Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En una sesión de trámite que realizó el pleno del Congreso local, se presentó una iniciativa que plantea que para la designación de magistrados del Poder Judicial del Estado se tomen en cuenta la profesionalización y conocimientos en las propuestas que envía al Poder Legislativo el Ejecutivo estatal.
El diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez propuso reformas a la Constitución Política del Estado de Guerrero para establecer un mecanismo de designación de los magistrados que garantice la imparcialidad, profesionalización y conocimientos de las personas propuestas para desempeñar los cargos.
La propuesta plantea que la gobernadora o gobernador del Estado remita una terna al Congreso del Estado, tres meses antes de que fenezca el nombramiento de la persona que ostente una magistratura en el Poder Judicial, para que comparezcan y sean aprobados con el voto de dos terceras partes del total de los integrantes del pleno.
Pero también plantea que si el Congreso no resuelve sobre la terna en el término establecido, la persona titular del Poder Ejecutivo nombrará de entre la terna a quien deba asumir el cargo de magistratura, o en caso de ser rechazadas las propuestas o no alcance la votación requerida, se notificará al Ejecutivo.
Y se fija el requisito para obtener el nombramiento, ser jurista “de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional o en activo en la función jurisdiccional o carrera judicial”.
Entre las iniciativas presentadas en la sesión ordinaria estuvo la del morenista Osbaldo Ríos Manrique, planteó una reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para que los cabildos puedan autorizar a los integrantes de los ayuntamientos el desempeño paralelo como servidores públicos federales, estatales o municipales, siempre que sea en las áreas de la docencia, salud, investigación o beneficencia pública, sin que esto afecte sus responsabilidades edilicias.
Mientras que la perredista Jennyfer García Lucena presentó una iniciativa a la Ley de Salud del Estado, para establecer que las instituciones de salud particulares presten sus servicios de manera gratuita, en al menos un cinco por ciento de su capacidad, en favor de personas de escasos recursos económicos.
De Morena, Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición y reforma a la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado para que las empresas constructoras establecidas en Guerrero estén debidamente constituidas, “al corriente con sus obligaciones fiscales y tengan capacidad técnica y financiera suficientes para potenciar el desarrollo económico y social de la entidad” para inhibir las prácticas “perniciosas” en este sector.
Helguera Jiménez propuso exhortar al director en jefe del Registro Agrario Nacional para que, a través de su representación en Guerrero, realice en este año una jornada pública e itinerante del servicio de Depósito de Lista de Sucesión o Testamento Agrario en cada una de las regiones del estado, para dar certeza jurídica sobre sus parcelas a campesinas y campesinos.
El priista Héctor Apreza Patrón presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, en la que planteó que la Unidad de Género de cada ente público contribuya a la difusión, promoción y protección de los derechos de la mujer en el ámbito familiar, laboral y comunitario, así como acciones encaminadas al empoderamiento de las servidoras públicas en un contexto de igualdad.
Mientras que el morenista Carlos Cruz López propuso adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para que los diputados que se declaren sin partido tengan la obligación de presentar individualmente su agenda legislativa en un periodo de 30 días después de su renuncia al partido por el que llegaron a una curul.
En tribuna el morenista Joaquín Badillo Escamilla intervino sobre el tema de la basyra en Acapulco. Señaló que las altas cantidades de basura se generan por los centros de producción y las cadenas de comercialización, situación de la cual las empresas no se hacen responsables, ya que son excluidas del pago de impuestos para el mantenimiento de los basureros y rellenos sanitarios, dejando la responsabilidad al Ayuntamiento para que atienda el problema con bajo presupuesto.