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Son ocho montadores de toros desaparecidos, dice Olea en conferencia con el fiscal de Morelos

Desde el 17 de febrero seis montadores de toros, un chofer y la esposa de éste desaparecieron en Xochipala en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango) cuando iban a la comunidad de Linda Vista del municipio de San Miguel Totolapan a participar en un jaripeo.
La comunidad de Linda Vista está en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan y es mas fácil llegar por Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
El chofer, su esposa y cinco montadores son originarios de Cuautla, Morelos, y uno más es del Estado de México.
En conferencia de prensa en una diminuta sala del centro de negocios Costera 125, el fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, y el de Morelos, Javier Pérez Durón, informaron que no está descartada ninguna línea de investigación, incluso la de la delincuencia organizada.
También informaron que para localizar a los montadores desaparecidos se rastrea la geolocalización de los teléfonos móviles de cada uno de los desaparecidos pero la única pista que tenían hasta ayer era una señal emitida en Xochipala, en Zumpango.
“Personal especializado en análisis de información y trabajos de gabinete de la fiscalía analizan en este momento la información de la telefonía relacionada con el evento delictivo y se corrobora la información de geolocalización de los números telefónicos de las víctimas para su búsqueda y localización, sobre lugares específicos” informó el fiscal de Guerrero.
En el texto que leyó el fiscal de Guerrero se habló de ocho desaparecidos y no de siete, como anteriormente había informado junto al vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.
También confirmaron que entre los desaparecidos está una mujer a quien identifican como esposa del chofer que manejaba el vehículo donde viajaban los montadores.
La fiscalía de Guerrero “tiene  conocimiento que una de las víctimas salió de su domicilio el día 17 de febrero del presente año de la ciudad de Cuautla, Morelos, aproximadamente entre las seis o siete de la mañana, en compañía de las siete víctimas”.
“Seis de ellos de ocupación montadores de jaripeo, uno (más) iba de chofer y otra persona que los acompañaba del sexo femenino, presumiblemente era esposa de uno de ellos, quienes salieron a bordo de la camioneta marca Chrysler tipo Town Country color azul con placas de circulación MHD4354 del Estado de México, con la finalidad de trasladarse a la población de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, donde se llevaría a cabo un jaripeo, con motivo de la fiesta patronal de esa comunidad”.
La información proporcionada por los fiscales es que el jueves 17 febrero a las 2 de la tarde uno de los montadores desaparecidos tuvo comunicación con su familia a quienes les dijo que estaba en Chilpancingo.
En el texto se informó que el sábado 19 de febrero a las 9 de la noche familiares de uno de los montadores recibieron una llamada telefónica con número de lada 899 que corresponde a Reynosa, Tamaulipas, y les exigieron el depósito de 3 mil pesos para que fuera entregada una de las víctimas, posteriormente el miércoles 22 de en una nueva llamada exigieron otra cantidad de dinero que los fiscales se negaron a precisar.
Olea Peláez dijo que una primera presunción derivada de la geolocalización del teléfono móvil fue que a los montadores “los habían subido a Tlacotepec. Pareciera en un principio que tendrían que haber tomado otro camino para llegar a San Miguel Totolapan pero tomando la consideración que iban a otro lugar no a (la cabecera de) San Miguel Totolapan sino a Linda Vista, entonces iban en el camino correcto y ahí desaparecen”.
Pérez Durón informó que en la Fiscalía de Morelos ya recabaron muestras genéticas y dieron parte al Instituto Nacional de Migración (INM), cárceles distritales y solicitaron la colaboración de las fiscalías de Guerrero, Puebla, Ciudad de México y estado de México.
A pregunta expresa sobre cuántos son los desaparecidos, el fiscal de Morelos dijo que son siete y pudiera haber otras carpetas de investigación que se van acumulando al caso y que por secrecía de la indagatoria no podía abundar en más datos.
A la pregunta sobre si está involucrado Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, en la desaparición, el fiscal de Morelos dijo que no tenían información para hacer esas afirmaciones pero no descartaban ninguna línea de investigación en el rapto de los montadores, entre ellas la de delincuencia organizada.
Luego Olea Peláez agregó que el sábado el Ejército y la Policía del Estado empezaron una operación “muy fuerte” para detener al Tequilero y consideró que éste no podría estar involucrado en el caso de los montadores porque el lugar donde desaparecieron “no es zona que él maneje (Raybel Jacobo de Almonte)”.
Agregó que también hay trabajo de inteligencia en la sierra para ubicar al Tequilero, “se va a llegar a las últimas consecuencias, no vamos a dejar avanzar más a este sujeto”.
Sobre si los tres cuerpos descuartizados encontrados ayer en la Autopista del Sol podrían ser algunos de los montadores, el fiscal indicó que se harán las pruebas de ADN.
Javier Pérez indicó que ambas fiscalías trabajarán coordinadamente para evitar que se vuelvan a presentar casos de personas desaparecidas que transitan de la Ciudad de México hacia Guerrero, y abrió la posibilidad de que se hagan operaciones conjuntas.

