EDITORIAL

El Sur, periódico de Guerrero cumple este domingo 33 años de ejercicio periodístico profesional ininterrumpido, bajo una línea editorial crítica y al servicio de los lectores. Ha sido un trayecto en medio de dificultades para el ejercicio de la libertad de expresión en el país y, más particularmente, en el estado de Guerrero.
México vivió durante décadas un esquema de relación perversa entre los medios de comunicación y el Estado. La abrumadora mayoría de las empresas periodísticas acataban con complacencia los dictados del gobierno en turno, a cambio de contratos de publicidad o de favores colaterales. El presidente José López Portillo (1976-1982) acuñó una frase que resumía con cinismo ese estado de cosas, para justificar el boicot que impuso a la revista Proceso: “No pago para que me peguen”.
La quiebra del modelo de partido hegemónico en los años noventa abrió paso a otras condiciones, en las cuales los gobernantes tuvieron que enfrentar una crítica creciente y los medios pudieron explorar un mundo para entonces desconocido. Pero nunca murió por completo lo viejo y no ha terminado de afianzarse lo nuevo. Prácticas del pasado son todavía recurrentes en distintas esferas de los poderes públicos.
En tiempos de la llamada Cuarta Transformación aún hay autoridades que creen que el presupuesto público está sujeto a su absoluto arbitrio y que lo pueden usar para presionar, chantajear, amedrentar y hasta para violar la ley en su beneficio personal o de grupo. Así fue en el pasado la gestión de la publicidad oficial y así hay prácticas en el presente. Hay quienes no aceptan la discrepancia o la crítica, quienes quisieran un coro de medios que agachan la cabeza y entonan elogios al gobernante.
Quizás la diferencia con el pa-sado es que, ahora, ese uso faccioso y patrimonialista de los recursos, que salen de los impuestos de todos los mexicanos, es políticamente incorrecto. Hay autoridades que inundan sus discursos de respeto a las libertades públicas, al derecho a la crítica y a la libertad de expresión, pero en la oscuridad de las oficinas y los pasillos del poder golpean a esa misma crítica condicionando de diversas formas la publicidad gubernamental.
Una variante del uso arbitrario de la autoridad contra los periodistas se ha perfilado en los últimos años en la forma de encubrir la represión con recursos judiciales. Con alega-tos de género, defensa del honor per-sonal u otros, en la práctica funcio-narios públicos han encontrado un camino para sofocar la discrepancia y mantener bajo amenaza a comunicadores o a sus empresas.
La realidad del país, sin embargo, se ha trastocado de tal manera que el autoritarismo gubernamental no es la única fuente de acechanza a la libertad de prensa. La violencia criminal ha rebasado a estas alturas cualquier límite. Ya no es sólo el combate entre bandas o la resistencia a la persecución policial, sino la ofensiva contra la propia sociedad, incluyendo a los medios de comunicación.
México vive una dramática realidad en la que han surgido zonas de silencio. El condicionamiento de qué publicar, cuándo y cómo o qué callar, se ha vuelto práctica recurrente en algunas regiones, siempre como resultado de la presión de las mafias.
Un escenario nacional con esos agravios coincide hoy con fenómenos iguales o peores en el resto del hemisferio. En Centroamérica, Sudamérica y el Caribe ya se conoce la categoría de periodismo en el exilio, en la cual califican medios que han tenido que salir de su país sin renunciar a su cobertura nacional. Son los casos de periodistas perseguidos o amenazados que no han tenido más remedio que instalarse fuera de sus fronteras para persistir en su empeño profesional. Ha habido redacciones enteras que han tenido que emigrar en masa y cuyas empresas han perdido su patrimonio.
Y para oscurecer más el pano-rama, el país que se supone adalid de las libertades civiles, tiene de presidente a un magnate que, un día sí y otro también, ataca a medios y periodistas que defienden las instituciones y prácticas de la demo-cracia y que critican sus agresivas políticas antimigrantes y de injeren-cia incluso militar en otros países.
Como se ve, no son buenos tiempos para la libertad de prensa. Pero El Sur celebra un nuevo aniversario con la satisfacción de mantenerse como una opción periodística seria, rigurosa y profesional para los guerrerenses.
Al mismo tiempo, la continuidad de este proyecto editorial refleja, sobre todo, que esa población mantiene su interés en disponer de esta herramienta como un recurso para el ejercicio de un elemental derecho democrático, el de tener acceso a una información creíble, oportuna y de calidad. Un valor así se potencia cuando el medio ambiente informativo se caracteriza por la improvisación, el amarillismo, la frivolidad, la mentira o el sometimiento al gobierno.
No es este un diario con una brújula abstracta. Desde nuestro nacimiento estamos comprometidos con causas de fuerte arraigo popular. Hemos defendido la supremacía de la Constitución y de un auténtico Estado de derecho, las libertades democráticas y el derecho de las mayorías a un mejor horizonte de vida. Con este nuevo año ratificamos nuestros compromisos, con la confianza de que cada día más guerrerenses mantendrán con su lectura diaria su respaldo a este esfuerzo.

