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Excava la PGR fosas señaladas por un testigo en Mezcaltepec, Taxco; no contenían cuerpos

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, el grupo de peritos, antropólogos y agentes del Ministerio Público federal de la Procuraduría General de la República (PGR), con el resguardo de unos 20 marinos, excavaron posibles fosas clandestinas en el paraje El Carmen, de la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco.
Cerca de las 2 de la tarde de ayer, el grupo de peritos, antropólogos y agentes del Ministerio Público federal, resguardados por unos 20 efectivos de la Marina fuertemente armados a bordo de tres patrullas, y una comisión de seis familiares de desaparecidos, salieron de la parroquia de San Gerardo, después de la asamblea, para ir a una zona de posibles fosas que señaló un testigo anónimo.
El lugar donde ayer se buscaron entierros clandestinos y fueron excavados siete posibles fosas, fue en el paraje El Carmen, junto a la colonia del mismo nombre, en la comunidad de Mezcaltepec, en el municipio de Taxco, antes de llegar a los cerros de Las Antenas y El Cristo, donde ya se han localizado fosas clandestinas y se han exhumado 26 cuerpos entre los dos lugares, en febrero de 2014, y uno el pasado miércoles, que fue hallado envuelto en una cobija y presumiblemente desmembrado.
Uno de los familiares integrante del Comité Los Otros Desaparecidos de Iguala informó vía telefónica, casi a las 7 de la noche de ayer, que ubicaron siete probables fosas, las cuales fueron excavadas por los peritos y antropólogos de la PGR; sin embargo, no hallaron cuerpos.
Informó que esta semana se suspenderán los trabajos hasta que el grupo de búsqueda de fosas localice más puntos positivos y que la PGR haga las excavaciones y las exhumaciones, en su caso.
Desde el 23 de noviembre de 2014, cuando se formó el comité de familiares de Los Otros Desaparecidos, tras el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, los familiares han localizado cerca de 90 entierros clandestinos de, los que la PGR ha exhumado 132 cuerpos, de los que, 16 meses después, sólo ha identificado y entregado 15 a sus familiares.

 

Asesinan en Iguala al líder del sindicato de camiones materialistas y al chofer del comisariado ejidal

La tarde de ayer, hombres armados ejecutaron al líder transportista y dirigente del Sindicato de Camiones Materialistas de Iguala, Gustavo Bahena García, y al chofer del comisariado ejidal, afuera de las oficinas de la Coordinación de Organizaciones Campesinas Independientes, a la orilla del Periférico poniente en Iguala.
Asimismo, ayer por la tarde fueron reportadas balaceras cerca del mercado, en el bar El Barrilito y en el barrio de San Gerardo, pero en ninguno de los dos casos se reportaron muertos o heridos.
A las 2:30 de la tarde de ayer fue reportada de forma anónima al número de emergencias 066 una balacera en el Periférico poniente de la ciudad, cerca de la entrada a las colonias 23 de marzo y Las Brisas.
Minutos después, policías federales, estatales y soldados del Ejército llegaron al lugar.
Afuera de la oficina de la Coordinación de Organizaciones Campesinas Independientes, fue hallada una camioneta Nissan roja de doble cabina que tenía varios impactos de bala en su carrocería y los vidrios rotos, en el asiento del chofer fue hallado con varios balazos el cuerpo de Antonio Jurado Osorio de 30 años, quien era el chofer del comisariado ejidal, Cirilo Taboada.
Adentro del inmueble, estaba tirado boca abajo el líder transportista y dirigente del Sindicato de camiones Materialistas de Iguala, Gustavo Bahena García de unos 45 años quien también tenía balazos.
Agentes del Ministerio Público, peritos en criminalística y policías ministeriales se encargaron de hacer las diligencias, y en el lugar hallaron al menos 11 casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
Según versiones de Seguridad Pública del estado, informaron que testigos del ataque dieron a conocer que un par de hombres llegaron en una motocicleta y preguntaron por el comisario ejidal, Cirilo Taboada, pero las víctimas se negaron a dar información a los sujetos y estos les dispararon para después huir del lugar sin que nadie intentara detenerlos.
La versión oficial indica que en el baño de la oficina, se logró esconder la dirigente de esa coordinación y ex regidora por el PVEM en el periodo de José Luis Abarca Velázquez, Esther Orea Vargas, así como el comisariado ejidal, Cirilo Taboada Salgado, quien era buscado por los pistoleros.
El 22 de enero la Unidad de Inteligencia de la Policía Federal detuvo a Mauro Taboada Salgado de 40 años, ejidatario y hermano del presidente del Comisariado Ejidal de Iguala, Cirilo Taboada Salgado, a quien el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia señaló como presunto implicado en el caso Ayotzinapa y del asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, cuyo cuerpo fue hallado la mañana del 27 de septiembre en la zona industrial, al norte de Iguala, desollado del rostro y con huellas de tortura.
Ese mismo día, policías federales detuvieron en la colonia Villa de las Flores a los hermanos Bernabé Sotelo Salinas de 28 años, El Peluco o El Botitas, y a Cruz Sotelo Salinas de 19 años, El Tísico Oaxaco, a quienes al momento de su detención les hallaron un fusil AR-15 con un cargador con 20 cartuchos útiles y una pistola .9 milímetros, quienes están presuntamente implicados en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Se informó que después del ataque, la ex regidora, Esther Orea Vargas, y el comisariado ejidal, Cirilo Taboada Salgado fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público en calidad de testigos para rendir su declaración sobre los hechos.
Minutos después de las 4 de la tarde los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico  Forense (Semefo), de Iguala.
Desde enero, se han registrado 13 ejecuciones, una de ellas la de una mujer, y tres personas han sido heridas en diferentes hechos violentos, según los registros de El Sur.