 

Decomisan policías una pistola que un hombre tiró en un crucero en Tlacotepec

 

Agentes  de la Policía Estatal decomisaron una pistola tipo escuadra en el crucero de La Aurora  en el municipio de  Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal  informó en un boletín de prensa que ayer durante un recorrido en la comunidades de Puerto del Gallo y La Galera los uniformados encontraron a un hombre armado.
El hombre al notar presencia policiaca huyó hacia el cerro y los policías estatales lo buscaron para detenerlo y en dicho crucero hallaron una pistola escuadra calibre .38 súper con siete cartuchos percutidos.
Los agentes estatales pusieron la pistola a disposición del Ministerio Público (MP) de Chilpancingo para hacer las investigaciones correspondientes y dar con el responsable.

 

 

Piden protección comunidades de Filo Mayor; gente armada amenaza con irrumpir, denuncian

Autoridades comunitarias de la parte baja de la sierra del Filo Mayor demandaron anoche a las autoridades federales y del estado que envíen refuerzos a esas comunidades, ante la amenaza de gente armada que la tarde de ayer les advirtió que entraría a sus pueblos.

La noche de ayer los representantes de la Unión de Comisarios por la Paz y el Desarrollo de la Sierra A.C, se concentraron al norte de la capital y ofrecieron una conferencia de presa en la que advirtieron que hombres armados se acercaban a esas comunidades.
Uno de los representantes dijo que lo que temen es que este grupo de la delincuencia organizada pudiera hacer daño la población, y por eso ponen sobre aviso al gobierno del estado y al federal para que den una solución porque no quieren que siga corriendo sangre en la zona de la sierra.
Dijo que los civiles se organizan, se uniforman y se arman para entrar a sus pueblos de Polixtepec y Verde Rico sin que los gobiernos federal y estatal hagan operaciones para detenerlos.
Los representantes de los pueblos de la sierra denunciaron que no hay protección federal ni estatal, y que son los ciudadanos los que tienen que procurarse seguridad y justicia.
En conferencia de prensa los representantes de las comunidades de los pueblos de la parte baja de la sierra denunciaron que a partir de este miércoles se concentrarían mil ciudadanos “porque no queremos que corra sangre”.
Acusaron al presidente municipal de Tlacotepec de que es él quien ha organizado a los hombres armados que pretende entrar a sus comunidades desde la tarde de este martes, pero que el presidente municipal ordenó que tenían que esperarse a que les dieran la orden las autoridades municipales.
A la hora de la denuncia los representantes de las comunidades de los municipios de Eduardo Neri (Zumpango), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Leonardo Bravo (Chichihualco) se organizaron para salir rumbo a la sierra para alertar y defender sus comunidades del grupo criminal, que presuntamente llegarían ayer en la tarde o en la noche.
Después de la conferencia de prensa, los representantes se trasladaron a sus pueblos con el fin de defender a sus comunidades del grupo de delincuentes que los amenazó.
Los dirigentes de las comunidades a las 8 de la noche permanecían en la capital del estado.

