomio.
Eso mismo sucede con quienes llevan vehículo, pues dicho centro hospitalario tampoco cuenta con estacionamiento propio.
Ramiro Solorio acudió ayer a la avenida Adolfo Ruiz Cortines para verificar la desaparición del acceso, a invitación del ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Joel Rosas Castillo.
Allí, el legislador comentó que el Congreso del estado votó por un recurso etiquetado para las obras del nuevo Instituto de Cancerología en beneficio de la población, pero apuntó que no sabían que desaparecería una calle y “eso no lo apoyamos”.
Ramiro Solorio criticó que el gobierno del estado se “adjudique” calles que no han sido expropiadas por el municipio, al que le corresponden los espacios públicos locales.
Resaltó que “ahí tenemos un gran problema”, pues refirió que Acapulco necesita más calles para agilizar el gran congestionamiento que se tiene sobre todo en la zona de hospitales y escuelas de la UAG.
Ramiro Solorio señaló que es un “mal mensaje” que el gobierno del estado cierre las calles en una zona de “tremendo caos vial”.
Reiteró que pedirá apoyo a sus compañeros diputados pues se aprobó un recurso etiquetado para construir el instituto, “no para que se invadiera una calle”.
Por su parte, Joel Rosas Castillo explicó que para tomar una calle aún con utilidad social se debe pedir el aval al municipio en sesión de Cabildo, donde se cambia el uso de suelo.
Asimismo el Consejo de Urbanismo debe dar una respuesta informativa para que exponga la normatividad de la disposición.
El ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles dijo que el proyecto ya fue ingresado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con el número de solicitud 130/06, y sólo falta que paguen la licencia a pesar de que hay irregularidades como la falta de lineamientos en los cajones de estacionamientos, áreas verdes y el estudio de impacto urbano.

Anuncian visita del representante de la ONU para tratar sobre la ley contra la desaparición

 

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Ante las evasivas de los diputados locales para la aprobación de la ley especial contra la desaparición forzada en Guerrero, los organismos civiles que la impulsan anunciaronque vendrá el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Anders Compass.

El funcionario de la ONU pretende reunirse con los diputados de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Congreso, para manifestarles la importancia que reviste el tema de la desaparición forzada.

Informaron también que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos se sumó ayer a la campaña para la tipificación de la desaparición forzada de personas, que comenzaron en febrero la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).

Dichos organismos buscan que los diputados del Congreso local aprueben la propuesta de Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.

Con la incorporación a esta campaña de la Red, apoyan la propuesta las 52 organismos que la conforman en 18 estados del país, informó Edgar Cortés.

Según Mario Patrón Sánchez, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a pesar de que verbalmente el gobernador René Juárez y los diputados han expresado su voluntad para que se legisle al respecto, en los hechos no hay avances, a una semana de que termine al periodo de sesiones.

Indicó que el gobernador, en una reunión la semana pasada, les dijo que de su parte hay la disposición para que se apruebe la ley, “pero quienes tienen la obligación legal son los diputados, aunque parece ser que a ellos estos temas no les interesan”, dijo.

En un documento que los organismos civiles entregaron a los medios, señalan que “vemos con preocupación que si bien la iniciativa ciudadana de la Ley Especial fue acogida por la Comisión del Congreso y presentada formalmente a trámite legislativo, no ha sido dictaminada ni aprobada por la actual legislatura”.

Recuerdan que dicha iniciativa fue sometida a trámite legislativo desde el 6 de mayo, pero que a casi un mes no ha sido analizada por la Comisión Ordinaria de Justicia del Congreso, “a pesar de que las organizaciones que formamos parte de la campaña hemos insistido con los cinco diputados que integran la mencionada comisión para tener una reunión de trabajo”.

Apoyan PAN y PRD en Zihuatanejo la petición para desaparecer el Fibazi

 

 Muestran ambientalistas a los líderes municipales de ambos partidos los resultados de la encuesta ciudadana sobre el tema. El PRI “a la mera hora envió a un representante”, dice vocero de la Rogaz

 Brenda Escobar Zihuatanejo Representantes de la Red de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz), se reunieron con los integrantes del comité directivo municipal del PAN en Zihuatanejo, a quienes plantearon los resultados de la encuesta ciudadana que levantaron el mes pasado sobre la desaparición del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi).

Los ambientalistas hicieron lo mismo con las dirigencias del PRD y con el PRI, a quienes solicitaron que se sumen a la demanda de que el Fibazi “transparente sus recursos económicos y no se preste a financiar la campaña política del candidato del PRI”, Héctor Astudillo Flores.