Buscan Los Otros Desaparecidos fosas cerca del basurero de Cocula; no encuentran nada

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, hicieron ayer una búsqueda de fosas cerca del basurero de Cocula, donde un guía les indicó que podría haber entierros clandestinos, sin embargo no encontraron nada.
Mario Vergara, uno de los integrantes del comité, dijo que el gobierno les da seguridad a “medias” pues sólo le envía tres o cuatro agentes federales para cuidar al grupo de búsqueda de entre 15 y 20 integrantes, “un día nos van a matar a todos” expresó.
El comité que surgió en noviembre de 2014 tras la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, ha hallado en 16 meses unas 90 fosas clandestinas en las que los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) han exhumado 132 cadáveres, pero la dependencia solamente ha identificado y entregado 15 cuerpos a sus familiares.
En la jornada de búsqueda de ayer, un guía anónimo llevó al grupo de 15 buscadores de fosas clandestinas del comité a una zona ubicada junto al basurero de Cocula, donde según la versión oficial de la PGR fueron asesinados y calcinados los 43 normalistas de Ayotzinapa tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad.
La versión del guía habitante de Cocula es que esa zona había indicios de la presencia de cuerpos, sin embargo los familiares excavaron 20 probables entierros y no hallaron nada.
Consultado vía telefónica por la noche, el integrante del comité que ha encabezado las búsquedas de entierros clandestinos, Mario Vergara, informó que el grupo de búsqueda excavó en varios puntos en los que había características de fosas clandestinas pero los resultados fueron negativos.
Informó hacen las búsquedas mediante reportes anónimos, a pesar del riesgo que eso implica y con el único interés de localizar los restos de sus familiares, “no buscamos culpables ni queremos saber quién hizo eso, sólo queremos hallar a nuestros familiares, y donde nos digan que hay fosas vamos a ir a buscar”.
El integrante del comité denunció que el gobierno federal ha incumplido con las medidas de seguridad y las recomendaciones que emitieron las dependencias de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y más de cinco organizaciones defensoras que hicieron al estado mexicano en una reunión el 21 de enero.
Asimismo denunció que no han enviado a las búsquedas al agente del Ministerio Público federal y al paramédico que formaba parte de los acuerdos firmados con el gobierno federal, y sólo han cumplido con el envío de una camioneta con chofer y gasolina que el gobierno estatal dispone para los familiares.

Están vinculados a detenidos por el caso Ayotzinapa tres ejecutados recientes en Iguala