EDITORIAL

 

En un intento de síntesis de sus primeros once meses de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su mensaje en Palacio Nacional este lunes: “Vamos bien y vamos a ir mejor”.
En esa fórmula y en su discurso, la mandataria evitó entrar en matices o exponer los grandes atrasos del país. Por el contrario, adoptó un tono en el que todo parece progreso y la gestión oficial es impecable.
Si bien son saldos que no pueden computarse íntegramente a la cuenta de este gobierno, México vive una economía que apenas crece, con desigualdades aún estremecedoras a contracorriente de la disminución de la pobreza y una violencia que parece indetenible, pese a los severos golpes dados al crimen organizado tras seis años de una política de pasividad gubernamental.
Los rezagos que Sheinbaum recibió en esos terrenos eran de peso. Cualquier esfuerzo para revertirlos, por muy importantes que sean, todavía son menores si se comparan con las metas deseables.
El cambio de gobierno se produjo sin las crisis económicas que sacudieron al país en otros relevos sexenales. La medición de las desigualdades y de la violencia indican tendencias positivas y es notable el impacto de una de las decisiones más trascendentes en la historia reciente del país: el aumento del salario mínimo, adoptado en la administración anterior.
Pero poco favor se hace la presidenta a sí misma, a su gobierno y a su movimiento, cuando rechaza ubicar esos avances dentro de las realidades del país, que representan todavía retos mayúsculos. Un elemental ejercicio de transparencia obliga al contraste, no a la proclama triunfalista.
El discurso de Sheinbaum fue un mensaje político en Palacio Nacional, ante unos centenares de invitados, en la fecha en la que debe presentar al Congreso de la Unión un informe del estado de la administración pública.
De esa manera mantuvo un ritual autoritario, adoptado en el pasado para evitar que el jefe de Estado quedara sujeto a los vaivenes del debate en las cámaras legislativas, a medida que la pluralidad nacional cambió las reglas del juego parlamentario.
Mal servicio le hace Sheinbaum a su reiterada oferta de democracia, al prolongar esa práctica obsoleta. Es en el Congreso, ante las distintas expresiones políticas, donde la presidenta tiene que informar, por ley y por esencia republicana. Aunque haya gritos o interpelaciones como los había cuando su movimiento estaba en la oposición.
En su mensaje, la presidenta recurrió también a una fórmula que debiera ya estar en desuso y que salta a la vista en Guerrero.
Sheinbaum citó la inauguración del Marinabús como parte de los proyectos que ha impulsado su gobierno para la recuperación de Acapulco tras los huracanes. Pero los hechos muestran que ese servicio no opera en la realidad, no existe el muelle en la terminal de Puerto Marqués y las obras respectivas están paralizadas por los marquesanos, los primeros afectados por las mismas y que protestan así para exigir información sobre el nuevo sistema de transporte.
Inaugurar obras en proceso, sólo para buscar la foto y el registro, parecía una práctica del viejo priismo, pero parece ya una costumbre de la 4T. Así ocurrió con las distintas etapas del Tren Maya o la refinería Olmeca en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum acaba de inaugurar en Acapulco sólo un sector del nuevo hospital del ISSSTE. Antes inauguró el hospital de Tlapa, para el cual, reconoció días después, las autoridades no habían podido contratar los médicos especialistas que se necesitan.
La propia presidenta prometió en Acapulco que el 90 por ciento del Jardín del Puerto –otra de las obras de la recuperación post huracanes– sería de áreas verdes. Pero el proyecto realmente existente destina la mayor parte del espacio a locales comerciales. Quieren hacer un negocio donde la sociedad reclama un espacio familiar de paz y esparcimiento.
Detrás del Marinabús y el Jardín del Puerto está la Marina, un cuerpo que, junto al Ejército, son instituciones de creciente injerencia en la vida civil, sin precedente en la historia nacional. Es notable que decisiones de una corporación militar resulten en obras públicas levantadas sin consulta a la población directamente afectada o incluso ajenas al interés social.
En un sector del río Papagayo, la protesta popular de los vecinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec ha paralizado en distintos momentos las obras de construcción de tres pozos radiales destinados a mejorar el abasto de agua de Acapulco, otra vertiente del esfuerzo de rehabilitación de la ciudad encabezado por la presidenta Sheinbaum. Pero los vecinos exigen que antes les garanticen a ellos mismos el suministro de agua que nunca han tenido en pueblos del Acapulco rural carentes de los servicios básicos, una tarea pendiente de los gobiernos municipales que se han sucedido en este siglo, la mayoría postulados por la izquierda.
La presidenta Sheinbaum ha visitado la ciudad ocho veces en estos 11 meses, un número que no alcanzaron sus antecesores en sus seis años en el cargo. Ello demuestra su interés por impulsar la recuperación de Acapulco tras los devastadores huracanes que afectaron a todos los sectores de la ciudad y cuyos efectos en la economía y la vida cotidiana de los acapulqueños siguen presentes.
Pero la compulsión de ofrecer resultados no debiera llevar a un discurso en el que falta el reconocimiento de una realidad y de las capacidades del Estado para enfrentarla con formas efectivamente democráticas.
Con las herramientas que puede tener este gobierno, y su declarada voluntad de cambio y corrección social, es posible afrontar los retos nacionales y locales en sus actuales dimensiones. Pero no será posible hacerlo con el cultivo de las viejas formas, sino con un nuevo discurso y nuevas prácticas políticas que alienten la participación de la sociedad en los asuntos públicos.
No todo es una cuestión de elecciones y de popularidad. Sin el concurso de la gente en cada una de las cuestiones que la afectan no es creíble un discurso que hable de transformación.