El vocero de la Rogaz, Fernando Eligio Peñaloza Peñaloza, dio a conocer que el viernes 21 por la tarde, junto con otros integrantes de dicha organización, se reunieron con el líder municipal del PAN, Salvador Jaimes González y demás miembros del comité, a quienes mostraron el resultado de la encuesta ciudadana.

En esa reunión se le pidió a Jaimes González que se sume a la demanda de los ambientalistas para desaparecer el Fibazi en Zihuatanejo. “porque es obsoleto y sólo sirve de trampolín político”.

En ese encuentro, Peñaloza destacó el estado financiero de la paraestatal, y dijo que cuenta con un recurso de 239 millones de pesos y que este dinero “pretende ser utilizado para impulsar al candidato del PRI a la gubernatura”, Héctor Astudillo Flores.

“Eso no lo debemos permitir como ciudadanos de Zihuatanejo que sufrimos las consecuencias de cada ampliación a la zona urbana de Zihuatanejo, sin servicios ni infraestructura y sin ninguna oportunidad de tener una vida digna”.

Otro de los argumentos planteados es que las organizaciones no gubernamentales de esta ciudad pretenden que el Fibazi desaparezca “para que deje de ser la caja chica del gobernador, del partido que sea; que se deje de utilizar al Fibazi como trampolín político porque esa es la realidad”.

La respuesta del dirigente panista, Salvador Jaimes fue en el sentido de apoyar la demanda de los ecologistas “por coincidir” con la misma visión que el blanquiazul tiene sobre el Fibazi.

Asimismo, en reunión aparte con el dirigente municipal del PRD, Miguel Ángel Méndez Villasana, los ambientalistas recibieron la solidaridad de este instituto político “no por cuestiones políticas o partidistas, sino porque el Fibazi no ha cumplido con la misión para lo cual fue creado, que es fraccionar los lotes para vivienda con todos los servicios”.

Este fin de semana, la Rogaz tenía programada la reunión con el dirigente del PRI municipal, Juan Magaña Morfín, quien hasta antes de atender la cita se mostró interesado y participativo, “pero a la mera hora nos cerraron las puertas y Juan Magaña no se presentó, sino que envió a un representante”.

Peñaloza Peñaloza informó que será en esta semana cuando la Rogaz vuelva a distribuir trípticos con más información, en los que se informará de los partidos políticos que se sumaron a la demanda de la desaparición del Fibazi.

Se cumplen 35 años de la muerte de Alvaro Carrillo

 Aurelio Peláez

Este 3 de abril se cumplen 35 años de la desaparición del compositor Alvaro Carrillo Morales, quien nació el 2 de diciembre de 1919 en Cacahuatepec, Oaxaca, aunque estuvo muy ligado a Guerrero, y de hecho, es parte de la cultura musical de la Costa Chica.

Alvaro Carrillo, es autor de los boleros clásicos El Andariego, Luz de Luna y Sabor a mi, y de chilenas como Bonito Pinotepa. Sus canciones han sido interpretadas por Pepe Jara, Lucho Gatica y el trío Los Calaveras, principalmente, y recientemente por Luis Miguel.

Alvaro Carrillo es parte ineludible del bolero mexicano, en una periodo que tuvo también como contemporáneos a los músicos cubanos César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez y Vicente Feliú.

El músico costachiquense estudió agronomía en la Universidad de Chapingo, en la ciudad de México. Allá se relacionó con músicos con Roberto Cantoral, el autor de Reloj, a quien presentó sus composiciones, y de quien recibió respaldo en su carrera artística.

El 3 de abril de 1969 tuvo un accidente vehicular en Iguala en el que perdió la vida. Desde hace dos años un grupo de paisanos le recuerda con un festival en su honor en Cacahuatepec, la tierra de la que es oriundo.

Decía en El Andariego, en una parte de los versos no incluido en la versión más comercial: “Cuando yo haya muerto no me lloren a gritos: no se vistan de negro/ ni me alumbren con cirios, ni sometan a fúnebres honras mi rígido cuerpo, / ni esculpan en mármol epitafios que yo no merezco… Yo quiero solo una lágrima que nacida en el pecho /humedezca los ojos de un amigo sincero y que brote un suspiro más liviano que cetil y alguna lágrima que ruede en secreto/ y después un pedazo de tierra y una cruz… y, por Dios, un recuerdo”. (Aurelio Peláez).