Tres ejecuciones recientes en Iguala están relacionadas con detenidos por el caso Ayotzinapa, que habrían confesado supuestos vínculos de personajes de la política con el grupo Guerreros Unidos, al que las autoridades federales señalan como el responsable de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas, en complicidad de policías municipales de Iguala y Cocula.
De acuerdo con fuentes policiacas del orden federal, Noemí Lara Romeo, de 35 años, vecina de la colonia Loma del Zapatero, que el 16 de febrero fue ejecutada a balazos con el tiro de gracia en la calle principal de la colonia Chapultepec, al poniente de Iguala, había sido pareja de Pedro Flores Ocampo, El Pantera, detenido en Iguala como integrante del grupo Guerreros Unidos.
El Pantera ha sido mencionado por familiares del alcalde detenido de Cocula, el perredista Erik Ulises Ramírez Crespo, como el único que señala al presidente municipal de tener vínculos con el grupo de la delincuencia al que se le responsabiliza el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Días después, el 22 de febrero fue ejecutado de al menos cuatro balazos, dos de ellos en la cara, Julio César Flores Ocampo, de 32 años vecino de la colonia Sol Azteca y hermano de Pedro Flores, El Pantera.
Recientemente el 9 de marzo al cumplirse un mes de la detención del alcalde de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, su padre, Alcibiades Ramírez Chávez advirtió sin dar detalles que el delincuente Pedro Flores, El Pantera, en su declaración “está perjudicando a muchos personajes de la vida pública de la ciudad de Iguala, está embarrando a muchos ciudadanos que son inocentes, sin tener sustento ni bases. No voy a dar los nombres, conozco a varias personas de la sociedad que están ahí, que son inocentes y que están embarradas en la declaración de este señor”.
Otro ejecutado el 7 el marzo es José Javier Medina López, de 25 años, que fue atacado por hombres en motocicleta cuando iba como pasajero en una Urvan de la ruta 24 de Febrero al sur de Iguala; un mes antes, el 8 de febrero, había sido detenido por policías federales en el Periférico Poniente de Iguala, cerca del crucero a Teloloapan, donde iba a bordo de una motocicleta y le confiscaron una pistola calibre 38 súper y varios envoltorios de mariguana.
Había sido puesto a disposición del Ministerio Público federal con sede en el Centro de Operaciones Estratégicas de la Subsede de la PGR en Iguala, pero fue liberado después tras el pago de fianza.
Según reportes, Medina López también habría dado a conocer a las autoridades federales más nombres de personas supuestamente vinculadas con el grupo Guerreros Unidos.
La fuente indica la probabilidad de que las ejecuciones de a familiares de detenidos que han confesado y dado nombres de supuestas personas vinculadas a la delincuencia organizada, entre ellos personajes de la política local en la zona Norte, han sido en represalia o como forma de callar testigos.

Levantan al director de Registro Civil de Ajuchitlán; llegan sicarios en vehículos de lujo y se lo llevan con violencia

 

Hombres armados levantaron al director de Registro Civil de Ajuchitlán del Progreso, la tarde de este viernes, y se lo llevaron sin que se conozca de su paradero ni haya contacto con los responsables y la familia.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde cuando se encontraba llegando a su casa donde tiene una farmacia Veterinaria, y de pronto hombres con armas en vehículos de lujo llegaron y se lo llevaron con violencia.
Se trata de Antonio Pérez Martínez de 40 años de edad, originario de la cabecera municipal, y que recientemente fue designado director del Registro Civil, para la administración actual.
Del caso se reportó que los hombres armados, presuntos sicarios, se lo llevaron con violencia y desde ese momento nadie de la localidad tuvo conocimiento acerca de su paradero. Los familiares confirmaron que no han tenido contacto con nadie.
En diciembre, fue ejecutado el director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Ajuchitlán del Progreso, por hombres armados que lo sacaron de su casa, en la comunidad de Santana del Águila.

Identifican al hombre ejecutado hace 10 días en Iguala; desapareció en la Feria de la Bandera, informan

El cuerpo del hombre que fue hallado el 1 de marzo en la comunidad de Tuxpan, fue identificado ayer por sus familiares, quienes informaron que es vecino de Jiutepec, Morelos y había venido a Iguala a la Feria de la Bandera el 24 de febrero, fecha cuando desapareció.
En estas páginas se informó que el cuerpo de un hombre fue hallado cerca del mediodía en una brecha de terracería cerca del primer muelle del lago de Tuxpan, Iguala, atrás del restaurante La Huerta.
Según fuentes ministeriales, ayer familiares identificaron el cuerpo de Omar Benítez Meléndez de 41 años, en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad.
Según la información proporcionada por sus familiares a las autoridades, lo último que supieron de la víctima fue que había venido a la Feria de la Bandera, y desde esa fecha desapareció.
Los familiares informaron que primero lo buscaron en su municipio y después de 16 días determinaron ir a buscarlo a Iguala, y lo hallaron en las instalaciones del Semefo, posteriormente reclamaron el cuerpo en el Ministerio Público para darle sepultura.

