A nueve meses de estar abandonada la obra que ejecuta el gobierno del estado en la avenida Wilfrido Massieu, en el fraccionamiento Magallanes, ciudadanos pidieron al alcalde Evodio Velázquez Aguirre que se rellene el boquete en la banqueta ubicada atrás del centro comercial Galerías Acapulco.
El 20 de octubre, integrantes de la Asociación de Líderes de Opinión protestaron para exigir al gobierno del estado que rehabilite la banqueta de la avenida Wilfrido Massieu, pues la obra tiene nueve meses de atraso.
El trabajo inconcluso consiste en la instalación eléctrica de aérea a subterránea, que corresponde al gobierno del estado, ubicado entre la calle Cristóbal Colón.
De acuerdo con la información recabada, las maniobras no han concluido por la falta de un transformador que abastecerá de energía eléctrica al recién creado Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens, que, según los integrantes de Movimiento Acciones por la Educación (MAE), pertenece al rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán.
Se observó que sigue el boquete en la banqueta, que dificulta el camino de los peatones pues no tiene señalamiento en un sitio muy concurrido. En la zona de trabajo hay material de construcción abandonado como arena y grava, y el agujero sólo tiene una red naranja desgastada. Adentro hay cables de alta tensión forrados con mangueras y maleza crecida.
Bertha Flores Villagomez reclamó la omisión de la administración pasada, “ahora queremos que nos ayude el alcalde, él tiene que ver que la ciudad esté en óptimas condiciones”.
Pidió al nuevo secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal, Rafael Navarrete Quezada, atender el problema.
El transportista Eduardo Navarrete Alcaraz se quejó de que la circulación en la avenida es lenta por la reducción del sentido rumbo al punto conocido como Las Anclas, en la avenida Cuauhtémoc.
Etiqueta: Gobierno estatal
La fracción del PRD trata con Cavaría la política de medios del gobierno estatal
En vísperas de que los secretarios de despacho acudan al Congreso local a la glosa del primer informe de gobierno, ayer se reunieron los diputados del PRD con el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera y la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López para tomar acuerdos respecto a temas como la “errónea” política de comunicación social del gobierno del estado, la reforma del Estado, el programa Pensión Guerrero y la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial.
La reunión se llevó a cabo en el hotel Parador del Marqués de esta ciudad a las 11 de la mañana.
El coordinador de los diputados del PRD, Carlos Reyes Torres dijo que sobre el tema de los medios de comunicación, se habló específicamente de los casos de El Sur, al que de manera unilateral el gobernador Zeferino Torreblanca ordenó suspender el convenio de publicidad, medida que daña financieramente a esta empresa editorial, sólo porque no accedimos a dejar de publicar la información sobre la actuación ilegal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo y Acapulco, que dependen del gobierno del estado.
Otro asunto abordado fue el caso del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) Delegación 17 con sede en Chilpancingo, quienes se quejaron de hostigamiento en su ejercicio periodístico por parte del director general de Comunicación Social, César Bajos Valverde, que incluyó el retiro del subsidio de su oficina.
En ambos casos, Armando Chavarría y los diputados acordaron unificar esfuerzos para hablar con el gobernador Zeferino Torreblanca para que cambie su “errónea” política de comunicación social, explicó Carlos Reyes.
Además, Chavarría se comprometió a analizar con el gobernador la posibilidad de que César Bajos acuda al Congreso local a informar sobre los criterios que se aplican para la asignación de los convenios de publicidad y el gasto en medios comunicación, en cumplimiento a una política de transparencia de parte de la nueva administración, aunque no se fijaron fechas, señalaron diferentes diputados que pidieron el anonimato.
Acerca de la reforma del Estado, Chavarría les informó que el gobierno estatal ya tiene el proyecto de reforma política con los temas definidos, pero que se trabajará después a la elección del 2 de julio.
Y en el caso de la relación con los Poderes Públicos, el acuerdo fue coordinar trabajos, como en el caso de los nombramientos de magistrados en el Poder Judicial, y unificarán criterios en la aprobación de iniciativas de ley que envíen, dijo Carlos Reyes.
Gloria Sierra acepta observaciones de diputados
Por el caso de Pensión Guerrero, los diputados pidieron a Gloria Sierra retomar sus propuestas para mejorar la entrega del pago a los ancianos.
