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Decenas de ellos han sido detenidos y secuestrados, dice en su informe anual la organización

En 2003, ocho periodistas muertos en AL: Reporteros Sin Fronteras

Con al menos ocho periodistas muertos en el ejercicio de su profesión en 2003 y decenas de detenidos y secuestrados, América Latina sigue siendo una tierra de contrastes para la libertad de prensa, seriamente amenazada en países como Cuba y Colombia, y víctima de la inestabilidad política en Bolivia, Ecuador, Venezuela o Perú.

En su informe de 2003 publicado con motivo de la decimocuarta Jornada Internacional de la Libertad de Prensa que se celebra este lunes, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera que Colombia sigue siendo el país más peligroso de la región para los informadores.

La muerte de cinco periodistas en 2003 es sólo una parte de la larga lista de ataques que sufren los informadores en el país, atrapados entre la guerrilla y los grupos paramilitares, cuyos ataques aumentaron el año anterior, según RSF.

“Más de 60 periodistas fueron secuestrados, amenazados o agredidos, otros 20 se vieron obligados a abandonar su región o incluso su país (…). El gobierno de Alvaro Uribe aparece cada vez más como una amenaza para la prensa”, asegura el informe.

RSF denuncia igualmente la ola de detenciones llevada a cabo por el gobierno cubano en marzo de 2003, cuando 75 disidentes internos, entre ellos 27 periodistas independientes, fueron encarcelados y condenados a penas de cárcel de hasta 27 años.

“¿Su crimen? Publicar artículos en el extranjero y entrevistarse con diplomáticos estadounidenses. ¿Sus armas? Máquinas de escribir y bolígrafos embargados en sus domicilios”, afirma el informe, acusando al régimen de Fidel Castro de consolidar con esta campaña “el monopolio estatal de la información”.

Según RSF, en muchos países latinoamericanos, la prensa paga el precio de la inestabilidad política. En Bolivia, numerosos periodistas fueron atacados y amenazados por las fuerzas del orden durante la represión de las revueltas que llevaron a la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003.

En Venezuela, más de 80 periodistas fueron amenazados o agredidos al final de la gran huelga contra el presidente Hugo Chávez, en enero y febrero. “El gobierno ha multiplicado las agresiones y presiones contra la prensa”, denuncia RSF.

En Guatemala, la campaña de las elecciones presidenciales estuvo acompañada de una multiplicación de agresiones contra periodistas, uno de ellos (Héctor Ramírez), fallecido.

“Prácticas que creíamos acabadas resurgieron. Los derechos humanos y la corrupción siguen siendo cuestiones peligrosas para los profesionales de la información”, asegura RSF.

En Perú, la libertad de prensa paga las consecuencias de la inestabilidad política “y de un gobierno desacreditado que intenta controlar su imagen”, según este informe, en el que se denuncian los “escándalos de espionaje a periodistas que marcaron 2003”, métodos que “recuerdan la era de Alberto Fujimori (1990-2000)”.

RSF subraya que la impunidad sigue reinando a la hora de establecer responsabilidades en los crímenes de periodistas y cita como ejemplo a Brasil, donde dos informadores perdieron la vida este año, o Argentina, donde a los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas, muerto en 1997, se les ha aplicado una importante reducción de condena.

La organización también subraya la diferencia entre la prensa nacional latinoamericana, “que tiene gran poder y no padece presiones importantes”, y los medios regionales, “que continúan en conflicto con las autoridades locales, funcionarios o policías, quienes no aceptan la crítica”.

En países como México, Argentina o Perú, por ejemplo, la mayoría de los ataques estuvieron dirigidos contra los medios de comunicación locales, según RSF.

“Desgraciadamente, la prensa nacional no siempre se muestra solidaria con sus colegas de medios regionales y muchos de estos atentados contra la libertad de prensa pasan desapercibidos”, denuncia la organización.

Además de los ocho periodistas oficialmente fallecidos en el ejercicio de su trabajo (cinco en Colombia, dos en Brasil y uno en Guatemala), un periodista (Germán Antonio Rivas) fue asesinado en noviembre de 2003 en Honduras y otro (Daniel Martich) falleció en República Dominicana en circunstancias dudosas, aunque es imposible de comprobar que sus muertes tuvieron relación con el ejercicio de su profesión.

No son chivos expiatorios los detenidos de Los Goyos, responde el procurador

* Destaca coordinación con autoridades federales

 * Se investiga el atentado contra Peredo, no al ex comandante que sigue desaparecido, dice Ramírez Guerrero

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El procurador de Justicia Jesús Ramírez Guerrero negó que sean chivos expiatorios los integrantes de la banda de secuestradores detenidos por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Judicial del Estado (PJE), el fin de semana pasado.

Entrevistado después del informe número 13 del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, ante la Comisión de Gobierno del Congreso local, Ramírez Guerrero dijo que esa acción donde se arrestó a miembros de la banda Los Goyos, es muestra de que la coordinación entre las autoridades estatales y federales para el combate a la delincuencia da buenos resultados.

Informó que la Procuraduría trabaja en coordinación con la PGR en investigaciones “que han dado como resultado la detención de estos secuestradores involucrados en 11 plagios, ocho de los cuales se cometieron en Guerrero y tres más en el Distrito Federal.