Se reúne Los Otros Desaparecidos de Iguala con el alcalde; dice que analizará las demandas

Ayer unos 50 integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala se reunieron en audiencia pública con el alcalde, Esteban Albarrán Mendoza, en el auditorio del Palacio Municipal, en respuesta a la marcha que los familiares hicieron el martes en la sede del Ayuntamiento en la que los acompañaron representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en la que pedían una reunión con él porque no los había atendido.
La audiencia fue de las 2:41 a 3:43 de la tarde, y Albarrán ofreció la solidaridad de su gobierno y sólo asumió el compromiso de “analizar” con su equipo de colaboradores las peticiones hechas por los familiares a quienes apoyará “en la medida de sus posibilidades”, y les prometió darles una respuesta en una próxima reunión pero no precisó una fecha.
Un grupo de seis familiares encabezados por Joel Díaz, Adriana Bahena y Jaime Velázquez mostraron ante el alcalde y algunos integrantes de su gabinete el pliego petitorio para atender a las familias que son parte del comité, mientras otros se quedaron afuera en las gradas mostrando imágenes de sus familiares desaparecidos y algunas cartulinas en las que exhibían sus demandas.
Jaime Velázquez dijo que son 500 familias las que conforman el comité, al cual se han ido sumando más integrantes y muchos son personas mayores que quedaron en una situación económica muy precaria porque la delincuencia les desapareció a su familiar quien era el que llevaba el sustento y lamentó, “la ola de violencia no se para y no se puede parar”.
Por su parte, Adriana Bahena, a quien le desaparecieron a su esposo, dijo al alcalde que la idea de la audiencia es para organizar “algo” y que el gobierno dé atención a un problema que se generó en el municipio.
El pliego petitorio, el cual ya había sido entregado a representantes del alcalde en la marcha del martes, se planteó que se le otorgue al comité una de las bodegas de la extinta empresa Fertigro con mobiliario para hacer sus reuniones en ese lugar, ya que en Semana Santa la parroquia de San Gerardo estará ocupada.
Adriana Bahena además solicitó la condonación de impuestos de predial, agua y alcantarillado para las familias de desaparecidos de Iguala, y que se den facilidades para las familias que tienen un negocio o lo quieran poner, el alcalde respondió que analizará la propuesta con su secretario de Finanzas y Administración, Jesús Romero, quien estaba presente, y justificó que los descuentos “no se pueden aplicar al libre albedrío del presidente municipal, hay una ley, y de acuerdo a eso vamos a ver en dónde sí podemos (ayudarlos) y en dónde no”.
Otra de las peticiones fue un espacio de 5 metros cuadrados para hacer el Memorial de los Desaparecidos, y que el gobierno aporte el material y la mano de obra, con la finalidad de “sensibilizar” a las personas que no han pasado por esta situación de violencia, dijo Adriana Bahena.
Se le propuso al presidente que el memorial se hiciera en la explanada de las Tres Garantías, pero se opuso con el argumento de que es una plaza histórica y que habrá grupos como los historiadores que “brincarán” en contra de la construcción, además de que tendría que analizarlo con el Cabildo, y propuso buscar otro lugar, “sí tenemos la voluntad de hacerlo, vamos a ver dónde y cómo”. El alcalde dio la “autorización” para el recibimiento de la caravana Por la Paz que llegará a Iguala el 9 de abril.
Los familiares también solicitaron empleo temporal, financiamiento para proyectos productivos y despensas del DIF, y el alcalde dijo que lo analizaría con su equipo de trabajo y su esposa para ver de qué manera se les puede apoyar a las familias, y que además gestionará despensas con el gobierno estatal.
También se le planteó que ayude con asesoría a las familias que llevan sus demandas en el Ministerio Público, y apoyo para que en las búsquedas ciudadanas de fosas clandestinas se asignen más agentes de la Policía Federal para el resguardo de las familias que suben a los cerros cada domingo, y aparte atención médica y medicinas.
Albarrán dijo que analizará con su equipo de trabajo las peticiones para atender sus necesidades.
Y expresó que “esta sea la primera de muchas pláticas, que no lo arreglemos todo ahorita, sino que sea un proceso” y reiteró que su gobierno tiene el interés de querer ayudar a los familiares de los desaparecidos “en la medida de nuestras posibilidades”.
Los representantes del comité también pidieron al alcalde que asista a una de las asambleas que hace el comité todos los martes en la parroquia de San Gerardo, para que conozca a las familias y escuche sus necesidades, y respondió que estará con ellos en la reunión del martes.
El priista también se comprometió con las familias a tener una próxima reunión en la que asistan los funcionarios de las diferentes direcciones y secretarías municipales para que se dé seguimiento a sus peticiones, pero no se dio a conocer una fecha.
Al terminar la audiencia, Esteban Albarrán se acercó el resto de los familiares que estaba en las gradas para saludarlos y le ofrecieron aplausos por haberlos recibido.