Entrevistada vía telefónica, la funcionaria dijo que reconoció los problemas que se presentaron en el pago de Pensión Guerrero.
Dijo que se comprometió a tomar en cuenta las observaciones de los diputados para mejorar las condiciones de entrega.
Informó que ha buscado a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso local, la priísta Flor Añorve Ocampo y al diputado del PRD, Ramiro Solorio, para explicarles las medidas que tomará esa Secretaría.
Sierra López dijo que está dispuesta a trabajar con los diputados, atendiendo el exhorto de dignificar y modernizar la entrega de Pensión Guerrero, pero aceptó que aún no tiene el proyecto que solicitó la legislatura, pero que eso lo explicará en la glosa del primer informe de gobierno, el próximo martes 23.
Invertirán Sagarpa y el gobierno estatal
El subdelegado de Pesca Víctor Zamora Domínguez informó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) firmó un convenio de coordinación con el gobierno estatal, para llevar a cabo tres programas productivos en el sector pesquero: de infraestructura básica de uso común, de ordenamiento pesquero y de acuacultura rural.
Aseguró que los programas surgen a petición de los pescadores y que no se entregará el dinero en efectivo, ni a las cooperativas, federaciones y pescadores, sino que serán programas a largo plazo en beneficio del sector.
El programa de infraestructura básica de uso común es un proyecto que beneficia a pescadores de las lagunas de Tres Palos y Mitla. Víctor Zamora explicó que se trata de estudios de factibilidad, impacto ambiental para evaluar la viabilidad de hacer escolleras en barra vieja que permitan comunicar a la laguna con el mar; así como el dragado del canal meantrico que es sacar el lodo del canal para hacerlo más profundo y entre más agua.
En este programa se evalúa la edificación de un canal conector entre Mitla y la laguna de Coyuca (ubicada a la altura del poblado Carrizal), pero Víctor Zamora recalcó que esto está en proceso de licitación.
Agregó que hay una mezcla de presupuesto del gobierno estatal de 2005 vigente hasta el próximo julio y de Sagarpa, donde la federación invirtió 5 millones 760 mil pesos y el gobierno estatal destinó 2 millones 460 mil pesos, dando un total de 8 millones 220 mil pesos para este programa.
El segundo programa aplicado es el de ordenamiento pesquero, Víctor Zamora dijo que se levantará un censo de pescadores en lugares de desembarco para verificar cuántos pescadores tienen permiso para la actividad, con las artes de pesca de la normatividad pesquera. Aclaró que este censo sólo es para escama marina, ostión y langosta y no se hará en lagunas.
Añadió que el gobierno federal signó el convenio por un millón y medio de pesos, y el gobierno del estado por medio millón en apoyo de equipamiento, vehículos y computadoras para el censo.
Dijo que el censo es importante “porque ahí (pesca marina) ya no hay más permiso, se va verificar cuanta gente ilegal se está dedicando a la actividad y si lo hace con la normatividad”.
Afirmó que el padrón que tiene registrado es de 13 mil pescadores en todo Guerrero, que cuenta con lagunas, presas y que la mayoría se inscribe por los apoyos a que tiene acceso.
Dijo que “por primera vez el gobierno estatal” contrató a seis oficiales de pesca que revisan que efectúa la actividad bajo las normas.
El tercer programa es acuacultura rural donde se les da a las cooperativas material para la construcción de jaulas flotantes y puedan producir mayor número de peces. Víctor Zamora recalcó que cuando baja la productividad por cuestiones temporada, los pescadores tienen producto que cultivan en las jaulas.
Dijo que el gobierno federal otorgó un presupuesto de 6 millones de pesos, mientras el gobierno del estado 2 millones 395 mil pesos; que han servido para apoyar a 38 proyectos productivos en todo el estado.
Indicó que en La Montaña se produce pescados para consumo personal por las necesidades de la zona.
Detalló que para el estado las especies de prioridad son la tilapia, escama marina
guachinango y la trucha (que se produce en las partes altas.
Agregó que en la localidad de Petacalco, La Unión, se han logrado avances en la producción de bagre en la presa La Villita. Explicó que en Acapulco la cooperativa de las Hamacas “ya produce guachinango”.