 

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Inmerso en una ruta que genera caos, incertidumbre y desconfianza en el mundo, Donald Trump cumplió su amenaza de dinamitar el tratado comercial de América del Norte (T-MEC). Además, lanzó sobre el gobierno de México la grave acusación de que tiene una alianza con los grupos de narcotraficantes responsables del envío de fentanilo a Estados Unidos, todo lo cual arrastra al país a una espiral de consecuencias impredecibles.
El nuevo escenario impactará a la economía de Estados Unidos, ante todo con un aumento de precios al consumidor, pero la onda expansiva golpeará con fuerza a la población mexicana. Un conflicto comercial de esta magnitud puede provocar aquí una depreciación del peso, una baja en las exportaciones hacia el norte, pérdida de ritmo en sectores clave, como el automotriz y el agroalimentario, y una declinación general de la economía.
Bajo las nuevas condiciones, pierde atractivo invertir en México, con el mercado del norte encarecido artificialmente. Hay riesgo de mayor desempleo y caída del consumo, con efecto primero en las regiones y los sectores sociales más desfavorecidos. La respuesta mexicana de aplicar cuotas a las importaciones provenientes de Estados Unidos no alcanza para aliviar el impacto en la sociedad. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, insiste en sus mensajes en exhibir los efectos perniciosos en Estados Unidos y hasta los cataloga como un “tiro en el pie”, un razonamiento que a Trump no le interesa y a México no le sirve.
Aquí importa qué va a pasar con el curso de la economía y con la vida diaria de las familias.
Trump detona la desestabilización económica con un discurso retorcido. No hay relación alguna entre la imposición de altos aranceles, por una parte, y el flujo de migración indocumentada y el narcotráfico, por otra. La equivalencia es primitiva e inservible en el debate, que surge de manera sorpresiva, pública, propagandística y al margen de los mecanismos que ambos gobiernos cultivan con dificultad para desahogar la colaboración en ambos frentes.
En realidad, si algo han hecho Andrés Manuel López Obrador en su mandato y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ante el vigoroso flujo migratorio de los últimos años es frenarlo. Cuando Trump amenazó con aranceles en su primer turno en la Casa Blanca, el estreno de la 4T fue el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional (GN) para crear un “muro” en el sureste. En los últimos seis años el Estado mexicano ha ejercido la disuasión, la presión, el desgaste y la fuerza para evitar el tránsito de los extranjeros hacia el norte. En el terreno de los hechos, los migrantes se enfrentan también a la delincuencia en todas sus variantes y a la corrupción, el engaño, la arbitrariedad y el chantaje del Instituto Nacional de Migración. Esta dramática mezcla ha permitido que, por ejemplo, el canciller Juan Ramón de la Fuente exponga como carta de triunfo el desplome del cruce de indocumentados en la frontera con Estados Unidos casi en un 80 por ciento en dos años.
Y si algo ha hecho Sheinbaum en cuatro meses es remontar la política de seguridad de su antecesor, cuyo rasgo principal fue evitar la exposición de la fuerza pública ante las incursiones de la delincuencia, bajo la consigna “abrazos, no balazos”. López Obrador involucró a los militares en la seguridad pública y diseminó por el país cuarteles de la GN, pero mantuvo a miles de efectivos paralizados. Ese vacío facilitó la expansión del crimen organizado hacia estados donde no tenía presencia significativa, como Chiapas o Tabasco y permitió el fortalecimiento de las bandas en otros como Morelos y Sonora. En Guerrero hemos visto cómo aumentó en los últimos años la fragmentación de cotos de poder y zonas de influencia de los grupos delictivos, se dispararon delitos como la extorsión y escaló la violencia hasta llegar a ejemplos incalificables de barbarie. La sociedad quedó atrapada poco a poco entre la madeja de redes delincuenciales, hasta el punto de reconocer a menudo en esa trama a la verdadera autoridad.
El actual Gabinete de Seguridad federal opera junto a las fuerzas estatales. Los números que casi a diario reporta de detenidos y droga y armas incautadas muestran su celeridad y la dimensión de sus operaciones. Pero, sobre todo, ahora sí se ve a la fuerza pública en acción en el lugar y en el momento en el que se requiere. Baste recordar sólo dos episodios recientes en el estado: el combate en Tecpan y sus alrededores en octubre, en el que hubo decenas de presuntos delincuentes muertos y más de diez vehículos con blindaje artesanal decomisados; y el enfrentamiento en la zona de Las Cruces de Acapulco, la semana pasada, en la que murieron cuatro presuntos sicarios. En ambos casos también hubo detenidos.
Otro asunto es la afirmación de Trump de que el gobierno mexicano sostiene una “alianza” con el crimen organizado. Imposible negar que altos funcionarios se han comprometido con las bandas delictivas en el país, como lo demuestra la historia reciente. Si es posible actuar fuera de la ley, una importante condición es la complicidad con quienes están obligados a velar por ella. Sin ir tan lejos, hay que hacer la cuenta de los integrantes de los gobiernos federal y locales y jefes y efectivos militares y policiacos denunciados, procesados o sentenciados por su vinculación con diversos ilícitos en las últimas décadas. Pero es inexacto y contraproducente lanzar, como lo hizo Trump, una acusación de bulto contra el gobierno en general, cuando ese gobierno es el mismo interlocutor con el que Estados Unidos está llamado a cooperar y a compartir información y cuando no se le ve acción alguna contra el lavado de dinero y las redes de distribución de droga en su propio territorio.
El giro provocador de Trump coloca a Sheinbaum no ante una discrepancia con un socio cercano, sino ante un nuevo escenario: el caos que deja armado quien patea la mesa en la que ambas partes, con Canadá, han estado discutiendo y procesando una integración económica por más de treinta años. Es el impulso desestabilizador que la Casa Blanca está inyectando en el mundo y abriendo así una nueva era geopolítica.
Ojalá que los planes oficiales (“A, B y C”, dijo la presidenta) sean fundamentados y eficaces para enfrentar la caída de la economía mexicana y su impacto social.
Pero la acusación de Trump de que el gobierno mexicano “da protección” a los cárteles de la droga va mucho más allá y pone las cosas en otro terreno, no solamente el económico. Y para enfrentar esta novedosa situación, no vislumbrada siquiera en alguno de los cálculos hechos por el gobierno, los empresarios e incluso la oposición, urge la puesta en práctica de una política de combate eficaz a la delincuencia organizada que cuente con el consenso nacional.
Para ello el gobierno morenista debe abandonar la soberbia y entender que no hay unidad sin diálogo. No será fácil que de la noche a la mañana el gobierno de Sheinbaum obtenga el respaldo que la grave situación requiere, después de seis años de una ofensiva verbal mañanera contra todo el que piense distinto, el que critique o el que se oponga. Contra lo que dice el discurso oficial, la 4T no logró en las urnas su actual mayoría legislativa. Con el voto popular obtuvo el 54 por ciento de la votación, sólo un poco más de la mitad, no el 75 por ciento de los asientos que obtuvo por los vericuetos de la ley electoral vigente.
Sheinbaum tiene que revalorar si puede seguir adelante con el uso del poder sectario que le heredó López Obrador. Sólo en este sexenio ya es amplia la lista de decisiones impuestas por el oficialismo contra la opinión de partidos, agrupamientos sociales, expertos y voces ciudadanas. El gobierno es para toda la población, no sólo para los que están pintados de guinda.
Y en este comienzo de gobierno, se han acumulado ejemplos de como morenistas y aliados avanzaron en el Congreso de la Unión desoyendo críticas, enmiendas o matices, por el solo hecho de que provenían de fuera del bloque gobernante. Así lo muestran las aplastantes votaciones en las cámaras y la burla a las minorías y a sectores sociales, en una réplica de las peores épocas de dominio priista de hace más de medio siglo.
Peor aún es la arbitraria actitud oficial de desdén a las demandas de la sociedad. El drama de las desapariciones de personas en varios estados del país, o las quejas laborales de los trabajadores de la salud, no encuentran eco en Palacio Nacional.
Una actitud abierta también se requiere para acercarse a los grupos de mexicanos organizados en Estados Unidos. No basta con la acción de los consulados, ni tampoco con un ejército de abogados que den apoyo jurídico a los potenciales deportados, que son las decisiones de gobierno anunciadas hasta ahora. Se necesitan acciones políticas del partido gobernante y de sus legisladores que fortalezcan la movilización social en el mismo Estados Unidos.
El país, igual que el resto del mundo, entra en una zona de turbulencia extrema, con un personaje de gran poder que va a convulsionar la situación internacional como no hemos visto en generaciones. Hay que hacer los ajustes y rectificaciones a la altura de ese terrible momento que nos ha tocado.