Sí existen los videos del ataque en Iguala y ya se entregaron a la PGR, afirma Robespierre Robles

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Robespierre Robles Hurtado informó ayer a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que el material videográfico tomado por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, fue entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) y que forman parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
Al respecto, la entonces presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín había asegurado que desconocía si esos videos existían.
El magistrado presidente del TSJ también entregó a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa cuatro cajas de cartón que contienen las copias certificadas de las causas penales 212/2014-II, 214/2014-II, 216/2014-II y 217/2014-2 en el Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del distrito de Hidalgo, instruidas por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes, “y otras personas”.
Además entregó un informe “de todo lo actuado” en relación con esas mismas causas penales, y al respecto explicó que éstas se encuentran en “etapa de instrucción ordinaria”, es decir, se encuentran en la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas incorporadas por las partes.
La información relacionada con el material videográfico, las copias certificadas de las cuatro causas penales y el informe de las actuaciones que se han realizado con relación a esos expedientes, fueron solicitadas por los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en una reunión anterior que tuvieron con el presidente del TSJ el pasado 19 de febrero.
Ayer los padres y el magistrado presidente se reunieron a las 12 del día en el auditorio del TSJ, en el edificio del centro de la ciudad, en el mismo lugar de la reunión anterior.
Cerca de 50 padres y familiares de los estudiantes desaparecidos, llegaron al edificio acompañados por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Isidro Vicario Aguilar y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.
El contingente llegó al lugar bajo la intensa lluvia que caía en la capital, sin embargo, esto los motivó a corear consignas como: “Ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento” y “porque vivos se los llevaron vivos los queremos”. Los padres ya eran esperados en la entrada del inmueble por Robles Hurtado, quien saludó a todos de mano antes de que entraran.
De entrada, el presidente del TSJ dijo que es el primer obligado a dar cumplimiento al derecho a la información y a la transparencia del quehacer público, y que con base en la ley ponía a su disposición toda la información documental y videográfica de los “lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Sobre una mesa, tras de la cual Robespierre Robles se sentó junto con integrantes de una comisión de los padres de los 43 normalistas encabezada por Melitón Ortega, yacían las cuatro cajas de cartón que contenían las copias certificadas de las causas penales 212/2014-2, 214/2014-2, 216/2014-2, y 217/2014-2, y el informe de las actuaciones que ha realizado el Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Distrito de Hidalgo, por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, asesinados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Los documentos fueron entregados a Melitón Ortega, en representación de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Con respecto al material videográfico que registraron las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre, que ya habían solicitado los padres el 19 de febrero, Robles Hurtado informó que “actualmente el Poder Judicial del Estado no cuenta con material videográfico alguno, toda vez que el 24 de julio de 2015, en la investigación de los hechos relacionados con la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, Ernesto Oscar Francisco Ornelas Delgado, agente del Ministerio Público de la federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, acompañado de personal pericial acudió a las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, donde el licenciado en informática Javier Uribe Iturbe les entregó una memoria USB que contiene un respaldo extraído del DVR (Digital Video Recording) del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Robles dijo que esta información la proporcionaron el ingeniero en sistemas computacionales, Luís Europa Solís Jiménez, programador analista adscrito al distrito judicial de Hidalgo; el licenciado en informática Javier Uribe Iturbe, encargado de informática del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal; la delegada administrativa del Consejo de la Judicatura; el director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura y la ex magistrada presidenta, Lambertina Galeana Marín.
En el primer informe que dieron a conocer el 27 de agosto los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente GIEI, auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su “preocupación por la pérdida de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia, sobre la carretera federal México-Acapulco”.
El texto dice: “Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”.
El 27 de agosto de 2015 la ex presidenta Galeana Marín dijo que no existían los videos, y el 14 de septiembre que “probablemente” sí existían, pero ayer el nuevo presidente del TSJ confirmó su existencia y que un respaldo de éstos fue entregado a la PGR desde el 24 de julio de 2015.
Consultado al final de la reunión, el presidente del TSJ informó incluso que el original del video está instalado “completito” en el mismo lugar donde siempre ha estado, “y cuando hablo de respaldo, hablo de una actuación del Ministerio Público, en donde va, comparece, verifica, obtiene la información, la certifica y se la lleva, pero el aparato físicamente sigue instalado en el mismo lugar”, expresó.
Aseguró además que toda la información y todas las evidencias que pueda tener el material videográfico están incluidas en la averiguación previa respectiva de la PGR.
Mencionó que él no ha tenido acceso al contenido del video porque no ha desmontado el original, como tampoco ha tenido acceso al expediente que abrió la PGR con respecto al material videográfico, “lo que tengo es el informe y el comentario que nos dieron (el equipo técnico) y que va en el informe que entregamos”, dijo.
Aseveró que a pesar de que el aparato de videograbación es propiedad del TJS no ha sido desmontado para revisarlo para no incurrir en violaciones a la ley o que se piense que fue manipulado.