Informó que desde hace tres años la producción ha aumentado de 5 mil 400 toneladas en promedio a 7 mil toneladas anuales; pero “la perspectiva del estado es de 10 mil 200 toneladas anuales”.
No hemos recibido ninguna carta del gobierno estatal, dice líder de migrantes
Lourdes Chávez
El presidente de la Asociación de San Marqueños radicados en Atlanta, Carlos Villanueva Cuevas, informó que no ha recibido ninguna carta de solidaridad del gobierno de Guerrero con los migrantes guerrerenses, ni conoce las acciones que se supone la actual administración ha emprendido en su favor en respuesta a la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López, que declaró que el del gobierno va más allá de un apoyo coyuntural.
El viernes la funcionaria estatal dijo que el gobierno estatal no respaldaría el boicot a productos estadunidenses convocado para este 1 de mayo, porque las franquicias también generan empleos y reprobó la postura de la Asociación de San Marqueños radicados en Atlanta.
Sierra López informó que el gobierno estatal envió un escrito de solidaridad a los inmigrantes de Guerrero radicados en Estados Unidos donde se informa de la creación de una Agenda Pública Migratoria.
En declaraciones vía telefónica, Villanueva Cuevas expuso que los guerrerenses “no tenemos conocimiento del documento, lo que sí entendemos es su falta de solidaridad con el pueblo de Guerrero”.
Consideró que para el gobierno del estado “es más importante gobernar para las franquicias que generan un empleo mal pagado a nuestras familias, y cuestionó ¿qué es más importante, los empleos mal pagados o nuestras remesas?
Detalló que la relación con el gobierno del estado se limita a las llamadas de un funcionario de nombre Rodrigo Cortés que “nomás nos promete venir y no viene”.
Villanueva Cuevas pidió al gobierno respeto para la organización y todos los guerrerenses radicados en Atlanta y reiteró que cuando el entonces candidato a gobernador Zeferino Torreblanca se reunió con ellos en Atlanta, se comprometió a aplicar políticas de arraigo en las comunidades, que no han recibido, al contrario, “hemos visto violencia y miseria que nos sigue obligando a salir a buscar un empleo”.
Indicó que saben que hoy el secretario de Gobierno Armando Chavarría Barrera, inaugurará una oficina de Atención al Migrante en San Marcos pero, dijo, esta oficina es una gestión a la que se comprometió el alcalde en una visita a Atlanta.
Llamó a los sanmarqueños a pedir a Chavarría que aclare cuáles son las políticas que aplicará el gobierno para apoyar a los inmigrantes por medio de esta oficina.
Exigió que las autoridades dejen de hablar de política de alternancia y empiecen a gobernar con y para el pueblo, no para las franquicias “de los ricos”.
Detalló que en el paro económico ayer, participaron incluso estadunidenses con el cierre de sus negocios en solidaridad con la lucha de los mexicanos. “Cómo es posible que gringos nos apoyaron, que muestran de alguna manera su solidaridad con nosotros, y nuestros gobiernos no”, cuestionó.
Manifestó que la organización de inmigrantes “buscamos una relación pueblo-gobierno digna”.
Por otro lado, precisó que los miembros de su organización participaron en el paro económico de latinos en Estados Unidos por una reforma migratoria justa e integral.
Adeuda el gobierno estatal el predial de 93 propiedades: Ayuntamiento capitalino
Zacarías Cervantes Chilpancingo
El gobierno del estado adeuda al Ayuntamiento de Chilpancingo el impuesto predial que corresponde a 93 predios e inmuebles, algunos de los cuales incluso no han sido reevaluados, informó el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal, Jesús Nando López.
Indicó que se trata de sumas “millonarias” las que adeuda el gobierno estatal por sus inmuebles y predios, y que en algunos casos pretenden evadir el pago con la solicitud de que los inmuebles sean considerados como de “utilidad pública”, sin embargo, explicó que en la mayoría de los casos no se cubre el requisito para ello.
Por ejemplificó que en el caso de Casa Guerrero, inmueble que, explicó, a pesar de que cuenta con grandes salones, oficinas, habitaciones, alberca, cabañas y jardines, no ha sido reevaluado y que en el departamento de Catastro municipal se encuentra como predio rústico”, “y no hay un registro histórico de que se haya realizado algún pago del impuesto predial ni que se haya decretado como de utilidad pública, para que fuera exento de pagos”.