 

 

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A la desaparición de los 43 estudiantes normalistas víctimas de la sevicia en la noche de Iguala, hay que sumar la decisión de dos sucesivos gobiernos para no esclarecer el caso cabalmente. Además, hay que computar los giros en las investigaciones que han terminado por desviar la mirada del objetivo principal, por confundir a los interesados en conocer la verdad o por encubrir a presuntos responsables. El resultado ha sido una década de infamia, donde el engaño y la manipulación arrojan un saldo de impunidad.
Pronto quedó de manifiesto la frivolidad inicial del gobierno de Enrique Peña Nieto, que desdeñó el asunto como si se tratara de un incidente local. Cuando la federación entendió que debía tomar el caso en sus manos, tuvo la ingrata ocurrencia de fabricar la “verdad histórica”, que al paso del tiempo quedó desacreditada.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República dibujó en el horizonte la posibilidad de que, ahora sí, la investigación terminaría por poner los hechos en claro y quitaría del expediente las torceduras acumuladas en el camino.
López Obrador fundamentó esa expectativa con su compromiso personal, al incluir el caso Ayotzinapa en sus prioridades de gobierno. Luego avivó la llama de la esperanza, al constituir la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, auspiciar la designación de un fiscal especial del caso y encargar la conducción a un hombre de probada vocación democrática, Alejandro Encinas.
El equipo logró avances notables, catapultados, además, por el regreso a México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ya había trabajado durante el gobierno de Peña Nieto, pero que, sin explicación convincente, fue apartado de la tarea.
El progreso de la pesquisa siguió, pero no tardó en encontrar una muralla: el Ejército. El grupo de expertos, la Comisión de la Verdad, la Fiscalía Especial y el grupo de padres y madres de los estudiantes y sus abogados llegaron al convencimiento común de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) albergaba material informativo sustancial para arrojar luces definitivas en el caso.
López Obrador ha repetido que ordenó al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que abriera todos los archivos necesarios a los investigadores y a los familiares. Ambos han insistido, también, en que la orden fue acatada.
Pero muy distinta fue la apreciación de la comisión, los padres y madres y el GIEI. Por diferentes vías llegaron a precisar el paquete de información de inteligencia que razonablemente puede suponerse que conserva la Sedena y que sigue sin conocerse.
El GIEI, en su sexto y último informe sobre el caso, llegó a detallar, con fechas y circunstancias, los registros que debían reclamarse a los militares; los famosos 800 folios cuyo contenido no se ha dado a conocer. En esencia, el material requerido es el que pondrá en perspectiva nítida lo que ahora son indicios que se deben investigar de los acontecimientos de hace diez años.
¿Quién del alto mando militar estuvo al tanto en tiempo real de los movimientos de los normalistas? ¿Qué instrucciones recibieron los jefes del Ejército en el terreno? ¿Qué informó en su momento el agente infiltrado entre los estudiantes y que terminó como una más de las 43 víctimas? ¿Por qué la Defensa no rescató a su hombre? ¿Qué reportes hubo en la Sedena del destino de los jóvenes, una vez que quedaron en manos de las policías locales? ¿Algunos de los estudiantes pasaron por uno de los cuarteles de la zona? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué grado de compromiso había entre oficiales y tropa y el crimen organizado en Guerrero? ¿Quién de la superioridad estaba al tanto?
Estas y otras muchas preguntas se agolpan en las pesquisas y en las gargantas de los familiares. Pero ese reclamo de transparencia, lejos de dar el impulso definitivo a la investigación, significó el golpe de timón para que, también en este sexenio, el caso naufragara.
López Obrador atajó cualquier intento de cuestionar al Ejército, más allá de algunas consignaciones. Por el contrario, ha convertido la defensa cerrada de las fuerzas armadas en una parte sustancial de su discurso. Fue significativo el acuerdo político al que llegó con Estados Unidos para liberar a quien fuera el titular de la Sedena cuando los hechos de Iguala, Salvador Cienfuegos, detenido en ese país acusado de narcotráfico.
El choque de visiones sobre la real actitud del Ejército en septiembre de 2014 se convirtió en un punto de inflexión y, al final, en el hecho que marca la gestión de López Obrador ante el caso.
Abierto ese diferendo, el presidente destituyó a Encinas, propició la salida del fiscal especial y puso fin a la gestión del GIEI. Con una perversa maniobra, funcionarios del gobierno han intentado quebrar la unidad ejemplar que han demostrado los padres y las madres de los normalistas. La comisión quedó al garete y el propio mandatario, en una decisión insólita, anunció que él, personalmente, se ocuparía de encabezar la investigación del caso Ayotzinapa.
López Obrador, en un extraño papel de agente del Ministerio Público, presentó dos informes de su indagación y sendas cartas dirigidas a los padres y madres. En ambos casos el resultado es decepcionante. Lejos de ayudar a esclarecer los hechos, el mandatario ha optado por repartir culpas, por denostar a organizaciones humanitarias de probada rectitud y por atribuirle toda suerte de maquinaciones a terceros.
Mientras tanto, los jefes militares de las plazas involucradas siguieron sus carreras y recibieron sus ascensos escalafonarios. Los detenidos por el caso cuentan con abogados de la Sedena pagados con recursos públicos, que han llegado al extremo de hostilizar a Encinas por todos los medios a su alcance.
En esa especie de montaña rusa de avances y retrocesos, de hallazgos y encubrimientos, de hechos y de invenciones, la verdad sobre la suerte que corrieron los estudiantes se ve distante. El décimo aniversario de la tragedia coincide con el cambio de gobierno. Un nuevo sexenio es inminente y, como es natural, en los familiares de los normalistas resurge la esperanza de conocer, por lo menos, cuál fue exactamente el desenlace de aquella terrible noche.
Toca a la futura presidenta decidir si entra al fondo de la cuestión o se pliega a la inercia del actual gobierno. El reclamo está vivo, las familias, las nuevas generaciones de normalistas y una sociedad entera, agraviados todos por tantas atrocidades, una encima de otra, esperan que por fin cese la incertidumbre. Que termine ya esta infamia que pone al país una marca funesta ante el mundo.