Responsabiliza al gobierno de la desaparición de su esposo

 

 * Exige Enedina Cervantes castigo a judiciales y a Raúl y Arturo Valle Álvarez

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Para Enedina Cervantes Salgado, esposa del desaparecido Faustino Jiménez Álvarez, el responsable es el gobierno estatal ,“y tiene el deber de entregármelo y de castigar a quienes se lo llevaron”, y señala a policías judiciales del estado y a Raúl y Arturo Valle Álvarez.

Recordó que su esposo fue detenido la madrugada del 17 de junio de 2001 por agentes de la Policía Judicial en Acapulco. Se lo llevaron poco después de las 4 de la madrugada, tras irrumpir violentamente en su casa, de Tierra Colorada, donde dormían.

Se presume que los agentes investigaban el secuestro del primo de Jiménez Alvarez, el empresario camionero José Valle Alvarez. Sin embargo, después del 17 de junio no se volvió a saber nada de él.

Entre sollozos por el dolor que le causa el recuerdo de su esposo desaparecido desde hace dos años nueve meses, Enedina Cervantes señala que no es posible que en Guerrero haya tanta impunidad, “en Guerrero no hay justicia, pero aún así voy a seguir exigiendo que me regresen a mi esposo, por mis dos hijos y por mí misma, seguiré tocando puertas”.

La mujer, de mediana edad, luego de narrar de nuevo cómo se llevaron a su marido la madrugada del 17 de junio del 2001, reclamó al gobierno estatal que entreguen a Jiménez Alvarez, “no puedo creer que nadie sepa dónde está, alguien debe tenerlo, alguien debe saber dónde está”, suplicó la mujer.

Enedina Cervantes estuvo ayer en la conferencia de prensa donde representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, que llevan el caso, pidieron al Poder Judicial que la resolución del juez que en breve emitirá una sentencia se apegue a derecho y sin presiones.

Enedina Cervantes señaló que los acontecimientos de la madrugada del 17 de junio, en su domicilio particular de Tierra Colorada –cuando se llevaron a su esposo– la han marcado para toda su vida porque ha dejado secuelas sicológicas en sus dos hijos menores de edad.

“Si supieran cuánto sufro al ver a mis hijos que me preguntan por él, me preguntan si algún día volverá, porque lo quieren ver y hasta me reclaman que si él estuviera tal vez no estaríamos en esta situación”, declara mientras sin ponerse contener irrumpe en llanto.

Y es que señala que ahora no solamente sufre por la desaparición de su esposo, sino que también teme “porque hay personas que no es de su agrado que yo exija justicia. Yo responsabilizo al gobernador René Juárez de lo que pueda pasarme a mí y a mis hijos”, denunció.

Cervantes Salgado explicó que ha recibido llamadas telefónicas que le dicen que su esposo no está desaparecido, “que anda por ahí y eso es todavía un dolor mucho más grande”.

Por ello pidió al gobernador “que haga algo por encontrar a mi marido, pero también que se ejecuten las otras órdenes de aprehensión, no es posible que haya tanta impunidad”.

Denunció que los hermanos Raúl y Arturo Valle Álvarez, quienes estuvieron presentes la madrugada que se llevaron a su esposo, “gozan de libertad, como si nada hubieran hecho, andan libres, son intocables”.

Lenta respuesta a la recomendación por desaparición de nueve personas: Alarcón

* Sólo seis judiciales han sido consignados, señala el ombudsman

 * Se trata del caso en el que la Codehum pidió el arraigo domiciliario de seis comandantes y 13 agentes de la Policía Judicial del Estado hace casi dos años

 La falta de apoyo y de recursos económicos para el agente comisionado en la investigación sobre la recomendación 019/2002 de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), son algunas de las posibles causas de la lentitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado para dar cumplimiento a esta recomendación, informó el titular del organismo, Juan Alarcón Hernández.

Precisó que aún cuando hay avances, continúa la investigación sobre la denuncia por tortura contra los cinco detenidos de Atoyac, acusados del asesinato del testigo de la guerra sucia, Zacarías Barrientos Peralta.

La recomendación 019/2002 fue girada por la Codehum el 20 de marzo de ese año al procurador de Justicia del Estado, en ese entonces Rigoberto Pano Arciniega, pidiéndole el arraigo domiciliario de seis comandantes y 13 agentes de la Policía Judicial del Estado como presuntos responsables de la desaparición forzada de nueve personas.