El funcionario informó que en esta situación se encuentran la mayoría de los predios propiedad del gobierno del estado y que al parecer lo que pretende el gobierno estatal es que todos se declaren de utilidad pública, a pesar de que dijo que eso será muy difícil porque la mayoría no cubre los requisitos.
Nando López informó que incluso ni el antiguo Palacio de Gobierno y actual Palacio de la Cultura cubre los requisitos y que tiene que pagar predial, porque detalló que una parte del inmueble está concesionado a particulares y que han instalado comercios de libros, artesanías y otros artículos con lo que generan un ingreso económico que no es repartido entre todo el pueblo como para que se considere de utilidad pública.
Añadió que también el conjunto turístico Jacarandas solicita que se declare como de utilidad pública, a fin de que los exenten del pago del predial, sin embargo el hotel, la alberca, la cabaña, el cine, y hasta los jardines cuando alguien los usa tienen que pagar, por eso no es de utilidad pública.
Expresó que en este caso el adeudo es de 390 mil 383 pesos por dos años que no han cubierto el impuesto predial.
Agregó que el gobierno estatal tiene que pagar el predial de dos casas de su propiedad en el Fraccionamiento Margaritas y que son habitadas por funcionarios estatales.
Manifestó que también el gobierno no ha pagado el impuesto predial de las instalaciones de la maquiladora de ropa en la colonia Haciendita Aeropuerto, a pesar de que hasta el sexenio pasado generaba ingresos.
Sostuvo que es incongruente que el gobierno del estado insista a los ayuntamientos de que se debe regularizar la situación del cobro del predial reevaluando las propiedades para garantizar que los propietarios paguen lo justo, y sin embargo, en su caso no cumple con su obligación de pagar al Ayuntamiento de Chilpancingo y sobre todo de reevaluar sus inmuebles.
Vota el PRD en contra de que el gobierno estatal informe de sus convenios de publicidad
Hugo Pacheco León Chilpancingo
Ayer los diputados perredistas aprovecharon su mayoría para evitar un punto de acuerdo propuesto por Ramiro Solorio Almazán que fue apoyado por los diputados del PAN y PRI para exhortar a que el gobierno estatal difunda los criterios y términos que usó para asignar los convenios de publicidad con los medios de comunicación y la entrega de los monederos electrónicos a reporteros en diciembre de 2005.
En la Comisión de Gobierno, fue desechado el punto de acuerdo propuesto por Solorio para empezar la glosa del primer informe de Torreblanca, la primera semana de mayo, pero bajo el argumento de que sólo esa Comisión lo puede definir, se dejó el tema para el próximo jueves en esa misma instancia.
Sí dejaron pasar la propuesta del diputado perredista referente a los medios de comunicación, la cual subió a leer, pero cuando se sometió a votación como un asunto de urgente y obvia resolución, 12 diputados perredistas encabezados por su coordinador, Carlos Reyes Torres, más el voto del diputado Mario Ramos del Carmen de Convergencia, así como Arturo Álvarez Angli y Alejandro Carabias del Verde, sumaron 15 votos, con los que impidieron sumar las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes para continuar con el procedimiento legislativo.
Así lo establece el procedimiento
Exhorta el Congreso local a solucionar añejo conflicto agrario en Malinaltepec
Llamado a la SRA y al gobierno del estado
El Congreso del Estado exhortó al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame y al gobierno estatal, que intervengan para la solución del conflicto agrario que existe desde hace 25 años entre las comunidades de Cuatzoquitengo y Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec debido a que ya hubo un enfrentamiento con armas de fuego.
A propuesta del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el perredista Alfredo Jerónimo Cristino se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo que consideró urgente la intervención de las autoridades federales y del estado para buscar la manera de solucionar el problema, “de tal manera que no haya vencedores ni vencidos”.
En tribuna, el diputado Alfredo Jerónimo Cristino denunció que pobladores de Alacatlatzala bloquearon la semana pasada el camino que conduce a Cuatzoquitengo, y afirmó que “la situación es muy tensa” en esa zona de La Montaña.
La superficie que se disputan pobladores de ambas comunidades, desde 1981, es de 2 mil 74 hectáreas que por decreto presidencial fueron otorgadas para la creación de la comunidad de Cuatzoquitengo, de un total de 5 mil 999 hectáreas.