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La presentación de una parte del futuro gabinete presidencial trajo ayer señales sobre las prioridades de lo que será el gobierno de Claudia Sheinbaum y los matices en la formación de su equipo de trabajo.
Acorde con una tradición política donde la forma es fondo, Sheinbaum optó por dar a conocer a sus colaboradores muy tempranamente. Aún no está calificada la elección y ella no ha sido declarada presidenta electa. Cierto es que, razonablemente, la futura mandataria ya tuvo que haberse ocupado hace tiempo de seleccionar a su primer círculo, pero algo distinto es el anuncio público.
En este caso se identifica con la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador –reiterada esta misma semana–, de que hay que dedicarse cuanto antes al trabajo sin perder tiempo, con lo cual desdeña la formalidad del proceso electoral.
El nombramiento de Marcelo Ebrard era esperado. El propio López Obrador anticipó el año pasado que, entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, quienes quedaran fuera tendrían una posición relevante en las cámaras del Congreso o en el gabinete. La designación del futuro titular de Economía es, entonces, el cumplimiento de una promesa del actual mandatario.
Pero es igualmente, y por la vía de los hechos, una forma de cicatrizar el conflicto abierto durante la contienda sucesoria en Morena. Ebrard criticó entonces con aspereza lo que consideró una iniquidad del proceso, que favorecía a Sheinbaum. Nunca retiró sus dichos –algunos muy fuertes– pero ahora claramente es un episodio que está hecho a un lado.
Juan Ramón de la Fuente ya era un peso pesado al lado de Sheinbaum. Ha sido el enlace con sectores sociales y luego jefe del equipo de transición. Su trayectoria científica, académica y en el servicio público y la diplomacia lo respaldan, además, como el futuro canciller. También era esperada la designación de Ernestina Godoy como consejera jurídica. Su cercanía de años con la futura presidenta, acentuada con su postulación a la Cámara de Senadores, la anotaban como parte del gabinete.
Las otras tres designaciones son en sí mismas un plan de gobierno. El ascenso de la ciencia en la jerarquía, con la creación de una nueva secretaría de Estado, corrige un atraso que arrastraron los gobiernos mexicanos por décadas; reivindica el protagonismo del conocimiento en la gestión pública y pone al país en sintonía con el mundo industrializado. La nueva cartera que sustituirá al Conahcyt estará a cargo de Rosaura Ruiz, una reputada académica a quien se le recuerda en la entidad como funcionaria de la Universidad Autónoma de Guerrero en el segundo rectorado de Rosalío Wences y su proyecto Unioversidad-Pueblo.
El nombramiento de Alicia Bárcena, bióloga de profesión, con amplia experiencia en el análisis de la economía internacional y el sistema de Naciones Unidas, no hace sino prever que México entrará a fondo a encarar el reto del cambio climático, a superar el extractivismo y a otorgar a la agenda ambiental el nivel de prioridad y urgencia que tiene.
Julio Berdegué llegará a la Secretaría de Agricultura con una vasta experiencia en el estudio y gestión de problemas alimentarios, una franca oposición al uso de transgénicos y un sólido conocimiento del maíz como el eje del cultivo, la alimentación y la tradición cultural de México.
En parte estas designaciones marcan un claro distanciamiento con López Obrador, en cuyo gobierno el organismo científico asumió un protagonismo político desmesurado, abrió conflictos innecesarios y llegó al insólito extremo de llevar a la acusación penal a distinguidos profesionales. Sheinbaum también se aparta de la defensa que ha hecho la actual administración de los combustibles fósiles y de la incisiva hostilidad de Palacio Nacional contra el movimiento social ambientalista.
Guerrero, y en particular Acapulco, no pueden sino recibir con beneplácito este importante giro en el gobierno federal. El estado padece varios de los peores impactos del deterioro climático: la deforestación acelerada, la erosión del terreno y el calentamiento de las aguas marinas, como quedó de manifiesto, dramáticamente, durante el paso del huracán Otis.
Colocar la ciencia, la agenda ambiental y la agricultura sostenible en las prioridades de la nueva administración abre la fundada expectativa de que habrá ojos y oídos atentos a ese arco de asuntos estratégicos para Guerrero.

