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Encuentran saqueadas sus casas desplazados por la violencia en Los Bayados, Ajuchitlán

La casa de uno de los vecinos desplazados de Los Bayados, que hallaron sus viviendas saqueadas este martes que retornaron para recoger algunas pertenencias Foto: El Sur

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Pobladores de la comunidad de Los Bayados, municipio de Ajuchitlán del Progreso, denunciaron que este martes hallaron sus casas saqueadas cuando retornaron para recoger algunas de sus pertenencias, a pesar de que desde el día que salieron desplazados el 19 de febrero pasado hubo presencia del Ejército y de la Policía Estatal, también contaron que las autoridades pretendían obligarlos a quedarse pero nadie de los 246 habitantes se quedó porque no hay condiciones de seguridad.
Exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se investigue para dar con los responsables del saqueo de sus viviendas y las cuatro tiendas de abarrotes que había en el pueblo, y solicitaron apoyo al Alto Comisionado de la ONU para que se atienda su desplazamiento.
Como lo informó El Sur el domingo 19 de febrero, 246 habitantes de Los Bayados, comunidad ubicada en la sierra, entre la colindancia de los municipios de Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, abandonaron su comunidad con lo único que tenían puesto y lo poco que pudieron cargar ante las amenazas de un grupo delictivo de que los atacarían si no salían antes de las 12 del día, y los quemarían con sus viviendas.
Este martes 28 de febrero, los pobladores resguardados por militares, agentes de la Policía del Estado, de la Fiscalía General del Estado y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos salieron a las 6:45 de la mañana de El Súchil, Tecpan, hacia su localidad, para recoger algunas de sus pertenencias y ver cómo se encontraban sus hogares.
Ayer entrevistados vía telefónica, un grupo de pobladores que pidieron la discreción de sus nombres contaron que cuando comenzaron a llegar a la localidad vieron que algunas de las casas, sus puertas estaban abiertas, otras cerradas, “pero muchas fueron saqueadas”.
Los pobladores expusieron que tras varios días de haber salido de su localidad, su retorno lo hicieron con ilusión, pero también con tristeza de tener que regresar, esta vez con resguardo militar.
Explicaron que al entrar a sus viviendas se percataron de que les robaron dinero, alhajas, electrodomésticos pequeños, cobijas, ropa de hombre, mujer y niñas, e incluso en algunas casas se llevaron los comales y trastes de las cocinas.
Además vaciaron las cuatro tiendas que había en la comunidad, “se llevaron todo lo que era comida, bebida, dejaron lo que son detergentes y cosas así, pero todo lo demás se lo llevaron”.
Uno de los pobladores expuso que este martes al ver sus hogares saqueados sintieron consternación y rabia, dijo que algunas mujeres entre el llanto expresaron su impotencia a los militares y personal de Derechos Humanos que fueron a la localidad.
Contaron que fue un duro golpe observar sus casas saqueadas y muchas cosas destruidas, “había evidencia de que algunas viviendas fueron habitadas”, por lo que expresaron que su exigencia es que se investigue y se haga justicia, porque preguntaron quién se hará responsable de reponer todo lo que perdieron, y cómo era posible que pasara si la comunidad desde la tarde que salieron llegaron militares y policías estatales.
Expresaron que los enviados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos levantaron las evidencias del saqueo casa por casa, y esperan que también ellos reporten las condiciones en que encontraron sus viviendas.