En otro tema, Ramírez Guerrero reconoció que la PGJE aún desconoce del paradero del ex comandante Federico Peredo Jiménez, quien recientemente sufrió un atentado en Acapulco y desde entonces no aparece.

Sin embargo, señaló que del caso se investiga el atentado, pero no se persigue a Peredo Jiménez porque –señaló– no tiene ninguna denuncia en su contra.

Ramírez guerrero deslindó también al ex comandante Peredo Jiménez de la recomendación 019, no obstante que la Coddehum acreditó su responsabilidad en la desaparición forzada de ese documento.

“El asunto de Peredo está atendido y no obedece a la 019, porque en la 019 no hay ninguna responsabilidad de Peredo”, aseguró el funcionario.

Preciso que el ex jefe policiaco fue separado del cargo a petición de la Coddehum pero que recurrió a la garantía de amparo, por lo que las autoridades correspondientes ordenaron su reinstalación.

Ramírez Guerrero puntualizó que la recomendación número 19, de 2001, “está muy avanzada”, sin embargo que no se podía finiquitar hasta que se ejecuten las aprehensiones de algunos elementos.

Informó que el incumplimiento en las órdenes de aprehensión contra algunos agentes prófugos de la Procuraduría, quienes participaron en la desaparición forzada de personas, es lo que impide dar por acatada la recomendación 19 / 2002 de la Coddehum.

Fueron torturados y amenazados, dicen los detenidos por el asesinato de la menor

* Riden su declaración ante el juez

 Jorge Nava * Armando de la Mora Calles y Juan Zahuatitla Morales, acusados de matar a Wendoline Lara Nochebuena, de 11 años, el viernes de la semana pasada, afirmaron que son inocentes y que la Policía Ministerial por medio de la tortura y amenazas los obligó a declararse culpables del crimen.

Los detenidos encerrados la madrugada del miércoles en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso), localizado en la colonia Las Cruces, rindieron ayer su declaración preparatoria en el juzgado quinto penal, en donde negaron las supuestas declaraciones que dieron al Ministerio Público con relación a los hechos y ampliaron, cada uno en su turno, que hubo presión de los policías para que se declararan culpables.

La niña Lara Nochebuena murió ahorcada. Sus hermanas la encontraron colgada, amarrada de las manos y desnuda. En su casa ubicada en la avenida Paseo de la Cañada, número 8, de la colonia Alta Progreso, a un costado de la unidad habitacional Infonavit.

La diligencia se efectuó en la primera secretaria de acuerdos adscrita al juzgado, donde el secretario Vicente Guerrero Campos les leyó a ambos las declaraciones que cada uno dio al Ministerio Público.

En el caso de Zahuatitla Morales había dicho que ese día se encontraba en casa de unos profesores en el Infonavit junto con su sobrino Oscar, que es su ayudante de obra. Señala que regresó a su casa a las 7 de la noche. Pero que, a la hora de la comida, su esposa Susana Reyes Navarrete le informó, a través de una conversación telefónica, que no podría llevarle de comer porque acompañaría a la mamá de Wendoline, pues habían matado a la menor.

Indico que regresó a su casa para acompañar a la familia de la menor muerta. Ese día, aseguró, no vio a su vecino De la Mora Calles, en el velorio.

Según la declaración que dio en el Ministerio Público, señala a De la Mora Calles como una persona adicta a la mariguana, vive solo, nunca se casó y consume alcohol.

Aclara que mantiene buena relación con los papás de                 Wendoline y nunca ha tenido problemas con ellos.

Por su parte, De la Mora Calles afirmó que desconoce esas declaraciones porque cuando lo detuvieron los policías, nunca le dijeron a dónde lo llevaban. Además de que lo estuvo torturando mucho el comandante adscrito, en la colonia Garita.

Agregó que no era posible que matara a Wendoline, ya que ese día se encontraba en casa de sus padres dormido. Despertando tarde porque su mamá, Rufina Calles Mendoza, lo dejó encerrado en su casa con sus sobrinos, a quienes les preparó de comer.

Aseguró que ante los golpes constantes, le pidió al comandante de la colonia Garita, que lo encerrara en el reclusorio para que ya no lo siguiera golpeando.

El agente del Ministerio Público adscrito en el juzgado, Rubén Figueroa, le solicitó cuestionarlo con relación a los hechos, pero De la Mora Calles se negó porque dijo sentir mucho dolor de cabeza y de estómago. El fiscal pidió también al juez que le decrete formal prisión por negarse a contestar las preguntas.

Por su parte, Zahuatitla Morales negó también que mató a la niña, y su abogado solicitó al juez la ampliaron de 72 horas para ofrecer pruebas a favor del detenido. Solicitó fechas para que se llame a declarar a la profesora para la que realizó trabajos de albañilería ese día de los hechos, así como al ayudante de su cliente.

Mientras que la defensa de De la Mora Calles solicitó fecha para que declaren los padres de su cliente, Rufina Calles Mendoza y Abundio de la Mora, con relación a qué hizo ese día el procesado.