Al respecto, los representantes de los bienes comunales de Alacatlatzala interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Colegiado del primer circuito en el Distrito Federal. Razón por la que el Tribunal Unitario Agrario decretó –como medida precautoria– que ninguna de las dos partes en conflicto podía construir viviendas, sembrar o talar árboles en la superficie en conflicto.
“Sin embargo, los pobladores de Alacatlatzala no han cumplido con la orden del tribunal, pues ha construido casas, aulas escolares, incluso hasta la iglesia del pueblo en la zona en litigio”, indicó el legislador perredista.
Jerónimo Cristino dijo que el pasado 20 de mayo, cuando el actuario del Tribunal Agrario llevaba a cabo una inspección “judicial” para constatar que los habitantes de Alacatlatzala han incumplido con la medida precautoria del tribunal, fueron recibidos a balazos, “respondiendo los habitantes de Cuatzoquitengo, sin que se registran incidentes graves.
El diputado perredista precisó que si bien en su calidad de legislador está gestionando la intervención de las autoridades para la solución definitiva del conflicto, “no considero correcto que se me señale como responsable de la falta de solución por una de las partes”, haciendo referencia a un hecho –que no mencionó– donde estuvo a punto de ser linchado por habitantes de Cuatzoquitengo debido a que en su campaña se comprometió a resolver el problema.
Piden diputados actuar contra los homicidas de los niños de Tixtla
En la misma sesión, el pleno legislativo acordó exigir a autoridades estatales y municipales reforzar las medidas de seguridad en Tixtla, así como agilizar las investigaciones sobre el crimen de los niños Daniel y Fernando Gatica Coctecón, quienes murieron lapidados cuando pastoreaban un rebaño de chivos en un cerro, el 22 de mayo.
El punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, fue propuesto por el diputado priísta Joaquín Mier Peralta, quien pidió al procurador Jesús Ramírez Guerrero instruya a los ministerios públicos y policías judiciales para que “cierren el episodio de vergüenza” para la sociedad guerrerense encarcelando a los culpables del asesinato de los niños pastores tixtlecos.
“Para evitar que sigan paseándose impunemente por las calles y sigan siendo una amenaza para las personas indefensas”, expresó en tribuna el diputado de Tixtla.
El acuerdo parlamentario exhorta a la PGJE agilizar las investigaciones par dar con los culpables del doble homicidio. Al presidente municipal de Tixtla, Edgardo Astudillo se le exige la aplicación de medidas de prevención, y al secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima que trabaje en coordinación con el ayuntamiento.
Prestó el gobierno estatal a la UAG 21 millones para pagar la quincena
Retiene la SHCP el presupuesto de la segunda quincena de mayo, informa Germán Cerón
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La Administración Central de la Universidad Autónoma de Guerrero consiguió el viernes un préstamo del gobierno del estado para poder pagar salarios a los trabajadores de la institución, debido a que la Secretaría de Hacienda del gobierno federal le retuvo el presupuesto correspondiente a esta segunda quincena de mayo.
Por medio de un desplegado aparecido ayer en Novedades Acapulco, la Administración Central de la UAG informó a los trabajadores universitarios que debido a “la grave situación financiera en que se encuentra” la institución “por una serie de factores externos”, estaba “en riesgo el pago de salarios de la segunda quincena del mes de mayo”.
En el mismo texto se indicó que el rector Valle López gestionaba ante el gobierno del estado “un crédito” para pagar los salarios de esta quincena y confiaba en “el apoyo que el C. gobernador René Juárez Cisneros ha brindado solidariamente” a la institución.
De acuerdo con el contrato colectivo de la universidad, se debe pagar los días 14 y 29 de cada mes, pero como esta quincena el 29 cae en sábado debería de pagar el viernes.
El director de Gestión y Recursos Estratégicos de la UAG, Germán Cerón Silverio, informó que debido a ello el rector acudió al gobierno estatal para solicitar un préstamo, mismo que se concedió poco antes de las 3 de la tarde del viernes.
El funcionario universitario indicó que el préstamo adquirido asciende a 21 millones de pesos, recursos que serán suficientes para el pago de la quincena a los trabajadores universitarios.