Otro de los pobladores manifestó que ese martes el delegado del gobierno estatal, Juan Méndez Nogueda y las autoridades militares les insistían que se quedaran en la localidad, pero nadie se quedó porque no había condiciones para hacerla, ropa ni cobijas.
Según el habitante, los militares les explicaron que era necesario que hubiera presencia de los pobladores porque si no, no tenía caso instalar un cuartel o una base militar, afirmó que sí piensan regresar pero no bajo esas condiciones, además de que emocionalmente ningún poblador estaba dispuesto a quedarse tras ver sus viviendas saqueadas.
Precisó que las personas que robaron sus casas no se llevaron electrodomésticos grandes como refrigeradores o televisores, sólo aparatos pequeños.
Los pobladores informaron que cerca de las 5:30 de la tarde regresaron a Tecpan y a las 10:30 de la noche todos habían vuelto a los lugares donde se han refugiado, y acordaron con las autoridades que se reunirán en los próximos días para continuar con el proceso de un posible retorno permanente.
Aseguraron que el gobierno del estado les está dando dos despensas por semana, tiene servicios de salud y una maestra está atendiendo a las niñas y los niños, aunque señalaron que no hay condiciones porque no tienen pizarrón ni mesas, sólo sillas en las que los menores se acomodan para tomar clases.
“Hay mucho ruido porque estamos todos en la misma casa, entonces los mismos niños se distraen, le hablan a la mamá, no hay condiciones para que se concentren, la maestra con mucha disposición entiende el contexto y está tratando de ayudar a los niños”, manifestaron.
Expusieron que el martes se dio respaldo a los pobladores de Los Bayados, pero sabían que otros desplazados de La Trinidad regresaron a sus casas, aunque sin conocer bajo qué condiciones o si fueron acompañados por autoridades.
En un breve video se observa al delegado del gobierno estatal en la Costa Grande,  Juan Méndez Nogueda que les comenta que el gobierno estatal les está brindando el apoyo y que están en el proceso para que se instale en Los Bayados una base de operaciones mixtas como se hizo en Santa Rosa de Lima, en El Durazno y en el crucero de San Antonio de las Tejas.
Pidió a los pobladores que nombraran a un representante que estuviera subiendo y bajando de la comunidad, ya fuera el comisario o comisariado ejidal o un poblador, para que este diera fe de que cualquier persona que llegue a la comunidad, sea identificado por ellos, de sí es o no uno de los habitantes, y no cualquier persona entre a las casas.
Agregó que el martes fueron entre 25 y 28 cabezas de familia quienes acudieron a Los Bayados, y expuso que a propuesta de un teniente militar encargado de la seguridad, debían decidir quienes ya habían entrado a sus casas y verificado que “algunas están bien, otras no, esas las van a cerrar, les van a poner candado, ver quién se va a llevar sus cosas, quién deja sus cosas, quién va a continuar, quién no va a continuar, quién se queda, quién se va”.
Por otra parte, los habitantes desplazados reprocharon que el subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Irving de Jesús Jiménez Sánchez,  dijera que no eran desplazados y que se movían en la zona, lo que aseguraron demostraba su “insensibilidad y el desdén” hacia ellos.
Exigieron al presidente de la República que se investigue a los responsables del saqueo de sus casas y que se cumplan los seis puntos de sus demandas, principalmente combatir las causas de la violencia en la sierra y un verdadero plan emergente de pacificación, ante un problema que como las autoridades les dicen llevará un proceso para el retorno a su comunidad.
Demandaron el apoyo del Alto Comisionado de la ONU para desplazados y el apoyo de los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para atender no sólo su caso, sino los de varias comunidades de la sierra de Guerrero que se han dado tras una pugna entre grupos delictivos.