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El triunfo electoral de Claudia Sheinbaum era esperado, por la alta coincidencia que mostraban las encuestas en los últimos meses. Pero resultó sorpresivo el margen de ventaja que obtuvo la candidata de Sigamos Haciendo Historia. Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que seguía corriendo ayer, la futura presidenta rebasaba los 30 millones de votos y mantenía una ventaja de 30 puntos porcentuales sobre la opositora Xóchitl Gálvez.
El mandato popular es indudable. Sheinbaum llegará a la Presidencia de la República con la impronta de ser la primera mujer titular del Ejecutivo en dos siglos de vida independiente del país y con un caudal de votos neto y relativo sin precedente. Cuenta con un bono democrático que le otorga legitimidad y fuerza como la que no ha tenido un mandatario en México en décadas.
Más sorprendente fue, sin embargo, el alcance que tuvo la coalición oficialista en el Congreso y en los gobiernos estatales. El PREP apuntaba el lunes a un Senado y a una Cámara de Diputados en los que Morena y sus aliados estaban en el rango de dos tercios de asientos, es decir que alcanzarían una mayoría calificada, con la cual tendrán al alcance de la mano la posibilidad de realizar reformas a la Constitución. El llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El oficialismo llevaba ventaja en siete de los nueve gobiernos estatales en disputa, incluida la Ciudad de México, con el notable vuelco que desalojó al Partido Acción Nacional de Yucatán, en favor de Morena.
Aún falta el conteo definitivo, pero el perfil político de las elecciones de este 2 de junio ya está dibujado: el movimiento impulsado por López Obrador arrasó a lo largo y ancho del país. Hay que remontarse a más de medio siglo para encontrar un escenario político con una fuerza hegemónica, donde la oposición ha quedado reducida a su mínima expresión.
Con semejante fuerza en los estados y en el Congreso, Claudia Sheinbaum todavía tendrá la posibilidad de proponer a un ministro o ministra de la Corte este año, con lo que se formaría en el alto tribunal un bloque decisivo, capaz de actuar en consonancia con el interés del Palacio Nacional. Tanto López Obrador como la futura presidenta han verbalizado su interés en una reforma que lleve al Poder Judicial en todas sus instancias a someterse al mandato de las urnas, lo que implicaría un sacudimiento de la judicatura nunca visto en la historia reciente.
Esta dimensión del poder que tendrá la futura presidenta no es sólo un dato electoral. En realidad es un reto. El voto apabullante es un respaldo formidable para el nuevo gobierno y al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Es un mandato claro para que se profundicen los cambios. Los electores confirmaron su repudio a los partidos gobernantes del pasado, le dieron todo el poder al partido del presidente, pero no está claro que expidieron un cheque en blanco. La agenda social debe ponerse en primer plano, lo mismo que el combate a la violencia, y ambas tareas requieren ingentes recursos que no se ve cómo se obtendrán sin una reforma fiscal.
Además, alguien con la fuerza política que le entregaron más de 30 millones de ciudadanos no puede gobernar frente a los espejos palaciegos, dentro de una burbuja de obsecuencias.
Más allá de la votación, el país sigue siendo desigual, pero también diverso y plural. Claudia Sheinbaum tiene que ver también a los millones que no votaron por ella y escuchar a quienes tienen opiniones distintas, promueven otros proyectos, critican al gobierno actual. Tiene que considerar el verdadero valor del régimen de autonomías, reformable sin duda, criticable y sometible a rendición de cuentas, pero que debe entrar bajo la ponderación entre el valor social de los órganos competenciales y su desempeño real. Si hay que combatir la corrupción en ellos, no hay por qué eliminarlos, a costa de desaparecer conquistas populares de larga data, como la normatividad de transparencia.
Con ese enorme poder que conlleva el gran desafío de la prudencia y la sindéresis, importa subrayar a esta hora de cambios el siguiente reto que sacude al país: la violencia.
Una sana determinación del nuevo gobierno será la de sustraerse a la espiral de agitación que alentó el presidente López Obrador, al colocar todo análisis de la violencia en el país como un conflicto político con un gobierno que terminó hace 12 años. Claudia Sheinbaum tiene que hacerse cargo de la realidad de hoy, de hechos como los más de sesenta homicidios nada más el día de las elecciones.
Urge una mirada serena, ecuánime, realista, exenta de pasiones electoreras. Es necesaria la decisión del más alto nivel de movilizar a las fuerzas de seguridad para proteger a la población, no para contemplar cómo la delincuencia impone un régimen de terror y ocupa zonas del país sin que haya ley que valga.
El Estado mexicano cuenta con recursos de inteligencia, con personal experimentado en el análisis y en las operaciones. Tiene que emplearlos en los fines socialmente necesarios, no colocarlos en cuarteles y exhibirlos simbólicamente. Hace falta un plan integral de combate a la delincuencia, con escalas territoriales en el municipio, la región, los estados, el país entero y la mitad del hemisferio. Cerrar los ojos a la realidad y echarle la culpa a algunos gobiernos del pasado no resolvió nada en este sexenio, que será el más mortífero en décadas.
El país puede estar conforme con un gobierno que cuenta con un amplio mandato popular. Estará mejor si ese gobierno usa su extraordinario bono democrático con verdadero pluralismo y encara la inseguridad con bases realistas, fundamentos técnicos y sentido de justicia.
Es hora de que cada mexicano, donde quiera que se encuentre, pueda salir a la calle sin temores de ninguna índole y trabajar honradamente sin ser víctima de extorsiones. Es hora de dar respuesta a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, para que nunca más haya crímenes contra la humanidad, como el cometido en Iguala hace casi 10 años.