Explicó que este préstamo podrá ser cubierto cuando la Secretaría de Hacienda libere los recursos, lo cual podría ocurrir la próxima semana.
Germán Cerón informó que es común que cada año la federación retrase la liberación del presupuesto en mayo y que por ello el rector se está coordinando con los rectores del país para que el problema se resuelva, toda vez que dijo que esto no ocurre solamente con la UAG, sino con todas las universidades del país.
En el desplegado, la Administración Central de la UAG explicó que “la no entrega del subsidio federal a esta fecha impide el pago puntual de salarios a los trabajadores, como lo señalan los contratos colectivos firmados con los sindicatos universitarios”.
Asimismo, que “la política presupuestal del gobierno federal ha restringido gravemente las ministraciones del subsidio durante el primer semestre del presente ejercicio, argumentando la recuperación gradual en el segundo semestre, situación que ha generado incertidumbre en los pagos salariales”.
Exigen al gobierno estatal servicios y libertad a presos políticos
Efectúa la OCSS plantón en el asta bandera de Acapulco
Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), encabezados por Benigno Guzmán Martínez, efectuaron un plantón por más de una hora en el asta bandera para exigir apoyos para proyectos productivos y la libertad de los presos políticos de esa organización.
La idea de los inconformes de la OCSS era participar en la marcha de la Promotora Nacional contra el Neoliberalismo, conformada por diferentes organizaciones sociales que tienen el objetivo de defender los derechos de los más pobres y por el rescate de la soberanía nacional, pero ésta se llevó a cabo en Chilpancingo.
Por ello los campesinos permanecieron por más de una hora en el asta bandera, para insistir en sus demandas.
El dirigente de la OCSS, Benigno Guzmán Martínez, dijo que las demandas de la organización eran las mismas de siempre, pues el gobierno no ha cumplido con los acuerdos pactados.
Explicó que los campesinos necesitan mejores caminos en sus pueblos, agua potable, energía eléctrica, centros de salud equipados, láminas de cartón y proyectos productivos.
Indicó que también demandan la liberación de los presos políticos de esa organización, Salomé Aguirre Bahena, Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco. Otras de las peticiones es una ley de Amnistía que sirva a todos los presos políticos del país para que recuperen su libertad.
Funcionarios estatales y municipales se reúnen en privado en el C-4 de Iguala
Sólo se supo que trataron el tema del farmacéutico asesinado
Oracio Lagunas Iguala
Funcionarios del gobierno estatal y municipal se reunieron a puerta cerrada en las instalaciones del Centro de Control y Comando en Comunicaciones (C-4), para analizar la inseguridad en esta parte de la entidad.
A diferencia de otras juntas, los asistentes ingresaron a las instalaciones del C-4 en sus vehículos, y rechazaron la presencia de representantes de medios de información.
Este reportero logró ingresar hasta la sala de reuniones, pero a los dos minutos el director del C-4 pidió la salida, “porque lo que aquí se va a tratar son asuntos privados”.
Incluso lo envió a ir a cubrir un acto al auditorio municipal, donde supuestamente se encontraban Lima Gómez y Ramírez Guerrero impartiendo un curso de capacitación a policías preventivos y agentes de Tránsito municipal.
Pero en ese momento llegó al lugar Ramírez Guerrero, a bordo de su camioneta Lyberty blanca, acompañado por su escolta integrada por tres agentes judiciales; la camioneta del titular de SSPyPC, el comandante regional de la PJ, Cortés Salado, mientras Estrada Salmerón y Chávez Carmona lo hicieron a pie.
Entre los puntos abordados en la reunión –según una fuente– estuvo el caso de la ejecución del empresario farmacéutico, Domingo Mendoza Guzmán.
Al concluir la reunión, pasadas las 3:30 de la tarde, y por viajar en sus autos, ninguno de los funcionarios aceptó una entrevista.
En la reunión estuvieron el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Arturo Lima Gómez; el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero; el director general de Reclusorios, Joaquín Estrada Salmerón; el presidente municipal Lázaro Mazón Alonso y el director de la Policía Preventiva, Víctor Manuel Miranda Taboada.
Así como el director del penal, Fredi Chávez Carmona; el comandante regional de la Policía Judicial, Fredy Cortés Salado, y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).