Ejecutaron a un comandante de la UPOEG, a su hijo, dos sobrinos y un menor en la sierra

Un menor de 14 años, un comandante de la recién creada Policía Ciudadana, su hijo y dos de sus sobrinos, fueron emboscados y ejecutados el 24 de mayo en el Crucero del Jilguero, entre las comunidades de Los Bajos y Vuelta del Sur, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Las víctimas eran originarias de Vuelta del Sur y fueron atacadas por hombres con armas y uniformes tipo militar, según testigos, los criminales habían llegado a esa comunidad una noche antes a bordo de una camioneta de redilas.
Los familiares de las víctimas denunciaron el caso el sábado pasado en una reunión en Chicahuales, municipio de Leonardo Bravo, en donde más de 50 comunidades aprobaron su adhesión a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a su sistema de seguridad y justicia para conformar la Policía Ciudadana para que se encargue de la seguridad de los pueblos de la zona.
Las víctimas son Martín Ramírez Gregorio, conocido en la zona como el Comandante 4 de la Policía Ciudadana de Vuelta del Sur; su hijo Luis Alberto Ramírez Marcelo; sus sobrinos Rafael Trujillo Ramírez y Leonardo Guzmán Marcelo, así como un menor de 14 años de edad.
Los familiares denunciaron que ninguna autoridad acudió para tomar conocimiento de la masacre e iniciar la averiguación correspondiente y que mucho menos se está investigando ni haciendo nada para detener a los responsables que, dijeron, se refugian en la comunidad de Tecamazúchitl, del mismo municipio de Heliodoro Castillo.
Martín Ramírez Gregorio era hijo de Tomasa Gregorio Barragán, a quien el 23 de abril del año pasado, presumiblemente el mismo grupo delictivo ejecutó en esa comunidad a su nieto José Luis Trujillo Ramírez y a su yerno Manuel Guzmán Ramírez.
Los familiares de las víctimas denunciaron que en esa ocasión los delincuentes asesinaron a otras cinco personas, entre ellas una mujer embarazada y a su hijo de aproximadamente 4 años, así como a otro hombre del que no recordaron su identidad.
La madre del comandante, la esposa Reyna Marcelo Oláis, la madre de Luis Alberto Ramírez Marcelo, así como la tía de Rafael Trujillo y Leonardo Guzmán, denunciaron que las dos masacres no se han investigado ni las autoridades buscan a los responsables.