Si le queda grande el cargo, renuncie, le piden

Cuando terminó de dar la información a los padres y detalló lo que le entregaba a Melitón Ortega, la madre María Elena Guerrero, insatisfecha, sobre todo con respecto a lo relacionado con el material videográfico, le gritó desde las graderías donde se encontraba, “su puesto le quedó grande” y le dijo que debería exigir a la PGR que le entregara el material.
Sin embargo, Melitón Ortega explicó que se llevarían toda la documentación con la información que les entregó el magistrado presidente y que valorarían su contenido para emitir un pronunciamiento después.
También dijo que había el compromiso de parte de Robespierre Robles de mantener “la puerta abierta” para que en caso de que le requirieran más información se las proporcione, y comentó que para los padres lo más importante son los videos y que después de valorar la respuesta que les dio Robles Hurtado regresarían, “porque está claro que lo que queremos son evidencias que identifiquen a los que agredieron a nuestros hijos, y si no encontramos esas evidencias, regresaremos para que instruya que se haga lo que se tiene que hacer”, expresó Ortega Martínez.
En respuesta el presidente del TSJ indicó que de su parte hace lo que puede “y frente a ustedes les respondo con lo que tengo”.
Otra de las madres, María de Jesús añadió que les quedó claro que lo que se pretende es proteger a quienes se llevaron y mantienen secuestrados vivos a sus hijos. “¿Hasta cuando Enrique Peña Nieto nos va a entregar a nuestros hijos?”, preguntó y dijo que si fueran hijos de él ya hubiera dado con ellos, “pero como somos gente que no tiene dinero, no nos hace caso”, expresó.
Consultado al final, Melitón Ortega adelantó que valorarán si solicitarán al presidente del TSJ desmontar y revisar juntos el contenido del original del video, que según Robles Hurtado sigue montado en el aparato en el mismo lugar, afuera del Palacio de Justicia de Iguala.

Denuncian Los Otros Desaparecidos de Iguala que la CEAV no les paga viáticos desde que inició el año

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala denunciaron ayer que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha exhumado el cuerpo hallado en un fosa clandestina desde el pasado domingo en el Cerro del Cristo en la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco, además de que la zona del hallazgo tampoco ha sido resguardada y aseguran que observaron “alteraciones” en el lugar.
También denunciaron que en lo que va del año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) suspendió los desayunos y el pago de viáticos a las cerca de 150 familias que asisten a las asambleas cada martes en la parroquia de San Gerardo, sin embargo, las hacen firmar de que sí recibieron los cheques con los apoyos económicos.
Ocho asociaciones de víctimas de desaparición forzada y de defensa de derechos humanos, solicitaron este martes, mediante un escrito dirigido a la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Sara Irene Herrerías Guerra que de forma “extraurgente” se envíe resguardo a la zona de fosas en la comunidad de Mezcaltepec, donde el domingo familiares de Los Otros Desaparecidos hallaron una fosa con restos humanos.
“Estos hallazgos hasta la fecha no han recibido resguardo alguno por parte de las autoridades, a pesar de diversas comunicaciones telefónicas sostenidas con usted y funcionarios de la PGR”, le dicen a la funcionaria en el escrito.
También se denuncia que como parte de la falta de resguardo de la zona, se recibió información de que hubo “alteraciones” en la zona del hallazgo, “de lo que no se tiene certeza si fue por la fauna o por personas, considerando que si la zona sigue sin resguardo, representa un serio riesgo para la debida conservación de los restos, de otros que se pueden encontrar en el lugar y la zona en la que fueron localizados”.
Se da a conocer que como parte de las 117 acciones urgentes que el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano como resultado de la reunión del 21 de enero, en la que se incluyen las 39 medidas de seguridad y dos cautelares para familiares del comité Los Otros Desaparecidos, se incluye “tomar las medidas que sean necesarias para llevar a cabo las investigaciones para proteger los lugares donde ha sido identificada la posible ubicación de fosas o restos humanos, así como para realizar las excavaciones y exhumaciones, de conformidad con los estándares internacionales aplicables en la materia, incluyendo los protocolos de Estambul y Minesota”.
El oficio está firmado por Mario Vergara del comité Los Otros Desaparecidos y por los representantes de las Organizaciones Idheas, Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, del Centro Prodh y dos asociaciones más.
Asimismo, familiares de Los Otros Desaparecidos denunciaron que en lo que va del año, la CEAV suspendió la entrega de desayunos a las más de 150 familias que asisten a las asambleas cada martes en la parroquia de San Gerardo.
Además que dejaron de pagar los viáticos para las más de 150 familias que aún asisten a las asambleas, esto a pesar de que trabajadores de la CEAV hacen firmar a los familiares como si estuvieran recibiendo los cheques por el pago de viáticos, los cuales hasta este martes no se los habían pagado.
Ayer por la tarde, una comisión de familiares que asistió al Senado de la República a un encuentro con organizaciones de desaparecidos se reuniría con el titular de la CEAV, Jaime Rochi para denunciar las irregularidades.