Aún esperan su reubicación la mayoría de los desplazados por grupos criminales en tres municipios en 2014, informan

Elementos de la Marina y policias municipales llevan a dos adolescentes detenidos en el monumento Las Banderas de Chilpancingo sin que se conociera el motivo, La imagen, en la avenida Juan Ruiz de Alarcón del barrio de San Francisco Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Sobreviviendo a veces con una comida al día, otros asilados por el gobierno de Estados Unidos, algunos más en espera de ser beneficiados en la frontera norte del país, y la mayoría solicitando a los gobiernos federal y estatal que los reubique y los apoye con proyectos productivos, se encuentran unas 280 familias que fueron desplazadas por el crimen organizado en el 2014 de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan.
El representante de las familias, Nicolás Oyarzábal López contó ayer que, al principio, las familias formaban un grupo compacto pero que comenzaron a disgregarse a partir del 2020, cuando el gobierno dejó de pagar la renta del albergue ubicado en Tecpan de Galeana donde estaban refugiados.
Actualmente, Oyarzábal López representa solamente a unas 147 familias, según dijo ayer entrevistado en el plantón de integrantes de organizaciones sociales que por segundo día permanecieron afuera de la puerta uno de Casa Guerrero, en espera de una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Denunció que por el abandono en que los tienen los gobiernos federal y estatal, muchas familias están emigrando con sus niños y solicitando asilo en Estados Unidos.
Informó que 38 familias ya recibieron el beneficio del asilo y pasaron a Estados Unidos, entre ellos está uno de sus hijos con su esposa y dos niños menores de edad.
Agregó que otras 10 familias están en espera de la respuesta de las autoridades del país vecino y siguen en la frontera, “durmiendo en la calle, porque a veces no hayan ni para la renta y los (propietarios de las casas) les dan una semana, si no les pagan, te sacan”, contó.
Informó que unas 280 familias fueron desplazadas por grupos de la delincuencia organizada en el 2014 de varias comunidades de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan.
Contó que él fue desplazado de la comunidad de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, el 21 de febrero del 2014.
Dijo que el activista de derechos humanos, Leopoldo Soberanis Hernández, de Tecpan de Galeana, había convocado a una reunión de los pueblos vecinos para el 23 de febrero, para buscar la pacificación de la zona, “pero la delincuencia llegó el 21 de febrero y atacaron al pueblo”.
Explicó que él era representante de algunos pueblos y andaba con Leopoldo organizando la reunión, “por eso fui atacado directamente como luchador y desde entonces no puedo regresar, anda afuera toda mi familia, mis hijos, hermanos, primos, sobrinos, tíos, y muchos de ellos están luchando para entrar a Estados Unidos”.
En tanto que de Leopoldo Soberanis Hernández informó que ya no volvió a saber nada, “no sé qué fue de él, ni dónde vive actualmente”.
“Las familias tuvimos que abandonar nuestras comunidades de origen y buscar una nueva vida para nuestros hijos, pero no fue por nuestra voluntad, nosotros somos gente de campo, teníamos tierras para trabajar allá”, mencionó.
Dijo que él dejó sus galeras con borregos, “se perdieron todos mis animales y se robaron todo lo que había en mi casa”.
Declaró que el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero sólo apoyó a 32 familias desplazadas con un albergue en Tecpan, y el gobernador Héctor Astudillo Flores, a pesar de que le pidieron que se actualizara el censo porque seguían bajando familias desplazadas, ya no quiso integrar a las demás familias y apoyó económicamente sólo a las 32 que ya estaban registradas.
Aseguró que en total habrían bajado ese año de esos tres municipios unas 280 familias, pero que se fueron disgregando “por el abandono del gobierno”.
Explicó que en busca de apoyo se sumaron al movimiento de las organizaciones sociales que el lunes marcharon y se instalaron en plantón afuera de la puerta 1 de Casa Guerrero, para solicitar una audiencia con la gobernadora.
“Le pedimos que nos dé solución a cada familia, que levanten datos de todos nosotros, y si es necesario, que se haga la visita territorial, tenemos pruebas que somos gente vulnerable, que estamos rentando y que estamos en el abandono”, solicitó.
Reprochó que no es justo que la gente se esté yendo al extranjero por la pobreza, “por el abandono en que nos tienen, por el desgaste y porque es complicado regresar a nuestros lugares de origen”.
El representante de los desplazados dijo que actualmente siguen en Tecpan 32 familias, pero cada una sobreviviendo por su propia cuenta, sin el apoyo del gobierno.
“Al no tener el pago de la renta por los gobiernos federal, estatal o municipal, el dueño de la propiedad nos sacó del albergue en el 2020, ya no quiso alojarnos porque el gobierno le debía rentas atrasadas”, relató.
Agregó que antes, a fines del 2018, fueron a la Secretaría de Gobernación (Segob), así como a la Cámara de Diputados, a Atención Ciudadana de Palacio Nacional y al Senado de la República para que les dieran solución a su problema, “creímos lo que dijeron, que en la Cuarta Transformación iban a ser primero los pobres, que se les iba a dar atención y creíamos que como desplazados vulnerables íbamos a tener lo justo, pero no nos dieron soluciones”, se quejó.
Informó que el 23 de febrero del año pasado vinieron a Guerrero representantes de la Segob y se reunieron con funcionarios del gobierno del estado, y ahí les dijeron que llega al gobierno estatal un recurso etiquetado para indemnizar y para vivienda de los desplazados, “pero nomás han habido reuniones y reuniones, y nos han pedido documentos y documentos, pero hasta la fecha no tenemos ninguna solución”.
Reprochó que actualmente sobreviven por su propia cuenta, “con mucho sufrimiento, muchas familias comen una vez al día, “muchos niños están desnutridos, si se enferma un familiar tienen que buscarle, hay muchos con deudas económicas”.
Oyarzabal López declaró que la situación se les complicó en el actual gobierno estatal del que no han recibido apoyos, “solamente una despensita nos llevó por ahí de agosto o septiembre, pero lo que pedimos son viviendas, proyectos productivos, cosas que nos resuelvan de fondo el problema”.
Expuso que saben trabajar, “no estamos esperando a que nos den todo en la boca, queremos nuestras propias tierras para que salgamos adelante con nuestro trabajo”.