El comandante Martín Ramírez Gregorio

A raíz de la impunidad de la masacre del año pasado, en la que murió su sobrino y su cuñado, el Comandante 4 creó un grupo de la Policía Ciudadana de la UPOEG para encargarse de la seguridad de su comunidad.
El martes 24 de mayo Martín Ramírez y su grupo hacían un recorrido aproximadamente a la 1 de la tarde en la carretera que comunica a su pueblo, y al llegar al crucero de El Jilguero fueron emboscados y asesinados cinco de los integrantes de su grupo, incluido el menor de 14 años que los acompañaba.
“Ellos andaban trabajando por la seguridad del pueblo, por eso los mataron”, dijo Reyna Marcelo, esposa del Comandante 4 durante la asamblea de la UPOEG en Chicahuales,  donde asistieron comisarios y representantes de más de 30 pueblos que aprobaron su adhesión a esa agrupación y a la Policía Ciudadana.
Según testigos, en la emboscada participaron de entre 12 a 15 hombres con armas y uniforme tipo militar, entre ellos reconocieron a Juan Castillo Gómez, conocido en esos pueblos como El Teniente, además de Avelino Márquez Guzmán, Enrique Guzmán García y otra persona al que sólo identifican como El Pica, quienes radican en la comunidad de Tecomazúchitl, municipio de Heliodoro Castillo.
Los familiares contaron que el grupo armado llegó a Vuelta del Sur la noche anterior a bordo de una camioneta particular de redilas, todos vestidos con uniformes tipo militar y portando armas largas, igual que las que usan los militares.
“Yo creo que ya andaban rondando por allí, queriendo matar al Comandante 4”, dijo un familiar de las víctimas.
Consultadas al término de la asamblea, Tomasa Gregorio y Reyna Marcelo exigieron justicia y denunciaron que las autoridades no subieron a tomar conocimiento del caso para integrar la averiguación previa y que ninguna corporación policiaca ha subido para investigar el caso.
Tomasa, de unos 75 años, dijo que se siente desamparada totalmente, y que los últimos hombres con los que contaba dentro de su familia eran su hijo y sus dos nietos que le mataron el martes pasado. “Yo contaba en la casa con mi hijo y con mis dos nietos, pero ya me los mataron, y ahora no sé qué voy a hacer”, dijo a punto de desfallecer.
Contó que hace medio año falleció su esposo y que su yerno asesinado el año pasado le dejó a su hija muy enferma  de diabetes.
“Ahora no sé de que o como voy a vivir, si con mis hijos y mis nietos eran con los únicos que contaba. Eran los que me ayudaban. El día que me los mataron yo sentía que me iba a morir, que ya no iba a aguantar tanto dolor”.
Dijo que del gobierno es el único responsable de la violencia que se vive en esos pueblos y que no ha recibido nada, “por el contrario, yo creo que se vende (el gobierno) o no sé por que respaldan a esa gente, no es posible que les permitan cargar armas y uniformes que usa el Ejército”, se quejó.
“Nosotros ya no sabemos que pensar, no sabemos que está pasando, no entendemos por que los dejan hacer estas cosas sin que nadie les haga nada. Eso es lo que quisiéramos saber. Queremos el apoyo para que esa gente cuando menos se largue de por aquí” exigió.
Por su parte, Reyna Marcelo contó que su esposo trabajaba por la seguridad del pueblo desde finales del año pasado cuando constituyó el grupo de la Policía Ciudadana junto con otras comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri.
Incluso informó que acudiría junto a su grupo de policías ciudadanos a la reunión que se hizo este sábado para continuar con la organización de los pueblos para la conformación de su grupo de policías ciudadanos, porque el gobierno no les ha ayudado con la seguridad a los pueblos que siguen siendo atacados por los delincuentes, sin que nadie los detenga.
“Estamos confundidos. No sabemos en quien confiar, llegan (los delincuentes) a las comunidades con armas y uniforme militar, y uno dice pues son militares, y onde que no son, y en vez de cuidarnos nos atacan”.
“Por eso queremos que el gobierno no se preste para esas cosas, porque como ellos (los delincuentes) consiguen esas armas de los militares, como permite el gobierno eso”.

Niega la SSP estatal que dos grupos armados hayan irrumpido en Ojo de Agua y Polixtepec

 