EDITORIAL

Los guerrerenses llegan a las más numerosas elecciones en la historia del país, una vez más, enmedio de una ola de violencia criminal. En víspera de los comicios, el estado es el octavo del país con más homicidios dolosos y Acapulco la cuarta ciudad que más registra víctimas de asesinato.
Las cifras oficiales sólo dan cuenta de aspirantes, precandidatos o candidatos asesinados. Pero hemos visto atentados y ataques a negocios de aspirantes a algún cargo de elección o de personas vinculadas al proceso electoral, hostigamiento en actos de proselitismo o campañas que han debido detenerse a consecuencia de amenazas o temores.
En los comienzos del proceso, Acapulco, Chilpancingo, Taxco e Iguala vivieron una ola de violencia contra transportistas y los choques entre grupos delictivos en la sierra de San Miguel Totolapan dejaron un saldo mortífero.
La ciudad de Acapulco está sacudida todavía en estos días por una cadena de asesinatos, que han hecho de las noches y madrugadas en el puerto un escenario de terror.
Y la paz que se observa en algunas regiones no es resultado de la ausencia de grupos violentos, sino más bien expresión de que allí solamente uno domina e impuso las condiciones de la competencia electoral.
El asesinato del candidato a alcalde de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera en su cierre de campaña apenas el miércoles, es un estremecedor ejemplo de la violencia en el estado: con un atentado previo y una escolta de 15 elementos, fue víctima de un tirador que pudo acercarse a centímetros para ejecutarlo.
Solamente dos semanas antes el candidato a regidor del mismo municipio Aníbal Zúñiga Cortés fue asesinado junto con su esposa, y sus cuerpos desmembrados, abandonados en una de las principales avenidas de Acapulo, en un hecho de violencia extrema. Y en octubre pasado 11 policías municipales y sus dos jefes fueron asesinados por un grupo delictivo, después de que acudieron a atender una presunta emergencia.
Quizás lo más grave de este escenario es que ni el gobierno federal, ni las fuerzas armadas ni el gobierno estatal parecen tener interés en volcar sus recursos para frenar al crimen. Al paso del tiempo ya ni siquiera hay declaraciones ni ofrecimientos de una vaga justicia a un plazo incierto.
A pesar de este clima tan adverso, este domingo se cumplirá una jornada que constituye la única ocasión en que las y los guerrerenses habremos de decidir el rumbo del estado y del país por medio de las urnas. Acudir a votar es la única vía legal, legítima y factible para influir en la composición de las autoridades federales, estatales y municipales y de esa forma en el proyecto de gobierno que más nos interese.
Una votación copiosa, gane quien gane en cualquiera de los cargos en disputa, dará a los ciudadanos una mayor capacidad para presionar a las autoridades electas a cumplir sus promesas de campaña. Ayudaría a poner a Guerrero y sus graves problemas en la agenda nacional.
Para que no se olvide de los 43 normalistas de Ayotzinapa y no haya más desaparecidos ni víctimas de delitos de lesa humanidad; para que se liberen recursos cuantiosos hacia la reconstrucción sustentable de Acapulco; por proyectos de desarrollo que abatan la pobreza que afecta a la mayoría de los guerrerenses.
Una votación masiva, en fin, alteraría los cálculos de las fuerzas políticas y los poderes fácticos que se reparten poder y territorios sin el concurso de los ciudadanos y sin tomar en cuenta sus necesidades.
El voto ciertamente no lo es todo, pero es de gran relevancia que una gran concurrencia a las casillas refleje el interés ciudadano por la vida pública, por la elección de este o aquel candidato y programa de gobierno y, sobre todo, demuestre el firme e inequívoco respaldo a la solución pacífica de nuestros problemas y el rechazo rotundo a la violencia, la ilegalidad y el crimen.

EDITORIAL

Era difícil pensar que la acción penal por el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta fracasara tan rápidamente, pero así sucedió. Era difícil esperar que las autoridades locales, con los reflectores del país encima, incurrieran en graves deficiencias en el caso, pero así sucedió.

Poco después del crimen, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal sostuvo que el joven murió en un enfrentamiento a tiros entre policías de la entidad y los ocupantes de una camioneta en la que iba Gómez Peralta. Esa versión la repitió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia, con base en el reporte inicial.

Más tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) desmintió esa versión e informó que investigaba por homicidio doloso a policías estatales. López Obrador también cambió su relato, dijo que el normalista nunca disparó, que fue asesinado y que los agentes estaban detenidos en Guerrero, pero “a disposición de la Fiscalía General” de la República.