La Codehum pidió al procurador, en ese entonces, designar un agente del Ministerio Público para que se encargara de forma especial de la búsqueda y localización de las nueve personas desaparecidas y que destituyera a los comandantes Fidel Morales Vargas y Federico Peredo Pineda, quien recientemente fue emboscado afuera de su casa en Acapulco, donde murieron dos personas y él presuntamente salió ileso.

También recomienda que no recontrate a los comandantes Víctor Manuel Castro Valente, actualmente prófugo de la justicia, Fortunato Zamora Paz, Raymundo Rodríguez, Angel Castro así como a los ex directores de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez y Edilberto Solís Ramírez, quienes tienen recomendaciones en su contra.

Consultado por reporteros al finalizar la quinta reunión del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración, Alarcón Hernández dijo que la recomendación 19/2002 está en proceso, “hemos estado con organismos civiles, tratando de que la Procuraduría le acelere y consigne al mayor número de presuntos responsables de los hechos que se les acusa por víctimas o familiares que fueron al parecer privados de la libertad y no sabemos si hasta privados de la vida”.

Reiteró que “estamos impulsando a la autoridad para que le dé seguimiento al proceso y resuelva lo que tenga que resolver”.

“Si ha habido lentitud en este trabajo, no sabemos a qué atribuirle” mencionó, después dijo que posiblemente sea por “falta de apoyo y de recursos económicos al encargado a quien se le nombró agente comisionado para la investigación de estos hechos”.

El ombudsman dijo que sólo unos seis judiciales señalados en la recomendación han sido consignados, y faltan “más de la mitad”.

Por otra parte, Alarcón Hernández precisó que la investigación que lleva a cabo la Codehum por la queja por tortura contra los detenidos por el asesinato de Zacarías Barrientos está en proceso de investigación, “todavía no tenemos un juicio que emitir al respecto”.

Explicó que cuando hay una queja sobre tortura, tienen que esperar al resultado de todas las indagaciones, y que aún no determinan si hubo tortura. “No tenemos nada en concreto, está un proceso de investigación, no tenemos una evidencia sobre el particular”, dijo. (Magdalena Cisneros).

Más de un año en el Congreso, una iniciativa contra la desaparición forzada y la tortura

* La envió el gobernador en enero de 2003

Ezequiel Flores Contreras, corresponsal, Chilpancingo * La iniciativa de decreto que envió el gobernador, René Juárez Cisneros, al Congreso del Estado para reformar los artículos 133, 139, 140 y 289 del Código Penal del estado con el propósito de tipificar como delitos graves la desaparición forzada de personas y tortura fue recibida en enero del año pasado por la Oficialía Mayor del Poder Legislativo y hasta el momento no ha sido discutida por los diputados locales.

El documento de siete cuartillas, firmado por el mandatario estatal y por el actual contralor general del estado, Marcelino Mirando Añorve, quien en esa fecha se desempeñaba como secretario general de Gobierno, hace referencia a que las reformas y adiciones al código penal son para garantizar la protección de los derechos de las víctimas de abusos de autoridad.

El artículo 133 –ya con la propuesta de reforma– plantea que cualquier servidor público que detenga y mantenga oculta a una persona, o se entere de esta acción y lo permita, podrá ser encarcelado y cumplir una pena de 15 a 30 años.

También impone sanciones económicas de 300 a mil días de multa y la destitución e inhabilitación para el desempeño de algún cargo hasta por diez años.

La sanción, indica el documento, puede disminuir si el servidor público proporciona información que ayude a esclarecer los hechos.

Mientras que el artículo 289, expresa que se impondrán penas de 3 a 12 años de prisión al servidor público que torture de manera física y sicológica con el fin de obtener información o confesión.

En este caso, el delito de tortura se aplica a pesar de que los agentes que realicen esta práctica violatoria de los derechos humanos argumenten que existe inestabilidad política interna o urgencia para concluir una investigación.

Sobre la reparación del daño, se hace referencia a que se tendrá que sujetar a las reglas establecidas en el artículo 34 del Código Penal.

El artículo 139, se reforma y adiciona el delito de violación, ya que en la redacción original del artículo la violación no se considera delito y se agregó: “con fines lascivos”, indica el texto del gobernador del estado.

Esta es la iniciativa del Ejecutivo estatal que fue calificada por organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, incluso por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rómulo Reza Hurtado, como escueta y que no resuelve de fondo el problema de la desaparición forzada y tortura de personas.