La Secretaría de Seguridad Pública estatal negó en un comunicado que la tarde del miércoles hombres armados hayan irrumpido en las comunidades de Ojo de Agua en Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Polixtepec en Leonardo Bravo (Chichihualco) y negó que hayan atacado a balazos las fachadas de las casas.
En un boletín de prensa, la dependencia da a conocer que efectivos de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal y de la 35 Zona Militar realizaron un recorrido en las comunidades de Yextla, Villa Xóchitl, Ojo de Agua y El Naranjo en la sierra de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo para verificar si ocurrieron los hechos.
La SSP estatal informó que no se registró ninguna irrupción de hombres armados y que fueron incendiados 11 vehículos y una vivienda pero “estos hechos ocurrieron hace aproximadamente un año, cuando dos grupos delincuenciales dedicados a la siembra y cosecha de amapola se enfrentaron en esa región”.
En el recorrido en la comunidad de El Naranjo hallaron 11 vehículos calcinados, “vestigios que quedaron en el lugar desde el año pasado, después del enfrentamiento entre grupos criminales de los que se hace referencia”.
En una de las camionetas quemadas hallaron dos cargadores para fusil AK-47, uno con capacidad para 40 cartuchos y otro para 10.
La dependencia señaló que en Villa Xóchitl entre la maleza de un potrero encontraron una pistola calibre .9 milímetros, dos cargadores y 15 cartuchos del mismo calibre; tres cartuchos calibre .38 súper; y una funda de almohada que contenía 2.5 kilogramos de semilla de amapola.
“De acuerdo con la versión que les expresó el comisario de Villa Xóchitl, Saúl Ramón de Jesús, su comunidad se encuentra pacífica y ratificó que las 11 camionetas localizadas en el camino de terracería, fueron incineradas por personas desconocidas en distintas fechas del año pasado”, indica el comunicado.
Por último las armas y las drogas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones.
En una nota publicada ayer en el periódico El Sur, se informó que la tarde del  miércoles trascendió que hombres armados irrumpieron en las comunidades de Ojo de Agua en Heliodoro Castillo y Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) y atacaron a balazos las fachadas de las viviendas.

Dos leñadores levantados junto a cinco pasajeros en Apaxtla escaparon, informa el alcalde

A un mes de que fueron levantados por lo menos cinco pasajeros y dos leñadores por un grupo de unos 20 hombres con vestimenta tipo militar en la carretera Apaxtla-El Caracol, ayer el alcalde de Apaxtla por Nueva Alianza, Salvador Martínez Villalobos informó que los dos leñadores apaxtlenses que habían sido retenidos se escaparon de los sicarios y huyeron del pueblo con sus familias, asimismo informó que los maestros de Liberaltepec, Xochitepec y San Felipe del Ocote regresaron ayer a dar clases a sus comunidades.
En declaraciones la tarde de ayer vía telefónica, el alcalde y general retirado del Ejército, informó que hasta ayer su municipio estaba “tranquilo” sin que se haya registrado ningún otro incidente.
“Lo de aquel problema”, como se refirió al levantón de siete personas el 8 de diciembre, dijo que ya quedó en manos de las autoridades federales y el gobierno municipal de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), de donde pertenecen cinco de los siete privados de la libertad, “ya no sabemos qué es lo que está pasado realmente”.
Martínez Villalobos informó que desde el martes ha buscado vía telefónica a los familiares de las personas levantadas y al mismo alcalde de Tlacotepec, el priista Juan Pedro Salgado Román, pero no los ha podido localizar para que le den información sobre la situación.
Dijo que las familias de esas personas, que antes compraban sus víveres en la cabecera municipal de Apaxtla, han dejado de ir por el miedo que existe.
Se le preguntó sobre los dos leñadores originarios de la cabecera municipal de Apaxtla, Isidro Sarabia Sánchez y Ubaldo Chavelas Morales, los cuales también habían sido privados de la libertad por el grupo armado, a lo que el alcalde indicó que habían sido liberados o se escaparon y huyeron de Apaxtla con sus familias.
“A lo que yo sé, ya fueron liberados pero se fueron para diferentes rumbos, esos se escaparon tengo entendido”, dijo el alcalde sin dar más detalles.
Desde el 8 de diciembre fueron levantados por un grupo de entre 14 y 20 hombres armados con vestimenta tipo militar cinco pasajeros de una Urvan de la ruta Apaxtla-El Caracol, identificados como Pablo Hernández Trujillo, Feliciano Hernández Aguilar y Maribel Castrejón Sánchez, campesinos de la comunidad de Amacahuite y Carmelo García Estrada y Gustavo Ríos Tinoco, este último el chofer de la Urvan, ambos de la comunidad de Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, los cuales hasta ayer seguían privados de su libertad, en su huída, el grupo de hombres armados también levantó a dos leñadores de Apaxtla.
A pregunta realizada, el alcalde de Nueva Alianza informó que ayer los maestros de las comunidades de Liberaltepec, San Felipe del Ocote y Xochitepec, que habían suspendido clases el 10 de diciembre luego del levantón de las siete personas, ayer regresaron a las aulas a dar clases con el resguardo de efectivos de la Policía Federal (PF) con base en la cabecera municipal de Apaxtla, que sólo los acompañan hasta dejarlos en sus comunidades y regresan a la cabecera.