Marchan familiares de Los Otros Desaparecidos de Iguala; demandan audiencia con el alcalde

La mañana de ayer unos 100 integrantes del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala marcharon y se concentraron en la sede del Ayuntamiento para exigir una audiencia con el alcalde priista, Esteban Albarrán Mendoza, quien les ha negado a los familiares de las cerca de 500 víctimas de desaparición forzada apoyos en condonaciones de impuestos, despensas, empleo y un espacio para las asambleas del comité.
Se supo que el jueves a las 2 de la tarde el alcalde atenderá a los familiares de los desaparecidos en una audiencia pública en el auditorio del Palacio Municipal.
La asamblea de ayer del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala que se hace en el sótano de la parroquia de San Gerardo fue suspendida a las 11 de la mañana y minutos después los familiares marcharon en la calle Mariano Abasolo del barrio de San Gerardo hasta llegar a la sede del Ayuntamiento en la avenida Bandera Nacional, una de las principales de la ciudad.
La marcha fue en silencio y los familiares mostraron carteles con las imágenes de sus desaparecidos y una lona al frente con la leyenda, “100 000 + 43 desaparecidos ¿y dónde están?”, también mostraron cartulinas en las que se leía, “somos más de 500 víctimas hasta hoy”, “nuestras familias tienen hambre y sed”, “gobernar es resolver, atiéndenos”, “Esteban Albarrán tú eres autoridad, te exigimos solución”, “Esteban te buscamos y te negaste no rehúyas a tu responsabilidad” y “No te cierres a la verdad, somos más de 43”.
El grupo de los familiares de desaparecidos, en su mayoría mujeres mayores, bloquearon la avenida Bandera Nacional frente al Palacio, mientras otra comisión protestaba en la entrada de la sede del Ayuntamiento y donde el director de Gobernación municipal, Miguel Salgado Martínez, les informó que el alcalde Albarrán supuestamente no estaba en Iguala, a pesar de que los familiares señalaron que estaba en un desayuno que el DIF ofreció a las empleadas del Ayuntamiento por el Día de la Mujer en un salón al oriente de la ciudad.
Durante la marcha los familiares de desaparecidos fueron acompañados por cinco representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezados por el director general del Programa de Atención a Víctimas del Delito, Juan Carlos Sánchez Flores, como parte de la recomendación y la designación hecha por el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava, de acompañar en todo momento a los familiares de las víctimas.
Uno de los representantes de los familiares, Jaime Velázquez Betancur, denunció que desde el 26 de octubre solicitaron la audiencia por escrito con el alcalde y hasta ayer no los había atendido, “nos hemos conducido de una manera pacífica y correcta, pero el grupo dice que hasta cuándo vamos a estar esperando a que se dignen a recibirnos para plantearles todos nuestros problemas”.
Dijo que una de las peticiones que le harán al alcalde priista es que se designe una de las oficinas de la extinta empresa Fertigro y el mobiliario del lugar para que ahí sean las asambleas del comité, además que se les condonen los pagos de impuestos de predial, agua y alcantarillado a los familiares desde la fecha en que su familiar fue desaparecido, que en la mayoría de los casos el desaparecido es quien sostenía a su familia.
Además de que se les otorgue un lugar de unos cinco metros cuadrados y material para que construyan el memorial Recuerdo de Nuestros Desaparecidos, para que esté listo antes del 9 de abril, fecha en la que pasará por Iguala la Caravana por la Paz, y empleo temporal para las familias y despensas.
Por su parte la integrante del comité, Adriana Bahena, recordó que en un encuentro con Esteban Albarrán y el comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Barros, el alcalde estuvo en la disposición “aparentemente de respaldarnos, de ayudarnos y de acercarse para apoyarnos, y la actitud que tomamos esta mañana (ayer en la marcha) es por la mentira que él dijo y que después tratamos de acercarnos a él y está en la total negativa”.
Expresó que “que lo único que este señor (Esteban Albarrán) manifiesta es una total negación a acercarse y cerrar los ojos a una realidad. Nosotros no somos 43 los que andamos buscando, le damos cobertura a 500 familias y cada día llegan más, por lo que la respuesta ante esta situación debe acelerarse”.
Agregó: “al haberse sentado aquí como presidente municipal estaba aceptando todas las broncas que había en Iguala, y desafortunadamente una de esas broncas, somos Los Otros Desaparecidos de San Gerardo, y la situación que el señor (el presidente) no quiere sentarse con nosotros, y lo que sí queremos es que se dé cuenta que estamos, que existimos y que somos parte de Iguala y parte de las personas a las que él les debe dar una respuesta”.
El director de Gobernación, Miguel Salgado, afirmó que el jueves a las 2 de la tarde el alcalde Esteban Albarrán atenderá a los familiares de los desaparecidos en audiencia pública en el auditorio del palacio.
Minutos antes de las 12 de la tarde, los familiares quitaron el bloqueo de la avenida y se regresaron caminando a la parroquia de San Gerardo para continuar con su asamblea.