 

Aumentan los desplazados en Guerrero por la violencia de la última década: Conapo

 

Karina Contreras

El director general de Planeación en Población y Desarrollo del Consejo Nacional de Población (Conapo), Rodrigo Jiménez Uribe, dijo que en las dos últimas décadas aumentó abruptamente la violencia en Guerrero y eso provocó miles de desplazados, pero también están los problemas religiosos, los agrarios y los fenómenos naturales como causantes de ese problema.
En su participación en el Foro regional sobre movilidad humana, que se trasmitió de manera virtual en la página de la Secretaría General de Gobierno del estado, el funcionario federal dijo que Guerrero es un estado con recursos naturales que son muy codiciados, “y eso pareciera ser algo positivo y lo es, pero lo pone en una posición difícil porque al haber tantos recursos naturales muchos actores entran en escena y cuando las condiciones no son favorables en el sentido normativo se complica el asunto y eso lo ha puesto en una complejidad muy difícil”.
Y añadió que es un pluriétnica y pluricultural y cuando esto se combina surgen otros tipos de conflictos como agrarios, políticos, religiosos, “eso también es caldo de cultivo en Guerrero”.
Señaló que en el estudio que se hizo en el 2020 y se publicó en un libro el año pasado se dieron cuenta que hubo un aumento “muy abrupto de la violencia en las dos últimas décadas, como resultado de esta lucha de poderes de los grupos del crimen organizado que han estado peleando las plazas, como se conoce coloquialmente, y eso provocó que la violencia en el estado se incrementara de manera muy grande”.
“Estos poderes locales entraron en conflicto también con los cárteles, creando con este este grupo de autodefensas que a veces se entremezclan los papeles porque luego ya no queda muy claro si son reales o son parte de los mismos grupos criminales, si entran en alianza, lo que es muy complicado porque todos los escenarios existen. Efectivamente hay casos donde son que la propia población se organiza y crea estos grupos de autodefensa, pero se complica bastante el asunto”.
Aunque que hay otras causales de desplazamiento como lo religioso, que si bien en el caso de Guerrero no es el más cuantioso sí es un fenómeno que ha existido desde hace varias décadas y ha tenido impacto muy fuerte sobre la identidad comunitaria que ha provocado cambios a largo plazo. También los conflictos agrarios han originado desplazamiento, aunque no son los más numerosos y de larga duración.
Otro es la producción de la amapola y la goma de opio, “ese si es un conflicto bastante fuerte, sabemos que las condiciones, como decíamos, Guerrero tiene mucha riqueza natural, entonces las condiciones para la siembra de la amapola son ideales y esto lógicamente llamó la atención de los grupos criminales poniendo en peligro a los pobladores, a los indígenas y no indígenas, estos acechan por igual a toda la población. Los ponen a trabajar de manera forzada, casi como esclavismo, y si no cooperas es un peligro muy fuerte para ellos y esto ha generado el desplazamiento”.
Dijo que el problema de desplazamiento se debe ver desde diferentes ópticas para entender la complejidad del asunto, pues no siempre es el conflicto de la siembra lo que general el desplazamiento. “Otras de las causales de desplazamiento tiene que ver con la violencia de alto impacto, de todas las actividades de los grupos criminales que involucra el trasiego de armas, el tráfico de diversas drogas, desapariciones forzadas, hay homicidios dolosos unos vinculados con la delincuencia organizada, secuestros, tratas de personas, lavado de dinero y uno de los aspectos en donde los grupos criminales se han introducido en sectores productivos que tienen que ver con la minería y con la explotación forestal”.
Señaló que la tala clandestina genera desplazamientos, “la minería que esta muy vinculada con empresas trasnacionales, muchas de ellas no todas, entran en asociación con grupos criminales para desplazar a los pobladores y eventualmente quitarles el territorio donde harán las exploraciones o, a veces también necesitan agua, las industrias de la minería necesita mucha agua, entonces esta agua termina siendo contaminada y las poblaciones sin tener acceso al agua es imposible vivir en un lugar”.
También está la migración internacional, donde muchos se van a Estados Unidos: “es difícil distinguir qué es lo que origina el desplazamiento porque hay proliferación de grupos armados, esta policía comunitaria que se vincula al crimen organizado, y todo eso se combinación y se convierte realmente en un galimatías para saber cómo se inician estos problemas. Es un fenómeno bastante complejo”.