No cancelará la Semarnat el permiso de explotación maderera en Jaleaca: Elías Monroy

 

Debido a que el conflicto entre comuneros de Chicahuales y Jaleaca de Catalán no es forestal sino agrario, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no cancelará el permiso de explotación de madera que autorizó a principios de este año, porque cometería una irregularidad, pues éstos demostraron que pertenecen al municipio de Heliodoro Castillo, dijo ayer el secretario estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Elías Monroy Ojeda.
El funcionario indicó que la dependencia a su cargo sí ha intervenido en ese problema, pero destacó que corresponde a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) intervenir, ya que se trata de un asunto relacionado con “la tenencia de la tierra”. “Y una vez que se aclare a quién pertenece Chicahuales, entonces entrarán las autoridades ambientales para analizar la situación del permiso”.
El viernes, autoridades agrarias de Jaleaca de Catalán denunciaron que la Semaren se niega a cancelar el permiso de explotación de madera que otorgó al predio de Chicachuales, sin su anuencia; aseguraron que esa zona pertenece a esa comunidad, aunque indicaron que los comuneros aseguran que son territorio de Tlacotepec. Señalaron que ninguna autoridad hacía caso a su petición y advirtieron que de continuar con esa postura, podría haber un enfrentamiento en ese lugar.
Consultado al respecto, Monroy dijo este domingo por teléfono, que el gobierno del estado “ya está interviniendo; desde que (los comuneros de Jaleaca) detuvieron los tres camiones con madera, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría para Asuntos Agrarios” actuó.
Precisó que es esa dependencia y no la Semaren la que está “atendiendo” el problema, “debido a que se trata de un conflicto agrario, no es en materia forestal. Es un asunto de tenencia de la tierra, y es que por un lado los comuneros de Jaleaca dicen que Chicahuales les pertenece y que por ello les debieron haber pedido permiso para la explotación del bosque, pero estos últimos dicen que pertenecen a Tlacotepec, incluso tienen un decreto presidencial”.
Monroy recordó que no es la primera vez que comuneros de Jaleaca protestan “ya lo han hecho días atrás y de una manera similar, pero insisto, como es un problema agrario y no ambiental la Semarnat no puede cancelar el permiso. Una vez que la Reforma Agraria y la Procuraría Agraria hayan resuelto ese asunto, entonces si podemos revisar el permiso de manera exhaustiva, por el momento la federación no puede hacer nada y menos el gobierno del estado; no hay un daño ambiental”.
El funcionario agregó además que “el permiso que le dio Semarnat a Chicahuales está apegado a derecho, porque Chicahuales presentó documentos en donde aseguran que pertenecen al municipio de Tlacotepec; sin embargo, eso lo debe corroborar la Reforma Agraria”.
Mientras eso sucede pidió “paciencia y prudencia” a los comuneros de Jaleaca de Catalán, pues argumentó que “si se cancela el permiso, se estaría incurriendo en una irregularidad. Ellos (los de Chicahuales) tienen un permiso persistente, y éste marca un tiempo de explotación del bosque, de ahí que no se puede ni suspender”.
“La ley forestal dice que el permiso se puede cancelar cuando hay inconformidad de la población o cuando hay incumplimiento de la ley o que no cumplen con los condicionamientos, entre otras cosas. Si hubiera daño ambiental nos tocaría a nosotros, porque los bosques deben cuidarse y protegerse, pero no es así, por lo tanto esperaremos a las autoridades agrarias a que den una solución”, apuntó.

