La diputada local por Morena Citlali Calixto Jiménez junto a las sobrevivientes de ataques con ácido, Sandra Montiel y María Elena Ríos, en conferencia de prensa en la sala José Francisco Ruiz Massieu, en la que anunciaron que hoy ante el pleno del Congreso local sería presentada la llamada Ley Malena Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Sobrevivientes de ataques con ácido, y la diputada morenista Citlali Calixto Jiménez, anunciaron que en la sesión del pleno de este martes se presentará la iniciativa de ley para tipificar en el Código Penal la violencia ácida, para la que se plantean penas de hasta 21 años y reparación del daño.
Se trata de una iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, y del Código Penal de Guerrero, en materia de violencia ácida, conocida como Ley Malena.
En conferencia en la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu en el Congreso local, después del panel Legislando contra la violencia ácida, María Elena Ríos Ortiz, saxofonista oaxaqueña víctima de un ataque con ácido, fue de las panelistas para presentar la iniciativa Ley Malena, que lleva su nombre.
María Elena Ríos dijo que los ataques con ácido en contra de mujeres no son hechos aislados, y que a pesar de que hay estados como Guerrero en los que no hay registros oficiales de este tipo de agresiones, no es por que no ocurran sino que se han invisibilizado o las mujeres han muerto.
Recordó que las víctimas de estas agresiones terminan en el hospital luchando por sus vidas y no pueden ir a un Ministerio Público a denunciar, además de que en estas instancias no hay servidores públicos preparados con perspectiva de género y empatía.
Destacó también que el que la ley y Código Penal contempla este tipo de agresiones de forma específica, “en términos jurídicos esto facilita a la víctima su proceso, lo hace menos largo, menos revictimizante, porque ya está implícito en una reforma el reconocimiento del delito”.
María Elena Ríos detalló también que el 95 por ciento de las agresiones con ácido documentadas las cometió un hombre y casi siempre se trata de la pareja o ex pareja de la víctima.
En la conferencia, la diputada morenista Citlali Calixto detalló que la iniciativa que presentará plantean hasta 17 años de prisión, y una agravante cuando la agresión se realice por razón de género para que la pena alcance hasta los 21 años y cuando se acredite relación entre víctima y victimario.
La diputada dijo que “la esencia de esta iniciativa radica en visibilizar una de las violencias que a nuestro parecer es de las más crueles, de las más inhumanas, que se ejerce de manera especial contra las mujeres… con esta iniciativa nos sumamos a este movimiento nacional que busca erradicar otra más de las violencias que se vive en este país”.
Se trata de crear un nuevo tipo penal llamado “lesiones provocadas por ácido, sustancias químicas o corrosivas” y se fija como pena la correspondiente al delito de lesiones calificadas, que asciende hasta 13 años de cárcel, pero que podría alcanzar los 21.
En esta iniciativa, se planteará que este delito se considere como tentativa de feminicidio cuando las lesiones provoquen recesión parcial o total en las mamas, cuando haya alteración en el aparato genital, cuando se cause daño físico severo o cuando provoque incapacidad permanente para trabajar.
Además de que en todos los casos la iniciativa contempla el pago de la reparación del daño “en los términos que el propio Código Penal establece, de esta manera procuramos que nuestro aparato jurídico tenga armas para prevenir, atender, combatir y erradicar la violencia de género y particularmente la violencia ácida”.
En la conferencia también estuvo otra sobreviviente a un ataque con sustancias corrosivas hace ya 22 años, Sandra Montiel Díaz, artista trans.
Colectivos de Chilpancingo en conferencia de prensa urgieron al Congreso de Guerrero la aprobación de la ley estatal en materia de desaparición de personas que entregaron para su discusión y en su caso aprobación en noviembre pasado. En la imagen, Hidery Guadalupe Jorge, Olga Mondragón, Carlos David Molina, Gemma Antúnez, María del Pilar Carbajal, Elianetad Alonso y María Luisa Garfias Foto: Jessica Torres Barrera
Colectivos de familiares de desaparecidos de Chilpancingo, Acapulco e Iguala demandaron al Congreso local aprobar la Ley estatal en materia de desaparición de personas, cuya iniciativa entregaron para su discusión, y en su caso aprobación, en noviembre pasado.
En conferencia de prensa en la capital, la presidenta del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez, denunció que han visto que de parte del Congreso local no hay interés por darle trámite a esa iniciativa, que trabajaron los diferentes colectivos del estado, y que de parte de la Secretaría de Gobierno no hay empatía con las víctimas.
Debe independizarse la Comisión Estatal de Búsqueda
Por otro lado, el representante del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, se pronunció por la independencia de organismos como la Comisión Estatal de Búsqueda, para la que pidió recursos suficientes a fin de que pueda desempeñar su trabajo eficazmente.
Algunos familiares de desaparecidos que participaron en la conferencia de prensa, expresaron que la iniciativa de ley que está archivada en el Congreso local, en caso de aprobarse, será una herramienta fundamental para la localización e identificación de sus familiares desaparecidos, así como para recibir los apoyos que por ley les corresponden.
Gema Antúnez exigió a los diputados locales, con quienes trabajaron los colectivos la iniciativa de ley, “que le den la importancia real que tiene el proyecto porque nuestros desaparecidos tienen derecho a ser buscados y lograr esclarecer la verdad de su desaparición”.
Informó que todos los colectivos de víctimas y organizaciones sociales tienen un objetivo común: que se apruebe la ley de desaparición de personas, en la que participó la Cruz Roja Internacional y algunos diputados de la actual legislatura.
Sin embargo dijo que aun con el gran equipo de trabajo, los familiares “vemos con gran tristeza que en el Congreso no hay ese interés porque este proyecto tenga resultados positivos”.