No se informó a padres de Ayotzinapa de nuevas inspecciones para un peritaje en el basurero de Cocula

 

Los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa no conocen los pormenores del cuarto peritaje de fuego que se realiza en el basurero de Cocula, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), en acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEG), indicó uno de los padres, Emiliano Navarrete Victoriano.
En consulta telefónica aseguró que no sabían de la visita de peritos al basurero de Cocula que trascendió el lunes a los medios de comunicación, y que de acuerdo con la PGR permitirá tener un informe “conclusivo” sobre la posibilidad o no del incendio donde según algunos inculpados fueron incinerados los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
En su primer informe el GIEI descartó la hipótesis principal de la PGR, a partir de los análisis del prestigiado experto peruano en fuego, José Torero, seguido de otras pruebas y análisis científicos realizados por el Equipo de Antropólogos Argentinos de Antropología Forense (EAAF), que ratificaron sus resultados.
Los expertos independientes y los padres de familia se pronunciaron contra la realización del cuarto peritaje, para no distraer más tiempo, recursos y esfuerzos en una tesis descartada en pruebas y análisis científicos de expertos independientes.
Navarrete Victoriano indicó que este es el segundo peritaje que realiza la PGR, el primero entre noviembre y diciembre de 2014, que llevó a la difusión de la verdad histórica, y que los expertos independientes evidenciaron como un montaje para cerrar el caso.
Antes del 28 de febrero, cuando se informó en un comunicado el comienzo de un nuevo estudio en el basurero de Cocula, el abogado Vidulfo Rosales Sierra señaló que había fuertes diferencias entre los integrantes del GIEI con la PGR sobre el método para realizar los análisis.
Incluso, hubo una conferencia de prensa, donde integrantes del GIEI denunciaron los obstáculos que se han encontrado en su investigación y la intención al interior de la PGR de generar otra versión relacionada con el basurero de Cocula, para insistir en que sí hubo incendio en el sitio, sólo que no fueron quemados 43 sino un grupo más reducido de estudiantes, que no encuadra en las declaraciones de los implicados.
Sin embargo  los expertos se reservaron a hablar de los criterios del nuevo peritaje (que estaba en discusión), porque había un acuerdo con la PGR de hacerlo público de forma conjunta.
De los estudios recientes en el basurero, el señor Emiliano Navarrete aclaró que los padres no fueron avisados, ni sabían si habría otra visita porque todas las evidencias ya fueron levantadas.
Aclaró que los padres de los desaparecidos están en otro camino, y hoy tienen una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, que ofreció tener respuesta a su solicitud sobre el video que tomaron las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En esa videograbación, se evidencia lo sucedido a los normalistas que viajaba en el autobús 1531. De acuerdo con las primeras investigaciones del GIEI la agresión de los policías a los estudiantes que fueron detenidos por policías federales y obligados por la fuerza a bajar del vehículo antes de ser desaparecidos, fue tomada por la las cámaras de circuito cerrado del Palacio de Justicia. Sin embargo, la anterior presidenta del TSJ, Lambertina Galeana, dejó ver que fueron destruidos.
En una solicitud formal, insistieron en la búsqueda de los materiales de video, fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.