Se comprometen en Verde Rico a votar




El candidato a senador de la República de la coalición Por el Bien de Todos, David Jiménez Rumbo se reunió con pobladores de la comunidad de Verde Rico, municipio de Heliodoro Castillo, quienes se comprometieron a trabajar y promover el voto a favor de su candidatura.
En ese lugar donde fue recibido por cientos de militantes del extinto Partido de la Revolución del Sur, integrantes de la sociedad civil entre otras personalidades de esa localidad, quienes se comprometieron a votar el próximo 2 de julio por los candidatos de la coalición Por el Bien de Todos.
Entre aplausos y porras, el representante de la sociedad civil de esa comunidad, destacó la importancia de que políticos jóvenes como David Jiménez Rumbo los representen en el Senado, “porque tiene ideas innovadoras que pueden ayudar al desarrollo de la juventud y del pueblo de Guerrero”.
Los pobladores de ese lugar criticaron a políticos que no les han cumplido sus promesas de campaña cuando están en cargos públicos, como el caso del ex gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, quien los engañó en diversas ocasiones con pavimentar la calle principal de esta población, además de aulas escolares, “pero siempre nos falló”.
Por ello advirtieron que ahora que Ángel Aguirre busca llegar a senador, “le vamos a dar la espalda votando en su contra”, dijo Melquiades Melchor y pidió a David Jiménez Rumbo que cuando llegue al Senado no los engañe.

El alcalde de Heliodoro Castillo bloquea el combate a plagas, dicen ejidatarios

 

 Sólo por capricho no permite que fumigen 24 hectáreas dañadas por la plaga Descortezador de Pino, acusan los inconformes

Ejidatarios del municipio de Heliodoro Castillo acusaron ayer al alcalde Severo Oyorzábal Díaz de pretender bloquear, “por capricho”, el saneamiento forestal en el ejido Tejamanil y Pueblo Viejo, donde 24 hectáreas han sido dañadas por la plaga Descortezador de Pino, que afecta la corteza de los árboles.

Asimismo pidieron al gobernador René Juárez una reunión “urgente” para buscar una solución.

En conferencia de prensa, el representante de los ejidatarios de Tejamanil y Pueblo Viejo –de 10 mil 504 hectáreas–, Emilio Oyorzábal González, quien es familiar del alcade, aseguró que el 11 de febrero de este año firmaron una minuta con la Secretaría de Medio Ambiente               y Recursos Naturales (Semarnat) y con un grupo de inconformes, para que se llevara a cabo saneamiento de las hectáreas que eran dañadas por la plaga Descortezador de Pino.

Pero –dijo– desde el comienzo el alcalde de Heliodoro Castillo, Severo Oyorzábal Díaz, de “manera arbitraria se ha tomado atribuciones que no le corresponden, y sólo por capricho ha intentado a toda costa bloquear el saneamiento del área forestal”.

En el intento de bloquear la fumigación de la plaga –según Oyorzábal González– están también 10 ejidatarios que “apoyados por el alcalde interpusieron una queja ante la Semarnat, para evitar que continúen los trabajos”.

Mencionó que el argumento que da el grupo en conflicto es que “no se ha cumplido la minuta” del 11 de febrero, lo que negó.

Precisó que son 120 ejidatarios los que están a favor del saneamiento y sólo 10 en contra, por ello pidió al gobernador efectuar una reunión “urgente” donde estén él, las autoridades de la Semarnat y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Dijo que la reunión es “necesaria” por que a raíz de los conflictos, el alcalde ha cometido una serie de arbitrariedades, como la               “expulsión” de su padre, Eleuterio Oyorzábal González del Censo Básico de Ejidatarios, y en otros casos ha alterado el padrón “haciendo pasar por muertos a algunos ejitadarios”.

Por ello, responsabilizó a Severo Oyorzábal de lo que pueda suceder en el ejido de Tejamanil y en Pueblo Viejo.