Explicó que el interés de los colectivos es que con esta ley las instituciones encargadas de apoyar a los familiares de las victimas tengan un mejor y mayor presupuesto, personal capacitado y que se busquen las estrategias para tener un banco de datos forenses, así como un sistema tecnológico informático para la investigación de personas desaparecidas y que realmente estén en la vanguardia e integrar un órgano de consejo ciudadano que esté vigilando los procesos de investigación y se mantengan informadas a las familias”.
Opinó que con ello se logrará que “este mal que aqueja a nuestro estado con tantas personas desaparecidas tenga mejores resultados”.
Informó que actualmente, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, en los últimos cinco años hay tres mil 800 personas desaparecidas en el estado, pero la cifra solamente es de las personas que logran poner la denuncia, porque no hay una estadística real, pero hay muchas familias que no denuncian.
Dijo que, en concreto, quieren una atención jurídica especializada de personal con capacitación y con habilidades y destrezas para la búsqueda de personas, “y lograr la localización de nuestros familiares, así como un mayor presupuesto para la eficaz operación de estas áreas y un mejor control de los datos forenses”.
Denunció que actualmente hay saturación de cuerpos que ya tienen muchos años y que no han podido ser identificados por la carencia de presupuesto.
Por ello exigió que realmente el Congreso tome en serio el proyecto de ley para que se garanticen recursos para estos organismos.
David Molina, del Colectivo Lupita Rodríguez, dijo que desde el 2018 que entró en vigor la ley federal en materia de desaparición forzada, el Congreso de Guerrero no ha legislado en la materia, a pesar de que desde el 4 de noviembre los colectivos, con el acompañamiento de algunos diputados locales, presentaron la iniciativa.
Urgió que dicha iniciativa de ley se apruebe, pues en ella se establece la independencia de los organismos que apoyan a los familiares de los desaparecidos, como la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), así como la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) y el Servicio Médico Forense que actualmente dependen de diversas secretarías.
Se quejó que la Secretaría de Gobierno no ha tenido la empatía con los familiares de las víctimas “y no destina los recursos necesarios para la búsqueda efectiva, eficaz y con personal capacitado”.
Además denunció que hay una crisis forense a nivel nacional y que Guerrero no es la excepción, agregó que en el estado, mientras el Semefo dependa de la Secretaría de Salud y no tenga los recursos necesarios, no va a agilizar la identificación humana.
Opinó que para agilizar el trabajo esta instancia debe depender de la Secretaría de Gobierno, como en otros estados, donde estas instancias dependen de la Secretaria de Gobierno “o son realmente independientes”.
Llaman a Evelyn a entender la magnitud del problema
Por separado, integrantes del Colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, se quejaron que a cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda no ha sido aprobada la ley local por parte de los diputados.
En conferencia de prensa en el atrio de la catedral de Cristo Rey, ubicada en avenida Universidad en Acapulco, la presidenta del colectivo, Emma Mora Liberato, dijo que es urgente una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para hacerle saber la magnitud del tema, y ejemplificó que la noche del martes para amanecer miércoles tres mujeres desaparecieron. “En ocasiones hay desapariciones de manera conjunta, es decir, que no solo desaparece una persona en ese momento sino hasta cinco”.
Indicó que en el grupo de respuesta inmediata, que se conformó el 24 de mayo del 2022, se hizo un corte de mayo al 9 de enero de este año donde se tienen registradas 209 personas desaparecidas en todo el estado, de las cuales fueron 149 localizadas vivas, dos muertos y donde el 80 por ciento de esa relación son mujeres entre los 19 y 25 años de edad.
Sobre la ley dijo que han hablado con los diputados, han hecho trabajo, los han hecho participe de lo que necesitan como familiares de personas desaparecidas “y que se necesita ser solventadas”.
Mora Liberato dijo que el dolor y sufrimiento de las familias en Guerrero “queremos ya un alto, que al menos tengamos ya otro dolor, de al menos saber dónde están. Uno de los temas que vienen dentro de la ley es saber y conocer quiénes son esas personas que están sin identidad en el panteón ministerial forense, en los semefos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, los de las fosas comunes, los que ha sido exhumados de las fosas clandestinas por diferentes colectivos y autoridades”.
La directora general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, criticó la “insensibilidad humana” y el desinterés de los diputados locales para legislar en materia de desaparición, luego de que en el periodo ordinario del Congreso local que concluyó este 15 de enero, no fue contemplada la iniciativa que fue elaborada por las organizaciones, y a cinco años de que a nivel nacional entró en vigor la Ley General de Desapariciones.
“A cinco años de la entrada en vigor de la Ley General, tristemente en Guerrero aún no se ha legislado en materia de desaparición, se cerró el periodo ordinario del Congreso y seguimos en el limbo”, dijo en declaraciones por teléfono la también vocera del colectivo en Iguala que aglutina a más de 500 familias de la región Norte que han sido víctimas de este delito
“Me duele ver la insensibilidad humana de las personas en el Congreso (diputados) que se supone están para impulsar iniciativas y que el pueblo sea favorecido y escuchado, y que se haga algo a favor del pueblo, pero tristemente volvemos a ver que nos dicen ‘pues no entró’”, declaró la directora de Los Otros Desaparecidos.
Destacó que como familiares de víctimas de desaparición les agobia y preocupa que nadie quiera darse cuenta de la situación que vive Guerrero, siendo uno de los estados más violentos, uno de los estados más pobres y uno en el que se han incrementado los casos de desaparición de personas (Karina Contreras, Zacarías Cervantes y Alejandro Guerrero).