Este martes el presidente expuso el sorpresivo giro de que el presunto responsable del homicidio “se fugó”.

La SSP informó que no hubo tal fuga, que los tres policías que participaron en los hechos declararon de manera voluntaria ante la FGE, pero “hubo dilaciones que obedecieron a la negativa de la Fiscalía en recepcionar (sic) la puesta a disposición”.

Agregó que dos de los policías estaban “resguardados de manera voluntaria administrativa” y un tercero estaba sin localizar, “por no tener una situación jurídica dictada”.

Es decir que no hubo fuga, porque no hubo consignación ni había órdenes de aprehensión. Al parecer, el tercer policía –el que presuntamente mató al estudiante– declaró y salió de la FGE como cualquier persona en libertad.

En esta nueva espiral de versiones sesgadas y desmentidos, la FGE aseguró que “en ningún momento” tuvo como detenidos a los policías, “por lo que deberá de aclararse qué autoridad” los tuvo en custodia.

Y entra el secretario de Gobierno de la administración de Evelyn Salgado a decir que sí se puso a los tres policías a disposición de la Fiscalía estatal. Posición que Ludwig Marcial Reynoso Núñez anduvo divulgando en diversos medios continuando el diseño de ocultamiento iniciado la madrugada del viernes, unas horas después del asesinato de Kothan, en la conferencia de prensa en que validó la versión de que los policías solamente repelieron una agresión armada de los ocupantes de una camioneta robada.

Esta competencia de acusaciones e irresponsabilidad ha llevado a López Obrador a difundir versiones falsas en dos ocasiones en apenas cuatro días. Ni el normalista murió tras un enfrentamiento a balazos en un inexistente retén de vigilancia, ni los policías implicados estaban a disposición de la “Fiscalía General”.

El desastre de las autoridades de Guerrero ha pulverizado la investigación, que ya estaba dañada por la contaminación de la escena, el traslado irregular de la camioneta, principal elemento de prueba y la probable “siembra” de objetos como un arma y posible droga.

La Fiscalía General de la República atrajo el caso, pero más bien parece que atrajo un cúmulo de posibles ilícitos, falsedades, omisiones y complicidades que han pavimentado el camino de la impunidad.

Es muy difícil suponer que habrá una pesquisa apegada a derecho y que el o los presuntos responsables del crimen serán llevados ante un juez y sometidos a debido proceso. No al menos con las actuales autoridades.

La memoria trae de inmediato antecedentes igualmente estremecedores.
El 28 de junio de 1995, durante el gobierno de Ernesto Zedillo y el mandato en Guerrero de Rubén Figueroa Alcocer, policías estatales dispararon en el vado de Aguas Blancas contra campesinos desarmados, que en dos camionetas iban rumbo a Atoyac, con resultado de 17 muertos y 21 heridos.

La versión inicial fue que primero abrieron fuego los campesinos, pero con el tiempo pudo precisarse que no fue así: los agentes los ejecutaron.El caso fue tan controversial y causó tanta indignación la masacre de 17 campesinos que la Suprema Corte tuvo que recurrir a sus facultades de investigación y nombró a una comisión para esa tarea. Los dos ministros asignados demostraron en un histórico informe que hubo “siembra” de armas entre las víctimas y que, a sólo dos horas de los hechos, autoridades locales “empezaron a crear una versión artificial”.

Los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios concluyeron que, para torcer los acontecimientos, se manifestó “la cultura del engaño, la maquinación y la ocultación” y recomendaron una investigación contra altos funcionarios del estado, empezando por el gobernador. Figueroa se vio obligado a solicitar licencia definitiva al cargo, pero la pesquisa nunca ocurrió.

Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, en el gobierno de Enrique Peña Nieto y el mandato estatal de Ángel Aguirre Rivero, ocurrió en Iguala el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, con la consecuencia de tres asesinados y 43 desaparecidos. El caso estremeció al país y al mundo, que miraron ahí el extremo al que había llegado la violencia, el flanco más débil del Estado mexicano, y la ausencia de derecho.

Aguirre también pidió licencia. Las primeras diligencias derivaron en lo que el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, llamó la “verdad histórica”, cuya falsedad quedó demostrada ya en el gobierno actual, tras la investigación encabezada por una fiscalía especial y la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

López Obrador ofreció al principio de su mandato concluir la investigación, pero todo indica que no cumplirá su oferta. En cambio, está empeñado en una campaña contra los padres de los 43 normalistas desaparecidos, con el pretexto de que no confía en sus abogados, estrategia que emprendió luego de que fueron desmanteladas el conjunto de instancias oficiales y auxiliares que avanzaron en el esclarecimiento de los hechos hasta que se estrellaron con la negativa de la Secretaría de la Defensa a entregar información de inteligencia, que los investigadores consideran clave en el caso.

Ahora, en la agonía del sexenio obradorista, bajo la gestión de la gobernadora Evelyn Salgado, y toda proporción guardada, el crimen del joven Gómez Peralta es un recordatorio de que nada parece haber cambiado en las últimas tres décadas en Guerrero, bajo distintos gobiernos estatales y federales, en el uso faccioso y arbitrario de las instituciones de seguridad y justicia y el desprecio a la Constitución y las leyes.

En su informe sobre la matanza de Aguas Blancas, los ministros Castro y Castro y Román Palacios escribieron: “Tan importante como los acontecimientos concretos y lesionantes del vado de Aguas Blancas, resulta el manejo público oficializado de los mismos. Es ahí donde aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana la persistencia en incurrir en una política de falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia sociedad por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para defenderla y servirla”.